Desaparecidos: Otro Drama en Guanajuato

desaparecida-guadalupe-barajasIMPORTANTE: Si has visto a Guadalupe (foto a la izquierda manda msg inbox a Desaparecidos Irapuato o llama al número que está en el artículo en este link (Diario AM) Aquí información sobre ella, desapareció en Salvatierra (centro) el 29 de febrero

[En seguida: artículo de Óscar Uscanga, Diario Reforma, México (link alterno) – Domingo 1 de marzo de 2020] En la reciente caravana de Cuernavaca a la CDMX, encabezada por la familia LeBarón y por Javier Sicilia marchó un nuevo contingente que se sumó a los reclamos de justicia: familiares de personas desaparecidas en Guanajuato. Apenas hace tres meses, el colectivo “A Tu Encuentro” se formó con seis familias, pero ahora son cerca de 120 las que se integraron a la organización en un intento por unir fuerzas y encontrar a sus seres queridos. Guanajuato se ha convertido rápidamente en uno de los estados más violentos del País. Desde hace tres años, la violencia vinculada a la guerra entre organizaciones de traficantes de droga y grupos armados dedicados al robo de combustible y de trenes de carga ha dejado miles de muertos en el estado. (Las fotos son de Fabrizio Lorusso, marcha en León, Gto, del 18 de febrero de 2020)

Tan sólo de enero de 2018 a enero de este año se han reportado más de 7 mil 200 víctimas de homicidios dolosos, según cifras oficiales; un promedio de 291 asesinatos por mes, nueve crímenes al día, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Aunque en el último reporte de la Comisión Nacional de Búsqueda dado a conocer por el Gobierno federal en enero pasado se señala que en Guanajuato hay 23 personas desaparecidas o no localizadas en el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, los activistas y familiares de desaparecidos del colectivo “A tu Encuentro” señalan que son muchas más.

Los integrantes del grupo de víctimas han documentado desapariciones en Irapuato, Celaya, Uriangato, Cortazar, Salvatierra, Juventino Rosas, Salamanca, Silao y León. Gabriela Johana, una estudiante de preparatoria de 17 años de edad, despareció el 27 de mayo de 2019. Sujetos armados la sacaron a punta de pistola del interior de su casa en Irapuato.

En segundos, los sujetos ingresaron a su hogar, amenazaron a la madre de Gabriela y se fugaron con la joven a bordo de dos camionetas, narra Omar Ríos Villanueva, padre de la adolescente. De acuerdo con Ríos Villanueva, su esposa y madre de Gabriela Johana, acudió el mismo día de la irrupción de los sujetos armados a la agencia del Ministerio Público en Irapuato para denunciar el secuestro de su hija, pero instantes después él mismo recibió una llamada en la que amenazaron de muerte a la mujer.

“Mi esposa va a poner la denuncia, recibo una llamada anónima donde me dicen que mi esposa estaba dando nombres que no debía, que se retirara o la iban a matar, y mejor le dije que se saliera de ahí”, cuenta Ríos en entrevista con REFORMA. Más de 15 días tardó la Fiscalía en emitir una Alerta Amber por la desaparición de Gabriela Johana; dos investigadores fueron asignados a las pesquisas, pero hasta ahora, reprocha Ríos, existe un avance a cuenta gotas sobre el caso. Guanajuato es la única entidad que no ha armonizado sus leyes locales con la Ley General de Víctimas, la cual se creó a nivel federal en 2013.

Asimismo, sólo en esta entidad y en Aguascalientes está pendiente la creación de una Comisión Estatal de Búsqueda, como lo dicta la Ley en Materia de Desaparición Forzada, publicada en 2017.

Por ello, en un pliego petitorio que se entregó en el Congreso estatal, el colectivo instó a la eliminación de la categoría de “persona no localizada”, por la de desaparición, la cual presume que ocurrió por un delito. Esta petición, según el asesor Raymundo Sandoval, es indispensable para eliminar los candados que bloquean una efectiva procuración de justicia.

