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En septiembre de 2023 salieron dos informes contundentes sobre la situación de las fosas clandestinas en el país. El de Quinto Elemento Lab llegó a actualizar la investigación publicada por un gran equipo periodístico en 2018: “El país de las dos mil fosas”, ganadora del Premio Gabo. El reciente estudio (del 2023) del Programa en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, “Buscar entre el dolor y la esperanza. Hallazgos de fosas clandestinas en México 2020-2022” dio continuidad al informe de 2019: “Violencia y terror: Hallazgos de fosas clandestinas en México 2006-2017”.

El martes 12 de marzo, Andrea Horcasitas Martínez y Fernanda Lobo Díaz, responsables de la coordinación y la redacción del informe más reciente, estuvieron en la Universidad Iberoamericana León para presentarlo, invitadas por Lourdes Contró del Programa Universitario en Derechos Humanos, así que comparto aquí algunas reflexiones que detonamos en el evento. En el panel dieron un aporte fundamental, desde la experiencia y el conocimiento de la búsqueda en campo, las compañeras buscadoras Olimpia Montoya y Maricela Peralta de Celaya, pertenecientes al colectivo Proyecto de Búsqueda (aquí el enlace a su intervención).

Hasta el año pasado Quinto Elemento Lab contabilizaba 5,696 fosas en 570 municipios de México, desde que comenzaron a desplegarse los efectos de la mal llamada “guerra al narcotráfico” en 2007. Veinte y cuatro de estos hallazgos fueron masivos, con más de diez puntos de entierro clandestino en un solo predio. En muchos casos las familias y hasta las autoridades no dudan en llamarlos “sitios de exterminio” porque, además de cuerpos inhumados y osamenta, encuentran restos calcinados, degradados y disueltos, revelando un modus operandi criminal cada vez más atroz que pretende impedir la identificación posterior a la recuperación de los restos. El Protocolo Homologado de Búsqueda, aprobado en 2020, los define como “contextos de hallazgo” del tipo “destructivo”.

El informe de la Ibero utiliza fuentes diversas: prensa, datos de fiscalías y comisiones de búsqueda nos hablan de una realidad de al menos 1,735 fosas encontradas en el periodo 2020 a 2022, según fuentes oficiales, y 1,358 según la prensa, siendo Guanajuato, Sonora y Guerrero las entidades con mayores cifras que concentran el 42% del total. El trabajo anterior de la Ibero sólo tenía en cuenta las fuentes hemerográficas porque prácticamente eran las únicas disponibles hasta hace pocos años, mientras que ahora contamos con más información.

Según autoridades fueron 3,270 los cuerpos exhumados, y 2,314 según la prensa, siendo Jalisco, Guanajuato, Sonora, Michoacán y Veracruz los estados con más exhumaciones. Colima y Sonora, con 6 fosas cada 100mil habitantes, Guerrero y Guanajuato, con 3 cada 100mil, son los que tienen más incidencia en proporción con su población.

Salvatierra, Acámbaro y Cortazar en Guanajuato; El Salto y Juanacatlán, Jalisco; y Tihuatlán en Veracruz son señalados como los sitios con más fosas o cuerpos y restos exhumados en el periodo reportado.

Más allá de aspectos técnicos o datos cuantitativos, considero estos esfuerzos muy valiosos por parte de la academia y el periodismo, pues evidencian la ausencia de los registros oficiales que, por ley, tanto en los estados como a nivel federal, ya deben de estar operando, como el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas y los equivalentes estatales, los bancos forenses o el Registro de Personas Fallecidas, No Identificadas y No Reclamadas. Ante esta deuda institucional, la sociedad civil organizada, los colectivos de familiares y las universidades se han activado y se han capacitado para tratar de documentar, mapear y acercarse al problema, construyendo así algunas herramientas de utilidad para las búsquedas y el análisis de contexto, otra obligación del Estado que queda en gran parte incumplida.

Las investigadoras de la Ibero destacan cómo los datos agregados de las fosas en el país muestran cifras superiores usando las fuentes oficiales, respecto de las hemerográficas, pero en varios estados esto es al revés: se detectó una brecha importante entre las fosas reportadas por los medios de comunicación y las que registran las autoridades particularmente en Guanajuato y Guerrero, estados con el mayor número de hallazgos, pero con menos registros de las fiscalías.

En Guanajuato los medios documentaron 187 fosas y la fiscalía 14, en Guerrero fueron 110 por prensa y 31 por fiscalía. Se deduce la existencia de un patrón persistente de indolencia y opacidad, incapacidad institucional o, más bien, la voluntad de solapar el fenómeno. En Guanajuato, hasta octubre de 2020, tras el hallazgo de 81 cuerpos enterrados ilegalmente dentro de 65 fosas en un predio del barrio de San Juan / Rancho Nuevo, la fiscalía estatal había negado la presencia de este tipo de sitios. Después, comenzó a registrarlos y a comunicar ciertos hallazgos, ocultando otros, o bien, impidiendo el acceso a los predios a las comisiones de búsqueda y a las familias, como sucedió en Cortazar en noviembre de 2020.

Hoy la fiscalía registra 37 sitios con hallazgos en el estado en el mapa disponible en su página web, sin embargo, faltan muchos más que sí han documentado los colectivos, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Brigada Independiente de Búsqueda, la prensa o la misma fiscalía. Además, en el mapa no se especifica cuántas fosas hay en cada punto, invisibilizando así la gravedad de la situación, pues al parecer sólo habría 37 fosas en todo el estado, cuando, en cambio, en cada sitio fueron hasta decenas las que se encontraron.

