Crisis de los derechos humanos, desigualdades y respuestas sociales en México: perspectiva desde la historia oral y la condición de los jóvenes – Fabrizio Lorusso en libro Juventudes, subjetividades e sociabilidades, EDUFPI – Ithala, Brasil

Portada Libro Juventudes subjetividades e sociabilidades BRASIL_page-0001[Capítulo de libro de Fabrizio Lorusso “Crisis de los derechos humanos, desigualdades y respuestas sociales en México: perspectiva desde la historia oral y la condición de los jóvenes”, en Marinho, R., Perez, O. y Xavier Luz, L.C., Juventudes, subjetividades e sociabilidades, Curitiba (Br): Ed. EDUFPI – Ithala, 2018, pp.  241-269 ISBN 9788550904146]

Crisis of human rights, inequalities and social responses in Mexico: perspectives from oral history and the condition of young people

Fabrizio Lorusso

Académico del Depto. de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Iberoamericana León, México; Maestro en Administración de Empresas (Univ. L. Bocconi de Milán); Maestro y Doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM, México).

Resumen

El objetivo de este artículo es, por una parte, hacer una revisión preliminar del estado del arte relacionado con el uso del método de la historia oral para rescatar la voz de víctimas y agraviados por violaciones graves a los derechos humanos en América Latina y, por otra, situarla en el contexto histórico reciente de México. Éste se caracteriza principalmente por un conflicto interno armado, que va más allá de la retórica oficial de la guerra al narcotráfico, por el predominio de las políticas neoliberales y una inédita crisis de los derechos humanos las cuales han impactado particularmente en la población joven y de escasos recursos del país, causando una pérdida gradual de las oportunidades ofrecidas por el bono demográfico. Por un lado, se han profundizado y renovado las distintas desigualdades y violencias, pero por otro han surgido múltiples demandas, luchas, movilizaciones, acciones colectivas y formas de resistencia u organización por parte de la sociedad, las cuales constituyen un reto importante para la historia oral y la historia del tiempo presente. En especial, movimiento estudiantil-juvenil #YoSoy132 en 2012 sacudió a la opinión pública y a la agenda política, insertándose en una ola global de movilizaciones de jóvenes como Occupy Wall Street, los indignados españoles o las primaveras árabes. Por todo lo anterior, hacen falta replanteamientos para aprehenderlos, con vistas a su conceptualización y a la conservación de la memoria como estrategia de afrontamiento, y se sugieren algunos antecedentes y posibilidades de investigación al respecto.

Palabras clave: derechos humanos, desigualdad, historia oral, jóvenes, México, resistencia, violencia.

 

Abstract

The objective of this article is, on the one hand, to makes a preliminary review of the state of the art related to the use of the method of oral history to rescue the voice of victims and aggrieved by serious violations of human rights in Latin America and, on the other hand, to place it in the recent historical context of Mexico. This is mainly characterized by an internal armed conflict, which goes beyond the official rhetoric of the drug war, the predominance of neoliberal policies and an unprecedented human rights crisis which have impacted particularly on the country’s young and poor population, causing a gradual loss of the opportunities offered by the demographic bonus. On the one hand, the different inequalities and violence have been deepened and renewed, but on the other there have been multiple demands, struggles, mobilizations, collective actions and forms of resistance or organization on the part of society, which constitute an important challenge for oral history and the history of the present. In particular, student-youth movement # YoSoy132 in 2012 shook the public opinion and the political agenda, being inserted in a global wave of mobilizations of young people like Occupy Wall Street, the Spanish indignados or the Arab springs. Therefore, rethinking is needed to apprehend them, for their conceptualization and the conservation of memory as a coping strategy, and some background and research possibilities are suggested in this regard.

Key-words: human rights, inequality, oral history, young people, Mexico, resistance, violence.

 

Introducción: guerra y “juvenicidio” en México

La realidad mexicana actual se caracteriza por la interrelación de distintas criticidades sociales, económicas y políticas que redundan en la acumulación y reproducción de múltiples desigualdades en la población, las cuales incluyen y trascienden, a la vez, el ámbito estrictamente económico, al tener dimensiones de distintas índoles: étnicas y sociales, geográfico-territoriales y de género, de clase y de capacidades, de oportunidades y de acceso a las instituciones y a la política, demográfico-intergeneracionales y laborales, entre otras. A partir de 2007, con la estrategia de militarización de la seguridad pública, en la llamada narcoguerra lanzada por el ex presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006 y continuada por su sucesor, Enrique Peña Nieto, el país ha experimentado el aumento de índices y tipos de violencias, así como de las violaciones graves a los derechos humanos (DH), como tortura, desplazamiento forzado, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. No es descomunal hablar de una guerra civil económica con miles de muertos al año por la repartición de recursos, rentas, concesiones y territorios entre negocios lícitos e ilícitos y grupos armados estatales y no estatales (Schedler, 2015). También se ha hablado de una guerra civil o interna con tintes ideológicos y políticos, no sólo económicos, pues el conflicto interno por un lado está funcionando como mecanismo de limpieza social, especialmente en contra de jóvenes y pobres del país, y, por otro, sirve como estrategia de miedo social, despoblamiento de territorios, preparación para el despojo y la implementación de políticas neoliberales vía el aniquilamiento de las oposiciones populares y gracias al financiamiento de Estados Unidos con la Iniciativa Mérida y a la militarización (Paley, 2018). Tratando el caso de El Salvador, por cierto muy parecido al mexicano por lo referente a las dinámicas de criminalización a priori contra la juventud y la población pobre, England (2012, pp. 246-247) especifica: “Al negar cualquier significado social o político en las actuales tasas de y tendencias criminales, el Estado puede aplicar políticas del tipo ‘mano firme’, que permiten el arresto de jóvenes que parecen ser pandilleros sin un procedimiento adecuado, sin que la sociedad perciba esto como un regreso al terrorismo de Estado”. Son problemáticas no entendibles mediante modelos monocausales válidos para todo el país, pues se trata de fenómenos complejos, dinámicos y entretejidos con dinámicas globales, regionales y locales, dentro de un modelo de desarrollo económico excluyente y privatista, que llega a considerar como fisiológico y funcional el patrón actual de desigualdades multidimensionales y estructurales y de un régimen político de alternancia con una democracia aún en transición (Bolívar, 2013).

