Trabajo, deuda y chantaje: Los braceros haitianos en los cañaverales de la República Dominicana

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https://larrlasa.org/articles/10.25222/larr.1111/

Riproduciamo qui di seguito un interessante articolo del nostro collaboratore Raúl Zecca Castel pubblicato sull’ultimo numero della Latin American Research Review (LARR), prestigiosa rivista accademica della Latin American Studies Association di Pittsburgh (USA) attiva sin dal 1965. L’articolo descrive e denuncia le condizioni di lavoro dei migranti haitiani impiegati come bracciantato agricolo nelle piantagioni di canna da zucchero della Repubblica Dominicana.


La literatura antropológica e histórica del área caribeña se ha focalizado durante mucho tiempo en el estudio de las relaciones entre colonias, esclavitud y orden económico. En el debate surgido se ha tratado de abordar la cuestión del papel que se asigna al sistema de plantación y a sus métodos de trabajo en la historia del capitalismo mundial. Muchos académicos han coincidido en reconocer la explotación laboral en las plantaciones como una contribución fundamental en el surgimiento del sistema capitalista, rastreando los orígenes de este último a una época anterior al desarrollo industrial europeo (James 1938; Williams [1944] 2014; Genovese [1965] 2014; Wolf [1982] 2010; Mintz 1985; Curtin 1998). Según estos autores, cada uno desde diferentes perspectivas, a partir de principios del siglo XVI, las colonias americanas y sus plantaciones debían considerarse como primeros casos de industrialización por su clara división entre producción y consumo, y entre trabajadores y medios de producción. En este sentido, la plantación, como lugar geográfico y, sobre todo, como sistema de trabajo, fue configurada como la institución en la que se invertían capitales, se realizaban ganancias y se acumulaban riquezas para luego reinvertirlas en la Madre Patria, es decir, como una institución perfectamente capitalista.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, las malas condiciones de trabajo que caracterizaron las plantaciones del Caribe comenzaron a atraer la atención de la comunidad internacional y de organizaciones de derechos humanos. En particular, respecto a la isla de La Española, surgió en todo su drama disruptivo lo que pronto se conocería como la “cuestión haitiana”. De hecho, la necesidad de mano de obra destinada, principalmente, a cortar la caña de azúcar había engendrado flujos migratorios masivos desde Haití a la República Dominicana y el consiguiente nacimiento de una gran comunidad en la diáspora.

Muchos documentos oficiales elaborados por organizaciones internacionales (Human Rights Watch 1989; Gavigan 1996; Anti-Slavery International 1998; Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1999) sacaron a la luz la explotación laboral asociada al uso de mano de obra haitiana en las plantaciones dominicanas de caña de azúcar. Sin embargo, el rasgo común de estos documentos consistía en el acuerdo general de que ciertas condiciones de vida y trabajo no eran más que un legado del pasado.

La producción teórica que, desde el nuevo siglo, ha intentado explicar la evolución de la situación de los trabajadores haitianos empleados en el sector azucarero dominicano ha captado solo parcialmente los cambios de época que han involucrado la economía y la sociedad en su conjunto, y que, en el caso de la industria azucarera dominicana, se expresó en la transición de lo público a lo privado.

Incluso las publicaciones críticas más recientes (Wooding y Moseley-Williams 2004; Verité 2011), al mismo tiempo que observan cómo el proceso de privatización (que desde 1999 ha afectado a la industria azucarera dominicana) se ha acompañado de un deterioro progresivo de las condiciones generales de los trabajadores, evitan considerar esta regresión como el resultado directo de un discurso mundial más amplio basado en políticas económicas neoliberales.

Por lo tanto, las siguientes páginas tienen la intención de ofrecer una contribución etnográfica que reconozca en el proceso de privatización de la industria azucarera dominicana la causa de las condiciones actuales de explotación de los migrantes haitianos empleados en los cañaverales dominicanos.

Una isla, dos naciones, una frontera

La isla de La Española, dividida políticamente entre Haití y República Dominicana, es la segunda más grande después de Cuba en el archipiélago de las Antillas y constituyó el primer puerto occidental de América.1 Históricamente, por lo tanto, tiene una importancia de primer orden por haber sido uno de los nodos de las redes marítimas comerciales que, durante aproximadamente tres siglos, entre los años 1500 y 1800, unieron Europa, África y las Américas. El sistema de plantaciones que los colonizadores españoles establecieron en la isla a principios del siglo XVI, basado en mano de obra africana importada y centrado en el cultivo extensivo de caña de azúcar, pronto transformó La Española en la colonia más rentable del mundo (Fick 1990).

Tras el tratado de Ryswick, firmado en 1697, la corona de España, que hasta entonces había gobernado toda la isla, cedió un tercio de su territorio a los franceses, que habían ocupado la parte occidental de la misma. A partir de ese momento, una frontera de 388 km de largo inauguró el comienzo de una historia que marcaría el futuro de ambos países. La conquista de la independencia de Francia y la proclamación de la República de Haití en 1804 supusieron el fin de la esclavitud y, al mismo tiempo, el comienzo de un declive económico vertiginoso e imparable, hasta el punto de convertir a Haití en el país, actualmente, más pobre de todo el continente americano.2

Por otro lado, la República Dominicana, que obtuvo su independencia en 1844 después de tres siglos de dominación española (y veintidós años de ocupación haitiana), experimentó un período de efervescencia económica en el último cuarto del siglo XIX, justo cuando la producción de azúcar de caña emprendió el camino de la modernización industrial.

Este desarrollo fue propiciado por algunas coyunturas internacionales que favorecieron la inversión de capital extranjero en la República Dominicana para la construcción de las primeras modernas plantas de molienda y procesamiento de azúcar, ya no organizadas alrededor de los tradicionales molinos de tracción animal, sino impulsadas por las nuevas máquinas de vapor. En primer lugar, la guerra civil estadounidense (1861–1865) representó un duro golpe para la producción de azúcar de Luisiana (donde se concentraban las mayores plantaciones de caña de azúcar del continente), hasta el punto de ser “casi aniquilada” (Prichard 1939, 332; Roland 1997). En Europa, la guerra franco-prusiana (1870–1871) tuvo resultados similares en la naciente industria azucarera de remolacha (Hall 2000), mientras que la primera guerra por la independencia de Cuba, que devastó la isla caribeña durante más de diez años (de 1868 a 1878–80), no solo arrasó plantaciones enteras sino que, sobre todo, provocó la primera ola migratoria hacia la República Dominicana (Muñiz 2013), considerada por el historiador Frank Báez Evertsz (1978, 9) como “la principal causa de transformación de la industria azucarera dominicana”.

