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Por Alessandro Peregalli y Susanna De Guio en Cadernos do Ceas. Revista crítica de humanidades

Resumen

Tras un año de intensas protestas, atravesado por la pandemia Covid-19, el 25 de octubre de 2020 la población chilena decidió por plebiscito desmantelar su Constitución Política, introducida en 1980 durante la dictadura de Pinochet y pilar fundamental del primer y más feroz laboratorio neoliberal del mundo. La votación planteaba dos preguntas: en la primera, relativa a la voluntad de cambiar la actual Constitución, ganó el “apruebo” con el 78,3% de los votos; la segunda preguntaba acerca del tipo de órgano que debía redactar la nueva Constitución, entre una “Constituyente Mixta”, la mitad elegida por los ciudadanos y la otra mitad por el Parlamento entre sus miembros actuales, y una “Convención Constituyente” compuesta enteramente por representantes de la sociedad civil. Esta segunda opción ganó con el 78,9% de los votos.

La abrumadora victoria del “apruebo” y de la “Convención Constituyente” muestra la vitalidad de un movimiento que ha reivindicado el plebiscito como su propia conquista, a pesar de las muchas campanas de alarma que suenan a raíz de la forma en que se está dando este camino constituyente, desde la firma del Acuerdo de Paz Social y la Nueva Constitución el 15 de noviembre de 2019. En ese momento, a pesar de haber arrebatado al gobierno la posibilidad de reescribir la carta constitucional desde cero, el evidente intento del ejecutivo y de la burguesía de adoptar la vía constituyente para encadenar la protesta social a un programa y un calendario institucionales dejó un sabor amargo en la boca. Al mismo tiempo, es innegable que el fin de la Constitución de Pinochet marca un formidable paso adelante en la lucha de clases, feminista y anticolonial del pueblo chileno, paso que hubiera sido impensable sin la extraordinaria rebelión social que estalló el 18 de octubre de 2019 y que en los días y meses siguientes, a costa de decenas de muertos, cientos de mutilados y miles de presos políticos, sembró el pánico en las clases dominantes chilenas.

Palabras-clave: Chile. Plebiscito. Revuelta. Constitución

Resumo

Após um ano de intensos protestos, atravessado pela pandemia de Covid-19, em 25 de outubro de 2020, a população chilena decidiu por plebiscito desmantelar a Constituição Nacional, aprovada em 1980 durante a ditadura de Pinochet e pilar fundamental do primeiro e mais feroz laboratório neoliberal do mundo. A votação colocou duas questões: na primeira, relativa à vontade de alterar a Constituição atual, o voto “sim” venceu com 78,3% dos votos; a segunda pergunta foi sobre o tipo de órgão que deveria redigir a nova Constituição, entre uma “Constituinte mista”, metade eleita pelos cidadãos e metade pelo Congresso entre seus membros atuais, e uma “Convenção Constitucional” composta inteiramente por representantes da sociedade civil. Esta segunda opção ganhou com 78,9% dos votos.

A esmagadora vitória do “aprovo” e da “Convenção Constitucional” mostra a vitalidade de um movimento que reivindicou o plebiscito como sua própria conquista, apesar dos muitos sinais de alarme que soam como resultado da forma como este caminho constituinte está sendo realizado, após a assinatura do Acordo de Paz Social e da Nova Constituição em 15 de novembro de 2019. Naquela época, apesar de ter tirado do governo a possibilidade de reescrever a carta constitucional do zero, a evidente tentativa do executivo e da burguesia de adotar o caminho constituinte para encadear o protesto social a um programa e a um cronograma institucionais deixou um gosto amargo na boca. Ao mesmo tempo, é inegável que o fim da Constituição de Pinochet marca um passo formidável na luta de classes, feminista e anticolonial do povo chileno, um passo que teria sido impensável sem a extraordinária rebelião social que eclodiu em 18 de outubro de 2019 e que nos dias e meses seguintes, ao custo de dezenas de mortos, centenas de mutilados e milhares de presos políticos, semeou o pânico nas classes dominantes chilenas.

Palavras-chave: Chile. Plebiscito. Revolta. Constituição.

Introducción

La revuelta chilena estallada en octubre de 2019 y en curso hasta ahora ha sido protagonizada por un cuerpo colectivo extremadamente heterogéneo e históricamente debilitado por décadas de experimentación social neoliberal y que sin embargo ha logrado politizar una fuerza reivindicativa dispersa y recomponer el mosaico de frustraciones sociales en torno a un único objetivo: la superación del capitalismo y su correlato neoliberal.

“No son 30 pesos, son 30 años” fue una de las primeras consignas que apareció en las calles, cuestionando el carácter falsamente democrático del régimen, secuestrado por el ejército y una oligarquía económica que creció bajo Pinochet y se consolidó aún más desde 1990. “No son 30 pesos, son 500 años”, agregaron desde los pueblos originarios, aludiendo a la “larga noche” de dominación y opresión colonial, capitalista y patriarcal.

A las luchas ya presentes en el país desde hace más de una década se sumó, tras el incendio de Santiago del 18 de octubre, la rabia y la frustración de gran parte de la población no activista, pero que ha experimentado durante años la necesidad de cambiar todo el sistema económico y político para mejorar su condición. No es casualidad que el primer objetivo de esta subjetividad aún en formación fuera la petición de una asamblea constituyente para refundar el país. Porque la Constitución chilena de 1980 no sólo representa el caso bastante anómalo de una carta promovida por una dictadura genocida y que pasó sin mayores cambios al simulacro de democracia que le siguió, sino que también muestra el intento consciente y ambicioso de crear las condiciones y restricciones legales para la formación de una sociedad neoliberal a 360 grados. Por eso es necesario, para entender el Chile de hoy, volver a Pinochet, a la represión de su régimen dictatorial y al laboratorio social extremo de sus 17 años de gobierno.

La dictadura a la base del modelo

Cuando la Fuerza Aérea chilena bombardeó el palacio presidencial de la Moneda el 11 de septiembre de 1973, no sólo se inauguró la enésima dictadura militar de América Latina, sino que también se inició un laboratorio de cirugía social destinado a erradicar el espectro del “camino chileno al socialismo”. En los tres años anteriores, de hecho, el país había experimentado un periodo de transformación socialista a partir de un “doble poder”. El primero fue el gobierno de la Unidad Popular (UP), que bajo la dirección del socialista Salvador Allende, en tres años había nacionalizado sin compensación las reservas de cobre, hierro, salitre y carbón en manos de empresas estadounidenses, había puesto bajo control estatal a los bancos y al comercio exterior, además de planificar la nacionalización de una amplia gama de otros sectores estratégicos, radicalizando la reforma agraria del gobierno anterior con la redistribución de más de 6 millones de hectáreas de tierra, e implementando políticas sociales avanzadas y de aumento salarial. Por otro lado, un formidable impulso vino de los movimientos populares, tanto de los que adherían a la plataforma de gobierno como de los independientes o críticos, como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que radicalizaron enormemente los logros sociales desde arriba, llevando a cabo ocupaciones de tierras y fábricas (los llamados “cordones industriales”), la autogestión productiva, el establecimiento de consejos comunales y de agricultores y la distribución auto-organizada de alimentos contra el largo bloqueo patronal llevado a cabo para sabotear el gobierno. Erradicar de la memoria colectiva de todo un pueblo una experiencia de poder popular tan fuerte requería, en primer lugar, una operación emblemática de terrorismo de Estado, una terapia de choque, para retomar la expresión de Naomi Klein (2007).

En los días que siguieron al golpe de Estado, la recién establecida junta militar dirigida por el general Augusto Pinochet lanzó una caravana de muerte, en la que el ejército recorrió el país asesinando a los militantes de izquierda que figuraban en sus listas de proscripción. Sin considerar la escrupulosa máquina de terror y muerte diseñada por el gobierno militar, sin tener en cuenta la “tabula rasa” de miles de subjetividades rebeldes, aniquiladas psicológicamente o masacradas físicamente, no se puede comprender plenamente el éxito del experimento “biopolítico” de sus 17 años de gobierno y los 30 siguientes, que condujeron a la creación del más ambicioso proyecto de sociedad neoliberal (Lazzarato 2019). 

