El 24 de marzo en Argentina decenas de miles personas marcharon por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, fecha instituida oficialmente en 2002 con el fin de reflexionar crítica y colectivamente sobre la historia reciente y conmemorar a las víctimas de la dictadura militar que gobernó el país entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
Entonces, el pasado domingo, la presidencia argentina difundió un video “tipo documental” titulado: “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Completa”. En él, un escritor, un exmilitante y una víctima indirecta tejen con sus relatos una versión “otra” de la memoria, su “memoria completa”, con pretensión de revisión histórica sobre la violencia de la dictadura.
La pésima pieza audiovisual acaba secundando posturas de negacionismo y relativización de la misma violencia de Estado, o al menos, de su alcance y motivos, y apoya la visión inveterada de sectores castrenses, de partes del macrismo y del mismo presidente Milei. Justifica el golpe de Estado de 1976. Lo fabrica, cínicamente, como un acto que, en su momento, habría sido necesario. Ignora las verdades históricas y hasta judiciales elaboradas en 40 años. Trata de reducir, otra vez, las cifras sobre desapariciones de la dictadura.
La estimación de 30mil víctimas de este delito, que es una estimación justamente por la naturaleza de la desaparición, como crimen que implica la negación del paradero y de la información sobre por parte de las autoridades, así como la negación del plan terrorista estatal, son cuestionadas nuevamente desde el gobierno, aunque se basan en análisis puntuales, evidencias, testimonios e informes acumulados y comprobados en décadas.
Es frustrante, es como si nada hubiera sido escrito en todo este tiempo para explicar cómo la violencia brutal del Estado argentino durante la dictadura no es equiparable a la que utilizaron algunos grupos militantes opositores en ciertas fases de su lucha. Todo ello no aparece, se unifica y desdibuja, para formar una narración tipo tabula rasa (o de borrón y cuenta nueva). Memoria no completa, sino borrada. Veamos.
Las manifestaciones masivas y el video se dan en el contexto de una grave crisis económica, a poco más de 100 días de la instalación del gobierno ultraderechista de Javier Milei. Éste, más allá de su declarado neoliberalismo ultralibertario que, en otro espacio, he considerado como expresión del “necroliberalismo”, se alimenta ideológicamente de corrientes negacionistas acerca de los crímenes de la junta militar y de las personas desaparecidas, dentro de una épica revisionista y manipuladora de la historia argentina en general, la cual sostiene una batalla “cultural” por la llamada “memoria completa” en oposición a la que denominan “mentira oficial” sobre los crímenes de la junta militar.
Este intento de “giro discursivo” no es nuevo, se da en continuidad con la herencia de la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019) y su acento en la revisión del discurso y la política de los derechos humanos, funcional al distanciamiento político y simbólico de sus antecesores, los gobiernos peronistas de izquierda Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
El kirchnerismo en sus inicios tuvo respaldo del movimiento por los derechos humanos. En el mandato de Néstor fue elevada a rango constitucional la Convención de la ONU sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero sobre todo fueron anuladas las Leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, que habían sido promulgadas en la década de 1980 por el entonces presidente Raúl Alfonsín y garantizaban impunidad a perpetradores de los crímenes de la dictadura. Poco a poco fueron cayendo judicialmente los indultos otorgados a militares por el expresidente Carlos Menem en 1989 y 1990.
Desde la reapertura de los juicios, hubo 317 sentencias que condenaron a 1,184 personas en Argentina por estos crímenes y otros 62 juicios siguen en proceso. Claro, la “verdad procesal” o “judicial” y el apoyo gubernamental al esclarecimiento emanan también del poder y de “coyunturas políticas”, y no son los únicos motores explicativos dentro de la construcción de la Historia. Sin embargo, esto tampoco puede significar fundar dudosas operaciones de memoria pública, desde el gobierno, para minimizar la estrategia represiva de conjunto del Estado y relativizar su impacto y crueldad en aquella época, como pretende el ejercicio de “memoria completa” de Milei.
Para el documental se recolectaron tres entrevistas. La de Luis Labraña, quien militó en los Montoneros, pretende equivocadamente encarnar la visión unificada del “movimiento”, sostiene haber inventado la cifra de 30,000 desaparecidos y propone “indemnizar a las víctimas de la subversión”. La del escritor Juan Bautista “Tata” Yofre, quien presidió la Secretaría de Inteligencia del Estado en los noventa, y, finalmente, la de María Fernanda Viola, hija del capitán Humberto Viola y hermana de María Cristina Viola: su papá y hermana fueron asesinados en un ataque del grupo armado Ejército Revolucionario del Pueblo en 1974, antes de la dictadura, y cuatro personas pagaron con condenas superiores a los diez años por este delito. No lo menciono para restarle voz o importancia, o negar su calidad de víctima indirecta de la violencia, pero sí para ubicar en contexto la elección de los testimonios y la univocidad de su posición.
Cabe recordar que, en la derecha argentina, hoy en el gobierno, y en la de otros países ha existido una tradición “revisionista” del Holocausto que, en la época de la última dictadura, influyó en los grupos afines a las fuerzas armadas y en los mismos militares que justificaban el terrorismo de Estado y tachaban de mentira la existencia de los centros clandestinos de detención y las prácticas de la tortura, de las desapariciones y de los vuelos de la muerte (por cierto, sobre esta terrible práctica criminal en México, aconsejo la visión y la difusión de la reconstrucción audiovisual que acaba de publicar el Centro Miguel Agustín Pro DH, en este enlace).