La llegada de la “azucarocracia cubana” —como Manuel Moreno Fraginals (1978) definió la clase terrateniente local—,3 tuvo como resultando más importante la inversión de grandes capitales en la compra de plantaciones y en la construcción de ingenios industriales para la producción de azúcar con métodos modernos (Moya Pons 1977, 408). En apenas diez años, desde 1872 —cuando se construyó La Isabel, considerado el primer molino de vapor del país— hasta 1882, los cubanos pusieron en marcha más de treinta ingenios (Hall 2000; Muñiz 2013).

A nivel nacional, el Gobierno dominicano aprovechó estas circunstancias para implementar políticas económicas favorables al desarrollo y a la modernización de la industria azucarera a través de la venta de grandes extensiones de tierra para el cultivo de caña de azúcar a tasas preferenciales, la reducción de aranceles para la importación de maquinaria industrial —especialmente de Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico— y el otorgamiento de permisos especiales para la entrada en el país de trabajadores extranjeros a emplear en las plantaciones (Hall 2000; Muñiz 2013).

De hecho, durante sus primeros años de actividad, la industria azucarera dominicana había utilizado principalmente mano de obra local. Sin embargo, las duras condiciones laborales y los bajos salarios generaron pronto un sentimiento generalizado de descontento entre los trabajadores y, en 1884, se produjo la primera huelga en el sector del azúcar.

La solución de los principales empresarios a las demandas de los trabajadores en huelga fue recurrir a la mano de obra extranjera. La decisión se basó no solo en criterios de conveniencia económica, sino también en la creencia de que, debido a su condición migratoria, los nuevos trabajadores serían más disciplinados y sujetos a control. Según Muñiz (2013, 428), “los extranjeros, sujetos a deportación, temían vincularse en actividades que hicieran peligrar su trabajo. La etnicidad, la heterogeneidad cultural, la religión, la estacionalidad, el control de los plantadores, la división del trabajo y el miedo mantuvieron desunido al sector laboral más importante de la fuerza de trabajo nacional”.

Ya a partir de la década de 1880, pero especialmente a partir de la década siguiente, por lo tanto, se empezó a reclutar mano de obra en las islas cercanas; inicialmente en Puerto Rico y luego en las Antillas Menores británicas, danesas, holandesas y francesas, tanto que la República Dominicana llegó a ser considerada como una “frontera abierta” (Martínez 1999, 62).

El estallido de la Primera Guerra Mundial supuso un duro golpe para la industria europea del azúcar de remolacha, mientras que la ocupación militar de la República Dominicana por parte de Estados Unidos en 1916 —con enormes inversiones en modernización de la infraestructura y medidas para proteger los intereses azucareros— marcó un nuevo período de prosperidad para el mercado dominicano de azúcar de caña.4

Los siguientes años se recuerdan en la historia del azúcar como “la danza de los millones”. Los precios del producto sufrieron continuas fluctuaciones en el mercado internacional, pasando de alrededor de cinco centavos la libra en 1915 a más de veinte centavos la libra en 1920, para luego colapsar repentinamente a menos de dos centavos ese mismo año. La industria azucarera dominicana reaccionó a la crisis del sector reduciendo aún más los salarios de los trabajadores. Luego de la de 1884, una nueva huelga general convocada por la Unión Obrera —sindicato cocolo—,5 paralizó el ingenio más importante del país, el Ingenio Consuelo. Siguieron despidos masivos y el inicio de una nueva etapa migratoria caracterizada por la contratación de trabajadores de Haití. Si bien casi todos los trabajadores empleados en las plantaciones de caña de azúcar de la República Dominicana hasta 1920 provenían de las cercanas islas caribeñas de Barlovento,6 en 1930 los haitianos ya habían tomado su lugar, convirtiéndose en la principal fuerza laboral extranjera en el país (Muñiz 2013, 455; Martínez 1999).7 Una vez más, por tanto, “los dueños de las plantaciones no sólo eludieron formas de resistencia reemplazando a los viejos trabajadores por nuevos, sino que promovieron la división étnica como estrategia de control del trabajo” (Martínez 2007, 23).

En 1930, el golpe militar de Rafael Leónidas Trujillo marcó el inicio de un proceso de monopolización de la industria azucarera por parte del Estado dominicano, aunque con el compromiso de mantener relaciones comerciales cada vez más rentables con las diversas potencias occidentales y en particular con los Estados Unidos que, desde 1959, año de la revolución cubana, se convirtieron en los principales compradores de azúcar dominicano.

Fue durante el régimen de Trujillo que se firmó el primer contrato bilateral entre la República Dominicana y la República de Haití para el reclutamiento de trabajadores haitianos que se emplearían en las plantaciones de caña de azúcar dominicana durante la temporada de cosecha. Entre 1952 y 1986, el Gobierno haitiano reclutó cada año entre quince y veinte mil trabajadores para ser transferidos al Gobierno dominicano a cambio del pago de grandes sumas de dinero. Con la muerte de Trujillo, asesinado en 1961, las diversas empresas azucareras pasaron a manos del Estado que, en 1966, dio vida al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), como organismo autónomo responsable de gestionar su administración.

Hasta mediados de la década de 1980, el mercado azucarero dominicano continuó expandiéndose, alcanzando niveles de producción muy altos (superando el millón de toneladas), pero ya en 1991 la cifra había caído ruinosamente a 340.000 toneladas, generando la crisis más grave en la industria azucarera del país. Las causas de este colapso radicaban, por un lado, en la crisis más general del mercado internacional del azúcar de caña, cuyo precio estaba en caída libre (de más de cuarenta centavos la libra en 1980 a menos de tres centavos en 1985);8 y por el otro, en la corrupción arraigada y generalizada que con el tiempo se había consolidado en la gestión de la cadena azucarera administrada por el CEA (Wooding y Moseley-Williams 2004, 42; Verité 2011, 95).

En este contexto de declive, comenzó un proceso político de venta del patrimonio estatal que encontró su referencia jurídica en la Ley General de Reforma de la Empresa Pública (Ley N ° 141/97), promulgada en 1997 por el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). A partir de esta reforma, que justificó la adopción de políticas económicas neoliberales al afirmar que “el patrimonio nacional podría utilizarse eficazmente para combatir la pobreza y devolver parte de la deuda social contraída con el pueblo dominicano en el marco del desarrollo sostenible”, las empresas públicas más grandes del país fueron privatizadas, incluido el Consejo Estatal del Azúcar.

Sin embargo, a diferencia de lo que exigía la Ley 141/97, el resultado del proceso de privatización de la industria azucarera dominicana “fue un fracaso, un regreso a los horrores del pasado” (Wooding y Moseley-Williams 2004, 45). Y los que más sufrieron las consecuencias drásticas de este fracaso fueron los trabajadores y las familias que residían en los bateyes.

¿Qué son los bateyes?

