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En las conclusiones del libro Historia mínima de las derechas en América Latina, publicado por el Colegio de México en 2023, el autor, Ernesto Bohoslavsky, retoma un sugerente esquema de Barry Cannon, especialista en política y derechas latinoamericanas.

Éste identifica cinco “grupos de recursos” que las élites han movilizado a su favor en la historia de nuestro subcontinente para construir y mantener la dominación, con más o menos consenso, según el momento: las Fuerzas Armadas, el poder económico, los partidos políticos, la cultura y la comunicación, y finalmente, los socios en el exterior.

A lo largo del tiempo, sin embargo, la miscelánea concreta de recursos que utilizan los grupos de poder ha sido variable, ya que no siempre les fue posible manejar todas las palancas a la vez y, aun en presencia de más afinidades ideológicas que diferencias en su seno, rara vez se han constituido como un bloque unitario y coherente.

Esto dependería de varios factores, como, entre otros, el equilibrio de fuerzas con otros actores sociales y políticos, el ya mencionado grado de unidad en su interior, su nivel de legitimidad o descrédito, el tipo y profundidad de control del Estado, el tablero internacional, la disputa de la hegemonía por parte de otros poderes fácticos o institucionales, así como de sectores, discursos y proyectos distintos.

Entiendo el recurso de las Fuerzas Armadas de manera amplia, como uso de la coerción legal y paralegal, ya sea mediante el Ejército o la Marina, la policía y las fiscalías, los sistemas de vigilancia y las guardias al servicio de intereses particulares.

El poder económico significa, entre otras cosas, ingresos, pero sobre todo capitales, infraestructuras, finanzas, industria, concesiones, tierras, empresas, símbolos y redes de negocios o inversiones.

El ámbito político no lo limitaría tan sólo a la creación de partidos representativos de los intereses elitistas, es decir, de una “minoría selecta o rectora”, sino que se expresa también en fundaciones, clubes y organizaciones de la sociedad civil, junto con el lawfare y la influencia sobre el Poder Judicial u otras esferas del Estado.

El recurso de “socios, alianzas y redes en el exterior” debe de incluir, en mi opinión, agencias, actores políticos, lobistas, instituciones de todo tipo, partidos, financistas, iglesias, medios de comunicación, agentes del campo cultural, think tanks y hasta bandas mercenarias foráneas, entre otros.

Sin pretensiones de exhaustividad, en la esfera cultural y de los medios de comunicación se pueden considerar también la religión, la industria cinematográfica y editorial, las redes sociales digitales y la educación privada, más allá del control relativo o absoluto que las élites pudieran tener sobre el sistema educativo de un país como tal.

En el citado libro de la colección “Historias Mínimas” del Colmex, estas categorías, que resumí en la infografía de esta columna, sirvieron al autor para cerrar la obra con un balance de las vicisitudes históricas latinoamericanas y con un ejercicio que resumo en un par de preguntas sobre el ayer y el hoy.

¿Cuáles de los cinco grupos de recursos a disposición de las élites fueron los más usados en un momento dado de la historia?

¿De cuáles de estos recursos pueden echar mano, hoy, las élites del bloque neoliberal y las derechas radicales en México para cumplir sus fines?

Los regímenes oligárquicos de finales del siglo XIX, como el Porfiriato o el Estado Velho de Brasil, tenían a su alcance palancas y medios distintos, respecto de la clase tecnocrática y neoliberal surgida en los ochenta en México y Latinoamérica, al calor del Consenso de Washington, o de los regímenes cívico-militares del Cono Sur una década antes, durante la Guerra Fría. El acceso y la disponibilidad para algunas herramientas declinan, para otras crecen y difieren entre subgrupos oligárquicos.

Sin embargo, a través de mezclas diferentes y cambiantes de recursos e instrumentos, en la mayoría de los países y de las épocas, los grupos de élite del espectro político de derecha han dominado la economía, la política y las narrativas, por encima y en perjuicio de otros sectores de la sociedad.

En este sentido, vemos cómo el PRIAN, la candidata Gálvez, los dinosaurios partidistas, Claudio X González, sus “organizaciones civiles”, la “marea rosa” y el empresariado afín, se han movido para aprovechar, sobre todo, cuatro palancas o grupos de recursos: el del dinero y el poderío económico; el Poder Judicial y el lawfare; sus socios y aliados en el exterior, especialmente en Estados Unidos y España; algunos sectores de la Iglesia, el mundillo de la cultura made in Nexos, Letras Libres, cada vez más descalificado, y los medios tradicionales de comunicación con sus costillas digitales y fake media tipo Latin.Us.