El hecho de que cerca del 40% de los más de 36,000 desaparecidos y el 35.7% de las víctimas de homicidio doloso en México son jóvenes de entre 15 y 29 años, junto a la consideración de que el acontecimiento más sonado y trágico del sexenio de Peña Nieto (2012-2018) ha sido la desaparición masiva de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala la noche del 26-27 de septiembre de 2014, y el asesinato de seis personas esa misma noche, nos habla de una situación de extrema vulnerabilidad que afecta a la población joven y de clase social baja, por el hecho de estar más susceptible a padecer algún acto de violencia o ser víctimas de violaciones graves a los derechos humanos como son las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, el desplazamiento o la desaparición forzada (García Hernández, 2017; Campa, 2014).

Gráfica 1. Pirámide de población, 2010, distribución por edad y sexo.

Fuente: INEGI. (2010). Censo de población y vivienda.

Lo anterior se une a las actuales condiciones socioeconómicas del país, con crecientes niveles de pobreza, bajas tasas de crecimiento del PIB y concentración de la riqueza que hace que los jóvenes tengan que enfrentar desigualdades sociales cada vez más profundas. Ante la situación social y económica de México cabe realizar una reflexión sobre el escenario a los que tienen que hacer frente los jóvenes en el país, principalmente el laboral, que estaría planteando un posible “desperdicio” del bono demográfico y de la capacidad productiva de la población que se encuentra en el grupo de 15 a 29 años de edad. Teniendo en cuenta que en México “se está presentando un periodo transitorio de corta duración en el que es mayor la cantidad de población que se encuentra en edades productivas (15 a 65 años) que aquella que tiene edad en la que son económicamente dependientes (0 a 14 años y mayores a 65 años) (Montoya García, 2015, p. 21)”, se ha hablado de un “bono demográfico”, que puede representar un ventana de oportunidad para el desarrollo económico si es bien aprovechado y se canaliza en un incremento de inversiones y ahorro para el crecimiento.

Fuente: INEGI, Censo XII de población y vivienda, y estimaciones del Consejo Nacional de Población.

Aunque el crecimiento demográfico del país ya se está estancando y aumenta el envejecimiento poblacional, aún quedan 10 o 15 años del llamado “bono” y hasta 2030 se verá un incremento de la población productiva de entre 15 y 64 años. Según estimaciones, en los primeros años 2000 había 1.5 personas en edad productiva por cada persona en edad dependiente, o sea menores de 15 o mayores de 64 años, y en los años veinte esta proporción será de 2.2, mejor en términos económicos, para luego volver a bajar a 1.5 a mediados de presente siglo (Alba, 2009).

Sin embargo, la violencia en el país, el reclutamiento criminal, el desempleo juvenil, las crecientes desigualdades, la pobreza (43.6% de la población, 53.4 millones de personas en 2016) y las condiciones de precariedad laboral, la informalidad, las bajas prestaciones, la exclusión de la seguridad social y los bajos salarios, que interesan particularmente a la población de edad menor a los 30 años, han creado un círculo vicioso con la entrada del modelo neoliberal desde la década de 1980 y con las reformas estructurales del sexenio de Peña Nieto, como la laboral y la educativa, que han “flexibilizado”, o sea deteriorado, las condiciones laborales para atraer inversiones. Además, esta precariedad ha hecho que las familias recurran cada vez más al trabajo de todos sus miembros para sustentarse, así que la mano de obra joven se emplea desde temprana edad y hay más deserción escolar y bajos rendimientos académicos, lo cual definitivamente no genera condiciones de ahorro en los hogares o crecimiento (Montoya García, 2015, pp. 22-23).

Los jóvenes de extracción humilde que no trabajan ni estudian son denominados, de manera despectiva, como “ni-nis” y son el 11% de los varones y el 37.8% de las mujeres de entre 15 y 29 años (Illades y Santiago, 2015, p. 121), pero más que eso son personas “sin”, o sea, sin derechos, sin escuela o trabajo, sin perspectivas, debido a elementos estructurales de un modelo excluyente, por lo cual existe una reserva de “mano de obra” que puede ser reclutada fácilmente como halcón (espía, informante) durante la infancia y como gatillero o sicario en la adolescencia por parte de las organizaciones delictivas. Así es como se está quemando una generación, pues “tanto se ha ensañado la guerra contra estos adolescentes que ya se habla de ‘juvenicidio’ porque, en efecto, cuando no son reclutados por los cárteles para servir de halcones o de sicarios, son asesinados por no querer participar o simplemente porque ‘parecen’ pistoleros o narcomenudistas y entonces son víctimas del ejército o de la policía federal (Illades y Santiago, 2015, p. 121). Más que elección voluntaria con base en cálculos económicos, el reclutamiento criminal de los jóvenes en muchos casos acaba siendo una forma de esclavitud, pues las muchachas se destinan a la prostitución y a la trata, los muchachos al sicariato, al cultivo en plantaciones ilegales, al trabajo en laboratorios, al transporte o a la construcción de narcotúneles, para mencionar algunos ejemplos (Martínez, 2012). Entre 2010 y 2019 serían unas 20.5 millones las personas que lleguen a cumplir 18 años y el universo de adultos jóvenes entre los 18 y 29 años en esta década sería de 23.15 millones de personas cada año en promedio: a la fecha se puede afirmar que no se han atendido adecuadamente los retos de ofrecerles salud, educación y empleo, así que para la próxima (y última) década del bono demográfico mexicano el desafío se va a amplificar, considerando también que ya se ha dado una experiencia de desafiliación y desilusión institucional en este sector poblacional, en un contexto de democratización incompleta y desigualdades crecientes, y que ya se extendieron otras alternativas de ingreso no deseables ligadas a actividades criminales, por lo que “es urgente reconocer que no hay mejor política de seguridad pública ni estrategia anticrimen que la inclusión social de los jóvenes que hoy pueblan nuestras calles (Muruyama, 2010, p. 72, 78)”.

