Ciudad Juárez, la esperanza en el desierto
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El 31 de enero, en Ciudad Juárez, cientos de personas se reunieron para recordar la masacre acontecida
hace un año y que provocó el asesinato de 16 estudiantes, en su mayoría menores de edad. En la madrugada de ese domingo del año 2010, un comando armado irrumpió en una fiesta en la colonia de Villas de Salvárcar y sin mayor explicación acribilló a los jóvenes que ahí estaban reunidos. El impacto de esa enésima masacre fue tremendo. No sólo por el evidente dolor provocado a los familiares de las víctimas y a la sociedad entera, sino sobre todo porque fue el principio de una larga serie de asesinatos que tuvo como objetivo a jóvenes estudiantes de esta y otras ciudades de México.
Para provocar que aumentara la tensión de aquellos días, sirvieron también las declaraciones del presidente de México, Felipe Calderón. Desde Japón, en donde se encontraba de viaje oficial, tuvo la osadía de declarar que la masacre no era otra cosa que un ajuste de cuentas entre bandas de pandilleros. La reacción no se hizo esperar y es quizás por esa reacción que hoy, en Ciudad Juárez, a pesar de la tremenda ola de violencia, la gente ya no tiene miedo. Las reacciones de la sociedad civil –que han comenzado por las mujeres-madres, hermanas e hijas de los asesinados– no dejaron de coincidir con cada injusticia perpetrada por la criminalidad organizada, pero sobre todo por la ineficiencia y las múltiples omisiones de las autoridades mexicanas que, aquí en Juárez, han substancialmente dejado en mano de los pistoleros y de los grandes capos del narco la gestión del territorio.
“La guerra al narcotráfico”
De esta forma, los periódicos mexicanos e internacionales pintan a Juárez como a la ciudad más violenta del planeta. Así la describen también las estadísticas acerca del número de personas asesinadas cada año, cada mes, cada día. Según datos oficiales, ofrecidos a principios de este año 2011 por el secretario técnico de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré en la ciudad fronteriza de México habrían sido asesinados 2.377 personas en 2010. Dichas muertes serían parte de los más de 15.000 asesinatos relacionados con la llamada “guerra al narcotráfico” registrados el año pasado. De ese total asombroso y que muestra una aumento vertiginoso de muertes relacionadas con los carteles del narcotráfico en relación al año anterior –1.462 en 2009–, una tercera parte habría ocurrido en el Estado de Chihuahua, donde Ciudad Juárez se encuentra.
Y, sin embargo, estos datos no logran describir a plenitud la realidad de esta ciudad incrustada en el desierto y que hoy está completamente en mano de la criminalidad organizada. El escritor y periodista estadounidense Charles Bowden publicó recientemente un libro que describe con tremenda crudeza a la ciudad. El título: La ciudad del crimen. Bowden describe las frecuentes muertes en esta ciudad como
“un estilo de vida” y comenta que los habitantes de Ciudad Juárez, los juarenses, hoy no se ponen el problema de la muerte en sí, sino de lo que puede pasar antes de morir. Tortura, degollamientos, descuartizamientos, y todo tipo de injuria que se le puede hacer en un cuerpo humano son las huellas de estos asesinatos por mano, oficialmente, de los carteles de la droga que se pelean por unos de los territorios más codiciados por los negocios ilícitos promovidos por el ya débil Cartel de Juárez y su mayor contrincante, el malafamado capo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
Los ‘juventicidios’
De la misma manera, los datos oficiales tampoco logran describir a plenitud otras muertes que recorren
las calles acosadas de la ciudad. Éstos son los asesinatos de mujeres, los llamados feminicidios; las muertes de jóvenes –el llamado ‘juventicidio’– por mano, en este caso sí, de la delincuencia pero también por parte de las fuerzas del orden llamadas a garantizar la seguridad en el territorio. A esta lista se suman las muertes de migrantes anónimos en su recorrido final a Estados Unidos y, por último, los asesinatos de periodistas. Es igualmente difícil describir a otros “efectos colaterales” de tanta violencia, como son las, al menos, 15.000 viviendas abandonadas por ciudadanos que, frente a la muerte, optan por abandonar a la ciudad.
