Desigualdad, poderes fácticos y movimientos de familiares de desaparecidos en México. El caso de Iguala – Fabrizio Lorusso y David Martínez Mendizabal (capítulo de libro)

 

 

trampas de desigualdad lorusso martinez[Artículo académico en español de: Lorusso, F. y Martínez M. D. (2019). “Desigualdad, poderes fácticos y movimientos de familiares de desaparecidos en México. El caso de Iguala”, en Calva, J.L. (coord.), Trampas de desigualdad y cambios de régimen, vol. 16 de la colección México 2018-2024. Nueva estrategia de desarrollo, México: Consejo Nacional de Universitarios por una Nueva Estrategia de Desarrollo-Juan Pablos Ed. ISBN 978-607-711-503-8 (ISBN de la colección entera: 9786077114741)]

Introducción

La categoría de los poderes fácticos se refiere a las facultades de algunos actores sociales en el ámbito de lo público que no están explícitamente reguladas en la ley y, según el Diccionario de la Real Academia Española, es un tipo de poder “que se ejerce en la sociedad al margen de las instituciones legales, en virtud de la capacidad de presión o autoridad que se posee; p. ej., la banca, la Iglesia, la prensa”. Se trata, entonces de poderes informales, derivados de las relaciones sociales, ejercidos de facto al margen de la ley para la defensa de un conjunto definido de intereses, de manera legal pero también ilegal, por individuos o agrupaciones como por ejemplo los patronatos, un grupo castrense o paramilitar, los movimientos sociales y las ONG, las empresas transnacionales, las bandas del crimen organizado, las televisoras, entre otros. La presencia de los poderes fácticos, el tipo y la fuerza de sus actividades e influencias inciden profundamente en la calidad de la democracia y depende del grado de resistencia y solidez institucional del Estado (Aceves, 2013, p. 271). En México, los modernos caudillos regionales, el ejército, el clero, los latifundistas, los empresarios nacionales y extranjeros constituyen “poderes reales”, en la definición que le dio Pablo González Casanova (1971, pp. 45-46), y a estos cabe agregar hoy las televisoras o, más en general, los consorcios mediáticos y los cárteles del narcotráfico. En un contexto de graves desigualdades y pobreza, determinado por un modelo de desarrollo excluyente, la relación entre los poderes fácticos, sobre todo los del narcotráfico, y las instituciones del Estado se ha vuelto perversa, ya que se ha pasado de la captura del Estado y la negociación a la colusión o compenetración entre la delincuencia organizada y una parte de los poderes públicos. El presente artículo es un acercamiento a la relación entre la desigualdad en México y la emergencia de poderes fácticos ilícitos que capturan al Estado y los sectores sociales más vulnerables los cuales, sin embargo, han logrado posicionarse como actores relevantes en la arena política gracias a su capacidad de respuesta y organización ante la escalada de violencia y violaciones a los derechos humanos en el país, a raíz de la llamada guerra al narcotráfico empezada en 2007. El caso de los colectivos de familiares de desaparecidos es representativo, ya que, gracias a la construcción de diferentes movimientos sociales y a una coyuntura particular, determinada por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y el dramático aumento de las desapariciones durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, han sabido colocar sus demandas en la agenda gubernamental y crear un movimiento nacional importante. El texto se divide en tres partes: la primera analiza la desigualdad y la exclusión como parte de un modelo socioeconómico y como caldo de cultivo para la erosión del tejido social y la emergencia de poderes fácticos como el narcotráfico; la segunda arranca de este diagnóstico y ahonda en la problemática de la desaparición forzada y por particulares, en las respuestas de la sociedad frente a este crimen y en el debate sobre la nueva Ley General en Materia de Desaparición; la tercera parte se basa en un trabajo de campo con entrevistas en profundidad en la ciudad de Iguala, realizado en 2017, aborda las principales condiciones y los mecanismos que, después de los hechos violentos del 26-27 de septiembre, influyeron en la realización de búsquedas ciudadanas de los desaparecidos, en la formación de la estructura, las primeras actividades y el imaginario del comité de familiares de Los otros desaparecidos de Iguala.

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Desigualdad, poderes fácticos y movimientos de familiares de desaparecidos en México.

El caso de Iguala.

Fabrizio Lorusso[1]

David Martínez Mendizábal [2]

  1. La desigualdad y la exclusión como factores propicios para la descomposición social.

La desigualdad social ha sido una característica constante en la historia remota y reciente de México; con trayectorias no lineales si se desglosan en las variadas desigualdades que la componen, su permanencia como constante estructural es contraria al enfoque de derechos humanos pues en el centro de la fundamentación de esta corriente de pensamiento, recientemente incorporada a la legislación mexicana, se encuentra la expresión social de la dignidad como elemento igualador y atributo constitutivo de toda persona.

La discusión sobre la igualdad como propósito explícito y vinculante para las acciones públicas ha sido retomada con más énfasis a raíz de la modificación del artículo 1º Constitucional en el 2011, de modo en la que los derechos humanos se elevan a rango constitucional y se especifican las obligaciones del Estado mexicano. Según lo asentado al inicio de la Carta Magna (DOF, 2016), todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, se obligan a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), considera que la igualdad “es un principio normativo y el horizonte estratégico del desarrollo y una condición central no solo para la superación de la pobreza, sino también para el goce efectivo de los derechos de toda la población (2016, p. 14)”.

La desigualdad de ingresos es un elemento sustantivo que se encuentra como factor principal para la explicación de otro tipo de desigualdades. La posesión de activos, de propiedades y de poder se encuentra asociada a la concentración del ingreso y es una condición de primer orden para la estratificación social y la diferenciación de clase.

Una mala lectura de las valiosas corrientes conceptuales relacionadas con la pobreza multidimensional podría dar como resultado una sub valoración de la influencia de un escaso ingreso en la vulneración de los derechos sociales y aunque no es la única desigualdad ni puede considerarse de forma mecánica como elemento explicativo del resto de las desigualdades, no cabe duda que se encuentra en el centro de las explicaciones sobre dos factores relacionados con el tema que nos ocupa: la oferta de trabajo que los grupos fácticos delincuenciales promueven en las poblaciones carenciadas, particularmente en el sector juvenil y las consecuencias de la precariedad en el tejido social en términos de descomposición y conflictividad.