En la última década se publicaron en México numerosas investigaciones periodísticas, en que son determinantes las fuentes orales, sobre el tema de las víctimas, los desaparecidos, el crimen organizado, la corrupción política, la criminalización de la juventud y las artimañas del capital transnacional, pero la academia no ha mantenido el paso. La historia oral representa una “especialidad dentro de la ciencia histórica que utiliza como fuente principal para la reconstrucción del pasado los testimonios orales”  (Mariezkurrena, 2008, p. 227), y es un enfoque metodológico que rescata la subjetividad de los actores y, tras el giro cultural de la historia social del último tercio del siglo XX, es cada vez más común dentro de las investigaciones cualitativas en historia, pero también en sociología, antropología, psicología o economía. A través de una investigación documental preliminar, se esboza un estado del arte sobre historia oral, DH, desigualdades y violencias, enmarcado en el contexto mexicano y con énfasis en la población joven y pobre, para poder señalar pautas de investigación. En la primera parte se completa el marco contextual sobre la crisis de derechos humanos y del modelo socioeconómico en México, junto a las respuestas sociales y al caso del movimiento estudiantil-juvenil de #YoSoy132, y en la segunda se abre una ventana sobre algunas investigaciones que se han valido de la historia oral para tratar estas problemáticas y, asimismo, ofrecer posibilidades de afrontamiento ante la violencia.

Neoliberalismo, desigualdades, resistencias: el caso del movimiento juvenil #YoSoy132

México ha mostrado continuidad desde la década de 1980 en la aplicación de las políticas económicas y sociales fundadas en los principios monetaristas, los ajustes y las reformas estructurales, las privatizaciones y liberalizaciones para la atracción de capital e inversión extranjera, según las recomendaciones del Consenso de Washington, en un contexto de bajos salarios y docilidad de la clase trabajadora. Este paradigma valora la eficiencia y la competitividad, conseguidas a través de la libertad de mercado, la retirada del Estado de la producción, la desregulación y la revalorización de los derechos de propiedad, considerando las desigualdades generadas como males menores ante las ganancias en costos y productividad (Ibarra, 2007: 30-31).

Sus referentes teóricos son la escuela económica austriaca de Friedrich von Hayek y Ludwig von Mises, el monetarismo de la Universidad de Chicago, cuyo fundador, Nobel de la economía en 1976, fue Milton Friedman, así como la teoría de la modernización y del goteo de Walt Rostow, según la cual primero hay que crecer como economía y luego, de manera espontánea por mecanismos de mercado, con intervención mínima por parte del Estado, la riqueza goteará hacia toda la sociedad, reduciendo la pobreza y maximizando el bienestar.

Sin embargo, tras más de tres décadas de aplicación del modelo, con reformas estructurales y recortes del gasto público, el nivel de pobreza en México se ha mantenido a niveles muy altos con pocas variaciones, del 50% en el 2000, del 47% en 2005, del 46.1% en 2010 y del 43.6% en 2016 (CONEVAL, 2016), siendo ya un rasgo estructural (Ibarra, 2007:49), y la desigualdad económica, entendida como apropiación dispar de recursos entre grupos de la sociedad, ha llegado para quedarse, agudizada por la crisis global de 2007-2009, y se ha juntado a los demás tipos de exclusiones y discriminaciones acumulados históricamente. Incluso se ha hablado de una cultura de la desigualdad incrustada en la sociedad, de la mano del individualismo metodológico del canon neoliberal, que se generaliza en un desamparo aprendido colectivamente mediante formas de disciplinamiento y miedo social que terminan fomentando la conformidad y la pasividad ante la ausencia de propuestas y discursos de corte redistributivo, o bien, empujan a la población joven hacia salidas abruptas del sistema como son la migración o el crimen organizado (Cordera, 2017:24).

Los modelos de desarrollo dominantes en América Latina en los siglos XIX y XX, desde el primario exportador (del siglo XIX a la década de 1930) a la industrialización por sustitución de importaciones (de 1930 a 1970 y 1980), del neoliberalismo (1970 a la fecha) al llamado enfoque post-neoliberal (finales de la década de 1990 hasta la fecha, sobre todo en países sudamericanos), tienen en común algunos supuestos que vale la pena destacar (Cálix, 2016):

  • la idea de que la modernización equivale a un proceso evolutivo, lineal, por etapas progresivas, basado en el crecimiento de la producción y la inversión,
  • la subordinación del valor intrínseco de la naturaleza al ser humano con la exclusión de saberes distintos de la racionalidad occidental dominante y una comprensión no integral del desarrollo
  • se ven como modalidad de reproducción prevalente del capital en un determinado momento histórico y como formas de ubicar regiones o países en la División Internacional del Trabajo (o participación en las cadenas globales del valor)
  • han experimentado crisis cíclicas, han sido de varias maneras integrados en sistemas mixtos y han promovido distintos equilibrios entre Estado y mercado, y los ámbitos de lo político y lo económico

El modelo de desarrollo que aplicaron algunos países con gobiernos progresistas como Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, Chile, Bolivia y Ecuador, especialmente en el periodo de 1999 a 2014 y, en algunos casos en los años siguientes, se ha denominado como post-neoliberalismo, aunque no implique realmente una superación del neoliberalismo y, bajo esta misma etiqueta, caben distintas formulaciones de política económica y diferentes intensidades reformistas, pues se pueden incluir en estas experiencias desde alternativas de reforzamiento del capitalismo con más equidad social y políticas neo-desarrollistas hasta vías de salida del sistema desde las propias instituciones capitalistas o nuevos modos colectivos para crear organizaciones no capitalistas. Pero la mayoría de los casos tienen en común cierto nivel de diversificación de las relaciones internacionales de los países en el marco de la cooperación Sur-Sur, el impulso hacia una mayor autonomía regional y la integración latinoamericana, una reducción sostenida de los índices de pobreza y, en ciertos casos, de la desigualdad, el auge de políticas neo-extractivistas con primarización de las exportaciones y más intervención estatal, una distinta y creciente redistribución de la riqueza y el intento de paliar los efectos más nocivos del neoliberalismo, pero todavía sin establecer el universalismo del Estado de bienestar y una ruptura estructural de las lógicas excluyentes inscritas en el anterior modelo (Cálix, 2016:11-15).

