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“A Adán le encantaban las quesadillas de flor de calabaza. Comerlas iba más allá del deleite del sabor delicado, casi imperceptible de la flor, combinado con esa amargura del epazote y lo crujiente de la masa dorada al comal. El sabor era sólo una parte del festín”.

Hoy, más que nunca, la memoria y la lucha de quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos son reservas morales contra la impunidad y el silencio. Hay más de 100,000 personas en México y 3,800 en Guanajuato cuya ausencia es una herida abierta y que deben ser buscadas. Independientemente de las cifras y los registros, es un hecho que miles de familias, de nueva cuenta, tendrán sillas vacías en sus mesas durante estas fechas tan importantes y simbólicas. Es el vacío de la violencia sufrida, de la ausencia indecible y de la indiferencia social e institucional.

Para contrastarlo y denunciarlo desde las cocinas, corazones pulsantes de los hogares mexicanos y de los recuerdos más queridos de quienes fueron desaparecidos en estos años de guerra, 74 mujeres buscadoras de Guanajuato, integrantes de diez colectivos e independientes, ofrecieron su testimonio, sus imágenes, sus recetas, su cariño y su esperanza para un proyecto editorial, gastronómico, fotográfico y social: El Recetario para la Memoria Guanajuato, coeditado por la Universidad Iberoamericana León, vio la luz en 2023 y tiene como antecedente el Recetario para la Memoria Sinaloa, un proyecto realizado en 2020 con el colectivo de las Rastreadoras de El Fuerte y encabezado por la fotógrafa Zahara Gómez Lucini.

La versión Guanajuato del recetario es para una Navidad de dignidad y contra el olvido. Las ganancias van enteramente a favor de las colectivas buscadoras del estado. Puede pedirse en la página  www.recetarioparalamemoria.com pero también se encuentra en Amazon, librerías Gandhi, FCE, y publicaciones universitarias de la Ibero CDMX, Ibero León, Ibero Puebla, e Iteso de Guadalajara.

El libro huele a memoria viva y resistencia colectiva en que se mezclan la sabiduría de la cocina popular y el arte culinario, capturado por la cámara impecable de Zahara Gómez y los textos de la periodista y escritora Daniela Rea. Es el resultado de un gran esfuerzo conjunto, pues, además de las integrantes de los colectivos, participaron la coordinadora del proyecto, Alejandra Díaz, defensora de derechos humanos e integrante del colectivo Buscadoras Guanajuato, la diseñadora Clarissa Moura, y varias organizaciones como Artículo 19, la misma Ibero León, la Imprenta Panorama, la red de Periodistas de a pie, Open Society, y el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC), a través de la vertiente Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales, 2021.

En Guanajuato, de donde surgió la necesidad de visibilizar la problemática de la violencia y la resistencia de las familias, el sistema de procuración de justicia y el Poder Judicial fracasan en su papel de garantes del estado de derecho, de la protección y la convivencia social, ante el desbordamiento de crimines de alto impacto y violaciones graves a los derechos humanos en la entidad.

El 16 de agosto pasado la fiscalía y el Poder Judicial del estado frustraron la Justicia en el caso de Javier Barajas, asesinado el 29 de mayo de 2021 en su pueblo natal, Salvatierra, por buscar y encontrar a su hermana, Lupita, en una fosa común. El juez absolvió a los imputados, dando un terrible mensaje de impunidad e indolencia hacia las víctimas, lo que pone en riesgo a la familia Barajas y a todos los colectivos de búsqueda de Guanajuato. Allí, decenas de buscadoras viven desplazadas o amenazadas y seis personas fueron asesinadas por el hecho de buscar en tan solo tres años.

No hay justicia ni reparación para ellas, ya que no hay sentencias y el Estado no reconoce sus responsabilidades, abonando a la repetición impune de las violencias.

En octubre de 2020, el pueblo mágico de Salvatierra se volvió epicentro de dolor e indignación por el hallazgo de 80 personas inocentes, enterradas ilegalmente en un predio muy cercano al centro, mismo que había sido utilizado durante años por los perpetradores como un sitio de exterminio, sin que ninguna autoridad supuestamente lo detectara o resolviera intervenir.

Frente a la persistencia de las redes criminales y las tergiversaciones del gobierno estatal, el colectivo local, Ángeles de Pie por Ti, lucha por la creación de un jardín de la memoria, la no repetición y la justicia, por un espacio de vida que rescate y proteja aquel sitio, que dignifique a las víctimas, sensibilice a la sociedad y promueva la búsqueda de quienes aún faltan. Mientras esperan respuestas y acciones concretas por parte de las autoridades, que lamentablemente voltean la mirada para otro lado, las familias trabajan la memoria dolorosa del pasado para afrontar un contexto sombrío, sembrar luz y esperanza, y construir presentes dignos para todos y todas.