Durante los años sesenta y setenta del siglo XX, el Gobierno dominicano construyó cientos de barracones a lo largo del país para recibir la mano de obra reclutada a través de los contratos bilaterales establecidos con Haití. Eran edificios aislados, situados incluso a varias decenas de kilómetros del centro urbano más cercano, inmersos entre los cañaverales, que carecían de los servicios más básicos: agua corriente, electricidad, baños. Los alojamientos se concibieron únicamente como un refugio para la noche, ya que la jornada laboral ocupaba sin descanso los braceros de la mañana a la noche. Sobre todo, eran alojamientos temporales, donde los trabajadores, hombres adultos solteros, vivirían durante la temporada de cosecha, aproximadamente entre diciembre y junio, para luego supuestamente regresar a Haití.

Por su estructura, que favorecía el control de los trabajadores, los barracones han sido descritos como el símbolo de un “estilo internacional de arquitectura de plantación” (Martínez 2007, 37). A este respecto, el historiador Manuel Moreno Fraginals (1978, 604–605), refiriéndose al contexto cubano, sostiene que ya durante el siglo XVIII se definían como “barracones” a los edificios donde se guardaban los esclavos para la venta. El término habría llegado así hasta nuestros días para indicar las casas de los esclavos y, más tarde, de los trabajadores de la caña de azúcar: “en resumen, es un edificio diseñado para un régimen carcelario en la época de la mayor barbarie esclavista”. En cuanto a los barracones de los bateyes dominicanos, de hecho, eran edificios de planta rectangular de unos seis metros por treinta a lo largo de los cuales se distribuían veinte habitaciones —diez a cada lado— y cuyas puertas se podían cerrar con candado desde el exterior para evitar la fuga de los trabajadores durante la noche. Construcciones muy similares, que flanqueaban o reemplazaban a las de madera de herencia colonial (HRW 1989, 33), se han encontrado en muchos contextos de plantación, no solo caribeños (cf. la senzala brasileña), tanto que Samuel Martínez (2007, 37) pudo afirmar que “la tendencia con el azúcar fue la estandarización no solo del producto sino del propio espacio de producción”. A partir del análisis socio-urbano que James Kunstler (1994) había aplicado a EE. UU., Martínez (2007, 33) considera que efectivamente las primeras expresiones de esa emblemática “geography of nowhere” no se han de buscar tanto en los anónimos centros comerciales o en los aeropuertos del Occidente moderno (Augé 1992), sino más bien en las periferias más recónditas del capitalismo, en esos edificios y en esos lugares que —como los barracones y los bateyes en general— podrían estar en cualquier lugar, ya que fueron diseñados para satisfacer las necesidades de la acumulación capitalista. Es por ello que los bateyes pueden definirse como nowhere places y, a la vez, —retomando un concepto de Henderson y Castells (1987)— spaces of flows, justamente por que fueron “diseñados para facilitar el movimiento de mercancías y capitales en tierras lejanas, teniendo en cuenta lo menos posible las necesidades físicas y sociales de sus habitantes” (Martínez 2007, 13).

En los bateyes dominicanos, sin embargo, el trato económico recibido por los trabajadores migrantes a menudo resultaba insuficiente para cubrir el coste del viaje de regreso a Haití. Como resultado, muchos comenzaron a vivir permanentemente en estos lugares, recibiendo a sus esposas o estableciendo nuevas relaciones sentimentales. Con el paso del tiempo, por lo tanto, se formaron familias, nacieron niños y se construyeron nuevas viviendas alrededor de los barracones. Así fue como estos lugares se convirtieron en verdaderas comunidades sociales, hoy en día todavía conocidas como bateyes.

Actualmente, el número de bateyes presentes en la República Dominicana se ha calculado en el orden de quinientas unidades para una población que se supone oscila alrededor de 250.000 personas (ACNUR/PNUD/UNICEF 2014). Todavía hoy representan comunidades rurales caracterizadas por grandes deficiencias en términos materiales y de servicios básicos, habitadas principalmente por migrantes haitianos empleados en el trabajo agrícola de corte y cosecha de la caña de azúcar.

A menudo, los bateyes han sido interpretados (HRW 1989; NCHR 1996; ASI 1998; CIDH 1999) en términos de herencia histórica y cultural, lugares lejanos y suficientemente aislados como para permanecer indiferentes a la influencia de los cambios externos. Esta perspectiva, sin embargo, oculta la interdependencia que modifica y estructura dinámicamente los diferentes sistemas de instituciones a lo largo del tiempo.

La Española y los bateyes representan un objeto de estudio privilegiado para investigar y profundizar estos procesos dialécticos que conciernen tanto a la historia económica del mercado del azúcar del siglo XX como al fenómeno del tráfico y de la esclavitud en el Atlántico, tanto la dinámica colonial y poscolonial de las potencias europeas, cuanto las vicisitudes políticas de Haití, de la República Dominicana y de las diferentes naciones que han mantenido y continúan manteniendo varios tipos de relaciones con ellos.

Interrogar a los bateyes, por lo tanto, significa poner el acento en el lugar histórico y simbólico alrededor del cual, desde siempre, gravitan importantes cambios de época. El pequeño tamaño, las fronteras circunscritas y el aislamiento material que los caracteriza hacen de estas comunidades observatorios sociales privilegiados.

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Trabajo y deuda: Una trayectoria individual

En la literatura del área del Caribe, el uso de testimonios personales constituye un método etnográfico extremadamente extendido y significativo para el análisis de las dinámicas sociales que interconectan lo local con lo global. A este respecto, el trabajo de Sidney Mintz sigue siendo fundamental por su interés en el sistema de plantación contemporáneo y las formas de vida y de trabajo que se registran en él. Su libro Worker in the Cane: A Puerto Rican Life History (1974), por ejemplo, se basa en una sola historia de vida recogida durante varios años de trabajo de campo en Puerto Rico para dar cuenta de los cambios históricos y económicos que han afectado tanto a la micro-comunidad, de la cual forma parte el informante, como al nivel macro en escala global. Como ha señalado el mismo autor, esta metodología no trata de asignar a las historias de vida y, más en general, a los testimonios etnográficos una especie de representatividad mágica de la realidad, sino de reconocer su capacidad de evocar tiempos, lugares y personas a través de una narrativa personal que, al mismo tiempo, pueda expresar tanto un punto de vista interno cuanto la experiencia colectiva de una comunidad, una región o un país entero (Mintz 1989, 792).

De acuerdo con esta metodología, consideraremos algunos fragmentos de la vida de un joven trabajador haitiano, para que a través de su caso específico podamos iluminar las dinámicas migratorias y laborales comunes a la mayoría de los trabajadores empleados en las plantaciones de caña de azúcar de la Republica Dominicana y, de ahí, llegar finalmente a entender cómo se realizan concretas formas y relaciones de dependencia y subyugación personal a través de un sistema de endeude.

