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La relación de López Obrador con los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos forzadamente en Iguala en la noche del 26-27 de septiembre de 2014, fue deteriorándose por la actuación y las palabras del presidente y la cerrazón de la casta militar. En las últimas semanas hubo momentos muy tristes y polémicos que quienes nos sentimos comprometidos y comprometidas con los derechos humanos y con la necesidad de transformación social, económica, cultural, estructural y radical del país no hubiéramos querido vivir. Particularmente con un gobierno de izquierda.

• Acusaciones infundadas desde la mañanera en contra de las organizaciones acompañantes de las víctimas, como el Centro Pro DH y Tlachinollan.

• Intentos de dinamitar el diálogo y de división de la unidad del movimiento mediante la convocación de una reunión, el 11 de enero, con la presencia, no pactada previamente con todos y todas, de algunas familias que habían sido alejadas del grupo mayoritario de los papás por apoyar la excarcelación del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa.

• La “invitación”, sin consulta o acuerdo previo, a que los padres y madres ingresen directamente a los cuarteles y a los archivos para buscar los 800 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia que faltan y que el ejército no ha entregado, negando que existan o que los tengan. Sin embargo, su existencia y la instrucción presidencial de presentarlos fue reconocida por Alejandro Encinas, ex subsecretario de derechos humanos, antes de renunciar a su cargo en octubre pasado. Él mismo mostró 18 de aquellos folios que había obtenido.

Es positivo que se abran los archivos, aunque sólo por tres meses, pero las condiciones para el ingreso, uso y registro de estos deben compatibilizarse con las exigencias de las víctimas y de la sociedad en su conjunto, sin ningún impedimento interno o externo. Esto por el momento no está garantizado, deben construirse las condiciones, o bien, responder directamente a la petición de los papás que era mucho más simple: qué se cumpla la instrucción presidencial al ejército de entregar todos los folios. Cabe recordar que la negación de la información sobre una desaparición es parte del mismo delito de desaparición forzada, justo como es definido en la legislación nacional e internacional.

• Las descalificaciones y “falta de confianza” al GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes), por haber sido instalado desde la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de la OEA (Organización de los Estados Americanos), y especialmente en contra de Ángela Buitrago, por la opinión que ésta emitió en el verano de 2022, durante una reunión con el presidente, sobre la oportunidad de esperar un poco más y contar con mejores elementos probatorios, antes de detener al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, lo que finalmente sucedió en agosto de 2022. Esto fue cuando el fiscal especializado, Omar Gómez Trejo, estaba en el exterior y fue prácticamente expropiado del caso. Su equipo de trabajo fue expulsado paulatinamente de la Fiscalía en los meses siguientes. El rol del fiscal en el asunto resulta bastante inquietante a todas luces.

Paréntesis sobre el tema internacional. Desde luego, la OEA ha tenido desde su creación en 1948 un rol ambiguo, en muchas ocasiones criticable y desdeñable, en los asuntos latinoamericanos, fungiendo como brazo operativo del lawfare y de los intereses estadounidenses, así que pareciera tener razón AMLO cuando la ataca. Por ejemplo, la OEA abusó de sus facultades al facilitar el golpe contra Evo Morales en Bolivia en 2019, abonó a la desestabilización en Venezuela, apoyando las sanciones contra el régimen y reconociendo al farsante Juan Guaidó como “presidente encargado” de aquel país. Sin embargo, por otro lado, tuvo un rol positivo en la defensa del progresista Bernardo Arévalo como presidente legítimo en Guatemala en este 2024. Sólo son ejemplos recientes que menciono para dar cuenta de las áreas grises y las ambigüedades de este tipo de instituciones internacionales en las cuales México, de todos modos, participa plenamente.

Dentro del sistema interamericano, la Corte y la Comisión interamericana probablemente sean las instancias más autónomas, pues de hecho Estados Unidos no reconoce su competencia, y afirmativas en cuanto a la defensa de derechos y de cambios estructurales en los Estados que sí aceptan su jurisdicción. Finalmente, el GIEI fue un mecanismo extraordinario, coadyuvante experto de la Procuraduría y de la Fiscalía, que ha trabajado desde la perspectiva de las familias y con respeto de la soberanía nacional, siendo su vínculo con “el sistema interamericano” relativamente blando, mientras que sus integrantes, vituperados y calumniados durante años por los grandes medios corporativos, han reafirmado su compromiso y seriedad para con el caso Ayotzinapa, en pro de las víctimas y del país.   