En cuatro años de gobierno –desde diciembre de 2006–, el Gobierno Federal mexicano ha logrado implementar cuatro programas especiales para la ciudad. El primero fue lanzado el 27 de marzo de 2008 cuando el Gobierno oficializó el Plan Conjunto Chihuahua que llevó al ejercito mexicano a ocupar las calles de esta y otras ciudades del Estado. El fracaso evidente de esta estrategia, impulsó que en enero de 2010 el Gobierno promoviera un segundo plan que utilizara la Policía Federal (PF) en Juárez. Sin embargo, la matanza de Villas de Salvárcar obligó al Gobierno a impulsar una “estrategia global” para la ciudad: “Todos somos Juárez”. El programa, fundamentado en operativos policíacos, junto a otros “programas sociales” de alto impacto, cumplió un año este mes de febrero y, según admiten las autoridades, fracasó.
Hoy, tras la muerte “por error” causada por mano de la PF que se encargaban de la labor de escolta del alcalde de la ciudad, el Gobierno lanza el enésimo plan de seguridad que prevé, entre otras cosas, “mantener al ejército en las calles de Ciudad Juárez”. No obstante, la confianza en la autoridad se perdió hace mucho. Eso sí queda la esperanza generada por la renovada voluntad de lucha y rescate que la ciudadanía está demostrando. Dos luchadoras sociales se han quedado en el camino: Josefina Reyes, asesinada el 3 de enero de 2010, y Susana Chávez, asesinada el 11 de enero. Sin embargo, ya lo dijimos: los juarenses han perdido el miedo y el futuro aparece cada vez más en sus manos.
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Los femincidios, no sólo ocurren en Juárez
Ciudad Juárez se ha vuelto tristemente famosa a partir de finales de los años ‘90 cuando los datos acerca del llamado feminicidio comenzaron a describir un patrón del fenómeno. Los carteles del narcotráfico, el patriarcado, los ritos satánicos, el tráfico de órganos, las películas snuff, los asesinos en serie, los ‘sexo turistas’ de la vecina ciudad estadounidense de El Paso, la maquiladora. Todos culpables según distintos análisis y puntos de vista.
Sin embargo, a pesar de la deficiencia de datos fidedignos, debida a la falta de voluntad política de los gobiernos locales de registrar el fenómeno, a su difícil tipificación y a la dificultad de “distinguir” las decenas de muertes que ocurren diariamente en el país, es posible afirmar que no sólo Juárez es teatro de este tremendo delito.
Según el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) en más de 80 municipios del Estado de México, colindante con la Ciudad de México, la tasa de homicidios dolosos contra mujeres es superior a la media nacional y en Toluca –capital del Estado– los índices son superiores a los de Ciudad Juárez. Estas estadísticas desmiente la creencia de la posesión del récord de Juárez, además, se presentan los datos ofrecidos por el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF), el cual reporta que en 2009, de los 459 feminicidios registrados, 89 habrían sucedidos en el Estado de México, seguido del norteño Chihuahua (71), el Distrito Federal (46) y el norteño Baja California (45).
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La ‘presencia’ del presidente Calderón en la ciudad
Tras las declaraciones, que quiso adjudicar la masacre de Villas de Salvárcar de enero de 2010 a un “pleito entre pandilleros”, el presidente mexicano Felipe Calderón visitó tres veces la ciudad fronteriza el año pasado para promover el plan que pomposamente llamó “Todos somos Juárez”. La visita que todos los mexicanos recordarán fue la primera. El 9 de febrero, diez días después de la matanza, Luz María Dávila –madre de dos de las víctimas– logró burlar al cerco de seguridad de la reunión y confrontó al presidente frente la mirada atónita de la platea complaciente. “Yo hoy no le puedo dar la mano y decirle que es bienvenido, pues no lo es”, le dijo. “Pónganse en mi lugar a ver que siento yo”, continuó. Calderón asintió y Luz María le espetó: “No diga ‘por supuesto’, y ¡haga algo por Juárez!”.
