Desaparecer en Guanajuato

Foto irapuato zapatos arbol esperanza[Este artículo de análisis e historia de Fabrizio Lorusso es sobre la desaparición de personas en Guanajuato y los colectivos de familiares: publicado en el blog Seguridad 180° de Insyde (Instituto para la Seguridad y la Democracia) en Animal político, en colaboración también con Desinformémonos, PopLab, SoyBarrio y ZonaDocs. Las gráficas de datos son de Fabrizio Lorusso, las fotos cortesia de PopLab.Mx, la infografía al final es de Pinche Einnar-link]

¿Qué hacer en caso de una desaparición? Descarga aquí el material informativo (4 páginas) de apoyo elaborado por el colectivo de Jalisco “Por amor a ellxs” (abajo da clic para agrandar las imágenes). En Zona Docs (LINK) está el artículo que mejor explica qué hacer en caso de una desaparición…

El movimiento de familiares de personas desaparecidas en Guanajuato se ha podido estructurar con solidez en los últimos 3-4 meses. Los colectivos de víctimas han logrado pasar de la invisibilización y la negación histórica por parte de las autoridades al reconocimiento, la escucha y la aceptación de un camino compartido hacia la incidencia. El mes pasado las agrupaciones A tu encuentro, con más de cien familias principalmente de Irapuato, Celaya, Salamanca, Juventino Rosas y León, y Justicia y Esperanza, con veintidós familias de San Luis de la Paz, apoyados por los colectivos Buscando Desaparecidos México-Búscame y Sembrando Comunidad, consiguieron llevar a cabo tres reuniones. La primera fue el 9 de enero con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, y Sophia Huett, comisionada estatal para la Seguridad Ciudadana, con el acompañamiento de Denise González de ONU-Derechos Humanos, y de Karla Quintana, comisionada nacional de Búsqueda de Personas; la segunda, el día 16, con el gobernador Diego Sinhue; y la tercera el día 23, con el fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa.

En las reuniones, se acordó realizar mesas de trabajo con las familias, la academia y la sociedad civil sobre temas como: legislación, búsqueda e investigación, y atención a víctimas. El gobernador anunció un fondo no limitativo de 10 mdp para las mesas, el cual sería completado por otros 12mdp de la Federación, en caso de que se cree este año una Comisión Estatal de Búsqueda. Al respecto, la propuesta de la comisionada, Karla Quintana, fue que se pudiera avanzar en el asunto mediante decreto, mientras el Congreso local va aprobando la Ley de Desaparición. Sin embargo, esta recomendación no ha sido atendida. Guanajuato es una de las tres entidades sin Ley en esta materia y también tiene 7 años de retraso en la aprobación de la Ley de Víctimas, que crearía la Comisión Estatal de Víctimas.

Es importante señalar que las mesas legislativas sobre Ley de Desaparición, de Ausencia y de Víctimas, junto con familias y asesores, sí se van a realizar, pero las otras dos mesas, la de búsqueda e investigación y la de atención a víctimas, no han avanzado, lo cual genera preocupación e incertidumbre. El auspicio es que pronto puedan convocarse y realizarse para subsanar los retrasos y fallas acumuladas.

¿Cuántas personas desaparecidas hay en Guanajuato?

Según el anterior Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED), que publicó sus últimos datos en abril de 2018, históricamente Guanajuato ha tenido cifras preocupantes de personas desaparecidas, de entre 500 y más de 1,000 casos. Sin embargo, no fue sino hasta 2016 cuando, junto al boom de homicidios, feminicidios, robo de combustible y otros delitos graves, la desaparición de personas entró en la agenda de seguridad y empezó a impactar en la opinión pública.

Según el informe del 6 de enero pasado de la Comisión Nacional de Búsqueda, al 31 de diciembre de 2019 había 672 personas desaparecidas en Guanajuato. En realidad, se trata de cifras con márgenes de error y desactualizadas, pues la Fiscalía estatal no se ha puesto al día con la elaboración y transmisión de los datos a la Comisión de Búsqueda y es indicada entre las que tienen “semáforo rojo” dentro del mismo informe. Esto ha sido evidenciado también por el punto de acuerdo promovido por la senadora federal Antares Vázquez el 12 de febrero pasado, en el cual exhorta al Fiscal y al Gobernador a trabajar sobre las cifras y a dar seguimiento a los acuerdos con las familias. Si se analizan los datos obtenidos por el autor de este artículo vía transparencia por la misma Fiscalía (folio 00052820), a la fecha se reportan 1,040 desaparecidos, de los cuales 1,034 son del fuero común y 6 del fuero federal. La cifra de 1,034 se obtiene a partir del total de indagatorias abiertas de 2012 al 31/12/2019 por “no localización”, que fue de 16,419, y a esta cifra se le quitan los que sí fueron localizados en esos años, equivalentes, según la Fiscalía, al 93.47% del total.