Debido a estas carencias y con el ánimo de integrar los esfuerzos de la Ibero y Quinto Elemento, también desde la Ibero León, con el apoyo de Ibero Cdmx, el medio PopLab.Mx y Data Cívica, trabajamos conjuntamente en 2020 y 2021 en un informe detallado con modelo predictivo y mapeo de fosas para el caso de Guanajuato, mismos que serán actualizados en el transcurso de este año. En aquel momento, detectamos en prensa el registro de 109 fosas con de 2009 a diciembre de 2020 con 434 cuerpos en 29 municipios. Y hasta el 6 de marzo de 2021, actualizamos el dato a 254 fosas con 512 cuerpos en 30 municipios.

El informe “Buscar entre el dolor y la esperanza” hace hincapié en que “los hallazgos de fosas clandestinas no son aislados y esporádicos”, pues en algunos municipios son constantes y aumentan en los años, y por lo general se vuelven endémicos en donde la violencia se ha prolongado y se ha vuelto estructural. De ahí que, con la complicidad de parte del sistema mediático y de la sociedad, incluso se haya normalizado la situación, el hecho de que todo Guanajuato, junto con varias otras entidades, claro está, sea una fosa.

Este tipo de violencia es visual, es material, es simbólica y psicosocial. Es oculta, pero no del todo, en algún momento hay intencionalidad de que se revele y genere consecuencias, terror, mensajes. Constituye un recurso en el ejercicio del control y la dominación territorial y social por parte de grupos fácticos poderosos que se mueven en áreas grises, entre el crimen organizado y la institucionalidad, entre la delincuencia mafiosa explícita y la connivencia, tolerancia, cogestión y participación de autoridades y actores económicos.

No fue sino hasta el mes de octubre de 2020, cuando el Protocolo Homologado de Búsqueda dio una definición de fosa clandestina como un contexto de hallazgo, o sea, un “sitio donde ilegalmente han sido depositados, degradados, ocultados o transportados restos humanos no arqueológicos, y/u otros indicios asociados a cuerpos o restos que sean susceptibles de procesamiento forense.”, que sea del tipo “subterráneo”, es decir, en que “los restos hayan sido hallados en cavidades en la tierra” y en que “las cavidades hayan sido creadas deliberadamente para ocultar los restos”.

Sin embargo, las fiscalías y las comisiones de búsqueda han hecho pocos esfuerzos para conformar los registros de estos lugares, los mapeos y los análisis relacionados con la crisis forense y las desapariciones en el país. El conjunto de los informes y las reflexiones aquí resumidas nos arroja un panorama de impunidad generalizada.

En un punto todos y todas en el panel del martes pasado coincidimos: falta voluntad política, sentido común incluso, y no recursos, para armar registros y plataformas, buscar, identificar y restituir dignamente a sus familiares los cuerpos de quienes ya no están con vida. En cambio, lo que sucede en muchos casos es que son desaparecidos dos veces, como lo han denunciado Olimpia y Maricela, las cuales también han destacado cómo todavía no está operando el Banco Nacional de Datos Forense de la FGR para poder avanzar en la identificación de más de 52mil cuerpos resguardados en instalaciones de todo el país.

La presencia de fosas masivas y campos de exterminio resguardados por actores violentos, inclusive cerca de centros históricos, áreas de esparcimiento y zonas transitadas como en Salvatierra, Celaya, Irapuato y Acámbaro, por ejemplo, sugiere que impunemente, durante años, allí han sido torturadas y ocultadas personas, sin que interviniera la autoridad, y refuerza la idea de pactos de silencio y redes de contubernio. El quiebre civilizatorio e histórico, humanitario y social de las fosas, lamentablemente, es ya un rasgo estructural en México, pero puede y debe transformarse de manera activa, participada y transicional. Cerrar la herida es parte de un largo trabajo, común e intergeneracional, de la memoria, de la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición y, sobre todo, de la sociedad y de las víctimas, empujando a las instituciones que, por el momento, prefieren voltear para otro lado.

Por Fabrizio Lorusso desde SinEMbargo.Mx

Unos aspectos destacan claramente en el arranque de las campañas de las dos principales candidatas a la Presidencia de México.

Claudia apuesta por un enfoque de derechos, propuestas de ampliación del Estado del Bienestar, reformismo y horizontes de superación del neoliberalismo, dentro del marco ya trazado por el obradorismo en el Gobierno, pero con varias novedades y enfoques propios.

En León, Guanajuato, un territorio tendencialmente hostil a Morena, el pasado 5 de marzo, abrió brecha frente a unas 10 mil personas reunidas en el icónico Arco de la Calzada. 

Medio ambiente y sostenibilidad, educación, ciencia y cultura, atención a las mujeres, al sistema de los cuidados, los derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes son elementos de diferenciación o de “extensión” de temas que plantea Claudia Sheinbaum respecto de Andrés Manuel López Obrador, y constituyen algunos pilares del “segundo piso de la 4ª transformación”. Asimismo, la reforma de la justicia y la político-electoral, entre otras iniciativas enviadas por el Presidente, se ponen en la mesa, a discusión.

Todavía quedan fuera asuntos fundamentales y tabúes como la reforma fiscal progresiva, con impuestos patrimoniales, revisión de los impuestos a los ingresos y a los grandes evasores corporativos, y el financiamiento de largo plazo del sistema de salud universal, que propone la candidata, y del sistema de pensione, entre otros gastos públicos y nuevos programas sociales que se asumirán como permanentes: esto es importante para darle cimientos sólidos al segundo piso, especialmente en los momentos cíclicos e inevitables de las crisis internas, fiscales o presupuestarias, y los choques económicos, sanitarios o sociales de origen externo. 