La CEPAL sostiene al respecto que:

… las desigualdades que se manifiestan en los diversos ámbitos del desarrollo social en América Latina también están marcadas por los ejes de género, raza y etnia, así como por determinados momentos del ciclo de vida, como la infancia, la juventud, la vida adulta y la vejez. También son muy pronunciadas la heterogeneidad y las desigualdades territoriales en los países y en las zonas rurales y urbanas y entre estas (2016, p. 19).

Si cada derecho incumplido coloca a las personas y grupos frente a riesgos sociales diversos, el siguiente esquema condensa buen parte de las desigualdades sociales más importantes que caracteriza a la población mexicana:

 

 

Figura 1. Tipología de riesgos relacionados a derechos humanos incumplidos en México.

Fuente. Elaboración propia, basada en Asociación de Universidades Jesuitas de América latina (AUSJAL, 2011).

Del esquema anterior se observan los entrecruces que puede haber en un grupo de ingresos escasos, indígena, en proceso de envejecimiento, ubicado en una región alejada de los servicios públicos indispensables, en una zona de riesgo ambiental y cruzado todo ello con la desigualdad de género. O un joven, con ingresos escasos o desempleado, habitando en un sitio sin servicios públicos y lejos de su centro de trabajo y sin seguridad social.  La figura puede leerse de varias maneras desde el lente de los riegos y de la precariedad producto de la desigualdad.

La CEPAL y UNICEF tienen aportes interesantes al respecto a la desigualdad y su importancia para la sostenibilidad de nuestras sociedades:

Los elementos centrales de este eje son la estructura de la propiedad y la distribución del poder, de los recursos y activos productivos; una de sus manifestaciones más claras y evidentes es la desigualdad de ingresos, que constituye, a la vez, la causa y el efecto de otras desigualdades en ámbitos como la educación, la salud y el mercado de trabajo (CEPAL, 2016, p.18).

El origen del aumento de las desigualdades económicas en los últimos años parece remontarse a los decenios de 1980 y 1990, cuando el modelo neoliberal llegó a ser predominante en los países occidentales… subyacente a este viraje económico, la llamada teoría del goteo partía de la hipótesis de que, en última instancia, las poblaciones pobres y vulnerables sacarían provecho de la lenta filtración de los beneficios del crecimiento económico generados por las fuerzas del mercado (UNICEF, 2016, p.4).

Con respecto a la matriz de la desigualdad, la lógica gubernamental con la que se ha pretendido lograr el desarrollo social en México no ha variado significativamente en más de 30 años y está lejos de este enfoque de derechos. Aunque para el 2012 hubo alternancia política en la Presidencia de la República, el modelo de desarrollo dominante no varió, como tampoco cambiaron los vínculos con los poderes fácticos de la esfera económica, ampliamente beneficiados con la dinámica real del poder político.

Se evidencia una contradicción entre la modificación constitucional que obliga a adoptar en todos los ámbitos de la acción gubernamental un enfoque de derechos, sobre todo en la vertiente de los derechos sociales, y la lógica con que el planteamiento neoliberal pretende lograr el bienestar. Hay un acuerdo general sobre la bondad del enfoque de derechos pero no en el cómo lograrlo y esto incluye la postura sobre si las estrategias de acción pública deben estar dirigidas a la disminución de la desigualdad, afectando a los sectores que como se expone en los siguientes párrafos se han apropiado inequitativamente de la riqueza social generada durante décadas.

El énfasis puesto en este artículo sobre la desigualdad, implica una postura conceptual en donde los sectores empobrecidos y en general las y los excluidos sociales, se encuentran articulados estructuralmente, con un pequeño grupo que se beneficia de la desigualdad. El acaparamiento de unos cuantos, sea de privilegios, capital, oportunidades, posesiones –o todo junto-, provoca la escasez que vive el resto de la población.

La Ley General de Desarrollo Social le ha asignado al Consejo Nacional para la Evaluación del Desarrollo Social[3] (CONEVAL) la tarea de medir la pobreza, evaluar la política social y orientar las políticas públicas conforme a las recomendaciones que suele emitir periódicamente. De la medición por ingreso se ha transitado a la medición multidimensional por considerar que arroja una visión mucho más amplia de los diferentes tipos de pobrezas experimentadas por los grupos de mayor situación de precariedad en México, sin embargo, no ha dejado de insistir y documentar la relevancia del ingreso para comprender el bienestar o malestar de la población.

A contrapelo de las corrientes conservadoras que han gobernado el país durante los últimos decenios, el CONEVAL ha puesto énfasis no sólo en la reducción de la pobreza, sino que la vincula directamente con el problema de la desigualdad.

En su más reciente informe señala que:

México ha logrado numerosos avances en materia de desarrollo social en las décadas recientes…no obstante, el país aún enfrenta retos importantes como abatir el nivel de la pobreza extrema, reducir la desigualdad social y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales de las y los ciudadanos (CONEVAL, 2016, p. 21).

Sin desconocer los avances sociales reportados por el CONEVAL, el ritmo con el que se camina está muy por debajo de la magnitud del déficit los derechos sociales de la población y una de las razones radica en la ausencia de políticas públicas y privadas vinculadas a la disminución de la desigualdad. No se producen las mismas estrategias si las políticas públicas se establecen con propósitos compensadores –subir el nivel de vida de las y los marginalizados y empobrecidos- que si se adopta como premisa de la pobreza el desigual reparto de recursos, bienes y activos.

La desigualdad salarial en México agrupada por deciles, ha sido reportada consistentemente por INEGI, pero para el 2015, Esquivel (2015) hace un aporte inédito pues desmenuza en percentiles el proceso de acumulación de riqueza en México.