Dentro de este marco México, así como Colombia, ha representado un caso aparte, habiendo sido excluido de la oleada de gobiernos revisionistas u opositores del neoliberalismo en Sudamérica y habiéndose mantenido completamente en la esfera de influencia de Estados Unidos en un marco de continuidad desde la década de 1980 hasta hoy en la aplicación y el entendimiento de las políticas económicas y sociales, fundadas en los principios monetaristas, los ajustes y las reformas estructurales, las privatizaciones y liberalizaciones para la atracción de capital e inversión extranjera en un contexto de bajos salarios y docilidad de la clase trabajadora según la recomendaciones del Consenso de Washington. Este paradigma valora la eficiencia y la competitividad conseguidas a través de la libertad de mercado, la retirada del Estado de la producción, la desregulación y la revalorización de los derechos de propiedad, considerando las desigualdades generadas como males menores ante las ganancias en costos y productividad (Ibarra, 2007: 30-31).

Debido a la migración, una válvula de escape ambivalente, a las remesas del exterior, a la ampliación en la cobertura de algunos programas sociales y a una desigualdad salarial moderada, entre 1995 y 2010 la desigualdad económica en México había tenido una tendencia a la baja, pero desde 2012 ésta se ha revertido y en 2017 el nivel fue igual al de 1982, así que prima una situación de mayor concentración de la renta, en que el 1% de la población de mayores ingresos concentra el 21% del ingresos total y el decil superior alcanza el 60% del ingreso total. La magnitud de la riqueza de los multimillonarios mexicanos, que en 2017 eran 16, era en 1996 de 25,600 millones de US$ y en 2014 de 142,900 millones de US$ (+558%), pero para el promedio de la población mexicana en el mismo lapso temporal el PIB per cápita creció del 26%: en suma, la riqueza de los 4 principales multimillonarios mexicanos pasó de 2% a 9% del PIB (Esquivel, 2017:7-9).

Los motivos de esta tendencia no son puramente económicos sino ligados a múltiples dimensiones y causantes de la desigualdad: la falta de competencia dentro de un débil marco regulatorio; el abuso del poder oligopólico/monopólico y las concesiones leoninas; el mismo diseño y la estructura del sistema tributario de tipo más regresivo y favorable a las élites; la evasión fiscal de corporaciones y particulares, un reparto capital-trabajo en el ingreso nacional cada vez más favorable al capital; el hecho de que la concentración del poder económico se ha unido a la concentración del poder político o captura de las autoridades, a la estructural reproducción intergeneracional de la pobreza y a la inexorable caída del poder adquisitivo del salario mínimo desde 1976; la exclusión política y económica de la población indígena y los sectores campesinos; la marginación de las personas LGBTQ; la invisibilización de las víctimas del conflicto interno; la desigualdad de género y la causada por las distintas formas de discriminación y violencia, al tener ésta las dimensiones física o directa, cultural, simbólica y estructural, es decir, mediada por factores institucionales o estructurales y “entendida como un tipo de violencia indirecta presente en la injusticia social, y otras circunstancias que en definitiva hacen que muchas de las necesidades humanas de la población no sean satisfechas cuando con otros criterios de funcionamiento y organización lo serían fácilmente” (Jímenez-Bautista, 2012:33).

Frente a ello se han formulado, mas no implementado, propuestas para la creación de un auténtico Estado del bienestar universalista y una política fiscal más progresiva, para un gasto mejor focalizado, políticas salariales y laborales redistributivas y planes de desarrollo sustentable con mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas realmente eficaces (Esquivel, 2017:37-39). Además, se multiplicaron los cuestionamientos de nuevos y viejos movimientos sociales ante las múltiples exclusiones ocasionadas por el modelo, cuyas piedras angulares han sido el dominio de una clase de economistas-tecnócratas sobre la dimensión política de los gobiernos y un régimen de acumulación por despojo que no es otra cosa sino “la forma tomada por el capital en su expansión sobre ilimitados territorios naturales y humanos en su violento proceso multisecular de mundialización” (Gilly, 2013:1).

En este contexto México ha vivido un proceso electoral inédito en que el primero de julio de 2018 cerca de 89 millones de personas fueron llamadas a las urnas para elegir al presidente, al Congreso y a más de 3,400 cargos públicos y, por primera vez, ganó de manera nítida un partido de centroizquierda, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), y su candidato, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con un programa reformista del neoliberalismo, volcado a atender a la población pobre y a los jóvenes (incluyendo a niños y niñas) prioritariamente, por su derecho a la educación y al trabajo, y a modificar la estrategia de militarización de la seguridad pública. En este sentido, la síntesis del programa del nuevo gobierno, en funciones desde el primero de diciembre de 2018, se sintetiza en el eslogan “Becarios sí, sicarios no”, un programa social dirigido a los jóvenes del país para su reincorporación al mundo laboral o formativo-estudiantil, y señala en la sección “Por cumplir y ampliar los derechos sociales y contra la desigualdad” el diagnóstico de que hay un problema de desigualdad intergeneracional y de limitación de derechos y de vida digna contra los jóvenes en México, como parte de la emergencia nacional de la violencia:

La violencia desatada por una equivocada política de combate al narcotráfico que emplea sólo medidas coercitivas y viola los derechos humanos ha costado al país decenas de miles de muertes, sobre todo de jóvenes a quienes se les han negado los derechos sociales y una esperanza de vida digna. Las víctimas de la violencia son cientos de miles de mujeres, hombres, niños y niñas a quienes no sólo no se hace justicia, sino se les mantiene en el olvido. La espiral de violencia genera más violencia, odio y frustración. La paz es una necesidad para el desarrollo y la regeneración del país y esta sólo puede darla la tranquilidad social. Las fuerzas armadas no deben ser usadas en funciones civiles o para reprimir a los movimientos sociales. MORENA lucha porque se acaben los actos de impunidad desde el poder y se investigarán todas las violaciones a los derechos humanos y se haga justicia” (MORENA, p. 7).