Otro tema casi ausente es el de la crisis de las desapariciones en el país, en donde no basta con mencionar que se respetarán los protocolos y los modelos e instituciones vigentes, pues muchos han sido comprometidos en su funcionamiento en la recta final del sexenio y necesitan de una política pública integral, dialogada abiertamente con los movimientos sociales de las víctimas y las organizaciones acompañantes de los colectivos. Con desaparecidos y desparecidas, no hay transformación, es el lema tristemente concreto y plástico de muchas agrupaciones de personas buscadoras en el país y debería ser asumido como una prioridad.

Por el otro lado, Xóchitl, sostenida por una plétora de “intelectuales orgánicos” al neoliberalismo salinista y sus discípulos, quienes invitan a dirigir guerras sucias y campañas de mentiras descaradamente, se enfoca en trabajar con el miedo, la sangre (literal), el dolor y el retorno a un pasado de privilegios y de narcoguerra. Decidió comenzar su gira en Jerez, Zacatecas, y en Irapuato, Guanajuato, aprovechándose del sufrimiento, la rabia y las lágrimas de las víctimas, así como de los miedos de una sociedad lastimada por décadas de violencias estructurales, simbólicas, culturales y físicas. 

Aunque haya mejoras sostenidas en la incidencia delictiva y en la percepción sobre la inseguridad en el país, en promedio, durante los últimos tres años, el resultado ha sido insuficiente en varios territorios que no han experimentado cambios positivos y, ahora, se vuelven banderas propagandísticas de la oposición, hábil en explotar hoy condiciones de precariedad y violencia que ella misma generó ayer. 

Las referencias y semejanzas con la experiencia del Gobierno de Calderón y García Luna, pese a los intentos de deslinde de Gálvez, son cristalinas y presentan nuevamente la pesadilla de más cárceles, presentadas como espantapájaros para “los malos” y “pecadores” de la sociedad, y más militares en las calles con la orden de matar. Porque a ella no le temblará la mano y tiene valor. Un guiño a Bukele y a la política de mano dura sin una estrategia social integral, estructural y universal, sin inteligencia, y apelando al miedo. 

Sin embargo, la seguridad, particularmente la seguridad humana y ciudadana, no son cuestiones de valor y coraje, de balas y de prisiones, sino de atención radical a las causas y a los derechos humanos, una preocupación recurrente en los planes de Sheinbaum y prácticamente ausente de los discursos de Gálvez.

Sellar un pacto de sangre, al estilo de las ancestrales mafias italianas o de las sectas, significa que ya no se cuenta con suficiente credibilidad, que se quiere llegar al extremo para inspirar confianza. 

Cabe mencionar que, además, el compromiso sangriento de la candidata del PAN, PRI y PRD de que, si llega a la Presidencia, no va a eliminar los programas sociales implementados por el Gobierno de AMLO es propagandístico, ya que tales programas tienen rango constitucional y, aun queriendo y con un Congreso favorable a quitarlos, se necesitaría una mayoría calificada para hacerlo. Es decir, la promesa de Xóchitl se cumple automáticamente, así que no necesita pactos ni promesas. 

Toda esta situación, reedición surreal de la guerra sucia del 2006 contra AMLO pero con más apoyo de la DEA y medios extranjeros, me provoca una analogía con las etiquetas de aquellos alimentos que son nocivos para la salud, pero se venden porque declaran que no tienen gluten, azúcares o grasas trans, que no tienen esto y lo otro: en lugar de decirnos lo que sí tendrían de bueno, lo que sí aportarían a la salud, nos dicen lo que no tienen, lo que no harán o lo que no van a cancelar. Bueno, sus propuestas para el bienestar de las personas y para un futuro digno compartido como sociedad quedan fuera, y por lo general son muy pocas. Lo que sí hay dentro de este tipo de ultraprocesados disfrazados de alimentos es que imitan sabores y adulteran sensaciones y emociones, manipulando a quienes los ven, los huelen y los comen. Como en cierta política y en cierto periodismo de comentocracia.

Volviendo a lo estrictamente electoral, Xóchitl va a privilegiar el uso del miedo, la emoción primaria que induce a desear una solución fácil, una mano dura que ella presume y que castigará delincuentes, lo que se ha convertido en este país en una criminalización de la pobreza y en un mecanismo de control social, sin más. 

La idea de una nueva cárcel tipo El Salvador, lanzada al final de una marcha cuasi fúnebre con veladoras en el centro de Jerez, da miedo, así como los pactos de sangre en Irapuato, epicentro de violencia guanajuatense, y el retorno de los militares a lo que “deben y saben hacer”. Es decir, matar sin trabas o “abrazos” de por medio, según Xóchitl, y dedicarse ya no a tareas civiles, como en cambio sucede en muchos países del mundo, sino al combate frontal a presuntos criminales como en la época de Calderón. Nada nuevo bajo el sol pues. 

De Fabrizio Lorusso para SinEmbargo.Mx

El pasado lunes 18 de marzo, Luisa María Alcalde, Secretaria de Gobernación, dio a conocer la actualización de las cifras de personas desaparecidas en México. En realidad, presentó avances potenciales en la ubicación de personas que, si fueran verificados y formalizados por la autoridad correspondiente, con la debida participación y notificación a las familias denunciantes, podrían considerarse en algún momento como “localizaciones” y disminuir la cifra de personas actualmente desaparecidas en el país.

Ya en diciembre y enero se había explicado, en varias ruedas de prensa que comenté en este mismo espacio, cómo la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Secretaría del Bienestar, mediante un convenio firmado el 3 de marzo de 2023, estaban trabajando el otrora llamado “censo”, ahora “Estrategia de Búsqueda Generalizada”, con el fin, teóricamente, de progresar en la localización de las casi 115 mil personas desaparecidas en el país, que son las reportadas todavía hoy en el Registro Nacional (RNPDNO).

