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El Xingón y la Xingona no siempre han de quererse, pero al cabo encajan bien, como chocolate amargo con deslactosada.  

A la mera hora llegan al restaurán para electrizar la tertulia de intercampaña y catear gelatinas españolas. La comunidad expatriada les espera suspirante, pero de inmediato el público se hunde en la espiral de un choque anafiláctico colectivo. La contingencia no frena la emisión del show.

Madrid es el refugio del forajido X, mártir redivivo de la democracia y la libertad, y es el escaparate de la X, apoteosis de lo equis en general. Vaya que se entienden. En el amoroso escenario de un sangriento San Valentín se cementan las queridas amistades.

El padre de la narcoguerra predica soluciones desde el púlpito de las desgracias que auspició. Se pinta la cara de rosa para hablar de las próximas marchas en las calles mexicanas a las que nunca irá.

La visitante lo acoge. Luce su alianza. Amarra su destino al corazón de las tinieblas. Después de un rocambolesco mini tour por los States, buscando la anuencia de agencias y momias injerencistas, ha cruzado el charco para tratar de encontrar a varios personajes del lado oscuro.

Aunque la mayoría la hayan bypaseado brutalmente, la protagonista fallida de Los hijos de Sánchez 20.24 consigue la bendición ibérica, urbi et orbi, del Xingón azul y anuncia el advenimiento de la Santa Seguridad, igual de chingona. 

Frente al ímpetu de un voluble huracán tabasqueño y la avanzada guinda de la doctora S., desde la Castilla profunda vuelve a la vida una dupla zombi, librando la batalla de los no-muertos que, para resucitar, deben nutrirse de cerebros anestesiados, posar ante las cámaras y amorbar al Twitter, alias Equis, con incansables disparos de fake news.

Después de la degustación de sesos y gelatinas, ya en camino a la evacuación, decretan un empático pit stop. El doble acceso al sanitario les hace de escenario. Sacan selfies de oro, de paseo al aseo.

Clic. “Postea tú, mi Xingona”, suplica él. Reclic. “¡Ay no! Cuelga tú primero, campeador”, remata ella antes del momento fecal.

Bum. Sale a la red la imagen viralizada de los dos, que te sonríen y te ven la cara. Abres la foto. El contagio visual te vampiriza día y noche. Tu pasajero oculto se revuelca en su tumba.

Punch. Miras la pantalla y es el retrato de Dorian Gray 2.0. Un JPEG con mutación paranormal. Lees los comentarios de los fans que, hablando del Xingón, todavía claman nostálgicamente: “Mi presidente”. Y para la Xingona hay pandillas de followers que vaticinan: “La próxima presidenta”. Su sentencia suena como mal de ojo. El mood se hace gótico.

Ring. Y es así como reaparece entre tus recuerdos sepultados el flash mental de la larga noche calderonista, los spots terroríficos en la radio y la vieja TV, el capitalismo gore genéticamente modificado. La memoria te trajina a la serie de “El Equipo” (por García Luna Productions), a la simulación cínica, al salvajismo minero y a los montajes de Loret como cifra de una época, un loop distópico que marea. El escalofrío recorre tu espinazo, te congelas como en Zoom, como en el peor nivel de Doom en los noventa. Es parálisis antes del epílogo.

Lado B. Por allá muy lejos, del otro lado, en su hora libre de Internet, se conecta el padrino Mr. G a mirar la foto de su compadre y su comadre X. Al otrora zar de la (in)seguridad de México, hoy preso en Nueva York, se le sale una carcajada maléfica que hackea el silencio de la mazmorra. De repente aplana un alacrán mezcalero con la base de su mouse inalámbrico. El veneno salpica el screen shot en pantalla y mancha la camisa de su viejo presidente.

Break point. Fuera de su celda se yergue la silueta de un típico guarura yanqui de 220 libras. Es un agente de la DEA que cumple una única orden, bizarra pero contundente. Al parecer, el mandato imperativo bajó de Madrid, pasó por Arlington, Virginia, donde está el cuartel general de la Drug Enforcement Administration, y aterrizó en el penitenciario federal de Brooklyn. El guardia debe vigilar al expolicía 24/7. Lo instaron a que no hablara más, con nadie más. Su caso ya no va a escalar, sus antiguos jefes negociaron la impunidad. Transexenal, ida y vuelta, desde los ochenta a los dos miles.   

