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Todo cambia, nada cambia. El nuevo “empate hegemónico” argentino en el laberinto latino-americano

 06/03/2021  Etiquetas:

Por Dario Clemente en Cadernos do Ceas. Revista crítica de humanidades

Tudo muda, nada muda. O novo “empate hegemônico” argentino no labirinto
latino-americano

Everything changes, nothing does. The new Argentine “hegemonic tie” in the Latin
American labyrinth

Resumen

En el marco de la convulsionada coyuntura de América Latina, la crisis argentina reciente da prueba de la renovación del “empate hegemónico” como forma específica de la imposibilidad de una dominación estable y de una relación Sociedad-Estado donde el protagonismo popular pone continuamente límites a los proyectos estatales, provocando crisis política cíclicas. En el cruce dialectico entre una “lógica del mundo” latinoamericana donde se perpetua la crisis del Estado neoliberal periférico y la “lógica del lugar” del empate, la crisis que se ha abierto a
partir de 2017 reactualiza el colapso catastrófico de 2001 y la relación de fuerzas que este ha producido, contenida, pero no resuelta, durante la década kirchnerista. El nuevo intento neoliberal de disciplinamiento de las masas y de ruptura del empate protagonizado por el gobierno de Macri, parecido al ensayado durante la “década menemista” de 1990, ha tenido el mismo frustrado éxito a causa de la oposición popular al ajuste y de las limitaciones estructurales de la economía argentina, que se han vuelto a presentar bajo la forma del endeudamiento externo y la fuga de capitales. La consecuente vuelta al poder del peronismo se produce en el
marco de una crisis económica, social y sanitaria dramática, agravada por el coronavirus COVID-19, escenario que, si por un lado compromete el conseguimiento de un “pacto social” de contención de los reclamos populares, por el otro abre las puertas a transformaciones profundas de la sociedad alrededor del establecimiento de un “Estado social de emergencia”.

Palabras clave: Empate hegemónico. Neoliberalismo. Crisis argentina.
Coronavirus. Peronismo.

Resumo
No contexto convulsivo da América Latina, a recente crise argentina prova a renovação do “empate hegemônico” como forma específica da impossibilidade de uma dominação estável e de uma relação Sociedade-Estado onde o protagonismo popular limita continuamente os projetos estatais, causando crises políticas cíclicas. No cruzamento dialético entre uma “lógica mundial” latino-americana, onde se perpetua a crise do estado neoliberal periférico e a “lógica do lugar” do empate, a crise que se abre em 2017 atualiza o colapso catastrófico de 2001 e a relação de forças neste produzidas, crise esta contida, mas não resolvida durante a década kirchnerista. A nova tentativa neoliberal de disciplinar as massas e romper o empate liderada pelo governo Macri, semelhante à tentada durante a “década menemista” de 1990, teve o mesmo resultado frustrado devido à oposição popular ao ajuste e à limitações estruturais da economia argentina, que reapareceram sob a forma do endividamento externo e da fuga de capitais. O consequente retorno ao poder do peronismo ocorre num contexto de dramática crise econômica, social e de saúde, agravada pelo coronavírus COVID-19, cenário que, se por um lado compromete a
conquista de um “pacto social” para conter as reivindicações populares, por outro lado abre as portas para profundas transformações da sociedade em torno do estabelecimento de um “Estado social de emergência”.

Palavras-chave:
Empate hegemônico. Argentina. Coronavírus. Peronismo.

Abstract

In the context of the virulent moment Latin America is living, the recent Argentine crisis shows the renewal of the “hegemonic tie” as a specific form of the impossibility of stable domination and of a society-state relationship where popular protagonism continually defies state projects, causing the breakout of cyclical political crisis. At the dialectical junction between a Latin American “world logic” in which the crisis of the peripheral neoliberal state persists and the “logic of the place” of the hegemonic tie, the crisis that opened in 2017 revives the catastrophic
collapse of 2001 and the relations of force that it has produced, contained, but not resolved, during the Kirchner decade. The new neoliberal attempt to discipline the masses and to break the hegemonic tie led by the Macri government, similar to that of the “Menemist decade” of 1990, end up having the same frustrated result due to popular opposition to FMI-backed “structural adjustments” and the chronic limitations of the Argentine economy, which have reappeared in the form of foreign debt and capital flight. The consequent return to power of Peronism occurs in
the context of a dramatic economic, social and health crisis, aggravated by the coronavirus COVID-19, a scenario that, if on the one hand compromises the achievement of a “social pact” apt to contain popular demands, on the other enables profound transformations of society on the back of the establishment of an “emergency welfare state”.

Keywords:
Hegemonic. Coronavirus. Peronism.