Convenio

Por el momento, a un año de comenzada la estrategia, el desenlace no es muy tangible y, en cambio, ha habido varios momentos de zozobra y controversia. Ha sido mínimo el esfuerzo para la identificación de los más de 52 mil cuerpos no identificados, resguardados en instalaciones forenses de todo el país, pues el Centro Nacional de Identificación Humana de la CNB, el Banco Nacional de Datos Forense, que no ha querido implementar la Fiscalía General de la República, y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, son logros de luchas legales y sociales movimiento de familiares que han sido desactivados.

El referido convenio, que todavía fue firmado por Karla Quintana y Alejandro Encinas, del lado de Gobernación, y Ariadna Montiel, por Bienestar, tenía por objeto establecer la colaboración entre las dos instituciones para “validar la información con que cuenten”, o sea, hacer el cruce de bases de datos para cotejarlas, y “realizar acompañamiento para acciones de búsqueda en vida”. Esto último ha sido objeto de polémica y crítica porque finalmente los servidores de la Nación, mucho más numerosos que los funcionarios de la CNB, han terminado por suplantar a la Comisión en las labores de búsqueda que son su prerrogativa. Quintana en agosto de 2023 dejó su cargo, mencionando que se debía, en aquel momento, a “los contextos actuales”, de los que también es parte la aplicación de la citada estrategia de búsqueda.

Necesariamente, para acompañar en campo las búsquedas y las visitas a domicilio, han tenido que manejar datos delicados y protegidos que estaban en poder de la Comisión, relacionados con las familias y los casos de las personas desaparecidas, contradiciendo partes del mismo convenio (cláusula segunda), en donde se establece que dichas acciones “en ningún sentido” implicarán “la transferencia por parte de la CNB a Bienestar de datos personales y/o datos personales sensibles”. Aquí, hubiera sido correcto y fundamental comunicar mejor y acordar con las familias, los colectivos y personas buscadoras modalidades, preavisos y permisos para hacerlo, en su caso.

Desde hace un año, este tipo de búsqueda se ha implementado mediante cruces masivos de bases de datos con lo asentado en el Registro Nacional y, posteriormente, mediante visitas a domicilios particulares u otros tipos de instalación, en que pudieran encontrarse personas denunciadas como desaparecidas, para verificar su identidad.

Cuestionamientos

Un primer cuestionamiento es que en muchos casos las visitas a las casas han sido sorpresivas y realizadas por parte de las y los “servidores de la Nación” de la Secretaría del Bienestar y no por personal capacitado de la CNB, por lo que terminan por ser revictimizantes para las familias y poco profesionales, pues pueden despertar expectativas en las víctimas indirectas y hay testimonios de que se plantearon preguntas incómodas o exigencias a las propias familias por parte de los funcionarios públicos.

Otro problema lo apunta Edgar Cortez en la página Red Lupa del IMDHD: “Las personas que la autoridad asegura ya fueron localizadas, es que no se dispone de evidencia que permita verificar esta afirmación; mientras que existen trabajos periodísticos que dan cuenta de casos donde la autoridad asevera que la persona ha sido localizada, mientras que las familias afirman lo contrario”.

Alcalde dio el dato de 15 mil 158 personas localizadas con la estrategia del Gobierno, y una cifra de personas desaparecidas que, entonces, pasaría de 114 mil 815, como está todavía en el Registro Nacional, a 99 mil 729 personas. Supongo que en algún momento este nuevo dato, menor, se verá reflejado también en el Registro, mientras tanto coexisten los dos, generando incertidumbre en dos sentidos.

Uno es que no sabemos cuándo y por parte de qué institución pública serán confirmadas las localizaciones y efectuadas “las bajas” en el Registro (o su cambio de categoría, de desaparecidas a localizadas) y su formalización legal. Es decir, con cuáles criterios y verificaciones exactamente. Pese a tener convenio, en efecto, la Secretaría del Bienestar evidentemente no está facultada para hacerlo, y deben ser los ministerios públicos (o las comisiones de búsquedas) quienes intervengan para formalizar la localización y notificarla, ya sea con o sin vida.

Por eso entiendo que Gobernación muestra ciertas cifras, que son posibles o probables localizaciones, pero aún no puede modificar el Registro, pues sin formalización incurriría en un acto ilegal. Entonces, la estrategia comunicativa de las ruedas de prensa parece ir en la dirección de preanunciar avances potenciales, sin tenerlos todavía en los hechos, y con fallas que las familias han ido documentando poco a poco.

¿Está trabajando la Comisión Nacional de Búsqueda en coordinación con las fiscalías y las comisiones estatales para superar estos problemas? ¿Cómo? Más que las cifras, sería interesante conocer detalles y posibles correcciones del diseño, implementación, objetivos concretos y evaluaciones de la estrategia.

¿Por qué el Gobierno no invita o, mejor dicho, no empuja con decisión a las fiscalías estatales, a la federal y las comisiones de búsqueda a que, en el plazo de un mes, por ejemplo, ajusten y perfeccionen todas las entradas del Registro Nacional que están mal y dificultan la búsqueda, en lugar de sólo solicitarlo a las familias denunciantes? Hace falta un enfoque integral e interinstitucional. Lo mismo sucede con los demás Registros, que incluso no han sido creados, como el de Fosas Comunes y Clandestinas nacional y los estatales, o los Registros de Personas Fallecidas, No Identificadas y No Reclamadas que fiscalías y comisiones deberían integrar.

En el caso del llamado “censo” hubiera sido más prudente esperar, construir una estrategia compartida con los colectivos y las víctimas, capacitar mejor a funcionarios para que pudieran hacer las visitas a los domicilios, coordinarse con las fiscalías y comunicar unos resultados verificados y definitivos, en vez de adelantos bastante confusos, parciales o potenciales. Claro que eso toma tiempo, pero a la vez cimenta la confianza y la solidez de la política pública.