Mejor y la DEA se dedique al flamante dossier del #narcopresidente, electoralmente más prometedor desde donde se le vea, en las dos orillas del Río Bravo. Carne en descomposición, cultivada en laboratorio y vendida como fresca para el hit carroñero.

Al agente le brinca el ojo por esa risa noir del reo, no comprende las razones de su insólito espasmo de alegría.

Piensa que quizás sea la ansiedad, o la cosquilla de ciertos memes virulentos. O no, será la visión de los letreros chistositos que campean sobre las puertas de los baños en la foto madrileña de X. O algo más.

El energúmeno voltea, gruñe y lo escrudiña, pero calla. Ni se atreve a preguntar. Mr. G estira el cuello y los metacarpos con modales taurinos.

Crac. Un trueno siniestro de huesos torcidos rompe de nuevo la monotonía del corredor eterno en el brazo de la muerte.

Black out. La cárcel neoyorquina es un cementerio de oscuridad cruenta. El vigilante de la DEA yace tieso en el piso helado, ya cumple su orden desde el más allá. No se atrevió a preguntar, pero antes del último aliento alcanzó a escuchar un susurro diabólico en español: “Cuando el tecolote canta, el gringo se muere”. Sobre todo, en San Valentín.

Por Fabrizio Lorusso desde SinEmbargo.Mx

El pasado martes 6 de febrero en el Aula Magna de la Universidad Iberoamericana León se estrenó el corto documental “El Lugar de la Memoria. Retorno a Salvatierra”, producto del esfuerzo del colectivo de búsqueda de personas guanajuatense Ángeles de Pie por Ti y de la propia Ibero León, con el acompañamiento de la organización Serapaz A.C. y el Sitio de Memoria Circular de Morelia.

El tráiler del filme contiene una cita del filósofo alemán Walter Benjamín: “La memoria abre expedientes que el derecho y la historia dan por cancelados”.

Efectivamente, esta obra atiza emociones e interpretaciones a partir de un trabajo de memoria que se ha ido colectivizando y socializando, abriendo nuevos expedientes que no se cancelan. El derecho y la historia oficiales en Guanajuato han pretendido en varias ocasiones silenciar o banalizar el alcance y consecuencias de la violencia en el estado, así como la crisis de las desapariciones y de las fosas ilegales que, en muchos casos, fueron encontradas por las y los familiares de las personas desaparecidas en predios y casas que funcionaron impunemente durante años como campos de exterminio.

Es el caso del terreno en Rancho Nuevo-Barrio de San Juan, en las orillas del Río Lerma, ubicado frente al ecoparque El Sabinal de Salvatierra. Allí, en 2020, fueron encontrados los restos de 80 personas sepultadas clandestinamente en 65 excavaciones, mientras que la fiscalía estatal sostenía que no había fosas o inhumaciones de este tipo en la entidad y, a la par, crecía en más de seis veces la cifra de personas desaparecidas: eran 621 al 30 de abril de 2018 y hoy son 4,021, según datos de la propia fiscalía y de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Retomo partes del comunicado que, en el mismo día de la proyección, Ángeles de Pie por Ti circuló entre medios de comunicación y autoridades, ya que recoge el sentido de su propia historia como agrupación y merece la más amplia difusión.

Anticipo que, desde abril de 2023, cuando asumió el cargo, el titular de la Secretaría de Gobierno de Guanajuato, Jesús Oviedo ha dado largas a las solicitudes del colectivo para poder avanzar en la construcción de un sitio de memoria, un jardín de la paz para la no repetición, en el lugar en donde fueron privadas de la vida y ocultadas tantas personas. El dominio del silencio institucional ha sido casi absoluto, y solo ha sido interrumpido a través de efímeros destellos de comunicaciones inconcluyentes. Ya hay un proyecto, una maqueta, un canal de comunicación con autoridades federales, pero las declaraciones y los actos del presidente municipal y del gobierno estatal no han hecho otra cosa que prolongar la espera de las familias. Algo incomprensible, dada la colaboración y el diálogo ofrecidos por todos los interlocutores de la sociedad civil a lo largo de estos años.

