En 26 y 27 de setiembre, en más de 100 ciudades del mundo se realizaron actos de protesta, marchas y actividades demandando verdad y justicia para los 43 estudiantes y sus familias, las que han encabezado un movimiento social incansable y en el último año han realizado caravanas en Europa, EEUU y Sudamérica.
“Reiteramos que la verdad y la justicia son una demanda irrenunciable y que el castigo a los culpables, a todos los culpables, nacerá de la lucha de abajo”, sentenciaron el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) en un comunicado previo a las movilizaciones.
En unos 30 países se proyectó el documental “Mirar morir. El Ejército en la noche de Iguala”, dirigido por el cineasta mexicano Coizta Grecko con guión de Témoris Grecko, quienes destacan el papel de las Fuerzas Armadas en varios momentos clave del ataque contra los normalistas.
“¿Dónde están? ¿Qué les pasó? El no saber es el castigo más cruel. Recuerde que toda vida humana es sagrada; no sólo la de sus amigos”, dijo el fundador de la banda británica Pink Floyd, Roger Waters, en un concierto que dio el 28 de setiembre en la capital mexicana, dirigiéndose al presidente mexicano Enrique Peña Nieto.
“Verdad histórica”
Según datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), entre el 2007 y diciembre del 2015 la cifra acumulada de desaparecidos a nivel nacional alcanza a 27,887, de ese total 48% corresponde al mandato de Peña Nieto.
La versión oficial del caso Iguala-Ayotzinapa, formulada en enero del 2015 por el entonces procurador general Jesús Murillo Karam, quien incluso la elevó al rango de “verdad histórica”, afirma que integrantes del cártel del narcotráfico Guerreros Unidos se habrían encargado de incinerar a los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, después de que los policías municipales, coludidos con los delincuentes, se los habían entregado. En la tarde del 27 de setiembre, los criminales habrían guardado los restos de los normalistas en bolsas de plástico y las habrían tirado al cercano Río San Juan. La PGR no ha establecido responsabilidad de los integrantes de la Policía Federal y del Ejército que estuvieron presentes en el lugar de los hechos.
Sin embargo, las investigaciones realizadas en el 2015 y 2016 por los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), por grupos de periodistas independientes y por los miembros del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), han cuestionado substancialmente el informe de la PGR y han contribuido a abrir nuevas hipótesis y a evitar que el caso fuera cerrado antes del tiempo.
Según el informe final del GIEI de abril pasado, en la “noche de Iguala” se realizó un verdadero operativo de persecución en contra de los estudiantes durante varias horas, en el que actuaron no sólo las policías locales, sino también la federal, la estatal, la ministerial y las Fuerzas Armadas en “perfecta coordinación” e informadas “en tiempo real” de los ataques.
“Los indicios van a salir poco a poco pero lo que se sabía desde el inicio es que la documentación por contexto nos permite afirmar que el Ejército tuvo el papel de contención para que se realizaran el operativo y las violaciones”, explica a Noticias Aliadas Francisco Cerezo, defensor de derechos humanos del Comité Cerezo México.
“La documentación de contexto es cuando no tenemos los elementos directos, como un testigo que lo haya visto, pero por la forma del operativo podemos reconocer patrones de comportamiento en violación a derechos humanos”, precisa Cerezo.
Numerosos testimonios de presuntos delincuentes detenidos en el 2014 por los hechos de Iguala, de los cuales 130 aún quedan encarcelados sin sentencia, fueron obtenidos mediante tortura e invalidaron los resultados de la investigación.
Conspiración del silencio
Distintos estudios han demostrado que es imposible calcinar 43 cuerpos según las modalidades descritas por los detenidos y contenidas en el expediente oficial. El GIEI señaló que la PGR dejó a lado una línea de investigación importante sobre uno de los autobuses que habían tomado los estudiantes y que, sin que ellos supieran, pudo haber estado cargado de heroína y haber desatado la cacería de policías corruptos y narcotraficantes contra los normalistas.
Finalmente, de las actas del expediente oficial resulta que el celular del normalista Julio César Mondragón —uno de los seis asesinados en Iguala— le fue robado y hasta abril del 2015 fue utilizado para hacer llamadas. Es lo que descubrió Francisco Cruz, autor del libro La guerra que nos ocultan sobre el caso de los 43 junto con los periodistas Félix Santana y Miguel Ángel Alvarado.
Según Cruz, los rastros de ese teléfono llevan a las oficinas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y al Campo Militar Nº 1, en Ciudad de México. Existe una “conspiración del silencio” para proteger a las Fuerzas Armadas, asegura.
Crecen, entonces, las presiones hacia la PGR y el Ejecutivo. El pasado 21 de setiembre, Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, insistió que el caso no se cierre.
“No puede quedar impune, el caso no está esclarecido, no hay garantía de que todos puedan ser castigados”, manifestó.
Tras la negativa del gobierno a renovar el mandato del GIEI en abril, la CIDH anunció la implementación de otro mecanismo de seguimiento a las recomendaciones de los expertos a las autoridades mexicanas. Desde el 9 de setiembre, vigila la aplicación de las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes identificados como desaparecidos.
“Es positivo porque pese a que el Estado mexicano incluso corrió al GIEI, se mantiene la vigilancia por parte de una instancia internacional para que trate de cumplir las recomendaciones”, precisó Cerezo. —Noticias Aliadas.
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