Me parece que este último elemento es el más poderoso, todavía, en manos de la élite conservadora decadente, aunque le siguen de cerca el “Estado profundo” y la guerra judicial, por ejemplo, gracias al control de la Suprema Corte, como factores de resistencia al cambio y defensores de aquellos grupos antes hegemónicos. Pero a diferencia de antes, todos estos esfuerzos ya han perdido el monopolio discursivo y no logran conformar “hegemonía”, sino que son cada vez más cuestionados, ya no dominan ni suscitan aprobación.

La pregunta sobre el hoy y los recursos de la élite sirve de brújula, útil para interpretar el ajedrez de la política, sobre todo en periodos de campaña, cuando las piezas se mueven y se caen más frenéticamente. Ayudan a comprender mejor y contrastar acciones, comportamientos, estrategias, verborreas, mentiras y guerras sucias en el contexto actual. Y especialmente en el campo de las derechas mexicanas que fueron “clase dirigente”, aunque fuera con creces contestada, y que se presentan divididas en varios partidos y corrientes, del neoliberalismo progresista al conservador y a la derecha radical, pero unidas por adversarios comunes como el obradorismo, Morena y la 4T.

Por Fabrizio Lorusso desde Sin Embargo MX

Fabrizio Lorusso

Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León sobre temas de violencia, desaparición de personas y memoria en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Colaborador de medios italianos y mexicanos. Integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto para el fortalecimiento colectivo de las víctimas.

En la mañana del 2 de abril intervine en Esteri, el programa dedicado al análisis de noticias internacionales de Radio Popolare, histórica emisora radiofónica de Milán, mi ciudad natal. La inquietud desde el otro lado del charco, respecto de México, era conocer los motivos y las dinámicas de la violencia, sobre todo en este periodo electoral y en el estado de Guanajuato, en Celaya, tras el asesinato de Gisela Gaytán, aspirante a la alcaldía por Morena.

Violencias en Guanajuato

Esto ocurrió justo el día de arranque de las campañas electorales locales, en el contexto de violencia que azota la entidad, con más de 3,100 homicidios en 2023 y, desde 2018, en el primer lugar por este tipo de delito a nivel nacional. Celaya ha sido, junto con Irapuato, Salamanca y León, un epicentro de la inseguridad dentro del corredor industrial en sus múltiples facetas: desigualdades, conflictos laborales y dinámicas de expulsión; polos de crecimiento económico que conviven con territorios y poblaciones segregadas; grupos armados criminales y alta presencia de fuerzas militares; masacres endémicas, desapariciones y fosas clandestinas; disputas de negocios, nodos logísticos y de distribución, guaridas y casas de seguridad o entrenamiento, laboratorios, áreas territoriales y recursos varios por parte de “cárteles” como Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima y sus aliados dentro de los poderes político y económico. ¿Qué es o quiénes son el “crimen organizado” en Guanajuato? El contexto local puede describirse como un entramado macrocriminal complejo y articulado de cogobierno y contubernio. Tocar estos intereses o simplemente declarar intenciones de mover equilibrios establecidos puede costar la vida.

Según la investigación de Data Cívica y del Programa para el Estudio de la Violencia (PEV) del CIDE en el micrositio Votar Entre Balas, en lo que va del sexenio hubo 1,755 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra funcionarios del ámbito político y gubernamental o instalaciones de partidos o gobiernos, y Guanajuato lleva la delantera en este tipo de violencia, pues fueron 129 los asesinatos: Celaya, Tarimoro e Irapuato han sido los municipios con más casos, así que lamentablemente la tendencia de los poderes fácticos criminales armados a establecer control violento sobre los municipios guanajuatenses no es nueva, al contrario.

Y Celaya

En varias administraciones locales priman esquemas de paralegalidad y gobernanza político-criminal, en donde las zonas “grises” de interacción y colaboración entre el crimen y las instituciones configuran espacios de impunidad para los perpetradores y de indefensión de las víctimas y la sociedad en general.

Esto se refleja, a mi juicio, en el gran y acelerado crecimiento de delitos y violaciones graves a los derechos humanos en Guanajuato, como son las desapariciones, que pasaron de 621 en 2018 a 4,119 en enero de 2024, y las más de 400 fosas clandestinas halladas en los últimos 4 años, algunas de las cuales son masivas y han sido excavadas impunemente en contextos que podemos definir como “sitios de exterminio”. Celaya, con tan solo el 6.1% de la población guanajuatense, tiene el dato de 502 personas desaparecidas, lo que representa el 12.2% del total en el estado.

Gisela fue asesinada con disparos de arma de fuego detonados desde una moto cerca del mercado de San Miguel Octopan, un pueblo conocido porque el 2 de mayo de 2023 allí fue víctima de homicidio la buscadora Teresa Magueyal, del colectivo Una Promesa Por Cumplir, quien buscaba José Luis Apaseo Magueyal, su hijo desaparecido en Celaya el 6 de abril del 2020. Ella es una de las 9 personas buscadoras que fueron asesinadas desde 2018 en Guanajuato, mientras que sigue desconocido el paradero de Lorenza Cano, del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, privada de su libertad por un comando armado en Salamanca el pasado 15 de enero.