De acuerdo con Sandoval, familiares del colectivo “A tu Encuentro” han mantenido reuniones de trabajo con diputados locales de Guanajuato y representantes de Naciones Unidas para lograr la creación de una Ley de Atención a Víctimas, una ley en Materia de Desaparición Forzada y otra sobre declaración especial de ausencia, que serviría para que familiares reclamen bienes inmuebles de las personas desaparecidas.

Agrega que, mientras en la Ley General la categoría de “persona no localizada” continúa durante las primeras 72 horas del reporte, en las leyes del Estado de México y Ciudad de México se eliminó para agilizar la búsqueda de personas desaparecidas que pueden ser víctimas de un delito. “Estamos satisfechos con el avance, pero preocupados con que se mantenga esta categoría por un tema político, es decir, que haya un acuerdo entre Congreso y Fiscalía para seguir teniendo esta categoría, y no se piense en las malas prácticas”, expone. Lo anterior evitaría, añade, casos como el del hermano de Viviana Mendoza, que tras dos años de su desaparición en Irapuato sigue siendo enlistado como “persona no localizada”. O el de Armando Isaac Rodríguez, a quien su padre ha visto ligado su nombre en las carpetas de investigación como persona no localizada, pero también como desaparecida, tras no saber de él desde septiembre de 2019.

Los colectivos de víctimas también piden que los ciudadanos tengan mayor fuerza al opinar y decidir en la próxima Comisión de Búsqueda que se genere. “Crear registros adicionales a los establecidos en la Ley General, es decir, además del de personas desaparecidas y de fosas clandestinas, incluir el de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, y fosas comunes”, afirman en un documento sobre el que están trabajando con los especialistas de la ONU y los congresistas locales.

‘PRIORIDAD MEDIA’

La noche del 1 de junio de 2019, Kevin y su padre Juan fueron privados de su libertad por hombres armados afuera de su casa, también en Irapuato. “Una vez que se los llevaron, llegó un auto color arena, empezaron a revisar la camioneta, no sé que estaban buscando, dejaron el respaldo hacia adelante, la guantera abierta, levantaron el cofre y dejaron la camioneta abierta, ellos iban de salida porque iban a recogerme en la madrugada”, afirma Norma Patricia Barrón, esposa de Juan y madre de Kevin.

En el expediente del caso, se asegura que la Policía determinó “prioridad media” en el crimen y se marchó; Norma dice que no vio a a ningún policía a la redonda en por lo menos dos horas. Narra que, tras recibir una llamada en la que exigieron una cantidad de dinero por la liberación de sus familiares, la Policía Ministerial la acompañó en dos ocasiones a la entrega del rescate, mismas en las que prometieron realizar operativos para detener a los plagiarios, pero esto no ocurrió. “Llevé el dinero a la vuelta de mi casa, fue por él un taxista con una motocicleta custodiándolo, la Policía me dijo que fuera, que me iban a dar seguridad, e iban a detener a la banda, después me dijeron que tenían datos y que no podían detenerlos todavía”, explica.

“Después, realicé otro pago, y lo mismo me dijo la Policía: ‘usted vaya, les vamos a seguir’. Pero jamás le dieron seguimiento, me dijeron: ‘No tenemos esa información’, que no sabían nada”. Ocho meses después, Norma vendió bienes, se quedó con deudas, no sabe dónde están su hijo Kevin y su esposo Juan. Tranca con varios seguros la puerta antes de dormir por el miedo de que ella y lo que resta de su familia también desaparezcan.