El documental trata de abonar a la sensibilización de la sociedad y de las instituciones para con Salvatierra, para que ya no vuelva a estar en la cartografía de la violencia guanajuatense y, citando el propio comunicado, “nos muestra un camino de unión desde el dolor, de memoria para un presente digno, de reconstrucción desde las cenizas y la tierra”.

El mensaje del colectivo, “Contra la violencia y el olvido, un sitio de memoria y dignidad para Salvatierra y Guanajuato”, así lo explica:

“El colectivo Ángeles de Pie por Ti une a decenas de familias de Salvatierra y de la región. Desde 2020 las familias han solicitado a las autoridades de todos los niveles ejercer su derecho a la memoria, pidiendo reconvertir el predio en el que se localizaron a sus familiares en un sitio de memoria que contenga un jardín y un memorial que dignifiqie a las víctimas y recuerde a la sociedad que muchas familias buscan a las personas desaparecidas y poderlas regresar a sus núcleos familiares. El hallazgo de Salvatierra fue un parteaguas en la historia de Guanajuato. Mostró que había impunidad, desapariciones y fosas clandestinas que no habían sido reconocidas oficialmente en la entidad. Lamentablemente, las masacres, desapariciones y homicidios no han parado en la ciudad desde entonces y las buscadoras organizadas han mantenido una lucha contra el olvido poniendo en riesgo su integridad física. Sociedad y autoridades deberían compartir con solidaridad esta lucha cotidiana”.

Sin embargo, a menudo prevalecen la indiferencia del entorno social, anestesiado por discursos que normalizan o justifican la violencia, junto con las visiones legalistas y reduccionistas del derecho. La concepción del principio pro persona, “para que sí se hagan las cosas” y se amplíen los derechos concretos y vividos de la gente, es subsumido en un derecho conservador, el del “para que no”, el que obstaculiza los proyectos reparadores y limita de facto los derechos humanos. Prevalece la historia oficial de ocultamientos y negaciones, en lugar de la historia ejemplar, la que se narra para aprehender el presente y moldear un futuro común distinto. Concluye el comunicado con un sesgo de esperanza dialogante:

“Las instituciones tienen la oportunidad de mostrarse a la altura y plantear una ruta clara, pues son interpeladas para atender sin simulaciones las demandas legítimas del colectivo: un lugar para la memoria, la justicia, la dignificación de las víctimas, la no repetición y la continuación de la búsqueda de quienes nos siguen faltando. Ejercer la memoria es un derecho. La construcción de sitios de memoria es también un camino de construcción de paz”.

Qué así sea. Guanajuato y Salvatierra también quedan en silencio, ante la oquedad de las fosas, en espera de su respuesta.

Por Fabrizio Lorusso desde Sin Embargo MX

Fabrizio Lorusso

Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León sobre temas de violencia, desaparición de personas y memoria en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Colaborador de medios italianos y mexicanos. Integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto para el fortalecimiento colectivo de las víctimas.

Comparto aquí algunas reflexiones a partir de una estancia académica y de un viaje que pude realizar en noviembre y diciembre pasados en los estados de Piauí, de Ceará y de San Pablo, Brasil. En el país sudamericano la desaparición de personas es una problemática mucho menos visible que en México, tanto en la academia como en el medio político y en la sociedad en general. Considero que lo anterior se debe principalmente a la distinta trayectoria de los colectivos de víctimas y de los movimientos sociales. Más específicamente, a cómo estos grupos se han articulado a nivel nacional, construyendo narrativas y marcos de sentido sobre las violencias, los agravios y las desapariciones que, en ambos países, ya son fenómenos estructurales. La acción colectiva de las familias y de la sociedad, así como el posicionamiento político y mediático de un problema tan complejo, han creado distintos marcos de sentido.

