Túnez: a la espera de “un cambio profundo”
12 maggio 2011Lascia un commento
El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 12 de mayo de 2011.
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La “situación en Túnez es muy delicada”, ya que “el proceso democrático está aún lejos de afincarse”. Tal es la conclusión de integrantes de la caravana Unidos por la Libertad, que del 7 al 11 de abril pasado visitó la capital de esa nación, donde se encontró con muchas “organizaciones sociales protagonistas de la revolución”, y luego se desplazó a los campos de refugiados que en el curso de los últimos meses surgieron en la frontera sur del país con Libia. La caravana –integrada por miembros de la sociedad civil italiana– surgió con “la idea de materializar un puente político y social entre las dos orillas del Mediterráneo”. De acuerdo con varios de sus miembros, la sociedad civil tunecina advierte la necesidad de constituir “un frente común de las fuerzas democráticas y laicas alternativas a la ala islamista más extremista y a las fuerzas aún fieles a Ben Ali”, rumbo a las elecciones para la Asamblea Constituyente del próximo 24 de julio.
En particular, señalan, “en la ciudad origen de la revuelta, Sidi Bouzid, siguen las protestas con mítines y encarcelamientos de personas, sobre todo jóvenes”, ya que, según los activistas, “la revolución de enero cambió la cara del país, pero aún existen profundas contradicciones sociales ligadas a la miseria general, a la falta de trabajo y oportunidades para los jóvenes”. Según los activistas italianos, los refugiados en la frontera sur de Túnez muestran una “actitud de solidaridad que avergüenza a los gobiernos europeos”, los cuales “tomaron una actitud de cerrazón y rechazo frente a los miles de tunecinos que en estas semanas emigran” hacia el viejo continente. Cuentan que había cerca de 10 mil personas viviendo en los campos de refugiados, de los cuales 2 mil solicitaban asilo político. Sin embargo, señalan, éstos no habían sido canalizados hacia “los circuitos internacionales de refugio”.
Rumbo a Túnez
En entrevista telefónica con Apro, Tommaso Cacciari, uno de los integrantes de la caravana, explica que la iniciativa “nació del contacto directo con la comunidad tunecina presente en Italia”. En particular, detalla, “nos llamó mucho la atención lo que nos narraron acerca de los eventos que tuvieron lugar a partir del 24 de febrero pasado”, es decir la llegada de las primeras oleadas de migrantes que escapaban de Libia tras las primeras protestas que acosaban al líder libio Gadafi. De ese encuentro entre migrantes tunecinos en Italia y activistas de la sociedad civil, se generó la idea de organizar un “viaje que llevara ayuda a los tunecinos y a la gente que se escapa de la guerra”.
Además, subraya Cacciari, surgió la idea de contrastar la manera en que los gobiernos europeos enfrentan las revueltas en los países árabes: “Como un espacio cerrado y no transitable para los ciudadanos que proceden de esas regiones”. En este contexto la caravana también creó un espacio de relación política entre los movimientos del Magreb y Máshreq (las dos áreas geográficas del mundo árabe). Dichas relaciones “apuntan a romper la imponente campaña mediática en Europa, y en Italia en particular, que promueve la alarma social acerca de la idea de una invasión de millones de migrantes de la región norafricana”. En resumen, abunda Cacciari, “la caravana respondió a la necesidad de conocer la realidad de la situación en Túnez y las razones por las que muchos tunecinos llegan a las costas europeas, y a la necesidad de ofrecer una señal fuerte del razonamiento que habla de un diálogo franco y abierto de Europa con el área euromediterránea”.
Antes de desplazarse a la frontera sur y conocer “de primera mano” los campos de refugiados, la caravana se detuvo un día en la capital del país. Aquí, cuenta Cacciari, los activistas italianos pudieron entrevistarse con distintas organizaciones tunecinas que protagonizaron las revueltas de enero. “Nos encontramos con una representación muy vasta y plural de jóvenes tunecinos”. Entre ellos, relata el activista, “había grupos de desempleados, de personas ligadas a la cultura y el arte, y comunicadores”. El italiano constata que “la mayoría de estas organizaciones no tienen una historia previa a la revolución, sino que justamente en esta experiencia se organizan y ahora tratan de afianzarse en el proceso posrevolucionario”. Luego hubo el encuentro con la Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT), la central sindical única del país, que, según “admiten los mismos sindicalistas”, comprende a distintos sectores sociales, algunos de los cuales son incluso muy cercanos al entorno del expresidente Ben Ali.
La caravana también pudo reunirse con las mujeres de la Asociación Mujeres Democrática de Túnez, quienes “remarcaron el rol jugado durante la revuelta” y “el deseo de seguir siendo protagonistas del proceso”. En particular, las mujeres tunecinas habrían señalado el riesgo de que tome mayor fuerza “el partido islámico extremista Al-Nadha, que aunque se presenta como un partido moderado trata de excluir a las mujeres de la vida pública”. Según Cacciari, a pesar de haber sido “reuniones caóticas”, los encuentros revelaron la que fue la “primera conquista de la revuelta: la escena pública, el deseo singular y colectivo de tomar la palabra, de romper el silencio ensordecedor que durante décadas se impuso a los tunecinos”.
En este contexto, continúa el italiano, los tunecinos “coinciden en la delicada situación actual rumbo al 24 de julio”, fecha establecida para la elección de la Asamblea Constituyente. Comenta que había mucha preocupación por el hecho de que “la revolución de enero, como todos la llaman, cambió la cara del país, pero aún siguen existiendo profundas contradicciones sociales ligadas a la miseria generalizada, a la falta de trabajo y oportunidades para los jóvenes”. A pesar de lo anterior, Cacciari señala que fue “unánime la solicitud de encontrar nuevas relaciones entre las dos orillas del Mediterráneo que se fundamenten en la cooperación y la libertad”. El activista describe a una sociedad que tiene aún “mucha rabia, ya que todos esperan un cambio más profundo”. Y sin embargo, continúa, “la gente aún no tiene la fuerza para imponerse y convertirse en una organización integral”. Dice que ello genera miedo en vista de las elecciones del 24 de julio.
“Nacieron más de 50 partidos desde enero a la fecha, lo cual demuestra también la elevada fragmentación de la sociedad tunecina”, comenta. Por eso, “todos aquellos con los que hablamos subrayan la necesidad de formar gradualmente un frente común de las fuerzas democráticas y laicas alternativas a la ala islamista más extremista y a las fuerzas aún fieles a Ben Ali”. El activista italiano revela su sensación: “Un mundo (el árabe) se puso en movimiento. ¿A dónde irá? ¿Qué sucederá? ¿Qué situaciones complejas tendrán que enfrentar? Nadie lo puede saber, pues en los tiempos de la crisis global vivimos un presente acelerado en el que nada es como antes”.
Los refugiados
El 3 de mayo pasado, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) dijo en un comunicado que “el éxodo desde las regiones montañosas del oeste de Libia hacia Túnez se ha reanudado tras una breve interrupción causada la semana pasada por las refriegas entre el gobierno libio y las fuerzas opositoras”. En un comunicado anterior del 29 de abril, ACNUR denunció que “el gran número de llegadas recientes está agotando los limitados recursos en la región fronteriza de Dehiba, en el sureste de Túnez: los campamentos instalados para acoger a los refugiados ya se han llenado”. Y afirmó que “afortunadamente la mayoría de estas personas (más de 30 mil) están siendo acogidas por la comunidad local”. Cacciari cuenta que los primeros campos de refugiados fueron organizados gracias al esfuerzo de las mismas comunidades locales que no sólo “fueron capaces de demostrar solidaridad a los refugiados procedentes de Libia”, sino que también supieron “despertar la solidaridad de todos los tunecinos” que hicieron llegar insumos a los campos.
Según el activista italiano, los otros campos de la ACNUR, como los de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), “llegaron después, gracias sobre todo a ese primer esfuerzo local que hizo posible que la situación fuera visible”. Además, cuenta que desde el 24 de febrero, fecha de inicio de las llegadas masivas de migrantes, y hasta el pasado 9 de abril –fcuando llegó la caravana– “pasaron por esa fronteras cerca de 200 mil personas de más de 60 nacionalidades distintas”. Detalla que “muchos migrantes piden ser repatriados a sus países de origen, otros deciden esperar y ver cómo evoluciona la situación en Libia, y muchos más no tienen la posibilidad de ir a ningún lado, pues son refugiados de países como Ghana, Somalia y Eritrea que piden asilo político y no pueden volver debido a que podrían ser sancionados con la pena capital”.
Franja de Gaza: secuestran y asesinan a activista italiano
14 aprile 2011Lascia un commento
El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 14 de abril de 2011.
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El italiano Vittorio Arrigoni, voluntario en Palestina por el Movimiento de Solidaridad Internacional (ISM, por sus siglas en inglés), fue asesinado esta tarde (hora de Mëxico) en la Franja de Gaza. La noticia la difundió en un escueto comunicado el gobierno de Hamas tras el secuestro del activista italiano, perpetrado horas antesd por un grupo islámico salafi – la “Brigada Mohammed Bin Moslama”.
El grupo amenazó, por medio de un video difundido a través de internet con ejecutar al activista italiano dentro de 30 horas si el gobierno de Gaza no liberaba al líder reconocido del grupo islámico opositor, el jeque Abu Walid al-Maqdasi.
La amenaza se cumplió ante tiempo por razones que hasta ahora se desconocen. Arrigoni fue secuestrado a las diez de la mañana de este jueves por un grupo de tres milicianos del grupo islámico. Tras la difusión del video en internet, tanto los activistas del IMS como el propio gobierno de Gaza se movilizaron para conseguir la liberación del secuestrado. La noticia, comentaron amigos y colegas, cae como “agua helada”.
Los corresponsales italianos en la región, que conocían al activista por su rol de testigo directo de los eventos en la Franja de Gaza, comentaron que posiblemente hubo “algún problema en la negociación que aceleró los eventos”. En el video difundido horas antes que el cuerpo fuera encontrado sin vida, se ve a Vittorio Arrigoni con lo ojos vendados, las manos aparentemente ligadas tras la espalda y una mancha de sangre del lado derecho del rostro.
El activista italiano fue uno de los pocos ciudadanos “occidentales” que permaneció en la Franja de Gaza durante la cuestionada operación Plomo Fundido que el gobierno de Israel realizó entre diciembre de 2008 y enero de 2009. En esa ocasión, ofreció a Proceso su testimonió sobre las dificultades y atrocidades cometidas por el ejército israelí y de las cuales fue testigo (Proceso 1680).
Tras la desaparición de Arrigoni, el alias ThisIsGazaVoice publicó un video en el portal de You Tube en el que aparecen las imágenes del voluntario europeo golpeado y cuya cabeza es levantada por la mano de alguien. Las imágenes de Arrigoni se repiten una y otra vez, mientras a un lado de la pantalla aparece un largo texto en árabe que, según las primeras traducciones realizadas, reportarían las principales reivindicaciones del grupo de secuestradores: “Liberen nuestro presos o lo matamos”.
En el mismo texto se pueden leer las acusaciones que el grupo secuestrador dirige, tanto al gobierno italiano como al de Hamas en la Franja de Gaza. Sin embargo, el objetivo principal de las acusaciones parece ser el mismo Vittorio Arrigoni, señalado como aquel que “entra en nuestras vidas llevándonos los vicios occidentales” y la “corrupción moral”.
Detrás del activista, acusan los raptores, se encontraría “un pequeño país, Italia, infiel, cuyo ejército se encuentra en el mundo islámico”. Luego, los secuestradores se dirigen también al gobierno “apostata” de Hamas, acusándolo de “luchar en contra de la Sharia (la ley religiosa islámica) y le exigen de liberar a todos los presos salafis “en sus manos” pena la ejecución del rehén.
Al parecer el gobierno de Gaza estaría en máxima alerta por el temor a otras acciones por parte de los grupos más radicales del islamismo árabe. Las fuerzas de seguridad de la Franja de Gaza detuvieron hace poco más de un mes al jeque Abu Walid al-Maqdasi por sus presuntas relaciones con las franjas más radicales del movimiento islámico. De hecho, el líder del grupo secuestrador hoy detenido estaría detrás de los atentados que en 2006 causaron la muerte de 19 personas en el Sinaí, en Egipto.
Ya en el pasado, Vittorio Arrigoni había sido objeto de otras amenazas por parte de grupos ligados a los radicales israelíes. Parte del Movimiento de Solidaridad Internacional (ISM, por sus siglas en inglés), Arrigoni fue señalado como el “blanco número uno para las fuerzas aéreas de Israel y sus tropas terrestres”. Dichas amenazas llegaron justamente pocos días después de terminada la operación militar Plomo Fundido. Su testimonio directo desde las zonas bombardeadas fue recogido por Proceso, que logró comunicarse telefónicamente con el activista italiano.
“La situación es dramática más allá de lo imaginable. No logramos siquiera ir por los heridos. El ejército israelí no nos permite recogerlos en las zonas bombardeadas. Nos dispara. Entonces nos paramos en las inmediaciones y esperamos a que los familiares nos los traigan”, dijo en esa ocasión. Sin embargo, Arrigoni había comenzado pocas semanas antes a gestionar un blog en internet, en el cual también señalaba críticas importantes al gobierno de Hamas.
El último mensaje publicado el 13 de abril en el blog de Guerrilla Radio – así se llama el sitio de Arrigoni – mencionaba: “Cuatro trabajadores han muerto ayer por la noche a causa del derrumbe de un túnel escavado debajo de la frontera de Rafah (con Egipto); a través de esos túneles pasan todos los bienes necesarios que permiten la supervivencia de la población de Gaza estrangulada desde hace cuatro años por el criminal cerco israelí.”
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Libia: La presencia de tropas “occidentales”
8 aprile 2011Lascia un commento
El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 8 de marzo de 2011.
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El 20 de marzo anterior, el periódico inglés Daily Mailreveló que “cientos de soldados” del Reino Unido y de Estados Unidos ya estaban operando en territorio libio semanas antes de que comenzaran los bombardeos avalados por la Resolución 1973/2011 del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
De confirmarse esta noticia –retomada por decenas de medios internacionales– podría configurarse una violación a esa resolución de ONU, que prohíbe explícitamente el uso de tropas de tierra “en cualquier forma o parte del territorio libio”. La nota del rotativo inglés, que citó fuentes reservadas, afirmó que “cientos de soldados de las fuerzas especiales inglesas están siendo utilizados en Libia para ubicar objetivos de las fuerzas del coronel Muamar El Gadafi”.
Sostuvo que “mientras el canciller (inglés) George Osborne repitió que las tropas de tierra del Reino Unido no se involucrarían en el conflicto, el Daily Mail puede revelar que hay cerca de 350 (soldados) empeñados en operaciones encubiertas” en territorio libio. El rotativo precisa que “cerca de 250 soldados de las fuerzas especiales británicas y sus apoyos han estado presentes en Libia desde antes que comenzaran los bombardeos”. Las tropas inglesas presentes en Libia serían parte de los escuadrones del Servicio Aéreo Especial (SAS, por sus siglas en inglés).
Un día antes, el 19 de marzo, Focus Online, un semanario alemán cercano a los círculos de seguridad del gobierno de Berlín, publicó una nota en el mismo sentido: que tropas inglesas y estadunidenses habrían llegado a Libia “semanas antes” del inicio de los bombardeos. Ello coincidió con la noticia difundida el 6 de marzo pasado, en el sentido de que rebeldes libios capturaron una unidad del SAS que funcionaba como escolta de diplomáticos ingleses enviados a la ciudad de Bengasi para reunirse con integrantes del Consejo Provisional, que se opone a Gadafi. Los militares del SAS fueron posteriormente liberados.
De hecho, la presencia de tropas extranjeras en Libia, prohibida explícitamente por la Resolución 1973/2011, fue objeto de rumores desde hace muchas semanas. El 26 de febrero pasado, el portal Pakistan Observer difundió que “Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia han enviado varios cientos de consejeros militares para entrenar y apoyar a las fuerzas contrarias a Gadafi en Cirenaica, la rica región petrolera de Libia”. La publicación paquistaní citó a una fuente interna del gobierno de Trípoli, la cual “prefirió mantenerse en el anonimato”.
La fuente del Pakistan Observer dijo que tres países occidentales enviaron sus tropas especiales en Cirenaica y “ahora están construyendo campos de entrenamiento para los rebeldes”. Precisó que “los estadunidenses y los ingleses enviaron a sus soldados de noche, entre el 23 y 24 de febrero, a través de pequeñas lanchas que zarparon desde los barcos militares de Estados Unidos y Francia anclados frente las costas de Libia y dirigidas a los puertos de Bengasi y de Tobruk”.
Otro periódico inglés, el Sunday Mirror, publicó el 20 de marzo que la misión de las supuestas tropas habría sido “ubicar las más poderosas y estratégicas armas del coronel Gadafi: los misiles de largo alcance y de construcción soviética SAM 5”. Según el Sunday Mirror, las “dos unidades” inglesas se denominan smash, debido a su capacidad destructiva. Afirma que “operaron en contra del tiempo” en la búsqueda de los armamentos capaces de “alcanzar los aviones o los vuelos comerciales”. Las dos unidades del SAS, sigue la nota, “compuesta por ‘señaladores’ (de objetivos), ingenieros y médicos”, habrían establecido “posiciones en el terreno” en el caso de que “aviones occidentales cayeran durante los ataques aéreos”.
“Nuestros muchachos en el terreno”
Aunque el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha negado la utilización de tropas de tierra en la ofensiva en contra de Libia, en su edición del 30 de marzo, el periódico The New York Timesreveló el envío “autorizado” de un equipo, cuyo tamaño “se desconoce”, de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) al país norafricano. El diario neoyorquino –que utiliza como fuentes a “oficiales estadunidenses— destacó que mientras Obama “ha insistido que las tropas de tierra de Estados Unidos no participan en la campaña de Libia, pequeños grupos operativos de la CIA han estado trabajando en Libia durante varias semanas, como parte de una ‘fuerza-sombra’ de los países Occidentales con la esperanza de desangrar al Ejército de Gadafi”.
El rotativo añade que oficiales británicos no identificados admitieron la presencia de fuerzas especiales inglesas en territorio libio junto con “oficiales del MI6”, el servicio de espionaje del Reino Unido. Luego de la publicación de la noticia por parte del Daily Mail, el conocido conductor del noticiero de Fox News en Estados Unidos, Bill O’Reilly, tuvo en su estudio, el 24 de marzo, a dos expertos del sector: el coronel retirado David Hunt y el teniente coronel Tony Shaffer, exmiembro del espionaje del Ejército de Estados Unidos.
