Manchada de rojo está la frontera

Por Marina Libera, publicado en Desinformemonos

Después de haber recorrido más de mil kilómetros llega a la Ciudad de México la caravana migrante que salió de Tapachula, Chiapas, el pasado 23 de octubre. Es el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe según la tradición católica. La intención de las personas migrantes, en buena medida familias centroamericanas, es llegar esa misma noche a la Basílica de Guadalupe para agradecer haber llegado vivas y en buen estado a pesar de las interminables dificultades enfrentadas. Tras 50 días de camino bajo el sol y la lluvia, a través de retenes y operativos de contención por parte de las autoridades federales, Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional, las personas migrantes son recibidas con golpes y gases lacrimógenos por policías antimotines de la Ciudad de México.

Han pasado sólo tres días desde que un tráiler con 159 personas migrantes, por la mayoría guatemaltecas del Quiché, se ha volcado en una curva en la autopista Chiapa de Corzo–Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: 55 personas han muerto y 104 han sobrevivido, reportando heridas múltiples y graves. Frente a la conmoción de una parte de la comunidad nacional y a la atención de la prensa internacional, el presidente AMLO expresa su dolor por los hechos y envía un abrazo fraterno a los familiares de los que perdieron la vida en el accidente, asegurando: “eso es lo principal, duele mucho cuando se dan estos casos”. Pero “estos casos” se han dado y seguirán ocurriendo, replican las organizaciones de la sociedad civil involucradas en la defensa de los derechos humanos, justo en consecuencia de la militarización de la política migratoria mexicana que ha obligado a las personas migrantes a tomar opciones y rutas cada vez más peligrosas y controladas por traficantes de personas que actúan en complicidad con autoridades corruptas.

De hecho, ambos eventos derivan de un proceso gradual de externalización fronteriza, desde el sur estadounidense hacia el sur de México y los países de Centroamérica, bajo la presión del gobierno de Estados Unidos y con el principal objetivo de desalentar las solicitudes de asilo en el país de destino. Tal y como ha ocurrido con las fronteras europeas, con la subcontratación de los controles fronterizos a varios países de África y Medio Oriente y el Este de Europa, como Turquía, Libia, Níger y Bielorrusia. El gobierno represivo de las migraciones se replica de manera parecida en diferentes áreas del mundo.

El comienzo de este proceso en el corredor Centroamérica-México-Estados Unidos remonta a las medidas de vigilancia fronteriza y contención migratoria que Estados Unidos puso en marcha desde los años ochenta y noventa del siglo XX. La nueva doctrina de “seguridad nacional” se difundió en México a partir de los años 2000, a través de dispositivos legales para la implementación de apoyo económico, asistencia técnica en inteligencia, presencia militar y policiaca, tales como: el Plan Sur (2001), la Ley de Seguridad Nacional (2005), el acuerdo por el que se reconoció al Instituto Nacional de Migración como instancia de seguridad nacional (2005), la Iniciativa Mérida (2008), el Programa Nacional de Seguridad Pública (2014-2018), el Programa Frontera Sur (2014).

Además, a partir del 2019, frente a las amenazas del presidente Trump de imponer 25 por ciento de aranceles a las importaciones mexicanas si no se contenía la migración irregular, el gobierno mexicano se comprometió a reducir los flujos migratorios mediante el despliegue de 21 mil elementos de la Guardia Nacional a resguardo de las fronteras norte y sur. Este largo proceso de cierre fronterizo se ha consolidado definitivamente con las medidas de control sanitario y las restricciones que el gobierno ha establecido para al tránsito terrestre no esencial, tanto en la frontera norte como sur, en línea con medidas internacionales de contención de la propagación del Covid-19.

La presencia imponente de militares que operan en conjunto con los agentes de Migración ha hecho que México pasara de ser un país de tránsito para las personas migrantes, a ser un muro de contención, un país de espera forzada y deportación. La ciudad fronteriza de Tapachula, puerta de ingreso principal para recorrer la ruta costera desde la frontera con Guatemala hacia el norte del país, se ha recientemente convertido en una ciudad cárcel y, conforme se restringe la posibilidad de avanzar en grandes grupos como de recurrir a vías de regularización, los flujos migratorios se desplazan desde la costa hasta rutas más internas e inseguras.

La caravana que partió de Tapachula el 23 de octubre es la primera que ha logrado avanzar hasta la Ciudad de México, después de una serie de intentos reprimidos violentamente dentro del límite del estado de Chiapas, por agentes del INM y GN. Entre finales de agosto y el inicio de septiembre, miles de haitianos intentaron irrumpir el cerco de Tapachula, donde se encontraban atorados hace meses y semanas. Aquí vivían en esperas interminables por conseguir una cita en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) o por una resolución a su trámite como visitante por razones humanitarias ante el INM, en condiciones de falta de información y racismo sistémico, en constante riesgo de deportación por las frecuentes redadas de las autoridades migratorias, además de la dificultad de encontrar trabajo, retirar dinero y tener que pagar elevadas rentas aun en condición de hacinamiento. La disolución de estas “caravanas haitianas” ha sido extremadamente impactante por la dureza de la represión, el uso de estrategia de persecución y tecnología militar, la más descarada violación del derecho tanto nacional como internacional, la criminalización de observadores de derechos humanos y periodistas. Estos últimos han testimoniado el uso de drones y cercamiento masivo de la GN con armas largas, niños y niñas separados con la fuerza de sus padres, capilares cacerías de migrantes en fincas y casas privadas, deportación y detención de personas refugiadas y en poseso de tarjetas humanitarias, abandono forzoso de personas migrantes en zonas fronterizas alejadas y silvestres.