Conocí a Junior en mayo de 2013 en el batey Las Pajas, en la provincia de Hato Mayor del Rey, región oriental del país, donde vivía y trabajaba como cortador y recolector de caña de azúcar en las plantaciones vecinas. Era en aquel entonces un joven de veintitrés años. Me explicó que dejó su tierra en 2008, a la edad de dieciséis años, para escapar de la violencia de las pandillas juveniles armadas, un problema social que aún no se ha resuelto en los suburbios de los grandes centros urbanos de Haití y que empeoró aun más después del terremoto de enero 2010. Junto con las razones económicas, políticas y ambientales, el tema de la seguridad y la delincuencia, de hecho, representa otro motor de emigración para la población haitiana. “Vine aquí porque en ese tiempo estaban matando a muchos jovencitos por allá en Puerto Príncipe y todavía siguen haciéndolo ahora… porque hay pandillas armadas allá, envían a los pequeños por delante, con armas, los que tienen diez, trece, catorce años, y como que yo era tan joven como ellos, podían pensar que estaba involucrado en esas cosas, aunque no sabía nada de eso, pero podían matarme como si nada por eso … había tantos muertos, por eso vine aquí”.9

Junior se embarcó en el viaje transfronterizo con el objetivo de dejar atrás un país que consideraba peligroso para su propia vida y así llegar a la República Dominicana, donde esperaba encontrar no solo la salvación, sino también un trabajo que pudiera garantizarle un mejor futuro. El cruce de la frontera dominico-haitiana constituye un peligro real para todos aquellos que enfrentan el viaje clandestinamente, con el riesgo de ser descubiertos por la policía fronteriza (Cesfront) o por grupos de ladrones dedicados a agredir a los migrantes.

Crucé la frontera de Jimanì. Caminé agachado, en las montañas, escondido, porque no tengo documentos, me gusta decir la verdad, no tengo pasaporte, crucé ilegalmente […] En el camino había un punto de control, iluminaban el paso con un faro, entonces fue que escuché un disparo: ¡pam! … cuando escuché el disparo, decidí no continuar, me quedé quieto y me puse a dormir allí, al lado del un camino […] Por la noche un grupo de bandidos me atracó, tenían machetes y una pistola … había un niño con una 9 milímetros delante de mí y el grupo alrededor … se llevaron mi mochila, lo poco que tenía, luego dispararon en el aire por encima de mi cabeza, para asustarme.10

La mayoría de los migrantes haitianos que logran cruzar la frontera terminan en el interior del país, en algún batey perdido entre interminables plantaciones de caña. El estatus migratorio irregular representa un factor de vulnerabilidad para los recién llegados, expuestos al chantaje de la repatriación. De ahí la inclusión en el mercado laboral informal, en sectores de baja o nula cualificación profesional, especialmente en construcción o agricultura, sobre todo en tareas extremadamente extenuantes como cortar y recolectar caña de azúcar, donde están sujetos a regímenes de bajos salarios capaces de desencadenar círculos viciosos de deuda y dependencia extremadamente difíciles de romper.

Yo pensaba que aquí encontraría algo mejor, pero cuando llegué aquí vi que era peor. A veces uno se escapa de la lluvia y termina en un río, sin saberlo. Cuando pienso en esto, creo que hubiera sido mejor quedarme en Haití […] Este trabajo, con la caña de azúcar, no es bueno, es un trabajo malo. Si te equivocas puedes cortarte el pie o las manos, tengo muchas heridas de machete, mira aquí [muestra piernas y manos cubiertas de cicatrices]. […] Me estoy volviendo loco, quiero salir de aquí, no puedo pensar en seguir trabajando aquí […] Todos mis pensamientos están dirigidos a mi país, quiero irme, regresar.11

Al igual que muchos trabajadores que pude entrevistar, Junior no solo expresaba una gran insatisfacción con el trabajo de cortar la caña de azúcar, sino que también mostraba un deseo inquieto y angustiado de escaparse. Literalmente soñaba con abandonar la plantación y regresar a Haití para reunirse con sus seres queridos. Este sentimiento de frustración, común a la mayoría de los trabajadores, revela explícitamente la condición de dependencia que comparten los braceros migrantes en las plantaciones. En cinco años de trabajo, Junior no había podido ahorrar nada, porque lo que ganaba era apenas suficiente para conseguir comida. Se revelan así las razones económicas detrás de la imposibilidad de abandonar el batey y, en particular, el papel clave del sistema de endeude para hacer que los trabajadores se sientan prisioneros de esos lugares.

Trabajamos aquí y no ganamos nada de dinero, trabajamos para nada … trabajamos y ni siquiera podemos comprar unos zapatos, una camisa, o un par de pantalones … somos como esclavos en libertad, porque somos libres de dejar el trabajo, sabemos que hay otros lugares donde ir a trabajar, podemos irnos, por eso somos libres. Pero cuando uno está en este trabajo es como un esclavo, un prisionero, porque, por ejemplo, si uno quiere irse, si no tiene el dinero no puede ir a donde quiere, debe quedarse para pagar las deudas al colmado [bodega].12

Escuchando estas palabras de Junior, quedaba claro que no era tanto el dinero que no tenía lo que le impedía dejar su trabajo en la plantación, sino más bien el dinero que debía. Eran las deudas con la bodega donde compraba los alimentos básicos a crédito que hacían que fuera prisionero de una relación de dependencia unilateral con su trabajo: una dependencia que, en la práctica diaria, se traducía en formas de sujeción personal al empleador, esa persona que en la jerarquía agrícola de la empresa asume la responsabilidad laboral de los trabajadores y que por esto se hace garante de su solvencia económica. “Cuando uno trabaja aquí, si necesita comprar algo en el colmado [bodega], siempre debe de tener alguien que lo acompañe y le garantice. Sin un jefe no puedes ir solo a la tienda, si vas solo nadie te vende a crédito, tienes que tener un jefe contigo, él tiene que estar contigo, de lo contrario el dueño de la tienda no te vende nada”.13

Para concluir, el nudo crucial en torno al cual se desarrollaban estas relaciones de subyugación, que dependen de la deuda como instrumento de trabajo y chantaje existencial, se debían claramente a la manera con la cual se calculaba el salario y a los métodos de pago de los trabajadores, más allá de la sustracción de medios alternativos de subsistencia como el horticultivo y la ganadería familiar.