Las personas que quedan sin localizar, al corte del 31 de diciembre de 2019, son, entonces, el 6.53% del total, más los casos federales (o sea, son como mínimo 1,040). Según la Ley General en materia de Desaparición, todos estos casos ya no se consideran “no localizados” sino “desaparecidos”, o sea se presume la comisión de un delito, por lo que la terminología utilizada por la Fiscalía no es pertinente.

Sin embargo, a estas personas se podrían sumar 718 más, desaparecidas antes de 2012, como lo registraba el hoy extinto RNPED (Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas), aunque no sabemos (la Fiscalía no lo informa) cuántas realmente anteriores a 2012 quedan en calidad de desaparecidas o fueron localizadas.

Por lo tanto, su número podría subir hasta 1,758 (1,040+718). Este mismo cálculo, en octubre de 2019, arrojaba el dato de 2,104 personas. Finalmente, lo que prevalece parece ser la confusión que, a la postre, llega a ocultar la problemática. Lo mismo ha sido señalado por el portal “¿A dónde van los desaparecidos?” en una nota crítica sobre los números de las Fiscalías del país y de la Comisión Nacional, pues el total de 61,637 personas desaparecidas, comunicado por la Secretaría de Gobernación en enero, constituye un subregistro.

Si bien, como han repetido en varias declaraciones el secretario de Gobierno guanajuatense, Luis Ernesto Ayala, y el fiscal general, Carlos Zamarripa, es cierto que estas cifras son variables día tras día, sí es posible comunicarlas y calcular cortes en determinados lapsos temporales para entender en general cómo está evolucionando este crimen. Además, la “variabilidad” no exime a las autoridades del trabajo de análisis constante de los números y, sobre todo, de los contextos, de los testimonios, y de los datos más finos sobre quiénes y por qué fueron víctimas de desaparición que, sin embargo, parecen no existir en los registros o no son socializados oportunamente.

Igualmente desconocemos la cifra negra, que debe ser relevante porque son decenas los testimonios de miedo y amenazas de los familiares de las víctimas que, finalmente, desisten de denunciar, y el sub-registro (o mal-registro), fomentado por la mala costumbre, a veces perpetrada en mala fe por los ministerios públicos, de clasificar casos de desaparición como secuestro, privación de la libertad, trata, o simple “no localización”. En noviembre de 2019, la fiscal especializada en desapariciones, Yolanda Ramírez, aseguraba que había solo 11 denuncias por desaparición en el estado, lo cual significa un sub o mal registro de más de mil casos que, probablemente, son tratados simplemente como “no localizados” u otra categoría.

Son tan escuetos los datos que proporciona la FGE que no nos es dado conocer cuántas personas quedan desaparecidas por municipio, sino que solo contamos con el número total de indagatorias por “personas no localizadas” en cada localidad, pero no se dispone de información sobre en qué proporción regresaron o fueron localizadas las personas denunciadas: de todos modos, para dar una idea de la situación, aparecen en primer lugar León (3,475 indagatorias), Irapuato (2,934), Celaya (1,793), Salamanca (1,196), Guanajuato (898), Silao (769), San Miguel de Allende (645).

Negaciones, fallas de la fiscalía y violaciones a derechos humanos

Por otro lado, ya han salido a la luz pública el maltrato contra familiares, las prácticas revictimizantes y la dudosa profesionalidad de la fiscal regional de Irapuato, Claudia Mota Álvarez, que son una simple muestra de las vejaciones que reciben las víctimas y de la mentalidad y los prejuicios prevalentes en un sector de los servidores públicos.

Hay otro aspecto importante de las negaciones oficiales. Aunque la Fiscalía no reconoce la existencia de fosas clandestinas en Guanajuato, explicando que el término “fosa” solo responde a una categoría muy específica de entierro que no está presente en el estado, sí admite el hallazgo de cuerpos, semienterrados o inhumados: eran 20 en septiembre de 2019, y 50 tres meses después, lo que atestigua el crecimiento del fenómeno.

Tan solo en diciembre en Irapuato se han descubierto tres fosas, y otras dos en Celaya en las últimas semanas, con decenas de cadáveres, que se suman a los 30 entierros registrados por la prensa y la CNDH de 2007 a la fecha. Fuentes locales, consideradas muy confiables, afirman que en la zona de Irapuato hay más fosas con un centenar de cuerpos. En enero y febrero fueron descubiertas por lo menos otras dos en Silao y una en Abasolo.