“El problema del secuestro de migrantes en México es sólo la punta del iceberg”
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Según el abogado Saúl Sánchez, coordinador del área jurídica del Centro de Derecho Humanos Fray Matías de Córdoba que opera en la ciudad de Tapachula, en la frontera con Guatemala, “toda esta atención sobre la problemática migrante está bien y está mal”. Es positivo, explica, que se haga visible el problema, pero, añade:”No está tan bien porque lo enfocan como si fuera algo nuevo, como algo que acaba de pasar”. No es así, abunda, pues “el problema del secuestro de migrantes es sólo la punta del iceberg”.Entrevistado unas semanas después de la matanza supuestamente ejecutada por el grupo criminal de Los Zetas, el abogado en materia migratoria “con enfoque de derechos humanos” estigmatiza la campaña mediática que se desató por lo sucedido el 27 de agosto y señala que “el problema no es que estén secuestrando a migrantes, sino por qué la gente se está viendo obligada a migrar”.
DIAGONAL: ¿Cuál es entonces el verdadero problema?
SAÚL SÁNCHEZ: El flagelo no son Los Zetas, no son los Maras (grupo criminal, sobre todo centroamericano), no es la delincuencia común, los militares que embisten embarcaciones llenas de migrantes en el océano Pacífico. El verdadero flagelo se llama falta de oportunidades y eso se da tanto en los países que expulsan a los migrantes como los países de tránsito.
Quienes están engrosando las filas de Los Zetas son jóvenes que ahí encuentran la manera de elevar su calidad de vida. Si hubiera oportunidades y se respetara el derecho al desarrollo, no habría migrantes forzados, ni jóvenes que entren a las filas de la delincuencia organizada.
Saúl Sánchez insiste en que el problema es la migración forzada. “Los medios de comunicación lo primero que hacen es preguntar por la sangre que hay, los derechos que se violaron, acerca de las amenazas a los defensores (abogados), necesitan la nota roja”. Prueba de la falta de atención por parte de los medios de comunicación, según el abogado mexicano, es la reproducción del informe último de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Los medios “hicieron un resumen de ese informe, nada más. ¿Dónde está el análi-sis? El informe de la CNDH sobre secuestro de migrantes fue nutrido por organizaciones, por albergues de migrantes. No es un informe de la Comisión y nadie lo dice, nadie reconoce ese trabajo de campo efectivo, real”. E indica: “No es un informe de la CNDH, es un informe de la sociedad civil organizada que está harta de la situación”.
D.: Y sin embargo, el tema de los migrantes de paso en México sigue recibien-do poca atención…
S.S.: Es cierto. Los abogados especializados en materia migratoria y en el tema de derechos humanos en México somos pocos. Habrá unos cinco, pues no hay muchas organizaciones que se ocupen del tema y aparte litiguen casos con perspectiva de derechos humanos. No es falta de interés, es más bien falta de perspectiva de las organizaciones en la necesidad de crear cuadros. Hasta hace muy poco tiempo, el tema no le interesaba a nadie. Luego comenzó el interés aunque se abordaba solamente en el tema de estudio del fenómeno y, en cuanto al aspecto legal, en el tema de las regularizaciones. El tema del litigio, del litigio estratégico, de hacer incidencia, eso es muy reciente.
D.: ¿Cuáles son las mayores violaciones a los derechos de los migrantes en México?
S.S.: Hay tres grandes vertientes. Para los que están detenidos (en las Estaciones Migratorias) hay violaciones al debido proceso, a pesar de estar sometidos a un procedimiento administrativo migratorio; no tienen representación le-gal; no tienen traductores y un montón de cosas más. No tienen acceso a la justicia y mucho menos están siendo informados acerca de los derechos que tienen en calidad de migrantes y en calidad de personas sometidas a una forma de detención.
D.: ¿Y luego?
S. S.: Para los que van en tránsito, ya conocemos todas las vejaciones que reciben de la población local por donde cruzan, pero también por parte de las autoridades de los distintos niveles de gobierno: desde funcionarios públicos de oficina hasta el policía de la equina…todos ellos tratan de abusar del migrante. Además, del acoso del crimen organizado.