Introducción

Con un tono algo desafiante, René Zavaleta Mercado (1987, p. 55) consideraba que “la lógica del lugar, ciertamente, suele derrotar a la lógica del mundo”. Con estas palabras, el autor boliviano pretendía indicar la necesidad, para comprender las sociedades latinoamericanas, de analizar la dinámica social históricamente predominante en cada lugar, antes y más allá de su relacionamiento especifico con el funcionamiento económico y político del mundo. Lejos de ser únicamente una recomendación “metodológica”, se trata de un posicionamiento político: la apuesta por “nacionalizar el marxismo” y conocer en profundidad aquello que se pretende transformar, es decir el territorio especifico en el cual se lucha (OUVIÑA, 2016).
En nuestro caso, la dialéctica “lógica del mundo-lógica del lugar” parece ser un punto de partida particularmente fecundo para abordar la nueva crisis argentina, abierta desde Su aparente novedad, en efecto, no puede impedirnos de ver la vinculación que mantiene con la condición dominante de la lógica del lugar de la Argentina moderna, ese “empate hegemónico” descripto por Juan Carlos Portantiero en la década de 1970 que todavía perdura. Al mismo tiempo, su carácter específico no la coloca afuera de una lógica preponderante del mundo y de la región: la crisis del Estado neoliberal periférico y su impugnación popular a partir de la década de 1990.
Así, la convulsionada coyuntura de América Latina sugiere poderosos elementos de novedad que no se pueden soslayar, los cuales, sin embargo, solo adquieren sentido si se relacionan con la historia reciente de la región. A tal fin, en el primer apartado del articulo proponemos considerar la “situación” de la región como un nuevo capítulo del Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo en América Latina (OUVIÑA, HERNÁN ; THWAITES REY, 2018) iniciado en la década de 1990 del cual la crisis argentina de 2017-2019 representa un episodio más entre otros a nivel regional. En particular, considerar la existencia de un ciclo abierto, en vez que privilegiar la identificación de momentos políticos coherentes e inequívocos que se desarrollan alrededor de los cambios de gobierno, permite conceptualizar los acontecimientos latinoamericanos recientes como manifestaciones particulares y distintas de la crisis del Estado neoliberal periférico y del intento de reiterarlo, reformarlo o superarlo en varias formas. De este modo, en el cruce entre la lógica del mundo y la lógica del lugar, la crisis argentina reciente reactualiza el colapso catastrófico del orden neoliberal de 2001 y en ella continua el enfrentamiento entre fuerzas sociales que lo determinó.
En el segundo apartado del artículo profundizamos esta caracterización, presentando la crisis de 2001 como una poderosa muestra del “empate hegemónico” argentino, modo específico en el que se manifiesta la imposibilidad de las clases dominantes locales de realizar un disciplinamiento más acabado de la estructura social a causa de una relación de fuerzas de equilibrio extremo. Al respecto, planteamos la posibilidad que se pueda considerar el empate hegemónico como una condición permanente de la historia argentina que se renueva ante cada encrucijada significativa. Identificamos como causa última de esta dinámica el protagonismo popular y la peculiar “densidad democrática” de la sociedad argentina, que actúa como “condición de posibilidad” de los proyectos que se llevan a cabo desde el Estado y, al frenarlos, provoca crisis política cíclicas. En particular, el colapso sistémico de 2001 representó el fracaso de un nuevo intento de ruptura del empate hegemónico y produjo un profundo “desafío” al orden político el cual, al reconstituirse a partir del año 2002, tuvo que incorporar unas nuevas relaciones de fuerza. Estas se hicieron manifiestas a partir de 2012, cuando la reforma del Estado neoliberal que se ensayó durante el “kirchnerismo” encontró finalmente sus límites en la recesión económica global, y el empate volvió a expresarse bajo la forma de un “bloqueo” popular al ajuste.
Una nueva situación de empate y crisis económica constituyó así el puntapié del gobierno de Macri a partir de 2015, fase que abordamos en la tercera parte. Esta se puede leer como un segundo intento neoliberal de disciplinamiento de las masas después de la “década menemista” de 1990, orientado a realizar un shock económico, pero limitado en su avance a un “gradualismo” dictado por la relación de fuerzas no resuelta. Este nuevo ensayo de transformación de la estructura social y económica argentina, que se ha acompañado a una represión necropolítica contra un nuevo “enemigo interno” compuesto por comunidades indígenas y militantes sociales, pareció tener un punto de inflexión en 2017 después de la victoria en las elecciones de medio término. Sin embargo, la profundización del ajuste chocó contra la oposición popular y el gobierno desandó su programa de reformas, acudiendo al Fondo Monetario Internacional (FMI) para intentar romper el empate desde afuera. Pero la reaparición de las limitaciones estructurales de la economía argentina bajo la forma de fugas de capitales y ataques especulativos precipitaron la apertura de la crisis reciente, que tomó forma concreta en la derrota electoral del gobierno en las elecciones primarias de agosto de 2019 frente al peronismo reunificado y en la siguiente adopción de medidas de emergencia que sepultaron el plan de reestructuración neoliberal.
Así, en la cuarta y última parte del articulo tratamos el modo en el cual el peronismo, de modo similar a otras encrucijadas históricas, se dispuso, a partir de 2020, a gobernar el empate hegemónico en el medio de una crisis económica y social dramática, escenario complicado por la emergencia sanitaria que la llegada del coronavirus COVID-19 a la región ha provocado. Sin embargo, el plan originario de lograr una contención efectiva de los reclamos populares y la reconstrucción de unas condiciones mínimas para la acumulación capitalista, a través de un “nuevo pacto social”, ha tenido un “viraje inesperado” resultado de la pandemia, lo cual ha forzado la adopción de medidas más radicales de ayuda económica a la población y a las empresas y la postergación del pago de la deuda. La implantación de una especie de “Estado social de emergencia” ha contribuido además a extremar las diferencias que Argentina venia acumulando con los gobiernos de la región más comprometidos con una agenda neoliberal, y reacios en este contexto a implementar medidas sanitarias a gran escala y a cerrar las actividades económicas, mientras que el renovado activismo estatal ha cosechado al presidente niveles de aprobación inauditos y un cambio de percepción con respecto al nuevo gobierno entre las cancillerías del mundo. En Argentina, como en el resto del mundo, la lógica pandémica produce una nueva coyuntura y abre las puertas a transformaciones profundas de la sociedad, las cuales, sin embargo, tendrán que producirse nuevamente en el encuentro con la insuperada lógica del lugar, el empate hegemónico.

La lógica del mundo: Argentina y el ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina

La crisis argentina no puede ser comprendida como un hecho aislado, sin tener en cuenta los eventos que en los últimos meses de 2019 sacudieron a América Latina, desde las insurrecciones y movilizaciones populares en Ecuador, Colombia y Chile, la crisis política en Perú, las elecciones presidenciales en Uruguay, hasta el golpe de Estado en Bolivia. Esta nueva coyuntura regional se ha procesado a través de metáforas telúricas de “olas” y “mareas”, pero también mediante la idea de un nuevo “ciclo progresista” en formación. Sin embargo, más allá de los múltiples significados de los acontecimientos recientes, el riesgo principal implícito en tales formulaciones es presentar a la realidad de América Latina como una seguidilla de momentos políticos coherentes e inequívocos, ocasionados principalmente a raíz de los cambios de gobierno. Así, esta nueva situación regional se ubicaría en contraposición con la “ola” de derecha inaugurada con la afirmación de Macri en las elecciones presidenciales de Argentina de 2015 y, sobre todo, con el triunfo de Bolsonaro en Brasil en 2018. El ciclo de protestas iniciado a fines del año pasado estaría reviviendo, de alguna manera, el “giro a la izquierda” experimentado a partir de inicio de siglo con las elecciones de Chávez en Venezuela (1999), Lula en Brasil (2002), Kirchner en Argentina (2003), Tabaré Vázquez en Uruguay (2005), Morales en Bolivia (2005) y Correa en Ecuador (2007).
Esta atención focalizada exclusivamente en los vaivenes de la “alta política” se ve acompañada, a menudo, de una subestimación de los determinantes sistémicos de la coyuntura, de la dimensión societal de los procesos y de la evolución de las relaciones de fuerza que subyace a los cambios políticos, dejando de lado importantes tendencias de fondo en pos de conformar relatos homogéneos sobre la región. En efecto, lo que la situación regional parece señalar – más allá de las enormes diferencias locales – es el agotamiento de los intentos de reiteración, reforma o superación del Estado neoliberal periférico en América Latina: una forma de Estado que se ha consolidado en el continente a partir de la década de 1980, en algunos casos junto con los procesos de redemocratización en países como Brasil y Argentina, pero cuyo cuestionamiento “desde abajo” empezó tempranamente, y se remite, por lo menos, al “Caracazo” de 1989 y al levantamiento zapatista de 1994. En este sentido, una forma alternativa de conceptualizar los acontecimientos recientes es leerlos como un nuevo momento de un largo Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo en América Latina (CINAL) (OUVIÑA, HERNÁN ; THWAITES REY, 2018), proceso que adquirió un ritmo acelerado a partir de las victorias electorales de coaliciones de izquierda y centroizquierda entrados los años 2000, pero que se funda en las numerosas insurrecciones populares que las anteceden y habilitan. Esta visión procesual y dialéctica permite concebir a la década y media de disputa hegemónica y crisis del neoliberalismo que se abre a inicio de siglo como un “proceso de nunca acabar”, en cuyo despliegue el Estado tiene un rol fundamental, pero no absoluto, pues resultan relevantes, también, las relaciones de fuerza entre grupos y clases antagónicas y las limitaciones estructurales, tanto regionales como globales. Así, el neoliberalismo aparece, en su dimensión estructural, como una fase global del capitalismo, que se expande por el mundo al compás de la resolución de la guerra fría y, en su dimensión superestructural, como un Estado neoliberal que en América Latina se instala en su variante periférica, en parte importada desde otros occidentes, en parte avalada por las dictaduras militares. Después de su auge en la década de 1990 en conformidad con las tendencias mundiales, el fin del siglo XX ha visto el inicio de una impugnación popular al neoliberalismo en América Latina como modelo económico, social y político. Este rechazo se materializó en hitos tales como el 2001 argentino y el fuerte ascenso de la movilización indígena y campesina en Bolivia y Ecuador entre el año 2000 y 2005, teniendo como antecedente fundamental al Caracazo venezolano de 1989.
Esta impugnación abrió las puertas a la conformación de los distintos gobiernos “progresistas” y “populares”, los cuales tradujeron solo de manera indirecta, y con grandes variaciones en cada caso, el mandato popular y a las nuevas relaciones de fuerza entre grupos sociales. Incluso los países de cuño más fuertemente neoliberal, como México, Perú, Chile y Colombia –nucleados en la Alianza del Pacifico– no dejaron de estar atravesados por la ola de impugnación popular al neoliberalismo.
Considerar la existencia de un ciclo abierto permite, entonces, conceptualizar los acontecimientos recientes como un nuevo capítulo de este mismo ciclo y no, necesariamente, como un momento político completamente diferente. Así, buscando una línea de continuidad en la dimensión superestructural, en lo político, se puede relevar como a tambalear en la coyuntura reciente de América Latina fueron los arreglos gubernamentales que se habían sedimentado en estos últimos años alrededor de intentos de reforma más o menos radicales del Estado neoliberal en América Latina, produciendo una convivencia ambigua de fenómenos de derechización (Brasil, Bolivia, Uruguay) con posibles salidas progresistas (Argentina, Chile, Ecuador). En particular, los recientes eventos de Chile –país cuna y laboratorio del neoliberalismo en América Latina– contienen el potencial para transformarse en un momento “catártico” en el equilibrio de fuerzas regionales, que entierre el neoliberalismo periférico ahí donde primero se gestó o consienta su resurrección en nuevas formas. Esta tensión que recorre la región se enriquece, además, de otros aspectos, que solo se captan ejercitando una mirada dialéctica y “desde abajo”: la oposición popular a medidas regresivas que se han intentado aplicar en varios países; la acumulación de fuerzas que los movimientos sociales han logrado realizar en la etapa pasada; el descrédito general hacia las recetas neoliberales, conformando un piso de resistencia social que no ha permitido un despliegue completo del programa de las nuevas derechas, “huérfanas” además de un aliado seguro y estable en Washington y víctimas de un ciclo económico global adverso.
Así, la nueva crisis argentina –que empieza a manifestarse a finales de 2017, se intensifica vertiginosamente en 2018 y se consuma con la derrota electoral del gobierno en 2019– es un episodio más en esta nueva fase del CINAL. Su origen, en efecto, se encuentra en la crisis catastrófica del orden neoliberal que se produjo en 2001, momento de “vacancia hegemónica” e “ideológica” que, como veremos en el apartado siguiente, fijó unas nuevas relaciones de fuerza que obrarán como límite y posibilidad de existencia de todos los intentos sucesivos de gobernabilidad. De este modo, en el cruce entre la “lógica del mundo”, o “de la región”, la convulsionada historia reciente de América Latina –donde la legitimidad del Estado neoliberal se vuelve a resquebrajar– y la “lógica del lugar”, donde las jornadas de diciembre de 2017 se sobreponen al levantamiento popular de 2001, lo que se está dirimiendo en los acontecimientos argentinos es todavía la contienda iniciada entonces.

La lógica del lugar: el pendularismo argentino, o de cómo se renueva el “empate
hegemónico”