El programa económico que Pinochet adoptó en 1975 fue desarrollado por un grupo de jóvenes economistas conocidos como los “Chicago Boys”, debido a que se habían formado en la Facultad de Economía de la Universidad de Chicago bajo la supervisión de Milton Friedman. Su Programa de Desarrollo Económico (conocido como “El Ladrillo”, por la forma del folleto), ya había sido propuesto en 1969 al candidato del Partido Nacional Jorge Alessandri, derrotado el año siguiente por Allende. Cuando la UP volvió a ganar en las elecciones parlamentarias, un grupo de economistas demócrata cristianos de formación ordoliberal se unió al núcleo de El Ladrillo, que ya tenía vínculos con las Fuerzas Armadas, y enriqueció el programa con propuestas de políticas sociales compensatorias, acordes con la llamada “economía social de mercado” (Stolowicz 2016). Este programa preveía fundamentalmente dos etapas. En una primera, de “demolición”, se planteaba la destrucción rápida y absoluta del modelo económico anterior basado en la creación de una industria nacional y la extensión de los derechos sociales universales, y su sustitución con una matriz económica dependiente de la exportación de productos naturales, principalmente el cobre pero también el oro, el salmón, la fruta y la madera. En un segundo momento, de “estabilización”, se proponía sentar las bases para la construcción de un nuevo Estado, nada “mínimo”, como quisiera la vulgata sobre el neoliberalismo, sino fuertemente activo y “subsidiario”, cuya tarea era favorecer la apertura de los mercados y la acumulación privada. Habiendo sentado estas bases, ancladas a un rígido marco constitucional, la función histórica de la dictadura habría terminado y una nueva democracia “restringida” podría asumir su legado.

Una primera intervención legislativa drástica del gobierno de Pinochet fue la contrarreforma agraria, cuyo objetivo era crear las condiciones para el desarrollo de una nueva clase capitalista agrícola orientada a la exportación. Al mismo tiempo, los incentivos públicos a la exportación y el fin de la política de protección de la producción y la demanda interna provocaron una drástica reducción de la capacidad industrial del país, que se derrumbó en un 25% en los primeros diez años de la dictadura, con el cierre de 5.000 fábricas y la pérdida de 150.000 puestos de trabajo (Faletto 2007). La clase obrera fue entonces atacada con un nuevo Código Laboral, que permitió los despidos sin causa justificada, inauguró acuerdos contractuales flexibles y precarios, prohibió las huelgas en la administración pública, la creación de sindicatos y la negociación colectiva, y permitió la contratación de nuevos trabajadores para sustituir a los que estaban en huelga. El Código también puso fin a la justicia laboral: a partir de entonces, los conflictos entre empresa y trabajador pasaron a considerarse pugnas entre individuos iguales, de acuerdo con la teoría neoliberal del capital humano según la cual cada ciudadano es, como tal, una empresa. Desde el punto de vista macroeconómico, se impuso la autonomía del banco central, la liberalización completa de los tipos de cambio y de los precios y una apertura al capital extranjero; sin embargo, no se llegaron a privatizar los sectores estratégicos, en primer lugar el cobre, que quedó en manos de la empresa estatal CODELCO y destinó el 10% de sus ingresos a las Fuerzas Armadas. En cambio, los recursos hídricos fueron privatizados, a través de una legislación que sigue vigente y que nunca ha sido igualada en cuanto a mercantilización de un bien común fundamental como es el agua. El Código de Agua de 1981, de hecho, no sólo permitió la privatización de la prestación de servicios hídricos, sino que también distribuyó gratuitamente los derechos de explotación de las fuentes de agua en beneficio de los particulares (Panez 2018).

Este amplio sistema de reformas se consagró con una nueva carta constitucional, instaurada en 1980. Ésta sentó las bases del llamado “Estado Subsidiario”, que delegó las actividades económicas al mercado y la gestión del welfare a los grandes monopolios privados, pero asumió los costos sociales a través de subsidios a estos últimos y de políticas de asistencia mínima hacia la población más pobre y en los sectores en que el mercado no tenía interés en intervenir. El principio rector era que el individuo podía decidir libremente a qué servicios acceder, aunque esta “libertad” estaba condicionada a la posibilidad de pagarlos. La atención de la salud pública fue en parte privatizada y en parte puesta en competencia con el sector privado, subvencionado por el Estado. Lo mismo ocurre en la educación: tanto las escuelas públicas como las privadas son financiadas por el Estado en base al número de matrículas (a través del sistema de subvenciones o “vouchers”), lo que estimula la competencia entre escuelas para atraer a los estudiantes, a fin de garantizarse mayores beneficios. La construcción de viviendas sociales también se promovió con esta lógica, es llevada a cabo por grandes empresas inmobiliarias privadas y el Estado se encarga de proporcionar crédito a los inquilinos (Santos 2018). En cuanto al sistema de pensiones, la dictadura estableció el gravamen fiscal del 10% de los ingresos de todos los ciudadanos, excepto Carabineros y las Fuerzas Armadas, y lo dio en gestión a los fondos privados llamados AFP (Administradoras de Fondos de Pensión) en la forma de cuentas de capitalización individual sin que haya ningún elemento solidario o de compensación. Por lo general, al momento de la jubilación, estos fondos proporcionan pensiones por debajo del salario mínimo, mientras que el Estado, a partir de la reforma de 2008, sólo completa las pensiones más bajas con ingresos insuficientes.

La combinación de estas transformaciones económicas con el constante temor al despotismo militar tuvo efectos devastadores en la sociedad chilena, generando una dispersión del espíritu comunitario de los tiempos de la UP, que fue reemplazado cada vez más por el individualismo competitivo, la obsesión consumista y la despolitización, aspectos que se reforzaron con el retorno a la democracia.

Cuando en 1982, tras el giro monetarista de la Reserva Federal, México entró en default y la crisis de la deuda pública se generalizó en muchos países del Tercer Mundo, la economía chilena, en ese entonces ya totalmente expuesta a los choques especulativos de los mercados financieros, se derrumbó. El régimen de Pinochet reaccionó con la institución de prestaciones sociales y asistenciales para aliviar las garras de la pobreza, mostrando cómo incluso en el experimento social neoliberal más duro no faltan elementos redistributivos, siempre que estén vinculados a la expansión del consumo, al principio de la auto-empresa y al estado subsidiario.

En el medio de la crisis de los años 80, viejos y nuevos movimientos guerrilleros como el MIR, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR, emanación del Partido Comunista, luego independizado) y las Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro (FRPL), iniciaron una actividad de lucha armada, mientras que poco a poco algunos sectores de la sociedad comenzaron a desafiar el terrorismo de Estado con manifestaciones callejeras para exigir el fin de la dictadura. Ante un escenario de polarización política y social, y en un contexto en el cual otros países de la región como Argentina, Uruguay y Brasil ya habían iniciado el retorno a la democracia, el Partido Socialista (PS) comenzó un diálogo con la Democracia Cristiana (DC), que llevó a la creación de la alianza política Concertación. Con la aprobación de los Estados Unidos y la intercesión de la Iglesia Católica, se iniciaron las negociaciones con el régimen para una transición democrática que, con el plebiscito de 1988, decretó el fin de la dictadura de Pinochet.

La transición democrática y el despertar de las luchas

El camino hacia la democracia fue planeado como una transición lo más liviana posible, para ofrecer garantías a la élite económica y al ejército de que nada sustancial cambiaría. La propia campaña electoral para el plebiscito que daría fin a la dictadura, bajo el lema “la alegría ya viene”, prometía un futuro más brillante para todos, pero un futuro del que no se especificaban contenidos ni se prometía ningún tipo de reparación por las brutales violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen. Antes de abandonar el gobierno, Pinochet se aseguró de que cualquier cambio en la Constitución sólo pudiera hacerse con dos tercios del Congreso y que se estableciera una ley electoral híper-mayoritaria para mantener un duopolio entre la Concertación y la derecha pinochetista, ahora pintada como democrática, de la cual el presidente Piñera es actualmente el mayor representante.

En los casi 30 años que separan el inicio de los gobiernos “democráticos” de la rebelión de 2019, la ingeniería social neoliberal chilena -y con ella la frontera del despojo, la mercantilización de los derechos fundamentales y el Estado subsidiario- alcanzaron niveles mucho más avanzados que en la época de la dictadura. Una realidad que es aún más dramática si se considera que muchas de estas políticas fueron llevadas a cabo por el mismo partido que anteriormente fue liderado por Allende. En alianza con la DC, el Partido Radical y otros partidos más pequeños, el PS gobernó Chile desde 1990 hasta 2010, y luego nuevamente desde 2014 hasta 2018.

Favorecida por el colapso del socialismo real, la socialdemocracia giró hacia el neoliberalismo en los años Noventa. Su crítica a la dictadura se limitaba cada vez más a los aspectos represivos de la misma, mientras sus cuadros se convencieron que las recetas económicas de Pinochet eran básicamente correctas. Esta idea se vio reforzada por la percepción común entre las élites político-económicas latinoamericanas, de que el chileno era el “modelo” a seguir, como lo demuestran las políticas realizadas en los Noventa por los gobiernos de Menem en Argentina, Salinas de Gortari en México y Cardoso en Brasil.