Este Informe de Esquivel, a diferencia de otros estudios exploratorios en donde se considera el comportamiento del decil de ingresos más alto de la población con base en la Encuesta de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH), indaga, sustentado en las cuentas nacionales, qué es lo que sucede en el 1% más rico de la población y los coloca en el contexto de los resultados de las privatizaciones ocurridas en el país durante las décadas de los ochenta y los noventa: “mientras el PIB per cápita crece a menos del 1% anual, la fortuna de los 16 mexicanos más ricos se multiplica por cinco” (Esquivel, 2015, p. 5).

El reporte de Esquivel tiene cinco consideraciones sustantivas para la explicación del comportamiento del ingreso y de los medios para apropiárselo [4]:

1ª         “México tiene un Coeficiente de Gini de 0.483, mientras que el promedio de … otros países es de sólo 0.404 … Al ordenar a los países por desigualdad ascendente, México ocupa el lugar 107 de una muestra de 132 países; es decir, 80% de los demás países tienen menor desigualdad… México está dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo”. (Esquivel, 2015, p. 11).

2ª         “Entre mediados de los noventa y 2010 disminuyó significativamente la desigualdad del ingreso en México, pero… la magnitud de la desigualdad en México es mayor de lo que era a principios de los ochenta” (Esquivel, 2015, p. 13).

3ª         “México es el país… en donde al 1% más rico le corresponde un mayor porcentaje del ingreso total (21%). En otros países, este porcentaje fluctúa en un promedio cercano al 10%”. (Esquivel, 2015, p. 15).

4ª         “Hasta 2002, la riqueza de los cuatro principales multimillonarios de México representaba únicamente alrededor de 2% del PIB mexicano. Sin embargo, a partir de 2003 inició un ascenso que para el lapso 2011-2014 alcanzó un promedio de 9% del PIB; es decir, 4.5 veces lo que representaba en los primeros años del periodo” (Esquivel, 2015, pp. 18-19).

5ª         “A partir de 1981 y 2012, la participación del capital en el ingreso nacional aumentó del 62% al 73% y la del trabajo disminuyó del 38% al 27%. Todo lo anterior favorece en 11 puntos porcentuales al ingreso nacional a favor del capital y a costa del trabajo… en una parte al menos, explica la creciente desigualdad del ingreso” (Esquivel, 2015, pp. 24-25).

Las fortunas de las cuatro personas con más riqueza en México están vinculadas a la privatización de bienes públicos como los sectores de las telecomunicaciones y la minería, lo que indica la estrecha relación entre las decisiones políticas y la acumulación de riqueza.

Las polarizaciones de las oportunidades de tener una vida buena hacen pensar que el camino por el que se transita actualmente no abatirá los problemas ancestrales, como por ejemplo, los observados en entidades como Guerrero.

Según CONEVAL (2017), el porcentaje de pobreza en esa entidad ha tenido la siguiente trayectoria: 67.6 en 2010, 69.7 en 2012, 65.2 en 2014 y 64.4 en 2016. Y en millones de personas: 2,330.0 en 2010, 2,442.9 en 2012, 2,315.4 en 2014 y 2,314.7 en 2016, es decir, del 2012 al 2106 aumentó el número de personas en situación de pobreza en Guerrero. Las políticas públicas y privadas contemporáneas no tienen respuestas adecuadas para disminuir la desigualdad ni abatir la pobreza. Se entiende entonces, el contexto social proclive a la intervención de los grupos fácticos –algunos delincuenciales- en razón al conjunto de carencias de una población desarticulada ante un Estado ausente, incapaz de asegurar los derechos de la población. La relación entre pobreza y delincuencia por supuesto no es mecánica, sino que se encuentra atravesada por mediaciones complejas, relacionadas con la organización social de base y el relajamiento de las instituciones responsables de la seguridad.

La polarización social ha provocado la incorporación de nuevas desigualdades a otras ya crónicas, conformando un panorama crítico para el cumplimiento de los derechos sociales y ha instalado entre otras, una preocupación por lo que Medina (2015) ha apuntado con contundencia: el neoliberalismo es el ambiente perfecto para el narco:

El problema del narco y sus actividades criminales asociadas, que generan un severo problema de violencia e inseguridad, se encuentran íntimamente ligados al modelo económico y político de México. No es un fenómeno contingente…sino es principalmente uno de orden económico y pro sistémico. En otras palabras, su florecimiento en los últimos años se ha nutrido de la lógica del modelo económico y contribuye en parte a su continuidad (s/p).

El orden simbólico y político, es conveniente puntualizar que el neoliberalismo como programa intelectual y como programa político no han eliminado al Estado, lo han trasformado de manera que facilite “las leyes, arreglos institucionales, criterios de política económica, fiscal…con el propósito de frenar y contrarrestar el colectivismo en aspectos muy concretos…hay una idea neoliberal de la economía, aspecto más conocido, pero también de la educación, de la atención médica y la administración pública” (Escalante, 2015, p. 18).

La desestructuración del Estado y su continua reestructuración fallida para atender los problemas de seguridad y violencia, la ruptura de las relaciones sociales en comunidades, colonias y comunidades, la impunidad, el ejercicio del poder por parte de grupos fácticos ante los vacíos y ausencias de la autoridad formal, la concentración del poder, del dinero y del capital y la individualización de la sobrevivencia son factores fundamentales para comprender el horizonte complejo de la vida de millones de mexicanos y mexicanas.

Lo asentado por Medina se relaciona también con la construcción de un contexto adecuado para las desapariciones, pues:

el capital que se pone en juego en el campo de las desapariciones forzadas en México es, por un lado, la eliminación radical de esa práctica horrorosa que supone un delito de lesa humanidad y, por el otro, su prevalencia en medio de la impunidad que favorece los mecanismos de explotación y despojo que realizan las grandes empresas trasnacionales en territorio nacional con la complicidad de ese entramado de intereses entre el crimen organizado y lo que algunos siguen llamando estado y que, de alguna manera, diremos los términos de esa ruptura institucional que hace prevalecer más los intereses de un campo de poder, que de un espacio social, de gente común y corriente que padece los efectos de más de 30 años de políticas neoliberales (Velasco, 2017, p. 21).