Los efectos de la privatización: Derechos humanos y laborales en los cañaverales

Después de un largo y difícil procedimiento burocrático, el 27 de septiembre de 2013, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL) emitió un informe en el que afirmaba que la República Dominicana había violado los acuerdos del Tratado de Libre Comercio (CAFTA-DR) vigentes desde 2007 entre los dos países.14 Específicamente, los funcionarios de la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales (OTLA), designados por el USDOL para verificar el cumplimiento de este tratado en la industria azucarera dominicana, destacaban el incumplimiento de las normas relativas a las directivas sobre el trabajo contenidas en el capítulo dieciséis. En particular, se evidenciaban múltiples infracciones, que respondían a condiciones de trabajo inaceptables con respecto a: salario mínimo, horas de trabajo, seguridad y salud; violación de la edad mínima para el empleo de una fuerza laboral en el contexto de las peores formas de trabajo infantil; y violación de la prohibición de formas de trabajo forzoso u obligatorio. Además, se identificaban cuestiones críticas con respecto a la aplicación de la legislación laboral en relación con la libertad sindical y la negociación colectiva, específicamente con respecto a la libertad sindical, el derecho a organizarse y llevar a cabo convenios laborales colectivos.

Ya desde finales de la década de 1970, varias organizaciones internacionales habían comenzado a dirigir su atención al tema de la explotación de la mano de obra migrante en las plantaciones de caña de azúcar dominicanas, denunciando situaciones estructurales de explícita violación de los derechos laborales y humanos, repetidamente interpretados como nuevas formas de esclavitud (ASS 1979; Lemoine 1981; Plant 1987; Gavigan 1996; ASI 1998; CIDH 1999). Con el advenimiento del nuevo milenio —y tras el giro de privatizaciones de la industria azucarera nacional— un número aún más consistente y variado de publicaciones encontró su objeto de investigación en los bateyes dominicanos, cada vez más caracterizados como lugares de extrema explotación, no por casualidad definidos por la Organización Internacional del Trabajo (ILO 2001, 23) como uno de los entornos profesionales más coercitivos del mundo.

Mas allá de la controvertida referencia a la categoría analítica de la esclavitud,15 muchos trabajadores entrevistados durante mi investigación de campo denunciaron condiciones de trabajo forzoso u obligatorio que se traducían en la imposibilidad de abandonar las plantaciones, debido a las deudas contraídas con la bodega del batey y/o con el jefe de la plantación en la cual trabajaban. Esta restricción, que se expresaba en una relación de dependencia personal, tomaba forma por un lado en la constante falta de dinero en efectivo y, por otro, en la imposibilidad de acceder a medios alternativos de sustento.

El tema del “endeudamiento inducido” vio la luz en un informe publicado por la organización Verité (2011, 139), en el que se denunciaba cómo, “debido a los bajos salarios de los trabajadores y al endeudamiento con las bodegas […] los trabajadores debían permanecer en los bateyes tanto en tiempo de zafra, cortando caña de azúcar, cuanto en tiempo muerto, cultivando o realizando otras actividades, en el intento de saldar sus deudas”. De ahí la conclusión de que esta deuda estructural representaba un indicador de trabajo forzoso. De hecho, el mismo informe subrayaba que los trabajadores a menudo se veían involucrados en un círculo vicioso provocado por los bajos salarios, los precios inflados de los alimentos a la venta en las bodegas y los préstamos a altos intereses; elementos que, en su conjunto, inducían a los trabajadores a una condición de servidumbre por deudas, obligándolos a permanecer en los bateyes y a trabajar más horas. Como bien explica Nego, dueño de una pequeña bodega:

El 75% de los clientes compra a crédito y viene a pagar cuando cobra su salario. Sin embargo, de ese 75% tal vez solo el 15% me pague todo lo que compró. El 85% de las personas normalmente me paga solo una parte de lo que debe, mientras que otra parte queda pendiente y se acumula con otros gastos. Por eso, la vez siguiente la gente trata comprar un poco menos, porque la deuda sigue aumentando, pero el caso es que, aunque quisieran pagarme todo, no podrían, porque no ganan lo suficiente. Así funciona en los bateyes: todos vivimos con una deuda sobre nuestros hombros.16

El tema de la esclavitud por deuda como medio de control de la fuerza de trabajo realizado a través del sistema de bodegas pertenecientes a las plantaciones o, más en general, a los latifundios y a las haciendas ha sido bastante extendido en toda la América Latina post-abolicionista. En las colonias españolas, principalmente, se desarrolló como sustituto de sistemas tradicionales de trabajo forzoso como la encomienda o el repartimiento, aunque su practica no fue limitada a la América del Sur (Daniel 1972). Sin embargo, el ejemplo quizás mas significativo a nivel histórico y en la literatura científica se refiere a la tienda de raya mexicana, donde esta particular relación de servidumbre se manifiesta en toda su relevancia simbólica y material. En un artículo dedicado a las condiciones de trabajo en las haciendas mexicanas durante la época de Porfirio Díaz (1876–1910), el antropólogo e historiador austriaco Friedrich Katz (1974, 19–20), por ejemplo, menciona un informe redactado por Karl Kaerger (1901) en el cual se explica que los trabajadores migrantes no tenían otra opción que comprar sus alimentos en las bodegas de la finca, donde los precios de los productos podían llegar a sobrepasar el 100 por ciento de su valor económico, con el resultado que a menudo no podían contar con dinero en efectivo. Además: “como necesitaban fondos para regresar a casa y la hacienda generalmente no pagaba el transporte de regreso a la ciudad natal del trabajador, ni les proporcionaba los medios para subsistir […], el dueño de la plantación les daba a cada uno una pequeña suma de dinero. Esto se consideraba un adelanto del salario del año siguiente y significaba que los trabajadores se veían obligados a regresar la próxima temporada para pagar su deuda”. De ahí, según Katz (1974, 38), “formas de peonaje por deudas se volvieron cada vez más similares a la esclavitud manifiesta”.

En el caso de la República Dominicana, la dependencia laboral y económica de los moradores de los bateyes con el trabajo en los cañaverales, además, ha sido fuertemente impulsada después del pasaje de la gestión publica a la privada de las plantaciones debido a la prohibición de cultivar parcelas para uso proprio.

La práctica de los conucos —huertos personales o familiares— había sido muy extendida y ampliamente tolerada en la época del CEA, considerada como “una válvula de escape para el descontento” (Moya Pons 1986, 87), útil para la paz social de la comunidad, pero sobre todo indispensable para la supervivencia de la población local durante la temporada de tiempo muerto, la que separa una cosecha de otra, en la que las oportunidades laborales se reducen considerablemente.

Según Mintz (2010, 15), la horticultura personal y/o familiar era una práctica de larga data dentro del sistema de plantaciones del Caribe, cuyo origen y desarrollo remonta a la época de la esclavitud, cuando “los esclavos de las plantaciones solían cultivar para su subsistencia […] utilizando tierras consideradas inadecuadas para los principales cultivos de plantación. Fue en estas tierras donde los esclavos adquirieron o perfeccionaron sus habilidades hortícolas, desarrollaron sus prácticas agrícolas estandarizadas, aprendieron las características de los suelos caribeños, dominaron el cultivo de nuevos productos y se prepararon para su reconfiguración como campesinos”.