La fortísima atracción de inversiones extranjeras y la ola de privatizaciones, especialmente en sectores estratégicos como la minería y los puertos, permitieron una prolongada estabilidad macroeconómica. Sin embargo, se ocultaba una creciente dependencia de la venta de materias primas, especialmente el cobre, y una enorme deuda privada de las familias chilenas. La combinación de buenos índices de crecimiento económico, la memoria reciente de la política del terror, la fabricación de una subjetividad neoliberal dejada por la dictadura, el giro neoliberal de los partidos progresistas y la promesa de “alegría” que trajo el retorno a la democracia, llevaron el impulso del conflicto social a los niveles más bajos. Única excepción fue el pueblo mapuche, que desde finales de los Noventa inició una nueva lucha de resistencia para reivindicar la autodeterminación de sus territorios ancestrales. Contra ellos, el gobierno de la Concertación no dudó en implementar la legislación antiterrorista, a la vez que se comprometía internacionalmente con la liberación de Pinochet, detenido en Londres en 1998 por orden del juez español Baltasar Garzón, quien lo acusó de genocidio, terrorismo y tortura.

En la década de 2000, el liderazgo de la Concertación pasó de la DC a los socialistas, con la elección a presidente de Ricardo Lagos (2000-06). Lejos de dar un giro a la izquierda, éste firmó tratados de libre comercio con los Estados Unidos y la Unión Europea y reforzó los principios del Estado subsidiario con la financiarización del sistema universitario. El gobierno se negó a invertir en las universidades públicas, pero financió el 25% del costo de acceso a las privadas. Estas últimas, básicamente controladas por cuatro grandes grupos económicos, duplicaron el número de matrículas entre 2005 y 2016, lo que hizo la fortuna de los bancos de cuya emisión de crédito depende el “derecho” a la educación de los jóvenes chilenos. Según la OCDE, Chile es el país con la educación superior más cara del mundo, la cual se apoya únicamente en el acceso a los préstamos bancarios. El drama de la deuda privada alcanza hoy al 80% de los ciudadanos, mientras que el 38% de los ingresos familiares se reserva para pagar deudas e intereses, casi un cuarto de la población es insolvente y una porción similar vive por debajo del umbral de la pobreza (Santos 2018:359-360). Es en este contexto de profundas desigualdades y de régimen político bloqueado, que la juventud chilena protagonizó en los últimos años un ciclo de luchas sin precedentes, al que se sumaron sectores sociales cada vez más amplios.

La repentina explosión del levantamiento popular en octubre de 2019 ha agarrado desprevenida a la clase dirigente chilena, como un rayo caído del cielo para trastornar una sociedad pasiva e individualista, históricamente acostumbrada a vivir dentro de las estructuras del modelo neoliberal. Aunque la fuerza y la imprevisibilidad de la rebelión fueron enormes, sus signos se remontan a los 10-15 años anteriores, en los que se produjo un lento despertar del movimiento popular.

El sector que más se ha movilizado ha sido el estudiantil, a partir de la primera oleada en 2006 con el movimiento “pingüino”, llamado así por los colores del uniforme escolar chileno. Surgido para reclamar contra el aumento del costo de la prueba de acceso a la universidad y para exigir el transporte público gratuito para los estudiantes, este movimiento pronto puso en tela de juicio toda la estructura de la educación chilena, llevando a la ocupación de centenares de escuelas. A pesar de algunas concesiones parciales, los pingüinos no lograron socavar el modelo educativo del país y sufrieron más bien una dura represión por parte del gobierno socialista, el primero de Michelle Bachelet (2006-10). Pero el movimiento estudiantil reapareció aún más masivamente en 2011, esta vez con la participación de las y los estudiantes universitarios, que en buena medida eran la misma generación de cinco años antes, ahora pasada a la universidad. En esta ocasión, las críticas y reivindicaciones apuntaban desde el principio al sistema educativo en su conjunto, al mismo tiempo que señalaban necesidades más generales como el fin del Estado subsidiario y una nueva Constitución. En ese momento el presidente era, como lo es hoy, el líder conservador Sebastián Piñera. La propuesta de una educación gratuita hasta la universidad se incluyó en el programa electoral de la Nueva Mayoría (la antigua Concertación) para las siguientes elecciones, una coalición que incluía al Partido Comunista (PC), cuyos cuadros juveniles habían desempeñado un papel importante en las luchas estudiantiles.

En las elecciones de 2013, la nueva coalición progresista se impuso con una amplia mayoría, devolviendo Bachelet a la presidencia. Su gobierno, sin embargo, volvió a frustrar las expectativas de sus votantes al evitar cualquier intento de reforma constitucional, implementando cambios superficiales en lugar de políticas de renovación integral del sistema educativo. Esto llevó a la emergencia de un tercer polo electoral a la izquierda del espectro político: el Frente Amplio (FA), nacido de la unión de nuevos partidos y movimientos vinculados a las luchas universitarias y que sólo por un puñado de votos no alcanzó la segunda vuelta de las elecciones de 2017. Más allá de los cambios electorales, en un nivel político más general los movimientos de 2006 y 2011 condujeron a un cambio profundo: la pérdida del miedo, utilizado como herramienta de gobierno a partir del régimen de Pinochet, y el cuestionamiento del orden neoliberal y sus principios básicos anclados a la Constitución.

Perder el miedo y cuestionar el modelo neoliberal fueron también ingredientes centrales de otras luchas nacidas en paralelo o en la estela de los movimientos estudiantiles. En primer lugar, el movimiento feminista, que tomó fuerza en la generación más joven, en consonancia con el movimiento de los pingüinos de 2006, y aún más luego de la explosión feminista en Argentina, donde en 2015 creció una nueva ola de protestas reunidas bajo el nombre de NiUnaMenos, que rápidamente se hizo internacional, iniciando un movimiento social que actualmente está en pleno desarrollo. En el 2017 el movimiento feminista conquistó la despenalización del aborto en tres causales, mientras en mayo de 2018 creció en las universidades, llevando a una ola de ocupaciones en todo el país para exigir una educación no sexista y se reafirmó con la organización de la huelga feminista para el 8 de marzo de 2019.

Entre las luchas que crecieron en los últimos años, cabe destacar el papel importante del movimiento ecologista y de defensa del territorio. Como en otros países latinoamericanos, en los años 2000 y hasta 2014-15, Chile aprovechó el llamado “boom de los commodities”, que comportó un violento ataque a los territorios. El extractivismo y la llamada “acumulación por desposesión” (Harvey [2003]2004) se han expandido en Chile con extrema voracidad, vinculados a un régimen económico basado en las exportaciones mineras, junto con la contrarreforma agraria y la privatización de los bienes comunes, así como por una guerra secular y colonial del Estado contra las demandas de autogobierno del pueblo mapuche en la región meridional de la Araucanía. Además de la intensificación de la actividad minera (vinculada no sólo al cobre, sino cada vez más al litio, un mineral fundamental para el sector del high tech), las obras de infraestructura vinculadas a la exportación de productos de otros países de América del Sur a través del Pacífico revisten especial importancia en Chile. Esto llevó a la ampliación de los puertos y al diseño de la infraestructura logística intermodal transandina vinculada al plan de integración de la IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), como el túnel de Agua Negra entre la ciudad argentina de San Juan y la ciudad chilena de Coquimbo (Jimenez 2014).

Entre los principales conflictos socio-ambientales se destacan las luchas contra las centrales hidroeléctricas, muchas veces construidas en los territorios ancestrales mapuches. A partir de mediados de la década de 1990, los movimientos en defensa del agua y la tierra han adquirido gran fuerza, concientizando a amplios sectores de la sociedad civil sobre los peligros de la explotación de la naturaleza con fines comerciales. De hecho, una de las reivindicaciones históricas de los movimientos en defensa de los territorios es la derogación del Código de Aguas que, además de privatizar el uso de las fuentes de agua, también separa la propiedad del agua y de las tierras alrededor, quitando a los agricultores el acceso a los ríos que corren en sus tierras para el riego, elemento que ha potenciado enormemente la constante crisis de sequía de la última década.