A pregunta expresa del periodista –quien cuestionó la veracidad de la información publicada en Inglaterra–, Hunt contestó: “Sí, es exactamente así”. Y abundó: “Al lado de las tropas de los SAS británicos y de los comandos GIGN franceses, desde hace 12 días (12 de marzo) también están nuestras fuerzas especiales y agentes de la inteligencia de Estados Unidos”, ya que “nunca lanzamos operaciones aéreas de este tipo sin nuestros muchachos en el terreno”.
Shaffer coincidió: “Es exactamente lo que me dijeron mis fuentes”. No es posible, señaló, realizar estas misiones “sin el apoyo de estas tropas de tierra, las cuales llevan a cabo operaciones de control aéreo avanzado para evitar el bombardeo de objetivos equivocados”. O’Reilly recordó entonces que la administración Obama dejó en claro que “no tenemos botas en el terreno y no las tendremos”. Y tras la confirmación de los dos oficiales, preguntó: “¿Fue una mentira?”. Hunt entonces contestó: “Pues sí, una poca de desinformación es necesaria para proteger a los muchachos en el terreno. Nunca se habla de las operaciones encubiertas”, remató.
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Gran Bretaña: la vida de un policía encubierto
18 febbraio 2011Lascia un commento
El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 18 de febrero de 2011.
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En enero de 2010, Mark Kennedy, un policía inglés de la Policía Metropolitana (MET, por sus siglas en inglés), renunció a la corporación tras pasar siete años encubierto entre las filas de los movimientos ambientalistas en Europa. La razón de su renuncia fue que pocos meses antes, en 2009, tras ser detenido junto con otros activistas, su identidad fue descubierta.
La participación activa de Kennedy en los movimientos sociales desató las protestas de amplios sectores del activismo ecologista y de distintos miembros del Parlamento de Inglaterra que cuestionaron los métodos que los policías encubiertos de Reino Unido utilizan en su trabajo. El caso fue revelado el pasado 9 de enero en un reportaje del periódico inglés The Guardian. Los documentos divulgados por el rotativo de Londres, aunados a las declaraciones del mismo policía infiltrado, apuntan a que Kennedy habría sobrepasado sus funciones.
De ser un “espía pasivo”, Kennedy habría utilizado todo medio a su alcance para colaborar, organizar e inclusive financiar las acciones de protesta en las que se encontró involucrado, pasando a ser un “agente provocador”. Kennedy abandonó al país y actualmente se encontraría “en algún lugar desconocido” en Estados Unidos de América, según reveló el mismo expolicía en entrevista con el periódico estadunidense The Mail on Sunday. En la entrevista concedida “desde algún lugar seguro”, el policía inglés negó haberse convertido en un “provocador”, asegura que sus superiores en la MET estaban al tanto de todas sus actividades y admite tener miedo por su seguridad, pues ha recibido “amenazas de muerte”.
La revelación
El 13 de abril de 2009, unos 400 policías ingleses irrumpieron en una escuela de la ciudad de Nottingham, donde detuvieron de manera “preventiva” a 114 activistas ambientalistas ahí reunidos, acusándolos de “conspiración para realizar daño e incursión agravada”, por estar planeando la ocupación simbólica de la planta de generación eléctrica de Ratcliffe-on-Soar.
La protesta, que según la fiscalía inglesa (Crown Prosecution Service, CPS) los activistas estaban planeando, estabas planeada para llevarse a cabo durante la reunión del Grupo de los 20 (G20) que se llevó a cabo el 2 de abril de ese mismo año en Londres. Tras la detención, 26 activistas fueron enjuiciados. Veinte de ellos fueron condenados a principios de este año, mientras los restantes seis impugnaron la acusación, pues, afirmaron, “no estaban de acuerdo con la acción que se discutía en la reunión que se llevaba en le escuela”.
Tras la impugnación, el juicio siguió su curso. Fue hasta el pasado 7 de enero que la fiscalía renunció a la acusación debido a que el abogado de los activistas, Mike Schwarz, llevó frente al juez que llevaba el caso, John Milmo, una prueba fundamental. “Representé a 113 activistas detenidos”, dijo Schwarz, “el que faltaba era el policía encubierto Mark Kennedy”. Aunque el juez nunca lo admitió, el abogado está seguro que la cancelación del juicio y consecuente liberación de los seis activistas fue el resultado de que “aportamos pruebas de la presencia de Kennedy entre los activistas”. El abogado está seguro de ello, aunque hasta la fecha no ha tenido respuesta a sus preguntas:
“¿La prueba (acerca del involucramiento de Kennedy) fue mantenida secreta al juez? ¿Es apropiado que el acceso –y la decisión acerca de ello-– a las pruebas claves se encuentre en manos de la fiscalía cuya función primaria es garantizar las condenas?”. El abogado, al parecer, tuvo la razón. No sólo la CPS abandonó la acusación en contra de los seis defendidos por Schwarz, sino que el pasado 28 de enero instruyó a sus fiscales a revisar los casos de los veinte ya condenados. Aunado a lo anterior, Nick Hebert, ministro de Gobierno de la actual administración, tuvo que admitir la falta de control de las operaciones encubiertas y abogó para que se promueva el control judicial de las mismas.
Siete años encubierto
En 2003, cuando tenía 33 años de edad, Mark Kennedy fue asignado, en calidad de policía encubierto –y por un sueldo anual de 250 mil esterlinas inglesa–, a infiltrar las organizaciones sociales dedicadas a la protesta en el ámbito ambiental. Se dejó crecer el cabello, cubrió sus brazos con tatuajes, se perforó la piel con vistosos aretes y, tras asumir el alias de Mark Stone, se presentó entre grupos de ambientalistas presumiendo ser un escalador profesional. Desde ese momento, Kennedy fue ganando paulatinamente la confianza de los distintos grupos ambientalistas en Europa y participó en diversas protestas que recurrieron al continente.
Trabajó para los movimientos sociales “manejando automóviles rumbo a las acciones directas” y se ganó el apodo de Flash gracias a su reconocida “generosidad para conseguir dinero para el alquiler de transporte y el pago de fianzas”. Tras presenciar y participar en “docenas” de protestas en al menos 22 países, Kennedy fue descubierto. En julio de 2010, su “pareja sentimental” y activista ambientalista en Inglaterra encontró un pasaporte en el que, quien hasta ese momento conocía con el apellido Stone, tenía otro hombre: Mark Kennedy. La activista reunió a su grupo de trabajo y, juntos, convocaron a Kennedy. Lo confrontaron mostrándole los documentos encontrados.
El policía no tuvo más remedio que admitir su rol y “expresó remordimiento”, según afirmaron testigos del fatídico encuentro. Inmediatamente los activistas interrogaron al policía acerca de otros activistas que en pasado habían levantado “ciertas sospechas”. Kennedy admitió la existencia de más policías infiltrados. En particular señaló a un activista involucrado en la campaña de protesta en Leeds en contra de la planta termoeléctrica Drax en North Yorkshire, así como a una mujer de 30 años que desapareció repentinamente del movimiento en 2008.
Craig Logan, activista de 37 años presente en el “interrogatorio”, explicó que Kennedy habría revelado que “son muchos los policías que infiltran al movimiento social europeo”. Aunque Logan afirme que “Kennedy es un gran mentiroso y no podemos fiarnos de todo lo que dice”, en la grabación que se realizó del ríspido encuentro, el policía inglés afirma: “No soy el único, se lo apuesto. Es como un martillo que rompe a una nuez: se esparce en distintas direcciones y bueno… ¡caray!”
En su propia voz
Tras ser descubierto por los activistas ingleses, Mark Kennedy decidió dejar al país. Desde “algún lugar desconocido” de Estados Unidos de América, el ahora expolicía concedió una entrevista al periódico estadunidense The Mail on Sunday en la que cuenta su versión de los hechos y señala las responsabilidades de sus superiores Aún sin una acusación formal, Kennedy fue señalado por los activistas y por las múltiples declaraciones de las autoridades, como “un agente provocador” por haber “sobrepasado” los límites impuestos por los protocolos de operaciones encubiertas.
Kennedy, quien dejó la escuela cuando tenía 16 años, entró en las filas de la policía a los 21 años de edad. “Siempre respeté a la policía”, dijo, “le dediqué toda mi vida”. En efecto, Kennedy comenzó siendo parte del llamado “Anillo de Acero” que rodea la ciudad de Londres. En 1996, el joven policía entró a ser parte del equipo de agentes encubiertos que controlan las calles de la ciudad en contra de la venta al menudeo de drogas.
“Era un trabajo encubierto que adoraba”, dijo Kennedy. Tras años de esta actividad, fue asignado a la Policía Metropolitana en el año 2001. Sólo dos años más tarde, en 2003, como parte de la Unidad Nacional de Inteligencia para el Orden Público (NPOIU, por sus siglas en inglés), Kennedy asume el alias de Mark Stone. “Tuve que crear mi leyenda”, contó. “Era un escalador y alguna vez fui a Pakistan… así inventé que me involucré en importación de droga”. Kennedy conocía bien el ambiente de las drogas en Londres y no le costó meter el “rumor” que el tal Mark Stone fuera un “corriere de la droga”.
Ya con ese “historial”, el ahora Mark Stone se asomó al mundo del activismo diciendo: “tuve una vida mala y quería enmendarla”. Se fue haciendo de un pasaporte, una licencia de manejo, una cuenta bancaria y una carta de crédito, todos documentos falsos. Tras años de actividad encubierta, Kennedy admite haber sido “preso por una especie de Síndrome de Estocolmo”, aunque nunca perdió “la claridad” acerca de su trabajo”. Enviaba informes diariamente, aunque “comencé a sentir simpatía por las personas que frecuentaba pues hice verdaderas amistades en el ambiente (del activismo)”.
Una acusación recurrente fue la de haber mantenido relaciones sexuales con activistas de los grupos infiltrados, así como haber mantenido un rol activo tanto en la organización como en la realización de acciones de protesta. Si bien los estándares de operaciones encubiertas indican que “la actitud (del policía) debe ser pasiva y cubrir sólo a roles periféricos”, Kennedy habría trasgredido estas normas asumiendo “el protagonismo” en las acciones, pasando a ser un “agente provocador”. Por lo anterior, inclusive, distintos comentadores han señalado la posibilidad de que Kennedy se haya “convertido” al activismo.
En este contexto, el expolicía denuncia la “campaña de desprestigio” de la que, dice, es objeto. Niega, además, haberse “convertido” y señala, que en todo momento, sus jefes “estaban al tanto” de sus actividades “y las han aprobado todas”. Y añade: “No estornudé sin que ellos lo supieran, siento que me están sacrificando”. Aunado a esto, Kennedy dice que sus superiores habrían escondido pruebas y testimonios que exculparían a los veinte activistas condenados por el caso Ratcliffe-on-Soar. Ahora, afirma, “tengo miedo por mi vida y por la vida de mi familia”, pues según dice habría recibido “amenazas de muerte”.
“A la gente le gusta pensar a las cosas en los términos de blanco y negro, sin embargo el mundo de los policías encubiertos es gris y oscuro”, afirma. En contra de él, añade, “está sucediendo algo verdaderamente feo”. Acerca de las relaciones sentimentales del que se le acusa, Kennedy, quien fue abandonado por su esposa y los hijos de 10 y 12 años que tuvo con ella, afirma que mantuvo dos relaciones sentimentales durante sus siete años en calidad de policía encubierto.
“Una de esas dos relaciones fue seria, pues me enamoré”, admite Kennedy. “Estuve muy metido en el movimiento y me hice muy amigo de muchas personas. Ellos (los ambientalistas) se convirtieron en amigos míos, me apoyaron y me quisieron mucho”, agrega. Aunque rechaza que “los policías son los buenos y los activistas, lo malos; o viceversa, ya que ambos tienen cosas buenas y malas”, ahora se siente acusado injustamente y bajo peligro. Por eso, dice, “quiero hablar para que la policía sepa los errores que comete”. “Fui al centro de una operación muy sensible”, afirma, Kennedy, quien, además, revela que su oficial de referencia le dijo que “la información que proveía, en particular modo durante las protestas por el G8 en Escocia (en 2005), iba directamente al escritorio de Tony Blair”, el exprimer ministro inglés.
La despedida
Tras la detención del 13 de abril de 2009, Mark Kennedy tuvo que enfrentar a la justicia como cualquier otro activista, “pues si no, me hubieran descubierto”. Sin embargo, en septiembre de 2009, tras ser absuelto de los cargos, recibió un mensaje de texto al teléfono celular en el cual, en pocas líneas, lo sublevaban del encargo y le daban tres semanas para “despedirse” de su tarea. “Tuve que dejar la casa en donde vivía en Nottingham, deshacerme de los documentos falsos y nunca pude despedirme (de los activistas) de manera adecuada”, señala. Kennedy dice que contó a sus “amigos” que se sentía cansado y que viajaría para visitar a un hermano en Estados Unidos: “Inclusive, ofrecí una dirección, un apartado postal, en Estados Unidos.” Sin embargo, se quedó en Inglaterra, en donde encontró trabajo en una empresa que se llama Global Open, firma privada de seguridad. Ya con su nuevo trabajo, Kennedy regresó con sus viejos “amigos”, los activistas ambientales.
“No le dije nada a la policía y regresé a ver a mis amigos que estaban muy preocupados por mi suerte”, dice Kennedy. “Quise salir (del grupo) en la manera más adecuada posible”, agrega. Rompió su relación sentimental aunque no a tiempo, pues su pareja sentimental encontró el pasaporte con su nombre. “En julio fuimos de vacaciones y ella descubrió mi nombre verdadero”, afirma. La pareja contó todo a los otros activistas y ellos “comenzaron a investigarme”. “Fue en ese momento cuando supe que todo se había acabado”.
El registro de su presencia
El 1 de mayo de 2004, durante la reunión de la Unión Europea en Dublín, un grupo de cerca de 500 activistas se desprendió de la manifestación de protesta que se estaba llevando a cabo y atacó frontalmente a los policías antimotines. El testimonio de los activistas presentes revelaron a la prensa inglesa que Kennedy “se encontraba en la cabeza del grupo, incitó a los manifestantes a unirse a ellos. Luego, vistió una máscara para taparse el rostro y se lanzó con los demás en contra de los policías”.
En consecuencia de estas revelaciones, Micheal Higgins, miembro del Partido Laborista irlandés, exigió al gobierno que pida al gobierno de Inglaterra una explicación acerca del rol de sus policías encubiertos en la república de Irlanda. “Este tipo de actividades es totalmente inaceptable”, dice. “Muchos de nosotros conocemos las consecuencias destructivas en términos de democracia de este tipo de operaciones que se llevan a cabo desde los años 70 en Irlanda del Norte.”
En 2005, Olafur Pall Sigurdsson, fundador de la organización Saving Iceland (SI), la primera red ambientalista de “acción directa”, recurrió Europa en búsqueda de “expertos” que le ayudarán en hacer crecer a la recién nacida organización. Tras enviar distintos correos electrónicos en los que exponía los problemas organizativos de SI y sus necesidades, su gira europea tuvo éxito. Habían pasado pocos meses cuando Sigurdsson pudo encontrarse con el activista inglés Mark Stone.
Según testimonios de los activistas islandeses recogidos por la prensa, “el policía encubierto jugó su parte a la perfección”. La confianza que Kennedy, alias Stone, inspiró en los inexpertos ambientalistas islandeses le permitió conseguir una larga lista de contactos en la red ecologista. Además, Kennedy habría tenido “un rol fundamental en la formación de los activistas islandeses”. “Se hizo indispensable, pues en los primeros años (de vida de SI) él fue una de las personas claves”. Además, en distintas acciones llevadas a cabo, “Kennedy hizo el portavoz de la organización y se tuvo un rol clave en la toma de decisiones”.
Kennedy inclusive fue señalado como el autor de un artículo que provocó un intenso debate en el país. El texto, firmado por el alias Mark Stone, fue producido días después de la protesta en la sede la presa Kárahnjúkar y acusaba a la policía islandesa de brutalidad e inclusive de “llevar a cabo acciones (represivas) potencialmente fatales para los activistas”. Decía la nota: “La incapacidad de la policía para entender la situación pudo tener consecuencia fatales y sin duda provocó actos de violencia por parte de los guardias de seguridad.”
Andrej Hunko, diputado alemán por el partido de izquierda Linke, denunció que Kennedy también estuvo involucrado en operaciones encubiertas en los grupos antirracistas alemanes. Ya en diciembre pasado, antes inclusive que en Inglaterra surgiera el escándalo acerca de las operaciones de Kennedy orquestadas por la MET, el diputado alemán tuvo acceso a las declaraciones de los activistas que habían interrogado a Kennedy.
Hunko inquirió, a su vez, al gobierno alemán durante todo el mes de diciembre sin recibir respuesta alguna. El diputado alemán no sólo acusó a Kennedy de haber participado en diversas protestas en territorio alemán participando en el llamado “bloque negro”, sino también señaló que el policía inglés habría “incursionado de manera abusiva” en la vida privada de los activistas, ya que “tuvo relaciones sentimentales y sexuales”.
El gobierno alemán, denunció Hunko, no quiso aún responder a las acusaciones formuladas. Según las investigaciones del diputado alemán, Kennedy habría estado en Berlín en al menos tres ocasiones y fue un activo miembro de la red Dissident! que organizó las protestas en contra de la “reunión de los ocho” (G8) en Gleneasgles en julio de 2005.
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Kosovo: el nexo gobierno y crimen
4 febbraio 2011Lascia un commento
El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 4 de febrero de 2011.
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| Dick Marty |
MÉXICO, D.F., 4 de febrero (apro).- En 1999, durante el conflicto entre las tropas de Serbia y el Ejército de Liberación de Kosovo (UCK, por sus siglas en albanés) –apoyado militarmente por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)–, y tras el fin de las hostilidades decretado el 12 de junio de ese año, los jefes militares de la guerrilla kosovara habrían sido responsables de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones.
Además, paulatinamente habrían construido una red de tráfico ilegal de órganos junto a los grupos del crimen organizado, presentes tanto en Kosovo como en Albania. Lo anterior fue denunciado por el senador suizo Dick Marty en su informe “Tratos inhumanos y tráfico de órganos en Kosovo”, auspiciado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) el 16 de diciembre pasado.
En el reporte, Marty señala las responsabilidades de los miembros del UCK en la comisión y ejecución de un sinnúmero de “crímenes”, perpetrados inclusive desde el país confinante y políticamente afín, Albania.
En particular, indica como mayor responsable al llamado “Grupo de Drenica” (localidad kosovara), guiado por el actual primer ministro kosovaro Hashim Taqui. La acusación formulada por el senador suizo y asumida por la APCE llegó sólo cuatro días después de que se realizaran las primeras elecciones políticas en Kosovo, tras la declaración de independencia de febrero de 2008. En medio de acusaciones de fraudes e irregularidades, justamente Hashim Taqui, el exguerrillero y figura prominente del UCK, hoy líder del Partido Democrático de Kosovo (PDK), ganó las elecciones.