Los conflictos sociales locales en 2017 eran 1,148 tan solo entorno a las actividades mineras, causados por despojos y uso de suelo, por el uso del agua y la contaminación, la presencia de grupos armados, la deforestación, por problemas laborales y por la estela de muerte y devastación que dejan las compañías transnacionales en las 22.3 millones de hectáreas (11.3% de la extensión del país) que se les concedió para su explotación a cambio de empleos mal pagados e impuestos irrisorios, sobre todo en los sexenios de Calderón (2006-2012) y de Peña (Lemus, 2018:13).

Aunque los movimientos y resistencias no han logrado articulación nacional y continuidad en sus impactos, las oleadas de indignación y organización han dejado experiencias, reportorios de acción, imaginarios y resultados. Según el académico Pietro Ameglio (2014), se trata de secuencias de gritos que acumulan fuerza, implican una toma de conciencia y, a veces, se suman a o confluyen en otros. Desde la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014, se amplificó el reclamo de justicia en apoyo a los papás de los muchachos, al grito de Vivos se los llevaron, Vivos los queremos y Fue el Estado, en referencia también a los casi 36,000 desaparecidos que se acumularon en México en los últimos 11 años. Al grito de Ya estamos hasta la madre, El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad liderado por el poeta Javier Sicilia, en 2011, cuestionó la fallida estrategia de combate militar al narco, al empoderar y dar voz a las víctimas de la guerra interna, antes consideradas como meros daños colaterales en el discurso oficial.

Otros gritos de indignación fueron en 2012 el #YoSoy132, un movimiento de jóvenes para la democratización de los medios y contra la imposición mediática del candidato Peña, y el Yo Soy Autodefensa del 2013, dolor del movimiento fundado por el doctor José Manuel Mireles, líder de grupos de autodefensas armados en Michoacán que con su ya no quería decir que ya no se podía vivir así, entre el crimen organizado y un estado coludido, y que hacía falta una defensa ciudadana legítima. Según Ameglio (2014), “todos estos gritos son herederos de los grandes gritos de 1994, la madre de todos los gritos de indignación universal, que es el ‘ya basta’ del Ejército Zapatista de Liberación Nacional; y yo diría también el del 2006 mexicano, que es el ‘voto por voto’, un grito verdaderamente masivo”, en referencia al movimiento que acompañó al candidato presidencial progresista Andrés Manuel López Obrador en la denuncia de un fraude electoral, de la victoria espuria de Felipe Calderón, y en su lucha por el recuento total de las boletas.

Para reivindicar reconocimiento y dignidad, verdad, justicia y el derecho a la búsqueda, nacieron muchos colectivos de familiares de víctimas de desaparición y buscadores de personas desaparecidas que, retomando la tradición de organizaciones históricas de las décadas de 1970 y 80, como Eureka, Afadem (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos) o Hijos México, crearon grupos que impactaron en la agenda política, en los medios y en el imaginario: por ejemplo, Fundec (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, desde 2009), Los Otros Desaparecidos de Iguala, desde 2014, Las Rastreadoras del Fuerte de Sinaloa, desde 2015, Colectivo Solecito de Veracruz, desde 2015, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que aglutina a unas setenta organizaciones desde 2015. En este contexto, los DH han tenido una posición central pero ambigua, pues se han incorporado tanto al repertorio de lucha de los movimientos sociales, de manera reivindicativa y emancipatoria, como al discurso oficial y a la legislación de rango secundario y constitucional, tras la reforma del 2011, cristalizando así una tensión entre el proceso de burocratización, judicialización y control estatal de los DH y su apropiación normativa y social con fines de denuncia, defensa y cumplimiento concreto.

El movimiento #YoSoy132 es un caso relevante por el papel de los jóvenes y la herencia que ha dejado. Surgido en mayo de 2012 a partir de una protesta en la privada Universidad Iberoamericana contra el candidato puntero en las encuestas para las presidenciales mexicanas de ese año, Enrique Peña Nieto, el movimiento fue trascendente y especial, ya que, después del movimiento del 68 y de las grandes huelgas de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1988 y 1986, constituye la gran irrupción masiva de los jóvenes en la vida política nacional en el siglo XXI y se da dentro de un despertar global juvenil que va desde las primaveras árabes de 2010 y 2011 o el renacimiento del movimiento estudiantil en Chile hasta las movilizaciones de los indignados en España y Occupy Wall Street en Nueva York en 2011. El #YoSoy132, aun con sus especificidades del contexto mexicano, se coloca dentro de una ola mundial de resistencia al modelo neoliberal de mercado que, asimismo, expresa un sentimiento antiautoritario, un rechazo a las élites tradicionales, a las desigualdades, a la exclusión y a la degradación de las condiciones de vida de la población, particularmente de las nuevas generaciones (Medina, 2012, p. 2). Destaca Saavedra (2012, p. 40) que “la apuesta de los movimientos de protesta consiste, entonces, en influir, por medio de acoplamientos estructurales, en los medios de masas para colocar su tema en la atención de la opinión pública”, o sea, “mantenerse visibles”, lo cual es una de las características que los jóvenes que se adhirieron al #YoSoy132 tuvieron desde un principio. De hecho, el movimiento nació y se difundió masivamente desde el 14 de mayo gracias a un video de YouTube en que 131 estudiantes de la universidad Iberoamericana, quienes habían participado tres días antes en el acto de protesta contra el candidato presidencial del viejo partido hegemónico PRI, declaraban al mundo, mostrando su credencial de estudiantes, que no eran acarreados o falsos universitarios, como la maquinaria propagandística del PRI había hecho creer a la opinión pública, sino que estaban allí por sus convicciones a favor de la democratización de los medios de comunicación y contra la imposición mediática de Peña a la presidencia que se estaba consumando. Los jóvenes de México que se solidarizaron durante meses y articularon la lucha, mediante un mix de marchas y repertorios de acción creativos y tradicionales a la vez, empezaron, así, a decir “Yo Soy 132”, el que sigue al estudiante número 131. La nueva irrupción juvenil en la vida pública mexicana fue favorecida por la oportunidad abierta de la coyuntura electoral y las divisiones en las élites en su lucha por el poder, además de la torpeza del candidato Peña, quien había sido cuestionado y no supo hacer autocrítica sobre el desproporcionado uso de la violencia en un operativo que él mandó hacer en San Salvador Atenco cuando era gobernador del Estado de México, y fue reforzada por la creatividad y las formas pacíficas de la movilización, especialmente mediante el uso de nuevas tecnologías de comunicación e información y redes sociales (Ramírez Zaragoza, 2016, pp. 375-377).También por estas razones se ha llamado al #YoSoy132 “primavera mexicana”, por sus semejanzas con las llamadas “primaveras árabes”, en las que las redes sociales fueron fundamentales en la ampliación de la participación y la sentido de pertenencia, así como en la difusión y alcance de sus acciones colectivas (Medina, 2012, p. 9). El #YoSoy132, aun tras su declino a finales del 2012, ha dejado una herencia importante:

El movimiento, luego de las elecciones (1º julio) y de la ratificación del triunfo del candidato priísta por el Tribunal Electoral (31 agosto), ha experimentado un reflujo en su espectacularidad social (protesta callejera), lo que podría considerarse como el inicio de su disolución. No obstante, existen elementos que lo proyectan -con las especificidades que lo caracterizan- más allá de la coyuntura electoral para seguir siendo un actor sociopolítico que marque pauta a la agenda de la institucionalidad política mexicana. Es decir, el #YoSoy132 proyecta al sujeto juvenil como un actor relevante, ya no sólo en términos demográficos y electorales, sino como subjetividades diversas en construcción con un gran potencial movilizador de energías en torno a la transformación de las prácticas tradicionales del sistema político asociadas a la corrupción, el abuso de autoridad, la impunidad y el control que ejercen los poderes fácticos (Medina, 2012, p. 10).

Inclusive, es posible interpretar el resultado electoral de AMLO, ganador con casi el 54% de las preferencias en 2018, como candidato “antisistema”, anticorrupción y a favor de los excluidos, entre los cuales están los jóvenes, en el sentido de que supo catalizar el descontento popular en general, pero sobre todo el voto joven, pues la mitad del patrón electoral se compone de personas menores a los 39 años de edad y AMLO registró los más altos niveles de aprobación en las encuestas preelectorales en la población menor de 29 años (Villegas, 2018).

Finalmente cabe destacar que existe una paradoja entre la expansión en el reconocimiento de derechos, por los que luchan los movimientos sociales, revitalizados en 2012 y 2014 por movimientos de carácter juvenil y variado en términos sociales como el #YoSoy132 y el de apoyo a los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y la violencia generalizada, y es plausible que el auge del crimen organizado sirva como factor de regulación del cambio social emergente y las acciones colectivas contenciosas, llegando a revertir los efectos de algunas reformas que formalmente ampliaron los derechos sociales, económicos y políticos (Hincapié, 2015). En efecto, el reconocimiento legal y la incorporación institucional de los DH parece tender a la neutralización de su potencial transformador y de lucha, al hacerlos parte de un dispositivo jurídico, sobre todo si hay mecanismos y poderes fácticos que los limitan. Más allá de la actuación represiva del crimen y la violencia, con referencia a las reformas estructurales aprobadas en 2013 en México, “el capitalismo por desposesión está acotando los DH en la definición misma de cuáles deben ser estos derechos y cuáles no lo son (aunque lo sean), quiénes son los sujetos que los violan y preservan y quiénes no lo son, y de ahí evaluar las responsabilidades. Bajo una visión universalista y (neo)liberal, el mercado pugna por seguir acoplándolos a sus intereses y necesidades” (Celorio, 2015: 67).

Al acercarse a la desigualdad y la violencia, al conflicto armado, a las violaciones de los DH y a las acciones colectivas que surgen de estos agravios, factores en los cuales el sector joven representa un elemento clave, las ciencias sociales necesitan un replanteamiento de métodos y perspectivas. Al respecto, la historia oral tiene un potencial importante para rescatar las voces silenciadas e, inclusive, generar cambio social e imaginarios alternos. Lo siguiente, sin la pretensión de agotar el campo de estudio pero sí de señalar algunas pistas, constituye un esfuerzo de recopilación en este sentido.

Historia oral y crisis de derechos humanos

En México, aún escasean los trabajos académicos sobre las voces silenciadas de la crisis de DDHH y el conflicto interno, pero abundan los trabajos periodísticos y divulgativos que, en ciertos casos, son insumos importantes para sucesivas investigaciones. Un ejemplo es el libro Historia oral de una infamia. Los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa del periodista John Gibler (2015), una contribución única hasta la fecha, con testimonios de los sobrevivientes de la desaparición masiva forzada de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, Guerrero, la noche del 26-27 de septiembre de 2014: al entrelazar testimonios con maestría tejedora, el autor evidencia la relación entre narraciones individuales y macro-estructuras, entre la desaparición forzada como estrategia de terror y los poderes legales e ilegales que la implementan. El libro sugiere claves de lectura ignoradas por la investigación oficial y constituye una buena materia prima sobre el caso. Asimismo, la novela de Tryno Maldonado (2015), Ayotzinapa 43. El rostro de los desaparecidos, se escribió en el campo, pues el autor vivió cuatro meses en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y representa una narrativa contra el olvido de gran valor histórico y analítico, aunque no se concibió como un documento académico sino literario.

A partir de 2011 el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se organizó en torno a la figura del poeta y periodista Javier Sicilia y logró una visibilidad internacional imponente, al conformar un movimiento que supo nombrar y dar voz a las víctimas de la narcoguerra y las violencias pública y privada, empoderándolas y permitiendo el rescate de las versiones silenciadas por un gobierno y una opinión pública sumidos en retóricas belicistas y de criminalización de las víctimas y de los jóvenes del país (Bataillon, 2015). El movimiento también influyó en la agenda legislativa, impulsando la iniciativa de la Ley de Víctimas y después las iniciativas y protestas para su implementación, financiación y perfeccionamiento.