 

  1. País de desaparecidos: respuestas de la sociedad y Ley General en Materia de Desaparición

La crisis de seguridad y la erosión del tejido social que ha experimentado México en la última década están íntimamente relacionadas con los crecientes niveles de desigualdad, con las condiciones endémicas de pobreza y con un progresivo abandono de tareas y funciones por parte del Estado, coincidente con el planteamiento neoliberal del Estado funcional a la reestructuración de la economía, que según Edgardo Buscaglia va acarreando la profundización de vacíos de poder y debilidades institucionales, manifiestas en sistemas judiciales colapsados, altos niveles de impunidad, sistemas fallidos de control patrimonial y de prevención social de los delitos (Buscaglia, 2013). Este contexto es propicio para que la articulación de intereses entre el crimen organizado y los funcionarios públicos quede impune e, incluso, se refuerce a partir de un nuevo equilibrio de fuerzas en que los grupos de los poderes fácticos, especializados en el jugoso negocio del tráfico nacional e internacional de enervantes y también diversificados en más de 20 tipologías delictivas, adquieren el mando ante autoridades parcialmente cooptadas, infiltradas o corrompidas (Encinas, 2016, p. 27). Esto es particularmente evidente en el caso de violaciones graves a los derechos humanos como son las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y la desaparición forzada de personas.

La desaparición forzada de personas y la desaparición hecha por particulares, frecuentemente confundidas por los medios y las autoridades con los extravíos o los secuestros, son tipificadas en distintos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, pero tan sólo con la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en México, el 12 de octubre de 2017, se tipificaron de manera uniforme en todas las entidades, ya que antes cinco estados no contemplaban este crimen en sus códigos penales. La nueva Ley en su artículo 27 establece que

comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte o su paradero (Cámara de Diputados, 2017).

Las penas previstas son de 40 a 60 años de prisión para servidores públicos y de 25 a 50 años para particulares y se prevé la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, un Consejo Ciudadano, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y un Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas.

La inclusión de la desaparición cometida por particulares es relevante y tiene que ver con la naturaleza de este crimen que ha ido cambiando en el tiempo porque, si bien persisten las desapariciones cometidas por servidores públicos como policías o militares y las que se conciben como parte de un mecanismo de represión que impide la verdad y la memoria al ocultar el crimen y sus responsables en el contexto de conflictos sociales y políticos, también se han extendido modalidades diferentes, en que el actor principal es el crimen organizado, o mixtas, en que hay colusión de agentes estatales públicas con el hampa (Robledo, 2016, p. 94).

Los crímenes de desaparición de personas en México están profundamente relacionados con el deterioro de las condiciones de vida de la población y con el paulatino ascenso de los poderes fácticos del narcotráfico, y se han proyectado en la arena mediática internacional a raíz de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26-27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. El caso Iguala-Ayotzinapa sigue abierto, pues no ha habido ninguna sentencia condenatoria, y la comunidad internacional ve con preocupación el deterioro de los derechos humanos en México (Alto Comisionado DDHH ONU, 2015).

En 2011, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) también logró una visibilidad importante, al dar voz a las víctimas de la guerra a las drogas, la estrategia de combate militarizado al narcotráfico lanzada el 11 de diciembre del 2006 por el entonces Presidente de la República, Felipe Calderón (Bataillon, 2015). Un imponente movimiento social se organizó en torno a la figura del poeta Javier Sicilia, cuyo hijo Juan Francisco había sido asesinado por miembros del crimen organizado el 27 de marzo de 2011 en Cuernavaca. El MPJD consiguió visibilidad, presencia masiva en las calles del país y pudo influir en la agenda legislativa, impulsando la Ley de Víctimas ante el Congreso y el Ejecutivo, así como las propuestas para su mejoramiento (CNN, 2013).

La tasa de homicidios cada cien mil habitantes se había casi triplicado entre 2007 (8.24 cada 100,000 habitantes) y 2011 (23.88 cada 100,000 habitantes) (INEGI, 2011), mientras que en el discurso político dominante, en la mayoría de los medios de comunicación y en la opinión pública se había normalizado la retórica belicista del ejecutivo, la cual tendía a justificar la oleada de violencia como un mal necesario para ganar la guerra. Frente a ello, los familiares de decenas de miles de asesinados, desplazados, deportados, migrantes y desaparecidos, que habían sido definidos por el entonces titular de la SEDENA como daños colaterales de la guerra a las drogas (Ballinas, 2010), estaban reivindicando el derecho a unirse y a pedir que sus seres queridos no fueran llamados bajas o tachados de criminales o narcos por los medios de comunicación y las autoridades (Proceso, 2011).

Los ataques, a veces mortales, contra varios militantes, el agotamiento fisiológico del empuje inicial, tras el regreso del PRI a la presidencia en 2012, contribuyeron a un progresivo repliegue del MPJD que, sin embargo, ha legado al país muchos movimientos, nuevos discursos y prácticas para la defensa de los derechos humanos (Ballinas, 2016) que componen el cuadro de la lucha para obtener justicia, verdad y reparación del daño, así como para mejorar la Ley de Víctimas (Org, de la Soc. Civil y Colectivos de Familiares, 2016). Dentro de estos grupos, los de familiares de desaparecidos han ido adquiriendo mayor relevancia a raíz de la lucha de los padres y madres de Ayotzinapa.

Según datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), al corte del 31 de julio de 2017 la cifra acumulada de desaparecidos en México era de 33,382, de las cuales 32,277 del fuero común, responsabilidad de las fiscalías estatales, y 1,105 del fuero federal bajo responsabilidad de la PGR (RNPED, 2017). El 73,7% son de sexo masculino y el 26,3% femenino, el 41% tiene entre 15 y 29 años de edad, las entidades con más casos son Tamaulipas con 5,943, el Estado de México con 3,832 y Sinaloa con 2,852 y no hay ningún estado que esté exento del fenómeno (CNN Español, 2017; La Jornada, 2017, p. 5). Según la red de más de 70 organizaciones que conforman el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, sólo 2 de cada 10 desapariciones llegarían a denunciarse y a incluirse en las cifras mencionadas anteriormente, mientras que otros colectivos de familiares estiman una cifra negra del 50% de los casos y denuncian, al respecto, la grave falta de información sobre los migrantes centroamericanos desaparecidos (Miranda, 2017). Pese al incremento constante del número de casos y de las denuncias por secuestro y desaparición, según documentó Amnistía Internacional, no se ha dictado sentencia alguna por desaparición forzada cometida entre 2006 y 2015 (Amnesty International, 2015, p. 9).