“La negación del Holocausto puede haber funcionado como uno de los fundamentos conceptuales y discursivos para el desarrollo de una visión ‘revisionista’ de los planes represivos implementados por la última dictadura militar”, según explica en un artículo el historiador de la Universidad de Buenos Aires, Tomás Matias Grinchpun, experto de las derechas contemporáneas.
El académico también destaca dos narrativas principales que, desde finales de la década de 1970, se disputan los marcos de sentido de la historia y del presente. Por un lado, hay “una orgullosa reivindicación de las acciones desplegadas por los militares en una ‘guerra justa’ en defensa de ‘valores cristianos y occidentales’ contra un enemigo (la ‘subversión’) definido por su fanatismo, maldad y habilidad para camuflarse entre la población ‘normal’. Por el otro, la crítica de un programa implementado desde el Estado, pero apoyado por elites económicas y potencias extranjeras como los Estados Unidos, con el fin de erradicar todo disenso. Su objetivo principal no habrían sido las organizaciones armadas sino estudiantes, militantes, sacerdotes ‘tercermundistas’ y sindicalistas combativos, conceptuados como obstáculos en la conversión del país a un modelo neoliberal”.
Corolario de la primera narrativa fue la “teoría de los demonios”, que podríamos entender como un conjunto de aseveraciones y representaciones parciales o falaces para explicar la violencia extrema en la dictadura argentina y justificar la represión. En un análisis que resulta muy útil también para el caso del terrorismo de Estado en México en la época de la contrainsurgencia durante la Guerra Fría (1960-1990), Marina Franco, historiadora de la Universidad Nacional de San Martín, las detalla de esta manera:
“(1) la existencia dos violencias enfrentadas: las guerrillas de izquierda y las Fuerzas Armadas actuando en nombre del Estado; (2) la relación de acción/reacción entre las guerrillas y la represión estatal, es decir, la responsabilidad causal de la izquierda en el inicio de la violencia; (3) la equiparación entre ambas violencias a partir de relaciones que van desde la equiparación de responsabilidades históricas hasta la equiparación por simetría de fuerzas y/o de métodos; (4) la situación de exterioridad de la sociedad en ese conflicto, que es presentada como ajena, inocente o víctima de esa violencia.
El producto que difundió la Casa Rosada sobre su “memoria completa” es un video oficial, o sea, representa la cristalización de la memoria que el gobierno de Milei quiere imprimir para integrarla a su reescritura de la historia, propagada por el Estado.
El documento reflota la teoría de los dos demonios y se basa en apenas tres entrevistas, justamente un ejercicio de memoria muy sesgado e incompleto sobre la dictadura que, paradójicamente, se presenta como “completo”. Sin embargo, de la propia dictadura militar y de todo lo que aconteció entre 1976 y 1983 prácticamente no se habla. Ni de los centros de detención y exterminio, de los crímenes de lesa humanidad o de la Operación Cóndor. Ni se detalla el contexto de militarización, apoyo a grupos paramilitares de derecha, estado de sitio y represión contra la disidencia social y las guerrillas durante el último gobierno de Juan Domingo Perón (1973-74) y el de su consorte, María Estela Martínez de Perón (1974-76), que antecedieron y prepararon el golpe militar y la construcción simbólica del “enemigo interno”, “la subversión” y la “guerra justa” para su posterior “aniquilación”.
Retóricas y praxis que, por cierto, fueron actualizadas por los regímenes necroliberales de Felipe Calderón en México y Álvaro Uribe en Colombia en el ámbito de sus mal llamadas “guerras al narco”, por mencionar dos capítulos “destacados” de una triste y reciente historia en América Latina. De la misma manera el gobierno de Milei y sus halcones securitarios, in primis la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, están rearmando la narrativa tóxica de “guerra a las drogas”, al narco o a las bandas criminales, para supuestamente atender la problemática de la violencia en Rosario y varias regiones del país, experimentando lo que podría convertirse a la postre en la única solución ante una sociedad descontenta, empobrecida y contestaria: la represión policiaca y militar, con mano dura, al estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
La versión de los crímenes de la dictadura, que constituyen actos de genocidio, y su interpretación, en la construcción del video de la Casa Rosada, son simplonas, planas y parciales, y de bote pronto suscitan sentimientos de rabia y preocupación, pena y frustración. El olvido caracteriza esta “memoria completa”, impuesta y reinventada. Olvido del discurso previo, del punto ya alcanzado, de las condenas ya conminadas contra la impunidad que fue pactada entre civiles y militares durante la transición a la democracia en los ochenta. Olvido de que los militares y sus cómplices no cometieron “excesos” sino crímenes de lesa humanidad.
Al respecto, el docente y escritor Martín Kohan, entrevistado en Radio AM750, vio en los testimonios una operación que “subsume y diluye matices que hacen a un conocimiento histórico que permite la compresión y, eventualmente, la crítica a lo que pasó […] Lo que difundió el Gobierno nacional el domingo es un caso de una víctima y un caso de un arrepentido que pretende monopolizar, porque participó de agrupación revolucionaria, los sentidos de lo que pasó en todas las agrupaciones e incluso en la suya propia”.
Tras las marchas del 24, además, hubo un hostigamiento en redes sociales contra la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. El gobierno ha lanzado un mensaje peligroso, con maña e intencionalidad, el que envalentonará más y más ataques de este tipo, así como ilaciones acerca del supuesto negocio de los derechos humanos de las victimas de la dictadura, como en varios momentos del video mencionan los testigos, con el efecto de menospreciar la lucha histórica por la verdad y la justicia y justificar nuevos actos agresivos en su contra.
Por Fabrizio Lorusso desde SinEmbargo y PopLab
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