Esas pequeñas parcelas de tierra, recortadas en los márgenes de las grandes plantaciones, constituían un espacio de supervivencia, pero, al mismo tiempo, de libertad personal para los esclavos que las utilizaban. Si por un lado esta práctica fue sin duda una herramienta funcional al mismo régimen esclavista, ya que colaboró al sostenimiento de los costos de reproducción social, por otro lado representó una oportunidad para probar y perfeccionar los conocimientos y las habilidades agrícolas que los esclavos habrían aprovechado en términos de su crecimiento personal, tanto material como intelectual, una vez hubieran sido libres: “Por lo tanto —afirma el antropólogo haitiano Michel-Rolph Trouillot (2002, 229–230)—, los huertos de subsistencia pueden leerse no solo como tierras materiales utilizadas para mejorar la condición física y legal de los esclavos —a veces incluyendo la compra de la libertad de uno— sino también como tierra simbólica para la producción del yo individual a través de la producción de bienes materiales”.

Hasta 1999, año en que el Estado dominicano cedió sus tierras y plantaciones a varios inversores privados, la tradición y la práctica de los huertos personales y/o familiares fue tolerada y dejada a la libre iniciativa, pero las cosas cambiaron rápidamente con el proceso de privatización. A partir de ese momento, no solamente el cultivo no autorizado de tierras marginales e inutilizadas fue prohibido y sancionado, sino que también la pequeña ganadería —llevada a cabo para los mismos fines de supervivencia— ya no fue permitida. Según los mismos moradores de los bateyes, el único propósito de estas nuevas restricciones era garantizar una mano de obra extremadamente chantajeable, únicamente dependiente del trabajo asalariado en las plantaciones privadas. Así lo explica por ejemplo Jean, un anciano cortador de caña que emigró de Haití a la República Dominicana a finales de la década de 1980, trabajando bajo la dirección del CEA antes y experimentando más tarde las transformaciones que se produjeron después del proceso de privatización.

Estamos obligados a cortar la caña de azúcar porque es el único trabajo que tenemos […] es lo único que hay, ¿qué más quieres hacer? Te puedes imaginar, uno no depende de otra cosa que no sea la caña […] En los tiempos del CEA podíamos cultivar unas habichuelas, un poco de maíz, lo que fuera. Todo el mundo tenía su conuco, un pedacito de tierra para mantenerse de pie en el tiempo muerto, pero ahora se llevaron toda la tierra y nos dejaron sin nada. Ni siquiera podemos criar un chivo o un puerco, porque si tienes un animal y lo encuentran libre, lo agarran preso … Lo meten en un recinto y hay que pagar una multa para que te lo devuelvan, de lo contrario se lo quedan.17

Según una encuesta estadística realizada por Consultores Económicos Financieros y Organizacionales en nombre del Centro de Formación y Acción Social y Agraria (CEFASA/CEFINOSA2012) en los bateyes de la República Dominicana, el 63 por ciento de los trabajadores empleados en las plantaciones de caña de azúcar gana menos de 250 pesos por día, es decir, menos de cinco dólares, mientras que el 33 por ciento gana menos de 150, lo que equivale a casi tres dólares. Además, el 69 por ciento de los encuestados afirma consumir la suma total para sus gastos de subsistencia, mientras que el 30 por ciento informa haber enviado una pequeña cantidad a sus familiares en Haití. Solo el 1 por ciento de los trabajadores dice que puede guardar algo. Según la misma encuesta, el 25 por ciento de los entrevistados afirma trabajar seis días a la semana, mientras que el 60 por ciento incluso siete días a la semana. De estos, el 29 por ciento afirma trabajar más de ocho horas diarias.

Finalmente, otro tema —estrechamente relacionado con el anterior— que surgió con fuerza en los testimonios de los trabajadores entrevistados: se refería a los cambios que han afectado el sistema de pago adoptado por las empresas privadas. Aunque se ha podido apreciar un aumento general de los salarios en los últimos años, debido, por un lado, a las crecientes presiones externas y, por otro, a la adaptación natural al aumento del coste de vida, la privatización del sector azucarero ha llevado a un sistema de pago completamente arbitrario, sin criterios objetivamente medibles.

Los trabajadores, aunque siguen siendo pagados a destajo, en relación con las toneladas de caña de azúcar cortadas, ya no tienen acceso a las estaciones de peso y, por lo tanto, se ven obligados a confiar en la palabra de sus superiores, quienes establecen equivalencias subjetivas entre un determinado volumen de caña y el peso que se supone tiene. Como explica Noemí Méndez, abogada de origen haitiana que se crio en un batey y que dedica su actividad a la defensa de los derechos laborales de los cortadores de caña

en los tiempos del CEA había estaciones de peso en casi todas las plantaciones. La caña se pesaba en presencia del trabajador, a quien se le entrega un recibo con la cantidad exacta para que el día de pago recibiera su salario. Podía haber problemas, y de hecho siempre había, pero la diferencia es que ahora los trabajadores no asisten a la pesa y no tienen idea de cuánto recibirán hasta el día de pago. Queda claro que este sistema de pago es bien poco transparente.18

Aún más si tomamos en cuenta la sospecha expresada por muchos trabajadores, según los cuales puede ser que las empresas ni si quiera pesen la caña cosechada: “Es que nosotros no podemos saber cuanta caña cortamos ni cuánto pesa. ¡Tal vez ni siquiera la pesan, ellos! ¡Tal vez cortamos 4 o 5 toneladas y luego nos dicen que son 3 o incluso 2! Es que ellos te dicen lo que quieren y tú no tienes derecho a decirles nada”.19

Además, para evitar la posibilidad de protestas y huelgas organizadas, las nuevas administraciones privadas han establecido turnos de trabajo en brigadas formadas por trabajadores siempre diferentes, a fin de reducir al mínimo el tiempo compartido. De ahí la ausencia de organizaciones sindicales libres, mientras que las pocas huelgas que algunos trabajadores han convocado para denunciar los supuestos abusos y para reclamar salarios justos han sido reprimidas nuevamente con las herramientas del chantaje laboral y del hambre: “Esta gente no quiere que protestes: trabajas para ellos y no quieren que protestes. No lo quieren porque de lo contrario te despiden, porque la tierra es de ellos, la compraron con su dinero y ellos son los que mandan”.20

Los despidos o suspensiones permanentes del trabajo son métodos comunes que las empresas utilizan tanto como amenaza cuanto como represalia por la organización de trabajadores en grupos sindicales. De ahí la resignación y la aceptación de un sistema de explotación basado en la violencia del más fuerte. Por la misma razón, los trabajadores y sus familias se adaptan a unas condiciones de vida poco saludables, compartiendo niveles de higiene extremadamente precarios y con carencias, sometiendo el futuro de sus hijos a un círculo vicioso que es casi imposible de romper.

