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Muere “Baby Doc” Duvalier, ex dictador de Haití

(De Variopinto al día) HAITÍ.- Hay quienes lo llaman (mejor dicho, lo llamaban) “Presidente”, sin embargo, la palabra dictador es la más adecuada para describir su trayectoria. El ex dictador Jean-Claude Duvalier, conocido como Baby Doc e hijo de otro despiadado tirano, Francois Duvalier, alias Papa Doc, gobernó Haití desde 1971, año en que falleció su padre y él cumplió 19 años, convirtiéndose en el jefe de estado más joven de la historia moderna. Su régimen duró hasta 1986, cuando tuvo que salir del país en medio de feroces revueltas populares para “refugiarse” en un exilio dorado en Francia.

El Baby de la dinastía Duvalier murió el sábado pasado por un paro cardíaco en su casa, en un lujoso barrio de Puerto Príncipe, capital de Haití, en donde residía desde el marzo del 2011. Ese año había decidido volver a su tierra natal, devastada por el terremoto del 12 de enero del 2010 que hizo más de 250mil víctimas, para “ayudar al pueblo haitiano”, según declaró en ese entonces.

En realidad, su regreso despertó sospechas y dudas, pues había la posibilidad de que se presentara para competir en las elecciones presidenciales de 2016 con el respaldo de Francia y Estados Unidos, las potencias más interesadas en mantener el estatus quo en la isla, y de los sectores conservadores y nostálgicos de la dictadura a nivel nacional. Su estrategia política y personal se basaba en la impunidad judicial de la que, hasta la fecha, ha gozado en su tierra y en el exterior. De hecho, ya en 2005, Duvalier había tratado de volver a Puerto Príncipe para ser candidato del Partido Unidad Nacional, pero no logró el registro. Dos años después, cínicamente, difundió un mensaje televisivo pidiendo disculpa al pueblo haitiano por las atrocidades cometidas durante su régimen.

En el mismo 2011, otro gobernante, protagonista de la breve temporada democrática del país caribeño en 1991, entre 1995 y 1996 y entre 2000 y 2004, había regresado al país después de 7 años de exilio: el ex presidente Jean Bertrand Aristide. Éste fue víctima de dos golpes de estado, en 1991 y, otra vez, en 2004, cuando fue expulsado y deportado por fuerzas militares estadounidenses en la República Centroafricana, pero su partido, el Fanmi Lavalas, no se ha disuelto y ha mantenido altas las expectativas de su retorno a la vida política haitiana, mismo que, no obstante, no ha sido anunciado ni parece viable.

Después de la defenestración del presidente elegido democráticamente, entre 2004 y 2006 Haití vivió un bienio de régimen autoritario, bajo el mando de Boniface Alexandre y su Primer Ministro, Gerard Latortue, durante el cual hubo más de 4000 asesinatos por motivos políticos. De todos modos, la contraposición Aristide-Duvalier y el casi simultáneo retorno de los dos en Haití ha estado alimentando especulaciones políticas a lo largo de los últimos 3 años.

Posteriormente del regreso de Baby Doc Duvalier la justicia haitiana intentó procesarlo. El ex dictador, después de negarse en varias ocasiones, se presentó por primera vez ante el tribunal solamente hasta el mes de febrero de 2013 y, finalmente, no se han podido resolver los casos en su contra y las denuncias por torturas, detenciones ilegales, exilios forzados contra sus adversarios políticos y por apropiación y malversación de fondo durante los años de su gobierno. Los fiscales haitianos empezaron este año nuevas investigaciones para enjuiciar a Duvalier por crimines contra la humanidad, los cuales no prescriben.

Recientemente, aunque demasiado tarde, también la Corte Interamericana de los Derechos Humanos atrajo el caso para dar respuesta a las demandas de justicia de los grupos organizados de víctimas del dictador que, si bien no quedará impune frente a la historia y a la memoria, logró escapar de la justicia definitivamente y terminar su vida en el lujo y en su propio país, un privilegio que no fue concedido a muchos de sus opositores. @FabrizioLorusso

México, Haití, Brasil y las “misiones de paz”

Haiti minustah

México con Casco Azul

(De Variopinto Al Día) En la Asamblea de la ONU, la semana pasada, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la próxima participación de México en las operaciones de mantenimiento de la paz (OMP) de las Naciones Unidas que aprueba el Consejo de Seguridad de la ONU. En otras palabras, enviará contingentes civiles y militares para integrarse con las fuerzas de los Cascos Azules. Esto, desde luego, representa una gran novedad para la política exterior del país y su tradición castrense no intervencionista.