Según analistas internacionales, el reporte de Marty pone en entredicho lo que sería el primer gobierno electo de Kosovo. Mientras tanto, en el país balcánico como en Albania, las autoridades niegan las versiones asentadas en el documento europeo y acusan al senador y a sectores críticos de querer “enlodar la reputación de Kosovo”.
El nexo
La investigación realizada por Dick Marty fue instruida por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa tras conocer los contenidos de las memoria de la exfiscal general del Tribunal Penal Internacional por la Ex-Yugoslavia (TPIY), Carla Del Ponte. Luego de terminar su mandato en el TPIY, la hoy embajadora de Suiza en Argentina escribió una memoria titulada “La Caza, yo y los criminales de guerra”, en la que relata su trabajo al frente de la fiscalía internacional, misma que ha llevado a la detención del expresidente serbio Slobodan Milosevic, entre otros.
En el texto, publicado en 2008, Del Ponte denunciaba además la existencia de un tráfico ilegal e internacional de órganos humanos, mismo que se originaría justamente en Kosovo. La Unión Europea, a través del Consejo Europeo, instruyó a Dick Marty para que realizara una investigación con el propósito de comprobar lo dicho por la exfiscal y “tener una mirada más cercana de los presuntas violaciones a los derechos humanos cometidos en Kosovo”.
El senador suizo, también conocido por las investigaciones realizadas en 2007 sobre las cárceles ilegales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en Europa, afirma que si bien “los crímenes de guerra de los serbios –durante el conflicto en ex Yugoslavia– han sido muy bien documentados”, los cometidos por las tropas irregulares del UCK “han sido omitidos”.
Su informe apunta: “La visión que se tuvo en Kosovo (por parte de los países occidentales) fue de muy corto plazo: restaurar el orden (después del conflicto) tan rápido como fuera posible para evitar cualquier factor que pudiera vulnerar la frágil estabilidad de la región”. Para eso “los actores internacionales cerraron un ojo acerca de los crímenes de guerra cometidos por el UCK”. El resultado “fue una forma especial de justicia que sólo se puede definir como selectiva, con grados elevados de impunidad”.
El “Grupo de Drenica”
| Hashim Taqui |
Gracias a testimonios directos tanto de víctimas como de exmiembros del UCK y “cientos de documentos” –algunos de ellos de inteligencia–, Marty y su equipo reconstruyeron episodios, rastrearon lugares y finalmente encontraron responsables de lo que califican de “actos criminales” durante el conflicto, y de la creación de “redes cercanas a los líderes del exUCK y a las grandes organizaciones criminales internacionales”.
A pesar de la visión generalizada y “promovida por la comunidad internacional” de que el UCK “luchaba en contra de la opresión serbia”, los líderes del grupo armado –“y sus familias/clanes”– tuvieron una “estrategia mucho más compleja” que sirvió para “hacerse del poder, controlar el territorio” y “hacerse del control de ciertos recursos como petróleo y del sector construcción”.
Entre las muchas facciones –“clanes”, según el reporte– internas del UCK, Marty destacó la existencia de “un pequeño pero muy poderoso grupo que se autodenomina ‘Grupo de Drenica’”, liderado por el excomandante del UCK y recién electo primer ministro Hashim Taqui. Según el senador suizo, dicho grupo “construyó un formidable poder, basado en empresas del crimen organizado, que fue prosperando tanto en Kosovo como en Albania”.
Sostiene que Taqui “sin duda debe su escalada al poder” al apoyo y reconocimiento otorgado por las potencia occidentales, en específico el del gobierno de Estados Unidos. Este “apoyo incondicional” convirtió al líder kosovaro en un “personaje que cree ser intocable”. Además, Taqui pudo contar con el “apoyo operativo y la complicidad no sólo de las instituciones formales de Albania, sino también de los servicio secretos albaneses y de la poderosa mafia de aquel país”.
A pesar de los “numerosos reportes de los servicios de inteligencia de Alemania, Italia, Inglaterra y Grecia”, y de la misma agencia antidroga de Estados Unidos (DEA), que señalan a Taqui como “el responsable de tráficos ilícitos en la región”, nunca ningún “actor internacional quiso intervenir en su contra”. Según Marty, a esta situación se añadió “la eliminación de adversarios y la intimidación de posibles testigos”, lo que garantizó su impunidad.
Crímenes
El informe presentado el pasado 16 de diciembre detalla la existencia de decenas de centros de detención clandestinos, en donde miembros del UCK y del Grupo de Drenica aseguraban “tanto a serbios como a supuestos colaboradores del enemigo” en “condiciones inhumanas”. La tortura, según el relator suizo, “era la norma”. El reporte destaca la existencia de “al menos 6 mil desaparecidos durante el periodo del conflicto”. Con datos de la Cruz Roja Internacional, Marty explica que de esa cifra, “mil 400 personas fueron encontradas vivas, los cuerpos de otras 2 mil 500 se identificaron en numerosas fosas comunes”, mientras el restante “permanece desaparecido”.
Según testimonios directos de muchos sobrevivientes, los detenidos en los campos del UCK”, “eran seleccionados tras exhaustivas visitas médicas realizadas por gente que se hacía llamar ‘doctores’” y llevados a Fushë-Krujë. El informe señala que “muchos de los ‘seleccionados’ entendían cuál iba a ser su destino final (…) y suplicaban a sus captores que ‘no los hicieran pedazos’”. Otros testimonios afirman que los miembros del UCK “eliminaban a sus víctimas con un tiro en la cabeza antes de comenzar la extracción de sus órganos”.
Además, Marty y su equipo tuvieron conocimiento de que el principal “negocio” consistía en “extracción y tráfico de riñones”. La dimensión práctica del negocio del tráfico “era sencilla”, señala.
“Los detenidos eran llevados a Fushë-Krujë, donde los encerraban en unas casa de seguridad. Cuando se confirmaba la cirugía, el detenido era llevado afuera de la casa de seguridad y ejecutado sumariamente”. De ahí, el cuerpo era llevado a un espacio llamado “la clínica”, donde se le extraían los órganos.
Fuentes de Marty explicaron la elección de la localidad albanesa: “El lugar fue escogido sobre la base de su proximidad con el aeropuerto de Tirana” (la capital de Albania). Estas condiciones, finaliza, permitían las llegadas de “visitantes extranjeros” y la “salida rápida” de los órganos hacia el extranjero.
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Argentina: el trabajo esclavo
14 gennaio 2011Lascia un commento
El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 15 de enero de 2011.
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BUENOS AIRES., 20 de enero (apro).- En esta ciudad existen alrededor de 5 mil talleres textiles, de los cuales unos 3 mil trabajan de manera clandestina. Según organizaciones de la sociedad civil argentina, las personas que trabajan en ellos simbolizan el “trabajo esclavo”, el cual, afirman, “infesta a la ciudad y al país entero”.
Estiman que 30 mil migrantes bolivianos trabajan en este sector, el cual produce alrededor de 2 mil millones de dólares anuales y cuyos productos no sólo se destinan al mercado local de ropa barata, sino también para surtir a las grandes marcas internacionales del vestido, como Puma, Adidas, Fila y Lecop-Arena.
Muchos ciudadanos bolivianos que eran explotados laboralmente han creado, con apoyo de organizaciones argentinas, sus propias cooperativas y logran comercializar sus propias marcas en el país y en el exterior.
Un ejemplo: la cooperativa La Alameda, que actualmente maneja la marca argentina Mundo Alameda y comparte la marca global No Chains (No Cadenas) con la organización de Tailandia Dignity Returns (Retorno a la Dignidad).
Gracias al esfuerzo de La Alameda y sus aliados, el sector textil en Argentina comenzó a “formalizar” las relaciones laborales. “Actualmente una quinta parte del mercado laboral en este sector, es blanco (formal)”, afirma Gustavo Vera, presidente de La Alameda.
La Alameda se fundó “para que tuviéramos una razón jurídica que nos permitiera seguir las causas penales en contra de los dueños de los talleres”, añade.
Pero la experiencia de La Alameda se está trasladando a otros sectores donde existe el “trabajo esclavo”, como el agrícola e, incluso, el sexual.
La Alameda
Tras la crisis económica y política que golpeó Argentina a finales de 2001, surgieron cientos de asambleas populares como respuesta “a la ausencia del Estado en los barrios pobres de Buenos Aires”.
En una asamblea de la zona de La Avellaneda, en el poniente de la ciudad, surgió La Alameda.
Vera recuerda que, tras las primeras semanas de protesta, comenzaron a reunirse con los demás barrios “y se empezó a hablar sobre cómo enfrentar a los problemas que cada uno tenía”.
Sostiene que no sólo se discutía sobre las protestas en las calles, sino cómo resolver los problemas de todos los días.
“Se tocaban los temas de los ahorros, pero también el problema del hambre, la desocupación y se organizaron las ollas populares, los trueques y las compras comunitarias.
“Aquí la carestía llegó prepotente –comenta Vera–. La miseria conquistó al barrio y comenzamos a hacer una olla popular que funcionaba con las aportaciones de todos los vecinos.”
Señala que al principio esa “olla popular” tenía un sentido simbólico de protesta; pero, en la medida que la situación se fue agravando, se convirtió en un servicio. “Llegamos a un momento en que ya no dábamos abasto de tanta gente necesitada que acudía con nosotros”, comenta Vera.
Dice que después de unos meses, el gobierno metropolitano buscó “absorber nuestro trabajo”. Pero, señala, la asamblea supo mantenerse independiente. Y se hizo de un espacio: “Recuperamos un local abandonado en el barrio, un ex bar que se llamaba La Alameda”.
Ya con ese espacio, la asamblea comenzó a ofrecer no sólo la “olla popular” sino también servicios de compra comunitaria, consultorio médico y programas para niños. Poco a poco “La Alameda se convirtió también en un lugar de encuentro para la comunidades migrantes, la boliviana, sobre todo”, que organizó eventos culturales.
Según Vera, “esto permitió que se fuera generando un clima de confianza entre extranjeros y argentinos, ya que por lo regular los habitantes de Buenos Aires desconfían de los migrantes”.
Actualmente en La Alameda conviven tanto el Centro Comunitario –que mantiene el comedor popular y los talleres para le gente del barrio–, como la Cooperativa La Alameda, formada por trabajadores que dejaron los talleres clandestinos.
Además, en La Alameda trabaja la fundación homónima que se dedica a la investigación, la denuncia y el seguimiento de causas penales en contra de la explotación laboral, tanto en el sector textil como agrícola y sexual.
Clandestinos
No existen en Argentina estadísticas fiables que abarquen todo el espectro del trabajo informal. No obstante, organizaciones civiles independientes calculan que en todo el país habría, al menos, 4 millones de trabajadores sin contrato de trabajo y sin protección social. De esta cifra, medio millón trabajaría en la capital del país y la mitad de éstos lo hacen en el sector textil, sobre todo en los “talleres clandestinos”.
José Luis es ciudadano de Bolivia. Desde hace cuatro años vive en la capital argentina: “Los primeros dos años y medio trabajé en negro (informal) en un taller textil”, dice en entrevista con Apro.
Cuenta que fue contratado en su ciudad natal, El Alto, cerca de La Paz. Le ofrecieron empleo y prestarle dinero para el pago del transporte, la comida y un techo. El acuerdo implicaba que estos últimos gastos los devolvería al patrón una vez que hubiera trabajado. “Me hice muchas ilusiones”, pero éstas “se vinieron abajo cuando llegué aquí (a Buenos Aires)”, comenta.
El patrón los encerró en un edificio en el centro de la ciudad. Abajo, explica José Luis, se encontraba el taller, arriba unos cuartos de dos por tres metros donde dormán cuatro o más migrantes. Además, había un baño para decenas de personas. Afirma que las condiciones de la vivienda eran insalubres y no podían atender a los niños que acompañaban a los migrantes.
María, boliviana de 42 años cuyos dos hijos menores la acompañan, cuenta que trabajaban de 7 de la mañana hasta la 1 o 2 de la madrugada del día siguiente. Explica que ella trabajó seis meses gratis para reponer el préstamo que el mismo patrón le hizo para solventar los gastos del viaje. “El patrón nunca nos dejaba salir del taller, pues nos amenazaba y asustaba”, comenta.
Según los trabajadores bolivianos, los patrones los amenazan con denunciarlo con las autoridades migratorias para que los deporten. Además, “los patrones nos asustan mucho, diciéndonos que afuera (del taller clandestino) la sociedad nos tratará mal, que habría agresiones y peligros”, señala María.
Ella admite que durante mucho tiempo tuvo miedo y no se atrevía a salir ni durante el periodo de tiempo en que tenía permiso: dos horas a la semana.
A pesar de esta situación, José Luis, María y muchos más trabajadores costureros logran “liberarse” del trabajo en los talleres clandestinos. Admiten que la situación económica, estando afuera del taller, no ha mejorado mucho, pues “hay mucho racismo hacia los bolivianos, los alquileres de las casas son altísimos y nos discriminan”.
Explican que, tras años de migración boliviana, la comunidad de su país en Argentina ha crecido mucho y hoy existen bolivianos dueños de talleres textiles que “aplican a sus trabajadores el mismo trato que recibieron cuando llegaron”.
“Alianza global”
Mundo Alameda es la marca que la cooperativa homónima produce. Su difusión alcanza los mayores mercados textiles de la ciudad, en particular el Mercado Social Solidario, situado en el central barrio de Palermo y recuperado por decenas de cooperativas con experiencia similar.
En 2008, la cooperativa situada en la Avellaneda conoció la experiencia de la organización tailandesa Dignity Returns. De ese encuentro, surgió la marca global No Chains que fue presentada el pasado mes de junio tanto en Argentina como en el país asiático.
Vera cuenta la historia de esta “alianza global”:
“Cuando comenzamos a meternos con lo que llamamos trabajo esclavo tuvimos que ver cómo íbamos a hacer una organización gremial en un submundo en el que había, y hay, mucha explotación y mucha opresión; y en donde se mezclan los temas penales, el de derechos humanos y los laborales.”
Tras una intensa búsqueda, descubrieron la experiencia de Tailandia: “Ya con ese contacto, fuimos invitados a Bangkok para hablar de las experiencias argentinas de recuperación de fábricas y de las cooperativas.”
De ese encuentro, continúa Vera, “nos convencimos de que era necesario producir una marca global que simbolizara lo contrario del trabajo esclavo. Pensamos que era necesaria también una base productiva al tiempo que se lanzaban las campañas en contra del trabajo esclavo, una base productiva que trascendiera la mera denuncia y que produjera una alternativa real y concreta”.
Junto con la “alternativa real”, La Alameda sigue con su campaña en contra del trabajo esclavo en Argentina.
“Tuvimos la suerte de que uno de los primeros talleres que interceptamos estaba produciendo ropa para la princesa de Holanda, así que se creó un gran escándalo”, cuenta Vera, quien sostiene que durante estos años lograron “asestar algunos golpes fuertes a muchas marcas”.
En efecto, hoy la Fundación La Alameda ha presentado denuncias ante la justicia federal argentina en contra de 103 marcas.
Sin embargo, señala, “la batalla aún está lejos de ser ganada”, pues no sólo siguen existiendo miles de talleres textiles clandestinos, sino también en otros rubros. “Ahora comienza a venir gente de otras ramas de la economía que ve los resultados que logramos. Por ejemplo, estamos metidos en el sector agrícola denunciando la explotación infantil”.
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Afganistán, dinero para los talibanes
19 novembre 2010Lascia un commento
El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 19 de noviembre de 2010.
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“Los contratistas privados de seguridad (en Afganistán) pasaron dinero de los contribuyentes estadounidenses a los señores de la guerra afganos y a hombres fuertes directamente conectados con asesinatos, secuestros, actos de corrupción, así como con actividades de los Talibanes y otras en contra de la coalición” de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán (ISAF).
De las más de 26 mil personas que operan en Afganistán en calidad de “personal privado contratado para la seguridad”, “muchos están asociados con grupos armados fuera del control gubernamental”. Por lo anterior, “la proliferación de personal privado de seguridad en Afganistán es incompatible con la estrategia de contrainsurgencia” promovida por el Comando Central de Estados Unidos en el país asiático.
Éstas son las conclusiones de la Comisión de Fuerzas Armadas (CAS) del Senado de Estados Unidos (EU), publicadas el pasado 28 de septiembre en un documento titulado “Investigación acerca del rol y la negligencia de los contratistas privados de seguridad en Afganistán”.
Los juicios de los senadores norteamericanos representan el último de una larga serie de reveses para la administración Obama, empeñada en retomar el control de la cada vez más complicada misión en el país asiático. Los miembros de la CAS, entre los cuales figura el excandidato presidencial republicano John McCain, señalan también que las empresas contratadas por el gobierno de EU “no están respetando los protocolos, ya que no controlan de manera adecuada los perfiles del personal local contratado“.
Aunado a lo anterior, las mismas empresas “están minando la posibilidad para el gobierno afgano de retener el personal” de las fuerzas de seguridad nacionales, ya que “reclutan su personal ofreciéndoles mejores salarios”.
Los señores de la guerra
La investigación de la CAS se realizó durante el año 2009, a través de la lectura de “cientos de miles de archivos” proporcionados por el Departamento de Defensa (DoD), por la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y por empresas privadas de seguridad contratadas por el gobierno de Washington.
En particular, los analistas de la CAS se concentraron en los más de 26 mil agentes de seguridad privados presentes hoy en Afganistán, cifra incluida en los 112 mil contratistas del gobierno de Estados Unidos empeñados también en otras actividades. Una cantidad importante, indica el documento, pues “cuando la 101ª División Aerotransportada del Ejercito (de EU) ocupó al país en 2001, se desplegaron 20 mil soldados”.
Uno de los casos denunciados comenzó en marzo de 2007, cuando la Fuerza Aérea de EU encargó a la empresa Environmental Chemical Corporation (ECC) la construcción de una base aérea en la localidad de Shinand, en la provincia de Herat, en el noroeste del país. A su vez, ECC contrató los servicios de seguridad de la empresa inglesa ArmorGroup International (AGI).
La empresa de seguridad privada, ya presente en la lista de más de 70 empresas contratadas por el DoD para sus operaciones en Afganistán, en su búsqueda de personal para dicha misión de “protección” reclutó a “dos señores de la guerra” que la misma empresa identificó con el nombre de Mr. White y Mr. Pink.
Los dos no mejor identificados ciudadanos afganos fueron, según indica el reporte, “recomendados por personal militar de EU”, ya que en estos dos hombres encontraban “el punto de contacto local para evitar las largas filas de gente buscando trabajo”. El primer grupo proporcionado por AGI a la empresa ECC e integrado por personal de los dos “señores fuertes” de la región comenzó a operar en junio de ese mismo año.
