[De Fabrizio Lorusso desde el diario Milenio (León) – Twitter @FabrizioLorusso – Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades – Universidad Iberoamericana León. En el video: entrevista con el periodista de LG Radio – León, Toño Rocha, del 10 de febrero de 2020. Si reconcoes a alguien entre las fotografías, por favor escribe inbox mensaje al Facebook de A tu encuentro o Desaparecidos Irapuato. Les invitamos también a la Marcha a la Fiscalía de León el día 18 de febrero a partir de las 4 – desde el Parque Juárez, León, Gto (más abajo está la postal)]
En los últimos meses el movimiento de familiares de personas desaparecidas en Guanajuato ha comenzado a organizarse, dando visibilidad a las víctimas y sus historias de vida, y a ser reconocido como un interlocutor por los medios de comunicación y las autoridades municipales, estatales y federales. No ha sido un camino fácil, ya que en la entidad hay miles de casos de desapariciones, acumulados desde hace más de una década, los cuales en el tiempo fueron invisibilizados, debido a los prejuicios sobre las víctimas, a la actuación deficiente de las fiscalías, al discurso oficial de menosprecio y a la escasa comprensión de este crimen desgarrador.
En 2010, ocho leoneses fueron desaparecidos por policías en Zacatecas durante una excursión de caza deportiva y, junto al Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, sus familiares lucharon para dar con su paradero. Sin embargo, no se logró encontrarlos e identificarlos. En 2011, 23 migrantes de San Luis de la Paz fueron víctimas de desaparición, solo uno de ellos fue identificado, dudosamente, por las autoridades, en Tamaulipas, pero aún se desconoce el paradero de los demás. ¿Dónde están? Con apoyo de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, desde entonces el colectivo Justicia y Esperanza busca verdad y justicia.
Desde que, en 2016, escalaron dramáticamente la violencia homicida en Guanajuato y la militarización del territorio, se han disparado las desapariciones, pues distintas bandas armadas, al estilo paramilitar, se llevan a jóvenes, trabajadores, mujeres adolescentes y familias, ya sea individualmente o por grupos, desde espacios públicos, centros de rehabilitación y casas particulares. La impunidad es total, así que el dispositivo desaparecedor, hecho de mecanismos complejos, redes de perpetradores y complicidades, se sigue reproduciendo. Ya son más de 30 los entierros o fosas clandestinas, con decenas de cuerpos, en la entidad. Según cifras de la fiscalía, hay al menos 1,040 personas desaparecidas al corte del 31 de diciembre de 2019, pero podrían ser hasta 1,718 si consideramos aquéllas desaparecidas antes de 2012.
Dada la ausencia institucional, en 2019 surgieron iniciativas ciudadanas para visibilizar el problema y exigir sus derechos negados: nació la página Facebook Desaparecidos Irapuato, que señala los casos y ayuda en la localización; el colectivo A tu encuentro, que hoy aglutina a más de cien familias y trabaja con el colectivo Justicia y Esperanza, acompañados por agrupaciones como Búscame, Sembrando Comunidad, el Centro Pro DH, entre otras.
La desaparición es una violación múltiple a los derechos humanos, un crimen permanente que nunca prescribe, y no sólo afecta a una familia sino a todo su entorno, su comunidad y la sociedad en su conjunto. Los desaparecidos son de todos y todas. Hasta dar con el paradero de sus seres queridos, y en ausencia de avances sobre sus casos desde los ministerios públicos, son los familiares quienes siguen buscando e investigando, aunque les cueste la vida, la economía, el bienestar y la salud. Muchas familias cuentan con experiencias, vivencias y conocimientos muy valiosos sobre el contexto de las desapariciones y las maneras de buscar a quienes fueron desaparecidos, ya sea porque se los llevaron policías o militares, miembros del crimen organizado, o bien, otros grupos armados bajo aquiescencia de las autoridades.
Las enormes necesidades y problemáticas que ocasiona la desaparición requieren de políticas públicas adecuadas, eficaces y consensuadas con las familias y las organizaciones. En este principio se basan la Leyes Generales en Materia de Desaparición, del 2017, y de Víctimas, del 2013, las cuales aún no han sido aprobadas en Guanajuato. Después de algunos acercamientos con las familias, el Congreso estatal ha resuelto crear una mesa de trabajo ad hoc sobre los cambios a los proyectos de estas leyes que han propuesto las víctimas, los asesores de colectivos y ONU-Derechos Humanos.
Sin embargo, después de haber acordado formalmente la creación de un fondo de 10mdp y la instalación de otras dos mesas fundamentales sobre “Búsqueda e investigación” y “Atención a víctimas”, tras tres reuniones de los colectivos en enero con el Secretario de Gobierno, el Gobernador y el Fiscal General, estos espacios no han sido creados ni hay fechas, metodologías y avances para su realización. Aunque algunas familias han recibido apoyos gobernativos urgentes, desde luego muy necesarios y bienvenidos, crece la preocupación acerca del “voto de confianza” que las familias han dado a las autoridades para tenderles la mano y elaborar conjuntamente estrategias de más amplio alcance y duración: las mesas de trabajo son un primer y esencial paso hacia ello.
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