La diplomática y ex embajadora de México, Olga Pellicer, en una entrevista con Carmen Aristegui enNoticias MVS, celebró la noticia, al considerar “sorprendente” que México ya no estuviera involucrado antes en ese tipo de operaciones. “No participar me parecía que era una manera de eludir una responsabilidad que cumplen países latinoamericanos”, precisó.

En efecto hay varios países latinoamericanos, como por ejemplo Uruguay, Brasil, Venezuela, Bolivia y otros nueve, que envían al extranjero, bajo el mando de la ONU, tropas, personal civil y grupos de profesionales. Dentro de la comunidad internacional, la participación en misiones de Naciones Unidas atribuye, sin duda, “cierto estatus” a los países, más allá de lo que sería cumplir con una “responsabilidad” o un compromiso “moral”.

La idea de crear “prestigio” manu militari, aunque en el ámbito de Naciones Unidas, y la implementación de una estrategia de “potencia internacional o regional mediana” están detrás del anuncio presidencial, además de la aspiración a contar más en el concierto mundial y en sus instituciones, y a ocupar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, en caso de que éste se reforme para permitirlo. Ambos objetivos están, ya hace muchos años, también en la agenda exterior de Brasil.

El partido México-Brasil

En la primera mitad del 2014, el relajo mediático y la desinformación mundialista en la arena informativa mexicana y en las redes sociales propiciaron visiones pesimistas y denigratorias sobre ese país sudamericano, dirigidas a presentarlo como inseguro y peligroso, como un pésimo destino para las inversiones extranjeras, de las que México anhela tener la porción más grande, vendiendo en el extranjero sus reformas estructurales y falsas pacificaciones del territorio como panaceas.

En realidad, tanto México como Brasil padecen de altas tasas de violencia, ambos con 23-24 homicidios por cada 100 mil habitantes, aunque los niveles de esta violencia se explican con causas y factores diferentes. De hecho, pese a la retórica gubernamental y a la propaganda, bastante eficaz en el exterior, en México la narcoguerra no se ha acabado, pues muchos estados están en el descontrol.

Además, México ha firmado muchísimos convenios internacionales, que se respetan poco, para la protección de los derechos humanos, además de un sinnúmero de acuerdos comerciales, y ha sido muy activo en promover hacia afuera una imagen de tolerancia de los DH y respeto de las reglas (comerciales y del estado de derecho), mientras hacia adentro la situación es bien diferente. Lo mismo ocurriría con el asunto de las misiones: enviar tropas para la “paz” en el mundo cuando sobre el territorio nacional aún imperan la violencia, la inseguridad humana y jurídica, pues allí es donde servirían más misiones realmente pacificadoras.

Igualmente se ha presentado a Brasil como una economía estancada, pues este año mostró una “recesión técnica”, sin considerar que, en una década, entre 40 y 50 millones de brasileños se incorporaron a la clase media, y por ende al mercado y al consumo, con derechos laborales y salariales dignos, gracias a las políticas de corte socialdemócrata y de redistribución de la riqueza del ex presidente Lula y de la actual mandataria Dilma Rousseff y no por medio de la entrega de los recursos energéticos y el desmantelamiento de los derechos laborales.

Partes del aparato mediático mexicano, ligadas más o menos al gobierno y a su discurso, parecen orientarse hacia la polarización de la relación México-Brasil, hacia la contraposición de los dos, en una competencia global en la cual hay que conquistarse el primer lugar en las preferencias de los inversionistas a toda costa. Y en México, ese costo, se ha traducido en los últimos 30 años en pobreza, desigualdad y marginación.

La ocupación militar de Haití

De entre las 16-17 misiones ONU en el mundo, Pellicer mencionó un caso específico, el de Haití, para que México, eventualmente, se integre a los cascos azules, ya que en Haití la operación es “encabezada por países latinoamericanos” y “México de manera natural tiene un lugar”. Cabe destacar que la MINUSTAH, Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití creada en 2004, está justo bajo el mando de Brasil y hablar, en este caso, de misión de paz es un eufemismo. La Misión en el país caribeño tiene tareas de policía y militares para el control, mejor dicho “la ocupación”, del territorio.