Vinculado a la propiedad del agua se desarrolla el conflicto contra el negocio del aguacate en Petorca, en la región de Valparaiso, que concentra el consumo de agua dejando en sequía a los hogares y agricultores locales. Otras luchas históricas son aquella contra la mina de oro Pascua Lama de la empresa canadiense Barrick Gold, en la provincia de Coquimbo, que el pasado mes de septiembre se vio obligada a cerrar por un fallo del Primer Tribunal Ambiental debido a fugas de cianuro en los cursos de agua de la zona y otras consecuencias sanitarias y ambientales, y el conflicto en los municipios de Puchuncavi y Quintero, en la región de Valparaíso, que se han transformado en verdaderas “zonas de sacrificio” debido a las consecuencias contaminantes de las actividades de las centrales termoeléctricas a carbón y de las fundiciones del Complejo Industrial Ventanas (Convergencia Medios 2020). En el sur del país, en la Región de los Lagos, los problemas socio-ambientales son generados por las empresas salmoneras, que importan huevos de salmón y alimentan a los peces con antibióticos, causando la propagación de nuevas enfermedades además de dañar el ecosistema marino.

Un capítulo aparte merecería la larga trayectoria de la lucha del pueblo mapuche, donde la resistencia contra las empresas forestales e hidroeléctricas en Wallmapu se entrelaza con la recuperación de territorios ancestrales, usurpados por el Estado chileno desde la campaña militar de ocupación de la Araucanía a mediados del siglo XIX. La lucha mapuche ha sufrido las mayores dosis de represión estatal en las últimas décadas, dando lugar a enormes violaciones de los derechos humanos, un alto número de presos políticos y asesinatos por parte de Carabineros. Es este el caso, por ejemplo, del joven comunero Camilo Catrillanca, asesinado por la espalda en su comunidad en noviembre de 2018 en el marco de la operación antiterrorista Plan Auraucanía. Criminalizar a los referentes políticos y espirituales del pueblo mapuche es una estrategia de larga data que el Estado chileno utiliza para proteger los intereses de las grandes empresas en Wallmapu, atacando a las comunidades y construyendo la retórica del enemigo interno. Un caso ejemplar de esta persecución es la Operación Huracán, una investigación de inteligencia de Carabineros realizada en 2017 que acusó a ocho integrantes mapuches de formar parte de una red terrorista, lo que se demostró ser nada más que un montaje.

En los últimos años, la denuncia contra el sistema privado de pensiones creó un nuevo ciclo de protestas que, en 2016, consiguió llevar a dos millones de personas a la calle. Finalmente, las luchas de los trabajadores también han crecido exponencialmente en los últimos años. A pesar de tener un Código laboral que no reconoce derechos a la clase obrera organizada, y a pesar del papel histórico de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de contener, en lugar de fomentar, las luchas de los trabajadores, las huelgas, especialmente las ilegales, han aumentado constantemente desde 2006 (Gaudichaud 2020). Entre los sectores más afectados se encuentran aquellos que han tenido que soportar, con enormes tasas de explotación, el injusto modelo primario de exportación chileno: los mineros y especialmente los estibadores portuarios. Estos trabajadores se han visto afectados no sólo por un enorme aumento de la actividad, sino también por las constantes innovaciones tecnológicas en materia de automatización. En este contexto, las reformas legislativas como la ley 20.773 sobre el trabajo portuario habilitaron los contratos de 8 horas que se renueven día a día (Arboleda 2018:16). La situación de extrema precariedad dio vida a ciclos de huelgas de los portuarios, como en 2013 en los puertos de la región de Antofagasta y a finales de 2018 en Valparaíso. En ambos casos, los fuertes impedimentos legales empujaron a los trabajadores precarios a atacar las mismas estructuras logísticas de su trabajo con bloqueos y sabotajes, lo que dio lugar a formas híbridas entre huelga y sabotaje que resultaron ser un engranaje importante en la revuelta de 2019.

Es importante considerar que el ciclo de luchas iniciado en Chile en 2006 mostró un fuerte descontento social frente a un modelo económico profundamente desigual, a pesar de las tasas de crecimiento superiores a la media de la región. A excepción del año 2009, cuando la economía chilena entró en recesión debido a las repercusiones inmediatas de la crisis financiera mundial, los índices del PIB de 2000 a 2013 mostraron un aumento promedio del 5% anual. Posteriormente, debido a la crisis internacional de los precios de los commodities, el crecimiento del PIB se redujo a menos del 2%, cayendo al 1,05% en 2019. La llegada de la crisis económica probablemente desempeñó un papel importante en el acercamiento de estas luchas entre sí. Hoy Chile es de hecho uno de los 10 países más desiguales del mundo (BM 2016), donde los productos básicos cuestan igual que en Europa Occidental mientras que el salario mínimo es de poco más de 300 dólares mensuales y el 10,1% de la riqueza se concentra en manos de 543 familias (Matamala 2015). Es en este contexto de enorme desigualdad y de inicio de una crisis económica que no se veía en el país desde los años Ochenta, que estalla la insurgencia chilena, mientras que también en otros países de la región, como Ecuador, Haití y Colombia, se producen profundas crisis políticas y sociales con protestas de gran envergadura.

Fotografía de la rebelión chilena

La chispa que prendió el enorme levantamiento popular chileno en el último año vino del reclamo contra el aumento de las tarifas del metro en Santiago a principios de octubre de 2019 por parte de los estudiantes de secundaria. Al igual que en anteriores ciclos de lucha estudiantil, el derecho al transporte en las metrópolis se convirtió en la clave para cuestionar la negligencia del Estado y la ausencia de políticas públicas. La práctica de la evasión y el salto de los torniquetes del metro fueron rápidamente reprimidos por los Carabineros, lo que generó indignación y generalizó la protesta, que el 18 de octubre dio lugar a manifestaciones espontáneas en toda la capital y extendió las reivindicaciones: ya no se trataba sólo del aumento de los pasajes, sino del costo de la vida y el endeudamiento de las familias, la ausencia de amortiguadores sociales, la privatización de la salud, la educación, el sistema de pensiones, los bienes comunes y la profunda desigualdad social.

El 19 de octubre las protestas se repitieron en las principales ciudades del país con enormes movilizaciones, barricadas, incendios y ataques a lugares simbólicos del poder. La rabia popular creció aún más cuando el presidente Piñera declaró que Chile estaba en guerra y dio el visto bueno a la represión, decretando Estado de Emergencia y toque de queda. Estas medidas fueron retiradas sólo el 28 de octubre, cuando la intervención de las fuerzas policiales y militares en las calles ya había causado 20 muertos y 1.200 heridos, y después de la gran manifestación del 25 de octubre, denominada “la marcha más grande de la historia de Chile”, que expresó con extrema claridad la indignación y el repudio a las masacres, los abusos y la impunidad de las fuerzas policiales.

El escándalo generado por la escalada represiva y las violaciones de los derechos humanos, con el despliegue del aparato militar que inevitablemente evocó el recuerdo de la dictadura, llevó especialmente a las generaciones más jóvenes a desafiar el toque de queda y mantuvo alto el nivel de las movilizaciones. Entre los primeros intentos del gobierno para calmar la rebelión estuvo el retiro del aumento de las tarifas de transporte, mientras a principios de noviembre la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para reducir la semana laboral de 45 a 40 horas. Sin embargo, el ritmo de las manifestaciones no se detuvo; por el contrario, la gente en las calles comenzó a sentir que tenía el poder de negociar y aumentó las apuestas.

Una de las características de este movimiento es su extraordinaria tenacidad y capacidad de organización para responder a la violencia de las fuerzas policiales, que siguieron cobrando víctimas durante las protestas. El último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que registró las denuncias entre el 17 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020, señaló que ese fue el período de las más graves violaciones de los derechos humanos en Chile desde el retorno de la democracia. Un año después del comienzo del levantamiento, se cuentan 45 asesinatos por parte de las fuerzas represivas. En el informe también se da cuenta de 1.082 actos de “tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes” y 282 agresiones sexuales, mientras 460 personas sufrieron lesiones oculares por balas disparadas deliberadamente para golpear la visión. La brutalidad e impunidad con que actúan los Carabineros no es nueva en Chile; se trata de un organismo del Estado que nunca fue reformado después de la dictadura, que funciona con un régimen judicial parcialmente autónomo y que goza de privilegios salariales y beneficios en comparación con el resto de la población. Los abusos de poder, los casos de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad, así como la vigilancia y el espionaje de activistas no son incidentes aislados y se denunciaron en varias ocasiones, sobre todo a partir del escándalo de “Pacoleaks”, cuando un grupo de hackers reveló en octubre de 2019 varios archivos del departamento de inteligencia de Carabineros, comúnmente llamados “pacos”.