Si la noción del CINAL nos ayuda a representar el escenario común de la región, la “lógica del lugar” nos sugiere que la crisis argentina actual responde a la renovación del modo específico en el que se manifiesta la imposibilidad de las clases dominantes locales de realizar un disciplinamiento más acabado de la estructura social para amoldarla a las exigencias de la acumulación capitalista, acumulación que se ve, a su vez, constreñida por las limitaciones de la inserción internacional periférica y dependiente de la economía argentina.
Este modo especifico toma la forma de un empate hegemónico, expresión con la cual Juan Carlos Portantiero caracterizó en la década de 1970 una peculiar relación de fuerzas, de equilibrio extremo, entre las distintas fracciones de la burguesía y una clase trabajadora que para ese entonces ya contaba con altos niveles de sindicalización y de movilización (PORTANTIERO, 1973, 1977). El empate se basaba en la incapacidad de la fracción de la burguesía más integrada al capitalismo internacional de “ganar la pulseada” contra las clases dominantes tradicionales
“oligárquicas”, productores agropecuarios y agrícolas exportadores, y la endeble burguesía industrial “nacional”. Esta última, en particular, tenía un comportamiento pendular, a veces confluyendo con el resto de la burguesía, a veces asociándose a los sindicatos y a las masas por medio de una alianza tambaleante con el peronismo, alianza que se repetirá varias veces en la historia argentina. Al mismo tiempo, la baja capacidad hegemónica de la burguesía argentina en su conjunto, en comparación con otros países como Brasil, se debía fundamentalmente al alto nivel de organización de los y las trabajadoras y a la imposibilidad de imprimir una derrota de largo alcance a las clases populares. Por otro lado, se explicaba por el rol subordinado que las clases dominantes locales ocupaban con respecto a los capitales internacionales y por las limitaciones al desarrollo del capitalismo argentino derivadas de su condición periférica, lo cual impedía la presencia de cierto “elemento fordista” de inclusión de las masas y de aglutinación de las fracciones de la burguesía alrededor de una estrategia de acumulación mutuamente benéfica (JESSOP, 1984).
Esta tensa dinámica –a la que Portantiero refería como de “poder compartido” (1977)– asumía un carácter cíclico que se entroncaba con los vaivenes del contexto externo, los cuales favorecían un patrón agroexportador y de valorización financiera, o bien medidas proteccionistas y mercadointernistas según el contexto histórico (KATZ, 2019). Esto tenía un reflejo en las formas políticas. Tal como señala Portantiero: “periódicamente, distintas fracciones buscan dar un vuelco a la situación, tratando de montar un modelo de acumulación alternativo: son intentos de ruptura del “empate” que pretenden modernizar la estructura del capitalismo” (1977, p. 534). Esos intentos de “modernización”, objetivo de gobiernos democráticos y militares a la vez, solían desplomarse antes de alcanzar el “momento económico” de redistribución y de construcción de consenso social hacia el nuevo modelo de acumulación, sepultados por la intensa actividad opositora de los actores sociales que se veían perjudicados por el nuevo modelo.
Al mismo tiempo, fracasaban en relanzar la acumulación de forma suficiente como para lograr un salto significativo en el desarrollo capitalista y romper con las ataduras de la condición periférica –la “determinación dependiente”– siguiendo a Zavaleta (1986, p. 67), propia de Argentina. La frustración de cada nuevo ensayo de disciplinamiento de las fuerzas sociales se correspondía al debilitamiento temporario de la coalición que lo había apuntalado, y al resurgimiento de coaliciones adversarias con objetivos opuestos. En un constante desfasaje entre las relaciones de fuerza económicas y su representación en la esfera política, se realzaba entonces el protagonismo de actores sociales vinculados a modelos de desarrollo anteriores, consolidando el carácter pendular del desarrollo histórico del país.
Así, nuestra propuesta es que el empate hegemónico, lejos de pertenecer únicamente a una coyuntura particular ya superada, sea considerado más bien una condición permanente de la historia argentina que se renueva ante cada encrucijada significativa. A partir del “momento constitutivo” del 17 de octubre de 1945 –cuando las masas trabajadoras irrumpieron en la escena política nacional como elemento equilibrador de una nueva fase estatal y creador de las condiciones para el despliegue del primer peronismo– se imprimió en la estructura social argentina una correlación de fuerzas que ningún ensayo posterior de disciplinamiento pudo romper. Los intentos de “desbloquear” el empate manu militari fueron varios, pero todos terminaros en un fracaso, a menudo acompañado por una insurrección popular: al golpe de 1955 contra el gobierno peronista siguió la llamada “resistencia peronista” (1955-1959), el proceso empezado con el golpe de 1966 culminó en la sublevación del Cordobazo de 1969 y en la vuelta de Perón del exilio en 1973. Finalmente, la sangrienta dictadura que empezó en 1976 selló su destino con la guerra de Malvinas en 1982, cuando a las crecientes huelgas obreras se sumaron plazas llenas de manifestantes que aprovecharon la derrota militar para reclamar la vuelta a la democracia. A estos ensayos militares de disciplinamiento de la estructura social se sumó otro intento, la “huida adelante” neoliberal de la década de 1990 montada encima de la violenta hiperinflación de 1989-1990, cuyo colofón fueron las jornadas del “que se vayan todos” en 2001.
Cada uno de estos momentos remite a la pugna entre proyectos alternativos de reestructuración del capitalismo argentino, pero no solo. Se trata de manifestaciones de la particular ecuación social argentina, es decir de la tendencia constante de la sociedad a “acosar, acorralar y desorganizar” al Estado, provocando crisis política cíclicas y la imposibilidad de la dominación (ZAVALETA MERCADO, 1986b). A través del análisis de esta relación específica, dialéctica, entre el Estado y la Sociedad, es posible entonces relevar otro elemento fundante del empate hegemónico, a menudo soslayado en los análisis sobre las crisis argentinas: el protagonismo popular. Según Zavaleta Mercado (1986a), la sociedad argentina se caracteriza por tener una “densidad democrática” sin iguales en la región, dimensión que podemos imaginar como abarcadora no solo de las clases populares y sus organizaciones, sino también de una parte importante de las clases medias, reacia a las formas autoritarias del ejercicio del poder y a la represión abierta (KATZ, 2019). Si bien este carácter peculiar no se refleja directamente en la producción de actores políticos, sí funciona como límite social, como “condición de posibilidad” de los proyectos que se llevan a cabo desde el Estado. Así, el “pendularismo” argentino se explica cómo intentos cíclicos de disciplinamiento, no solo de la estructura social a las necesidades de la acumulación, sino del Estado a la Sociedad, como convulsiones propias de un Estado “invadido por la sociedad” (PORTANTIERO, 1977, p. 558). Al analizar la “forma primordial” (ZAVALETA MERCADO, 1990a) argentina, el modo especifico e histórico en el cual existe la relación entre Estado y sociedad, se podría decir entonces que el empate hegemónico que se vuelve a presentar en cada encrucijada histórica es también empate entre Estado y sociedad, que se suele resolver en un “vaciamiento” del primero por parte de la segunda: “una y otra vez el Estado fue desbordado por la Sociedad y la posibilidad de un Orden Político, cancelada nuevamente” (PORTANTIERO, 1977, p. 534).