Además de ser responsables de la epidemia de cólera que ha hecho casi 9000 víctimas y más de 700mil contagios en cuatro años, los cascos azules brasileños, latinoamericanos y de otras regiones se han manchado con crimines y abusos a los derechos humanos desde su llegada en 2004 hasta la fecha. En particular, para mencionar un ejemplo, protagonizaron las misiones de “pacificación” en el barrio de Citè Soleil, invadiéndolo a cañonazos y matando a decenas de inocentes para buscar a presuntos delincuentes y a seguidores del ex presidente Jean Bertrand Aristide, víctima de un golpe y deportado por militares estadounidense en el mes de febrero de ese año.

Justo su expulsión forzada, orquestada por la CIA y el International Republican Institute de EEUU y otras potencias hegemónicas en la isla, como Francia y Canadá, justificó la entrada del ejército ONU en apoyo al régimen antidemocrático (2004-2006) del presidente Alexandre Boniface y su primer ministro Gérard Latortue en el cual hubo 4000 asesinatos por motivos políticos.

Entonces, si por un lado, en ocasiones, la MINUSTAH también ha tenido tareas positivas de protección de la población tras catástrofes naturales y en momentos de conflictividad política, también ha actuado como fuerza extranjera de control social, al margen de las decisiones del gobierno local, y al servicio de Estados Unidos, in primis, pero asimismo de un orden geopolítico regional preestablecido que va en detrimento de la autodeterminación de un pueblo que nunca pudo consolidar su democracia de manera autónoma.

El razonamiento y cuestionamientos fueron el mismo después del terremoto del 2010: ¿Por qué la comunidad internacional y Estados Unidos envió a tantos militares (más de 20 mil sólo de EEUU) junto a la ayuda humanitaria en un país que es de los menos violentos del continente? Haití tiene una tasa de homicidios de 7 cada 100mil habitantes, no de más de 20 como México y Brasil, o de 10 como la “pacífica” Costa Rica.

Los mecanismos, a veces perversos, de la cooperación internacional y las misiones que hace más de 20 años, con nombres diferentes, han sido conducidas por la “comunidad internacional” en Haití han tenido resultados controvertidos y dudosos, si no es que desastrosos, quitando soberanía al país y provocando constantes protestas de la población. México no ha participado en los asuntos militares y policiacos de Haití, (porque eso significa la MINUSTAH) lo cual a todas luces, en ese y otros contextos, ha sido una ventaja.

La opinión pública mexicana, ¿estaría de acuerdo con el envío de tropas para las misiones de paz, si éstas se llamaran con su verdadero nombre, o sea, operaciones de guerra o de ocupación?    @FabrizioLorusso

La militarizzazione di Onu e Stati Uniti ad Haiti

Canada.jpgA Porto Principe, la capitale di Haiti devastata dal terremoto del 12 gennaio 2010 che ha fatto 250mila vittime, gli Stati Uniti mantengono la loro quarta ambasciata più grande del mondo. Due giorni dopo il terremoto migliaia di marines partirono armati fino ai denti per una “missione umanitaria” nella capitale haitiana, si stabilirono dapprima nell’aeroporto Toussaint-Louverture e poi in numerosi campi di sfollati sparsi per la città. Il principale era (ed è) quello di Delmas-Petion Ville, un’enorme tendopoli da 60mila persone che ospita sessantamila persone stipate in un ex campo da golf, costruito dai marines per lo svago delle classi agiate di Port-au-Prince durante la prima occupazione americana di Haiti nel ventennio 1915-1934. Fatto sta che alla fine di gennaio c’erano già oltre 20mila soldati americani operativi nei punti strategici della città per tenere sotto controllo la situazione, la distribuzione di aiuti languiva e il campo Delmas era passato sotto l’egida dell’esercito Usa e dell’Ong Catolic Relief Service patrocinata dall’attore Sean Penn. Dal canto suo la famigerata Minustah, cioè la missione dei caschi blu dell’Onu per la “stabilizzazione di Haiti”, è la terza per importanza nel mondo tra tutte le missioni delle Nazioni Unite e sull’isola s’incarica del controllo militare e svolge funzioni di polizia da ormai 7 anni.