Finalmente, por lo que tiene que ver con las personas indocumentadas que ya están establecidas en el país, se le niega el acceso ideal a la educación por no tener un acta de nacimiento mexicana, se les niega el apoyo de los programas sociales de gobierno. Se les niega además el acceso a los servicios de salud y en muchas ocasiones tampoco tienen acceso al registro de sus recién nacidos. De tal manera que el niño, aunque no se le puede quitar a la madre, resulta un chico sin documentos, inexistente legalmente en ningún lado.
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Silencio tras el tráfico de indocumentados en Tamaulipas
El presente artículo fue publicado en periodico español Diagonal el día 6 denoviembre de 2010
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Tras la matanza de un grupo de migrantes ejecutada el 27 de agosto pasado en el estado de Tamaulipas, en el norte de México, y realizada supuestamente por la organización criminal de Los Zetas, el tema del secuestro de migrantes de paso en el país se ha vuelto central. Tras décadas en las que el tema migratorio consistía sobre todo en hablar de los paisanos que se iban al otro lado, finalmente la sociedad mexicana comienza a voltear su mirada hacia los flujos de personas que cruzan México para llegar a Estados Unidos.
Serían poco más de medio millón cada año las mujeres, hombre y niños que cruzan México con el sueño de una mejor vida. Proceden de Centroamérica y América del Sur, pero también de África, de China y otras regiones asiáticas. Tuvieron que morir 72 seres humanos para que la sociedad mexicana descubriera de vivir en un “país de tránsito”.
Hasta hace poco, sólo el vasto abanico de personas y organizaciones dedicadas al tema migratorio conocían esta realidad. Y de este amplio grupo, sólo algunas organizaciones atendían la urgencia de comprender este fenómeno y la necesidad de limitar los daños de un viaje – cruzar a México – que muchos migrantes describen como un verdadero infierno.
Más de la mitad de las mujeres, parte de esta multitud, habrían sufrido algún tipo de violencia sexual en 2009 según reportó Amnistía Internacional. En el primer semestre de 2009, además, al menos 10.000 migrantes habrían sido víctimas de secuestro, reportaron datos de distintas organizaciones reunidos en el informe de la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) sobre el tema. Cifra por debajo de la realidad, admiten los recopiladores, pues la mayoría de los migrantes secuestrados no se preocupa de denunciar el abuso.
No hay pero cifras que den la dimensión del negocio que se esconde tras tanto sufrimiento y tanta esperanza invertida y muy a menudo frustrada. El tema del tráfico de indocumentados y de las redes criminales que lo gestionan es un asunto muy delicado que pocos quieren mencionar. Los testimonios hablan de “seguras represalias” para quienes denuncien funcionarios corruptos, agentes políticos locales y nacionales, grandes capos y criminales, pequeños ejecutores de los viajes clandestinos.
La razón es sencilla: la trata de personas sería el tercer rubro (tras el tráfico de droga y el de armas) por dividendos económicos para la delincuencia organizada. Si así es, ¿cómo tocar dichos intereses sin lastimarse? ¿Cómo incidir en un terreno tan delicado que cuenta con el amparo casi incondicional de autoridades? ¿Cómo, finalmente, romper con un círculo vicioso que contempla el silencio de los migrantes mismos, víctimas de una necesidad ineludible – la de llegar a su destino sanos y salvos – y de la total desprotección de las autoridades?
El Banco Santander, salpicado por blanqueo de dinero
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El banco de Santander está siendo investigado por posible blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, según reveló en agosto la revista financiera de EE UU Bloomberg Markets Magazine (BMM). La publicación señala en un reportaje que diversas entidades bancarias transnacionales de Europa, Estados Unidos y México han blanqueado miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico.