Se trata tan solo de algunos ejemplos de las tantas batallas por la memoria y la dignidad que llevan a cabo familiares y colectivos en el estado. Este, desde 2018, ostenta el triste récord de homicidios dolosos y más de quinientas personas han sido recuperadas en centenares de fosas comunes ilegales, gracias al empuje que dieron a las búsquedas de campo las 23 agrupaciones guanajuatenses creadas en estos años.

Ahora, a través de la cocina y la memoria, contra la soledad y el olvido en esta Navidad, tenemos el Recetario, hasta encontrarles. 

“La otra parte era despertar todos los sábados y subir con su mamá y sus hermanas al cerro que se elevaba más allá de su casa, un cerro que ellos bau­tizaron como “La colina”. Subir, trepar a los árboles, escuchar a los pájaros y recolectar flores de calabaza que crecían silvestres en el camino. Flores que luego rellenarían las tortillas que María Elena Rodríguez había torteado”.

ADÁN ZAVALA RODRÍGUEZ. Fue desaparecido el 25 de agosto del 2019, tenía 30 años. Su cuerpo fue encontrado 16 meses después. Su madre Ma. Elena Rodríguez, del colectivo ¿Dónde están? Acámbaro, acompaña a otras mujeres a encontrar a sus amores, en homenaje a Adán.

De Fabrizio Lorusso – SinEmbargo.Mx

En la mañanera del 14 de diciembre el jefe de gobierno de la CDMX, Martí Batres, y la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, presentaron la metodología y los resultados derivados de la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Esto se da después de la aplicación, durante gran parte del 2023, de una estrategia de búsqueda generalizada, fundada en el cruce masivo de numerosas bases de datos oficiales a nivel estatal y federal.

El llamado “censo” casa por casa y el cruce de datos previo, trabajados por la Secretaría de Gobernación, la del Bienestar y la Comisión Nacional de Búsqueda, han sido objeto de múltiples señalamientos por parte de colectivos de familiares, organizaciones de la sociedad civil, de la Onu y de periodistas de investigación.

Las críticas apuntaron a la falta de transparencia y de participación de las víctimas en su realización, a casos documentados de revictimización de las familias y a su incompatibilidad con los protocolos vigentes, particularmente porque los servidores de la nación fueron los principales funcionarios encargados de las visitas y verificaciones en campo. Asimismo, la ex comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana, sostuvo en las últimas semanas, tras su salida de la institución por este mismo motivo, que la operación estaba dirigida a reducir las cifras y a borrar a las y los desaparecidos del registro por razones políticas.

A reservas de poder analizar más a fondo los datos que recién presentaron las autoridades en la conferencia de prensa, aventuro unas interpretaciones preliminares.

Eran 110,964 (100% del total) los registros que se tenían de 1962 al 22 de agosto de 2023 en el RNPDNO (Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas). Después del reordenamiento generalizado de los datos y de las búsquedas de campo individualizadas, aun con las criticidades que fueron denunciadas y que no han quedado aclaradas en la misma rueda de prensa, se tienen los siguientes resultados:

1. 16,681 (15%) personas localizadas con prueba de vida;
2. 17,843 (16%) ubicadas en los registros, todavía no con prueba de vida;
3. 26,090 (24%) registros sin datos suficientes para identificar (pero sí para seguir buscando, por lo que se pide colaboración a la ciudadanía);
4. 36,022 (32%) registros sin indicios para la búsqueda, por lo que igualmente se pide apoyo a la ciudadanía;
5. 12,377 (11%) confirmaciones de desaparición;
6. 1,951 (2%) registros duplicados.

A partir de lo anterior, si bien se anunció que ninguno de estos registros será eliminado, el RNPDNO, que finalmente debe de registrar sólo las personas que tienen estatus de desaparecidas y/o no localizadas, podría quedar en algún momento con una cifra menor, equivalente a 92,332 personas. O sea, mostraría una baja de aproximadamente el 17% (el 15% de las personas consideradas como “localizadas”, y el 2% que son registros duplicados).

Esta cifra no consideraría las cerca de 3,000 personas que, después del 22 de agosto, han sido incorporadas a dicho registro como nuevas desapariciones. De todos modos, la baja representaría un avance para la confirmación del registro y la localización de personas, pero, como mínimo, debería revisarse su validez, la conformidad con los protocolos, y mecanismos de incorporación de las familias.

Por otro lado, en la segunda categoría que arrojó esta metodología, a saber, personas ubicadas de las cuales no ha sido comprobada “materialmente” la localización, pareciera resultar cuando menos posible o factible que se dé con su paradero en el futuro con los datos a disposición. Aun así, todo dependerá de las capacidades y las voluntades del conjunto de instituciones involucradas en las operaciones de búsqueda e identificación a lo largo de la geografía nacional y de la incorporación cabal de los nuevos casos. Asimismo, el esfuerzo deberá complementarse con los mecanismos de identificación forense y de búsqueda en panteones ministeriales y municipales. Al respecto, aún son incipientes o inexistentes las políticas de coordinación intergubernamental y regional en materia de búsqueda, investigación e identificación.