Conclusiones

Como ya se ha evidenciado, el proceso de privatización que desde 1999 ha involucrado a la industria azucarera dominicana, ha sido el resultado de múltiples factores de crisis económica que pueden ser atribuidos, por un lado, a la corrupción generalizada y a las prácticas de mecenazgo del sistema burocrático-administrativo del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y, por otro, a la caída de los precios del producto en el mercado internacional. Sin embargo, también es necesario reconocer este fenómeno dentro de un marco de análisis más amplio que se refiere a la adopción progresiva de políticas económicas neoliberales en países considerados parte del hemisferio sur.

En este sentido, el geógrafo David Harvey (2007), ha tratado de recorrer la “breve historia del neoliberalismo” para mostrar cómo se desarrolla en términos de un preciso proyecto político dirigido a la promoción del capitalismo internacional y, por lo tanto, a la restauración del poder de clase.

La acción conjunta de privatización y desregulación, lejos de determinar un equilibrio de mercado basado en un sistema competitivo eficiente, como lo sostienen sus partidarios, se habría resuelto, por el contrario, en la ley del más fuerte y en la aparición de formas de oligopolio. A partir de los primeros experimentos de aplicación de sistemas de libre mercado, el instrumento económico privilegiado siempre ha sido el de la deuda. De hecho, organizaciones como el FMI y el Banco Mundial a menudo se han basado en este argumento económico con el objetivo de estimular políticas neoliberales que favorecieran los procesos de privatización. Todo esto, evidentemente, en detrimento de lo que implica el sector público estatal, tanto en términos de regulación económica como de regulación social, especialmente en lo que refiere a las diferentes formas de protección de los derechos de los trabajadores.

El instrumento de la deuda, de hecho, no solo concierne a los protagonistas del sistema mundial, sino, en particular, a aquellos que finalmente se ven afectados por él. Es de considerable interés prestar atención al análisis que el antropólogo estadounidense David Graeber (2012) defendió en su reciente ensayo titulado “En deuda. Una historia alternativa de la economía”, porque centra su investigación en el concepto de deuda entendida como un arma de subyugación y esclavitud.

A través de esta clave interpretativa, Graeber llega a argumentar, actualizándolas, las conclusiones que, entre otros, han sido elaboradas por pensadores de inspiración marxista como Sidney Mintz y Eugene Genovese, quienes asumieron la tesis de que entre la esclavitud y el trabajo asalariado no existe solución de continuidad si se considera la evolución más amplia del sistema capitalista. Según Graeber (2012, 341), este sería el escándalo secreto del capitalismo, es decir, el hecho de que no hubiera surgido después del proceso abolicionista y la llegada del trabajo libre, sino que debe su éxito al trabajo forzoso, y en particular a ese trabajo que se dio en las plantaciones de caña de azúcar del Caribe: “siempre ha habido una curiosa afinidad entre el trabajo asalariado y la esclavitud” —escribe Graeber (2012, 341)— “No solo porque los esclavos en las plantaciones del Caribe eran los que suministraban los productos de energía rápida que alimentaban gran parte del trabajo de los primeros empleados; ni porque la mayoría de las técnicas de gestión científica aplicadas en las fábricas se remontan a esas mismas plantaciones de azúcar; sino también porque las relaciones entre esclavos y amos, así como las relaciones entre empleado y empleador son en principio impersonales”. Incluso hoy, continúa Graeber (2012, 341), “la servidumbre por deudas sigue siendo la principal forma de reclutar trabajadores en todo el mundo. Tanto en sentido literal, como en gran parte del este de Asia y América Latina, y en un sentido subjetivo, ya que la mayoría de los trabajadores asalariados e incluso empleados asalariados sienten que deben trabajar principalmente para pagar un préstamo de algún tipo”.

De hecho, la relación entre deuda, trabajo y dependencia representa una prueba de fuego extremadamente eficaz para investigar desde una perspectiva antropológica las grandes transformaciones que han afectado el desarrollo histórico de la economía mundial. En particular, el surgimiento del modo de producción capitalista dentro del marco neoliberal del mercado global ha dejado bien claro la importancia que los procesos históricos como la proletarización laboral adquieren a nivel local.

A través de una densa literatura etnográfica capaz de recurrir a innumerables estudios de caso, y también respaldada por datos macroeconómicos, la antropología ha podido mostrar puntualmente las diversas metamorfosis que puede sufrir el trabajo asalariado en el contexto contemporáneo, hasta tomar forma en relaciones contractuales que expresan formas más o menos implícitas de esclavitud y subyugación, marcando, como expresó Graeber, un continuum sustancial con las formas de esclavitud pre-abolicionista.

En la misma línea, Moulier-Boutang (1998) ya había argumentado que el fin de la esclavitud no solo había resultado en un trabajo asalariado gratuito, sino también en una forma particular de trabajo dependiente definido como asalariado, donde el elemento fundamental, lo que lo hace comparable a la esclavitud moderna, es la cuestión de la finalización unilateral del contrato. De manera aún más específica, según Moulier-Boutang (1998, 631), este elemento aparece con mayor evidencia en el contexto de la mano de obra migrante, donde genera una fuerte limitación de movimiento en los trabajadores: “si el intercambio [dinero/trabajo] condiciona la movilidad del empleado, el mercado laboral será un mercado laboral forzado o semi-forzado”.

Lejos de estar confinado al mundo subterráneo de las relaciones de trabajo informal, por lo tanto, este mercado laboral se manifiesta abiertamente a través de formas de dependencia radical y, en particular, a través del sistema de endeude. Parafraseando a Marcel Mauss, Pier Giorgio Solinas (2007, 12 y 22) reconoció el “espíritu” de la deuda precisamente en su “capacidad de unir a las personas y empeñar su propia existencia”. De esta manera, concluye Solinas, “las vidas de los empleados y de sus familias están empeñadas tácitamente, como una especie de garantía viviente sujeta al chantaje del acreedor y de sus tutores”.

Tomando en cuenta la famosa intuición marxista según la cual la fuerza de trabajo debe considerarse la verdadera mercancía en cuestión, es necesario ir más allá para argumentar que esta última coincide aquí con la vida misma de los trabajadores. El proletario, de hecho, agrega Claude Meillassoux (2007, 39), “no es un proveedor ordinario: vender su propia mercancía, que es su fuerza de trabajo, no es una simple transacción, sino una cuestión de vida o muerte para él y su familia”.

Meillassoux también reconoce la deuda como un instrumento privilegiado para implementar el dispositivo de chantaje típico del mercado laboral capitalista. En realidad, representa la condición de posibilidad del mismo proletario, ya que, paradójicamente, cada trabajador se ve obligado a pagar por el acceso a la vida productiva. El primer salario, de hecho, se difiere con respecto al desempeño laboral y se paga a posteriori, generando lo que Meillassoux define como “la desventaja de la deuda inicial”, generalmente destinada a convertirse en una deuda constitutiva. Una vez más, la condición del trabajador migrante está más expuesta a este riesgo, ya que el avance que necesita para comprar su trabajo también incluye los costos del viaje migratorio y, por lo tanto, es más alto.