Muchas de las prácticas de violencia sistemática que se implementaron contra el pueblo chileno durante las protestas del último año ya eran la norma para los mapuches. No es casualidad que la solidaridad con los pueblos originarios haya crecido durante las movilizaciones y que el Wenufoye (la bandera de la nación Mapuche) se haya convertido en un símbolo de resistencia contra la represión. A pesar de los intentos de los medios de dividir a los manifestantes en buenos y malos, pacíficos y violentos, la radicalidad de las protestas fue legitimada por grandes sectores de ciudadanos así como la violencia con que se expresaron, primero incendiando los medios de transporte y bloqueando el tráfico con barricadas, luego atacando los edificios del Estado, las iglesias y las sedes de los partidos políticos, y finalmente derribando las estatuas de los conquistadores como ocurrió en Concepción.

La participación masiva en las movilizaciones incluyó a personas que salían a la calle por primera vez y a sectores populares de los suburbios que no sólo protestaban en sus barrios sino que pasaban a ocupar el espacio público en el centro de la ciudad y en los barrios acomodados. La extensión de las movilizaciones también creó una especie de división del trabajo durante las ocupaciones semanales de las calles en las principales ciudades. Un ejemplo que se ha vuelto notorio a nivel internacional es la organización rápida y espontánea que se ha conformado con el nombre de “primera línea”, compuesta en su mayoría por jóvenes dispuestos a poner en juego su seguridad e integridad física para detener o desviar los vehículos blindados y garantizar el desarrollo pacífico de las manifestaciones, siempre acompañadas de música, consignas y performances. Junto a ellos, se organizaron los encargados de apagar o relanzar los gases lacrimógenos, los grupos dedicados a conseguir piedras rompiendo las veredas para tirarlas contra los carros lanza aguas (los llamados “guanacos”), las brigadas de médicos y enfermeros y, por último, una gran cantidad de reporteros con cámaras y teléfonos móviles para filmar el accionar de la policía, registrando las pruebas de las violaciones y las detenciones.

A estas características se suma la falta de liderazgo político del movimiento, que a lo largo del año siguió desarrollándose sin la hegemonía de ninguna organización o actor político sobre los demás. Las únicas banderas presentes en las manifestaciones, además de la mapuche, fueron las de Chile sobre fondo negro, indicando el luto de la democracia nacional. Asimismo, el único representante oficialmente reconocido de la rebelión, con gran ironía, es el Negro Matapacos, un perro negro que ha acompañado las manifestaciones estudiantiles en Santiago durante varios años, atacando a los Carabineros.

Un factor que ciertamente influyó en la rapidez con que las movilizaciones alcanzaron la masividad puede identificarse en la difusión de las redes sociales, en particular Instagram, que ha sido desde el principio un vehículo fundamental de información y denuncia, una herramienta para las convocatorias y un flujo constante de creatividad popular. Memes, canciones y formas de arte entre las más variadas aparecieron también en los muros, en las consignas y las actuaciones callejeras con una alegría descarada, irónica y necesaria para afrontar el alto riesgo que conlleva ir a manifestarse y desmontar el mecanismo del miedo.

La acumulación de fuerzas lograda durante los anteriores ciclos de movilización influyó en la articulación entre los diferentes sectores sociales en la rebelión de octubre. Esto también explica en parte la convergencia del gran número de reivindicaciones representadas en las marchas hacia dos temas centrales: la renuncia del Presidente Piñera, y la necesidad de una nueva Constitución nacional, identificada como la base jurídica que permitió el desarrollo del neoliberalismo chileno.

La primera respuesta de la política institucional a este reclamo llegó el 7 de noviembre por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades, con la propuesta de una consulta nacional sobre la necesidad de una nueva Constitución y sobre temas sociales como pensiones, salud y salarios, que luego tuvo lugar el 7 de diciembre. Mientras tanto, el 10 de noviembre el gobierno también avanzó una propuesta en la que se asignaba al parlamento la tarea de conformar un Congreso Constituyente para redactar una nueva Carta Magna. La respuesta fue la histórica huelga general del 12 de noviembre donde se exigía una Asamblea Constituyente elegida por el pueblo. Convocada por la Unidad Social -una coalición de sindicatos y organizaciones sociales- la huelga involucró a los funcionarios públicos, los sectores de la salud, la educación, el transporte, los bancos y el comercio, así como a los trabajadores de las minas, las construcciones y especialmente los portuarios.

En la noche entre el 14 y el 15 de noviembre los partidos representados en el Congreso firmaron el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución después de muchas horas de negociaciones transmitidas en vivo por televisión. Inmediatamente llegaron críticas de las diversas voces del movimiento. En primer lugar, se evidenció que el pacto fue realizado a puertas cerradas por los representantes de una clase política totalmente desacreditada que volvía a arrebatar la soberanía a un pueblo movilizado durante semanas y al mismo tiempo ofrecía al gobierno -y al presidente Piñera en particular- una salida para no renunciar a su cargo. De hecho, ya a partir de su nombre, el Acuerdo por la Paz evidenciaba la necesidad de restablecer el orden social en Chile a cambio de la promesa de un proceso constituyente, que se llevaría a cabo según las reglas decididas por la clase política. Por otro lado, las organizaciones sociales denunciaron que firmar un acuerdo sin exigir la sanción de las violaciones de los derechos humanos significaba, de alguna manera, avalar la impunidad de las fuerzas policiales, además de privar del derecho al voto a las miles de personas encarceladas durante las manifestaciones y en espera de juicio. A raíz del acuerdo se generó un reposicionamiento también dentro de la política institucional: una parte de los partidos del Frente Amplio votaron a favor, mientras que otros salieron de la coalición y el propio FA “divorció” de manera significativa con la mayoría de la población movilizada y los movimientos sociales. A su vez, el PC rechazó el Acuerdo, recuperando con esto parte de la legitimidad perdida en sus anteriores apoyos a los gobiernos de la Concertación.

A pesar de las duras críticas, el plebiscito previsto inicialmente para el 26 de abril de 2020 pasó a formar parte de la agenda del movimiento popular, sin que por ello se generara un reflujo de las manifestaciones callejeras, que siguieron siendo el termómetro de la lucha política en curso. Mientras tanto, las repercusiones de las protestas también alcanzaron una escala internacional. En noviembre, el gobierno se vio obligado a suspender la organización del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 25) que se iban a celebrar en Chile, mientras la final de la Copa Libertadores se trasladó de Santiago a Lima, en Perú.

El año 2020 fue inaugurado por la ofensiva lanzada una vez más por los estudiantes, a la vanguardia del movimiento en el medio del verano. Los días 6 y 7 de enero la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarixs (ACES) convocó un boicot de las pruebas de selección universitaria (PSU). El examen, rebautizado “prueba de segregación universitaria”, es conocido por la injusticia del mecanismo de selección de acceso, debido tanto al costo como al tipo de preparación que requiere, y cuya eliminación era un objetivo de las luchas estudiantiles ya desde 2006. El éxito del boicot, que logró invalidar la prueba de historia a nivel nacional y bloquear el examen de decenas de miles de estudiantes, llevó a la Ministra de Educación Marcela Cubillos a renunciar el 28 de febrero, al comienzo de un año escolar que prometía ser incandescente.

Algo similar ocurrió con la Ministra de la Mujer y la Igualdad de Género, Isabel Plá, que renunció el 13 de marzo después de la abrumadora manifestación del día 8 y la huelga general feminista del día siguiente, la última gran movilización antes del aislamiento causado por la pandemia, en la que participaron más de dos millones de personas en todo el país. La ministra entrante, Macarena Santelices, también renunció después de sólo un mes, confirmando así la debilidad de un ejecutivo ahora completamente a la defensiva e incapaz de gobernar, y sobre todo la fuerza y la radicalidad del movimiento feminista. Mientras tanto, desde el 25 de noviembre de 2019, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el colectivo Las Tesis había lanzado desde Valparaíso la performance “Un violador en tu camino”, destinada a convertirse en un himno de protesta no sólo en Chile sino en diferentes lugares del mundo. La intervención hizo evidente la postura del movimiento contra el sistema capitalista en general, estrechamente ligado al patriarcado, y la mirada interseccional que lleva a las feministas a autodefinirse antirracistas, disidentes, plurinacionales e intergeneracionales, decoloniales, internacionalistas y anti-carcelarias, tal como surgió del segundo “Encuentro Plurinacional de las que Luchan” que tuvo lugar en enero de 2020 en Santiago, convocado por la Coordinadora 8 de Marzo. El movimiento feminista en Chile logró también otros dos importantes triunfos a nivel institucional durante los meses de movilización: la Ley Gabriela, que amplía la noción de feminicidio reconocida en el país, y la introducción de la igualdad de género en el proceso constituyente, una norma que inicialmente no había sido prevista por el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución y que hará de la nueva Constitución chilena la primera redactada con igualdad de género en el mundo.

