El llamado caso de la “fosa de los dientes de leche”, a saber, el supuesto hallazgo de mil 600 dientes de niños y niñas, recuperados por personas buscadoras desde 2021 en Zacapu, Michoacán, explotó la semana pasada sensacionalistamente.
Pero desde 2023 ha sido detonado, en realidad, unas dos o tres veces a nivel mediático. Ahora, regresa con renovado impulso en esta ocasión por una nota de Óscar Balderas en un diario nacional y su viralización orquestada en medios, nacionales e internacionales, evidentemente sesgados hacia la derecha del espectro ideológico o, de todas formas, hacia la oposición al gobierno mexicano en funciones.
En resumen, Margarita López, madre buscadora y exdiputada local, aseguró que su colectivo localizó desde 2021 más de mil 600 dientes de leche en un crematorio clandestino del municipio de Zacapu, y que los restos habrían quedado bajo custodia de las autoridades periciales. Por su lado, la Fiscalía General del Estado de Michoacán respondió que “no tiene conocimiento ni registros de una denuncia o intervención pericial” que se relacione con “hallazgo de piezas dentales atribuidas a menores en Zacapu”, a partir de la fecha del 2021.
El desfase de tiempos entre burocracias y necesidades sociales de conseguir respuestas, entre la información disponible y las responsabilidades imputables, aparece como elemento común a esta polémica y a otras tantas que envuelven medios tendenciosos e instituciones crípticas a la vez, entre lenguajes burocráticos y amarillismo mediático, lo que no deja ver nítidas pistas para dimensionar el fenómeno.
Esta situación, compleja y todavía opaca bajo muchos puntos de vista, debe esclarecerse lo más pronto posible, sí, pero ya se ha vuelto un “acontecimiento”, o caso, sonado y confuso, debido a su instrumentalización por intereses contingentes. Una parte de estos intereses pueden ser legítimos, claro, relacionados con la lucha de un colectivo por visibilizar el problema y obtener información. Por otra parte, sin embargo, puede generase un solapamiento con otras instancias, fines, personas, medios o intereses que traen agendas distintas, más que “humanitarias” y de búsqueda y protesta social solidaria.
¿A quién creerle? Evidentemente, no es ni puede ser aquí mi intención la de “resolver” algo o decidir quién “tenga la razón” o sea portador “de la verdad”. Inclusive la misma pregunta está mal formulada, pues siempre es muy posible que haya bases para afirmaciones y comunicaciones, hasta cierto punto, parciales o contradictorias acerca de hallazgos delicados o impactantes, o sea, que no haya una instancia o actor “portador de verdades” innegables e intrínseca moralidad.
Por experiencia con mapeos de fosas y acompañamiento de procesos relacionados con desaparición y búsqueda de personas, sostengo que hay varias razones para desconfiar de la información oficial, aunque también de cierto tipo de periodismo y de burbujas que explotan muy velozmente y luego son olvidadas, que determinan cuándo y cómo magnificar o crear “casos”.
En el medio, muchas veces, quedan las familias en búsqueda, que de todas formas van a seguir peleando por las personas desaparecidas, su búsqueda, identificación y restitución digna, especialmente en los casos en que estas sean encontradas sin vida.
También por esto, posiblemente el colectivo Buscando Cuerpos en Todo México haya reiterado manifestaciones de inconformidad y ha llegado a mantener plantones, pues efectivamente en muchos casos así es como “se van destrabando” o negociando temas relativos a conflictos sociales y movimientos, y paralelamente mediante presión mediática. Se trata de repertorios de lucha o acción colectiva en el espacio público, muy socorridos por colectivos de búsqueda y legítimos, en mi opinión, ante la indiferencia o indolencia.
Por otro lado, con mayor o menor conciencia, también los colectivos de familiares pueden experimentar y llegar a reproducir cierta opacidad, producto en principio de la violencia e incapacidad institucionales, así como de fallas o intencionalidades en el flujo de comunicación pública, manejada directamente, o bien, mediante el apoyo de periodistas, mecanismos indirectos de “teléfono descompuesto” o hasta por conducto de autoridades omisas: ante ello, cabe recordar siempre que la responsabilidad y atribución legal de conducirse con la debida diligencia y transparencia recae en las autoridades y, en muchos casos, han postergado, evadido, simulado o fallado al respecto.
En espera de elucidaciones y claridades que no tenemos aún a la fecha, el tema de Zacapu, desde luego, no es menor, como lo fue Teuchitlán en 2025 y como deben de serlo todos los hallazgos individuales o masivos de personas que fueron ultrajadas y ocultadas, en la total impunidad. Por eso debería tratarse de la forma más rigurosa y no especulativa o con fines de instrumentalización política y reproducción serial de visualizaciones y sesgos falsamente empáticos.