En México muchas mujeres buscadoras han pasado de concebirse como “víctimas” a ser defensoras de derechos humanos y luchadoras sociales. Cada vez más personas solidarias, periodistas, universidades y organizaciones se fueron especializando para producir conocimientos y acompañamientos centrados en las necesidades de los colectivos. La respuesta social ha sido lenta e incompleta, pero fue creciendo paulatinamente gracias a la multiplicación y la unión de los esfuerzos. Las oleadas de protesta y los gritos de indignación en el contexto neoliberal, a partir por lo menos de la insurrección neozapatista de 1994 en adelante, fueron tejiendo redes y sumando experiencias.

En 2011 el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad empoderó a las víctimas, dio un rostro humano a las anónimas cifras de la tragedia nacional, y visibilizó una profunda crisis de derechos humanos. En 2014 Ayotzinapa marcó un parteaguas en la historia reciente y el movimiento de los y las buscadoras destapó la crisis forense y la gravedad de las desapariciones en todo el país: Los Otros Desaparecidos de Iguala, el colectivo Solecito en Veracruz y las Rastreadoras de El Fuerte en Sinaloa organizaron brigadas masivas día tras día, encontrando a más personas, cuerpos, sitios de exterminio y dramáticas verdades que las autoridades. Con todo, al día de hoy falta mucho para romper la indiferencia social y los prejuicios, así como las indolencias o las complicidades institucionales para con las desapariciones. Nos siguen faltando más de 114mil personas y, lamentablemente, la impunidad persistente anuncia la repetición de un círculo vicioso.  

En Brasil, la movilización en torno a la desaparición ha sucedido en algunos casos y contextos, sin embargo, en general el tema está casi ausente del espacio público. No hay como tal un movimiento nacional de colectivos o brigadas de búsqueda que marquen la agenda política en los estados o fuercen a las autoridades a la rendición de cuentas en esta materia. Las respuestas contra los agravios sistémicos se reúnen alrededor de otros discursos y denuncias: se construyó una fuerte proyección en la arena pública de las luchas antirracistas y de defensa socioambiental, feministas, de la diversidad sexual y de género, además de las históricas de los sin tierra y sin techo.

En Brasil, el Comité Internacional de la Cruz Roja y algunas organizaciones de familiares, especialmente en San Pablo, entidad que concentra más de un cuarto de los casos recientes de desapariciones, se mantienen activas para la denuncia, el acompañamiento y la memoria, pero sus alcances son locales y enfocados.

No se ha registrado en tiempos recientes una oleada de movilizaciones de parte de las víctimas ni un movimiento nacional por las y los desaparecidos, como sucedió en el México de las presidencias de Calderón y Peña Nieto, en el contexto de la escalada de la violencia y de la mal llamada “guerra a las drogas” (o “al narco”).

Colombia anticipó de alguna manera el caso mexicano, ya que desde finales del siglo experimentó una grave crisis de los derechos humanos, junto con la superposición de la represión estatal, la insurgencia armada, el narcotráfico y la paramilitarización del conflicto. En cambio, en Brasil, el problema no acaba de enmarcarse en términos políticos, a excepción de los casos de la época de la dictadura (1964-1985) que, sin embargo, son considerados tendencialmente más como un problema histórico que como un puente entre pasado y presente o como un gozne que dé sentido a las ausencias forzadas de hoy a partir del esclarecimiento de las vejaciones del ayer.

¿Cuáles son los datos? En Brasil, como en México, hay una serie de problemas con los registros oficiales, pero me atrevo al ejercicio comparativo con lo que mejor se aproxime a esta realidad.

Durante 2022 en Brasil hubo 74,061 registros por la desaparición de personas, un promedio de 203 cada día. Cerca del 54% de estas fueron localizadas. En México en 2022, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hubo 23,131 desapariciones, y casi el 61% fueron localizadas. Brasil tuvo 200,577 reportes oficiales (que llaman “boletines”) de personas desaparecidas entre 2019 y 2021, y de estas fueron localizadas 112,246, es decir, el 56%. Entonces, siguen siendo decenas de miles las personas con paradero desconocido y que no son buscadas por las autoridades, pues en muchos casos no hay una prescripción legal tajante para su búsqueda y localización.

