En Puerto Príncipe, la capital de Haití asolada por el terremoto del 12 de enero de 2010 que cobró 250 mil víctimas, Estados Unidos tiene su cuarta embajada más grande del mundo. Dos días después del temblor, miles de marinos armados salieron hacia la isla a una “misión humanitaria” sin la autorización del gobierno local. La embajada de EU no había señalado la presencia de peligros para la seguridad, así que las críticas hacia la “militarización de la ayuda” fueron muchas y justificadas. Asimismo, las Naciones Unidas en Haití habían declarado que los cascos azules allí desplegados – que pasaron de 9 mil a 12 mil unidades en el mismo enero– serían más que suficientes. Sin embargo, Hillary Clinton liquidó las críticas tachándolas de “periodismo irresponsable”.
Mientras tanto, la administración de Obama seguía sosteniendo la necesidad de una intervención armada y, una semana después de la invasión de facto, “aconsejó” al presidente haitiano, René Préval, la emisión a posteriori de un comunicado para pedir a Estados Unidos una “asistencia en el aumento de la seguridad”, según revelan los cables de Wikileaks en manos del semanario Haití Liberté. Muchos analistas consideraron estas maniobras como un disfraz para la tercera invasión estadunidense de Haití, bajo algún tipo de amparo internacional, en menos de veinte años. La primera fue en 1994 para apoyar el regreso del primer presidente electo democráticamente, Jean-Bertrand Aristide, tras un golpe que le impidió gobernar en los tres años anteriores. La segunda fue en febrero de 2004, básicamente para sacar al mismo Aristide del país e instalar un presidente más complaciente.
Inmediatamente después del sismo, los militares establecieron su base de operaciones en el aeropuerto Toussaint-Louverture, pero dentro de las primeras dos semanas la mayoría de las tropas ya se había asentado en los campos de refugiados que surgieron por toda la ciudad y sus alrededores. Más de un millón y medio de haitianos se fueron a los mil 354 campamentos de la capital, pero sólo los más afortunados pudieron encontrar asistencia, comida, tiendas de campaña y lonas mínimamente adecuadas. Debajo de cada una de ellas, en las noches, podían encontrar amparo hasta veinte personas que también compartían la ración semanal de arroz y frijoles. Ésta era asignada por las ONG a una mujer “jefa de hogar” quien se encargaba de su preparación y repartición. Así funcionaba dentro del campamento principal del barrio Delmas-Petion Ville, una enorme aglomeración de 60 mil desplazados en lo que anteriormente fue un campo de golf. Paradójicamente, este centro deportivo de la elite capitalina había sido construido por los mismos marinos estadunidenses durante su primera ocupación militar en Haití de 1915 a 1934.
Para finales de enero ya había 22 mil soldados en los puntos estratégicos del área metropolitana. Las ayudas llegaban de manera muy selecta e insuficiente, sobre todo en los campos más pequeños que, posiblemente, no llamaban la atención de las multinacionales de la solidaridad y de las estrellas de Hollywood. El campamento Delmas había pasado bajo la égida de los militares y de la ONG Catolic Relief Service, patrocinada por el actor Sean Penn. Ahora ya no hay distribución general de comida y el recién electo presidente Michel Martelly planea el desmantelamiento de los seis campamentos más grades, pese a la falta casi total de viviendas alternativas para los damnificados. El cuarenta por ciento de los campos no cuenta con acceso a agua potable y el treinta por ciento ni siquiera tiene servicios higiénicos.
Asimismo, los 700 mil sin techo que quedan padecen el hostigamiento de las brigadas Bricor, entrenadas en el uso de la fuerza por Risk Inc, una compañía de seguridad privada estadunidense. La Risk es también conocida en México por sus presuntos adiestramientos en técnicas de tortura. Las Bricor desalojan a la población de terrenos públicos y privados, actúan con violencia y amenazas destruyendo las carpas y los pocos bienes de la gente indefensa bajo la total indiferencia gubernamental. Además, el presidente Martelly afirmó que hay delincuentes y armas en esos campamentos, así que ya constituirían un problema de seguridad. En cambio, los verdaderos problemas son el mal manejo de las ayudas –codiciadas por las transnacionales de los países donantes y perdidas en la burocracia– y la falta de alternativas y planes compartidos de desarrollo, así como la proliferación de la seguridad privada al margen de las reglas.
Por otro lado, la Minustah, la misión para la estabilización de Haití, es la tercera en importancia en el mundo entre todas las que mantienen las Naciones Unidas y tiene dos ramas, la militar y la policíaca, desde hace siete años. Es decir, desde el año en que el ex presidente Aristide, quien acaba de volver a Haití tras un exilio en la República Sudafricana, sufrió el mencionado golpe de Estado, el 28 de febrero de 2004. Los marinos estadunidenses tomaron el control del país y se hicieron responsables de una violenta represión contra la población civil. Aristide fue obligado a dejar su cargo y fue deportado como consecuencia de las “rebeliones populares” que, durante años, habían sido fomentadas por opositores políticos, paramilitares, agencias estadunidenses (como el IRI, International Republican Institute, la CIA y la USAID) y grupos como el G184, financiado incluso por Francia y la Unión Europea y dedicado a tareas de desestabilización política, aunque su misión era la defensa de los derechos humanos.