Sólo un mes después, en julio, el llamado Mr. White fue objeto de un atentado, justo en las inmediaciones de la base en construcción. El episodio nunca fue aclarado. Sin embargo, el 12 de diciembre siguiente, el Mr. White fue otra vez atacado.
El documento del Senado de EU describe la batalla que se generó en el mercado local a raíz del atentado. Dos grupos oponentes: el de Mr. White y sus “fieles” y otro grupo guiado por Mr. Pink,quien finalmente logró matar a su par. El enfrentamiento, que es descrito por los testigos como “un reglamento de cuentas de estilo mafioso”, dejó sin “personal” a la empresa AGI, ya que el asesino (y subcontratista de AGI) “se fue a un pueblo cercano y se reunió con combatientes talibanes”.
Para suplir dicha falta, la empresa buscó al hermano de la víctima –identificado con el nombre de Mr. White II-– para encargarle el trabajo. Además, denuncian los autores del reporte, AGI siguió trabajando con los hombres del desaparecido Mr. Pink durante al menos otro mes.
En efecto, señala el reporte, “este personal fue despedido sólo cuando se descubrió que pasaban información a Mr. Pink acerca de nuestros movimientos de y hacia Herat y las rutinas de seguridad de la base”.
La trayectoria del nuevo “punto de contacto” está también llena de episodios poco claros. Según la investigación, no sólo hubo reportes internos a la empresa que señalaban que “el sujeto apoyaba las operaciones de los talibanes”, ofreciendo a los comandantes insurgentes “mucho del dinero de sus contratos”, sino que además Mr. White II fue el protagonista de actos de corrupción de las autoridades locales, en particular del responsable del Ministerio de la Defensa afgano en Herat.
La investigación del Senado de EU descubrió, finalmente, que el nuevo encargado por AGI de proveer de personal de seguridad para sus operaciones, el llamado Mr. White II, murió el 21 de agosto de 2008, en una operación en búsqueda del mullah Sadeq, considerado a su vez “un valioso comandante talibán”.
Las fuerzas del ISAF orquestaron un operativo que condujo a un bombardeado del pueblo de Azizabad. Durante dicho operativo murieron Mr. White II y otros siete hombres de su “equipo” mientras estaban reunidos con el jefe talibán. Junto a ellos perdieron la vida más de 90 civiles, en la que fue una de las operaciones mayormente criticada por la opinión pública internacional.
El clamor generado por dicho bombardeo obligó al entonces presidente estadounidense George W. Bush a realizar una llamada telefónica al presidente afgano Hamid Karzai “para expresarle su pesar por las muertes civiles”. A pesar de las “advertencias”, AGI y sus filiales no dejaron de tener relaciones con los hombres del extinto Mr. White II.
Miembros de la empresa contactaron con el hermano del “señor de la guerra local” y le encargaron la búsqueda de “mano de obra”. De esta manera, AGI firmaba otro contrato con el nuevo referente, indicado con el nombre de Mr. White III.
Acusaciones
El reporte del Senado de Estados Unidos señala otros casos “sensibles”, como el de la empresa Eod Technology que contrató “señores de la guerra” de la localidad de Adraskan, entre los cuales figuró el llamado “General” Said Abdul Wahab Qattili, quien fue señalado por los servicios secretos militares de EU como “el comandante del grupo de Herat encargado de conducir la Jihad (“guerra santa”)” en 2003.
El mismo “general” estaría además involucrado en operaciones de transmisión de información “acerca de las operaciones de Estados Unidos en Afganistán” a gobiernos extranjeros, entre los cuales, afirma el documento, se encontraría Irán.
Más adelante, la investigación de la CAS indica que “en el afán de evitar problemas como los ilustrados”, actualmente las empresas de seguridad privadas “contratadas por el gobierno de Estados Unidos” están “substrayendo personal a las fuerzas locales (afganas) de seguridad”, entre éstas la Policía Nacional Afgana (ANP) y el mismo Ejercito Nacional Afgano (ANA).
Según los senadores estadounidenses, las empresas privadas de seguridad, como ArmorGroup, pagarían a su personal un promedio de 275 dólares mensuales contra los 70 que “un miembro de segunda clase” de la ANP recibiría.
Finalmente, la investigación finca una larga serie de responsabilidades al Departamento de Defensa (DoD) de Estados Unidos, primer responsable de las contrataciones de empresas privadas de seguridad en Afganistán.
No sólo “el DoD aparentemente contrata a empresas que no tienen la suficiente experiencia”, sino que demostró “negligencia en el control de la actuación de dichas empresas”. En el “raro caso” de identificar fallas en las operaciones de estas empresas, el DoD se ha demostrado “incapaz de corregir las serias deficiencias encontradas”.
La CAS revisó todos los contratos establecidos entre 2007 y 2009, y detectó en las auditorias realizadas por el DoD a las empresas “con deficiencias”, pero tomó “medidas correctivas” en sólo cinco casos.
Aunado a lo anterior, el Pentágono no sería capaz de controlar la cadena de subcontratistas que se derivan de los primeros contratos firmados entre el DoD y las empresas de seguridad. El resultado, denuncia el documento, es que “ningún oficial gubernamental controló las identidades y los perfiles de los guardias de seguridad subcontratados”.
Dichas guardias “utilizaron drogas, atentaron en más de una ocasión contra personas del Ministerio de Defensa de Afganistán, dejaron su lugar de guardia para buscar venganzas por pleitos locales y proporcionaron, conscientemente, información a los señores de la guerra afiliados a los talibanes”.
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Libia: El trabajo sucio para la UE
9 dicembre 2007Lascia un commento
El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 9 de diciembre de 2007
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“La Unión Europea está firmando acuerdos de cooperación en el tema migratorio con Libia, país sobre el que hay fuertes dudas en cuanto al respeto a los derechos humanos”, denuncia Gabriele Del Grande, autor de Mamodou va a morir, libro que denuncia “la matanza de migrantes indocumentados ilegales en el Mediterráneo”.
“Desde hace años las organizaciones de la sociedad civil señalan graves irregularidades en el trato que el gobierno del coronel Kadafi reserva a los migrantes que cruzan su territorio para poder abordar los barcos que los llevarán a Europa”, explica el investigador italiano.
“La última fue la denuncia publicada por Amnistía Internacional en agosto pasado”, añade.
Sin embargo, según Del Grande, “nadie conocía la existencia de un diálogo ya tan avanzado y de esta naturaleza entre las dos partes”.
Entre el 27 de noviembre y el 6 de diciembre de 2004, la Comisión Europea encargó a una delegación del Parlamento Europeo el acercamiento al gobierno libio para una eventual cooperación en el tema migratorio. “Ha sido una experiencia horripilante”, decía Giusto Catania, integrante de dicha delegación.
Su opinión se reflejó en el informe final, publicado el 1 de mayo de 2005, que indica graves violaciones a los migrantes en el momento de la detención y en el proceso de deportación, además de denunciar la falta de cooperación entre el gobierno libio y la Agencia para los Refugiados de la ONU (ACNUR).
Con base en ese informe, el 8 de mayo de 2005, el Parlamento europeo advirtió que la cooperación con Libia tenía que establecerse pero “sin expulsiones colectivas, sin detenciones administrativas en lugares donde los derechos humanos son violados, y con el reconocimiento de los derechos de los que piden asilo político en Libia”.
A más de dos años de esa advertencia “nada ha cambiado; más bien ha empeorado todo”, indica Del Grande. “Hemos conseguido un documento reservado que reporta los resultados de la visita que la agencia europea Frontex realizó entre fines de mayo y principios de junio de este año”, revela Del Grande.
“Ese documento, además de confirmar algunos números acerca de la realidad migrante que cruza Libia, exhibe lo que nadie sabía: es decir, que la UE sigue cooperando con Libia, haciendo caso omiso a las denuncias de su propio Parlamento”, añade.
La agencia europea Frontex surgió, el 3 de octubre 2005, por iniciativa de la Comisión Europea, coordinar y gestionar los esfuerzos de la UE para frenar la inmigración ilegal a Europa. Desde entonces, la agencia, cuya sede está en Varsovia, realiza operativos policíaco-militares en las fronteras de la UE; en el Mediterráneo y en la costa africana del océano Atlántico, desplegando la flota mixta de navíos de los países adherentes; en la Europa del Este, enviando cientos de agentes especiales proporcionados por las policías de cada país.
Ante los crecientes esfuerzos para frenar la inmigración ilegal al continente, la UE ha incrementado el presupuesto de la agencia, al pasar de los 34 millones de euros este año, a 70 millones para 2008.
“Es más fácil enviar a una delegación de policías que a un grupo de diputados”, acusa el investigador. “Así, evitamos las denuncias de maltratos y nos concentramos en la cooperación”.
El documento reservado conseguido por Del Grande “omite cualquier consideración de orden político u ético y enfoca su atención en los aspectos operativos de la cooperación”.
Primero contiene copia de la carta que, el pasado 25 de mayo –antes que Frontex visitara al país norteafricano– Gil Arias, subdirector ejecutivo de la agencia, envió al gobierno libio, en la que se le invita a participar, desde 2008, en los patrullajes en el Mediterráneo.
Luego contiene lo que Libia pide a cambio de su cooperación: “12 aviones de vigilancia; 14 helicópteros; 240 jeeps; 86 camiones de carga; 80 camionetas tipo pick-up; 70 autobuses; 28 ambulancias; 12 sistemas de radar; 10 buques militares; 28 lanchas de medio alcance; 100 lanchas cortas; 400 visores nocturnos, sistemas de escaneo de huellas digitales, radios, y sistemas de navegación satelital”.
Abusos, violencia contra las mujeres, deportaciones…
Del Grande publicó, en octubre pasado, un informe titulado Reporte Libia. En él, a partir de la información oficial registrada en el documento de Frontex, figuran decenas de testimonios de migrantes acerca del trato recibido por las autoridades del coronel Kadafi y recopila los números de migrantes en tránsito por el país norteafricano.
Es un documento que fija su postura desde el subtitulo: “Todo lo que no se tiene que saber acerca del país al cual la UE confía el control de la frontera sur”.
Los testimonios relatan las condiciones a las que los migrantes son sometidos en el territorio de Libia: los largos viajes en el desierto; los abusos de los “coyotes”; los abusos y los homicidios de la policía; la violencia contra las mujeres; las deportaciones y los abandonos en la línea fronteriza sur, en medio de miles de kilómetros cuadrados de desierto.
Del documento de Frontex, “podemos ver que, en mayo de 2007, había 60 mil migrantes detenidos en Libia y, al menos, 14,500 habían sido deportados a la frontera sur entre 1998 y 2003”, señala Del Grande.
Y continúa: “Esos son números. Lo que hace falta es ver cómo se traducen en vidas reales”. Para esto, señala, una muestra está en los testimonios que publicó.
Habla Charles, del Ghana: “Crucé en Sahara desde Níger en junio de 2007. No muy lejos de la aduana de Toumou he visto 34 cuerpos, en medio de la arena, momificados”.
Continúa Fabrice, del Togo: “Desde Qatrun (Centro de Detención libio, NDR), la policía nos llevó hasta la frontera sur, cerca de Toumou. Tuvimos que caminar tres días en el desierto para llegar a Madama en Níger”.
Innumerables centros de detención están en el norte del país como, por ejemplo, Zuwarah, desde donde deportaron al etíope Yakob: “Eramos 50 en el camión. A mitad del camino, el chofer nos pidió dinero para que nos regresara. Sólo 30 de nosotros teníamos. Los otros 20 se quedaron a medio desierto. Quién sabe cuántos habrán muerto… Te quitan hasta el dinero que no tienes. Si, por ejemplo, tienes algún pariente en Europa, te prestan el teléfono satelital para que pidas una transferencia con Western Union”.
Las condiciones de los Centros de Detención son pésimas, según denuncian los entrevistados. “Cuartos sucios con demasiada gente; nada de comida, sin asistencia médica, sin que nadie nos ayude”, explica Elvis del Camerún.
Abraham de Eritrea confirma: “Estuve en Sirt dos semanas. Nos mantenían con pan y arroz. Afortunadamente tenía 400 dólares. Con ellos pagué al policía que me dejó salir”.
Además de la precariedad de las condiciones, está la violencia de la policía: “Conozco dos casos. El primero era un joven de Nigeria. Se llamaba Idewin. Fue detenido en Trípoli y murió pocos días después por las heridas de la macana durante la detención. El otro caso es el de un muchacho de Ghana: lo mataron a golpes en el cuartel de la policía, antes de que lo internaran al Centro de Detención. Era febrero de 2007”, dice Saleo del Chad.
La violencia ataca a las mujeres: “He visto a muchas mujeres violadas en el centro de Kufrah. Los policías entraban a la celda, agarraban una mujer y la violaban en grupo, frente a nosotros, sin distinguir entre mujeres casadas y solteras. Muchas quedaron embarazadas”, denuncia Fatawhit de Eritrea.
Por su parte, la etíope Hewat habla de una redada que la policía realizó en una de la casa donde, clandestinamente, se hospedaba: “Entraron y comenzaron a golpearnos a todos. Estaba embarazada y perdí a mi hijo por los golpes”.
El racismo es el otro grave problema. El gobierno libio, tras abrirse a la inmigración durante los años 90, ahora está cerrando sus fronteras y expulsando a extranjeros. “El gobierno libio buscó afirmarse en la Unión Africana cuando la UE le tenía el embargo económico-militar”, cuenta Del Grande. “Luego, cuando la UE levanto el embargo en 2004, Libia comenzó a cerrar sus fronteras”.
Añade: “La expulsión de extranjeros pasa por fomentar el racismo hacia los negros, hacia los de otra religión”.
Daniel de Eritrea cuenta lo que le sucedió: “Cuando caminaba con un amigo en Trípoli, unos jóvenes nos pararon y nos preguntaron nuestro nombre. Nos presentamos con nombres musulmanes para evitar cualquier problema. No convencidos, nos hicieron pronunciar la Fatiha del Corán. Yo lo sabía, mi amigo no. Probó defenderse, pero lo acuchillaron y le robaron todo. Me fui cuando estaba muerto, tirado en un charco de sangre a media calle”.
Y concluye: “Si quieres sobrevivir en Libia, tienes que prever cualquier cosa. Lo tienes que hacer todo con extrema atención. Nunca te puedes relajar y perder la concentración”.
Según Del Grande, el caso más grave “es él de los refugiados, porque Libia casi no concede asilo político o refugio, debido a que no reconoce la Convención de Ginebra y menos al ACNUR. De tal manera que todos los que escapan de las guerras en África, por ejemplo desde Sudán, no pueden esperar ser acogidos en Libia y menos de llegar a la UE a pedir asilo o refugio”.
Finalmente, Del Grande afirma: “No nos hagamos ilusiones: el problema no es sólo en Libia. Podemos mirar a todos los países que rodean la UE, desde el norte de África hasta la Europa oriental. La política es la de crear un área de amortiguamiento alrededor del territorio europeo, subcontratando, de hecho, el control de la inmigración, impidiendo que un sin papeles pueda tocar el suelo de la UE”.
Y advierte: “Si para eso hay que cerrar los ojos sobre lo que sucede en Libia, pero también en Argelia o en Ucrania u otros países involucrados, ese es el precio a pagar según el enfoque europeo: ‘Son crímenes cometidos por países no europeos, por lo tanto no nos atañen’, es el mensaje cínico y paradójico que transmite la UE”.
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África, los millones perdidos
19 novembre 2007Lascia un commento
El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 19 de noviembre de 2007
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“África derrocha alrededor de 18 mil millones de dólares anuales en conflictos, guerras civiles e insurgencias”, denuncia un informe de las organizaciones Oxfam International, International Action Network on Small Arms (IANSA) y Safer World.
Más: 23 países de ese continente “han perdido alrededor de 284 mil millones de dólares desde 1990”. Una cifra que –señala el informe– “equivale a la ayuda internacional aportada (a esas naciones) por los principales donantes durante ese mismo período”.
El informe –titulado Los millones perdidos en África. El flujo internacional de armas y el costo de los conflictos— fue publicado en octubre pasado en el marco de la Campaña Armas Bajo Control, lanzada a escala internacional por Oxfam, Amnistía Internacional y IANSA, la cual fue incluida por la ONU en su agenda durante su Asamblea General en septiembre pasado.
El documento refiere que “el conflicto armado reduce la economía de los países africanos en 15%”, aunque “el costo real de la violencia armada para las personas africanas puede ser muchísimo mayor”.
Y denuncia que “95% de las armas más utilizadas en los conflictos africanos no proceden de este continente”. Por esta razón, señala, “lo que África necesita con urgencia es poner fin a este flujo de armas dirigido a quienes cometen abusos de los derechos humanos”.
Para ello propone “un Tratado sobre Comercio de Armas (TCA) riguroso y eficaz que debe prohibir las transferencias de armas” donde exista la clara posibilidad de violaciones a los derechos humanos. De lo contrario, advierte, “el costo para el desarrollo africano, medido no sólo en dólares despilfarrados sino en vidas destrozadas y oportunidades perdidas, seguirá siendo incalculable”.
Los costos de la violencia
Consuelo López-Zuriaga, experta en Conflictos y Acción Humanitaria de la organización Oxfam, explica en entrevista telefónica la importancia del informe:
“Por primera vez hemos podido poner sobre papel, con la rigurosidad de las cifras y el análisis estadístico, cuánto dinero está perdiendo África debido a la violencia”.
Al mismo tiempo, dice, “hemos podido establecer la paradoja de un sistema que está dando ayuda para el desarrollo pero que no pone los medios necesarios para frenar este comercio de armas que está alimentando los conflictos en África y que a fin de cuenta está condenando a los países africanos a la pobreza crónica”.
López-Zuriaga, también portavoz del Departamento de Estudios y Campañas de Oxfam España, denuncia el silencio mediático que rodea los conflictos armados en África a los que considera “altamente devastadores”.
De los 31 conflictos que existían en 2002 –parte de los cuáles continúan y que han causado la muerte de al menos 7 millones y medio de personas– 17 ocurrieron en África, estima la organización Oxfam.
La investigadora española explica que el informe divide a éstos en dos categorías: los conflictos y la violencia armada. “Sin embargo –aclara– eso puede ser un límite (para entenderlos), pues los conflictos africanos son difíciles de definir”.
Precisa: “Son nuevos tipos de conflictos en donde hay grupos irregulares y se ataca a la población civil. La violencia armada entonces rebasa el viejo concepto de guerra y se transforma en cotidiana. Y es un problema aún mayor pues, aunque no sean conflictos políticamente reconocidos, existe una violencia extremadamente alta que se ejerce en contra de la población”.