El país sudamericano tiene unos 214 millones de habitantes, mientras que México tiene 126 millones, así que, tanto en términos absolutos como en porcentaje sobre su población, en Brasil hay muchas más personas que desaparecen y una tasa de localización bastante inferior. Esto según el Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ONG especializada en temas de seguridad. Además, según datos oficiales difundidos por la organización Desaparecidos do Brasil, cerca de 50mil niños, niñas y adolescentes desaparecen cada año en el país.

De hecho, los primeros movimientos ante esta situación, desde la década de 1990, giraron en torno a la desaparición de niños y niñas: en 1992, surgió el Movimiento Nacional en Defensa de los Niños Desaparecidos (Cridespar) en Paraná. Hasta 2005, una ley federal ordenó a las autoridades policiales registrarles y buscarles inmediatamente, sin esperar 24 o 48 horas para iniciar la búsqueda. No obstante, hay poca discusión en la legislación sobre otros tipos de desaparición, incluida la desaparición forzada, pues el concepto de desaparecido no existió en la legislación brasileña sino hasta 2019, cuando fue aprobada la Ley de Política Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en la que, como está previsto en México, una persona desaparecida es “todo ser humano cuyo paradero se desconoce, independientemente de la causa de su desaparición, hasta que se haya confirmado su recuperación e identificación por medios físicos o científicos”.

En Brasil, la desaparición como tal no es considerada un delito penal, no genera necesariamente una investigación ni una atención prioritaria de la policía, la cual tiende a estigmatizar a las víctimas y desatenderlas, además de que no hay un protocolo de investigación, salvo para los casos de niños y niñas desaparecidas. En cambio, en México la inclusión de la presunción legal del delito de desaparición forzada o por particulares ha sido un logro del movimiento de familiares, incorporado en la correspondiente Ley General (artículo 89).

Las causas de las desapariciones o de las localizaciones rara vez son consignadas y mapeadas en los registros oficiales, tanto en México como en Brasil. Allá hubo 203 desapariciones por día en 2022, por diversas cuestiones: ruptura de lazos con familiares y amigos por voluntad propia, víctimas de accidentes o desastres naturales, problemas de salud mental, víctimas de secuestros por particulares, crimen organizado o de agentes del Estado. Es común, como en México, que la policía o el ministerio público aduzcan homicidio, encarcelamiento, o narcotráfico para explicar la desaparición de hombres y, para las mujeres, el involucramiento en la prostitución o una “fuga” con la pareja. Es decir, “en algo andaban” o “se fue con el novio”, frases que no son pistas de nada, ni abonan a la verdad y a la justicia, al contrario, normalizan la violencia y estigmatizan a las familias de las y los desaparecidos.

En la realidad brasileña, “no tener un procedimiento inicial recomendado para las investigaciones de personas desaparecidas es un problema que se alimenta de la falta de parametrización en cuanto al tipo de desaparición. El hecho de no conocer el tipo de desaparición dificulta establecer un perfil de las víctimas. En el trienio 2019-2021, de los más de 300.000 registros analizados, el 62,8% de los desaparecidos son hombres, el 29,3% son jóvenes de entre 12 y 17 años y el 54,3% son negros. La tasa media de adolescentes desaparecidos, 84,4%, es casi tres veces superior a la media nacional, 29,5%”, escribe Talita Nascimento, de la organización Fórum Brasileño de Seguridad Pública. Esto impide la elaboración de políticas públicas focalizadas y favorece la reducción del fenómeno o la búsqueda a una serie “procesos administrativos”.

México cuenta con un andamiaje legal e institucional más articulado y desarrollado, pese a sus carencias en la práctica, al crecimiento constante de las desapariciones y a la persistencia de graves violaciones a derechos humanos. La respuesta social que ha impulsado marcos legales, memoria y resistencias civiles se ha basado en una lucha histórica de más de medio siglo, en la politización proactiva del tema y en la acción colectiva contra la violencia para visibilizar y denunciar la crisis, el papel del Estado y de las redes criminales en las desapariciones.