• También el desconocimiento o desinterés, insólitos para un líder social y político como López Obrador, acerca del hecho de que, al lado de la rabia y la lucha de las mamás y papás de Ayotzinapa, siguen caminando miles y miles de personas, colectivos y organizaciones en México y en el mundo entero. La consigna “Vivos se los llevaron, Vivos los queremos” continua y continuará vigente hasta dar con su paradero y conocer la verdad. Existen narrativas y memorias colectivas, conformadas en los años por el cumulo de acciones, publicaciones, participaciones e iniciativas por Ayotzinapa, que chocan con las versiones de procuradurías y gabinetes. No son factores menores para un movimiento-gobierno como la 4T que plantea “hacer historia” y que, aun con tropiezos y reveses, ha emprendido un camino de cambios a favor de las mayorías que se pretenden profundizar, de ganar las elecciones en junio.

• La insistencia apriorística en la defensa de los militares que dizque ya “entregaron todos los documentos” en su poder, mismos que, más bien, ya podrían haber sido destruidos en todo este largo tiempo que ha pasado. En el discurso oficial prevalece la tendencia a la negación del papel histórico de las fuerzas armadas en el ejercicio de la violencia estatal y la cogestión del submundo criminal. La hipótesis de las “manzanas podridas” en casos como Ayotzinapa falla, en el sentido de que se trata, lamentablemente, de fenómenos arraigados, más profundos, consustanciales, institucionales y hasta geopolíticos que no pueden tratarse con perspectivas reduccionistas. A menudo, pues, las “manzanas podridas” no lo son, no son “desviaciones” de la norma. Más bien, son muchas y “normales”, y actúan dentro de un sistema, intereses y culturas construidas durante décadas.
  Circunscribir las responsabilidades tajantemente y sin investigaciones cabales impide ver redes y contextos. Seguramente no toda una institución y sus integrantes, ni todo “el Estado” como tal, están “podridos” y culpables de crímenes, sin embargo, esto no puede implicar eximirlos, garantizar impunidad y cerrar la discusión sobre sus papeles históricos e institucionales, particularmente en ciertas regiones y dentro del continuum temporal contrainsurgencia – guerra a las drogas. Los militares ya son un contrapoder que escapa a la constitucionalidad y a la supuesta jerarquía del mando presidencial. 

Pese a que en la presente administración la Fiscalía General de la República, hasta que estuvo Omar Gómez Trejo al frente de la Unidad Especial de investigación del caso, y las dependencias gubernamentales habían avanzado significativamente y, formalmente, se habían comprometido para con su esclarecimiento, estamos todavía bien lejos de la justicia. La verdad se desdibuja cada día más, y persisten la protección y la opacidad de las fuerzas armadas, (in)subordinadas. Las heridas de los 43 y de las más de cien mil personas desaparecidas, si bien son de larga data, quedan abiertas en este sexenio y se heredan al siguiente, independientemente de quien será la ganadora. La crisis se vuelve más grave conforme se procrastinan respuestas dignas para las víctimas.

Esto lo atestiguan los testimonios y las críticas de quienes conforman las dos comisiones que, atinadamente en su momento, fueron creadas por decreto presidencial: el 4 de diciembre de 2018, se formó la COVAJ o Comisión para la Verdad y la Justicia para el Caso Ayotzinapa, y el 6 de octubre de 2021, la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. Se trata de dos experimentos que no fueron dotados de todos los instrumentos de los mecanismos extraordinarios eficaces y que, poco a poco, van perdiendo empuje, en lugar de inaugurar un verdadero proceso de justicia transicional. Pronto se cumplirán 10 años del crimen de Estado de la “noche de Iguala”. Tres días después habrá relevo en Palacio Nacional. Todavía hay posibilidades y esperanzas, refrendadas públicamente con paciencia, tenacidad y humildad por los papás y mamás de Ayotzinapa y las organizaciones que les acompañan, de que se reanude el diálogo directo con el presidente, de que se vuelvan a pedir los folios y respuestas claras a los militares, y que se reactiven la investigación en la Fiscalía y las búsquedas de los muchachos por parte de las autoridades. Quizás, desafiando la realidad y pecando de una sana ingenuidad, podamos imaginar que, antes de aquellas fechas de septiembre, haya espacio, aliento y voluntad para salir del túnel y caminar hacia la justicia.

Por Fabrizio Lorusso desde SinEmbargo.Mx

El domingo pasado, en ocasión del 117 aniversario de la huelga de trabajadores de Río Blanco, Veracruz, el presidente López Obrador anunció que antes del final del sexenio va a enviar al Congreso dos iniciativas de reforma constitucional y legal para establecer que los ajustes al salario mínimo “nunca más” estén por debajo de la inflación y para implementar una revisión del sistema de pensiones de las y los trabajadores. Propone “revisar la contrarreforma” de las pensiones de 1997 del gobierno de Ernesto Zedillo, cuando se estableció el modelo de Afores y cuentas individuales en pleno auge neoliberal.