Actualmente Tapachula sigue siendo una cárcel a cielo abierto, en la que se ha ocultado el fracaso humano de una política de contención forzosa mediante el desplazamiento de la población migrante desde el centro histórico hasta la periferia de la ciudad. Todavía el 11 de diciembre aproximadamente 3 mil personas haitianas, entre ellas muchas familias con menores, se encontraban hacinadas y abandonadas entre cúmulos de basura en la explanada del Estadio Olímpico, sin información ni acceso a servicios básicos, como agua potable, comida y servicios médicos. Otras personas más dormían en una carretera cercana, en la interminable espera de autobuses gestionados por el INM que, a cuentagotas, las trasladaba en diferentes estados del país. Todavía no existe comunicación oficial del destino de estos viajes y, solo gracias a testimonios directos de las mismas personas migrantes y de algunas organizaciones de la sociedad civil que han empezado a denunciar, surge un panorama de abandono total de las personas en las calles de diferentes ciudades o en instalaciones periféricas en completa incertidumbre y falta de atención, como es el caso del Polideportivo de Xonaca en Puebla1.

La militarización de Tapachula hizo prácticamente imposible emprender la ruta costera, a la que se accede cruzando el rio Suchiate. Para seguir el camino que desde la frontera con Guatemala lleva hacia el centro y norte de México quedan otras dos rutas principales, más internas, controladas por carteles y grupos delincuentes organizados en tráfico de personas en acuerdo con funcionarios corruptos. La segunda ruta es el corredor de la selva, que desde la frontera del Ceibo atraviesa Tenosique y Palenque. La tercera es el corredor central, que desde varios puntos fronterizos lleva a la zona de la sierra entre Comitán de Domínguez y San Cristóbal de las Casas. Desde las casas de seguridad donde son hacinadas las personas migrantes en estas rutas, el viaje sigue hacia diferentes puntos de la frontera norte.

Es justo en el corredor central que, el 9 de diciembre, se volcó el tráiler dejando ciento de personas heridas y 55 historias de vida cortadas, familias, amistades y comunidades duramente golpeadas. Según Rubén Figueroa, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano, “el costo que cobran los Carteles del Trafico de Personas, por cada espacio en un tráiler oscila en 5 mil dólares aproximadamente, en el tráiler accidentado trasportaban alrededor de 160 personas migrantes, lo que equivale a 800 mil dólares aproximadamente de ganancias al cartel”. El tráfico de personas en tráileres de carga es una realidad muy común en Chiapas, junto a los autobuses y la serie de autos que a diario salen del sur del país hacia la frontera con Estados Unidos.

Mas allá de las complejas estimaciones de lucros millonarios, es evidente que la militarización fronteriza y la disolución forzosa de las caravanas migrantes, que aseguran cierta protección a las personas que avanzan colectivamente, fortalece la actuación de redes de tráfico y trata en connivencia con autoridades de distintos niveles de gobierno. En efecto, las políticas migratorias aplicadas en el corredor Centroamérica-México-Estados Unidos privilegian la contención de la migración y no el combate a los grupos que cometen delitos contra los migrantes. Surge entonces una contradicción fundamental entre el discurso de los derechos humanos del presidente mexicano, que busca construir legitimidad en la sociedad nacional y foros internacionales, y el dispositivo de seguridad nacional, que asegura la atracción de recursos provenientes del gobierno estadounidense y alimenta el mercado de varios tipos de traficantes.

Finalmente, las y los 55 migrantes guatemaltecos han recibido un verdadero abrazo en una emotiva y sincera despedida. Desde el albergue del Peregrino, en la tarde del 14 de diciembre, salió la incansable caravana llegada dos días antes a la Ciudad de México, determinada a ocupar las calles de la capital para llevar su voz hasta las instalaciones del INM y denunciar públicamente el asesinato de migrantes en búsqueda de una vida mejor. Mas de 300 personas dignas, capaces de romper el cerco de Tapachula caminando desde 50 días como una única familia, ha marchado por las vías del lujoso barrio de Polanco para gritar su rabia frente a las oficinas de Migración, despedir sus compañeros y compañeras entre bailes, cantos, rezos, flores y velas, y finalmente prometer que su lucha va a seguir.

1 https://www.somoselmedio.com/2021/12/11/insiymexico-varadas-en-deportivo-de-puebla/

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