Según López-Zuriaga, el informe “detecta que hay una atomización de ese monopolio del uso de la fuerza, antigua prerrogativa del Estado, y se vuelve todo sumamente complicado”.
Afirma que un aspecto complejo en el panorama que el informe aborda “fue precisamente tratar de describir los costos de los conflictos armados”.
Costos “indirectos”
De hecho el informe estudia el fenómeno identificando dos facetas: los costos directos y los indirectos. Tras enumerar y analizar cada uno de estos gastos, el documento concluye que los costos indirectos son los más elevados.
Así, el aumento de la inflación, la baja en la confianza de los inversionistas extranjeros, el bloqueo de la producción, el desperdicio de los recursos naturales y, en general, el descenso de la actividad económica (que incluye la fuga de capitales y la baja actividad turística) cuestan más que los gastos médicos, el cuidado de los desplazados, los recursos militares y la destrucción de infraestructura.
A ello, señala el informe, hay que añadir los llamados “gastos intangibles”: las pérdidas de capital social y de calidad de vida social, tal como el acceso al mercado laboral o a los servicios públicos.
El informe, sin embargo, aclara que “la cifra calculada en 284 millones de dólares, a pesar de ser elevada, es casi con toda seguridad un cálculo a la baja”. La razón: toma en cuenta únicamente el costo del conflicto armado durante el periodo en que éste ocurre, pero no incluye la delincuencia armada ni otros fenómenos que perduran después de termina un conflicto, como, por ejemplo, el deterioro de la economía.
López-Zuriaga completa: “Cabe mencionar que el cálculo no toma en cuenta las cifras que se han gastado desde el ámbito internacional para limitar las consecuencias de los conflictos: ayuda humanitaria, misiones de paz, ayuda al desarrollo, etcétera”.
Son “cifras enormes –afirma López-Zuriaga–, las cuales, paradójicamente, corresponden a la ayuda oficial al desarrollo, tal y como la define la OCDE”.
La introducción del informe –redactada por la presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf– señala: “Los costos que África está pagando (por los conflictos armados) podría sufragar los gastos para poner fin a su crisis del VIH y el sida, o proporcionar educación, agua, y prevención y tratamiento para la tuberculosis y la malaria. Se podrían haber construido miles de hospitales, escuelas y carreteras, mejorando así las vidas de millones de personas. Las mujeres y hombres africanos no sólo sufren los horrores físicos de la violencia, sino que el conflicto armado también menoscaba sus esfuerzos por salir de la pobreza”.
Respecto del tráfico de armas, López-Zuriaga subraya un dato: “La mayoría de las armas que se encuentran en África no se producen ahí. La producción africana de armamento es muy limitada. Actualmente se concentra principalmente en dos países: Sudáfrica y Egipto…y aún así es una producción muy limitada”.
Estados Unidos es el mayor exportador de armas a África, aunque, dice la experta, “existe un gran flujo de armas también de Rusia y China”. Señala que “90% de los fusiles Kalashnikov, los más utilizados en este tipo de conflictos, no se produce en el continente”.
Con respecto a balas y municiones que llegan a África, la mayoría procede de España, afirma la experta.
La investigadora reitera que “una forma –no la única– para controlar el trafico de armas sería el establecer un Tratado Internacional sobre Comercio de Armas”.
El 26 de octubre de 2006, en la Asamblea General de la ONU, 153 países votaron a favor de este tratado. En esa ocasión se abstuvieron 24 países y sólo Estados Unidos votó en contra.
Conciente de que el comercio de armas hoy es un negocio globalizado y liderado por los países más ricos del planeta, la portavoz de Oxfam señala que “es un comercio sin ningún tipo de control en el ámbito internacional”.
Afirma: “Hay que regular la transferencia irresponsable que se está haciendo de los armamentos, sobre todo de los países productores, puesto que ninguno de ellos es africano”. Y es que, señala, “las armas que se producen y trafican hacia África son utilizadas para violar el derecho internacional humanitario”.
López-Zuriaga juzga de manera positiva el impacto que tuvo el informe, pues fue lanzado “justo en el momento en que se estableció un Grupo de Expertos Gubernamentales (GGE), con sede en la ONU, que analizará la viabilidad de un tratado internacional sobre el comercio de armas”. Además, agrega, “ha sido positivo que muchos países se adhirieron a la propuesta”.
Sin embargo, no todos los países acordaron participar en el estudio de ese tratado: “Obviamente ni Estados Unidos ni Rusia ni China firmaron el acuerdo que lanza al grupo de análisis para el futuro tratado”, apunta López-Zuriaga.
Señala que “en el ámbito latinoamericano hubo casos muy positivos, como los de México y Argentina, este último comprometido en liderar este grupo de expertos”.
“Sería bueno que México –quien integrará este grupo de expertos– ejerciera cierta presión para lograr el tratado internacional”, sugiere López-Zuriaga.
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Yasuní, la respuesta de Ecuador al cambio climático
1 ottobre 2007Lascia un commento
El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 1 de octubre de 2007
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El pasado 24 de septiembre, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, presentó en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, una singular propuesta para contrarrestar el cambio climático que implicaría que su país dejara de percibir 760 millones de dólares al año.
Correa participó en la reunión de alto nivel convocada por el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, titulada “El futuro está en nuestras manos: la función del liderazgo en el cambio climático”. Al encuentro, que trazó los ejes de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará en diciembre de este año en Bali, participaron 80 entre jefes de Estado y primeros ministros, además de secretarios de gobierno de casi todo el mundo, con la única “clamorosa excepción” de George Bush.
“Ecuador está dispuesto a grandes sacrificios, con justicia y creatividad, para contrarrestar el calentamiento global”, anticipó Correa ante lo que sería su propuesta que provocó estupor entre la concurrencia: mantener el petróleo en el subsuelo del campo petrolero ITT, reserva que se encuentra en una zona ecológica altamente sensible llamada Yasuní, declarada por la UNESCO Reserva de la Biosfera en 1989.
“La iniciativa significa el compromiso de no explotar cerca de 920 millones de barriles de petróleo anuales y, por tanto, conservar una de las regiones más biodiversas del mundo”, planteó el presidente ecuatoriano.
A cambio de tal “sacrificio”, Correa exigió la “corresponsabilidad de la comunidad internacional y una mínima compensación económica por los bienes ambientales” que se generarán con la medida, y de los cuales, dijo, “se beneficia todo el planeta”.
Ante la necesidad de adaptación que demanda el cambio climático, Correa reflexionó: “No necesitamos créditos para la adaptación, los cuales aumentarían el peso de la deuda externa. Lo que se requiere es la compensación por los daños causados debido a la desproporcionada cantidad de emisiones, tanto histórica como actual, de los países industrializados.”
Presión social
A pocos días de la jornada electoral que definirá el próximo Constituyente en Ecuador, Correa jugó su “carta ITT” (Ishpingo-Tambococha-Tiputini, la zona amazónica que conserva el extenso yacimiento de petróleo) en la máxima tribuna mundial.
Sin embargo, la propuesta de renunciar al petróleo del ITT no es una iniciativa del presidente Correa; responde a presiones de organizaciones civiles que en los últimos años han defendido activamente el territorio ecuatoriano de la salvaje explotación petrolera de las décadas pasadas.
Con la propuesta presentada, Correa retomó la iniciativa de los grupos ecologistas ecuatorianos que lanzaron la campaña “Lo Yasuní depende de ti”, en abril de este año.
En entrevista telefónica, Esperanza Martínez, presidenta de Acción Ecológica, organización líder de la campaña, explica las razones del proyecto:
“Las organizaciones que hemos venido empujando la campaña, hemos trabajado por muchos años en la denuncia de la actividad petrolera. Como Oil Watch (red internacional de organizaciones ecologistas), habíamos promovido desde hace diez años la idea de la moratoria a la expansión de la frontera petrolera. Contemporáneamente, hemos ido demandando que a las comunidades locales que resisten a la explotación no hay que reprimirlas, sino premiarlas, porque son las únicas que con su resistencia impiden que se siga extrayendo petróleo y que con eso se siga contribuyendo al calentamiento global.”
En este contexto, explica, “propusimos al gobierno que se busquen otras opciones a lo que es el proyecto petrolero más importante en Ecuador, el del ITT”.
Comenta que Ecuador es un país que ya ha vivido todo el desastre petrolero: “No gratuitamente es aquí en donde se lleva a cabo el llamado ‘juicio del siglo’, contra Texaco (empresa petrolera estadunidense enjuiciada por desastre ecológico)”.
Por esta razón, prosigue la exponente de Acción Ecológica, “Ecuador sabe mucho de petróleo: los impactos y de todo el cuento acerca de que con el petróleo salimos de la pobreza”. Comenta que todo esto permitió tener un terreno fértil para la reflexión hacia alternativas. Sin embargo, admite, “no es fácil convencer al país de un proyecto de tal naturaleza”.
El mismo Correa, en su discurso a la ONU, explicó que el proyecto “significa el compromiso de no explotar cerca de 920 millones de barriles de petróleo (…) Esto implicará dejar de recibir enormes inversiones y cerca de 720 millones de dólares anuales, cantidad muy significativa para un pequeño país de 13 millones de habitantes y alrededor de 6 millones de pobres”.
Esperanza Martínez narra que al principio el gobierno rechazó el proyecto en nombre de esos enormes aportes económicos que el petróleo del Yasuní podría generar.
“Discutiendo con el gobierno, creamos un mecanismo de compensación internacional que nos parece legítimo, porque evidentemente no sacar ese petróleo implica reducir las emisiones de carbonos y, por ende, beneficiar al planeta entero”, explica.
Tal opción, sin embargo, no recibió el consenso inmediato al interior del equipo de gobierno: “La propuesta la venimos trabajando desde hace mucho. Ya con la instalación del actual gobierno, el entonces ministro de la Energía, Alberto Acosta, hizo suya la propuesta. El pasado ecologista del ministro pesó mucho y convenció a Correa.”
El presidente ecuatoriano hizo públicas sus intenciones el 5 de junio pasado. Dijo que “que con respecto al ITT hay dos opciones: la explotación petrolera y la conservación con compensación”.
La presidenta de Acción Ecológica aclara: “Correa declaró en ese entonces que la primera opción para el gobierno era la conservación del petróleo en el subsuelo, aunque esto haya creado conflictos en el gobierno.”
Según Esperanza Martínez, “en la reunión del Consejo de Administración de Petroecuador del 30 de marzo se armó la bronca. Correa quiso participar y planteó la opción que proponía Acosta. El presidente de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, se opuso con todas sus fuerzas. Lo único que obtuvo fue que Acosta dimitiera y asumiera la gestión de los candidatos asambleístas de Patria Nueva, el partido de Rafael Correa.
A partir de ese momento, dice, Correa hizo suyo el proyecto y comenzó a reforzarlo: “Ya las últimas semanas ha dado instrucciones a la cancillería de implementar los instrumentos para ir ubicando los fondos internacionales de apoyo al proyecto.
“El gobierno puso una fecha límite para la viabilidad del proyecto, que es el 1 de julio de 2008. Hasta ahora hay serios compromisos por parte del gobierno de España, de Alemania y de Italia”, explica.
Los aspectos económicos son el punto de mayor discusión: “El presidente ha dicho ‘yo quiero la mitad de lo que ganaría sacando el petróleo’.”
En su discurso del 24 de septiembre Correa dejó claro el precio del sacrificio ecuatoriano: “El costo de oportunidad para el Ecuador de no explotar el crudo es, por los menos, de 10 a 15 dólares por barril. Sin embargo, Ecuador pide al resto de la humanidad una contribución de solamente 5 dólares por barril, para conservar la biodiversidad, proteger a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que allí habitan y evitar las emisiones de dióxido de carbono. El total de la compensación solicitada al resto del mundo es de aproximadamente 4,600 millones de dólares.”
Con la propuesta que el presidente ecuatoriano explicó en Nueva York, según Esperanza, “se ganó terreno”, aunque lo cierto es que el debate sigue en píe en el país ecuatoriano.
“Hemos trabajado y conversado con candidatos de diversos sectores para que en la agenda de la Constituyente entre con fuerza a las áreas de exclusión de la explotación petrolera”. Y, sin embargo, comenta Martínez, “también es necesaria una reforma del modelo económico del país.
La propuesta es pasar de un modelo de extracción a un modelo de producción, transformación, en el que el tema ambiental sea central. Y si es que este gobierno habla del socialismo del siglo XXI, el riesgo es que como el socialismo del siglo pasado, nos olvidemos del ambiente”.
Según la ambientalista ecuatoriana, en el próximo Constituyente “deberán de reconocerse algunos principios: el de precaución que frena, de alguna manera, el despojo sin control de la naturaleza; el de prevalencia (sic) que dice que cuando hay dos intereses prevalezca el de los más vulnerables; y el de la soberanía, con énfasis en el ramo alimentario”.
Además, según la presidenta de Acción Ecológica, “Ecuador está en el medio de un cuadrilátero: de un lado está Brasil, que tiene una visión cercana a Estados Unidos, que quiere seguir teniendo a estos países como exportadores de energía, con los agrocombustibles; por el otro lado está Venezuela, que quiere seguir manteniéndose como país petrolero.
“Brasil, por ejemplo, es el más interesado en el ITT. Ya hizo propuestas al gobierno de Ecuador; pero Venezuela también propuso que hubiera una explotación compartida”.
“En este contexto nosotros proponemos que Ecuador podría ser promotor de una tercera vía, como lo es el proyecto de salvaguarda del Yasuní”, explica.
Lo dicho el 24 de septiembre pasado por Rafael Correa en conclusión a su participación a la reunión convocada por la ONU, parece confirmar esta línea de tendencia:
“La propuesta ecuatoriana busca transformar las viejas concepciones de la economía y el concepto del valor. En el sistema de mercado el único valor posible es el valor de cambio, el precio.
“El proyecto Yasuní-ITT se basa, sobre todo, en el reconocimiento de los valores de uso y servicio, de los valores no crematísticos de la seguridad ambiental y en el mantenimiento de la diversidad planetaria.
Se trata de inaugurar una nueva lógica económica para el siglo XXI, donde se compense la generación de valor, no solamente la generación de mercancías.
“Por primera vez un país petrolero, Ecuador –donde un tercio de los recursos del Estado depende de la explotación de dicho recurso–, renuncia a estos ingresos por el bienestar de toda la humanidad e invita al mundo a sumarse a este esfuerzo a través de una justa compensación, para que juntos sentemos las bases de una civilización más humana y más justa”, concluye.
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Ecuador: la visión indígena
25 settembre 2007Lascia un commento
El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 24 de septiembre de 2007
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El próximo 30 de septiembre, los ecuatorianos elegirán una nueva Asamblea Constituyente. Tal fue el mandato de un referéndum que el gobierno del presidente Rafael Correa promovió el pasado 15 de abril, y en el cual el pueblo ecuatoriano decidió volver, una vez más, a replantear su propia ley fundamental.
Con declaradas intenciones de hacer de la nueva constitución política ecuatoriana un instrumento para plasmar en la sociedad el llamado “socialismo del siglo XXI”, el gobierno de Correa aprovecha el momento para dar respuesta a “las importantes movilizaciones de estos últimos años que han dicho ‘no’ a la política neoliberal” y promueven en su lugar “el regreso del papel del Estado en la vida política y económica de Ecuador”.
Entre los actores políticos que han determinado la historia de los últimos años en Ecuador –derribando gobiernos, imponiendo visiones, pero sobre todo modificando radicalmente los equilibrios sociales ecuatorianos– se encuentra la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
En entrevista con Apro, Blanca Chancoso, directora de la Escuela de Formación de Mujeres Líderes de la Conaie y figura de referencia en el movimiento indígena ecuatoriano, dice: “Llevamos 500 años de resistencia. No fuimos muy visibles y eso permitió que, después de tanto tiempo, aquí sigamos”.
Ya en la época republicana, explica, “hemos vividos procesos. Pero también los pueblos indígenas vamos tomando forma y conciencia sobre nuestra identidad, porque hasta los años 80 había campesinos e indígenas, pero todos sin una identidad clara. A partir de esa década, con la fundación de la Conaie, tuvimos el instrumento para afirmar nuestra identidad como indígenas y nuestra identidad política”.
Hoy la Conaie se encuentra en un momento de reflexión y balance de su situación. “Hubo coyunturas muy importantes y justamente estamos en un momento de evaluación. Mirando los procesos y las luchas que hicimos, vemos que hemos tenido alcances importantes, pero no se han logrado completar, pues hemos tenido vacíos y faltas estratégicas”, admite.
“No sabemos qué sucedió. Quizás no estuvimos preparados para enfrentar un mundo que criticamos y no hemos podido ofrecer alternativas integrales. Lo cierto es que en los años 90 hemos podido afirmar el tema de las nacionalidades, como proyecto político”, agrega.
La búsqueda de identidad
La “plurinacionalidad” es tema central en el discurso de la Conaie. Reivindica con orgullo haber logrado imponerlo como tema en la agenda nacional. Hoy, explica la líder indígena, el concepto está en el debate político del país, aunque, admite, no todos lo han entendido.
Para explicar la “plurinacionalidad”, Chancoso recurre a la historia del movimiento: “Nos tenían convencidos de ser campesinos, dentro de un concepto de clase, lo cual escondía la raíz indígena. También en la izquierda, con la que nos identificamos, nos miraba como trabajadores agrícolas o, en todo caso, como obreros. En fin, nos ubicaban como clase trabajadora, en contraste con la clase rica: nosotros éramos proletarios.”
La falta de categorías políticas en la izquierda ecuatoriana en los años 80 empujó a los indígenas a buscar una identidad propia. “Cuando se planteaba la igualdad, sólo éramos trabajadores y la construcción del poder estaba vista desde el trabajador. El campesino, en todo caso, era aliado del obrero, nada más”, explica.
“Todo eso estaba bien, pero tenía que ver nada más con lo económico. La identidad, las costumbres, nuestras formas de ser, organizarnos y vivir desaparecían ahí. Entonces planteamos que no queríamos ser vistos como individuos, sino como colectividades.
“Estudiamos. Pedimos apoyo a compañeros sociólogos, antropólogos y a todo tipo de investigadores. Nos dijeron muchas cosas muy bonitas. Nos dijeron lo que ellos creían que éramos. Finalmente les agradecimos y tratamos de buscarnos a nosotros mismos. Y llegamos a la conclusión de que somos una nación o varias de ellas”, recuerda.
“Hablar de nacionalidad no es sólo una ubicación geográfica. A nivel internacional se habla de pueblos, nosotros investigamos y descubrimos qué significa, según nosotros, nación: territorio, idioma, historia, instituciones propias”, explica.