El sistema de pensiones privatizado que se engendró, y que aún está vigente para quienes comenzamos a laborar después del 1 de julio de 1997, derogó el régimen de la Ley de 1973 y fue un castigo durísimo para el mundo del trabajo, anuló la expectativa de una vejez digna y tranquila para gran parte de la población, sometió a la mano ruda del mercado el futuro de la gente y precarizó derechos económicos y sociales fundamentales.

Con la Ley anterior de 1973, quienes cotizaban 500 semanas en el IMSS obtendrían una pensión calculada con base en el salario recibido en los últimos cinco años. Quizás aquel régimen fuera demasiado dispendioso para unas arcas públicas en crisis y una población que envejecería paulatinamente en el siglo XXI, sin embargo, en lugar de aplicar medidas correctivas y graduales dentro de un sistema mixto, justo, equilibrado y con rectoría estatal, el gabinete tecnocrático de Zedillo actuó ideológicamente en contra de la mayoría, privatizando y reduciendo las pensiones, a la vez que destinaba recursos ingentes al Fobaproa. El rescate de la banca privada con fondos públicos generó una deuda que afectaría las finanzas del país por setenta años (sí, hasta 2070 más o menos).

Quienes cotizamos bajo la Ley de 1997 tenemos dos modalidades de pensión, una es de la “renta vitalicia”, que no es vitalicia y sólo se recibe durante quince años después de la fecha de jubilación. La otra es el “retiro programado”, o sea el dinero que se ahorra e invierte en la Afore a lo largo de la vida es devuelto en una única solución al retirarse. Ambas dependen del monto acumulado en la Afore, la compañía privada gestora de los fondos.

La Ley zedillista augura al trabajador y a la trabajadora que no sobreviva más de quince años después de jubilarse, de lo contrario tendrá que volver a trabajar, ser mantenida por sus parientes, o a ver cómo le hace y si logra “programarse” (ya sea para morir a tiempo, o bien, para ahorrar de su propio ahorro-pensión durante la vejez).

Por otro lado, el sistema de aportaciones voluntarias para incrementar este monto no ha despegado, definitivamente no son inversiones atractivas frente a las alternativas disponibles. En suma, la tasa de reemplazo, o sea el porcentaje del último salario que se recibe al jubilarse es irrisorio o insuficiente. Además, poco más de una tercera parte de la población tiene cobertura, así que el gran desafío de cualquier reforma, de entrada, será la inclusión de toda la población.

En México prima un modelo de injusticia intergeneracional que se suma a las enormes brechas de desigualdad entre regímenes corporativos y gremiales de prestaciones para el retiro. Lo mismo vale entre categorías de trabajadores con pensiones de oro y platino y los demás abajo. El presidente lo ha señalado en distintas ocasiones, definiendo como “inhumano” el hecho de que después de tantos años de trabajo se reciba menos de la mitad del salario, y eso cuando va bien y se alcanza a cotizar lo suficiente.

Sin embargo, las loables reformas del 2020, que introdujeron la pensión universal para adultos mayores y modificaciones a favor de las personas trabajadoras en el régimen de las Afores, son pasos tímidos para un gobierno que se quiere reformista. El anuncio del domingo no especifica si la iniciativa afectará solo a quienes cotizan en el ISSSTE o a todos los sectores, como sería deseable.

En caso de que las normas a reformar tengan rango constitucional y requieran mayoría calificada en el Congreso, la situación se complicaría, teniendo en cuenta que continuará la estrategia de “huelga constitucional” que mantienen los partidos de oposición. Esta estrategia ha persistido incluso cuando se bloquean cambios que beneficiarían a gran parte de la ciudadanía, como en este caso. El oficialismo necesita votos que en este momento no tiene: 12 en el Senado y 60 en la Cámara. Si no se aprueban las reformas a nivel constitucional, queda siempre abierta la vía legislativa ordinaria para seguir incrementando los beneficios de las y los trabajadores en seguridad social y jubilaciones, en espera de que, después de las elecciones, se retome el tema de forma estructural e integral con un Congreso renovado. Finalmente, si en junio ganara el llamado Plan C de Morena y sus aliados para contar con mayoría calificada en la Cámaras, entonces el camino reformista emprendido tendría más rapidez y efectividad en este tema y en otros, como la necesaria reducción de la semana laboral de 48 a 40 horas. Esta medida está estacionada en el Congreso, ojalá se destrabe en el último periodo de sesiones de la legislatura.