Esattamente da quando l’ex presidente Jean-Bertrande Aristide, rientrato 4 mesi fa ad Haiti dopo un esilio nella Repubblica Sudafricana, venne costretto il 28 febbraio 2004 a lasciare il paese e la presidenza in seguito all’esplosione di “ribellioni popolari”, sobillate da oppositori politici e settori legati a potenze straniere (in primis, Usa e Francia), e un vero e proprio colpo di Stato ai suoi danni (linea della storia e rassegna qui).
Ma la storia della militarizzazione Onu e Usa di Haiti non comincia di certo nel 2004 dato che la politica coloniale statunitense nei Caraibi ha radici secolari ormai. Dall’ottobre scorso Haiti, il paese più povero dell’emisfero occidentale, è stata colpita anche da un’epidemia di colera tuttora in corso che ha fatto 5.300 morti e circa 350mila contagi. Oltre alle sciagure e alle catastrofi naturali ci si mettono anche la potente ambasciata statunitense e gli interessi economici delle onnipresenti compagnie petrolifere Exxon e Chevron a rendere impossibile la vita agli haitiani.
Lo tornano a dimostrare i reportage, basati su oltre 19mila cabli rivelati da WikiLeaks, dei due giornalisti del settimanale Haiti Liberté, Kim Ives e Dan Coughlin. Hanno infatti analizzato i “PetroCaribe Files”, cioè i cavi relativi alle pressioni statunitensi contro l’accordo petrolifero ed energetico promosso dal Venezuela ad Haiti che, come la stessa ambasciata Usa ha ammesso, risulta essere profondamente benefico per il popolo dell’isola. Ha dichiarato Ives che “è davvero stupefacente vedere un ambasciatore [degli Stati Uniti] che manipola un presidente e tutti i suoi funzionari dicendo loro cosa fare, che loro non capiscono questo e quello, cercando di dire loro quali sono gli interessi di Haiti. E’ l’apice dell’arroganza”. Potete approfondire il tema qui-Link a intervista e reportage, spero proprio di parlarne presto. Ma partiamo dal passato e restiamo alla militarizzazione e alle “forze di pace”.

La Minustah ad Haiti. Il 15 ottobre scorso, in virtù del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, i quindici membri del Consiglio di Sicurezza, un organo che prende le sue decisioni più rilevanti con la maggioranza qualificata di 9 voti su 15 a patto che vi sia comunque il voto unanime dei cinque membri permanenti, cioè Cina, Usa, Russia, Francia e Regno Unito, ha deciso di rinnovare per un anno il mandato della Missione ONU ad Haiti. La composizione attuale di questa missione è di 8940 soldati e 4391 poliziotti sotto la responsabilità rispettivamente del generale brasiliano Luiz Guilherme Paul Cruz e del generale argentino Geraldo Chaumont. UN.jpg
Il contingente brasiliano è il più imponente dato che il paese sudamericano fornisce un totale di 2600 uomini alla missione che costano alle casse statali oltre settanta milioni di dollari all’anno. D’altro canto, secondo il sito web ufficiale dell’ONU, il budget totale a carico delle Nazioni Unite per le operazioni della MINUSTAH, nel periodo che va dal primo luglio 2010 al 30 giugno 2011, è di 380 milioni di dollari, circa il 5,2% delle spese totali per le operazioni di peacekeeping nel mondo. Alcune fonti giornalistiche riportano la cifra di 600 milioni dollari annui, probabilmente basandosi su possibili rettifiche più recenti rispetto al bilancio approvato il giugno scorso e sul fatto che i fondi stanziati sono cresciuti a causa dell’invio di un crescente numero di soldati per le complicazioni post-terremoto, per il monitoraggio delle prossime elezioni e per la lotta alle bande del crimine organizzato ricostituitesi dopo i mesi più pesanti della crisi umanitaria (LINK).

Le origini. La partecipazione delle Nazioni Unite ad Haiti cominciò nel febbraio 1993 con un’operazione congiunta dell’OAS (Organizzazione Stati Americani) e dell’ONU che venne poi riconfermata dal Consiglio di Sicurezza nel mese di settembre sotto la sigla UNMIH (Missione delle Nazioni Unite ad Haiti). Questa non si dispiegò pienamente e non funzionò fino al 1995 per la mancanza di cooperazione delle autorità militari haitiane che, in quella fase, stavano spalleggiando il golpe attuato il 29 settembre 1991 dal generale Raoul Cèdras ai danni del presidente Jean-Bertrande Aristide, vincitore alle elezioni del dicembre 1990. Nel luglio 1994 il Consiglio di Sicurezza autorizzò l’invio di una forza multinazionale di ventimila soldati per permettere il ritorno di Aristide e mantenere un clima di stabilità e relativa legalità. Tra il 1994 e il 2001 si sono susseguite diverse iniziative militari delle Nazioni Unite oltre alla UNMIH: la UNSMIH (Missione d’Appoggio delle Nazioni unite ad Haiti), la UNTMIH (Missione di Transizione della Nazioni Unite ad Haiti) e la MIPONUH (Missione di Polizia delle Nazioni Unite ad Haiti).