Desde el octubre pasado, Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, ha sido golpeado también por una epidemia de cólera que, en los medios, parece algo lejano y olvidado, mas, en realidad, sigue cobrando víctimas: ha matado a casi 6 mil personas en ocho meses, contagiando a más de 350 mil. La Cruz Roja y la ONG Médicos sin Fronteras, la cual ha tratado más del cuarenta por ciento de los casos hasta la fecha, volvieron a lanzar una alarma por el aumento de los contagios en Puerto Príncipe, más de 20 mil, en mayo y junio. La enfermedad alcanzó en noviembre de 2010 a la vecina República Dominicana y se calculan allí entre setenta y 170 víctimas. Aún está vivo el recuerdo de los 10 mil muertos que cobró el cólera en América Latina entre 1991 y 2005, a partir de un brote en Perú. Sin embargo, en la isla no se había detectado la bacteria en el último siglo, por lo que se acusó a los extranjeros de su difusión. Pese a las desmentidas de la ONU, cada vez más estudios científicos han demostrado que la cepa del cólera en Haití llegó de Nepal, donde la enfermedad es endémica, y los portadores fueron precisamente los cascos azules de ese país, ubicados en la norteña provincia de Artibonite. En junio llegó también la validación de estos estudios por parte del gubernamental CDC (Center for Disease Control de EU) y, por cierto, no mejoró la imagen de las fuerzas internacionales en el país.
Además de las enfermedades y las catástrofes naturales, amplificadas por la pobreza extrema y la falta de infraestructura, también están la embajada estadunidense y los intereses económicos de las petroleras Exxon y Chevron para complicar las cosas: los Petro Caribe Files de Wikileaks, o sea los cables sobre las presiones de EU en contra del acuerdo energético de Venezuela con Haití, revelaron que incluso la embajada de ese país había admitido que el acuerdo sería muy benéfico para el pueblo haitiano. Claro, no lo sería para las petroleras estadunidenses y la oposición fue constante. Kim Ives, coautor de un reportaje sobre el tema, habla de un “embajador quien manipula a un presidente y sus funcionarios, diciéndoles qué hacer, que ellos no entienden esto y lo otro, tratando de decirles cuáles son los intereses de Haití. Es la cumbre de la arrogancia”.
Frente a todo ello, por mucho tiempo los haitianos se preguntaron legítimamente por qué las ayudas internacionales de muchos países venían acompañadas de las milicias estadunidenses y hasta por “folclóricos” gendarmes y carabineros de Francia e Italia. Los temas de la soberanía, la militarización y la “democracia armada” estuvieron a debate en la campaña para las elecciones presidenciales de marzo pasado y, tanto el ex mandatario Prèval como la candidata derrotada, Mirlande Manigat, habían prometido el progresivo retiro de los cascos azules. No parece desear lo mismo el presidente Martelly. En efecto, el 15 de octubre pasado los quince miembros del Consejo de Seguridad decidieron renovar por un año el mandato de la Minustah que cuenta hoy con 8 mil 940 soldados y 4 mil 391 policías bajo el mando, respectivamente, del general brasileño Luiz Guilherme Paul Cruz y del argentino Geraldo Chaumont. El contingente brasileño, con sus 2 mil 600 efectivos, es el más importante y el costo total anual de la misión está estimado en 600 millones de dólares.
Aunque se le concedió a Brasil el mando militar por motivos de imagen y para mantener un aparente equilibrio entre potencias, la financiación de la misión depende del Consejo y la coordinación estratégica de la misma está a cargo del guatemalteco Edmond Mulet, el estadunidense Kevin Kennedy y el canadiense Nigel Fisher. La participación de las Naciones Unidas en Haití comenzó en febrero de 1993 y continuó, luego, con numerosas misiones hasta 2001. Tras el golpe de 2004 y seis meses de ocupación de tropas de eu, Francia, Canadá y Chile, se autorizó finalmente la creación de la Minustah que ha ido adquiriendo cada vez más funciones, desde la seguridad interna al tema electoral y a la reforma de la policía haitiana. Si bien una de sus tareas sería la defensa de los derechos humanos, la misión ha tenido un papel controvertido a partir de 2006, es decir, desde que Prèval le atribuyó la facultad para las actividades de inteligencia y represión en los barrios slum de la capital, como Citè Soleil, uno de los bastiones políticos de Aristide y su partido Fanmi Lavalas. Se trataba de un territorio difícil, casi fuera del control estatal, que había sido señalado como un foco rojo para el combate a la delincuencia. Sin embargo, la Minustah actuó con base en listas de presuntos culpables en las que figuraban, más bien, ciudadanos comunes y militantes políticos.
A menudo, esta represión indiscriminada confundió a las bandas de delincuentes con los grupos civiles organizados del barrio y, por tanto, hubo víctimas inocentes en las operaciones de guerra conducidas con cañonazos de tanques en contra de las casas. Algunos miembros de la asociación de abogados para la defensa de los derechos humanos aumohd, activa en Puerto Príncipe desde 2005, y su presidente Evel Fanfan, pudieron comprobar, en ese entonces, los errores contenidos en las listas que guiaban las acciones armadas de la Minustah y del gobierno haitiano. Finalmente, las violaciones y matanzas fueron reconocidas por el comandante brasileño, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, quien dimitió en 2005 y declaró que la Minustah recibía presiones de Francia, Estados Unidos y Canadá para hacer un mayor uso de la violencia contra las presuntas bandas de criminales que, según la información oficial, dominaban completamente las periferias metropolitanas.
El mito internacional, construido con matices racistas y estereotipos, que nos quiere presentar al pueblo haitiano como violento y descontrolado, como incapaz de armar su propio destino, sigue difamando a la gente de Haití sin explicarnos su sociedad, sus lastres y sus problemas reales. La ocupación y la militarización son parte de éstos. Este mito y la militarización consecuente deberían desmontarse a partir de los hechos, algunos de los cuales están en este artículo. En cambio, la versión edulcorada de los acontecimientos ha servido, a menudo, para justificar su constante escalada.
di Fabrizio Lorusso da: Kaos o La Jornada
