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Campaña de desprestigio contra expertos de la CIDH – Fabrizio Lorusso para Noticias Aliadas – Gobierno anuncia que no renovará mandato de expertos internacionales que investigan desaparición de estudiantes de Ayotzinapa.

La crisis de los derechos humanos en México es dramática. Según cifras oficiales, hay más de 27,000 desaparecidos y aunque el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa logró romper el silencio mediático sobre esta situación, es una espina clavada para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

A un año y medio de la “noche de Iguala”, en la que policías municipales de Iguala y Cocula, en el estado de Guerrero, ejecutaron extrajudicialmente el 26 de setiembre del 2014 a seis personas, secuestraron a 43 estudiantes de la escuela normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y los entregaron a presuntos narcotraficantes, se desconoce el paradero de los normalistas desaparecidos y el gobierno exhibe afán por dar carpetazo al caso.

El Estado mexicano no ha reconocido sus responsabilidades, pese a que investigaciones periodísticas rigurosas, basadas en evidencias audiovisuales y testimonios directos, mostraron que hubo un operativo de las autoridades en contra de los estudiantes. Lo mismo reveló el informe de setiembre del 2015 del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un equipo altamente calificado de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que apoya las investigaciones oficiales.

El informe describió una agresión “masiva, en ascenso, desproporcionada y sin sentido” en la que participaron no sólo agentes municipales e integrantes del cártel del narcotráfico Guerreros Unidos, sino también las Fuerzas Armadas y la Policía federal, que fueron  tolerantes y actuaron con negligencia frente al crimen. Además mostró que la Procuraduría General de la República (PGR) descartó la línea de investigación sobre uno de los cinco autobuses que habían tomado los estudiantes y que al parecer transportaba heroína sin su conocimiento. El ataque en su contra, entonces, pudo haber sido motivado por la carga.

El GIEI pidió entrevistar a los militares del 27º Batallón en Iguala que estuvieron presentes durante la persecución, pero el gobierno lo prohibió y hasta la fecha ha defendido la actuación del Ejército, mientras que la PGR ha negado el involucramiento de autoridades federales y no ha abierto ninguna investigación al respecto.

La labor del GIEI y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) desmontó la “verdad histórica” sobre los hechos, presentada en enero del 2015 por el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien sostuvo que los normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río San Juan.

Respaldo a expertos
El intento por cerrar prematuramente el caso fracasó y la investigación oficial estuvo plagada de incoherencias e irregularidades. No se ha podido dar con el paradero de los estudiantes, ni satisfacer las exigencias de justicia y verdad de la sociedad civil.

El 22 de marzo los familiares de los 43 normalistas solicitaron una prórroga del mandato del GIEI para que siga investigando sobre el caso. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha reiterado que el trabajo de los expertos finalizará el 30 de abril y no habrá prórroga.

“En lugar de estar discutiendo el plazo necesitamos conclusiones”, dijo Osorio Chong en entrevista con Radio Fórmula. “No encontramos una línea diferente a la que se ha estudiado por parte de la PGR”.

En cambio, Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, ha mostrado apertura para un nuevo mandato y tratará el asunto con el gobierno en las audiencias del 157º periodo ordinario de sesiones de la CIDH  que finaliza el 15 de abril.

“Hemos recibido comunicación de parte de las organizaciones que representan a los estudiantes solicitando la continuación, pero ninguna notificación del gobierno mexicano”, detalló Álvarez.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal presentó el 15 de marzo una denuncia penal contra Álvarez Icaza por un presunto fraude al Estado mexicano. El presidente de esta asociación civil afín al gobierno, José Antonio Ortega, alega un prejuicio económico relacionado con el trabajo del GIEI, ya que la CIDH, según Ortega, no respetó el compromiso de enviar “a México como expertos a personas probas”, siendo que “los cinco integrantes del GIEI son todo lo contrario”.

Además de acusar a la fiscal colombiana Ángela Buitrago, la fiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz y al médico español Carlos Beristaín, integrantes del GIEI, de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos, Ortega sostiene que el equipo “no ha cumplido con los compromisos que la CIDH adquirió con el gobierno de México (…) Los ‘expertos’ no han hecho la más mínima contribución a la localización de los desaparecidos y al esclarecimiento de los hechos”.

La CIDH manifestó “consternación y considera inadmisible la apertura de una averiguación previa con base en esta denuncia temeraria e infundada”.

Tras las reacciones ante las acusaciones, el 5 de abril la PGR determinó el no ejercicio de la acción penal contra Icaza.

Nuevo peritaje
Sin embargo, a la presión mediático-judicial contra Icaza y el GIEI se suma a la “campaña de desprestigio total y despiadada desde una posición de fuerza y medios de comunicación”, tal como ha denunciando el estudiante de Ayotzinapa Omar García, sobreviviente del ataque.

En este contexto, la PGR difundió el 2 de abril el tercer peritaje de fuego en el basurero de Cocula, realizado por el Grupo Colegiado de Expertos nombrado en febrero pasado por la procuraduría. El estudio, aún no concluido, indica “evidencia suficiente” de que hubo un “fuego controlado de grandes dimensiones y al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados en el lugar”.

En un comunicado el GIEI ha denunciado la violación del acuerdo de confidencialidad que tenía con la PGR, lamentando “esta forma de cambiar la dinámica de diálogo y consenso” y las “decisiones unilaterales” sobre la difusión del documento.

Los forenses argentinos del EAAF comentaron que “no hay una respuesta concluyente” sobre la incineración de los 43 estudiantes. Su peritaje, presentado el 9 de febrero, confirmó que en el basurero había huesos de 19 personas. Sin embargo, es imposible determinar las fechas de calcinación que probablemente se refieren a distintos eventos. Hasta hoy sólo los restos del normalista Alexander Mora fueron identificados, pero se hallaron en una bolsa a orillas del río San Juan, no en el basurero. Este nuevo peritaje de la EAAF “no afirma ni niega la hipótesis de la PGR”.

En los últimos cinco años se han registrado más de 300 desaparecidos y la existencia de decenas de fosas comunes en Iguala. A raíz de ello se creó el comité de búsqueda de los “Otros Desaparecidos”.

Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa anunciaron el reinicio de las movilizaciones callejeras en Ciudad de México y Guerrero a partir de abril.

En declaraciones recogidas por los medios, Vidulfo Rosales, vocero de los familiares, señaló que “el estudio [de la PGR] es muy pobre. El gobierno de Enrique Peña Nieto insiste en que el caso Ayotzinapa se quede en la impunidad. Ante esto ya hemos tomado las medidas necesarias y las movilizaciones correspondientes para expresar nuestro rechazo”. —Noticias Aliadas.

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