Infine nel febbraio 2004 viene autorizzata la MIF (Forza Multinazionale Provvisoria) poi sostituita, dal primo giugno di quell’anno, dalla MINUSTAH che secondo la risoluzione 1542 ha, tra le altre, le funzioni di mantenere l’ordine costituzionale e la sicurezza dei cittadini, supportare i processi democratici e le organizzazioni per la difesa dei diritti dell’uomo, favorire i processi di disarmo della popolazione e la riforma della polizia haitiana. Coi successivi rinnovi del mandato la missione è venuta ad acquisire ulteriori funzioni legate alla cambiante congiuntura socio-politica del paese e, in particolare dopo il sisma in cui anche 159 caschi blu hanno perso la vita, le sono stati affidati compiti di protezione della popolazione, di aiuto alla ricostruzione e di supporto al governo haitiano per lo svolgimento delle elezioni del 28 novembre 2010 e la riforma della giustizia.

Presenza controversa. All’atto pratico, però, come succede ogni qual volta si verifica una contrapposizione tra i cittadini comuni e gli organi detentori dell’uso legittimo della forza, siano essi la polizia, l’esercito o le forze straniere, le violazioni dei diritti umani da parte delle diverse autorità operative sono state, purtroppo, un tema ricorrente nel giudicare l’operato de governi e presidenti votati dal popolo ad Haiti ma pure quello dei militari dell’ONU che, in pratica, sono venuti ad assumere funzioni di polizia e difesa militare in compartecipazione (a volte in contrapposizione) con i corrispondenti apparati nazionali. Perciò non mancano settori importanti della società civile di Haiti che rifiutano categoricamente la presenza di truppe straniere, definendole come il “braccio armato della democrazia” o semplicemente come corpi estranei per giunta anticostituzionali. E hanno le loro buone ragioni.

Rappresenterebbero, inoltre, un sintomo della mancanza di piani concreti e ambizioni chiare per il paese e quindi i movimenti sociali di base manifestano puntualmente il loro dissenso dopo ogni rinnovo annuale concesso alla missione. Esiste anche un “Comitato Anti-Occupazione” formato da decine di gruppi, partiti e sindacati che ha documentato in una mostra fotografica, esposta nell’ottobre 2010 presso la Scuola Universitaria di Etnologia, gli abusi e i crimini per cui s’attribuiscono responsabilità gravi alla MINUSTAH. Lo stesso ex-presidente Prèval, rilevato dal cantante Michel Martelly il 14 aprile 2011, cosciente del grave deficit di sovranità e di legittimità del suo governo, aveva promesso che prima della fine del suo mandato avrebbe firmato l’atto di conclusione della missione ONU ma l’emergenza costante di un’isola e di un popolo privi del controllo delle proprie risorse, di una rotta chiara e di una leadership credibile l’hanno fatto ritornare su sui passi.
avion.jpgIl contesto storico all’arrivo della MINUSTAH. Il duo formato dal presidente ad interim Boniface Alexandre e dal suo primo ministro Gerard Latortue restò per due anni al potere ad Haiti, dopo che il presidente Jean-Bertrande Aristide, alla metà del suo secondo mandato, fu deportato nella Repubblica Sudafricana il 29 febbraio 2004. Una versione politicamente corretta dei fatti di quelle caotiche settimane, tra gennaio e febbraio 2004, in voga nell’establishment haitiano e promossa dalle fonti ufficiali statunitensi, ritiene che Aristide si sia dimesso spontaneamente in seguito a una crisi istituzionale e che quindi si sia dichiarato impotente di fronte a una lunga serie di ribellioni sfuggitegli di mano nel nord del paese e a Porto Principe. In realtà le operazioni di finanziamento e fornitura di armi in favore dei ribelli e una buona parte della propaganda antigovernativa vennero pianificate e dirette dalla CIA (Central Intelligence Agency) e da altre agenzie straniere.