Junto al movimiento feminista, todos los movimientos que emergieron en la última década encontraron un lugar en el imaginario del nuevo Chile, despertado de la pesadilla neoliberal, mientras la capacidad de convocatoria se extendió hasta los barrios de los suburbios urbanos y las canchas de fútbol, que respondieron a la ola de movilizaciones participando en manifestaciones de manera organizada y solidaria entre las hinchadas de los distintos equipos.

Uno de los resultados más interesantes del retorno de la política al espacio público es la constitución de cabildos abiertos y asambleas espontáneas de ciudadanos en todo el país, que empezaron a pensar colectivamente en las necesidades de la población y en las acciones prioritarias para cambiar las raíces del modelo de país. En enero de 2020, esta red de experiencias se reunió en una Coordinadora de Asambleas Territoriales (CAT), organizó un encuentro regional en Santiago y redactó un documento común basado en cuatro ejes de discusión: la nueva Constitución, la agenda social, la reivindicación de los derechos humanos y la construcción de poder territorial autónomo. Sin embargo, la llegada de la pandemia y el inicio de la cuarentena terminaron con debilitar los lazos construidos a nivel de vecindario y basados en la periodicidad de la asamblea y la organización de actividades en el espacio público. Nuevas formas de articulación surgirán hacía el final del 2020, después del plebiscito que abre el camino una nueva Constitución, y con la apuesta de levantar candidaturas independientes de los partidos políticos desde los distintos territorios organizados.

El movimiento popular de cara a la pandemia

Si los meses del verano no habían logrado diluir la fuerza de las protestas, la propagación del Covid-19 por todo el continente americano a mediados de marzo obligó a cambiar radicalmente las prácticas de lucha experimentadas hasta entonces, así como a cuidar de todos los aspectos de la vida, respondiendo a la emergencia sanitaria y económica frente a un gobierno negligente cuando no abiertamente criminal.

Ante el contexto pandémico, la población actuó rápidamente, fortalecida por la experiencia de cinco meses de construcción de los lazos sociales y solidarios en los barrios y las asambleas. En marzo empezaron los llamados a abandonar temporalmente las calles como medida de prevención y las manifestaciones pronto se convirtieron en redes de ayuda mutua y de denuncia de las acciones del gobierno. Ante el primer contagio por Covid-19 en Chile, Piñera adoptó la misma estrategia que en octubre, habló de un “enemigo poderoso, que no respeta nada ni a nadie” usando las mismas palabras para nombrar el Coronavirus y su pueblo en rebeldía, y declaró el Estado de Catástrofe, lo que permitió una vez más el regreso de los militares a las calles y el toque de queda. Mientras tanto, el 30 de enero había entrado en vigor la ley anti saqueo y anti barricadas, que ampliaba la categoría de los delitos vinculados a las protestas y prolongaba las penas. En varias ocasiones durante el último año, el gobierno de Piñera intentó realizar cambios al sistema legal para garantizar una mayor libertad de acción e impunidad a las fuerzas represivas, en un contexto de aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, donde las organizaciones sociales y el movimiento popular son considerados como el “enemigo interno”, equiparado a los grupos de narcotráfico o al crimen organizado.

Las medidas represivas, las violaciones a los derechos humanos y la falta de respuesta a las demandas populares habían llevado a Piñera a una aprobación del 6% en las encuestas de enero, la más baja que tuvo un presidente en la historia de Chile. Por estas razones, el ejecutivo buscó el alivio de la crisis política en la crisis sanitaria. Ante el clima de pánico, el gobierno trató de aprovechar la oportunidad para lavar su imagen y mostrarse como la salvación ante la pandemia, mientras que el plebiscito para una nueva Constitución, originalmente programado para el 25 de abril, fue postergado al 25 de octubre.

En Chile, las escuelas pararon el 15 de marzo bajo la presión de la comunidad educativa, y las fronteras cerraron el 18 de marzo, aunque los vuelos procedentes de países críticos no se cancelaron -como ocurrió en cambio en los países vecinos- y sólo a partir del 26 de marzo se decretó una cuarentena parcial en algunas ciudades. En varias empresas se iniciaron manifestaciones y huelgas espontáneas pidiendo la suspensión de las actividades y la aplicación de medidas de protección en el transporte público. El gobierno respondió con acciones insuficientes, como la salida de las oficinas un par de horas antes de lo normal, mientras los centros comerciales tuvieron que cerrar tras prolongadas protestas de los trabajadores, y lo mismo pasó en grandes plantas como las forestales en la provincia de Arauco, en la región del Bío-Bío.

Las precarias condiciones del sistema sanitario público, la falta de protección contra el contagio para la mayoría de los trabajadores de la salud, las escasas medidas de apoyo económico a las familias y la luz verde para los despidos, sumadas a las vergonzantes declaraciones del Ministro de Salud Mañalich sobre el posible “buen comportamiento” del Covid-19, conforman el contexto de preocupación en el cual la población comenzó, en las primeras semanas de marzo, a lanzar campañas de cuarentena voluntaria, responsabilidad colectiva y solidaridad autogestionada, mientras que el lema “sólo el pueblo ayuda al pueblo” se hacía viral.

A lo largo de los meses, se implementaron ollas populares en los barrios de las principales ciudades y se organizaron formas de solidaridad por parte de las asambleas adaptadas al nuevo contexto, los medios de comunicación independientes que habían registrado las movilizaciones empezaron a publicar producciones audiovisuales más completas, al tiempo que se multiplicaban los encuentros y debates virtuales. También se multiplicaron las iniciativas de la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos de la Revuelta – 18 de Octubre, que se había conformado ante la necesidad urgente de responder de manera organizada a la ola de detenciones y violencia perpetrada por los Carabineros. El 19 de marzo se produjo la primera insubordinación en una cárcel de Santiago y durante todo el mes se desataron protestas en varios centros penitenciarios por los primeros casos de Coronavirus, en un contexto de hacinamiento y falta de normas básicas de higiene. La Coordinadora, junto con otras organizaciones de familiares y amigos de los detenidos, siguió trabajando incansablemente en el plano judicial, de la movilización y la solidaridad internacional para liberar a los miles de presos, muchos de ellos muy jóvenes y hasta menores de edad. Según un comunicado oficial del Ministerio Público del 16 de octubre de 2020, las personas detenidas hasta esa fecha eran 5.084, de las cuales sólo 725 habían sido condenadas. Debido sobre todo a las débiles o inexistentes causas oficiales de las detenciones, la Coordinadora reivindicó desde el principio a los detenidos como presos políticos de la revuelta.

Desde el punto de vista de los conflictos sociales, durante los meses de la pandemia el momento de mayor tensión se produjo con la huelga de hambre llevada a cabo por 27 detenidos mapuches en las cárceles de Angol, Lebu y Temuco, en la Araucanía. El machi (autoridad espiritual) Celestino Córdova comenzó la protesta en mayo, seguido por otros presos. Condenado a 18 años de prisión en 2014 tras un controvertido y opaco juicio, Córdoba adoptó la huelga de hambre como herramienta política para pedir cumplir su condena fuera de la cárcel, tal como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas. La iniciativa del machi y sus compañeros surgió en un contexto de alto riesgo de contagio para el Covid-19 en las prisiones, y después de que el gobierno ya había permitido salir a un tercio de la población carcelaria por emergencia sanitaria. La protesta en las cárceles fue acompañada en los territorios de las comunidades mapuches con manifestaciones y la ocupación de cinco municipios de la Araucanía. Esto desencadenó la violencia de los grupos de supremacistas blancos en contra de los comuneros mapuches con la protección de la policía, la cual desalojó los municipios. El aval a este accionar vino por Víctor Pérez, el nuevo Ministro del Interior tras la renuncia de Gonzalo Blumel, un político vinculado a la dictadura de Pinochet y que declaró provocativamente que “no hay presos políticos en Chile” durante una visita en la Araucanía, dando legitimidad a los episodios de violencia racista del 3 de agosto. El machi Córdova logró por fin firmar un acuerdo con el gobierno, pero la huelga de hambre de los otros prisioneros duró hasta 123 días sin una verdadera mesa de negociación. Al mismo tiempo, el históricamente reaccionario sindicato de camioneros (CNTC) salió a protestar para denunciar los ataques incendiarios a sus propios medios de transporte en la región, e inició un paro nacional el 23 de agosto, bloqueando las arterias de comunicación en varios puntos del país, hasta que se llegara a un acuerdo con el ejecutivo. La profunda desigualdad en el trato del gobierno hacia uno de los sindicatos más corporativos y de derecha y hacia presos mapuches desencadenó otra ola de profunda indignación y denuncia entre la población chilena.