Avanzando un poco, se observa que el 56% del total de los registros que se tienen en las categorías 3 y 4 (24% Y 32%, respectivamente) son incompletos o inidóneos. Lo anterior delata el gran desaseo institucional, especialmente de las fiscalías, que denuncian desde siempre las familias, en las fases de toma de datos y carga en las plataformas. Por otra, sugiere que deben perfeccionarse las plataformas y modalidades de reporte ciudadano independiente.

En la categoría 3, la información disponible no bastaría para identificar a la persona buscada, pero sí para seguir buscando. En la categoría 4, la situación es más grave, pues no hay información suficiente para comenzar una búsqueda mediante algún indicio útil. Para estas situaciones fue extendida a la ciudadanía una solicitud de cooperación. Sin embargo, en estos casos, además de pedir una colaboración colectiva, es deber de las autoridades de todos los niveles esclarecer, completar y recuperar las fuentes originarias y la información necesarias para que todas estas personas puedan ser registradas y buscadas inmediata y correctamente.

Finalmente, en el 11% de los casos se habló de “confirmación de las desapariciones”. El etiquetado o nombre de esta categoría es algo ambiguo, pues, mediante una suerte de deslice semántico, se tiene la sensación de que los casos de las otras categorías utilizadas no sean propiamente “desapariciones confirmadas”, sino simplemente “en trámite” o “en fase de análisis o cotejo”. En este sentido, queda la impresión de que tan solo este 11% residual se considere realmente “desaparecido” para todos los efectos. Las personas desaparecidas dentro de esta categoría, entiendo, tienen registro y datos completos, pero en la búsqueda generalizada masiva en bases de datos no se ha podido dar con ningún indicio sobre su paradero.

Si la verificación de los datos y los métodos presentados en la mañanera podrá ser validada socialmente y explicada más a detalle, puede que el urgente proceso de reorganización del registro nacional esté comenzando a dar resultados interesantes y positivos para la comprensión de los diferentes tipos de desapariciones en el país y de la calidad de la información realmente disponible para la búsqueda de las personas. Sin embargo, su arranque fue accidentado y justamente cuestionado por el nulo involucramiento de las víctimas indirectas en el proceso, entre otros problemas, lo cual mina el principio de participación conjunta, las buenas prácticas internacionales y la confianza hacia las instituciones.

Martí Batres mostró también una gráfica de las presuntas causas de las desapariciones, con base en la información sobre el total de las personas localizadas desde que se tiene registro en la capital. Faltó una explicación de la metodología con la cual se recabaron los datos, que comprenden las localizaciones en la ciudad durante un periodo histórico largo y cierta simplificación de las categorías explicativas de las razones por las cuales las personas localizadas en su momento “se ausentaron”. La presentación señala que el 6.8% de estas fueron víctimas de un delito. El efecto, me parece, es el de normalizar el fenómeno de la desaparición y de las violencias en general, ya que estas no necesariamente se corresponden con “delitos”, aunque son parte integral de las crisis que vivimos en el país. Es bueno recordar que, según la Ley General, pasadas 72 horas del reporte de desaparición, en todos los casos la autoridad ministerial debe presumir la comisión de un crimen y la no localización se convierte en desaparición. Esto ha sido parte de una reivindicación histórica y fue plasmado en la redacción de la ley. También debe tenerse en cuenta que muchísimas desapariciones, consideradas “ausencias voluntarias” en las estadísticas, se deben a un continuum de agravios contras las y los más vulnerables. Se deben a patrones de violencia patriarcal, de injusticia estructural, de descomposición socio-económica, de desplazamiento forzado, de gobernanza mafiosa y de ataques criminales contra la población que, definitivamente, no van a ser incluidos como tal en un parte o una encuesta sobre los motivos o la voluntariedad de la ausencia, pero sí son elementos de contexto y gatillos fundamentales para determinar la gravedad y sistematicidad de las desapariciones en el país.

Por Fabrizio Lorusso, desde SinEmbargo.Mx

La militarización de las tareas de seguridad pública en México es una política de larga data que se remonta, por lo menos, a la época de la contrainsurgencia, particularmente con la Operación Cóndor a partir de 1975 en el Triángulo Dorado entre Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Aquel operativo inauguró una modalidad que juntaba el control y el combate selectivo del Estado mexicano contra el narcotráfico y la represión de la disidencia social y de las fuerzas democratizadoras. Todo ello con lujo de violencia y menosprecio de los derechos humanos. La conformación de los que Althusser llamó “aparatos represivos del estado” en aquella época desde luego muestra continuidades hasta hoy y permea discursos, mentalidades, mecanismos institucionales y actuaciones de funcionarios públicos y autoridades.