Fallas por atender

Otro aspecto de incertidumbre lo describió hace un par de semanas el portal A dónde van los desaparecidos, en donde el periodista de investigación Efraín Tzuc publicó testimonios de familiares dentro de una nota muy precisa sobre las fallas en al menos treinta casos de presuntas localizaciones de personas que en realidad no lo son. Dos de éstas, además, fueron borradas del Registro. Tzuc reporta las quejas de las familias, compartidas por personas académicas y activistas que trabajan sobre este tema, acerca de las “nuevas categorías” extralegales de “Personas ubicadas”, ”Con indicios”, “Con identidad sin datos adicionales” o ”Se busca reportante”, las cuales que aparecen en la clasificación y resumen de resultados de la estrategia gubernamental.

Podrán ser provisionales y funcionales a la subdivisión de los casos en el Registro y para fines internos, sin embargo, su uso y presentación pública repentina fue desatinada. Sobre todo, si se considera el contexto crispado de la elección fast track, semirregular y sin consulta ciudadana, de la nueva Comisionada Nacional, Teresa Guadalupe Reyes, el pasado mes de octubre, lo cual no abonó a la confianza de las víctimas y a la credibilidad de las políticas en materia de desaparición y búsqueda: como con el caso Ayotzinapa, se habían logrado avances significativos e inéditos en los primeros cuatro años de la presente administración, pero finalmente se estancaron. Sería deseable que la misma Comisionada presente y encabece la comunicación pública de esta política y se abra al diálogo sobre cómo rectificar los errores.

Cargas masivas, datos y fiscalías locales

Otro elemento dudoso es el tema de las cargas masivas de datos al Registro que deben efectuar las fiscalías y comisiones periódicamente para actualizarlo: la última reportada en la página del RNPDNO es del 30 de mayo de 2023, por la fiscalía y comisión estatal de Querétaro, con registros de años que van del 2019 al 2022. Es la más reciente, ninguna autoridad más ha aportado datos en bloques después de las de Querétaro, o bien, la página lo omite o no se mantiene al corriente.

Otro caso es que, en Guanajuato, según el Registro, hay dos mil 633 personas desaparecidas al 19 de marzo de 2024. En el último año, curiosamente, la cifra se ha mantenido estable, alrededor de las dos mil 500 personas. Sin embargo, con datos obtenidos por transparencia de la Fiscalía General del Estado, éstas eran tres mil 951, del 1 de enero de 2012 al 31 de enero de 2024.

Constantemente ha habido una diferencia entre las dos fuentes de al menos mil y hasta mil quinientas personas desaparecidas. ¿Realiza la Fiscalía de Guanajuato cargas masivas o individuales al Registro Nacional con regularidad y periodicidad? Si sumamos a la cifra de la Fiscalía los 168 casos anteriores al 2012, reportados en el Registro, tenemos en Guanajuato a la fecha cuatro mil 119 personas desaparecidas.

¿Por qué la Fiscalía de Guanajuato comunica sus datos, restringiéndolos al periodo 2012-2024? ¿Cuántos de estos registros contienen alguna imprecisión, falla u omisión y, por tanto, no son del todo idóneos para realizar cotejos masivos de bases de datos? ¿Hay un programa urgente para corregirlo? ¿La Comisión Nacional está coadyuvando al respecto?

La precariedad del Registro y de los resultados de la estrategia se deben a la mala construcción de ambos: los vicios de origen del Registro Nacional, heredados incluso del anterior RNPED (Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas), en su mayoría no han sido subsanados. Y la responsabilidad recae en fiscalías, comisiones locales de búsqueda y la Nacional, pues es su responsabilidad gestionarlo. Los resultados del “censo” o de la “búsqueda generalizada” se ven limitados por múltiples fallas, por la metodología adoptada, los actores involucrados, la prisa de mostrar avances y los problemas con la verificación y formalización definitiva de las localizaciones y las “bajas” de las personas desaparecidas del Registro. En tiempos electorales, se extrañan al respecto propuestas concretas, claras e integrales por parte de las candidatas y el candidato a la presidencia.

De Fabrizio Lorusso para SinEmbargo.Mx

La colección de artículos en portales digitales y periódicos sobre presuntos vínculos entre el entorno del Presidente mexicano y “el narco” ha marcado en las últimas semanas la cifra de un golpismo burdo y bajo. Esto ha significado la intrusión en los asuntos internos mexicanos como forma de retorsión por las políticas del Gobierno de López Obrador en su intento por ganar márgenes de maniobra en materia energética, de seguridad, de reformas políticas, de rectoría estatal de la economía y de bienestar social, entre otros campos vitales para la soberanía nacional. Se han tocado los intereses y la capacidad operativa de la DEA en México y el lobby de la industria de armas en este sexenio, lo que no debe olvidarse a la hora de valorar los ataques que, internamente, rebotan y se magnifican por la intensa y millonaria campaña sucia que la oposición conduce en redes sociales.

ProPublica, InSight Crime, DW, NYT, y ahora agregamos WSJ. Siglas y disparos, secuelas mediáticamente planeadas que pretenden forjar narrativas tóxicas y contextos injerencistas. Esto sí que es polarización, verdadera, desestabilizadora y antidemocrática, en México y en el mismo Estados Unidos, justo en el año electoral.