El reportaje revela que Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, American Express y Western Union habrían realizado operaciones financieras utilizando dinero procedente
de las actividades ilícitas de los cárteles del narcotráfico mexicanos. Si bien tanto el reportaje
mencionado como las mismas autoridades estadounidenses no han abundado en la información acerca de las investigaciones, documentos obtenidos por el periódico mexicano La Jornada desvelan que en marzo pasado las autoridades fiscalizadoras de Estados Unidos
habrían pactado un acuerdo con Wells Fargo (desde 2008 dueño de Wachovia) por no haber vigilado actividades sospechosas de lavado de dinero por parte de los narcos.Aviones para llevar cocaína
Entre estas actividades estarían la gestión de fondos que sirvieron para comprar cuatro aviones que transportaron 22 toneladas de cocaína. En otro caso, Bank of America fue encontrada responsable de haber manejado el dinero necesario para la compra del DC-9 que el 10 de abril de 2006 fue secuestrado por autoridades mexicanas con 5,7 toneladas de cocaína en su interior. Otro caso fue el de Western Union, que fue condenado a pagar una multa de 94 millones de dólares porque sus empleados en Estados Unidos resultaron ser culpables de recibir sobornos por parte de presuntos narcotraficantes a cambio de permitir el traslado de
fondos de manera ilícita, es decir con nombres ficticios.
Por su parte, el banco Santander aparece en la lista de instituciones investigadas junto a otros bancos, entre los cuales aparecen Citygroup (dueño en México de Banamex) y HSBC. Según el autor del reportaje de BMM, Michael Smith, los bancos de Estados Unidos, México y la
Unión Europea habrían permitido que a través de sus cuentas los narcotraficantes
mexicanos movieran al menos 39.000 millones de dólares en los últimos 20 años.
Aunque el Santander y las otras instituciones figuren sólo en calidad de “supervisadas” todas aparecen involucradas de alguna manera y ninguna, sin embargo, ha sido cuestionada acerca de sus prácticas. En este sentido, sólo Wells Fargo habría admitido que desde 2004 es consciente del riesgo de ciertas operaciones aunque no las haya impedido o controlado con mayor atención. Dicha admisión fue la que permitió al grupo financiero estadounidense llegar a acuerdos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por los cuales el banco se compromete a reformar sus sistemas de vigilancia y a pagar una multa de 160 millones de dólares.
Según el fiscal Jeffrey Sloman, encargado del caso, “la flagrante desatención de nuestras leyes bancarias por Wachovia otorgó una virtual carta blanca a los cárteles internacionales de cocaína para financiar sus operaciones al lavar por lo menos 110 millones de dólares en ganancias de la droga”. La responsabilidad de Wachovia está probada por las declaraciones del ex director de su unidad antilavado, Martin Woods. El ex empleado del grupo estadounidense declaró a la revista fundada por el hoy alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que renunció a trabajar en la empresa tras denunciar la presencia de dinero sospechoso y ser invitado a “dejar el asunto”. Más adelante, Woods dijo: “Es el lavado de dinero de los cárteles por los bancos lo que financia la tragedia. Si uno no ve la correlación entre el lavado de dinero por los bancos y las 22.000 personas asesinadas en México, no entiende de qué va la cosa”.
La fallida guerra contra el narco
El presente artículo fue publicado en el número 123 del periodico español Diagonal el día 3 de abril de 2010
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El 31 de enero pasado, en la madrugada, un comando armado hizo irrupción en una casa privada, en la periferia de Ciudad Juárez, la ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos. En esa casa se estaba llevando a cabo una fiesta entre adolescentes. El comando irrumpió, separó a hombres y mujeres. Éstas, en su mayoría menores de edad, fueron inmediatamente alejadas de la casa. Los hombres, en cambio, fueron obligados contra una pared. Con los adolescentes en fila, los agresores dispararon con sus armas largas. El resultados: 16 muertos – todos menores de edad, excepto dos – y decenas de heridos.
La matanza de este grupo de adolescentes revivió, si fuera necesario, el asombro y la indignación de parte de la sociedad mexicana frente la ola de violencia que se registra en México a raíz, se dice, de la llamada ‘guerra al narcotráfico’ promovida desde la presidencia de la república mexicana, es decir por decisión del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Según datos del mismo gobierno mexicano, a partir de la actual administración, en diciembre de 2006, y hasta la fecha se contarían más de 18mil muertes ligadas a dicha ‘guerra’. Según fuentes periodísticas, pero, el dato resulta de mayor impacto, pues la frecuencia de dicho asesinados es en aumento: si en 2007, las primeras mil muertes se alcanzaron en 134 días, en este año pasaron sólo 34 días para que las estadísticas registraran los primeros mil asesinados.