Cuando los indígenas se definen como naciones, señala Chancoso, se arma el escándalo: “La gente de izquierda nos decía ‘ustedes quieren dividir al país’. Pero nosotros les decimos que queremos un país unitario pero plurinacional; la unidad en la diversidad.”
Señala afirmarse como naciones les permitió hacer cambios en su agenda de reivindicaciones, en su comportamiento frente a los gobiernos. “Y ya no tuvimos miedo de afirmar nuestra organización. De esta forma, ya pudimos hablar de leyes, religión, salud, educación, cosas que nosotros ya tenemos por nuestra cuenta”.
El proceso de autodefinición coincidió con el quinto centenario de la conquista: 1992. A partir de ese año, explica, “nos metimos en la cabeza definirnos como pueblos en resistencia, mas no conquistados”.
El Constituyente
Desde los años 90 se establece el proyecto político indígena. La lucha por la tierra es el eje de su política que desemboca en movilizaciones masivas que influyen en la formación de gobiernos o en su derrocamiento.
“En 1998, la Asamblea Constituyente no reconoció lo plurinacional, pero sí lo multicultural”, explica Chancoso. “Pero los derechos colectivos están pendientes. Por eso no dejamos de luchar por una Asamblea verdadera que reconozca nuestro derecho”, agrega.
Ahora la nueva Asamblea Constituyente –que tiene programado instalarse en diciembre próximo e iniciar sus labores a partir de enero 2008— abre nuevas perspectivas: “Con el gobierno actual, del que no somos parte, creíamos importante convocar, junto a él, la Asamblea, y pensamos comenzar a dialogar con este gobierno acerca de nuestra agenda.”
Los pueblos indígenas, según la líder de la Conaie, no deberían de participar en la Constituyente por elección de partidos. “Ese no era el procedimiento que buscábamos. Antes que todo porque nosotros no tenemos un partido, ni el Patchakuti lo es”; pero el gobierno no aceptó la propuesta indígena.
“El gobierno se puso de rival con nosotros. Nos retó y nos dijo: ‘Los indígenas pueden participar en la Asamblea, pero sólo participando en las elecciones’, y eso a nosotros no nos gustó: no entramos a partidos, porque tenemos nuestra propia postura política”, explica Chancoso.
“Otra opción, la de fundar otro partido, no viene al caso, no nos interesa. Una tercera opción hubiera sido no participar, en protesta”, dice.
La dirigente de la Conaie no esconde cierta frustración por el desarrollo del proceso para establecer la Asamblea Constituyente. El presidente Correa parece haber arrinconado al movimiento indígena. “Sin embargo, siendo políticamente consecuentes, los indígenas aceptamos este reto y participaremos electoralmente a través del Patchakuti, aceptando que el gobierno, aun siendo contradictorio, está encaminando las cosas hacia una dirección razonable”.
Los indígenas, según Chancoso, son alrededor del 50% de la población, aunque otras estadísticas manejan porcentajes mucho más bajos. Sin embargo, la Conaie sostiene que no existe un censo verdadero. “Porque siendo mayoría –explica–, deberíamos de ganar esta elección, así como hubiéramos ganado las elecciones presidenciales.”
Pero las presidenciales las ganó Rafael Correa con un margen histórico de más de 13 puntos sobre su mayor contrincante, Álvaro Noboa. Y el candidato de la Conaie, que por primera vez participó en las elecciones ecuatorianas, alcanzó apenas 1%.
El candidato indígena, Luis Maca, actual presidente nacional de la Conaie y exministro del gobierno de Lucio Gutiérrez, perdió por distintas razones. Le pesa a Blanca Chancoso recordar ese proceso electoral: fue un reto para la visión indígena, pero acabó en una derrota: “Antes que todo, la falta de recursos para la campaña electoral. Otro elemento: nuestro pueblo no está totalmente empadronado y, además, no está familiarizado con el proceso electoral, así que no sólo muchos no sabían cómo votar, sino que nos mandaban lejos de nuestras comunidades, cosa que no todos pudimos hacer.”
Pero Blanca Chancoso no se queda sólo con los limitantes que impidieron a los indígenas votar. Y afirma: “Hubo un fraude en la primera ronda”.
“Claro –dice luego– no íbamos a ganar, pero tampoco era ese el porcentaje que nos tocaba”, afirma.
“Es algo que no se ha dicho. No queríamos que la denuncia se convirtiera en un boomerang para nosotros. Fueron los militares (que además en Ecuador no tienen derecho a voto) quienes forjaron el fraude: ellos son los que transportan las boletas y son partidarios del gobierno. Pero de eso no se habla, para no tocar a la institución”, agrega.
Chancoso dice que todavía en Ecuador hay cierto racismo, inclusive en la izquierda política de su país se impone la idea de que los indígenas no son capaces de gobernar.
Finalmente, la líder indígena admite: “Nos cobraron la factura por la alianza con el presidente Lucio Gutiérrez (en 2002). Muchos que podían apoyarnos, votaron por Correa.”
Así que hoy, con la Constituyente en puerta, la Conaie participa pero con la conciencia de que es una asamblea; pero habrá más. “Y Si no conseguimos los objetivos, pelearemos por otra asamblea para que se defienda lo conquistado en 1998 y pueda ser reconocida la ‘plurinacionalidad’.”
La líder indígena advierte: “Habrá movilizaciones importantes en los próximos meses porque no nos dejaremos utilizar. Nos quieren hacer sentir como que miramos hacia atrás y estorbamos al cambio, inclusive que somos colaboradores de la derecha.”
Y aclara enseguida: “Pero no hablan sobre dónde está plasmado lo nuestro. Quieren que posterguemos nuestras demandas, pero no.
“Tenemos una canción, nosotros los indígenas, que dice que el 24 de mayo (aniversario de la Batalla de Pichincha de 1822, en la que se rindieron las tropas españolas frente a Sucre y que derivó en la independencia de Quito, NDR) nos cambiaron de patrón y en 2007 no queremos otro cambio de patrón, queremos liberación”, concluye.
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Italia: el dilema de los capellanes militares
10 settembre 2007Lascia un commento
El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 10 de septiembre de 2007
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“Irrenunciable presencia entre los hombres en uniforme”, tituló el artículo del periódico Avvenire, diario del Estado Vaticano, en su edición del 19 de julio pasado.
Con la firma de Marco Tarquinio, el artículo se lanza en contra de la propuesta de ley presentada el pasado 13 de marzo en el Senado italiano para eliminar de la legislación la controvertida figura del “capellán militar”.
La propuesta presentada por el grupo constituido por el Partido Verde y el Partido de los Comunistas Italianos (PDCI), comenzó su camino parlamentario justamente el 19 de julio en la Comisión Defensa del Senado italiano.
La institución del capellán militar en la legislación italiana tiene una larga historia. Comenzó en 1922 y fue instaurada en forma definitiva en 1961, cuando se creó el Ordinariato Militar, es decir el seminario específico para los capellanes destinados a graduarse en el ejército italiano.
“Capellanes militares sin estrellas y gravámenes para el Estado es nuestra propuesta”, declaró el senador Gianpaolo Silvestri, quien fue el primer firmante de la propuesta de ley. En otras palabras: evitar que los capellanes que asistan espiritualmente a los miembros de las fuerzas armadas sean ellos mismos soldados y que sólo sean sacerdotes. “Este es el fin del proyecto de ley, ciertamente no castigar a la Iglesia, sino simplemente desmilitarizar los capellanes”, señaló el Silvestri.
La propuesta ofrece justicia a la lucha de los movimientos pacifistas católicos, así como ahorros monetarios al Estado italiano, ha sido Silvestri. “Los capellanes militares son oficiales del ejército italiano. Sólo en 2005, el Ordinariato Militar le costó al Estado 11 millones de euros, casi 58 mil al año por cada sacerdote”, refirió el senador.
Al mismo tiempo, la propuesta se inserta en los cambios de roles dentro del ejército italiano. “No sólo el servicio militar se ha tornado voluntario, sino que también hoy vivimos en un país multicultural y queremos dar justicia también en las filas del ejército”, concluyó.
Sin embargo, en su artículo en Avvenire, Marco Tarquinio no está de acuerdo y escribe que los senadores “olvidan que un ejército de paz –constitucionalmente defensivo– como el italiano es una estructura de personas que nadie debería permitirse de etiquetar como radicalmente distinta con respeto al mensaje cristiano y a la presencia pastoral activa de sacerdotes de la Iglesia católica”.
De manera sorprendente, dos sacerdotes que trabajan en parroquias locales respondieron al artículo del periódico católico. Salvatore Leopizzi, de Gallipoli (sur de Italia), y Renato Sacco, de Cesara (norte de Italia), afirmaron en una carta abierta publicada en algunos medios de comunicación italianos:
“No escondemos nuestra sorpresa y decepción porque pareciera que no hay posibilidad alguna de alternativas en la forma actual en que los capellanes están presentes entre los militares. ¿Es lo mismo para valores y verdades no negociables?
“Haber cedido en el pasado a la tentación de conjugar la cruz y la espada o haber estrechado alianzas entre trono y altar, aunque con nobles finalidades de evangelización, ha llevado la Iglesia a consecuencias a menudo nefastas y desastrosas.”
En entrevista telefónica, Renato Sacco dice que con la carta trató de expresar, con cierta calma, algunas reflexiones. “El proyecto de ley prevé la desmilitarización de los sacerdotes. La reacción del periódico católico nos parece fuera de lugar, exagerada”, afirma.
“Como sacerdotes queremos afirmar algunas cuestiones. (La ley) nos parece un modo para recuperar el mensaje del Evangelio. Cuanto más el Evangelio es liberado de las sobre-estructuras o de intereses de poder, más el anuncio del Evangelio es creíble. Hemos mencionado una frase de Tonino Bello, obispo en el sur de Italia. Él fue presidente de Pax Christi y solía decir que la Iglesia no amaba los signos del poder, le son suficientes los poderes de los signos”, explica.
La misma organización pacifista católica, Pax Christi, ha promovido en los últimos años la desmilitarización de los capellanes militares y ha sugerido una transformación del rol eclesial en las filas del ejército.
Sacco apunta: “Creemos que nuestra carta puede ayudar a una radicalidad de la palabra católica y a una sana laicidad del Estado (…) Porque peor es que los dos ámbitos estén más mezclados. Que los capellanes militares tengan hasta un seminario particular que no es como para los otros, un lugar de preparación para los servicios de la Iglesia, suena raro. Uno se convierte en sacerdote para la Iglesia, no para el ejército o cualquier otra institución.”
Un sacerdote en las filas del ejército, es un graduado, no es soldado. Sacco explica: “El jefe de los capellanes militares, un obispo, es un general y también se jubila con la pensión de un general y es pagado por el Ministerio de la Defensa directamente. Yo recibo mi sueldo por parte de un fondo del Instituto de Sustentamiento del Clero que le reconoce a los sacerdotes su servicio de utilidad social.”
Por el contrario, señala, los capellanes militares perciben el sueldo de un general del ejército y tienen todos los gastos cubiertos por el Ministerio de la Defensa. “La propuesta del gobierno va en la dirección de aclarar un poco la situación. Sin embargo nosotros no apoyamos una u otra propuesta, nada más nos parece exagerada la reacción del periódico católico”, comenta.
La ley de Dios
El sacerdote continúa: “Nuestra propuesta es pensar en una presencia como sucede en otros sectores: si hay una fábrica, nos interesamos en los obreros; si hay una escuela, nos interesamos en los estudiantes; y si hay un cuartel, nos interesamos en los soldados, pero no entre sus filas, no incrustados en el sistema de poder, porque eso no nos lleva a ningún lado. Hubiera sido mejor que nosotros, como Iglesia, llegáramos a hacer una propuesta de este tipo”.
Expone que “el servicio militar hoy ya no es obligatorio, es voluntario. Ya no puedes decir ‘Estos pobres muchachos obligados a prestar servicio militar’, no ya no. Son militares de carrera y entonces aún más pone en discusión las intervenciones armadas en el exterior”.
Cuenta su experiencia: “Fui a Afganistán, fui a Irak. La guerra no es bella. Y entonces el rol del capellán ¿cuál es? ¿Bendecir las bombas que se lanzan? ¿Y qué les dices a los soldados? ‘¡Hiciste un buen trabajo!’, no, es evangélicamente inconciliable.”
Sacco no esconde su sorpresa frente a la reacción del Avvenire y advierte que quizás se haya perdido, en el periódico, un poco de apego a la palabra del Evangelio y a los magisterios de los últimos Papas. “Quizás haya miedo de perder prestigio y poder, pero creo que si la Iglesia pierde poder y prestigio no pierde nada, al contrario: puede sólo ganar. No hay que razonar en esto con la lógica del mundo. Se es más libre con menos poder, y la Iglesia es más creíble.”
Sacco admite que hasta ahora no ha habido reacciones a la carta que él y el sacerdote Salvatore Leopizzi publicaron. Afirma que sigue esperando que se abra un debate. Lo considera necesario. “Pero tal vez la mejor estrategia para ellos (la Iglesia), sea la de dejar caer la cosa, no hablar de ella”, dice con cierta desilusión.
“Estamos listos para ponernos a discutir y cuestionar. Creemos en el método de la paz, es decir, el diálogo y la confrontación intelectual. La paz es un mosaico, no es monocolor, porque si hay contribuciones diferentes se construye la paz. El mundo militar es más… uniforme”, agrega.
Renato Sacco juega con las palabras: “Uniforme es una palabra que aplana y entonces quienes no están alineados son considerados subversivos, quienes no son uniformes no son aptos para la guerra. La esperanza es que se crean muchas diversidades.”
Por esto, según Sacco, hay que dejar salir todas estas diferencias. “El problema es no ser uniformes”, explica, “la obediencia es lo que hace de ese mundo lo que es”.
Cuando habla de obediencia, el sacerdote afirma sin muchos titubeos:
“Según yo, obediencia institucional y ejercicio eclesiástico son incompatibles. La relación entre obediencia a la institución militar y la obediencia debida al Evangelio creo que es muy cansada, casi imposible. Hay que obedecer a Dios, no al hombre, así que si una orden humana te manda a lanzar bombas, ¿a quién le obedeces? La obediencia ya no es una virtud.
“Nosotros tenemos que educar a la conciencia. Abdicar a la conciencia no es un servicio al Evangelio. Cada uno es responsable de lo que hace. Así que si uno fuera consecuente, ciertas órdenes no se cumplirían. Los capellanes militares encima del puente de un barco de donde salen los aviones bombarderos tienen que gritar ‘No mates’, y ese avión no debería salir. Los capellanes militares deberían hacer esto; recordarle a los militares que lo que hacen es matar a gente, lo cual es incompatible con la palabra de Dios.”
Se pregunta: “¿Qué hacían los capellanes militares en la guerra de las Malvinas, entre dos países cristianos? Si no fuera una guerra, daría mucho por reír.”
Finalmente sintetiza lo que, según él, debería ser el papel del capellán militar: “Capellanes libres de uniformes y grados, de sueldos y privilegios, al servicio de un Dios que defiende siempre la vida y no de un poder que, aunque legítimo, puede proporcionar también la muerte.”
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Sindrome de guerra
27 maggio 20071 commento
El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 27 de mayo de 2007
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Treinta y siete soldados italianos muertos entre 2001 y 2006 y más de 300 en riesgo de correr la misma suerte, es el saldo que presenta la Asociación Nacional de Asistencia a las Víctimas Alistados en las Fuerzas Armadas y Familias de los Caídos (Anavafav), que desde 1994 registra los casos de militares italianos que se han enfermado al regresar de los frentes de guerra.
Las víctimas son soldados que participaron en las misiones italianas en Somalia, Bosnia, Kosovo e Irak. La versión oficial, presentada el 3 de marzo de 2005, habla de militares que “enferman y mueren sin causa aparente”. Pero Falco Accame, presidente de la Anavafaf y exalmirante de la Armada italiana, tiene una explicación: “Se han enfermado por la presencia de uranio en las bombas y balas utilizadas en esas guerras”.
En los años 70, el gobierno de Estados Unidos financió un estudio acerca de las propiedades del desecho que se produce en el proceso de enriquecimiento del uranio utilizado en las plantas nucleares. El estudio descubrió que el desecho de uranio U238 tiene propiedades físicas y químicas parecidas a las del tungsteno: densidad elevada –casi el doble del plomo– que le proporciona un elevado peso específico y se auto-incendia cuando es expuesto a ciertas temperaturas. El descubrimiento entusiasmó a la industria bélica estadunidense. La razón: el U238 – también llamado DU (depleted uranium)– es un material ideal para producir armas.
Así, a partir de los años 70, Estados Unidos comenzó a producir balas anti-tanque y corazas con el DU, definitivamente más barato y disponible que el tungsteno.
Regresar para morir
Lo que Estados Unidos no investigó fueron las consecuencias del uso del DU en tales armas. Si bien el DU tiene una radioactividad mínima, ésta puede ser tan letal como la producida por una bomba nuclear.
Un informe titulado Más allá de la traición, elaborado por Asociación de Veteranos Estadunidenses de la Guerra del Golfo (AGWVA, por sus siglas en inglés) denuncia que el gobierno de Estados Unidos ya conocía las consecuencias del uso del DU en las armas. Afirma que el Pentágono había realizado amplios experimentos sobre este fenómeno en sus propios soldados.
Por su parte, la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos, a través de su Instituto de Medicina, publicó en 2001 un documento titulado La Guerra del Golfo y la salud, que recopila los miles de casos de soldados que sufrieron consecuencias sobre su salud debido a la utilización de “armas novedosas en los frentes de guerra”.
El documento señala que, al menos un 30% de los más de 700 mil militares estadunidenses que pelearon en Irak en 1991, enfermó “por causas desconocidas”.
A principios de los años 90, el mismo Consejo de Veteranos, dependiente del Pentágono, admitió que el llamado Síndrome del Golfo se debió a “agentes químicos no especificados, vacunas y DU”. Fue hasta 1993, durante la operación del Pentágono en Somalia –llamada Restore Hope— que los soldados estadunidentes utilizaron equipo para protegerse de este tipo de contaminación.
Cuando el ejército italiano, en el contexto de la misma operación, llegó a Somalia encontró a soldados estadunidenses vestidos como si hubiera explotado una bomba nuclear: máscaras antigás y overoles verdes que los cubrían de pies a cabeza.
En el calor africano, “los militares italianos andaban en pantaloncitos y playera”, relata Accame en entrevista telefónica con Apro.
Cuenta: “Cuando nuestros muchachos preguntaban por qué los estadunidenses iban vestidos así, los generales les contestaban que porque ‘los gringos son unos fanáticos’”.