Entre las huelgas de trabajadores de salud pública, que denunciaron que no tenían las condiciones mínimas necesarias para trabajar, y el oportunismo de las clínicas privadas que aumentaban el precio de los test de Covid-19, el pico de contagios se manejó en un plano mediático más que sanitario. El 13 de junio, el Ministro de Salud Mañalich renunció después de la publicación de un estudio donde se mostraba que el ministerio manipulaba los números de muertes por Covid-19. Los planes sociales implementados por el gobierno resultaron ser totalmente inadecuados, mientras que ya el 26 de marzo salió un decreto por el que, en caso de cuarentena o de aplicación del cordón sanitario, los empleadores no estarían obligados a pagar los salarios a los trabajadores. Durante la primera mitad del 2020 se perdieron 1,8 millones de empleos en Chile, la pobreza absoluta aumentó en un 4% mientras que el 40% de la población se encuentra con deudas, desempleado o con trabajos precarios o informales que se han visto amenazados o se han truncado con la pandemia (Figueroa 2020), situaciones de fragilidad a las que se suman los casos de contagios, hospitalización o muerte de un familiar.

El empeoramiento de las condiciones sociales en el país por fin obligó al gobierno a ceder y abrir las cajas de las AFP, aprobando una reforma constitucional que permitió a los trabajadores retirar el 10% de sus jubilaciones a finales de julio. Ya en marzo, el valor de las contribuciones que las AFP utilizan en el mercado financiero se había derrumbado y los ahorros de las pensiones de los trabajadores habían tenido pérdidas de hasta un 16%. El plan propuesto en agosto por el gobierno para la reactivación económica también tenía las mismas debilidades que todas las iniciativas anteriores: carecía de un diagnóstico de la situación real del país y de las medidas para contener el contagio, no mostraba ninguna planificación de las intervenciones y se limitaba a improvisar en el plano comunicativo.

En este contexto, el 18 de octubre, aniversario del inicio de la rebelión, en Santiago y en las zonas del país donde se levantó la cuarentena obligatoria, la población volvió a las calles de manera masiva para denunciar las mismas desigualdades que un año antes, agravadas por la crisis sanitaria, y preparó las campañas para el voto del plebiscito del 25 de octubre.

Los nuevos desafíos de la revuelta chilena

El acuerdo firmado sobre el proceso constituyente prevé que la nueva Carta Magna se redacte sobre una hoja en blanco, por lo tanto no se trata de una simple modificación de la Constitución de 1980. Sin embargo, el quórum necesario para definir los nuevos artículos a redactar se fija en dos tercios de los miembros del órgano constituyente, el mismo principio que rige la Constitución de Pinochet y que hizo tan difícil su reforma durante los años democráticos. Además, si bien se abre la oportunidad de rearmar por completo las piedras angulares de la democracia chilena, en realidad sólo entrarán en la nueva Constitución aquellas cuestiones sobre las que sea posible alcanzar un amplio acuerdo, mientras los otros temas sólo se regularán por medio de leyes ordinarias.

Al finalizar la labor del órgano constituyente, se abrirá otra consulta popular, donde el pueblo decidirá si ratifica o rechaza la nueva carta. La elección soberana de los ciudadanos sobre el texto constitucional es algo nuevo en Chile, caracterizado por una democracia representativa con estrechos márgenes de participación, donde las constituciones siempre fueron escritas por hombres blancos pertenecientes a la élite. La potencia de la oportunidad que se abre para la sociedad chilena es innegable y al mismo tiempo es una tarea sumamente compleja, con el peligro de volver a cerrar el conflicto social dentro de los márgenes impuestos por la legalidad democrática y por la oligarquía, que tratará de vetar cualquier cambio estructural donde se vean afectados sus intereses de clase. La nueva Constitución ni siquiera podrá intervenir en los acuerdos internacionales ya firmados por Chile, entre los cuales se encuentran una treintena de tratados de libre comercio suscritos con los más diversos países (Grez 2020), que condicionan fuertemente el modelo productivo chileno ligado a la exportación de materias primas.

Entre los obstáculos a una real representatividad popular, el primero es que los candidatos de la Convención serán elegidos con el mismo sistema electoral utilizado para las elecciones legislativas ordinarias, lo que dificultará la participación de sujetos políticos que no cuentan con el apoyo de partidos o estructuras capaces de sostener una campaña electoral. A ello se suma que la votación tendrá lugar el 11 de abril de 2021, junto con las elecciones municipales y regionales, lo que generará confusión, aumentando el riesgo de que el proceso vuelva a estar bajo el control de los partidos. El acuerdo, como ya se ha explicado, no garantizaba inicialmente ni la paridad de género, que fue garantizada posteriormente bajo la presión del movimiento feminista, ni mecanismos que permitieran escaños reservados para los pueblos originarios. Estos fueron obtenidos recién en diciembre después de largas negociaciones que llevaron finalmente a reservar 17 de los 155 escaños a los pueblos originarios, si bien no elegidos a través de usos y costumbres sino por una votación común, mientras que el pueblo afro-descendiente, radicado en el norte del país, resultó excluido y no obtuvo escaños. De todos modos, la cuestión de la plurinacionalidad será un importante eje de debate en la labor de la constituyente.

A pesar de todas estas limitaciones, el 25 de octubre de 2020 la población chilena decidió por plebiscito desmantelar su Constitución Política. La votación planteaba dos preguntas: en la primera, relativa a la voluntad de cambiar la actual Constitución, ganó el “apruebo” con el 78,3% de los votos; la segunda preguntaba acerca del tipo de órgano que debía redactar la nueva Constitución, entre una “Constituyente Mixta”, la mitad elegida por los ciudadanos y la otra mitad por el Parlamento entre sus miembros actuales, y una “Convención Constituyente” compuesta enteramente por representantes de la sociedad civil. Esta segunda opción ganó con el 78,9% de los votos. La aplastante derrota del presidente representada por el voto plebiscitario es un golpe más a un gobierno que aún no asume las denuncias por las violaciones de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, a lo que se suma la mala gestión de la pandemia y los constantes cambios de ministros en su inestable equipo de gobierno. Si Piñera sigue en el cargo, a pesar de haber perdido las riendas de la gestión política, es porque el arco parlamentario salvó la institucionalidad que representa al firmar el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución.

Esta lectura del pacto político a la base de la apertura del proceso constituyente es común a todos los sectores organizados que han participado en las movilizaciones. La fórmula propuesta para una nueva Constitución, “cocinada” por los partidos a puertas cerradas en el Congreso, era la última estrategia posible para encauzar la protesta en la vía institucional y mantener la gobernabilidad. Consciente de esto, la base política del movimiento ha mantenido alta la crítica y al celebrar el resultado de la votación ha recordado la impunidad que sigue protegiendo a Carabineros, gendarmería y militares frente a las decenas de muertos y miles de heridos y presos en las manifestaciones, a la violencia sexual dentro de los cuarteles y la persecución contra el pueblo mapuche.

Existe una conciencia transversal entre los distintos componentes del movimiento chileno de que un verdadero proceso de cambio, a través de una nueva carta constitucional, sólo es posible si no se abandona la calle y la movilización, el único instrumento que hasta ahora ha demostrado ser eficaz para presionar la política institucional y desarmar su lógica corporativa interna. Sin embargo, las estrategias y prioridades asignadas por cada uno de los muchos actores sociales que han sido protagonistas de la rebelión popular son diferentes. La necesidad de reforzar las vías de autonomía y autogestión que nacieron a nivel territorial durante el último año llevó a los sectores libertarios a levantar alarmas sobre el proceso electoral constituyente, observado como una camisa de fuerza que terminará por traicionar la esencia del levantamiento popular y sofocar el potencial subversivo de una verdadera transformación social desde abajo, capaz de discutir desde la raíz las reglas de la democracia burguesa neoliberal. Otros sectores tienen más confianza en la posibilidad de superar y “trascender” el proceso constituyente, e hicieron una fuerte campaña para votar “apruebo” y elegir la “Convención Constituyente”. Otros identifican los riesgos vinculados a la falta de una estructura política capaz de competir en el plano institucional, lo que dejaría a las reivindicaciones surgidas en las protestas sin cabeza e incapaces de superar el momento destituyente, como ocurrió en Argentina al final del ciclo de luchas 2001-2003, cuando el kirchnerismo recogió los reclamos de las luchas organizadas para encauzar el conflicto en los canales de la gestión estatal.1