Hasta hace tres o cuatro meses, la voz de las familias era cubierta por el ruido de la narrativa oficial, según la cual las y los desaparecidos serían jóvenes que “andan en algo malo” o que “se fueron con el novio o la novia”. Además, la categorización que se les da en las fiscalías no respeta el estándar de la Ley General en Materia de Desaparición de 2017 (art. 89), ya que cualquier persona cuyo paradero se desconoce, después de 72 horas de que se denuncia o se conoce de su ausencia, se debe considerar como “desaparecida”, y ya no como “no localizada”, ya que se debe presumir la comisión de un delito en su contra. De hecho, la misma ONU y la Comisión Nacional de Búsqueda recomiendan a los congresos estatales eliminar esta distinción para no crear más confusiones.

En cambio, en el discurso mediático y político las autoridades siguen hablando de “levantones”, término no jurídico e inaceptable, de “secuestros”, cuando en realidad son desapariciones forzadas, o de “no localizados”, lo cual minimiza el problema. Es común, asimismo, que se asuma a priori la pertenencia al crimen organizado de quien es desaparecido para justificar su desaparición y “tranquilizar” al resto de la sociedad “de bien”: un discurso maniqueo que en otros estados ya había sido desmantelado gracias a la lucha social y que en Guanajuato, en cambio, cunde, normaliza la violencia y revictimiza a los más desprotegidos.

El domingo 9 de febrero, familias se reunieron frente a la Presidencia de Irapuato para elaborar “el árbol de la esperanza” con veladoras, fotos y objetos personales de sus seres queridos desaparecidos. Fotos: especiales

 

Por todo esto y por las innumerables irregularidades que se han encontrado en los expedientes y carpetas de los familiares del colectivo “A tu encuentro”, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PGJE) ha tenido que abrir 13 expedientes por quejas presentadas por el coordinador del grupo, Pepe Gutiérrez, y las mismas familias el 21 de enero de este año.

Antecedentes del movimiento

Hasta antes de 2019, no se hablaba mucho de la desaparición forzada de personas en la entidad. El caso de ocho zapateros del barrio del Coecillo, en León, que durante una sesión de cacería deportiva en Zacatecas fueron desaparecidos por policías municipales, el 4 de diciembre de 2010, sacudió a la sociedad guanajuatense (http://tiny.cc/lsr7iz) pero pronto fue olvidado o mencionado como “anecdótico”, como si no hubiera otros cientos parecidos. El Centro de Derechos Humanos Victoria Diez acompañó a las familias durante años y el caso llegó a medios nacionales, sin embargo, las autoridades sólo identificaron, dudosamente, una de las víctimas en una fosa y ya no se supo de las demás. La lucha por la verdad y la justicia continua (aquí pueden escuchar un breve resumen de su caso).

Por otro lado, en marzo de 2011, 23 guanajuatenses, migrantes de San Luis de la Paz, fueron desaparecidos en algún momento a lo largo de su camino hacia Monterrey (http://tiny.cc/wqr7iz), rumbo a Estados Unidos. El colectivo Justicia y Esperanza, acompañado por la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, mantiene todavía la lucha por encontrarlos desde entonces. Tres gobernadores han estado en el poder (Oliva, Márquez y Sinhue), pero las mamás y esposas de los migrantes nunca consiguieron audiencia con ellos y, más bien, el caso pasó a competencia de la PGR, la cual tampoco presentó resultados satisfactorios. Aquí pueden escuchar un resumen de su historia.

En septiembre de 2018, los Foros de Escucha del gobierno electo fueron una ocasión para que las víctimas pudieran juntarse en León y formular propuestas. Mientras tanto, Guanajuato daba la bienvenida a la militarización de la seguridad pública con fuerzas federales, otro factor que se ha relacionado con el incremento de la violencia en otros lugares.

La disputa entre los grupos criminales paramilitarizados de Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación reproducía patrones ya vistos en otras entidades, remozando a su vez un complejo dispositivo desaparecedor, hecho de múltiples violencias físicas y simbólicas, pactos de impunidad, mecanismos de limpieza social, desigualdades, complicidades y captura de autoridades, maltrato y discriminación de quien denuncia, siembra selectiva del terror, despojos económicos y ocupaciones territoriales. El “circuito de la desaparición” y el discurso y práctica de la “contrainsurgencia” en México, usados sistemática y estratégicamente desde los años setenta, no han desaparecido, sino que se han actualizado, reforzado y diversificado entre actores privados, estatales, parapoliciacos y paramilitares, como sugiere Camilo Vicente Ovalle en su más reciente y fundamental libro Tiempo suspendido. Una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980 (ed. Bonilla-Artigas, 2019).