Dunque il golpe fu preceduto da mesi di destabilizzazione e crisi provocate da queste bande di paramilitari “ribelli” e da vari elementi dell’opposizione extraparlamentare legati alla stessa CIA, all’IRI (International Republican Institute) e a settori conservatori europei, vicini alla Francia del presidente Jaques Chirac e Nicolas Sarkozy (in quell’epoca ministro degli interni): il principale era il gruppo 184 o G184, un’ambigua organizzazione per la “difesa dei diritti umani” che ha funzionato, in realtà, come un’agenzia d’azione politica anche con i finanziamenti approvati in passato dalla Commissione Europea. L’IRI, dal canto suo, è un’emanazione del governo statunitense che venne creata da Ronald Reagan negli anni ottanta con l’obiettivo di esportare la democrazia nel resto del mondo ed è ancora oggi finanziata con denaro pubblico dei tax payers USA.

E’ un’istituzione politica che ha realizzato sistematicamente un’opera dubbia e controversa riguardo all’ordine democratico ad Haiti, specialmente durante la gestione di Stanley Lucas, rappresentante dell’agenzia sull’isola. La controparte dell’IRI, legata al partito democratico statunitense, è l’NDI (National Democratic Institute) che, almeno nel caso di Haiti, è ritenuto un interlocutore più imparziale dal momento che ha lavorato con diverse parti politiche, incluso il partito Lavalas di Aristide. Entrambe sono finanziate all’interno del programma conosciuto come National Endowment for Democracy o NED.

Dopo i marines, la MINUSTAH. Dopo alcuni mesi d’occupazione militare da parte della Forza Provvisoria delle Nazioni Unite, composta da mille marines statunitensi e dalle truppe francesi, canadesi e cilene, nel giugno 2004 sono entrati in funzione i primi settemila caschi blu della MINUSTAH. Sebbene questa sia sotto il comando militare del Brasile, deve ottenere i finanziamenti e i mandati per operare dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU ed è gestita da un consiglio direttivo di cui fanno parte, per il coordinamento strategico e organizzativo, il guatemalteco Edmond Mulet, lo statunitense Kevin Kennedy e il canadese Nigel Fisher (Canada) e, per gli aspetti militari e di polizia, il Gen. Luiz Guilherme Paul Cruz (Brasile) e il Gen. Geraldo Chaumont (Argentina). Dunque sin dall’inizio l’affidamento al Brasile del comando delle operazioni delle Nazioni Unite ad Haiti sembrava rispondere più a delle esigenze d’immagine, per mostrare un relativo equilibrio tra i paesi coinvolti, e di presenza dell’emergente potenza sudamericana che a un effettiva messa in discussione della tradizionale presenza yankee nella regione.

War by proxy e stragi di Gran Ravine. In questo contesto cominciò ad attuarsi una guerra d’approssimazione (o “war by proxy”, cioè colpire zone e persone vicine agli obiettivi reali per disarticolare il tessuto sociale e fisico circostante) e avvenne l’esecuzione di una serie di stragi, conosciute come i massacri di Gran Ravine contro innocenti simpatizzanti di Aristide e semplici cittadini, da parte della polizia haitiana comandata da Carlo Lochard e dai gruppi paramilitari noti come Lame Timanchet (“l’armata del piccolo machete”).

Questi gruppi potevano agire relativamente indisturbati grazie alla connivenza delle autorità al potere dopo il golpe del 2004 e, secondo alcuni media, anche grazie all’indifferenza e alle scarse capacità operative iniziali della MINUSTAH. Il 20 agosto 2005 ben cinquanta persone sospettate di essere attivisti del partito Fanmi Lavalas furono massacrate nello stadio Martissant di Porto Principe durante uno spettacolo cui presenziavano circa cinquemila spettatori. Molte vittime sono state freddate solo perché cercavano di mettersi in salvo e non per aver difeso con le armi una determinata fede politica o essersi ribellate alla polizia: si trattava chiaramente di un avvertimento generico ma tragicamente efficace rivolto dalle autorità alla popolazione del quartiere. Il giorno seguente cinque persone della zona di Gran Ravine vennero bruciate nelle loro case (LINK reportage).
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In seguito alle segnalazioni e ai contatti diretti presi coi vertici della MINUSTAH da parte di organizzazioni autonome fortemente presenti sul territorio come l’haitiana Aumohd (Associazione di Unità Motivate da un’Haiti dei Diritti) e la sua partner statunitense Hurah-Inc (Accompagnamento per i Diritti dell’Uomo ad Haiti), un distaccamento di caschi blu cominciò a presidiare il quartiere e le case di alcuni militanti reputati ad alto rischio di aggressione mentre gli avvocati di Aumohd organizzavano incontri nel quartiere tra gruppi armati di fazioni rivali per proporre un dialogo pacifico e una riconciliazione (http://aumohddwamoun.blogspot.com/ e http://hurah.org/). Tutto ciò evitò nuove stragi per qualche mese, ma il 7 luglio 2006 i membri di Lame Timanchet ruppero la tregua con la terza grande mattanza che lasciò un saldo di ventisei vittime, trecento abitazioni bruciate e duemila sfollati. L’Aumohd è stata l’unica associazione che ha difeso le vittime di queste stragi ed è riuscita a far incarcerare quindici poliziotti colpevoli di quei fatti.