De esa misión, Estados Unidos no tiene registro de consecuencias para la salud de sus soldados. Por eso no se habló de un Síndrome de Somalia, pero en Italia, sólo un año después, el mariscal Giorgi moría en un hospital. “Ellos dijeron que era una rara enfermedad tropical. Nosotros pedimos hacer la autopsia, pero nos fue denegada (…)”, dice Accame.
La Anavafaf enfrentó luego un caso singular: “El soldado Roberto Pogu se enfermó en la base militar de Teulada (perteneciente a la OTAN y ubicada en la costa sur de la isla de Cerdeña). Ahí vienen muchos barcos extranjeros y a veces se experimentan también armas nuevas”.
Pogu estaba entrenando en Teulada. Murió el 13 de enero de 2006. En entrevista telefónica, su padre, Antonio, no esconde su enojo y decepción hacia las autoridades italianas.
Relata: “En 1998 mi hijo se enlistó en el ejército. En diciembre de 1999 fue a Cerdeña a entrenar. Al regresar, tenía una herida en la mano que se hizo recogiendo fragmentos de proyectiles en el polígono de tiro”. Pogu tenía que volver al cuartel en los tres meses siguientes. “Casualmente tuvo un accidente en automóvil y se quedó más tiempo en casa. Fue internado. Durante su estancia en el hospital empezó a sentir dolor en los riñones. Le dieron analgésicos. Sólo dos meses después, le detectaron cáncer a los testículos”.
Antonio cuenta la larga agonía de su hijo, de sólo 22 años. Y acusa al gobierno italiano de no haber querido decir la verdad: “Al gobierno le importa un pito estos pobres muchachos, muchos enfermos. A estos muchachos los condenaron”. Afirma que, en el caso de su hijo, “nunca admitieron las causas” de su muerte, y por lo tanto no hubo una indemnización para su familia. “Ni un euro nos dieron” para pagar los gastos de su tratamiento médico, comenta.
Accame denuncia: “Los militares italianos adoptan las medidas de protección hasta el 22 de noviembre de 1999, seis años después” de que aparecieron los problemas médicos en los primeros soldados. “Sin embargo, en una carta fechada el 2 de agosto de 1996, que está en nuestras manos, se muestra que la OTAN había avisado al Comando Militar de la Alianza en Europa (ACE) –y por lo tanto al gobierno italiano– de las posibles consecuencias “en el corto y largo plazo de las radiaciones (producidas por el DU) que pueden causar formas de cáncer”.
A pesar de la advertencia, el 19 de agosto de ese año, el Parlamento italiano aprobó el financiamiento para las tropas de ese país en Los Balcanes. “Los primeros contingentes salieron completamente desprotegidos”, comenta Accame.
Muchos regresaron enfermos debido a que “no sabían y recogían con sus manos los fragmentos de las bombas que habían explotado”.
Carlo Calcagno, piloto de helicóptero, cuenta su historia en entrevista telefónica. Dice que estuvo en Sarajevo en 1996. Volaba en la zona donde la OTAN destruyó una fábrica de armas no muy lejos de esa ciudad. Fueron 50 horas de vuelo en la zona. “Escuché hablar de DU sólo después de haber regresado por parte de un médico civil que me examinó. Había sido controlado por el médico militar que decía que estaba bien, pero yo me sentía mal”, señala.
En 2002, Calcagno sufrió los primeros malestares. En el hospital militar negaban que estuviera enfermo. Calcagno decidió consultar “secretamente” a un médico civil. El diagnóstico: “cáncer en la tiroides, la medula, el hígado y la hipófisis”.
El Ejército italiano reconoció que su enfermedad “verosímilmente tiene que ver con su labor en Bosnia y quizás con el DU”. Así dice el documento que Calcagno, enojado, presenta a quienes les preguntan sobre el papel del Estado italiano. “Ni un euro me han dado”, afirma.
Añade: “Vivo a diario con la certeza de que me estoy muriendo. No puedo trabajar y pocas veces puedo levantarme de la cama”.
Historia sin fin
En octubre de 2004, la Asociación de los Carabineros de Italia (UNAC, por sus siglas en italiano) denunció que “19 de nuestros colegas fueron regresados de Irak e internados en el hospital militar de Celio por sospecha de contaminación por DU”. Y se preguntó: “¿Los internaron ahí para mantenerlos escondidos?”.
El gobierno italiano, empero, negó, el 3 de marzo de 2005 ante el Parlamento, una conexión directa entre las enfermedades señaladas y el DU. Y lo mismo hicieron dos comisiones especiales constituidas por el Parlamento en 2001 y 2004. Investigaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) también llegaron a la misma conclusión: no hay conexión directa entre el DU y los llamados síndromes del Golfo y de los Balcanes.
“Entonces, ¿por qué la OTAN pedía precaución para sus soldados?”, se pregunta Accame. Para él, la solución al problema de las armas con uranio empobrecido, radica en “su abolición”. Pero, señala, ello “es muy difícil de alcanzar porque las ganancias son enormes: el DU no cuesta nada, pues es un desecho. Y los que lo producen quieren liberarse de ese desecho”.
Actualmente, los soldados que se encuentran en frentes de guerra tienen protección adecuada. El problema, según Accame, es otro: “El DU no es peligroso de por sí. Una pieza de DU emana radioactividad muy baja. Una hoja de aluminio puede protegernos de ella. El verdadero riesgo es el polvo de DU que se crea por las explosiones. Ese polvo se esparce por doquier: contamina tierra, agua y aire y penetra por donde sea en el cuerpo humano”, explica.
Admite que “los soldados se pueden proteger con la vestimenta adecuada, pero la población civil queda expuesta, así como el medio ambiente”.
Señala: “Vayan a Irak, a Somalia, a la exYugoslavia a preguntar y a ver cuántos niños nacen deformes, cuánta gente ha muerto después de años de haber sufrido una guerra”.
Las consecuencias son tan atroces que Carla Del Ponte, Fiscal del Tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia, en una entrevista televisada en Italia en febrero de 2001, afirmó: “Si sólo tuviéramos las pruebas suficientes, el uso de DU por parte de la OTAN (en los Balcanes) podría ser investigado como crimen de guerra”.
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Una práctica en ascenso
29 aprile 20071 commento
El presente arículo fue publicado en el semanal mexicano Proceso # 1591 el día 29 de abril de 2007.
Además el presente artículo es el fruto de un año de investigación que realizé por cuenta del Centro de Investigación Laboral y Asesoria Sindical A.C..
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El 4 de enero de 2006 nueve trabajadores subcontratados por agencias de personal para laborar en una planta de IBM ubicada en las afueras de Guadalajara, Jalisco, fueron despedidos sin ser liquidados, pese a que ya tenían entre tres y ocho años adscritos a esas agencias de trabajo temporal.
En 2005, IBM había decidido pasar la nómina de éstos, más otros trabajadores, a la agencia trasnacional Manpower, con la cual firmaron hasta 11 contratos cada uno a lo largo de ese año.
Los nueve despedidos acordaron interponer una demanda legal para conseguir la reinstalación en sus puestos. Con el propósito de recibir asesoría para ese fin, se dirigieron entonces al Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) de Guadalajara, donde recibieron apoyo.
“Fue paradójico”, dice Teresa Pérez, una de las despedidas. “Sólo tres meses antes fui invitada a quedarme a trabajar porque era un buen elemento y resulta que a los pocos meses me despiden”. Lo mismo atestigua José Cruz: “En octubre de 2005 me entregaron un premio por mi desempeño, y luego…”.
Aunque el grupo había acudido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para exigir no sólo la reinstalación sino un nuevo contrato de empleo por tiempo indefinido, las autoridades laborales “afirman los despedidos” no les dieron suficientes garantías. Entonces decidieron hacer público su caso mediante una conferencia de prensa.
Una nota sobre estos hechos fue publicada el 16 de enero de 2006 en el diario Público de Guadalajara, y el 26 del mismo mes, debido a la presión de los medios, se realizó una audiencia de conciliación convocada por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. En esa ocasión IBM se deslindó de toda responsabilidad, pues argumentó que “Manpower es el patrón y quien paga” a los trabajadores.
En cuanto al grado de responsabilidad de IBM, el abogado de Cereal que asesoró a los afectados, Eduardo Canales, afirma que “si bien es cierto que no van a ser (los de IBM) los que indemnizarán a los trabajadores, sí han estado muy insistentes en que el asunto se resuelva por la conciliación, porque en una demanda ellos estarían implicados”.
Manpower ofreció 75% del pago por concepto de liquidación. Un mes después, seis trabajadores aceptaron la oferta, pero los otros tres amenazaron con demandar a esa compañía y a IBM. Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo, que estos despedidos calificaron como �una victoria agria”: el pago de 100% de liquidación y de algunas horas extras, así como el pago de salarios caídos desde que fueron corridos.
Burlar la ley, el objetivo
El caso descrito constituye un hecho casi inusitado en el ámbito del trabajo temporal en México, al grado de que fue retomado para una investigación del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) específica sobre el conflicto y que trata de ubicarlo en el contexto del fenómeno de la subcontratación de trabajadores temporales en el país.
En los Censos Económicos de 2004, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) dedica una carpeta especial al tema, con el título: �Personal ocupado que no depende de la razón social para la cual trabaja: una actividad en auge�.
Los datos del INEGI reportan que aun cuando la cifra total del personal ocupado entre 1998 y 2003 fue de 9.5%, el personal ocupado dependiente de la razón social de la empresa en la cual trabaja aumentó tan sólo 7.3%, contra un aumento de 40.1% de personal subcontratado. Desglosando estos datos, se desprende que a finales de 2003 más de 1 millón de trabajadores en México no dependían de la razón social de la empresa en la que prestaban sus servicios y otros 400 mil laboraban por honorarios o comisiones. En el mismo período, el número de las llamadas agencias de empleo temporal se incrementó 12.7%.
El INEGI no utiliza medios términos cuando afirma que “la subcontratación de personal es una práctica cada vez más común, ya que ofrece una serie de ventajas, como eliminar obligaciones laborales del patrón, contactar personal especializado y mantener la flexibilidad para reducir o aumentar el personal ocupado”.
Si bien se justifica el uso de ese tipo de personal con el argumento de que permite a una empresa la flexibilidad laboral necesaria para mantenerse rentable, también se denuncia el objetivo de eliminar las obligaciones laborales. En este sentido, explica el CILAS, es evidente que, para una razón social, al delegar la contratación del personal a empresas como Manpower se le transfieren también las obligaciones garantizadas en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Sin embargo, indica, esto no significa que esas obligaciones laborales sean cumplidas cabalmente por las agencias de empleo temporal.
En estos casos, añade la investigación del CILAS, es evidente en general la falta al espíritu de la LFT, que ampara la estabilidad laboral como herramienta de desarrollo humano y profesional. Y en lo particular, puntualiza, estas agencias violan, en ocasiones en forma abierta y en otras de manera tangencial, el artículo 14 de la LFT. En este precepto se especifica que los trabajadores contratados a través de intermediarios (como se le define a éste en el artículo 12 de la misma ley) “prestarán sus servicios en las mismas condiciones de trabajo y tendrán los mismos derechos que correspondan a los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa o establecimiento”.
El caso IBM-Manpower de Guadalajara demuestra que este precepto no se cumple. Por ejemplo, el empleado contratado por Manpower no goza de reparto de utilidades por parte de la empresa en la cual efectivamente trabaja. Por otra parte, la contratación mensual renovable que Manpower aplica a sus trabajadores en IBM obstaculiza la creación de antigüedad y el acceso a la prima por este concepto.
Además, los despidos resultan ser mucho más fáciles para la empresa que utiliza trabajadores temporales, pues no hay despido directo sino tan sólo rescisión del contrato entre la empresa y Manpower.
La investigación del CILAS consigna también un documento que, afirma, “ha sido conseguido a mano de un anónimo”: un contrato entre Manpower y una de las compañías a las que abastece de personal. Del documento se desprende la posición solidaria entre Manpower y su cliente en caso de que los empleados de la agencia emplacen a huelga a una de las dos firmas. Manpower ofrece su propio equipo de abogados a su cliente si llega a haber reclamos laborales dirigidos a él. Además, en el mismo documento queda muy claro que la contratación de sueldos, puestos y condiciones cae en manos de Manpower y su cliente, con lo que se anula cualquier posibilidad de que el trabajador contrate su propio puesto de trabajo.
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El presente arículo fue publicado en el semanal mexicano Proceso # 1591 el día 29 de abril de 2007
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CIUDAD DE MÉXICO / BOGOTÁ.- El escándalo de la “parapolítica” salpica al actual embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio, quien durante su gestión como fiscal general de Colombia (de 2001 a 2005) habría protegido a paramilitares, según denunció la organización Human Rights Watch.
Además, Osorio es requerido en Colombia para rendir cuentas ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en virtud de una citación presentada por el legislador Germán Olano, del opositor Partido Liberal.
Los enredos jurídicos del actual representante diplomático colombiano empezaron en 2002. El 22 de noviembre de ese año, el entonces miembro de la Cámara de Representantes Gustavo Petro, del partido Polo Democrático Alternativo, presentó durante una sesión del Congreso evidencias sobre cómo algunos funcionarios de la fiscalía en el departamento de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, estaban al servicio de los paramilitares, quienes habrían influido para que Osorio sustituyera a dos fiscales de la Unidad Nacional de Derechos Humanos.
En respuesta, Osorio acusó al legislador Petro de crear una red de informantes dentro de la Fiscalía General de la Nación para descalificar su gestión. Petro reviró: ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes “organismo facultado por la Constitución para investigar la conducta de altos funcionarios del Estado” interpuso una querella contra Osorio por los delitos penales de injuria y calumnia.
Sin explicación alguna, el caso contra Osorio fue congelado durante casi un lustro en el despacho del legislador Jorge Luis Feris Chadid, quien actualmente es investigado por la Corte Suprema por haber firmado en 2001 un pacto secreto con la cúpula de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Además, este congresista es hermano de un jefe paramilitar desmovilizado: Salomón Feris Chadid, conocido con el apodo de Comandante 08.
Pero la investigación parece reavivarse ahora. La razón: nuevos legisladores analizan decenas de expedientes acumulados en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, entre ellos el de la querella presentada contra Osorio. Así, el representante Germán Olano, del Partido Liberal, reimpulsó el caso y “llamó a indagatoria” al actual embajador de Colombia en México.
No obstante, Jaime Granados, abogado defensor del exfiscal general, presentó un alegato jurídico para impedir que Olano continuara con la investigación contra Osorio. El abogado afirmó que Olano incurrió en actos indebidos al filtrar a la revista Cambio los argumentos jurídicos que motivaron su decisión de llamar a cuentas al embajador Osorio, con lo cual, señaló el abogado, el legislador habría “prejuzgado” el caso.
Sin embargo, el pasado jueves 26 la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes rechazó por unanimidad el alegato del abogado Granados, por lo que el embajador Osorio está obligado a viajar a Colombia y rendir cuentas ante esa comisión.
Por si fuera poco, Osorio aparece mencionado en varios informes elaborados por la influyente organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW).
Uno de esos informes “en poder de Proceso” se titula Un giro erróneo. Fue escrito en noviembre de 2002. Allí se analiza el desempeño de Osorio como fiscal general de Colombia, cargo que asumió a mediados de 2001.
Los investigadores de HRW entrevistaron a 16 fiscales y exfiscales, así como a agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), una dependencia de la fiscalía encargada de apoyar a los fiscales en las investigaciones y en la captura de personas acusadas. También consultaron a altos funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, de la Policía Nacional y del Ejército.
La conclusión de HRW es tajante: el fiscal Osorio distorsionó su mandato en favor de grupos de delincuentes.
Un párrafo del documento del informe de HRW señala: “A su llegada al cargo, el fiscal general Osorio dejó en claro sus profundas dudas sobre los procesos de derechos humanos, especialmente cuando éstos se encontraban basados en acusaciones a miembros de las fuerzas militares. Prometió públicamente corregir lo que calificó como una atención excesiva a estas acusaciones por parte de los fiscales”.
HRW afirma haber entrevistado a un fiscal en servicio, quien declaró que Osorio dio órdenes explícitas de no meterse con los militares y “bajar el perfil de los casos relacionados con actividades paramilitares”.
Según HRW, “la muestra más clara de las reticencias del fiscal general frente a los procesos de derechos humanos fue su decisión de apartar a los fiscales que habían llevado a cabo estos procesos. A las 72 horas de su llegada al cargo, Osorio había pedido las renuncias de dos experimentados funcionarios de alto nivel que se habían ocupado de algunos de los casos de derechos humanos más importantes y complejos procesados por la institución”.
En otro apartado del informe, HRW recalca: “Lo que resulta particularmente inquietante es que algunos de estos despidos tuvieron lugar en momentos críticos de la investigación y el procesamiento de casos”.
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Destino: Canadá
29 aprile 2007Lascia un commento
El presente arículo fue publicado en el semanal mexicano Proceso # 1591 el día 29 de abril de 2007
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Casi 5 mil mexicanos solicitaron el año pasado refugio en Canadá, con lo que se convirtieron en el principal grupo nacional que realiza este tipo de peticiones a ese país. Argumentaron diversas razones: desde discriminación laboral hasta persecución política en México. Las autoridades canadienses aceptaron sólo a menos de una cuarta parte de ellos. Ante tal demanda, redes de “polleros” canadienses y de mexicanos que radican en ese país aprovechan para hacer “negocio”.
Los mexicanos son los que más solicitan refugio en Canadá. El año pasado 4 mil 913 de ellos pidieron protección a la Oficina de Inmigración y Refugio canadiense (Office of Immigration and Refugee, IRB), según un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) del 27 de marzo pasado.
Esa cifra, afirma el documento, equivale a 73% de las 6 mil 747 solicitudes de refugio en el exterior presentadas por ciudadanos mexicanos. El restante 27% prefirió desplazarse a Estados Unidos.
Los mexicanos que solicitan protección en otros países aducen diversas razones que dejan mal parado al gobierno de su país en materia de derechos humanos. La mayoría afirma que fueron hostigados, o bien sufrieron persecución por motivos políticos, discriminación sexual o laboral, e incluso sostienen que su vida corría peligro si permanecían en territorio mexicano.
Este tipo de fenómeno migratorio va en aumento: de 2005 a 2006, las solicitudes de protección en Canadá crecieron 32%, con lo que los mexicanos fueron el grupo por nacionalidad que realizó el mayor número de peticiones: 21% de un total de las 22 mil 910 que se realizaron durante el año pasado ante el IRB.
Así, de acuerdo con ACNUR, México se encuentra en el lugar número 11 de países cuyos ciudadanos piden ayuda a un gobierno extranjero para que los acoja en su territorio, detrás de Irak, China, Rusia, Afganistán, Irán y Somalia, pero delante de otras naciones, como Colombia (lugar número 15), en donde actúan dos guerrillas, grupos paramilitares y organizaciones del narcotráfico.
