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[De: Fabrizio Lorusso] El Congreso del estado de Guanajuato ha estado trabajando en 2019 y en 2020 en la formulación de las Leyes estatales de Víctimas y en Materia de Desaparición de Persona, mandatadas por las correspondientes Leyes Generales. A nivel federal, La Ley en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda entró en vigor en noviembre de 2017, así que Guanajuato tiene más de dos años de retraso y es una de las tres entidades que no ha hecho lo suyo y no ha creado una Comisión Estatal de Búsqueda de Personas desparecidas. La Ley General de Víctimas, en cambio, es del 2013 y prevé la creación de las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas, entre otros mecanismos, lo cual tampoco se ha hecho en Guanajuato, acumulando un retraso de siete años en la materia.
Ahora que lamentablemente la violencia, la militarización de las políticas de seguridad, la crisis policiaca y las desigualdades sociales han crecido, de la mano de las disputas económicas, territoriales, simbólicas y militares entre grupos criminales y paramilitarizados, esta agenda legislativa se ha vuelto apremiante para la sociedad, las víctimas y el medio político, siendo un campo de lucha política a nivel local y federal. Fueron, de hecho, reiteradas las insistencias del poder ejecutivo estatal al legislativo para acelerar la aprobación de las dos leyes, más la Ley de Declaración Especial de Ausencia para personas desaparecidas que las complementa, así como las llamadas de atención al gabinete guanajuatense por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda, de Gobernación y otras instancias federales.
Por otro lado, la sociedad civil organizada y el movimiento guanajuatense de familiares de personas desaparecidas (link video sobre este movimiento) han estado presionando para que las Leyes sean discutidas y compartidas amplia y profundamente, mediante mecanismos de Parlamento Abierto, como ya se ha hecho en otras entidades y como lo prevén las Leyes Generales y la lucha del movimiento nacional. No se trata de mesas y discusiones tan solo con expertos y mediante un lenguaje técnico, sino que la capacidad de legisladores y asesores debe ser justamente la de traducir en ley lo que se expresa desde la sociedad. [Sigue leyendo. Al final está el Anexo comparativo completo de la Ley de Desaparición GTO que, asimismo, se incorpora en seguido a través de Scribd]