Buscando en la historia argentina reciente, el colapso sistémico de 2001 se presenta como una poderosa reactualización del empate hegemónico y como una nueva prueba del avasallamiento de la sociedad con respecto al Estado. Se trata, además, de un parteaguas en el periplo de implantación del Estado neoliberal en Argentina. Después de una década de neoliberalismo salvaje fundado sobre el espanto de la hiperinflación de 1989-90 –y estructurado alrededor de la convertibilidad del peso argentino con el dólar estadounidense– este nuevo y audaz intento de reforma se estrelló contra los dos limites habituales: las restricciones económicas y la oposición popular. Por un lado, el modelo económico de financiarización, privatizaciones y endeudamiento externo –llevado adelante bajo el gobierno peronista de derecha de Carlos Menem (1989-1999)– encontró su límite en la escasez de dólares provenientes de las exportaciones o de nuevas privatizaciones, así como en la imposibilidad de seguir contrayendo deuda, lo que derivó en una debacle económica (NEMIÑA, 2019). En una muestra de la vitalidad del empate, la salida del default de la deuda y la devaluación del peso se terminó imponiendo por sobre otra propuesta diametralmente opuesta: la dolarización completa de la economía argentina y una ulterior radicalización del modelo. Por otro lado, la de 2001 fue también una crisis política. Signada por el levantamiento popular del 19 y 20 de diciembre, esta crisis revistió tal magnitud que obligó a la renuncia en serie de varios presidentes en el lapso de diez días. A raíz de este “desborde popular”, y construyendo sobre la acumulación organizativa de años de resistencia al neoliberalismo1 (PIVA, 2009), se produjo en la sociedad argentina un momento prolongado de fermento político, protagonizado por el movimiento piquetero, las asambleas barriales, colectivos culturales, fábricas recuperadas, agrupaciones villeras2 y un sinnúmero de prácticas “desde abajo” que cuestionaron no solo el modelo económico sino también las formas dominantes del ejercicio de la política, de lo “común” y de lo “público”, ensayando formas autogestionarias y horizontales (OUVIÑA, 2018).
A posteriori, la profundidad de este desafío al orden político parece dar cuenta de un momento de verdadera vacancia hegemónica en el doble sentido que le asignan Portantiero (1973) y Zavaleta Mercado (1990): por un lado, vacancia de poder, en tanto el proyecto político-económico neoliberal había fracasado estrepitosamente y ninguna fracción de las clases dominantes estaba (todavía) en condiciones de liderar un proyecto alternativo. Por otro lado, vacancia o “gratuidad” hegemónica, en tanto ruptura radical y abrupta del orden de creencias construido alrededor del neoliberalismo, “choque” positivo que permitió que se pudieran replantear, temporariamente pero a gran escala, los fundamentos ideales de ese modelo y ensayar formas de superación del mismo3 . De este magma nació –indirectamente– la experiencia kirchnerista posterior (2003-2015), justificada y a la vez constreñida por unas nuevas relaciones de fuerza y un clima cultural, social y político completamente transformado en sus rasgos generales por la crisis de 2001.
Así, a partir de 2003 se ensayó una reforma del Estado neoliberal, según un modelo “neopopulista” (PIVA, 2013) o “neodesarrollista” (FÉLIZ, 2019), que se apoyó en este nuevo equilibrio de fuerzas y en un ciclo económico expansivo que se prolongó por casi diez años, sostenido por un alza fenomenal en los precios de los productos básicos de exportación, en particular la soja (KATZ, 2016). En efecto, superada rápidamente la crisis gracias a la devaluación del peso, el aprovechamiento de la capacidad ociosa de la industria y el repunte de las ganancias que sucedió a la desvalorización interna de capitales (KATZ, 2019), las cuentas argentinas contaron con un superávit gemelo, cuenta fiscal y cuenta corriente, desde 2002 hasta 2010. Esto, permitió, también sanear la situación de endeudamiento heredada desde la década de 1990, saldando la deuda con el Fondo Monetario Internacional en 2006 y renegociando la deuda con los acreedores privados en dos momentos, 2005 y 2010.
La bonanza macroeconómica habilitó, a su vez, un “paréntesis” en la recrudescencia del empate hegemónico y una paz social relativa que, no obstante algunas sacudidas mayores4 , se mantuvo suficientemente estable como para sustentar el relanzamiento de la acumulación a lo largo de un periodo casi sin precedentes en la historia argentina. Esta situación se fundaba, principalmente, en una política económica mercadointernista relativamente favorable a los asalariados y las pequeñas y medianas empresas, así como en la ampliación de los planes sociales implementados por el gobierno de Duhalde a partir de 2002, destinados a la población con trabajos informales y precarios, modelo que el gobierno definía como “crecimiento económico con inclusión social” (FÈLIZ, 2019).
Sin embargo, a partir del año 2012, el aumento del déficit fiscal y la caída de los precios de los commodities agrícolas causada por la baja de la demanda china empezó a poner nuevamente en la mesa la necesidad de un ajuste estructural y el recorte del gasto público para relanzar la acumulación (PIVA, 2019a). Agotado el ciclo externo positivo, emergían los problemas clásicos de la economía argentina: insuficiencia de dólares para solventar deuda e importaciones; dependencia de la exportación de materias primas con precios volátiles; debilidad de la base industrial debida al proceso de desindustrialización iniciado en la década de 1970 y profundizado en 1990 (Féliz, 2014). No obstante, el gobierno kirchnerista resistió a estas presiones con el objetivo de renviar la abertura de la crisis para después de las elecciones presidenciales de 2015, aplicando un ajuste “blando”, que culminó en la devaluación del peso a inicios de 2014 pero enganchando al mismo tiempo los salarios a la inflación en aumento y contrayendo deuda por vías alternativas, como los swaps con China (Féliz, 2015). Esta estrategia señalaba la vuelta en escena del empate hegemónico bajo la forma de una imposibilidad de seguir alimentando el modelo económico que se había mostrado exitoso en la fase previa, en una situación de reversión del ciclo económico externo y de “bloqueo” por parte de la base social del gobierno del despliegue de un ajuste pleno. Así el impasse del kirchnerismo en esta coyuntura solo se puede comprender en el marco de la reconfiguración de las relaciones de fuerza asociada al 2001 como “límite último” de su acción política y de su propia existencia: la inviabilidad de un relanzamiento más profundo de la acumulación capitalista a costa de las clases populares.