En el ámbito internacional, la militarización respondía y responde al paradigma estadounidense del prohibicionismo y al establecimiento de la “war on drugs” del presidente Nixon en 1971. La política de la guerra a las drogas, mantenida con variantes hasta la actualidad, mandataba el uso del ejército en funciones de seguridad interna en que no puede ni debe involucrarse, más allá de situaciones de emergencia temporales y actuaciones acotadas, según prescriben las mejores prácticas internacionales en tema de derechos y seguridad.

Estos antecedentes llevaron a graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, una crisis persistente cuyas semillas en el pasado influyen profundamente en nuestro presente sombrío: tanto en la presidencia de Fox, con el operativo México Seguro, como en la de Calderón, con la declaración de una “guerra a las drogas” sin planeación ni diagnóstico y con la firma de la Iniciativa Mérida, comenzaron años de dolor y violencia inéditos en nuestra historia reciente.

En 2018, Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones con una histórica mayoría de votos y una promesa de cambio que implicaba también propuestas para una reversión paulatina de la militarización.

Sin embargo, la postura y las medidas del mandatario y del ejecutivo fueron cambiando a lo largo de los primeros meses, pues se ampliaron el presupuesto, las áreas de injerencia y las prerrogativas de las fuerzas armadas de forma cada vez más preocupante, ya sea en la economía, en la logística o en la ocupación de territorios. Y es que, además, la retórica oficial ha distorsionado aspectos importantes de la historia del país y de la relación cívico-militar para justificar la actuación militar en reiteradas ocasiones: se presentan las represiones del ejército como cosa del pasado, la corrupción como producto de manzanas podridas y la cogestión militar de negocios ilegales como un mito, pese a las evidencias históricas. En cambio, por lo menos desde la primera presidencia civil de Miguel Alemán (1946-1952), estructuralmente las fuerzas armadas se han encargado de las mencionadas tareas, justamente como parte de un “pacto” para mantenerse lejos de aspiraciones golpistas.

El acuerdo de todos los partidos permitió en 2019 la creación de la Guardia Nacional con una importante reforma constitucional: la letra de la Carta Magna preveía la formación de un tipo de policía civil nacional que integraría personal de la antigua Policía Federal, de la Policía Militar y de la Marina, pero que tendría mando civil bajo la secretaría de seguridad ciudadana.

En los hechos, no obstante, el mando de la nueva estructura quedó en manos militares en todos los distritos regionales, la gran mayoría de sus efectivos son ex soldados y marinos con formación y mentalidad castrense, y no hubo intentos serios para “civilizar” la Guardia. Cada vez más, militares en retiro o ex mandos castrenses ocupan cargos en los aparatos de seguridad local, lo cual también ha llevado a una militarización de facto de la función policiaca y de la seguridad.

Además, por decreto presidencial, fue extendida la actuación de las fuerzas armadas en la seguridad pública hasta 2028, y hubo una intentona no exitosa para que el mando de la Guardia Nacional pasara oficialmente a la SEDENA. Esto conlleva un riesgo para los derechos humanos de la población y para un pleno desarrollo democrático.

Tampoco en este sexenio se realizaron las necesarias reformas y mejoras a las policías estatales y municipales, así como a los sistemas federales y estatales de procuración e impartición de la justicia, lo que impide romper las herencias oscuras del siglo XX, el círculo vicioso de la impunidad, la propagación de la victimización y, por ende, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Como sostiene Claudio Lomnitz en su recomendable obra Tejido social rasgado, en México hay mucha soberanía, determinada por la presencia militar y la capacidad de intervención del Estado, y poco estado de derecho, escasa administración, especialmente en los campos de la seguridad, las policías, del poder judicial y la justicia. Estos necesitan reformarse y reforzarse al tiempo que se vuelven a enfocar y circunscribir las actividades de las instituciones castrenses y los privilegios de sus castas dirigentes que, como han mostrado sendos reportajes periodísticos, no son cosa menor y se pueden comparar con los que ostenta la élite de la Suprema Corte y del poder judicial.

Por lo tanto, es fundamental establecer una ruta clara a partir de 2024, con compromisos claros de las y los candidatos presidenciales, con participación ciudadana y social, para construir fuerzas de policía confiables a nivel local y planes de reforma de la justicia, así como garantizar el mando civil de los cuerpos de seguridad federales, fomentando los enfoques de seguridad ciudadana y seguridad humana: estos mandatan el respeto pleno y conjunto de los derechos humanos y no son posibles sin un plan de regreso certero y progresivo de los militares a sus funciones constitucionales ordinarias.

Por Fabrizio Lorusso desde Desinformémonos