La matanza de Ciudad Juárez del pasado 31 de enero no es la última ni la más grave que haya ocurrido en los últimos meses. Sin embargo ha sido y siegue siendo en estas semanas una razón más que suficiente para dirigir especial atención tanto a esta ciudad fronteriza, ya golpeada por el triste fenómeno del feminicidio – por cierto, ya no exclusivo de esta ciudad -, como al estado de Chihuahua, entidad federal escenario del más elevado porcentaje de homicidios del país. En efecto, se calcula que hasta una cuarta parte de todos los homicidios cometidos en lo que va de la actual administración habrían sucedido justamente en este estado norteño.
Frente esta situación, e inclusive desde las filas del gobierno o del partido que lo sostiene, el Partido de Acción Nacional (PAN), se desprenden las críticas acerca de la que muchos ya definen ‘estrategia fallida’ del gobierno mexicano. Dicha estrategia, según los críticos de las distintas partes políticas, encontraría su fracaso en la decisión gubernamental de centrar la represión hacia la delincuencia organizada en la sola vía militar: despliegue del ejercito federal (en clara violación al texto constitucional) en contra de los carteles del narcotráfico; promoción de reformas legislativas que amplían facultades y poderes de las fuerzas del orden; fuerte e intensa campaña mediatica de respaldo tanto a las acciones de las fuerzas armadas (por otros sectores acusadas de repetidas violaciones a los derechos humanos) como de criminalización o desprestigio de toda organización social autónoma e independiente de las intenciones gubernamentales.
Desde la sociedad civil de Ciudad Juárez se ataca al gobierno federal mexicano. “No hace nada”, gritan. “El gobierno mexicano tiene 16 mil 217 elementos en Juárez: 8 mil 500 son soldados, 4 mil agentes de la Policía Federal, 2 mil 850 policías municipales, 487 preventivos estatales y 380 agentes ministeriales”, y sin embargo, denuncian, “60mil familias en los últimos tres años tuvieron que abandonar la ciudad”. Es más: “Hay cerca de 10mil menores de edad en estado de abandono, pues sus familias murieron en esta guerra absurda”. Tras tanta indignación y protesta, finalmente el gobierno mexicano tuvo que responder proponiendo un cambio de estrategia: programas sociales, inserción laboral, prevención del delito. Todo “para recomponer el tejido social”, según el propio Calderón.
No obstante lo anterior, desde la sociedad civil mexicana se levantan ya las dudas y las críticas al gobierno mexicano. Éstas van desde las consignas de las marchas de estas semanas en Ciudad Juárez como son “Calderón mentiroso y farsante” hasta las acusaciones abiertas pronunciadas por las organizaciones cívica de Juárez: “El gobierno federal encubre paramilitares y escuadrones de la muerte”, en referencia a las matanza de jóvenes – última, pero no única, la del 31 de enero. Por otro lado, vale la pena retomar una declaración del noviembre de 2008, en la que el Ejercito Revolucionario Popular Insurgente – grupo guerrillero activo – acusaba a Calderón de esta forma: “Hoy se siembra un terror de Estado que lleva la consigna de ‘guerra al narco’; en realidad se trata de una estrategia multifacética del régimen calderonista que tiene en la violencia y la impunidad su norma. Ante la poca legitimidad y la falta de credibilidad de que goza, el gobierno panista busca controlar a su favor (no desaparecer) el mercado de las drogas, dentro de un contexto de crisis económica aguda. Para esto criminaliza e intimida a las organizaciones sociales y formaliza las estructuras y prácticas mafiosas ya existentes en muchos cuerpos policiacos, y crea códigos judiciales (verdaderos códigos de guerra que consideran enemigo a cualquiera que quiera acusar de delincuente) para imponer su terror”. Ahí está la duda entonces. ¿Hasta qué punto la estrategia es fallida? ¿Estamos en la vía definitiva de la colombianización de la sociedad mexicana?