A principios de 2019 nació la página de Facebook Desaparecidos Irapuato, iniciativa inédita de denuncia en la región, la cual permite visibilizar y ayudar en la resolución de varios casos y se expande a toda la región.

José Gutiérrez, del colectivo "A tu encuentro". Foto: Carmen Pizano

 

En agosto, unas cuantas familias se dieron cita en las calles de Irapuato, convocadas por la familia del irapuatense desaparecido Antonio Cervantes, para exigir búsqueda y justicia ante la desaparición de sus familiares, pero el mecanismo del miedo y la descalificación de las autoridades en contra de las víctimas y los manifestantes contribuyeron a difuminar este esfuerzo de acción colectiva.

Tras el asesinato, el 28 de septiembre de 2019, del estudiante del Tecnológico Nacional de México en Celaya, Gabriel Luna Ibarra, miles de estudiantes de distintas instituciones, como nunca antes en la ciudad, desfilan por las calles protestando por la inseguridad en las megamarchas del 1 de octubre y días siguientes.

Hacia la incidencia

En septiembre de 2019, se dan cita en la Universidad Iberoamericana León unos familiares de Irapuato para el evento conmemorativo de los 5 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en “la noche de Iguala”. El intercambio con Mario Vergara, buscador de Huitzuco del colectivo “Los otros buscadores: buscando vida entre los muertos”, y Grace Fernández, de “Buscando desaparecidos México: Búscame”, refuerza la idea de crear el colectivo A tu encuentro. Gracias a un núcleo de una docena de familias, al apoyo de José Gutiérrez, fundador del colectivo de apoyo a víctimas del delito, Sembrando Comunidad, y otras personas solidarias, entre académicos, periodistas y defensores de derechos humanos, la idea se concreta y en noviembre el colectivo logra detener el proceso legislativo de la Ley de Desaparición y la de Víctimas que el Congreso estatal estaba aprobando prácticamente sin escuchar a víctimas y organizaciones sociales (Rebeliónhttp://tiny.cc/5tr7iz).

Foto: Edith Domínguez

 

Se realizan dos mesas técnicas y de escucha el 25 y 29 de noviembre en el Congreso estatal, pero, como se describe a detalle en este artículo, la discusión sobre Leyes tan complejas como la de Desaparición, la de Ausencia y la de Víctimas no puede darse por concluida y se mantuvo la exigencia de ulteriores mesas de trabajo. Después del pronunciamiento de los colectivos, estas se concretarán el 21 de febrero (aquí la plataforma de diálogo) con la participación de familias y asesores en la homologación de las leyes al estándar sugerido por Naciones Unidas, los colectivos del estado y del país, y por los ejercicios comparativos con las de otras entidades.

Falta instalar las mesas con la Secretaría de Gobierno: búsqueda / investigación y atención a víctimas. Al respecto, el 14 de febrero los colectivos comunicaron lo siguiente: “Reconocemos y agradecemos que, de manera expedita, el gobierno efectuó la entrega de distintos tipos de apoyos de emergencia a las familias más necesitadas y las primeras gestiones para comenzar en las próximas semanas con las búsquedas de campo, en colaboración con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía estatal, y la revisión de algunos casos particulares. Sin embargo, con el fin de ir más allá de la coyuntura y la urgencia y establecer políticas públicas estables en la materia, queda por definir una hoja de ruta compartida hacia la formalización, calendarización y realización de las mesas de trabajo en búsqueda e investigación y la de atención a víctimas, según una metodología rigurosa y consensuada, misma que hemos enviado al Gobernador y al Secretario de Gobierno, como garantía de su mejor desenlace y avance y en el interés prioritario de las víctimas”.

Como consecuencia de la organización, de la experiencia que se va acumulando en Guanajuato, así como de la objetiva situación de aumento de las violencias, a la fecha los colectivos A tu encuentro y Justicia y Esperanza aglutinan y dan esperanza a más de cien familias, unidas por el dolor y la búsqueda de sus desaparecidos, van vinculándose a actores sociales y políticos nacionales (Procesohttp://tiny.cc/gf17iz), y se proponen como la punta de lanza de un más amplio y necesario movimiento de víctimas en el estado.
Artículo en colaboración con el blog de Insyde (Instituto para la Seguridad y la Democracia) en Animal Político
Haz clic AQUÍ para descargar material de apoyo, “¿Qué hacer en caso de una desaparición?”.

Infografía: Pinche Einnar

 

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