Stewart Istvanffy, abogado que “desde hace 20 años” ha llevado muchos casos de mexicanos ante el IRB en Montreal, Québec, explica: “hay que marcar la diferencia entre peticiones de refugio y las concesiones de estatus definitivo de refugio, porque no es lo mismo pedir que conseguir”.
En efecto, si México se ubica en el primer lugar de peticiones, lo cierto es que durante 2006 sólo 22% de ellas fueron aceptadas –contra un promedio de 47%–, según datos del IRB.
“Por desgracia –continúa el abogado–, la Corte encargada de revisar los casos rechaza las peticiones porque supone que en México el Estado protege a sus ciudadanos.”
De acuerdo con Istvanffy, entre las razones que hoy ubican a México en el primer lugar de la lista de ACNUR se encuentran la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el primero de enero de 1994, y el llamado Acuerdo de Tercer País Seguro entre los gobiernos de Washington y Ottawa, de diciembre del mismo año.
El abogado afirma: “A partir de 1994, los mexicanos ya no requieren de visa para ingresar a Canadá; al mismo tiempo, el acuerdo entre Estados Unidos y Canadá impide pedir refugio en la frontera terrestre entre los dos países, lo cual ha contribuido de manera significativa a la reducción de peticiones por parte de ciudadanos de otras naciones”.
Sin embargo, según Istvanffy, existe otro factor que también explica este fenómeno: la situación social y política en México.
Dice: “México es un país muy dividido, donde existe mucha corrupción y donde se ejerce una represión bastante fuerte” contra sectores de oposición y organizaciones civiles.
Istvanffy asegura que “el caso típico” del mexicano que solicita refugio es el que “destapa casos de corrupción y es hostigado por ello”. Existen casos de “sindicalistas, miembros de organizaciones civiles y personas que han denunciado fraudes en instituciones públicas y han sufrido por ello persecución, amenazas y procedimientos penales” en su contra, dice el abogado.
Pero, añade, también existen “mujeres víctimas de violencia sexual o familiar, indígenas de Chiapas que han tenido problemas con el Ejército, y homosexuales discriminados y amenazados”.
La fuga
El año pasado, el gobierno canadiense concedió refugio a Raúl Gatica Bautista, fundador y dirigente del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM).
En entrevista telefónica con Proceso, Gatica dice: “Vengo de participar en la lucha social, indígena particularmente, desde hace 30 años”.
Y cuenta su historia. Asegura que fue profesor en Oaxaca. Ahí participó en la Comisión Política de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el 17 de noviembre de 1997 fundó, junto con varios de sus compañeros, el CIPO-RFM. “Desde ahí fue creciendo mi participación” política, pues, señala, “me tocaba estar al frente de las negociaciones” con las autoridades de Oaxaca.
Comenta que, debido a su activismo, empezó a sufrir amenazas y atentados. “En la época en que Diódoro Carrasco fue gobernador de Oaxaca, sufrí el primer intento de asesinato: me dieron un balazo en el estómago”.
Después, el 23 de abril de 1998 –ya durante la administración estatal de José Murat–, la policía realizó un operativo en el que detuvo a 106 miembros del Consejo Indígena. Entre ellos se encontraba Gatica. Fue encarcelado durante cuatro meses.
Luego, de 2001 a 2004 se incrementaron en su contra tanto las amenazas como los intentos de asesinato. En diciembre de 2004, Ulises Ruiz tomó posesión como gobernador y unos días después ordenó el desalojo del plantón que el CIPO-RFM mantenía en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Gatica dice que entonces se ocultó y pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar de protección. Ésta le fue concedida, pero –afirma– el gobierno mexicano simplemente no la aplicó.
La situación se precipitó. “Las amenazas eran diarias y los disparos (en su contra) eran casi diarios también”, recuerda. Gatica indica que salió del estado, pero sus compañeros del CIPO-RFM le dijeron que “la situación ya era insostenible”. Tuvo que salir del país.
Así, en junio de 2005 viajó a Canadá. “Me fui solito. Llegué y les dije (a las autoridades migratorias canadienses) quién era”. El 7 de julio de ese año tramitó su solicitud de refugio, la cual fue aceptada un día después.
El procedimiento de refugio establece que el IRB debe en primer lugar estudiar la petición de refugio. Si ésta es aceptada, un tribunal fija audiencia para analizar el caso. Después determina si concede al solicitante o no la protección del Estado canadiense. Por último, si el fallo del tribunal es positivo, comienza un largo proceso burocrático para obtener la residencia y los documentos correspondientes.
Gatica Bautista dice que fue “afortunado” porque el tribunal fijo su audiencia para diciembre de 2005, tres meses después de haber ingresado a Canadá, y obtuvo el refugio un mes después, en enero de 2006. Sin embargo, su estatus de residente aún está pendiente.
Concluye: “Mi felicidad será completa cuando vuelva a México. Porque voy a volver. Los tiranos se van, más temprano que tarde. Ellos van a ser tiranos seis años; nosotros, ciudadanos toda la vida”.
Otro caso es el de Óscar Carrillo, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En entrevista con Proceso, Carrillo cuenta que participó en el movimiento estudiantil de la UNAM. En 1999, al estallar la huelga en esa institución, varios medios de comunicación lo señalaron como uno de los dirigentes estudiantiles. Recuerda que “su fotografía fue utilizada” para acusarlo a él y a sus compañeros de “cometer un delito por colocar las banderas de huelga”.
“Luego –prosigue–, personas vestidas de civil que se transportaban en automóviles sin placas comenzaron a vigilar la casa de mis padres. Después incluyeron mi nombre en el grupo de personas que modificaron el mural Siqueiros, El derecho a la cultura.”
Carrillo relata que en vísperas de que la Policía Federal Preventiva desalojara a los estudiantes en huelga de la UNAM, “intentaron entrar unos porros mientras cuidábamos las barricadas”. Cuenta que “unas siete personas armadas me siguieron e intentaron detenerme. Traté de escapar y me escondí debajo de un automóvil. Hasta ahí llegaron y me golpearon con las armas largas que llevaban. Por suerte pasaron unos periodistas de Canal 40”. Los agresores guardaron sus armas y trataron de justificarse con los periodistas. Incluso les mostraron una supuesta orden de aprehensión en su contra, pero, dice, los papeles que mostraron tenían el nombre de otra persona. Finalmente, los agresores se fueron.
El 6 de febrero de 1999 –el día del desalojo en la UNAM–, Carrillo se encontraba en el campus universitario. “Me desperté con la gran sorpresa de que estaban los militares. Pero logré escaparme”, comenta. Fue entonces que tuvo que decidir si se entregaba a las autoridades o se fugaba. Optó por la segunda.
“Todo mundo sabe que el gobierno mexicano facilita la salida del país de los activistas. Es lo mismo tenerlos en la cárcel o en el exilio”, dice Carrillo.
Compró un boleto de avión hacia Canadá y el 20 de marzo de 2000 llegó a Montreal. Cinco meses después obtuvo el estatus de refugiado. “El problema vino con la residencia –dice–. Dentro de los derechos del refugiado se encuentra establecido el de la participación política… Pero la realidad es distinta”.
Y es que Óscar se adhirió a las organizaciones políticas que en 2001 protestaron contra la Cumbre de las Américas en la ciudad de Quebec. Cuando asistió a la audiencia en la que se le concedería la residencia, oficiales de la policía acudieron también al tribunal y le hicieron “un interrogatorio policiaco”. Le preguntaron, dice, sobre su pasado político en México y fundamentalmente sobre sus actividades en Canadá. “Quisieron hacerme delator, me preguntaron de todo acerca del movimiento canadiense”. Todo esto retrasó los trámites y sólo hasta 2006 pudo obtener su residencia.
Polleros canadienses
Mauricio Zaleta es oriundo de Veracruz. Llegó a Montreal en 2003 después de que en México fue objeto de discriminación laboral y agresiones físicas por su condición de homosexual. Zaleta aún no consigue el estatus de refugiado.
En entrevista con Proceso, dice que existe una red de personas que se dedican a traer a mexicanos a Canadá utilizando los trámites de refugio. Se trata, dice, de “un negocio” en el que participan canadienses, sobre todo abogados, así como mexicanos que ya tienen la residencia en este país. Evidentemente, comenta, estas personas se hacen cargo de “casos de falsos refugiados”, o bien “de refugiados económicos, pues la pobreza te obliga a escapar de tu tierra”.
Cuenta: “Hay una mujer mexicana que se dedica a este negocio en Montreal. Recibe a la gente en un McDonald’s, a plena luz del día. Todo mundo lo sabe”.
Zaleta comenta que esta mujer “acompaña a los supuestos refugiados en todo el trámite. Les cobra de 5 mil a 10 mil dólares”.
“Está claro dónde está el negocio (…) Son viles polleros”, dice.
Así, tanto los migrantes económicos como los que realmente necesitan refugio, corren el riesgo de caer en manos de estas mafias.
Francisco Sánchez Serrano y su esposa trabajaban en las oficinas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en Guadalajara. Esta institución sufrió un recorte de personal y ambos fueron despedidos. Sánchez dice que les fue imposible encontrar “un trabajo digno” en México. El matrimonio decidió emigrar a Canadá. Arribó a Toronto en mayo de 2002. “Al llegar nos enteramos de que podíamos pedir refugio (…) Nos dijeron que no era nada descabellado solicitarlo”. Al fin y al cabo, nos dijeron, podrían pasar hasta cuatro años entre la petición de refugio y una primera respuesta, la cual puede apelarse más de una vez.
En el IRB la pareja argumentó que había tenido problemas en el INEGI. Les dije que “a mi esposa la estaban hostigando”, recuerda Federico. Las autoridades canadienses le negaron el refugio. Interpusieron recursos para apelar la decisión. Tampoco lo lograron. El IRB les entregó una notificación para que se presentaran en el aeropuerto de Toronto el 13 de abril de 2006. Allí, los funcionarios canadienses les entregaron un boleto de avión de regreso a México.
Según Istvanffy, “en cualquier movimiento de refugiados hay gente que se aprovecha”. Sin embargo, se niega a hablar del tema porque, dice, “no quiero ayudar al gobierno de Canadá y al gobierno de México en su política de represión, pues la campaña de propaganda es que aquí todos los casos de refugiados mexicanos son falsos”. El abogado afirma que ello ocasiona que muchos mexicanos con casos “muy fuertes” de persecución o de discriminación “sean rechazados, porque el gobierno de Canadá quiere apoyar lo que pasa en México”.
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ADS, nueva arma para escenarios futuros
25 marzo 20071 commento
El presente articulo fue publicado en el semanario mexicano Proceso, el día 26 de marzo de 2007
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ADS, una sigla aparentemente inocua, que puede representar el futuro de la gestión de conflictos militares y sociales de masa. Es un arma y se le llama Active Denial System: una parábola de metal, montada en el techo de humvee y que, según explican, dispara rayos en altísima frecuencia que golpean al objeto, un ser humano. El resultado es una fuerte sensación de calor, tan tremenda de inhibir la persona y obligarla a salir del haz del rayo. Una reacción instintiva. Según los expertos del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea y los de la Dirección del Conjunto de Armas No Letales, ambas dependiente del Departamento de Defensa de EU, con esta arma “se provee a nuestros soldados de una extraordinaria capacidad, una arma no letal de mayor alcance de las tradicionales”. Un rayo de energía a 95 GHz de frecuencia es disparado hacia el sujeto. La piel es penetrada por 0.03 centímetros, lo suficiente para estimular los neuroreceptores que transmiten inmediatamente una fuerte sensación de calor. Como las microondas que calientan la comida, el rayo del ADS penetra las moléculas de agua presentes en la piel del ser viviente, llevándolas a una temperatura de alrededor de 50 C. La sensación que deriva es similar a la de una quemadura, pero en todo el cuerpo. Y como el horno de microondas, no deja rastros ni quemaduras algunas. Simplemente calienta. Así las cosas, el ADS se perfila como la nueva arma capaz de disuadir antes que eliminar el peligro advertido. Un arma que despierta no sólo los intereses de los países actualmente en guerra, EU antes que todos, sino que también genera dudas y criticas, por parte de la comunidad científica internacional. Aún callan las organizaciones de derechos humanos.
Del ADS se conocen las informaciones oficiales, mismas que se han ofrecido en la presentación pública que se llevo a cabo el pasado 24 de enero en las instalaciones de la Base Aérea de Moody, en Georgia, Estados Unidos. En esa ocasión, los periodistas presentes han podido asistir a pruebas reales de empleo del ADS. En la simulación presentada (los videos se publicaron en Internet), se aprecia un grupo de personas (todos ellos voluntarios, según la versión proporcionada por el Departamento de Defensa) con actitudes hostiles que se acerca a los camarógrafos. Repentinamente brincan, se descomponen, la mayoría se escapa en la dirección de la que procedían. Ningún ruido, tan solo las risas de los camarógrafos. Ninguna consecuencia inmediata, nada de dolor después de la exposición al rayo, nada de lagrimas o sangrados. Nada de quejas. Más alegre es el video en que se observa el periodista Elliot Minor, de AP, que lanza un pequeño grito y una larga carcajada.
En efecto, los estudios realizados acerca de las consecuencias médicas del ADS, todos documentos públicos excepto unos cuantos, demostrarían la ausencia de consecuencias directas de la nueva arma en la salud de las victimas. No provoca quemaduras ni daños visibles. Además, estaría demostrado que tampoco causa daños de largo plazo en la salud del ser humano. Una vasta red de científicos y médicos, encargados por parte del Departamento de Defensa de llevar a cabo investigaciones independientes relativas al efecto sobre la salud de los rayos emitidos por el ADS, publicó sus conclusiones: “hay un bajo riesgo de daños por la exposición de los rayos de ADS. El estudio averiguó que hay un muy bajo riesgo de daños a los ojos, así como que no hay evidencia alguna de que el rayo de microondas provoque el cáncer”. Por el otro lado pero existen varios investigadores que ponen en duda la seriedad de los estudios realizados, sobre todo por lo que concierne los efectos en el sistema nervoso central, ampliamente estimulado por la exposición a los rayos. Ya en el pasado otras armas clasificadas de no letales, como el gas CR o el mismo difundidísimo Taser, han demostrado no cumplir siempre con su mandato, es decir inmovilizar pero no matar. Steve Wright, de la Metropolitan University de Leed en Inglaterra y miembro de la Omega Fundation, advierte que poco se han investigado los daños a los ojos que pueden provocar estos rayos, así como no se puede aún afirmar con certeza la falta de consecuencias en el código genético de las personas afectadas y concluye: “si las empresas no aceptarán de dedicar parte de su inversión en una clausula de garantias médicas de aquí a los próximos treinta años, tendríamos que poner en duda lo que dicen acerca de los efectos a la salud”.
Pero quizás, las mayores implicaciones y de más difícil interpretación, son las relativas al utilizo de este tipo de armas. Según la Dirección de Armas No Letales, “el ADS suportará una vasta gama de misiones en tiempo de paz y en tiempo de guerra: metodos no letales para la dispersión de masas y muchedumbres, seguridad en los puestos de control, seguridad perimetral, áreas restringidas, protección de puertos e infraestructuras, y aclaración de intenciones (identificación de amigo y enemigo)”. No cabe duda en efecto de que el ADS responde a la inmediata exigencia de tener los instrumentos adecuados a los nuevos escenarios de guerra, como son claros ejemplos las calles de Bagdad o los valles de Afganistán en estos últimos años. Masas de gente inconformes o simplemente presentes entre las cuales grupos organizados o supuestos enemigos se pueden esconder para llevar a cabo acciones hostiles. John Wood, de la Facultad de Sicología del University College de Londres, admite estas posibilidades, pero alerta acerca de la posibilidad de utilizar estos instrumentos en contra de las manifestaciones de inconformidad en contra de un gobierno y concluye: “el peligro psicológico es que la gente deje participar en las manifestaciones de masa en contra de un gobierno”. A su vez Steve Wright la define “un arma que induce autodisciplina, en el sentido de quien es golpeado se aleja de la zona controlada”. Los peligros, afirman los dos investigadores por separado, están ligados a cuestiones éticas y, evidentemente, políticas. “En la Conferencia Internacional sobre Armas No Letales del marzo de 2005, empresas estadounidenses y rusas traían las mismas imágenes de los experimentos efectuados con el ADS […]. Tememos que los experimentos se estén llevando a cabo en contra de poblaciones civiles en áreas del planeta menos protegidas en el ámbito de los derechos humanos”, reflexiona Steve Wright. Al mismo tiempo, advierte el peligro de un arma de disuasión masiva contra la cual es difícil oponerse, aunque sea por vías legales. “¿Cómo demostrar que me quedé ciego por el rayo del ADS?”, es la pregunta que pone el investigador, “¿a quién denunció en ese caso?”. Preguntas como esta abren el paso a más dudas acerca del uso político que se le puede dar al ADS, no sólo en el control de la plaza (el llamado efecto “good bye”), con evidentes riesgos en el campo del ejercicio de las libertades democráticas, sino también en la legítima duda de quienes serán los que utilizarán estas armas. Por un lado en efecto cabe la posibilidad de los abusos de que puede ser instrumento el ADS, como por ejemplo el utilizo indiscriminado sobre objetivos distintos a los los indicados o el mismo utilizo para fines de tortura. Por el otro lado queda la duda del rol del Estado y de las empresas privada en este que representa de converso un negocio más del Complejo Militar Industrial estadounidense. 40 millones de dólares se han canalizado al proyecto el año pasado, cifra que se repartieron no sólo las agencia militares, sino que también tres grandes empresas: la Raytheon AET en Rancho Cucamonga, California, la CPI (Communications and Power Industries) en Palo Alto, California, y la Veridian Engineering en San Antonio, Texas.
Por lo pronto queda claro que el despliegue en el campo de batalla, anunciado para finales de 2005, se tuvo que posponer hasta el 2010. Sin embargo, como suele suceder en la industria bélica estadounidense, el Gobierno de EU, a través de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), autorizó el 22 de septiembre de 2004 a la Raytheon la construcción de un modelo comercial del ADS. Se llama Guardián Silencioso y ya está a la venta en el mercado global de las armas. Es un hermano menor del ADS, de menos potencia, y es ofrecido cual solución al mantenimiento de áreas despejadas y protección de instalaciones. ¿Quién lo comprará para utilizarlo cómo? Estas preguntas surgen naturalmente frente a la aparente facilidad en conseguir un instrumento de tal magnitud. John Wood va aún más allá y plantea: “Es la solución preventiva a las consecuencias que este sistema está generando, es decir cientos de millones de personas dezplazandose en el mundo. El control de esas masa puede bien ser confiado al ADS”.