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada y por Particulares es producto del esfuerzo de decenas de colectivos de familiares de víctimas y pretende subsanar en parte los vacíos legales e institucionales antes señalados. La norma llega a substituir todas las leyes estatales y federales sobre desaparición de personas y reconoce el delito como extremadamente grave, permanente e imprescriptible (Expansión, 2017). El texto fue elaborado por los legisladores en colaboración con los colectivos de familiares, entre los cuales destacan los más de 70 del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, nacido en marzo de 2015 para incidir en materia legislativa (Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, 2015), y su aprobación parlamentaria recibió los elogios de organizaciones como Naciones Unidas, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), Amnistía Internacional y Cruz Roja. La mayoría, sin embargo, señaló que sólo se trata del primer paso, que los patrones estructurales y la impunidad detrás de las desapariciones siguen vigentes y que mucho dependerá del presupuesto para su aplicación (Olivares, 2017, p. 6).

Según las quince organizaciones de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, que surgió en 2010 por iniciativa de defensores de derechos humanos, como el Comité Cerezo, y de familiares, como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, entre otros, para pedir la restitución con vida de los desaparecidos y trabajar en una ley que prevenga, erradique y castigue estas violaciones, el balance de la Ley es positivo pero insuficiente. Sostienen que el Estado promovió un texto en que todavía se garantiza impunidad a los perpetradores, se amputaron las demandas de las víctimas y se les amenazó con que si la Ley “no era legitimada por las familias, no se aprobaría nada” (Comité Cerezo, 2017).

La Campaña, con base en estándares internacionales, pide que se incluyan: un registro de víctimas de desaparición forzada y no sólo de desaparecidos en general; castigos específicos para superiores jerárquicos de servidores públicos que cometan materialmente el delito, como lo mandata el artículo 6 de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada; un mecanismo integral de búsqueda de personas desaparecidas y de investigación de casos, no una simple Comisión con atribuciones generales; la creación de un Instituto Autónomo de Ciencias Forenses como órgano independiente, y no tan solo un Banco Nacional de Datos Forenses que reúne los servicios forenses de las Procuradurías; una instancia de búsqueda inmediata específica sobre las desapariciones forzadas del periodo de la Guerra Sucia; la previsión de que la implicación de militares en estos delitos sea juzgada por la jurisdicción civil; la reclasificación de delitos, para que los casos pasados que no fueron catalogados como desaparición forzada puedan ser reconsiderados; un mecanismo independiente de ayuda a las víctimas de desaparición forzada, por ejemplo para conseguir peritos o hacer búsquedas, pues ahora para todo esto se remite a la Ley General de Víctimas y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), las cuales han sido blanco de numerosas críticas desde su implementación en 2013 (Ángel, 2017). La Campaña tiene un enfoque que interpreta y enmarca la problemática en un cuadro de violencia estructural que abarca las desapariciones desde la década de 1960 hasta la fecha y las ubica en un contexto histórico y político amplio, en el cual la lucha de la sociedad civil por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición ha sido la impulsora real de la Ley, ante instituciones inertes, pero ha sido blanco de represiones y estigmatizaciones que exigirían un marco legal más estricto (Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, 2017).

La situación social y económica del país, a partir de la presidencia de Felipe Calderón por lo que atañe a la escalada de la violencia, y desde antes, con referencia a la introducción de un modelo neoliberal tras la crisis de 1982, ha motivado el surgimiento de un número creciente de protestas y descontentos sociales desde distintos sectores de la población (Bizberg & Zapata, 2010). De hecho, en coincidencia con las apremiantes demandas sociales y con la exigencia de conciliar desarrollo humano y económico con el pleno respeto de los derechos humanos en nivel estructural, se han multiplicado las investigaciones y propuestas sobre modelos alternativos y más incluyentes que van desde la reconstrucción del Estado de bienestar y del pacto social (Sánchez, 2008) al enfoque de seguridad humana (Angarita, 2016) y de desarrollo sustentable (Gutiérrez, 2007).

Entre los movimientos sociales, fueron creciendo los grupos de familiares de víctimas que, organizados como actores colectivos, han articulado imaginarios que desafían los dominantes y muestran el desbordamiento de las instituciones y del modelo socioeconómico vigente ante la violencia y a la desaparición de personas, moldeando nuevas identidades colectivas en su batalla por la historicidad (Touraine, 1981) e indicando vías alternativas de conceptualizar la realidad, como lo plantea la literatura sobre Nuevos Movimientos Sociales (Melucci, 1985).

 

  1. De los 43 a los otros: el caso del Comité de Los otros desaparecidos de Iguala

En la noche del 26-27 de septiembre de 2014 un grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, que estaba en la ciudad de Iguala para recolectar fondos y tomar unos autobuses para participar en la marcha anual del 2 de octubre en la Ciudad de México, sufrió una serie coordinada de agresiones por parte de la policía municipal, de otros servidores públicos y de miembros de la organización criminal Guerreros Unidos. Los ataques, precedidos por una actividad de monitoreo de los movimientos de los muchachos a través del C4 de Iguala (Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo), duraron casi cuatro horas y participaron indirecta o directamente integrantes de las policías locales de Iguala, Cocula y Huitzuco, de la Federal, la Ministerial y la Estatal, y del 27 Batallón del Ejército (Hernández, 2016). El balance de la noche de Iguala fue brutal: 43 desaparecidos, seis muertos, cuarenta heridos y más de 180 víctimas de violaciones a derechos humanos.