Lo que une estas lecturas críticas sobre las relaciones que vinculan los temas del trabajo, la deuda y las diversas formas de dependencia y sujeción personal, es el acuerdo para el cual no se trata de un accidente, un efecto secundario o una degeneración del sistema capitalista y de las políticas económicas neoliberales, sino que más bien, para decirlo de nuevo con Harvey, se trata de un proyecto político deliberado, una estrategia clara dirigida a preservar y garantizar la acumulación original de capital. En este sentido, debe reconocerse que “la superexplotación del trabajo […] se basa en una organización, una regulación y una gestión que revela su carácter orgánico y regular” (Meillassoux 1978, 170).

De nuevo es Meillassoux quien nos recuerda que, especialmente en las periferias del capitalismo, la ley de la oferta y de la demanda no es más que una estafa. Lo que establece el salario es el costo de reproducción de la fuerza de trabajo. No por casualidad, concluye, “los teóricos del desarrollo […] habían descubierto que para aumentar la oferta de trabajo era necesario bajar los salarios, ya que los trabajadores del sector rural regresaban a sus casas una vez que habían acumulado la suma que les tocaba”.21

En conclusión, este artículo ha tratado de ilustrar cómo los trabajadores haitianos que entrevisté en los bateyes de la República Dominicana están de acuerdo en el hecho de que desde 1999, año en que se lanzan las reformas económicas neoliberales a nivel nacional y que encuentran su expresión más significativa en el proceso de privatización de muchos sectores públicos productivos, incluida la industria azucarera, las condiciones de trabajo y, en general, la vida de los trabajadores de las plantaciones y de sus familias se han deteriorado. Para muchos, la existencia se ha reducido a una cuestión de mera supervivencia y las responsabilidades de dicha degradación se atribuyen explícitamente a la nueva gestión privada del proceso de trabajo, culpable, según los mismos trabajadores, de explotar cada recurso humano hasta la última gota de sudor a través de la trampa del chantaje de una deuda inextinguible.
Notas

1El almirante Cristóbal Colón, junto con los noventa marineros que lo acompañaron en las famosas carabelas, llegó al lugar que bautizó con el nombre de La Española el 5 de diciembre de 1492, donde fundó La Navidad, el primer asentamiento europeo en suelo americano.

2Según los datos de la CIA World Factbook, alrededor del 60 por ciento de la población haitiana vive por debajo del umbral de pobreza: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ha.html.

3Según Hall (2000, 8) “durante la década de 1870, huyeron a República Dominicana 5000 empresarios cubanos que anteriormente se dedicaban a la producción de azúcar”, mientras que eran unos tres mil según fuentes de Muñiz (2013, 224).

4En solo diez años, entre 1916 y 1926, la producción de azúcar dominicana se triplicó, pasando de 128.000 toneladas a 360.000 (Hall 2000, 15).

5El término cocolos se refería indiscriminadamente a todos los migrantes procedentes de las Antillas inglesas, danesas y holandesas. El origen del término no es seguro, pero podría referirse a una distorsión del nombre de los habitantes de Tortola (en las Islas Vírgenes Británicas) o a una derivación del término congolo, inicialmente utilizado para referirse a los esclavos del Congo y luego extendido a todos los migrantes de color. Otras interpretaciones se refieren, en cambio, al idioma portugués, donde el término coco se usó de manera similar para referirse a los africanos negros (Cowie 2005, 14).

6Las Islas de Barlovento pertenecen al archipiélago norteño de las Antillas Menores (desde Puerto Rico a Martinica) e incluyen posesiones de ultramar británicas, danesas, holandesas y francesas.

7Según el censo elaborado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) en 1935, el número oficial de haitianos empadronados en el territorio ascendía a poco más de 52.000 personas, pero se cree que las cifras eran mucho mayores debido a la alta tasa de migración irregular.

8Ver la página https://www.macrotrends.net/2537/sugar-prices-historical-chart-data.

9Junior, Batey Las Pajas, 11.06.2013, entrevista de campo.

10Ibíd.

11Ibíd.

12Ibíd.

13Ibíd.

14Public Report of Review of U.S. Submission 2011–03 (Dominican Republic), Office of Trade and Labor Affairs, Bureau of International Labor Affairs, U.S. Department of Labor, 27 de septiembre de 2013.

15Aunque “la situación de los inmigrantes haitianos en la República Dominicana es generalmente aceptada como uno de los casos de esclavitud contemporánea más convincentes y ampliamente documentados en el mundo” (Martínez 1999, 282), la definición de esclavitud —si bien declinada en “moderna”, “contemporánea” o “nueva”—, muy frecuente en el vocabulario del activismo político y social para indicar una increíble variedad de situaciones de explotación y abuso (desde el trabajo infantil hasta los matrimonios concertados, desde la trata sexual hasta la servidumbre por deudas), ha suscitado numerosas dudas, especialmente en el ámbito académico. Al respecto, se consideren las reflexiones elaboradas por Dottridge (2017). En cuanto al caso dominicano, el mismo Martínez (1999) tomó posiciones muy críticas con respecto al uso del término esclavitud, mientras que Moya Pons (1986, 197) había sostenido de manera provocativa que “el trabajador haitiano en la industria azucarera dominicana no es un esclavo ni vive ni trabaja en condiciones similares a las de los sistemas esclavistas de los siglos pasados en el Nuevo Mundo, pero sus condiciones de vida pueden ser mucho peores que las de un esclavo”.

16Nego, Batey Las Pajas, 23.07.2016, entrevista de campo.

17JEAN, Batey Cambalache, 26.04.2013, entrevista de campo.

18Méndez, San Pedro de Macorís, 13.06.2013, entrevista de campo.

19Enrique, Batey Jaimito, 15.05.2013, entrevista de campo.

20Johnny, Batey Montecoca, 01.05.2013, entrevista de campo.

21Meillassoux (1978, 110).
Biografía

Raúl Zecca Castel, PhD, es Investigador Posdoctoral en antropología cultural y social en la Universidad de Milán-Bicocca. Desde 2013, se dedica al estudio de la diáspora haitiana en la República Dominicana y, especialmente, de la población de los bateyes, comunidades afrodescendientes de origen colonial vinculadas al trabajo agrícola en las plantaciones de caña de azúcar. Es autor de los libros Come schiavi in libertà. Vita e lavoro dei tagliatori di canna da zucchero haitiani in Repubblica Dominicana (Arcoiris, 2015) y Mujeres. Frammenti di vita dal cuore dei Caraibi (Arcoiris, 2020).
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