Ante esto las potencialidades de la historia oral, un método adecuado para considerar la voz de los sin voz, la historia desde abajo (Sharpe, 2003) y la historia viva en la memoria, pueden aprovecharse tomando como referentes naturales los trabajos sobre el conflicto colombiano (Novoa y Escamilla, 2017) y la dictadura en Argentina (1976-1983) (Gudelevicius & Menendez, 2008; Delgado, 2006). En México los trabajos académicos de la antropóloga Robledo (2017) sobre la lucha por el reconocimiento y la búsqueda de los familiares de desaparecidos en Tijuana ante el agravio, a raíz de la escalada de violencia y la guerra al narco después de 2007, son un antecedente destacado y analizan el duelo como proceso sociopolítico y motor de la acción colectiva con base en un extenso trabajo de campo iniciado en 2007. En Tijuana y en varios movimientos de víctimas, es válida la aseveración de Wallerstein:

no se puede decir que sea el grado de opresión. Ante todo, éste suele ser una constante y por consiguiente no explica por qué las personas que se movilizaron en Tiempo Dos no se habían movilizado en Tiempo Uno. Además, con mucha frecuencia la represión aguda funciona, impidiendo que los menos audaces estén dispuestos a participar activamente en el movimiento. No, lo que moviliza a las masas no es la opresión, sino la esperanza y la certeza –la creencia en que el fin de la opresión está cerca y que un mundo mejor es realmente posible” (Wallerstein, 2002:29).

Sobre el olvido social o institucionalmente conveniente sobre la desaparición forzada en la época de la Guerra sucia (1968-1982), que inauguraron la movilización de familiares, Oikión (2016) señala que “el silencio y el olvido han sido utilizados por el Estado mexicano para edificar una narrativa oficial que desvanece y suprime el periodo de la lucha armada de los grupos de autodefensa guerrillera de los años sesenta y setenta del siglo XX en Guerrero; dicha narración difumina y encubre la represión y el terrorismo al fueron sometidos no sólo sus militantes sino comunidades enteras”: la frase encaja en el contexto actual y abre pistas para la investigación y la reconstrucción de la memoria contra ese olvido.

Sobre la década de 1970, cuando en Latinoamérica se extendió la práctica de la desaparición forzada como violencia política de Estado, hay, desde luego, muchos trabajos, pero algunos pueden aportar más al entendimiento del caso mexicano. El de Crenzel (2010), que rescató entre vecinos del Hospital Posadas en la provincia de Buenos Aires las memorias sobre violencias de Estado y desapariciones en la dictadura militar, cuando el Hospital funcionó como Centro Clandestino de Detención y allí convivieron las actividades de cuidado de la salud junto a torturas y asesinatos. El texto ahonda en los nexos entre sociedades civiles y regímenes en los que se cometieron violencias extremas y pretende contrastar el discurso oficial que afirma, a partir del informe Nunca más de 1984, elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) instituida por el Presidente Raúl Alfonsín, la ignorancia y ajenidad de la sociedad argentina acerca de las desapariciones forzadas, que es un proceso evidente hoy en México. Según el mismo enfoque, otros autores han estudiado crímenes de lesa humanidad, el régimen de terror, las ejecuciones masivas y las violaciones a DH en la Alemania nazi (Johnson & Heiz‑Reuband, 2006) y en la Polonia dominada por los nazis (Browning, 1992), el tema de la información y la censura acerca de la “Solución Final” de Hitler (Laqueur, 1980) y el conflicto armado interno y la política de reconciliación en Perú (Theidon, 2004).

Otras investigaciones, útiles para la realidad mexicana actual, se centran en los modos de normalización del terror y de deslinde de perpetradores e individuos ajenos a los hechos, a través del proceso de culpabilización de las víctimas, análogo al de criminalización (Malamud, 2000); o bien, se enfocan en los modos de adaptación de la sociedad civil durante la dictadura argentina (Vezzetti, 2002) y en la percepción de sus crímenes en la opinión pública, según el nivel de legitimidad que tenía el régimen en un momento determinado (Novaro & Palermo, 2002).

Destaca, asimismo, la presencia simultánea de un saber y no saber, de una suerte de negación social de algo que no podía, realmente, ocultarse o ignorarse: el sistema de detenciones ilegales y desapariciones (una “experiencia de campo de concentración”) (Pollak, 1990) que la sociedad “eligió no ver” (Calveiro, 1995) o del cual no “tomó conciencia” (Piaget, 1985). La negación (Cohen, 2001) de lo ocurrido es recurrente asimismo en testimonios de familiares de desaparecidos mexicanos. Finalmente, cabe destacar el proceso de adquisición y procesamiento del conocimiento, basado en nexos de causalidad, ideas y representaciones, estructuras, prácticas sociales y valores que explican y dan sentido a la realidad (Mannheim, 1993) y en los marcos sociales de las memorias individual y colectiva (Halbwachs, 2004; Huici, 2002; Green, 2004).

Ante estas dinámicas, las víctimas y la población han recurrido tanto a formas de acción colectiva como de resistencia y afrontamiento, siendo éste un conjunto de “procesos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” (Lazarus y Folkman, 1986:164).

¿Cómo fueron afectados los ciudadanos comunes en México por la violencia derivada de la guerra contra el narcotráfico, emprendida por Felipe Calderón durante su sexenio? Es a partir de esta pregunta central que arranca el trabajo de investigación de Bautista (2017), titulada El murmullo social de la violencia en México, sobre los cambios profundos en la vida cotidiana de millones de mexicanos y mexicanas que no aparecen en los registros de víctimas, asesinatos y desaparecidos de los últimos once años pero son afectados y han desplegado tácticas mínimas de supervivencia frente a la violencia y las desigualdades crecientes. Desde la perspectiva de la comunicación y el análisis del discurso y con el auxilio de las categorías de experiencia, murmullo social y táctica/estrategia, la obra, única por su profundidad en la temática tratada y la metodología utilizada, explora las experiencias vividas por las personas en el contexto de la narcoguerra y sus formas de responder ante él, a través de la recuperación del punto de vista de los sujetos, vertido en testimonios mediante entrevista en profundidad (Bautista, 2017:11-12).

A partir de los ejemplos y del estado del arte mencionados, aparece más claramente la potencialidad de la historia oral,  hacia la cual aumentó el interés académico desde distintas ciencias sociales en el último cuarto del siglo pasado, de la mano con la emersión del enfoque de la historia del tiempo presente (o historia inmediata o reciente): éste explota plenamente la posibilidad de entrevistar a informantes y testigos directos de la historia y, aunque la fuente generada representa recuerdos y percepciones narradas de los acontecimientos, se abre una importante opción epistemológica para trabajar con la memoria, develando la conexión e interacción entre la memoria individual y la colectiva, confrontando relatos y experiencias del pasado y posibilitando así “el estudio de la relación entre historia y memoria” (Sauvage, 1998:17) para la construcción de un nivel micro esencial para la mejor comprensión de estructuras, mecanismos y motivaciones en la historia.