Actualmente las peticiones de los papás de los chicos y de los movimientos solidarios se resumen en la presentación con vida, la verdad y la justicia sobre los muchachos, además de los cuatro puntos que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) pidió que el Estado mexicano investigara: el papel del ejército; la telefonía celular y las llamadas salidas de los aparatos de los normalistas después de su desaparición; el papel de la policía de Huitzuco, que se habría llevado un grupo de estudiantes; el quinto camión que fue tomado por los normalistas y que habría sido cargado con heroína, siendo el móvil probable de la agresión (GIEI, 2016).

Después de los hechos de Iguala, a raíz del hartazgo y el empoderamiento de sectores de la sociedad civil en el país y en Guerrero, se dio la “explosión de una verdadera insurrección social con el movimiento por los 43, con el boicot a las elecciones estatales del 2015, con el surgimiento de nuevos grupos armados de policía comunitaria y de colectivos de buscadores de fosas clandestinas”, como lo describe el documentalista francés Ludovic Bonleux, autor del filme Guerrero (Bonleux, 2017).

Iguala vivió un periodo convulso e inédito. El estremecimiento por los 43 y la búsqueda de los estudiantes movió la organización popular y, en un principio, a partir del 8 de octubre, unos 500 integrantes de la policía comunitaria UPOEG (Unión de los Pueblos Organizados del Estado de Guerrero) llegaron a la ciudad para organizar búsquedas en los cerros, causando revuelo en los medios y la población local (Cano, 2014, p. 7).

A los comunitarios se sumaron también ciudadanos igualtecos, mientras que otros más acudían a ellos para hablarles de su propio caso, de la desaparición de algún familiar, y pedir ayuda. Dado que se habían hallado muchas fosas con restos que no eran de los 43, tras la progresiva retirada de la gran mayoría de los miembros de UPOEG de la zona, cada vez más brigadas fueron llevadas a cabo por habitantes locales que fueron estructurando un movimiento social con una identidad y finalidades propias. A principios de noviembre de 2014, se integró con unas 300 familias el Comité de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada, que luego sería el Comité de Los otros desaparecidos de Iguala o, coloquialmente, El Comité, El grupo, Los otros de Iguala o Los otros, justo porque se trataba de familiares de otras víctimas que no eran los 43 y no habían recibido la misma atención por parte de los medios de comunicación y las autoridades (EMAF, 2016, p. 7).

¿Cómo lograron organizarse en un contexto tan complicado y peligroso? Las desapariciones y las fosas eran una realidad notoria en Iguala, pero no se había denunciado. La inhumación clandestina de personas se puede interpretar como un mecanismo pedagógico que prevé que los cuerpos sean encontrados en un momento o coyuntura determinados, que evidencia la precariedad de la vida en el país, crea nuevos ritos y formas de socialización en la población y esconde detrás de sí distintas estrategias, intereses económicos, actores y modalidades de sembrar el terror (González y Chávez, 2017, pp. 68-69). Después de septiembre de 2014, sin embargo, hubo factores coyunturales, estructurales y culturales que abrieron las puertas a un nuevo movimiento de familiares de víctimas que se dedicaba a buscar fosas en los cerros y romper la cortina de silencio preexistente.

 

  1. Coyunturas

En primer lugar, la desaparición de los 43 normalistas proyecta a los habitantes de esa ciudad en el centro de la arena mediática y política y los puso en contacto directo entre sí y con activistas y redes de fuera. La situación se define por la eficacia de las primeras acciones llevadas a cabo por UPOEG, solidarios y por la PGR, quienes empiezan a muchas fosas durante el mes de octubre.

Varios actores llegan a colaborar y estrechar vínculos de confianza. El sacerdote de la parroquia local de San Gerardo Mayela, Padre Óscar Mauricio Prudenciano, concede sus espacios para reuniones y actividades de familiares de desaparecidos y da hospedaje a los miembros de UPOEG. Bajo el liderazgo del comandante de la policía comunitaria Miguel Ángel Jiménez Blanco, quien supo ganarse la confianza de informantes locales que conocían los sitios de inhumación de los cuerpos, desde octubre de 2014 se forman los primeros equipos de búsqueda en Iguala y sucesivamente varios buscadores, como Mario Vergara y su hermana Mayra, aprenden de él las técnicas principales para encontrar fosas y excavar (Acuña, 2015).

El 8 de noviembre de 2014 Julia Alonso Carvajal, madre del joven Julio Alberto López Alonso, desaparecido en enero de 2008, ofrece a los familiares de Iguala 500 pruebas de ADN gratuitas, financiadas por el Consejo Británico de Ciencia y Tecnología y la Universidad de Durham, en Inglaterra (Tonantzin, 2014). El ofrecimiento, promovido en radios y periódicos locales, fue oficializado públicamente en el sótano de San Gerardo el día martes 11 de noviembre en una reunión que, frente a unos sesenta familiares de desaparecidos, fue presidida por la misma Alonso, Padre Óscar y la psicóloga Xitlali Miranda Mayo, quien ha sido una de las principales organizadoras y la portavoz del Comité hasta agosto del 2016, cuando fue separada de la organización (Cuavas, 2016) y el Comité se constituyó como Asociación Civil (Los otros desaparecidos de Iguala, AC), bajo el liderazgo del presidente, Joel Díaz Díaz, y de la Secretaría, Adriana Bahena Cruz, lo cual significó un progresivo cambio de prioridades: disminuyeron las actividades de búsqueda de fosas y restos en los cerros y aumentaron las diligencias frente a las autoridades estatales y federales y a la CEAV relacionadas con medidas compensatorias y de reparación del daño para las víctimas.

A partir del 11 de noviembre de 2014, todas las reuniones de los familiares y de los organizadores del Comité se realizan los martes en la mañana, mientras que las búsquedas terrestres se hicieron todos los días, hasta enero del 2015, y después todos los domingos. La voz se corrió hasta que el movimiento contó con más 400 familias participantes. El nombre de Los otros desaparecidos surge porque Mayra Vergara, junto a su hermana Magdalena, al conocer que los cuerpos de los normalistas no están en las primeras fosas halladas cerca de Iguala a principios de octubre del 2014, toma la iniciativa de plantarse frente al palacio municipal para denunciar la desaparición en 2012 de su hermano Tomás, un taxista de Huitzuco, y exigir que sea buscado como ocurre con los 43 (Periodistas de a pie, 2017). Allí entra en contacto con integrantes de la UPOEG y con periodistas de la cadena televisiva Univisión quienes graban un documental sobre su caso que se titula Los ‘otros’ desaparecidos de Iguala, justo para remarcar que, además de los estudiantes, Guerrero y México tienen un problema enorme que afecta a miles más (Univision, 2014).