En México el gasto en pensiones equivale al 3.1% del PIB, mucho menor al del promedio de países de la OCDE que es de 9.2%, y esto se debe a la todavía favorable pirámide demográfica, pero también a la elevada tasa de informalidad laboral, pues sólo el 35% de la población activa está cotizando en el IMSS u otro esquema.

Con aumentos de la edad de jubilación escalonados y proporcionales a la expectativa de vida, al tipo de profesión, al género y otros determinantes, con la progresiva inclusión del sector informal, de los trabajadores atípicos, precarios o eventuales, y con la previsión de un esquema mixto para la jubilación, eminentemente público, pero con aportación privada complementaria, es posible tener pensiones dignas ya.

Estas permitirían construir horizontes de futuro y dar certidumbre y estabilidad a los proyectos de vida, liberando energías, tiempos, creatividades y posibilidades para las personas. Hay que desterrar la idea de que vivimos en una sociedad del riesgo, puramente meritocrática, y que quienes tienen éxito es porque son los “mejores”, los merecedores. La cooperación y la solidaridad social son las bases del bienestar de una colectividad.

Una pensión estatal universal y digna, basada en los ingresos y las contribuciones de las y los trabajadores, y una pensión de adultos mayores, pensada como ingreso básico, solidario, creciente y universal, cada vez más enfocado a quienes no pudieron completar sus años de trabajo formal, conforman el piso mínimo del bienestar y de la convivencia civil. Y para ser sistémicos y sólidos, deben acompañarse de otros pilares del bienestar, que igualmente son conquistas civilizatorias históricas, como la salud y la educación universales, de calidad y gratuitas, los subsidios por desempleo, discapacidad e infortunio, las políticas afirmativas y de los cuidados, entre otras.

El Proyecto de Nación 2024-2030 prevé sustituir las pensiones individualizadas por “un sistema público que garantice un retiro digno a los trabajadores y las trabajadoras”. A estas alturas cabe preguntarse: ¿y quién paga las pensiones y todo lo demás?

La respuesta no es la deuda sino la reforma fiscal, un tabú impronunciable en México, sobre todo durante las campañas electorales. Sin embargo, ésta debería ser la prioridad en 2024 para profundizar los logros del sexenio y garantizar su sostenibilidad: la solidaridad social, intergeneracional e interclasista tiene su piedra angular en impuestos patrimoniales crecientes a las grandes riquezas y propiedades, sobre todo a las que son improductivas, así como al consumo de bienes y servicios de lujo, a las herencias y ganancias financieras.

Entonces, por un lado, hay una generación que se jubila con una ley muy favorable, la de 1973, y otras que están en el otro extremo. Esta desigualdad puede ser subsanada paulatinamente, acudiendo no sólo a los ahorros de los rabajadores, ya sean individuales o colectivos, sino sobre todo a la fiscalidad general. Sí hay margen. La recaudación tributaria mexicana como porcentaje del PIB es muy baja, ronda el 16%: Brasil recauda el 34%, Argentina el 30%, Chile el 22% y el promedio latinoamericano es del 21.7%.

Hace falta una fiscalidad progresiva en su conjunto, a partir del ISR, en donde paguen proporcionalmente más quienes más ganan (y más tienen). Para ello debe continuar el proceso para el fortalecimiento de capacidades de cobro y sancionatorias del SAT y el combate a la evasión. Urge elevar la base tributaria, incorporando comercios y contribuyentes a la formalidad, pero todavía más importante es incrementar las tasas impositivas en los deciles de altos ingresos, así como el número de rangos de ingreso para aplicarlas de forma escalonada.

Finalmente, tiene que limitarse decididamente la consolidación del pago de impuestos de los grandes corporativos y cualquier otra posibilidad de elusión fiscal, tratando de estimular, en cambio, a las pequeñas y medianas empresas y a la clase media, cada vez más reducidas y penalizadas. ¿Es todo esto viable política y socialmente? Considero que sí en la etapa actual. No se trata de nada realmente nuevo o subversivo en el mundo, al contrario. Y es necesario para una transformación duradera que construya un nuevo pacto social en México.

Post Scriptum. Ya hay rumores, fake news y mensajes en medios y redes de que ahora el gobierno “va por nuestras Afores”, casi como si fuera a expropiarse. No tardará en salir algún movimiento de “las Afores no se tocan” que tache de “populistas” estas propuestas de reforma estructural. La verdad, no se ven indicios ni posibilidad de que se usen las Afores para fines incautos o para sanar presuntas deudas gubernamentales u otros proyectos, como sostienen estos mensajes. Ni se ven fines ocultos en los anuncios presidenciales o en los planes programáticos de Morena, así que se trata de noticias esparcidas para confundir y bloquear cambios potencialmente beneficiosos para las mayorías.

Por Fabrizio Lorusso desde SinEmbargo.Mx