Los reportajes o notas de opinión de los medios mencionados, en este periodo de intercampañas qua ya acaba el primero de marzo, vigorizan la retórica de la “guerra al narco” o “guerra a las drogas”, reedición de la war on drugs de Nixon en los setenta, e invitan gentilmente al público lector a tragarse el cuento del #NarcoPresidente y la #NarcoCandidata, y a digerir, así, viejas fábulas de las agencias norteamericanas como si fueran revelaciones contundentes. Las reiteradas propuestas desde EUA para clasificar a los cárteles como grupos terroristas e invadir con drones o militarmente el territorio mexicano para combatirlos tienen el mismo tenor y en aquello se apoyan.

Y no es, claro, que no haya corrupción hoy en México, no es que no haya candidaturas embarazosas en Morena y los demás partidos, no es que no se deban investigar los nexos entre la política y el crimen organizado, pues son asuntos fundamentales y sí impactan en la calidad democrática, pero debe hacerse seriamente, lejos de intereses mezquinos o coyunturales.

Históricamente los medios del mainstream se han dedicado a instrumentar políticas hegemónicas de control sobre países, ideas, recursos y territorios, particularmente desde las grandes potencias hacia los países del Sur global o del otrora llamado Tercer Mundo. La democracia es una excusa. Las armas de destrucción masiva (inexistentes en Irak) fueron un pretexto. El fentanilo es un chivo expiatorio. Y business is business, más bien.

Hoy, junto con nuevos actores del campo mediático y con los narco-hashtags y bots que contrata desde el extranjero la oposición, medios internacionales corporativos hacen el juego de las elites en ambos lados del Río Bravo. Éstas sí que son un peligro tangible para la democracia, las elecciones y México, y no las propuestas de reformas constitucionales, la crítica al Poder Judicial o una entrevista del Presidente con una periodista rusa de un medio independiente.

El 18 de febrero pasado las marchas de miles de personas, motivadas más por el miedo y el odio que por la democracia y el diálogo, además del ya clásico trasfondo clasista y racista, mostraron contradicciones y distorsiones evidentes: fueron libres, pacíficas, con mucha cobertura de medios, sin cercos policiacos ni represión, pero a la vez denunciaban la supuesta instalación de una dictadura comunista en el país. En buena parte fueron convocadas por decenas de asociaciones de una sociedad civil caviar, y por comentaristas y comunicadores que han construido su éxito entre montajes, manoseos informativos, contubernio con el poder y esparcimiento de noticias falaces.

Los añejos grupos de poder que conforman el complejo industrial-militar, económico y mediático de Estados Unidos, y las élites subalternas a éstos en México, tienen nostalgia de la Iniciativa Mérida, de la Operación Rápido y Furioso, y del calderonismo de guerra, y muestran su desesperación por hacer negocios con armas, medicamentos, opioides y con la inseguridad, al estilo de García Luna y sus dudosos “emprendimientos” cuando Fox, Calderón y Peña.

Sienten frustración por haber perdido algunos de sus privilegios y, justamente, han elegido a la figura de Xóchitl Gálvez como la mejor representante del concepto de “colonización por invitación”, bien conocido en los estudios sobre América Latina y de nuevo en boga tras el tour yanquibérico de la candidata del PRIAN.

La investigadora canadiense Dawn Marie Paley habla del “capitalismo antidroga”, una maquinaría reticular de poderes económicos, políticos y criminales de alcance global, articulados con los locales, que conducen una “guerra contra el pueblo”, una represión de demandas sociales y personas en el contexto del neoliberalismo, del despojo, la disputa por recursos y el régimen internacional prohibicionista que, impuesto por Estados Unidos durante el siglo XX, criminaliza ciertas substancias y trata problemas de salud como cuestiones penales y criminales.

Ya está abierta entonces. No sólo la campaña electoral con vistas al 2 de junio, sino la de los intereses fácticos binacionales y de los medios de comunicación de Estados Unidos y otros países, con su función de replicadores seriales de los primeros. Poderosos y prestigiosos, como el New York Times, The Wall Street Journal y Deutsche Welle, o emergentes y menos influyentes, como los demás que se lanzan a la carrera. Y ahora, de nuevo, cabe decir, todos por igual menos serios y creíbles de lo que fueran antes.

Como ya aprendimos de la historia reciente y no tan reciente latinoamericana, este newsfare puede ser preámbulo o corolario del lawfare, de los golpes blandos o de los experimentos necrolibertarios que se coronaron, por ejemplo, con la llegada de personajes como Milei y Bukele en Argentina y El Salvador, normalmente muy grata al gran capital y a los en la cima de la pirámide.

Los estados de guerra mediática y tecnológica pretenden generar inestabilidad. Son instrumentados a veces “autónomamente”, o bien, por “invitación” e “incitación”, por sectores del país receptor, en alianza o acuerdo con agencias extranjeras, en este caso la DEA (Drug Enforcement Administration), que depende del Departamento de Justicia y del Gobierno de Estados Unidos. Desencadenan violencias, autorizadas o sostenidas por grupos legales e ilegales poderosos, y ensalzan posturas cada vez más extremas, amplificadas desde las redes digitales y las campañas sucias.

Esto sí es polarización. Esto prepara el terreno para desacreditar candidatos, boicotear procesos electorales y restar legitimidad a gobiernos y congresos electos, paralizando acuerdos y reformas cuando y si se instalan. No sólo es evitar el Plan C, o sea que Morena y sus aliados tengan mayoría calificada en el Congreso, sino que es la conformación de un bloque regresivo y reaccionario ampliado y agresivo. ¿Es este el proyecto de Nación y la propuesta de las derechas en México? Más bien, este es el peligro antidemocrático para México en 2024, y más allá. Cierro con un miniestudio del caso más reciente.