MINUSTAH a Citè Soleil ed eserciti stranieri ad Haiti. I caschi blu hanno avuto sin dall’inizio un ruolo contraddittorio e sono stati accusati di numerosi omicidi e violazioni dei diritti umani che furono, in buona parte, ammessi dal comandante brasiliano dimissionario, il generale Augusto Heleno Ribeiro Pereira, nel 2005 quando dichiarò che la MINUSTAH riceveva pressioni da paesi come la Francia, gli USA e il Canada per fare maggior uso della violenza contro alcune presunte gang di criminali che, secondo le loro informazioni e gli appelli del governo, dominavano completamente le periferie della capitale come il famoso slum di Citè Soleil.

Di fatto, alla fine del 2006, il presidente Renè Preval concesse espressamente ai militari delle Nazioni Unite di svolgere compiti repressivi e d’intelligence nei quartieri poveri, specialmente a Citè Soleil, uno dei bastioni politici di Aristide, contro delle presunte bande di delinquenti non meglio identificate. Il risultato fu che si diede il via libera a una delle peggiori repressioni indiscriminate vissute dal paese negli ultimi anni e si commisero molti errori e confusioni tra criminali comuni, militanti politici e normali cittadini nella compilazione delle liste che servivano da guida per le operazioni. gringos.jpg
Una parte di queste “bande” o presunte mafie veniva in realtà identificata con dei gruppi di cittadini auto organizzati legati all’ex presidente esiliato e, sebbene fosse certa anche la presenza di gruppi di criminali “veri” in quei quartieri, i metodi repressivi utilizzati dalla MINUSTAH, consistenti in bombardamenti con cannoni e sfondamenti con carri armati come in vere e proprie operazioni di guerra, fecero numerose vittime innocenti, sconvolsero brutalmente tutta la popolazione, annichilendone ogni capacità d’organizzazione civile, e contribuirono ad alimentare il falso mito di una città e di un popolo violenti e selvaggi che hanno bisogno degli eserciti stranieri per sopravvivere.
Questo mito è stato rielaborato e di nuovo diffuso dopo il terremoto dai media e dai vertici militari stranieri, soprattutto americani, per giustificare l’invio massiccio di uomini armati e mezzi pesanti quando in realtà Porto Principe non è più pericolosa di altre megalopoli latino americane e, invece, ha saputo vivere e gestire in modo relativamente pacifico e ordinato l’immenso dramma che l’ha colpita.
Alla luce di tutto ciò gli haitiani si sono chiesti legittimamente per mesi e mesi come mai gli aiuti umanitari venissero accompagnati da un gran numero di marines e dall’esercito USA (ventiduemila soldati inviati in gennaio, poi ridotti a tredicimila unità nell’aprile 2010), dalla gendarmeria francese e addirittura dai carabinieri e dai soldati italiani quando già esiste una forza internazionale come la MINUSTAH. Di nuovo i caschi blu sono stati al centro delle accuse della gente e dei media quando alcuni ricercatori hanno confermato il sospetto che fosse stato il contingente nepalese a reintrodurre sull’isola il colera che ad oggi ha provocato quasi 6000 vittime e centinaia di migliaia di contagi in tutto il paese dopo l’epidemia scoppiata nell’ottobre del 2010.
Nel momento in cui si devono prendere decisioni economiche e politiche veramente rilevanti per il destino del paese e si devono affrontare scelte strategiche sull’uso delle risorse fornite da governi terzi coinvolti nello scacchiere haitiano, oltre che da agenzie internazionali influenzate da questi, entrano in gioco altre logiche di potere e di controllo che esulano dalla presenza, dal comando e dalle funzioni assegnate agli organi multilaterali come l’ONU e il suo “braccio militare”, la MINUSTAH, per allargare, invece, la sfera decisionale agli interlocutori più influenti e con maggiori elementi di hard power (potere duro di tipo militare ed economico) presenti sul campo.