Por Fabrizio Lorusso desde SinEmbargo

La noche del lunes 15 de enero, Lorenza Cano Flores, de 55 años, fue sacada a la fuerza de su domicilio en la colonia El Cerrito de Salamanca, Guanajuato, y desaparecida por un grupo armado. La banda también asesinó a su esposo, Miguel, y a su hijo, Miguel Ángel, quienes trabajaban en Estados Unidos y estaban en México de visita. Vecinos y vecinas escucharon los balazos, llamaron los servicios funerarios, pero la búsqueda de Lorenza tardó en activarse y las primeras alertas publicadas en redes sociales fueron de los colectivos de familiares y de organizaciones civiles.

Lore, como le dicen con cariño sus familiares y compañeras del colectivo, busca a su hermano, José Francisco, desaparecido el 17 de agosto de 2018, y desde sus inicios forma parte del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, el cual nació en noviembre del 2020 y hoy reúne a más de doscientas familias, víctimas de la violencia imperante en el estado.

Ya desde la semana pasada, Laura, la hija de Lore, se encuentra evidentemente en situación de riesgo y ha solicitado protección, sin embargo, no la ha recibido. Tampoco otras integrantes o la vocera del colectivo.

Lorenza no podía salir a campo por un problema en su pierna, pero siempre ha apoyado a sus compañeras con comida, iniciativas de recaudación de fondos y en las reuniones de trabajo con autoridades. Tiene una tienda de abarrotes y, según la representante del colectivo, Alma Lilia Martínez, quien busca a su hijo Daryl, desaparecido el 1 de mayo de 2018, los comercios y la población de la zona han estado bajo el yugo de la extorsión y la presencia de grupos armados. Por otro lado, las y los familiares de personas desaparecidas, independientes o pertenecientes a colectivos y brigadas, deben sortear sus actividades cotidianas y las búsquedas en entornos sumamente peligrosos, permanentemente bajo acecho, y, particularmente en el caso de las mujeres, se vuelven blancos con mayor exposición, inclusive cuando mantienen un perfil discreto y tratan de prevenirse.

Esta situación – claro está para quienes vivimos en Guanajuato – no es nada nueva, al contrario, los barrios y las rancherías de León, de los pueblos del Rincón, del corredor industrial, de las regiones centro y sur son escenario endémico de desaparición y desplazamiento de población, ocupación y disputa armada entre grupos ilegales y paralegales, “cárteles” paramilitarizados, policías preventivas y “tropas regulares” de Sedena y Guardia Nacional.

El narcotráfico, el narcomenudeo y el robo de combustible, con sus altibajos, han representado los negocios más importantes de redes macrocriminales regionales que, bajo tolerancia, autorización o franca colaboración de las autoridades, han podido ampliar sus giros para incluir el secuestro y la extorsión, la trata de personas y el reclutamiento forzado, el procesamiento de drogas sintéticas y los esquemas de préstamo “gota a gota”, entre otros.

La gobernanza criminal en varios municipios es un hecho innegable a estas alturas: sólo por mencionar un par de ejemplos, las policías locales de Romita en 2023 y de Juventino Rosas en 2021 fueron disueltas por infiltración del crimen organizado, las secretarías de seguridad pública y los ministerios públicos estaban coludidos. En aquellas ciudades, entonces, todos los casos de desaparición deberían considerarse de cajón como desapariciones forzadas, sistemáticas y generalizadas. Por otra parte, Guanajuato encabeza la lista de los estados más letales para las y los policías, ya que el año pasado fueron asesinados 60, sobre un total nacional de 412.

Para las desapariciones forzadas se han activado en la entidad varios procedimientos de Acción Urgente ante el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, el cual esta semana ha otorgado esta medida para el caso de Lorenza, solicitando al Estado mexicano que, en un plazo de dos semanas, informe sobre los avances de la investigación, establezca urgentemente una estrategia integral, un plan y cronograma de búsqueda, identifique a los perpetradores y garantice la participación de la familia.

Un análisis inmediato del contexto guanajuatense, que considere tan sólo los últimos dos meses y fuentes de prensa, arrojaría un diagnóstico implacable de desamparo general, en donde la alta percepción de inseguridad sí se corresponde con la realidad. Al contexto descompuesto se le opone un movimiento social de colectivas, en gran parte formadas por mujeres, que trabajan la búsqueda literalmente desde las raíces, la tierra y las calles.