Dudas sobre los objetivos de ‘la guerra al narco’
El presente artículo fue publicado en el periodico español Diagonal el día 3 de septiembre de 2009
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En la actual ofensiva militar del Gobierno mexicano en contra de las organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico, la llamada “guerra al narco”, aparecen cada vez más sombras. Y muchas dudas. Las sombras pertenecen sobre todo al ámbito de los derechos de los ciudadanos que son puestos en entredicho no solamente por la presencia de más de 70.000 soldados en las calles del país, sino también por las modificaciones legislativas que han ido cambiando el contexto del conflicto entre el Estado y los carteles de la droga. Es importante mencionar el debate que se ha desatado en la sociedad mexicana alrededor del llamado “fuero militar”, es decir la posibilidad por parte de las tropas y sus mandos de ser juzgados siempre y de todas formas por los órganos de justicia militar. El debate se desata evidentemente por los ya incontables episodios de abusos por parte castrense hacia la ciudadanía: irrupciones en casas particulares, detenciones arbitrarias, violaciones a los más básicos derechos, pero también algunos homicidios, “errores” o “legítimas respuestas” que quizás un día, terminada esta absurda guerra (que solamente en el primer semestre de este año produjo 4.000 muertos), nos describirán como “efectos colaterales”. El último episodio de este debate es el rechazo, el 10 de agosto, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la posibilidad de juicio por parte de la justicia civil de los atropellos cometidos por los militares. La SCJN, llamada a resolver el dilema, ratifica la actual situación y no resuelve la contradicción creada por el uso del Ejército para funciones de policía. Por el otro lado, al recrudecerse la situación que conlleva cada día más muertos y violencia en el país, así como la evolución de la confrontación misma que orilla a la criminalidad a buscar cada vez más y nuevos instrumentos de supervivencia, obliga –por así decirlo– al Estado a adecuar la actual legislación, acotando libertades, irrumpiendo en la privacidad ciudadana, otorgando más poderes a sus fuerzas policíacas. Todo lo anterior sin meter mano alguna en los problemas reales: corrupción e impunidad.
En este escenario, surgen las dudas acerca de la real efectividad de la “guerra al narcotráfico” y también acerca de los intereses reales que puedan esconderse tras tanta campaña mediática. Es urgente recordar cómo la decisión inicial de promover un choque frontal entre las fuerzas del Estado y las organizaciones criminales haya respondido a la urgencia por parte de Felipe Calderón de legitimarse frente a una sociedad que aún hoy duda de la legalidad de las elecciones que le entregaron la Presidencia. Una decisión entonces que se puede leer a la luz de la prisa, de la necesidad apremiante de ofrecer un elemento fuerte y definitivamente cautivante para todos: el de la seguridad y de la guerra contra quienes la ponen en peligro. Por otro lado es preciso también subrayar la inutilidad de la estrategia actual del Gobierno mexicano. Una estrategia que parece trasmutada de la guerra al narco en Colombia, que busca nada más descabezar a los carteles, haciendo absoluto caso omiso no solamente de la naturaleza de estas organizaciones –parecidas a una hidra por su capacidad de sustitución de líderes–, sino sobre todo del entorno social que permiten la existencia de estas organizaciones y el cada vez mayor consenso social que consiguen.
2010, año delicado
Así, es necesario tratar de contestar las dudas. La creciente militarización de la sociedad mexicana evidentemente responde también a otras necesidades. Si el objetivo primario de vencer al narco no se estaría cumpliendo, ¿es posible pensar en objetivos secundarios? Por ejemplo, un 2010 que se perfila cada día más como un año delicado, debido no solamente a las consecuencias sociales que está comenzando a tener la crisis económica global en México, sino también al Bicentenario de la Lucha de Independencia de México y al Centenario de la Revolución (interrumpida). Ambos aniversarios, con un fuerte tinte simbólico, llamarán sin duda a la sociedad mexicana a confrontarse con una pregunta esencial: ¿se han cumplido cabalmente los anhelos de justicia, libertad, independencia y democracia reivindicados en esos dos momentos históricos? Responder, en el contexto de un empobrecimiento generalizado y en el medio del acotamiento de ciertos derechos –por el Estado de excepción que impone la guerra al narcotráfico–, es hoy quizás el mayor reto, tanto para la sociedad mexicana, cuanto para el Gobierno de Calderón. Mientras, el Gobierno parece adelantar posibles respuestas. Así la presencia militar asume nuevas características. Por un lado, el control territorial; por otro, ofrecer una señal inequívoca a aquellos que podrían estar pensando en soluciones más radicales que las protestas callejeras: estamos listos. En un escenario en el que el narcotráfico sigue sobreviviendo y la sociedad podría sublevarse, el Gobierno –de querer seguir existiendo– tendría solamente una vía de fuga: pactar con la delincuencia organizada y aniquilar a los revoltosos.