Con cifras superiores a las 130 mil personas desaparecidas y un número estimado de más de seis mil fosas clandestinas en el país, siendo casi 17 mil los menores de edad desaparecidos y desaparecidas, el problema de las desapariciones forzadas en México está pendiente de ser discutido en la Asamblea General de la ONU en virtud de la aplicación del artículo 34 de la Convención en la materia. Nadie niega la gravedad de una problemática que con los años se ha vuelto estructural, como la violencia extrema y la violación a derechos humanos en que aparatos del Estado son responsabilizados.
Pero la difusión de este caso escaló entre supuestas confirmaciones y desmentidas, sin pruebas incontrovertibles, alimentada por la opacidad que ya varias organizaciones han documentado en la información mediática y oficial sobre las fosas. Pero también por intención de medios y comunicadores tendenciosos.
Veamos. Según la Plataforma Ciudadana de Fosas, en Zacapu, Michoacán, se tienen registrados dos hallazgos de fosas clandestinas en 2018 con un total de cuatro cuerpos identificados, considerando las fuentes hemerográficas.
En cambio, tomando en cuenta la fuente oficial de la Fiscalía estatal, se registraron dos fosas con siete cuerpos: una de estas, con tres cuerpos exhumados, fue trabajada en 2017, y la otra, que tenía cuatro cuerpos, es del 2018.
La fuente procedente de la FGR no registró ningún hallazgo. En los últimos 5 años han salido a la luz nuevos posibles hallazgos a través de las denuncias de los colectivos de búsqueda y, nuevamente, de los medios de comunicación.
Un dato firme y preocupante es que las fuentes discrepan entre sí, como lo expresó Andrea Horcasitas, del Programa en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, la Ley no se cumple por la falta de registro oficiales, y es más lo que no sabemos que lo que podemos realmente determinar con certeza.
La nota de Ibero CdMx al respecto así lo pone: “Se reavivó una pregunta que acompaña desde hace años a la crisis de desapariciones en México: ¿cuántos hallazgos quedan fuera de los registros oficiales?”.
Al ocultamiento de una persona con la desaparición se le superpone muchas veces la desaparición de expedientes y burocrática, la desaparición de los datos, y la desaparición de la información incluso cuando las personas, de una manera u otra, han sido localizadas o identificadas.
Fiscalías, comisiones de búsqueda, colectivos, academia, prensa y personas acompañantes de las buscadoras cuentan historias, casos, testimonios e implicaciones diferentes, a veces hasta divergentes, sobre fosas, desapariciones y hallazgos, como quedó expuesto en Teuchitlán o Salvatierra, Guanajuato, desde el hallazgo de 81 cuerpos en 65 fosas en octubre de 2020. Se trata de narrativas en disputa que pueden terminar ocultando más los crímenes, las responsabilidades y lo que falta en un país de fosas y otros vacíos, simbólicos e institucionales.
Entonces, pese a contar con la valiosa herramienta digital de la Plataforma de Fosas, realizada por organizaciones sociales y académicas y no por el Gobierno, como debería de ser, hoy todavía no podemos saber a ciencia cierta cuáles y cuántas fosas, cuerpos, otros tipos de sitios y evidencias han sido documentadas en cada espacio de nuestra martirizada geografía nacional, en que hayan sido rescatados restos humanos o cuerpos de lugares de inhumación, destrucción o degradación irregulares o ilegales.
Cabe recordar que las fosas que constelan el territorio de la mayoría de municipios en México significan no sólo un delito o el ocultamiento de las víctimas, no sólo un posible correlato de las desapariciones forzadas y del control territorial delincuencial con tolerancia u omisión estatal, sino graves violaciones a los derechos humanos, detectándose allí probables patrones de colusión o participación de autoridades para con el crimen organizado, poderes fácticos y sectores poderosos de la economía, legal e ilegal.
En otras palabras, al no existir el Registro Nacional de Fosas y sus equivalentes estatales y al no contar con respuestas y datos fehacientes y completos por parte de las autoridades en todo el país, desconocemos muchísimos aspectos de este fenómeno de violencia extrema, no sólo cuantitativos sino también cualitativos, humanitarios e históricos, y sólo podemos acercarnos a ella de forma independiente y parcializada. Y es que esto causa consecuencias graves, va en menoscabo de la posibilidad de conocer la verdad y hacer justicia, de reparar y no repetir los errores y violaciones del pasado reciente y lejano, siendo cómplices también los corifeos del periodismo interesado en inducir “golpes” y “golpeteos”, más allá de la justa causa de quienes buscan y exigen avances al Estado y sus gobiernos (de cualquier color).