El de Mayra es un ejemplo de cómo las personas pudieron perder el miedo, empoderarse, juntarse, realizar acciones colectivas de protesta, integrarse a redes, salir a buscar a sus seres queridos incansablemente, destapando una verdadera cloaca de terror, impunidad y colusión político-mafiosa, y finalmente exigir la protección y la asistencia de las autoridades. Fue determinante el hecho de poder acudir diariamente a las instalaciones de la parroquia de San Gerardo, especialmente su sótano para las primeras juntas y una palapa enorme llamada el huerto, junto a los patios y pastos externos, y poder organizar un comedor comunitario, además de participar en búsquedas ciudadanas por los cerros de Iguala y en reuniones semanales de tipo organizativo. Las instancias como la PGR, la CEAV, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los Ministerios Públicos llegaron a prestar sus servicios, por ejemplo el levantamiento de actas y denuncias, entre otros trámites, dentro de la parroquia-sede del Comité, que era frecuentada constantemente por periodistas y defensores de derechos humanos mexicanos y extranjeros.

En los primeros cuatro meses de vida, periodo de gestación y madurez del movimiento, Los otros logran una gran proyección mediática, hallan más de 100 fosas y decenas de cuerpos cuyos ADN son analizados por las autoridades, y en el transcurso del 2015 nacen otros colectivos como el Solecito de Veracruz y las Rastreadoras de El Fuerte de Sinaloa que se inspiran en el trabajo de Los otros de Iguala o los visitan para adaptar su experiencia a la realidad de otras entidades: en 2016 y 2017, como resultado de estos enlaces, se integran tres Brigadas Nacionales de Búsqueda de Desaparecidos con buscadores de diferentes estados que encontraron fosas y restos humanos en Amatlán, Veracruz, y en Sinaloa.

En el informe Violencia y terror. Hallazgos sobre fosas clandestinas en México (González y Chávez, 2017),  basado en registros de los medios de comunicación y realizado por académicos de la Universidad Iberoamericana México, se plantea la hipótesis de que en las zonas en donde hay fosas la gente aprende a coexistir con las inhumaciones clandestinas y llega a revelarlo sólo en momentos específicos porque, de otra forma, el hallazgo de fosas podría trastocar aún más a la comunidad y, en cambio, hay momentos en que los propios familiares definen su voluntad de exigir exhumaciones o buscar por su cuenta, o bien se da una coyuntura particular, como fue el caso de Iguala, que cambia el estatus quo.

 

  1. Estructuras

Entre los factores estructurales en la región, están la desigualdad y la pobreza de ingresos y de acceso a derechos sociales, que afectaba el 65.2% de la población en 2014 (24.5% del total en pobreza extrema) y el 64.4% en 2016 (23% en pobreza extrema) (CONEVAL, 2017). Guerrero es una de las regiones históricamente más conflictivas, con tasas de homicidios dolosos de 71 cada cien mil habitantes en 2016, las cuales más que triplican el promedio nacional (Chávez, 2017), además de ser un nudo de tráficos ilícitos, especialmente de opiáceos como la heroína, y de explotaciones mineras transnacionales (SGM, 2016), lo cual hace de la entidad una olla en ebullición. Se ha señalado incluso la hipótesis de que en el estado se ha dado una continuidad de los patrones de violencia política y social y de los poderes institucionales y fácticos involucrados, desde la década de 1970 hasta la actual, al transitar de la Guerra Sucia a la narcoguerra (Illades & Santiago, 2014).

Entre 2009 y 2014 se encontraron en México 390 fosas clandestinas con 1418 cuerpos y 5786 restos en 23 estados y, cruzando los datos de fiscalías, la cifra podría crecer hasta 1075 fosas clandestinas y 2014 cuerpos exhumados; si se aplica la misma metodología a los reportes de prensa sobre fosas en 2015 y 2016, habría 180 fosas más, 141 cuerpos y 38,340 restos: esto sin contar el caso de Iguala (González & Chávez, 2017, pp. 30, 59, 81). En este contexto, Guerrero es el estado con más fosas y el único con fosas detectadas en cada uno de los seis años cubiertos por la investigación. Le siguen Jalisco, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, que concentran el 62.56% del total. Esta situación describe la persistencia de un fenómeno delictivo muy radicado en la región de Iguala y en Guerrero en general. De hecho, la investigación muestra cierta correspondencia entre los hallazgos de fosas y restos y las tasas de delitos graves y destaca que

al igual que lo observado con los homicidios en el país, el comportamiento respecto al hallazgo de fosas clandestinas es similar a la tasa registrada de personas extraviadas o desaparecidas. Esta evolución coincide en el incremento de casos, que tienen en 2011 los picos de violencia con relación a los hallazgos de fosas, homicidios y personas extraviadas o desaparecidas registradas en el RNPED (González & Chávez, 2017, p. 41).

 

  1. Cultura e imaginario

Para el caso de Guerrero, existen una tradición y un imaginario de lucha y resistencia popular transmitidos culturalmente (Barrera & Sarmiento, 2006), reflejados en ciertas prácticas e ideas de varios de los fundadores y primeros integrantes del Comité, así como unos procesos organizativos y redes que reforzaron la habilidad de generar resultados rápidamente y crear imaginarios válidos para los participantes del movimiento y el resto de la sociedad.

El lema impreso en el frente de las camisetas negras de los integrantes de Los otros es: “Te buscaré hasta encontrarte”, una frase que resume la carga de significados y esperanzas que ha tenido la actividad de búsqueda en los cerros. La frase en el anverso, en cambio, es más triste, aunque también representa un lema identitario: la frase “Hijo, mientras no te entierre, te seguiré buscando” indica que los familiares quieren por lo menos sentirse en paz al descubrir el paradero de sus hijos, prefieren saber a dónde ir a llorar y darles digna y honrada sepultura, en lugar de estar como muertos en vida. Así lo detalla Miranda: “Ha sido tanto su desgaste, su caminar y su dolor que les entregan a su familiar y sienten alivio, sobre todo paz (Lorusso, 2016)”.