El nuevo empate hegemónico: la crisis argentina 2017-2019

Así las cosas, la afirmación electoral de la coalición de centroderecha Cambiemos en 2015 se presentó como la victoria de la opción más coherente de ajuste (BONNET, [s.d.]) frente a otras representadas por candidatos peronistas comprometidos, con distinto alcance, con los sindicatos, la burguesía industrial y la defensa del mercado interno en general. En este sentido, los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri pueden leerse como un segundo intento neoliberal de disciplinamiento de las masas que, como el primero –correspondiente a la “década menemista” de 1990– no habría más que fracasado, sólo que de manera más rápida.
Un eje central del gobierno macrista fue la aplicación de un shock económico donde la abertura comercial, la ausencia de controles sobre los flujos de capitales, la libre fluctuación monetaria, la remoción de protecciones para la industria local, la desregulación laboral y la represión de los salarios habrían de propiciar una “lluvia de inversiones” externa (según la expresión del propio mandatario), la retomada de las exportaciones y la reapertura de los mercados de capitales para propiciar un nuevo ciclo de endeudamiento. La aplicación de políticas económicas similares a aquellas del menemismo, pero con mayor celeridad, se fundaba en la presunción, dictada por la procedencia empresarial del presidente y de gran parte de su gabinete, de poder prescindir de las viejas mediaciones de la política argentina (KATZ, 2019). Sin embargo, la profundidad de estos cambios macroeconómicos se acompañó durante los primeros dos años de gobierno de una política “gradualista”: el ajuste fiscal, si bien imponente, no llegó a los niveles que el gobierno hubiera querido, ya que el déficit se mantenía (PIVA, 2019a), mientras que el vaciamiento de empresas públicas o parcialmente controladas por el Estado (la agencia periodística TELAM, Fabricaciones Militares, ARSAT) avanzaba sin poder transformarse en un proceso de privatización a larga escala a causa del amplio consenso social alrededor de algunas “estatizaciones”5 del kirchnerismo (Aerolíneas Argentinas, la petrolera YPF, la proveedora de agua AYSA, entre otras).
Este gradualismo se vinculaba a una relación de fuerzas no resuelta tras el ocaso del kirchnerismo, esto es sin que se diera una derrota del campo popular como sí había ocurrido en la década de 1990 (PIVA), lo cual se expresaba concretamente, ya a los pocos días de la asunción de Mauricio Macri, en un rechazo popular difuso que impedía al gobierno avanzar con más decisión con el ajuste. Cacerolazos masivos acompañaron cada pasaje del “tarifazo”, la continua escalada en el precio de los servicios básicos por medio de la remoción de subsidios y la “adecuación” de su remuneración a los niveles internacionales dolarizados. A la vez, si bien la primera huelga general no fue realizada antes de abril de 2017, el número de paros empezó a crecer al compás de la caída del salario real y del aumento de los despidos y cierres de empresas, tocando un pico en el año 2016. Además, un gobierno compuesto por fuerzas políticas que habían construido sus fortunas políticas también sobre la polémica contra el “despilfarro” representado por los planes sociales, conquistados por los movimientos sociales a partir de la década de 1990, no pudo más que ratificar su necesidad frente al dato estructural de la gran pobreza e informalidad laboral y, de hecho, aumentó su número (KATZ, 2019).
Este nuevo ensayo de transformación de la estructura social y económica argentina se acompañó, al mismo tiempo, de un proyecto refundacional más amplio, profundamente vinculado al momento constitutivo original del Estado moderno argentino, 1880 (OUVIÑA, 2018). Se trataba entonces de revivir los rasgos principales del Estado oligárquico en su racismo y elitismo estructural, invocando nuevas “campañas del desierto”6 y consignas de “Orden y Progreso” para justificar una represión necropolitica contra un nuevo enemigo interno, compuesto ahora por comunidades indígenas y militantes sociales. Algo que encontró su triste síntesis en el desalojo violento de la comunidad mapuche “Pu Lof en Resistencia” que ocupaba una parcela de una las estancias patagónicas propiedad del empresario Benetton el primero de agosto de 2017, donde el militante anarquista Santiago Maldonado fue desaparecido por la gendarmería, desatando una ola de protestas populares en repudio a la represión y por la su reparación con vida7. También se “trajo al presente” otro momento clave de la historia de las clases dominantes argentinas, el sangriento golpe de 1976 y el sucesivo genocidio de sindicalistas, estudiantes y militantes (OUVIÑA, 2018), a través del cuestionamiento de las políticas de verdad, memoria y justicia emprendidas desde el Estado en la década anterior, ataque que culminó en la decisión de la Corte Suprema de acordar a los condenados por crímenes de lesa humanidad el descuento de pena (conocido como “2×1”) reservado a los criminales comunes. No obstante, esta vez también la “densidad democrática” de la sociedad argentina, a la que refería Zavaleta (1986a), jugó un papel fundamental, protagonizando manifestaciones de repudio masivas y transversales al fallo que obligó la corte (y el gobierno) a desistir con el proyecto.
Sin embargo, el 2017 había de ser un punto de inflexión en esta trayectoria accidentada, ya que parecía prometer la posibilidad de superar al empate hegemónico y disciplinar forzosamente la sociedad al nuevo rumbo. En efecto, el gobierno triunfó en las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) de agosto, a solo dos semanas de la desaparición de Maldonado, y se convenció que el empate había quedado atrás, sepultado por una nueva hegemonía incipiente. Avanzó rápidamente, entonces, en la dirección de una intensificación brutal del ajuste, con la intención de servir a las clases dominantes esa ulterior precarización de la fuerza de trabajo que venían pidiendo hace tiempo: el gobierno pretendía tratar, conjuntamente, una reforma de las jubilaciones, una reforma tributaria y una laboral.
Además, planeaba nuevos recortes en el gasto público para remover el déficit fiscal que todavía se mantenía (PIVA, 2019b). Superada sin demasiados problemas una oposición parlamentaria debilitada, la agenda reaccionaria del macrismo terminó, en cambio, por estrellarse –como ocurre a menudo en la historia argentina– contra una marea popular en las jornadas de protesta del 14 y 17 de diciembre de 2017.
Mientras los diputados y las diputadas se encontraban reunidas en el Congreso Nacional el jueves 14 para sancionar el primer paso del paquete de reformas, la jubilatoria, una masa combativa, intergeneracional y políticamente transversal asedió por horas una Plaza de los dos Congresos militarizada, protagonizando intensos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La situación obligó a posponer la sesión al siguiente lunes 18 de diciembre8 , cuando la plaza, blindada, fue llenada nuevamente9 gracias también a la movilización con paro activo de la central sindical más grande del país, la Confederación General del Trabajo (CGT). La sesión duró desde el mediodía hasta entrada la madrugada, cuando la reforma fue sancionada gracias a veinte votos de la oposición. En el medio, se replicaron nuevos violentos enfrentamientos entre quienes protestaban y fuerzas de seguridad, y la plaza fue vaciada en las primeras horas de la tarde por medio de una violenta represión policial que terminó con cacerías de operativos motorizados por las calles del centro, golpeando y deteniendo a manifestantes como a simples transeúntes. Sin embargo, después de algunas horas en la mayoría de los barrios de la capital, la clase media se unía a la protesta animando “cacerolazos” espontáneos en rechazo a la reforma y a la represión10 , acción repetidas en varias otras ciudades argentinas, mientras que una importante masa de gente volvía a concentrarse en la Plaza de los dos Congresos desafiando la violencia policial.
El hechizo se había, rápidamente, roto. La postal del día siguiente a la sanción, pilas de escombros y carcasas de balas y gases lacrimógenos en la plaza, teatro de batalla, parecía reflejar el alto precio político pagado por el gobierno para avanzar con el primer tranco del ajuste planeado. Se trató, además, de una señal de extrema debilidad del macrismo, incapaz de negociar y convencido de una hegemonía efímera, que la oposición, antes fragmentada, supo capitalizar: desde ese momento en adelante el peronismo empezó a sentar las bases para su reunificación en vista de las elecciones presidenciales de 2019.
El gobierno acusó este revés. En lugar de acelerar hacia ese shock económico que su
ala más ortodoxa exigía desde el inicio de la gestión, pisó el freno y recuperó el gradualismo: las reformas restantes fueron separadas y su discusión fue dilatada, se bajaron las altas tasas de interés y se prometió una recuperación de la inversión pública. Sin embargo, la tregua habría de durar poco. En junio de 2018, de modo sorpresivo, el gobierno anunció la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el vigesimoséptimo de la historia argentina, sin pedir la aprobación del parlamento. La jugada señalaba la voluntad de reanudar el ajuste, y tenía dos objetivos. Por un lado, habilitaba un poderoso dispositivo de disciplinamiento, transfiriendo la guía (y la responsabilidad) del ajuste a un organismo tutelar externo, apuntando a destruir el empate desde afuera. Por el otro, el préstamo más grande de la historia del Fondo11 permitía garantizar el acceso al crédito, que empezaba a tambalearen los mercados privados de capitales (PIVA, 2019b), prolongando, así, el tiempo útil para alcanzar el «momento económico», es decir las primeras manifestaciones de recuperación del crecimiento que habrían de producir consenso alrededor de la continuidad del ajuste.
Sin embargo, el primer acuerdo fracasó rápidamente en aplacar la inestabilidad cambiaria, y a partir del segundo –acordado en septiembre de ese mismo año– la gestión de la política económica comenzó a ser dictada, directamente, por los funcionarios del FMI, quienes exigieron nuevos recortes del gasto público y promovieron una escalada de la tasa de interés para contener la inflación (KATZ, 2019). Esto no impidió, sin embargo, que la reaparición de las limitaciones estructurales de la economía argentina –esta vez bajo la forma de la dependencia financiera– hicieran precipitar la situación. En efecto, “los mercados” –que nunca se manifestaron bajo la esperada forma de la lluvia de inversiones– sí reaccionaron a la hora de especular con la posibilidad de que se concretara el quinto default de la historia argentina. Así, desde mayo de 2018 en adelante se asistió a una aceleración de fugas de capitales solo parcialmente contrarrestada por inversiones especulativas a corto plazo que aprovechaban la llamada “bicicleta financiera”12 , posibilitada por las altísimas tasas de interés y la ausencia de controles de flujos de capitales. También se asistió a una reducción significativa de las reservas en moneda extranjera en el Banco Central y de los depósitos privados en dólares, mientras que sucesivos ataques contra el peso –facilitados por una política monetaria errática– produjeron una devaluación de la moneda nacional del orden del 300% en apenas 16 meses, además de un aumento dramático de la inflación. Empero, el ultimo clavo en el ataúd del proyecto refundacional fueron las PASO presidenciales de agosto de 2019, cuando la coalición de gobierno fue derrotada por el peronismo reunificado por un margen tan alto que no dejaba duda sobre el éxito de las elecciones definitivas en octubre.
Sumido en una profunda deslegitimación política que el candidato opositor, Alberto Fernández, capitalizaba como interlocutor privilegiado de la burguesía, de los inversores y del Fondo, el gobierno tomó una serie de medidas que representaban un verdadero acto de rendición: introdujo controles de capitales y límites a los retiros de dólares, consideró aumentar las retenciones impositivas sobre las exportaciones de productos agrícolas (soja) y declaró un “default selectivo” sobre parte de la deuda en pesos argentinos. Finalmente, en septiembre, en un escenario de fuerte agudización de la crisis social, la movilización popular forzó la aprobación de la ley de “emergencia alimentaria”, que comprometía el Estado al control de los precios de los alimentos y a la provisión directa de comida a los barrios más carenciados. Así, en los casi tres meses de vacancia efectiva de poder que siguieron a los comicios de agosto, los ajustadores capitularon en todos los frentes de lucha, y el empate hegemónico volvió a triunfar en la Argentina.