Este amplio espectro de posiciones al interior de la izquierda y los movimientos sociales se ha reflejado en diferentes estrategias para encarar la elección para la Convención Constitucional. Organizaciones como el Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA) y parte de la coalición social-sindical Unidad Social, decidieron ocupar los cupos para candidaturas independientes ofrecidos por partidos políticos, como los que componen la nueva lista conjunta creada por el PC y lo que queda del FA, llamada Apruebo Dignidad. Otros movimientos como la Coordinadora 8M, No+AFP y otros agrupamientos sociales y sindicales optaron por constituir una multiplicidad de listas independientes en diferentes distritos y con fuerte base territorial. En fin, partidos de izquierda como el Partido Humanista, el Partido Verde Ecologista, el trotzkista Partido Obrero Revolucionario y la coalición entre Unión Patriótica y el MIR, levantaron candidaturas propias en muchos distritos. No obstante las encuestas digan que la mayoría de la población plantea votar por candidatas o candidatos independientes (Data Influye 2021), esta fragmentación de las listas electorales es percibida con preocupación por algunos, porque la ley electoral, a pesar de ser proporcional, divide el país en distritos pequeños, donde resultan favorecidas las grandes coaliciones. Es por esto que los dos bloques políticos tradicionales crearon grandes listas únicas: por un lado los partidos de derecha se unieron en la lista Chile Vamos, que por la ocasión incluyó al Partido Republicano de José Antonio Kast, la extrema derecha de inspiración bolsonarista. Por otro, el centro-izquierda tradicional, que junta DC, PS y otros partidos menores formaron la la Lista Apruebo. Esta nueva articulación de la geografía política del país tendrá probablemente sus efectos no sólo en la composición de la Convención Constitucional sino en vista del pleito electoral presidencial de noviembre de 2021. A tal respecto, ya se puede prever una crisis del centro-izquierda tradicional y una polarización entre el nuevo líder conservador Joaquín Lavín, que se presenta como exponente de una nueva derecha renovada, socialmente abierta, y que apoyó con gran oportunismo el Apruebo en el plebiscito de octubre pasado, y Daniel Jadue, actual alcalde de Recoleta por el PC, al que las encuestas dan como favorito en intención de voto (IPSOS 2020).

En el amplio abanico de posiciones políticas en juego y de propuestas para hacer frente a las nuevas apuestas abiertas por el plebiscito, hay algunos nudos que es necesario desatar para garantizar un futuro a la rebelión: ¿cómo seguir construyendo el poder territorial y al mismo tiempo influir en el proceso constituyente? ¿Cómo determinar la redefinición de las reglas del juego político sin ser cooptados por los antiguos dirigentes, preocupados por darse una nueva legitimidad? ¿Cómo vincular las formas de protesta a los sectores productivos y cómo coordinar el poder horizontal y descentralizado de las asambleas? ¿Cómo responder a la militarización y a la constante represión sin agotar la revuelta y sin pagar el altísimo precio que la necropolítica de Piñera ha impuesto hasta ahora? Las preguntas abiertas son muchas, y también los posibles escenarios. Lo cierto es que Chile no volverá a ser el país que era antes del 18 de octubre de 2019, y si el proceso constituyente no será capaz de abrir espacios de participación real para dar respuestas a las múltiples cuestiones sociales que aún esperan una solución, la crisis política abierta por la revuelta está destinada a profundizarse.

Según el politólogo latinoamericanista Frank Gaudichaud (2020), la rebelión chilena produjo una “crisis orgánica” del capitalismo chileno y su clase dirigente que, sin embargo, no se convirtió en una “crisis hegemónica” porque, a diferencia de otros levantamientos y crisis recientes, como las que a principios de siglo afectaron a países como Bolivia, Argentina y Ecuador, no ha logrado derribar al presidente. A tal respecto, cabe recordar las palabras del sociólogo boliviano René Zavaleta Mercado (1984), según el cual, mientras que en Bolivia y Argentina el Estado es profundamente débil y la sociedad muy fuerte, en Chile la situación se presentaría de manera opuesta, con un Estado y una institucionalidad muy robustos y de alguna manera impermeables a los choques de la sociedad o perfectamente preparados para reprimirlos.

La comparación con los países vecinos también ha suscitado un debate en América Latina sobre la naturaleza y las posibilidades actuales del proceso constituyente chileno. De hecho, en países como Venezuela, Bolivia y Ecuador, el surgimiento de gobiernos progresistas como los de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, llevó a la convocatoria de nuevas asambleas constituyentes que ayudaron a legitimar el nuevo rumbo político y sus líderes populistas. Aunque, especialmente en Bolivia y Ecuador, estos procesos surgieron después de grandes movimientos callejeros y un enorme ciclo de luchas indígenas y populares, las victorias electorales progresistas permitieron de alguna manera que los posteriores procesos constituyentes “secuestraran” y sacrificaran los impulsos más radicales en el altar de una nueva conciliación de clases y una alianza con el gran capital local y transnacional del petróleo, el gas, los minerales y el agronegocio. En este sentido, el sociólogo italiano Massimo Modonesi (2017) ha recuperado el concepto gramsciano de “revoluciones pasivas” para describir estos procesos. Lo que ocurre hoy en Chile, sin embargo, es el caso atípico de una revuelta que ha logrado imponer la apertura de un nuevo proceso constituyente pero no la caída del gobierno. Desde un cierto punto de vista, se trata de una limitación importante del proceso actual en Chile, ya que el gobierno de derecha que logra mantenerse en el poder es visto como una garantía de la continuidad de los intereses neoliberales y la represión estatal en la misma fase constituyente. Sin embargo, esta situación también puede abrir oportunidades inesperadas, como la continuación de una posición autónoma y de las movilizaciones en las calles de los sectores populares, feministas y anti coloniales durante toda la fase constituyente. Esta marcada característica de la rebelión chilena podría ser quizás el antídoto contra el surgimiento de figuras carismáticas y conciliadoras, capaces de desmovilizar y capturar las luchas organizadas, como lo fueron de alguna manera Morales y Correa.

El paralelismo entre el punto de ruptura que inició el llamado “ciclo progresista” sudamericano y las revueltas que estallaron en 2019 en Ecuador, Chile y Colombia sugiere, sin embargo, otro tipo de problema. Llegando al gobierno en un periodo de fuerte alza del precio de las materias primas, los gobiernos progresistas de la década de 2000 aprovecharon esta situación, que generó saldos comerciales favorables, para llevar a cabo una política de redistribución parcial de la riqueza sin tener que tocar los intereses del gran capital nacional y transnacional que, por el contrario, vieron aumentar exponencialmente sus beneficios. Como consecuencia, esto reforzó la transformación productiva iniciada en las décadas anteriores, anclada en el crecimiento de los sectores primario-exportadores, la pérdida de capacidad industrial y el aumento de la dependencia comercial y financiera hacia el mercado mundial, y en particular el mercado chino. Como resultado de la caída de los precios de los commodities entre 2014 y 2015 los gobiernos progresistas entraron en crisis, atrapados entre las nuevas luchas desde abajo y la presión de las grandes empresas para la aplicación de políticas de austeridad fiscal y nuevas privatizaciones para compensar la caída de la tasa de ganancia.

Hoy en día, la región latinoamericana es aún más periférica y más dependiente que hace 20 años, con un tejido social fuertemente lacerado por la combinación del “neoliberalismo desde abajo” (Gago 2014) y una expansión del fascismo, el paramilitarismo y el fundamentalismo religioso, especialmente el neopentecostal, como dispositivos autoritarios y represivos de la disciplina social. Al mismo tiempo, lejos de sufrir un retroceso, el extractivismo tiende a compensar la caída de los precios con una expansión productiva, aumentando enormemente su presión sobre biomas fundamentales para el futuro del planeta, como el Amazonas. Por último, el propio capitalismo global, entre la pandemia y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, se encuentra en una crisis sistémica de la que no hay salida a medio plazo, un escenario oscuro para una región como América Latina, que corre el riesgo de convertirse rápidamente en una enorme “zona de sacrificio”. Este es el contexto geopolítico en el que se sitúa la revuelta chilena. Un contexto que difícilmente va a producir márgenes de compromiso social similares a los que aprovecharon los gobiernos progresistas. No parece haber mucho espacio para las medias tintas: atrapado entre la contraofensiva de las fuerzas conservadoras escondidas en los pliegues del proceso constituyente y el fantasma de una conciliación de clases que no aparece en la agenda ni las posibilidades del gran capital nacional e internacional, el movimiento popular tendrá que redoblar la apuesta y construir, abrir o posiblemente inventar un nuevo camino revolucionario.

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