En el Wall St. Journal del 25 de febrero salió un reportaje de Juan Montes titulado capciosamente: La política criminal mexicana de “abrazos, no balazos” propaga el dolor, el asesinato y la extorsión. Para leerlo integral tuve que buscar en otras páginas que reproducen el artículo porque la original es de paga y no tengo suscripción. Lo encuentro en un blog que, como a remarcar la moraleja de todo el texto, le agrega un subtítulo o comentario inicial muy límpido, incitando a la mano dura: “Ser indulgente con los delincuentes violentos conduce a más delincuencia. Quién lo hubiera dicho”. En dos frases se sintetiza el motor político-ideológico del artículo. Pero quiero rescatar algunos extractos más porque son sintomáticos y han sido menos comentado que los anteriores del NYT y ProPublica.

El título en sí es una obra maestra de la distorsión. “Abrazos, no balazos” es un lema que se volvió ya un significante vacío, pues sirve un poco para todo y para nada, sobre todo si se quiere criticar o resaltar algo, cualquier cosa, de la Presidencia de López Obrador. Y vaya que sí hay cosas qué criticar o corregir. Sin embargo, reducir todo a una simple política criminal, clasificada como fallida, o a un supuesto arreglo con el crimen organizado es falsear la realidad, fortaleciendo la retórica del aparato mediático-colonial.

“Abrazos, no balazos”, guste o no, que haya funcionado a cabalidad o no, es programas sociales y becas, es el proyecto de reconstrucción del Estado del bienestar, es la lucha contra la difusión de las armas, la inclusión de sectores sociales antes abandonados, la disminución de tareas represivas de cuerpos de seguridad estatales ante las protestas sociales, y finalmente es la orden presidencial a las fuerzas militares y de la GN para que eviten enfrentamientos directos con grupos criminales, pues sabemos que esto conlleva casi siempre graves violaciones a los derechos humanos y abre las puertas a la ejecución extrajudicial de presuntos culpables.

Sigue la pieza: “Los cárteles de la droga tienen bajo su control a más ciudades y familias gracias a una política presidencial que pretende sofocar la violencia de las bandas haciendo hincapié en la ayuda pública en lugar de la vigilancia policial”.

Aquí se expresa claramente la deseabilidad, para el autor y, quizás, sus lectores promedio, de un enfoque policiaco por encima de un enfoque de derechos. Para evitar continuar con esta política de la era neoliberal, AMLO fue votado por más de 30 millones de personas en 2018, tras doce años de baños de sangre y “seguridad policiaca” en los sexenios de Calderón y Peña Nieto.

Los resultados no son los esperados, es cierto. Creció la presencia militar en tareas de seguridad y en la economía. La GN, formalmente un cuerpo civil, pero en realidad militarizado, se ha enfocado en cumplir con el mandato estadounidense de que México se convierta en tercer país seguro y sea dique de contención de la migración. Por eso, y lo cita el artículo aunque sin explicarlo, ha descendido la cifra de las detenciones de la Guardia entre 2019 y 2022, pero han crecido las de personas en tránsito.

La política de bienestar ha ampliado la base de personas beneficiarias y los programas, pero aún es insuficiente respecto de lo que se necesita en México, pues han faltado una reforma fiscal progresiva e integral, impuestos patrimoniales, y sobre todo que los más ricos, incluyendo grandes empresas, paguen lo debido. Siguen las carencias en salud y en educación y falta un enfoque universalista integral. Pero solicitar mayor vigilancia policial, criticar burdamente la “ayuda pública” como si fuera innecesaria y clasificar simplemente de blanda la política de seguridad representa un despiste que esconde posturas ideológicas.

Así arranca el artículo: “TUXTLA GUTIÉRREZ, México-Bandas criminales detrás de la epidemia de drogas en EE.UU. están experimentando un crecimiento acelerado y controlan más territorio en Méxicodonde pueden asesinar a sus rivales, neutralizar a la policía, confiscar propiedades y obligar a los ayuntamientos a concederles contratos públicos”.

Nadie podría negar la violencia en el país o el poder de redes macrocriminales que involucran empresas, políticos y delincuentes. Aunque han bajado en los últimos tres años los principales indicadores delictivos, es un problema gravísimo que se ha vuelto endémico en varias regiones de México. El reportaje pasa en reseña la lista de actos violentos y crisis de seguridad de las últimas semanas, brincando de un contexto a otro para corroborar, así, la narrativa tóxica del narco-Estado o del Estado fallido.

Con ello en varios pasajes se hilan los acontecimientos violentos para presentarlos como consecuencia de lo que el reportero mismo define e interpreta “política de abrazos, no balazos”, dejando en segundo plano el hecho de que se trata de un fenómeno que comenzó a escalar desde finales de los años noventa y explotó definitivamente desde el 2007, el primer año de la narcoguerra de Felipe Calderón. En su sexenio sí se ha demostrado una correlación muy fuerte del crecimiento de la violencia con el modelo económico adoptado, y particularmente con la política de seguridad.

Lo interesante aquí es que el periodista se siente en deber de incluir una falacia. Dice que las bandas criminales mexicanas son las responsables de la epidemia de drogas en Estados Unidos. En cambio, este enorme problema de salud pública lamentablemente es tratado como materia de política penal y punitiva, y es provocado por el propio estilo de vida y de sociedad norteamericano. Esto incluye las recetas legales de opioides, las presiones de lobbies armamentistas y carcelarias, un régimen de capitalismo antidroga que vive de la inseguridad, un sistema social excluyente, basado en la competencia y el performance. En fin, un modelo generador de depresión, ansiedad y dolor crónico a todos los niveles, lo cual es paliado por drogas cada vez más fuertes e jugosamente integradas al negocio de las multinacionales farmacéuticas.

