[En seguida, el comunicado y pronunciamiento de 80 organizaciones y colectivos de México y de más de 300 personas con el fin de que la voz de familiares y sociedad civil sea tenida debidamente en cuenta en la elaboración de las Leyes de víctimas y de desaparición del estado de Guanajuato]
El estado de Guanajuato atraviesa su peor crisis de impunidad y graves violaciones a derechos humanos y en lugar de reconocerla y actuar en consecuencia, la autoridad es omisa. La violencia e impunidad que atraviesa el estado requiere de acciones urgentes y soluciones estructurales que tomen en cuenta a víctimas y sociedad civil organizada. A casi dos años de la promulgación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, el Congreso del estado de Guanajuato discute las iniciativas de Ley que se presentaron en la materia sin escuchar a las víctimas y con un sentido urgencia irresponsable, por dictaminar antes de que termine el periodo ordinario. cumpliendo con sus propios intereses, pero no las demandas de quienes buscan a sus familiares y justicia, abandonadas por el Estado.