Las otras epidemias: sanidad precaria y control social
El presente artículo fue publicado en el periodico español Diagonal el día 14 de mayo de 2009
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La empresa Granjas Carroll SA, filial de la estadounidense Smithfield Food Inc, en la comunidad de La Gloria (Veracruz), ha sido señalada en México como el origen de la actual cepa del virus. La empresa norteamericana está bajo proceso en EE UU desde hace varios años por su modelo productivo altamente contaminante. No es sorpresa que este tipo de producción industrializada se desplace hacia el sur del mundo, en concreto, a zonas de pobreza extrema, como La Gloria, donde los controles y las exigencias sanitarias son menos estrictos y las autoridades más corruptibles.
Es necesario, no obstante, señalar también otras causas de la actual situación íntimamente ligadas a la anterior en el marco del modelo neoliberal. La primera, y más apremiante, es el largo proceso de privatización del sistema sanitario, tanto en México como en otros países. Si hace 20 años México podía presumir de un sistema de vanguardia en cuanto a investigación científica y servicios de salud, hoy el sistema sanitario mexicano fue puesto de rodillas por un microscópico virus. No sólo los hospitales no pudieron atender como se debe a los cientos de ciudadanos que acudieron a ellos, no sólo el abastecimiento de medicinas fue insuficiente, no sólo no había (hasta una semana después de declarar la emergencia) laboratorios capaces de detectar el nuevo virus, sino que el sistema sanitario por entero, en su capítulo epidemiológico, no fue capaz de entender a tiempo la magnitud del problema. De modo que no es difícil creer al Gobierno cuando afirman que “no sabían que se tratara de un nuevo virus”.
¡Claro está! Tuvieron, según ellos, que esperar a la confirmación de laboratorios extranjeros de Canadá y EE UU para lanzar la alerta.
Por el contrario, es culpable el Gobierno mexicano al no admitir que subestimó (y decirlo así, es quedarse cortos) las numerosas denuncias que se venían dando desde meses atrás en contra de los brotes de influenza atípica en las comunidades rurales de Veracruz.
La otra gran causa de este problema sanitario, que sólo recientemente ha sido admitida por parte de las autoridades, es la pobreza. Esa sí se ha esparcido como una epidemia de magnas proporciones. Setenta millones de pobres en México no son de ayuda en esta situación. El acceso a los servicios de salud es limitado o nulo, mientras que comprar los medicamentos necesarios resulta imposible para la mayoría de la población por sus altos precios. El tristemente famoso Tamiflu cuesta 350 pesos, frente a un salario mínimo diario de casi 50 pesos. Hoy el medicamento está agotado y su reventa en internet rebasa los 900 pesos. La elevada desnutrición que hace más vulnerable a la población es, entre otras, una de las consecuencias inmediatas de esta situación.
Elecciones en julio
Los resultados de todas estas circunstancias los padecemos hoy en México. El Gobierno presume de haber controlado la epidemia, cuando lo que hizo más bien fue obligar a la población a enfrentar las duras condiciones de la alerta: quedarse en casa, evitar el contacto humano, padecer los daños económicos del paro de las actividades. Ahora comenzará la batalla para que no sean los trabajadores con sus salarios quienes paguen el coste económico de la crisis sanitaria este año (hasta el 1% del PIB). Los mexicanos también sufren las consecuencias del decreto presidencial que armó a la secretaria de Salud de poderes especiales, como la capacidad de intervenir teléfonos y entrar en los domicilios, sin límite de tiempo.
Estos dos últimos aspectos son, entre otros, los que determinarán el futuro próximo: el capítulo económico, que ya está premiando al sector privado farmacéutico con las compras ‘de emergencia’, y el de las medidas extraordinarias para el control del virus (y de la población). Primera prueba de fuego para el Gobierno de cara a las elecciones federales que tendrán lugar el próximo 5 de julio.