¿Todo cambia? La coyuntura pandémica y las persistencias de la historia

Si la derrota del nuevo intento de ruptura del empate hegemónico tiene a diciembre de 2017 como momento decisivo, durante el desarrollo de la crisis a lo largo del 2018 y 2019 las calles, escenario principal de la política argentina, no dejaban de desafiar al Estado. Los sindicatos, después de dos años de tregua, realizaron cinco paros generales unificados a partir de 2017, en los cuales se manifestó también el protagonismo de los imponentes movimientos sociales que agrupan los y las trabajadoras informales. Por su parte, el movimiento feminista –el cual venía acumulando fuerzas en la organización de Encuentros Nacionales de Mujeres cada vez más masivos, sobre todo a partir de la celebración de la primera marcha “Ni una menos” en mayo de 2015– se apoderó del debate público alrededor de la posibilidad histórica de la sanción de una ley que despenalizara la interrupción del embarazo en la Argentina13 .
No obstante, al mismo tiempo se iba formando un clima de desactivación parcial de los reclamos al compás de la reunificación del peronismo, alrededor de la consigna “hay 2019”. En particular, la campaña de la izquierda peronista y de varios movimientos sociales para lograr la candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner se vio definitivamente frustrada en mayo de ese año, cuando ella misma decidió la postulación del centrista Alberto Fernández, a quien acompañaría como candidata a vicepresidenta. El peronismo, eterna “reserva de poder” de la política argentina, fundaba así su quinta reencarnación14 con un perfil moderado, que después de las PASO de agosto de 2019 tomaba cuerpo en el proyecto de un “nuevo pacto social” el cual, sin embargo, apuntaba a revivir la más vieja alianza de la política argentina: Estado, burocracia sindical y burguesía “nacional”.
Como en las coyunturas de 1973, 1989 y 2003, tocaba al peronismo encargarse de gobernar el empate hegemónico en el medio de una crisis económica y social dramática, garantizando una contención efectiva de los reclamos populares y reconstruyendo las condiciones mínimas para la acumulación capitalista, a la vez.
En efecto, pasada rápidamente la gran fiesta popular por la derrota de Macri, esta es la dirección que el nuevo gobierno tomó a partir de diciembre de 2019, en un esquema donde la reactivación económica quedaba supeditada al logro de una renegociación de la deuda conel FMI y los acreedores privados (KATZ, 2020). La rápida consecución de este objetivo motivó la gira presidencial europea de enero-febrero, donde Fernández planteó a los socios mayores del FMI la necesidad de revisar las pautas de devolución del préstamo más grande de su historia para facilitar una nueva fase de “crecimiento con inclusión”. El gobierno se posicionaba así a favor de una política pragmática que amoldara las restricciones externas de la “determinación dependiente” de Argentina a las necesidades internas de la crisis.
El pago de la deuda –si bien escalonado y con algunas quitas–quedaba garantizado, en el proyecto gubernamental, por el despegue definitivo de la extracción de gas y petróleo no convencional en el yacimiento patagónico de “Vaca Muerta”, mientras que se alentaba la inversión en la extracción minera a escala nacional. Desde el punto de vista productivo, se apostaba a un pronto repunte del mercado interno, y a una consiguiente recuperación de la industria a partir de la gran capacidad ociosa existente, vinculado a mejoras salariales parciales que empezaban con la suba de las jubilaciones mínimas y los planes sociales. A eso se sumaba la reducción paulatina de las altísimas tasas de interés heredadas por el gobierno de Macri, el congelamiento de las tarifas de los servicios y la introducción de limitaciones a los despidos. Al mismo tiempo, la redistribución mantenía un alcance acotado con el objetivo implícito de mantener en parte la dinámica del ajuste: se suspendió la movilidad de las jubilaciones en favor de un modelo de subas por decreto presidencial y se contrastó la aplicación de la “cláusula gatillo”, el ajuste por inflación, a los salarios públicos (KATZ, 2020).
Finalmente, la esperada proclamación de una ley que garantizara la interrupción voluntaria del embarazo estuvo presente en el discurso presidencial de apertura de la legislación en marzo, pero no tuvo tratamiento en la primera parte del año.
En el plano internacional, la victoria del peronismo en Argentina representó, en cambio, un quiebre en un escenario regional dominado, hasta entonces, por la excéntrica presidencia de Bolsonaro en Brasil. Paradójicamente, un país acostumbrado a vivir eclosiones populares en cada crisis reciente observaba en el frente interno una calma aparente, una postergación del enfrentamiento, mientras que, desde Quito a Santiago de Chile, pasando por Bogotá y La Paz, Sudamérica entraba en una espiral de fuertes convulsiones. El nuevo gobierno de Argentina tomó de inmediato una posición hostil a la represión en gran escala desatada contra la población en muchos de los países vecinos y, después del golpe en Bolivia, ofreció protección humanitaria al destituido dúo presidencial Evo Morales-Álvaro García Linera que, después de una breve etapa en México, se refugió en el país. Este activismo diplomático afectó ulteriormente la relación con Brasil, que veía resurgir en el Cono Sur un polo de atracción potencialmente enfrentado a su política exterior para la región. En lo económico, el obstáculo principal era la negativa del nuevo gobierno argentino al plan de flexibilizar definitivamente el funcionamiento del MERCOSUR y avanzar rápidamente con la firma de acuerdos de libre comercio como el que se refrendó en julio de 2019 con la Unión Europea, acuerdo sujeto, sin embargo, a fuertes cuestionamientos de los dos lados del océano. En el plan político, la elección de Fernández se sumaba a la victoria de López Obrador en México el año anterior y ambos representaron un freno parcial a los diseños derechistas de injerencia en Venezuela. Por otra parte, podía sugerir la reactivación informal de algún nivel de coordinación política regional en la senda de la difunta UNASUR y CELAC, como demostró el lanzamiento del “grupo de Puebla”, que está compuesto por las fuerzas políticas progresistas de la región y que se reunió en Buenos Aires en noviembre de 2019.
Las grandes diferencias regionales se extremaron a raíz de la crisis sanitaria que la pandemia del COVD-19 provocó al llegar a la región a fines de febrero 2020. Mientras que el gobierno de Fernández implementaba una cuarentena total para toda la población, Piñera en Chile reinstauró el estado de sitio y congeló el referéndum constitucional conquistado por las protestas populares de los últimos meses, del mismo modo que ocurrió con el gobierno golpista de Bolivia, al posponer las elecciones presidenciales. Bolsonaro, por su parte, insistía en minimizar la gravedad del virus y alentaba a la población a no cumplir las cuarentenas dictadas por los gobernadores locales, precipitando así al país en una crisis política aún más profunda. El desempeño de los gobiernos más comprometidos con una agenda neoliberal –reacios a implementar medidas sanitarias a gran escala que impactaran negativamente en la actividad económica–, puso nuevamente en evidencia el hiato existente entre el impulso a la acumulación sin límites de las clases dominantes y el cuidado de la población, en el contexto de una pandemia mundial que amenaza con doblegar los sistemas de salud de los países periféricos, golpeando de manera particular a los sectores más empobrecidos.
En este nuevo escenario, el gobierno de Argentina, que inicialmente se perfilaba como un centro moderado en el equilibrio regional, quedó, a partir de la crisis sanitaria internacional, en una posición progresista. Esto se reflejó a nivel interno: el inicio de la nueva crisis epidemiológica forzó un viraje económico inesperado (KATZ, 2020) que ha tomado la forma de una especie de “Estado social de emergencia”, ofreciendo ayudas económicas masivas a la población, e imponiendo regulaciones como la prohibición de los despidos, el congelamiento de alquileres e hipotecas, la suspensión de desalojos y del corte del suministro de los servicios públicos y la obligación de mantener los precios de los productos básicos a los niveles anteriores a la pandemia15 . Al mismo tiempo, el Estado abría línea de créditos especiales para las pequeñas y medianas empresas retomando un esquema aplicado durante la crisis de 2008.
Este “activismo” estatal –combinado con una clara inclinación hacia medidas que permitan al país transitar la crisis sanitaria con la menor pérdida de vidas humanas posibles por sobre los reclamos empresariales de no “dañar a la economía” y terminar la cuarentena– llevaron al presidente Alberto Fernández a cosechar niveles de aprobación inéditos16 , lo que le permitió desmarcarse del “madrinazgo político” de la vicepresidenta Cristina Kirchner y acumular capital político propio17. La temprana reacción a la difusión del virus en la Argentina impulsó, también, un cambio de percepción con respecto al nuevo gobierno entre las cancillerías del mundo, donde los pedidos de renegociación de la deuda empezaron a sonar mucho más razonables, así como las propuestas argentinas de activar un “fondo mundial de emergencia humanitaria”.
Sin embargo, esta nueva crisis viene a sobreponerse a una situación económica y social dramática, que conduce a diagnósticos de un colapso similar a aquel de 2001. Mientras que la pobreza escala a niveles récord y supera, según distintas estimaciones, el 40%, la pérdida proyectada de salarios y puestos de trabajo sume a la economía argentina en un panorama sombrío. Además, el carácter global de la crisis compromete el modelo extractivista con el cual el gobierno planeaba superar la crisis, con una ralentización de inversiones complejas como la minería y el congelamiento de las operaciones de Vaca Muerta debido a la caída vertical del precio del petróleo (KATZ, 2020). La ingente cantidad de dinero requerida para enfrentar el declive económico y la emergencia sanitaria, junto a los numerosos defaults en la deuda interna que se sumaron desde agosto de 2019, sugiere que, más allá de su concretización oficial, el default total de la deuda externa en los hechos ya llegó. El gobierno anunció que daría prioridad al gasto público y a la suspensión de los pagos.