No se trata, como para los papás de Ayotzinapa y otros movimientos, por ejemplo los históricos Comité ¡Eureka! o AFADEM, de obtener verdad, justicia y castigo a los culpables al grito de ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!, sino de buscar colectivamente el tesoro, un hueso o prenda de un ser querido. La carga subversiva y de denuncia no siempre es gritada, sino que se concreta en el puro acto de caminar y llorar junto a otros dentro de un movimiento de dolor y pérdida que destapa la cloaca que dejaron los malos coludidos con las autoridades. Se crean así en el grupo nuevas pertenencias y una mayor conciencia socio-política, por lo que las desgracias y los duelos pasan a ser vistos como injusticias intolerables (Turner & Killian, 1987), ante las cuales, sin embargo, ya es posible seguir buscando hasta encontrarles y despertar la atención del resto del país y del gobierno.

 

  1. A manera de conclusión

La difícil situación de México, por lo que concierne el respeto a los derechos humanos, los vacíos de Estado, el ascenso de poderes fácticos como el narco y la desigualdad creciente, ha sido encarada por parte de grupos sociales distintos y colectivos de víctimas a través de acciones colectivas que han tenido un gran impacto, sobre todo si consideramos los escasos recursos con que cuentan y las resistencias que encuentran. Las riesgosas brigadas de búsqueda en fosas, sobre todo a partir de la experiencia de Los otros de Iguala, realizan los familiares de los desaparecidos, junto al imaginario de duelo, tenacidad y dignidad que los ha acompañado, son ahora un tema de relevancia mediática y política internacional, como lo muestran la aprobación de la nueva Ley contra las desapariciones, la cantidad y calidad del material periodístico generado en los últimos años y la concienciación gradual de la sociedad civil sobre la necesidad de acercarse sin prejuicios a las víctimas en su búsqueda y en la reivindicación de verdad y justicia.

Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, es una oportunidad para que el Estado articule de manera sistémica todas sus instituciones para que no sólo se encuentre a las personas desaparecidas sino se prevea aquellos los factores estructurales intervinientes con el fin de evitar tal problemática, y lo que sostiene en este artículo es que un elemento estructural  fundamental es el de la desigualdad social.

Se han concatenado diferentes factores para su aprobación en el Congreso de la Unión, entre ellos es destacable la propuesta elaborada por Familiares de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y por académicas y académicos especialistas en derechos humanos (2015). La participación de tan numerosas y destacadas organizaciones es un indicador que habrá de considerarse como un elemento que debe trascender la mera aprobación de esta Ley. ¿Cuántas veces una buena legislación no tiene buena aplicación por las omisiones de su ley reglamentaria o porque el Estado no la acata en toda su magnitud? Como ejemplo se puede recordar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que una vez aprobada ha encontrado numerosos obstáculos para su aplicación e incluso, como toda legislación, ha requerido del movimiento feminista para subrayar las deficiencias en determinados aspectos.

La política pública sobre personas desparecidas requerirá de un poder ejecutivo sensible a la aceptación de la magnitud del problema de desapariciones, de una implementación eficiente de los mecanismos legales diseñados y con recursos suficientes, de la producción de estadísticas confiables, de un poder judicial que dé certidumbre jurídica de las personas desaparecidas y sus familiares, de una revisión periódica de la ley en la materia, pero sobre todo, de una sociedad civil pujante con una participación no simulada en Comisión Nacional de Búsqueda de Personas como una exigencia y un derecho de las víctimas.

El enfoque diferencial, llamado así por la organización que articuló a familiares, ONG y academia, considera que acciones desarrolladas en casos de desaparición deben reconocer las particularidades, expectativas y necesidades del grupo de población con el que se trabaja, como el contexto social, político, económico, histórico y cultural y la especificidad de las personas afectadas. Este calificativo de diferencial, hace referencia precisamente al centro del artículo que ahora se comparte y que busca reconocer y dar respuesta a la vieja premisa de que no se debe tratar igual a los desiguales, no sólo en las consecuencias de un sistema polarizador e injusto sino en una búsqueda de estándares sociales acorde con un enfoque de derechos. Entre mayor es el empoderamiento de las sociedades convencidas de la bondad de este enfoque y con un Estado tendiente a la democracia incluyente, el tejido social será un obstáculo fuerte para la impunidad con la que actúan actualmente los grupos fácticos.

En este sentido, una academia comprometida tiene el deber social y moral acompañar y apoyar a los colectivos y a los familiares, de seguir sus procesos de organización y de construcción de sentido y memoria sobre la desaparición, la búsqueda y el encuentro.

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[1] Doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Profesor Investigador de la Universidad Iberoamericana León. Miembro del SNI.

[2] Doctor en Estudios Científico-Sociales. Profesor Investigador de la Universidad Iberoamericana León. Miembro del SNI.

[3] Por mandato legal el CONEVAL se obliga a presentar informes cada dos años sobre la pobreza a escala país y entidades federativas y cada cinco con datos desagregados por municipios. Para ello se alimenta de los datos producidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El reporte correspondiente al 2015 no fue publicado en su momento porque el INEGI modificó el procedimiento para registrar los ingresos de los hogares. El reporte ya ha sido publicado en agosto de 2017 y han surgido planteamientos como los de Boltvinik y Damián (2017), que han cuestionado las proyecciones realizadas por el CONEVAL, dado que consideran una subvaluación del número y porcentaje de pobreza en nuestro país, lo que implica un mayor agravamiento del problema de desigualdad en México.

[4] Este resumen del estudio de Gerardo Esquivel aparece en una versión más extensa en Martínez (2016) “Desigualdad social y pobreza multidimensional en México. Revisión de los hallazgos de la Red AUSJAL”. Universidad Alberto Hurtado, Chile.

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