La idea de que las “bandas mexicanas” están “detrás de una epidemia de drogas” encierra otra narrativa tóxica. Este supuesto “hecho” sirve para justificar la típica política de guerra a las drogas impuesta por Estados Unidos a sus vecinos. El argumento acaba despolitizando el tema, sosteniendo el ataque dirigido nada más a la oferta y no a la demanda, y solapa la existencia de narcotraficantes y mafias locales en aquel país, en donde, de hecho, se queda la gran mayoría de las ganancias del contrabando de narcóticos. En este sentido, el texto es funcional a sostener patrones de injerencia típicos de la política exterior estadounidense, pilares de su poder duro en la disputa geopolítica.

Por Fabrizio Lorusso desde SinEmbargo.Mx

Hace un par de semanas la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), organización no gubernamental estadounidense fundada en 1974, comunicó los nombres de las personas y organizaciones que, el próximo 9 de mayo en Washington, recibirán el Premio de Derechos Humanos 2024, por su dedicación a los derechos humanos en las Américas, su defensa de la dignidad y la justicia.

En ocasión del 50 aniversario de la organización, destaca el reconocimiento a “Los colectivos de familiares de personas desaparecidas de Guanajuato, México”, que, como explica su comunicado, han tenido un “papel esencial en la búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición ante una crisis de desapariciones que suma más de 114,000 víctimas a nivel nacional”.

En Guanajuato, las personas desaparecidas son más de 4,000. Han surgido más de veinte colectivos de búsqueda en tan solo cuatro años, debido al incremento de la violencia, por un lado, pero también a la respuesta cada vez más colectiva, articulada, cívica y política de estas agrupaciones, formadas en su mayoría por mujeres.

Éstas se han volcado a la defensa de los derechos de todas y todos, a partir de la búsqueda, primeramente, pero también con alianzas y redes tejidas con otras luchas que, finalmente, se están enfrentando a distintos aspectos de las mismas violencias: estructurales, económicas, simbólicas, de género, sociales e institucionales.

Así es como han ido forjando repertorios de acción y denuncia pública con impactos sociales, sistémicos, a nivel nacional, pues sus alcances ya trascienden los casos singulares, familiares o el ámbito local. Su construcción de agencia cívica colectiva, ciencia ciudadana y acción política, ante las desapariciones y la violencia normalizada, ha contrastado la indiferencia del entorno, particularmente reacio al activismo social, y particularmente al de las mujeres, en Guanajuato.

Entonces, el reconocimiento de WOLA es presentado, justamente, como un logro colectivo, dirigido a un movimiento amplio en el estado. Éste se ve representado por Olimpia Montoya y Bibiana Mendoza, cuyas luchas han sido emblemáticas y trascendentes por varios motivos.

Olimpia busca desde 2017 a su hermano Marco Antonio y es cofundadora del colectivo Proyecto de Búsqueda. WOLA destaca “su papel en el avance de los esfuerzos para crear el Banco Nacional de Datos Forenses”, una petición de larga data de los colectivos que, en contra del mandato de la Ley General en Materia de Desaparición, había sido desatendida por la Fiscalía General de la República. Olimpia, con el apoyo legal del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, logró que en abril de 2023 un juez obligara a la indolente FGR a instrumentar la creación de esta base de datos, fundamental para avanzar en la identificación de más de 52mil cuerpos no identificados que están en las morgues, los panteones y fosas comunes del país.

Bibiana Mendoza busca a su hermano Manuel Ojeda Negrete desde 2018 y es representante del colectivo Hasta Encontrarte. Recibirá el galardón “por su inquebrantable vocería contra la militarización en México”, pues su colectivo, con apoyo de asociaciones civiles solidarias, ha mostrado a México y al mundo la persistencia de la terrible realidad de las fosas clandestinas en el país y ha protagonizado protestas contra la militarización de la seguridad, las estructuras patriarcales y las fallas de las autoridades en la búsqueda y la investigación de las desapariciones a nivel estatal y nacional. El colectivo, en alianza con otros, formó una Brigada Independiente de Búsqueda en 2022, la cual ha realizado 256 búsquedas autónomas en campo, encontrando 73 fosas clandestinas, 110 cuerpos sin vida y 16 personas con vida en un año y medio de actividades. En estos meses, varios otros comités de búsqueda, dentro de los colectivos o independientes, han surgido, por ejemplo, en León y Salamanca, mostrando cómo se ha vuelto fundamental la acción directa de las familias y la presencia en el territorio de grupos que, en muchas ocasiones, suplen las carencias (o la inoperancia) de las células municipales de búsqueda.

El galardón de WOLA es reflejo de “la amplia comunidad de colectivos de búsqueda de Guanajuato y de México, liderados especialmente por mujeres, que buscan activamente a sus seres queridos en un contexto de alto riesgo. Los colectivos representan una luz de esperanza para todas las familias en el continente americano que buscan a sus familiares desaparecidos”, menciona el comunicado.

Olimpia y Bibiana recibirán el premio y el reconocimiento simbólico de una lucha incansable, colectiva, profunda, que legitima y sostiene la palabra y la memoria de las víctimas, así como la denuncia y la exigencia constante a las autoridades.

Una forma de activismo que, lamentablemente, se ha vuelto de alto riesgo en el contexto actual, pues en la entidad han sido asesinadas nueve personas buscadoras y muchas más viven bajo amenaza, desprotegidas, desplazadas forzadamente, o son desaparecidas, como sucedió con Lorenza Cano, el pasado 15 de enero en Salamanca. Ojalá que este reconocimiento internacional mueva conciencias e instituciones, que pueda significar una mayor visibilidad y protección para todas las buscadoras, una fuerza y contundencia renovadas para sus luchas y palabras, y finalmente acciones concretas, integrales, concertadas y efectivas del Estado ante las desapariciones y la crisis forense.

Por Fabrizio Lorusso desde SinEmbargo.Mx