Entonces, la importancia de rescatar el relato oral y otras fuentes distintas para la historia, sobre todo la social, para reescribirla en parte o ponerla en tela de juicio, viene siendo fundamental para toda América Latina, un territorio de contrastes e historias olvidadas, en el cual no sólo los códigos escritos y los grandes acontecimientos registrados están “capacitados” para describir y desentrañar la realidad, sobre todo en lo que se refiere a los sectores marginales de la sociedad: es ésta la visión de “historiadores comprometidos con nuestro tiempo y espacio”, tal como la detalla la misión de la Red Latinoamericana de Historia Oral (RELAHO, 2013). La concepción presentista, en evolución a partir del último tercio del siglo XX, impactó en la manera de hacer y estudiar historia, por lo que un momento importante fue la fundación en 1978 en París del Instituto de Historia del Tiempo Presente por auspicio de François Bédarida. El historiador del tiempo presente por un lado comparte ciertos métodos y técnicas con los periodistas y con otros científicos sociales, pero por otro cuenta con elementos propios y su “presentismo” no se reduce a la redacción de una nota sino a la construcción de un sentido profundo de la historia reciente, hecha mediante el uso más intenso de fuentes orales y del método de la historia oral, la reintroducción de la longue durée en el contexto del tiempo presente, la develación de las conexiones entre vida cotidiana y persistencias o continuidades, los acercamientos comparativos y multidisciplinarios que permiten trabajar con las demás ciencias sociales  (Bédarida, 1998).

A manera de conclusión 

Para la historia oral y el enfoque de la historia del tiempo presente en que muchas veces se inscribe, “el deber del historiador es no dejar esa interpretación del mundo contemporáneo a otros, bien sean los media o los periodistas (por no hablar de los propagandistas), o bien las otras diversas ciencias sociales” (Bédarida, 1998:23). Una cita permite elucidar la pista metodológica que aquí se plantea para el uso de la historia oral en el estudio y el rescate de la memoria de las violaciones a los DH, en un contexto de violencias y mayores desigualdades que en México repercuten particularmente contra la población joven y de las capas más humildes:

El trabajo con relatos de vida de grupos familiares de desaparecidos nos permitió reflexionar, en primer lugar, sobre dos dimensiones de la memoria, la individual y la colectiva y el modo en que éstas se articulan en la trama social. Los procesos de la memoria son sociales, es decir, la gente recuerda solamente los acontecimientos que ha repetido y elaborado en sus discusiones con otros. Como planteara Maurice Halbwachs, es en la sociedad donde la gente adquiere sus memorias. Es también en la sociedad donde ellos vuelven a recordad, reorganizar y localizar sus memorias. Sin embargo, como los testimonios están construidos no sólo por hechos históricos sino fundamentalmente por el impacto que esos hechos han tenido, las experiencias extremas nos permiten reflexionar sobre la necesidad de que la historia recupere tanto los hechos del pasado como su representación. Además, permite a los testigos revelar a todo el mundo el daño que sufrieron en silencio (Gudelevicius & Menendez, 2008:18).

Yendo más allá de los datos agregados y cuantitativos, para acercarse a estas realidades sociales y las crisis que está experimentando una generación entera, que forman un verdadero rompecabezas de experiencias traumáticas, de memorias y de respuestas individuales y colectivas, se ha planteado la opción de trabajar con metodologías cualitativas de investigación. En especial, se ha destacado la historia oral como soporte para la construcción de una historia del tiempo presente que sepa mediar entre la inmediatez y sucesión masiva de la información y de las versiones oficiales, para no dejar sólo al periodismo y al discurso emanado desde el poder, que a menudo criminalizan a la juventud y a las víctimas en general, la tarea de construir fuentes históricas y elaborar narrativas sobre la historia reciente. Ésta inevitablemente estará marcada por coyunturas y estructuras que han de ser develadas, analizadas, interpretadas y organizadas en un constructo creador de sentido para todos los actores sociales involucrados en la restitución de una memoria histórica que sirve a los jóvenes de hoy y de mañana. Mediante el compromiso con los sujetos que en México, pero también en otras regiones de Latinoamérica, viven, reflejan y condicionan los procesos sociales relacionados con la defensa de los derechos humanos, es como las ciencias sociales pueden contribuir a comprender y reconstruir el tiempo presente, ante la creciente complejidad y heterogeneidad de fenómenos, actores, causalidades y posibles explicaciones.

Cabe mencionar, sin pretensiones de exhaustividad, también el tema del afrontamiento, concepto de la psicología social que se refiere a acciones y pensamientos para el manejo de situaciones difíciles y se define como como “aquellos procesos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/ o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” (Lazarus y Folkman, 1986:164). La historia oral, frente a violaciones de derechos humanos, violencias y desigualdades, puede actuar como mecanismo de afrontamiento.

Tras acontecimientos colectivos altamente traumáticos hablar, compartir con los demás la experiencia, sentimientos e información tratando de buscar comprensión y conocer otras formas de abordar los hechos, fomentaría la percepción de gratificación individual en base a la vivencia de afectos positivos y de integración social, mejorando también las creencias en torno a uno mismo (Páez & Campos, 2009:317).

Finalmente, la reconstrucción de la memoria histórica es un componente del bienestar sicosocial porque identifica los responsables; considera daños y pérdidas de seres humanos y bienes significativos; recuperar las biografías de víctimas directas e indirectas, junto a su dignidad, y las conceptualiza como sujetos de derechos vulnerados por otros; crea vínculos con personas que han vivido algo parecido y comprensión sobre las respuestas a una violación de DH como búsquedas y reacciones normales ante eventos que no debería sucederle a nadie; apoya en la narración del conflicto, en aliviar la carga del silencio mediante procesos de duelo y olvido (Sánchez, 2009:68-69).

 

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