La actuación de los ayuntamientos puede hacer la diferencia, pues desde el nivel local son muchas las posibilidades de acción tanto en las primeras horas de ausencia como en los casos de larga data y la atención a víctimas, pero se requiere abrir la discusión pública del tema
Por Fabrizio Lorusso – Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato[1] – Link web
La desaparición de personas es una violación grave y múltiple a los derechos humanos, un delito de tipo continuo e imprescriptible, que representa una ruptura material y simbólica del orden y de la convivencia social, comunitaria y familiar. En México son más de 88 mil las personas cuyo paradero se desconoce y que deben ser buscadas. En Guanajuato son 2 mi 556. El aumento de los casos ha sido exponencial e imparable desde 2018, sin que esto signifique que con anterioridad el fenómeno ya no tuviese una presencia preocupante que no fue atendida en la entidad.
Según el antiguo Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, extinto el 30 de abril de 2018, en Guanajuato en esa fecha había 621 personas desaparecidas del fuero común y federal, siendo los municipios de Celaya (97 casos totales), León (82), Pénjamo (44), Apaseo el Alto (28) y Guanajuato (27) los de mayor incidencia. Casi tres años después, a la fecha del 3 de marzo de 2021, los municipios con más personas desaparecidas eran: Celaya (con 362), Irapuato (315), León (277), Salamanca (161) y Pénjamo (119).
Durante todo 2020 en Guanajuato fueron 3 mil 096 las personas que fueron reportadas como desaparecidas. Para la pronta localización de cada una de ellas, independientemente de los posibles crímenes que se hubieran cometido en su contra, según las leyes y los protocolos vigentes, debieron activarse los mecanismos de búsqueda o de investigación pertinentes que involucran a varias instituciones, como la Fiscalía, la Policía y la Comisión Estatal de Búsqueda. Sabemos que esto no siempre sucede, o no con la rapidez que se requeriría. En muchos casos son las familias de las personas desaparecidas las que organizan brigadas de búsqueda inmediata, difunden alertas en los barrios, acuden a los medios de comunicación, formulan hipótesis, siguen pistas e investigan, exponiéndose incluso a peligros y amenazas. En el estado ahora hay 13 colectivos de búsqueda y diversos actores de la sociedad civil que brindan apoyo en algunos casos, sin embargo, no siempre cuentan con las atribuciones y capacidades que sí deben de tener las instituciones del Estado.
En este contexto, la actuación de los ayuntamientos puede hacer la diferencia, pues desde el nivel local son muchas las posibilidades de acción tanto en las primeras horas de la desaparición como en los casos de larga data y la atención a víctimas. Los municipios, de hecho, tienen obligaciones legales y, a partir de ese piso mínimo, pueden implementar programas, mejorar los protocolos de actuación y las medidas de apoyo a las familias.
La atención política y pública hacia la problemática, así como las medidas concretas de tipo legal, social y operativo para encararla, han sido limitadas y tardías en la entidad, siendo los gobiernos municipales corresponsables de este retraso, pues estas obligaciones y atribuciones no han sido debidamente atendidas. No hemos visto todavía en Guanajuato un gobierno municipal encarar y adoptar esta problemática en colaboración con las víctimas, las familias, los colectivos y las organizaciones que los acompañan. Se trata de una alianza necesaria, especialmente en el contexto de macrocriminalidad, conflicto y violencia que experimentamos tanto en las ciudades más grandes y pobladas como en los centros menores.
El objetivo debe ser elaborar políticas públicas desde el nivel local que, coordinándose con los grupos sociales interesados y con las instituciones estatales y federales involucradas, vayan más allá de lo previsto por la Ley General en Materia de Desaparición, por la Ley General de Víctimas, y por las equivalentes leyes estatales, la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato y la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato, además del Protocolo Homologado de Búsqueda. En todas estas normativas la coordinación interinstitucional, así como el principio de participación conjunta con las víctimas, son principios fundamentales a tener en cuenta. Al respecto, existe una deuda pendiente de los gobiernos municipales con las y los desaparecidos que ya pesa y no puede ser ignorada durante tres años más.
Se proponen algunos ejes de acción que son indicativos, no agotan las propuestas posibles, pero constituyen una base para abrir una discusión pública que pueda incidir en políticas concretas en el corto y mediano plazo. Hace falta ampliarlos y mejorarlos a partir de las propuestas propias de las familias y de los colectivos que ya cuentan con una experiencia directa en la búsqueda. Para su efectividad, estos deben basarse en un enfoque de derechos humanos, que extiende los estándares mínimos; en una dinámica participativa y colaborativa con las víctimas y sus organizaciones; en un modelo proactivo y diferencial, no sólo reactivo y uniforme.
Ejes de acción
- Grupos de búsqueda con protocolos mejorados y colaboración con colectivos/sociedad civil
- Búsqueda inmediata, en vida, e “inteligencia comunitaria”
- Plan de capacitación a grupo de búsqueda, Secretaría de Seguridad Pública y funcionarios, con énfasis en enfoques diferenciados (búsqueda de mujeres, personas con discapacidad, migrantes, pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes, entre otras)
- Hacer análisis de contexto desde el nivel micro-local y municipal
- Plan de verificación cámaras, panteones municipales, fosas comunes, sitios de detención
- Sistema de difusión de alertas municipales inmediatas
- Módulo y medidas especiales de atención a víctimas indirectas de la desaparición
- Mesas de seguimiento entre familiares, acompañantes y autoridades
- Medidas de apoyo estructural para la mejor organización de las familias
- Proyectos para la memoria, la reparación, la no repetición
- Personas en situación de calle o internadas: solicitar búsqueda de familia si es el caso
- Verificación puntual de lo previsto en Ley de Víctimas estatal y general para municipios
- Programas de sensibilización de la administración pública y de la ciudadanía
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Link artículo más extenso sobre el tema: enlace 1
Link libro Propuestas para León 2021/Ibero León con Pdf sobre el tema: enlace 2
Infografías de @DesapGto Twitter: uno – due
Link art. Original en PopLab: https://bit.ly/3ylnepR
Plataforma por la paz y la justicia en Gto: Facebook link
[1] La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato agrupa proyectos académicos y sociales para fortalecer y acompañar las exigencias de víctimas de desaparición de personas y los colectivos de búsqueda de personas.
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