Acusan desorganización, ineficiencia, desinterés…

José Gutiérrez, otro asesor del colectivo, advierte que además de la falta de leyes adecuadas, hay desorganización, ineficiencia y desinterés de las autoridades por atender el fenómeno. “La Fiscalía no hace la investigación adecuada. En ninguna de las carpetas de investigación que hemos revisado se usan protocolos básicos para recolectar información”, señala el colaborador de “A Tu Encuentro”. “Vemos un Ministerio Público que lidera la indagatoria desde un escritorio, girando oficios, una Policía que la mandan a investigar cinco puntos, e investiga tres, y a medias”, agrega.

A ello, se le suma que el Gobierno de Diego Sinhué Rodríguez y la Fiscalía de Carlos Zamarripa no reconocen oficialmente que haya fosas clandestinas en la entidad, pese a que en los últimos seis meses los medios reportaron casos en al menos cinco municipios: Moroleón, Salamanca, Irapuato, Celaya y Silao.

Para las autoridades, los cuerpos hallados bajo tierra en estos Municipios son “entierros clandestinos”, pero no de fosas, según la respuesta oficial emitida al académico de la Universidad Iberoamericana de León y asesor del colectivo, Fabrizio Lorusso.

“Tomando en consideración los parámetros e integralidad de tales cuestionamientos le manifiesto que no se cuenta con registros de fosas en el Estado bajo el contexto requerido durante el periodo peticionado”, respondió la Fiscalía a la solicitud del 7 de enero de 2020. “(Respecto a entierros clandestinos) Se tiene registro de la localización de 50 cadáveres enterrados, puntualizando que no se cuenta con un documento o registro factible de consulta en el que se especifiquen de manera particular los lugares de localización de los cadáveres y/o restos localizados”.

Junto con Chiapas, Querétaro, Oaxaca y CDMX fueron la entidad que registraron cero fosas clandestinas de 2006 a 2019 en el reporte que presentó en enero de este año la Comisión Nacional de Búsqueda, con datos de Fiscalías estatales.

LOS CASOS DOCUMENTADOS

Registro de fosas en el último año, según publicaciones en medios locales:

2020

Feb. 21 Restos humanos enterrados en un cerro en Moroleón.

Ene. 16 Al menos 4 cuerpos fueron hallados enterrados en la comunidad de Tres Mezquites, Silao.

Ene. 7 Al menos cuatro cuerpos fueron encontrados bajo tierra en la comunidad de Venado de Yóstiro, en Irapuato.

2019

Dic. 11 En una finca, se encontraron al menos cinco cuerpos semienterrados en Salamanca.

Dic. 6 Al menos 16 bolsas con restos fueron halladas en una finca de Irapuato.

Ago. Una fosa con por lo menos ocho cuerpos fue encontrada cerca de la comunidad de Rincón de Tamayo, en Celaya.

OCULTAN INFORMACIÓN

En los reportes oficiales de fosas clandestinas, de 2006 a 2019, lidera la lista Tamaulipas. La Fiscalía de Guanajuato, pese as las evidencias, no reconoce ni una:

ESTADOS CON MÁS FOSAS:

Tamaulipas    440
Veracruz    432
Sinaloa    345
Guerrero    331
Chihuahua    318

ESTADOS SIN FOSAS:

Guanajuato, Chiapas, Querétaro, Oaxaca, CDMX, Hidalgo y Yucatán

Fuente: Reportes de Fiscalías estatales a la Comisión Nacional de Búsqueda. Informe del 6 de enero de 2020.

EN ASCENSO

Homicidios en Guanajuato

2010    445
2011    615
2012    684
2013    702
2014    800
2015    970
2016    1,232
2017    2,285
2018    3,517

“Vemos un Ministerio Público que lidera la indagatoria desde un escritorio, girando oficios, una Policía que la mandan a investigar cinco puntos, e investiga tres, y a medias”. José Gutiérrez, asesor del colectivo “A Tu Encuentro”. “Mi esposa va a poner la denuncia, recibo una llamada anónima donde me dicen que mi esposa estaba dando nombres que no debía, que se retirara o la iban a matar”. Omar Ríos Villanueva, padre de la adolescente desaparecida.

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