Notas

1 La década de 1990 vio surgir el movimiento de desempleados, los llamados “piqueteros, más poderoso del continente, junto con la fundación de centrales sindicales autónomas como la Central de Trabajadores de la Argentina en 1992 e importantes campañas en defensa de la educación pública, como la llamada “carpa blanca” instalada por los docentes frente al congreso nacional. Asimismo, las organizaciones en defensa de los derechos humanos seguían reclamando por el procesamiento de los culpables de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura y por la reaparición con vida de los más de 30.000 detenidos y detenidas desaparecidas y por sus hijos apropiados por los militares.

2 En Argentina se usa el término “villas” y, con menor frecuencia, “villas miserias” para referirse a los barrios informales.

3 Zavaleta habla de una instancia de “interpelación” o “penetración” hegemónica que sigue al momento de la vacancia. De cierta forma, como propone Ouviña (2018), el cual considera al 2001 como un verdadero “momento constitutivo”, es posible concebir al kirchnerismo y al macrismo que le sigue como proyectos políticos, o interpelaciones hegemónicas, que se originan en este momento y proponen modalidades de recomposición de la sociedad alternativas, aunque no opuestas, entre sí.

4 Nos referimos en particular al llamado conflicto de la “125” o “del campo” que en 2008 vio enfrentado el gobierno a las organizaciones patronales de la producción agroindustrial y que se suele considerar como un punto de inflexión en la construcción de consenso por parte del “kirchnerismo” por el nivel de movilización de la sociedad civil que provocó. Ver (PANERO, 2019).

5 Ninguna de estas operaciones fue técnicamente una estatización, ya que se trató de recompras de acciones para que el Estado contara con la mayoría del capital con derecho de voto, sin modificar el carácter privado de las empresas y su dependencia de la valorización financiera.

6 Con este nombre se conoce la guerra de conquista del sur argentino que lleva al genocidio de la mayoría de los pueblos indígenas patagónicos y a la fijación de las fronteras actuales del Estado argentino.

7A los tres meses días la prefectura naval ejecutó por la espalda al mapuche Rafael Nahuel en el marco del desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu del lago Mascardi, provincia de Rio Negro. El accionar de las fuerzas de seguridad fue justificado por el gobierno y en particular por la ministra de seguridad Patricia Bullrich, la cual elaboró a partir del año siguiente un protocolo que permitía a los agentes el uso de armas de fuego en varias instancias de mantenimiento del orden público, orientación que se conoció como “Doctrina Chocobar”, por el apellido del agente policial que a fines de 2017 disparó y mató por la espalda al ladrón Pablo Kukoc en el barrio porteño de La Boca.

8 Durante el fin de semana se avanzó la hipótesis de sancionar la reforma por medio de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) presidencial. Sin embargo, la contrariedad de la oposición y de componentes de la coalición de gobierno frustró ese intento.

9 Ese día se estimó en 500.000 personas el total de manifestantes.

10 Varios autores han señalado un “carácter democrático” de la clase media argentina que hace que, si bien esta avale la coerción, se opone a la represión a gran escala (PORTANTIERO, 1977; KATZ, 2019).

11 El total del préstamo, acordado en dos tramos en el año 2018, fue de más de 50.000 millones de dólares por el periodo 2018-2022.

12 Con esta expresión se representa el mecanismo por el cual las inversiones de tipo especulativo a corto plazo aprovechan las altas tasas de interés de los títulos de deuda de los países periféricos, comprando y revendiendo los mismos en forma rápida y cíclica para realizar, en dólares, la diferencia de rentabilidad que se mantiene con títulos emitidos en otros países.

13 En efecto, a una sorpresiva apertura del presidente Macri en tal sentido en febrero de 2018, siguieron varios meses de agitación callejera que culminaron en la masiva manifestación del 13 de junio, cuando cientos de miles de personas festejaron la aprobación de la ley en la cámara de diputados. Si bien el Senado no ratificó la media sanción en agosto de 2018, la senda había sido trazada y un nuevo piso democrático quedaba establecido por la sociedad frente al gobierno por venir.

14 Después del peronismo histórico (1945-1955), el paréntesis Cámpora-Perón-Isabelita (1973-1976), la “década menemista” (1989-1999) y la fase kirchnerista (2003-2015).

15 Tenemos en cuenta estas medidas por la orientación general que expresan, más allá de su impacto real y del efectivo nivel de acatamiento de los varios actores sociales, que no siempre fue total.

16 Según algunas encuestas el presidente lograba un índice de aprobación en los primeros días de la pandemia del 93,8%, y del 97,5% entre la población de mayor riesgo (más de 60 años).

17 Quizás nada sea más significativo al respecto, en una cultura política donde es costumbre personificar a las corrientes políticas, el incipiente debate sobre la existencia de un “albertismo”.

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Dados do autor

Dario Clemente
Professor del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC-UBA, Argentina). E-mail: dclemente.cbta@gmail.com

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