Nota. Una versione più vecchia e rivista di questo articolo è stata pubblicata sul numero speciale dedicato ad Haiti della rivista Il Tolomeo di Ca’ Foscari, Università di Venezia (link)

Link Articolo Originale Carmilla

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Haiti ha un nuovo presidente

Secondo i risultati preliminari del Consiglio Elettorale di Haiti il popolare cantante Michel Martelly, cinquantenne amico del rapper haitiano-americano ed ex Fugees Wyclef Jean, è il nuovo presidente del paese caraibico con il 67% delle preferenze (circa 717mila voti). Il candidato del partito Risposta Contadina, conosciuto anche col nome d’arte di Sweet Micky, ha sconfitto al ballottaggio la costituzionalista ed ex first lady Mirlande Manigat (settantenne, del partito Unione dei Democratici Nazionali Progressisti) che ha ottenuto il 31% dei voti mentre l’affluenza alle urne è stata inferiore al 30%. Infatti su circa 4 milioni di aventi diritto, ha votato poco più di un milione di persone. Qualche centinaio di sostenitori di Martelly s’è riversato per le strade della capitale Porto Principe per manifestare soddisfazione e festeggiare la vittoria di un personaggio che ha saputo promuoversi come “la novità”, “il presidente del popolo”. In realtà era il più comodo e gestibile per Washington che controlla il gioco delle donazioni e dei fondi per la paventata e immobile “ricostruzione”. Il 28 novembre scorso s’era svolto il primo turno elettorale in mezzo a proteste e denunce di brogli. L’Organizzazione degli Stati Americani (OAS), praticamente controllata dagli Stati Uniti, aveva raccomandato l’esclusione del candidato arrivato secondo dietro alla Manigat, Jude Celestin, in favore di Martelly. La decisione del Comitato Elettorale haitiano non tardò ad arrivare e Micky tornò in lizza in seguito alla “rinuncia” di Celestin, un candidato sostenuto dal governo uscente del presidente Renè Preval. Evel Fanfan, esponente della società civile e presidente dell’associazione di avvocati per i diritti umani Aumohd a Porto Principe, ha espresso inquietudine e preoccupazione. “Dico solo che la società haitiana si trova sull’orlo del precipizio, sulla punta d’immoralità più pericolosa della sua storia – ha dichiarato commentando i risultati – e i bambini di Haiti chiederanno ai loro padri e madri dove si trovavano durante queste elezioni. Perché un uomo come Sweet Micky accede al potere come primo cittadino?”. Non si riferisce solo alla popolarità mediatica, alla scarsità di proposte concrete e al populismo che accompagnano il nuovo presidente ma anche alla sua presa carismatica sulle masse, sopratutto tra i giovani, che lo vedono come un idolo lontano dalla politica e dall’establishment tradizionale. Nulla di più falso.

Dopo l’esclusione della pop star Wyclef Jean dalla corsa alle presidenziali, decretata l’agosto scorso per la mancanza del requisito della residenza ad Haiti negli ultimi 5 anni, è subentrato il suo amico Michel, sostenuto dai gruppi conservatori legati agli interessi americani e canadesi che da sempre hanno trattato le isole dei Caraibi alla stregua di possedimenti d’oltremare. Dopo il terremoto del 12 gennaio 2010 che ha fatto oltre 250mila vittime, un’epidemia di colera che s’è portata via più di 5000 persone e le grandi promesse disattese della comunità internazionale, per Haiti la vittoria di Martelly, che sarà dichiarato ufficialmente presidente il prossimo 16 aprile con la pubblicazione dei risultati definitivi, suscita più dubbi che speranze. Il partito di maggioranza Unité dell’attuale presidente Preval manterrà probabilmente la sua influenza in parlamento e quindi la prospettiva della coabitazione è concreta e rischia di generare instabilità. Lo Stato e i suoi palazzi vanno ancora ricostruiti e il pericolo di rifarli uguali a prima (o peggio) è oggi molto più forte.