Ir más allá de “los puntos” y de los eventos singulares implica reconocer que el asesinato de cinco estudiantes de medicina en Villagrán el 3 de diciembre, la masacre de once personas en Salvatierra el 17 de diciembre, el ataque en una barbería de Salamanca que dejó cuatro víctimas aquel mismo día o los bloqueos y quemas de autos en Celaya del 7 de enero, son partes de una misma trama. Este continuum de violencias es cotidiano y lamentablemente se ha normalizado. Tantas atrocidades se han vuelto eventos seriales, pero las notas periodísticas respectivas sólo de vez en cuando alcanzan difusión nacional e internacional.

En Guanajuato, la desaparición de personas, las masacres y los hallazgos de más de 400 fosas clandestinas y sitios de exterminio en la gran mayoría de los 46 municipios configuran la “nueva normalidad” de la persistente epidemia de violencia en la entidad.

El lunes siguiente a la desaparición de Lorenza, el 22 de enero, la Fiscalía General del Estado anunció la detención de dos presuntos responsables, José Adrián y José Iván “N”, aunque todavía se desconoce el paradero de la buscadora. A reservas de que se revelen más detalles, la explicación de la Fiscalía con base en los primeros elementos de la investigación parece débil, al sostener que los imputados llegaron al domicilio de las víctimas buscando a un hombre y, como no lo encontraron, decidieron matar a los dos que se estaban allí y llevarse a Lorenza Cano, presumiblemente rumbo al municipio de Villagrán.

Independientemente de la investigación ministerial, las familias y los colectivos en Guanajuato están pidiendo tres cosas: dar con el paradero de Lorenza lo más pronto posible, que no haya carpetazo y que las personas buscadoras no sigan viviendo amenazadas y puedan desarrollar su labor humanitaria en paz.

Esta petición de protección y seguridad debe traducirse en prevención, en mayor coordinación entre niveles de Gobierno, apoyo psicológico, económico y tecnológico, atención integral y un sistema de refugios seguros para las personas buscadoras. Su llamado se repite y se repite desde hace cuatro años en la voz de agrupaciones estatales y regionales como, por ejemplo, la Unión Regional de Búsqueda del Bajío. Igualmente, se pide el reconocimiento pleno de su papel como defensoras de derechos humanos.

Sin embargo, las plegarías y las protestas no han generado respuestas institucionales eficaces, pues, en cambio, en muchas ocasiones se les ha negado protección, resguardo, derechos y una pronta intervención. El propio Gobierno municipal de Salamanca, presidido por César Prieto, así como muchos otros en la entidad, ha recibido múltiples señalamientos por escatimar esfuerzos y retrasar apoyos a las búsquedas, a la atención a víctimas y a la protección en campo, así como por el carente funcionamiento de las células o grupos municipales de búsqueda. Si bien en varios casos fueron activados los mecanismos federales y los de la Fiscalía estatal, incluyendo la reubicación temporal de las familias, no ha sido posible detener ataques, amenazas y, más en general, la violencia criminal.

La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato ha documentado el desplazamiento forzado de al menos 14 familias en el estado y, aunque se han dado a conocer públicamente cinco casos de asesinatos contra personas buscadoras guanajuatenses desde 2020, igualmente reportados por la Plataforma, ha habido por lo menos otros cuatro: un buscador de Pénjamo en 2022, dos mujeres buscadoras de Salamanca en 2018 y 2022, y otra más del municipios Jaral del Progreso en 2023.

Según la elaboración combinada de datos de la Fiscalía, obtenidos por Transparencia, y del Registro Nacional, al 31 de diciembre de 2023, había un total de cuatro mil 021 personas desaparecidas en Guanajuato. En 2018 eran 621. Ahora, Lore sigue desaparecida y el clamor de la sociedad exige su restitución con vida.

Por Fabrizio Lorusso desde SinEmbargo

Fabrizio Lorusso

Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León sobre temas de violencia, desaparición de personas y memoria en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Colaborador de medios italianos y mexicanos. Integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto para el fortalecimiento colectivo de las víctimas.