Votos, drogas y violencia

Sandra Ley y Guillermo Trejo, en su libro Votos, drogas y violencia. La lógica política de las guerras criminales en México (Debate, 2022) elaboran un enfoque original, aplicando la ciencia política al crimen organizado y a la violencia a gran escala, que es muy pertinente para tratar de comprender las posibles causas y los contextos de los 86 asesinatos políticosque registra la página Votar Entre Balas en lo que va del año. Veamos sus principales y valiosos aportes.

La “zona gris de la criminalidad” se define como un “espacio ecológico” de intersección del Estado y del crimen. La conjunción de “especialistas estatales en violencia” y criminales genera el fenómeno del crimen organizado. Esto es más común en regímenes autoritarios o en transiciones deficitarias a la democracia, en donde las élites gobernantes no abrieron procesos serios de justicia transicional, no quisieron o no pudieron reformar las fuerzas de seguridad, el sistema judicial heredado de la época anterior o las fiscalías. Así, se dejaron semillas para el mantenimiento de “la zona gris” y de violencias criminales a gran escala, relacionadas con la competencia electoral, el pluripartidismo y la descentralización del poder político. Los especialistas estatales tienden a entremezclarse o ser reclutados en las filas de grupos armados paramilitares y criminales como los Zetas o el Cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros.

Los cárteles mexicanos escalaron el conflicto en ciertas regiones, cuando el país, entre finales de los 80 y los años 90, transitó del autoritarismo monopartidista al pluralismo electoral y de gobierno, ya sea por la vía democrática, como en Baja California en 1989, o de forma pactada, como en Guanajuato en 1991. La policía y las autoridades judiciales estatales tuvieron un papel central en el desarrollo de redes informales de protección de grupos criminales organizados durante la era priista, por lo que el comienzo de la alternancia partidista y los movimientos en puestos clave en ciertos estados fue un posible factor explicativo del estallido de la violencia y disputas criminales en aquel entonces.

¿Cómo? Digamos que la alternancia y la remoción de personal judicial, policiaco y de las fiscalías, junto con los cambios abruptos en la economía local y global tras la firma del TLCAN, en estados en que ganó la oposición política del PAN o del PRD, fueron factores que trastocaron temporalmente las redes de protección criminales preexistentes. Ante esta incertidumbre los grupos delincuenciales formaron milicias privadas de defensa y, luego, de ataque a territorios colindantes o, inclusive, lejanos, en contra de sus adversarios, sobre todo en municipios en donde estos también iban perdiendo temporalmente la protección estatal. Este proceso causó también una escalada armamentista y de ejércitos privados, en el contexto del creciente contrabando de armas y drogas y del aumento exponencial de los flujos lícitos e ilícitos a través de las fronteras norte y sur. Asimismo, fue modificándose paulatinamente la relación de fuerza dentro de las áreas grises de cooperación o connivencia político-criminal-empresarial.

El giro dramático del 2006

Desde 2006, se da un giro y la violencia relacionada con los llamados “cárteles”, la cual crece tras la intervención federal y la militarización de la “guerra a las drogas” de Felipe Calderón. La evidencia documentada por Trejo y Ley es contundente: en el contexto de polarización política postelectoral del 2006, en que el proceso resultó viciado y Calderón ganó con un margen muy pequeño y dudoso, el gobierno politizó la aplicación de la ley, el poder judicial, la ayuda a los estados, la seguridad pública y la intervención militar, lo que ha estimulado aún más la violencia letal en México, pero especialmente en los estados gobernados por la oposición política de izquierda. Veamos algunas de sus conclusiones:

• la violencia ligada al narcotráfico y los grupos criminales fue más intensa en municipios de estados gobernados por la izquierda en el periodo 2006-2012;
• lo anterior no se debió a “incompetencia”, sino al conflicto intergubernamental (entre niveles de gobierno con partidos distintos en el poder), reforzado por Calderón en contra de la entonces izquierda partidista que no había reconocido su victoria;
• hay ejemplos de estados fronterizos con dinámicas parecidas, pero con tasas de violencia homicida muy distintas: Michoacán y Guanajuato, Michoacán y Jalisco, Michoacán y Guerrero (o Zacatecas, de izquierda, vs Chihuahua o Baja California, de derecha)

La intervención federal se desagrega en el ámbito militar, judicial, comunicativo y de política social, por lo que hubo distintas trayectorias de ésta, ya sea siguiendo patrones de cooperación, cuando los gobiernos locales eran del PRI o del PAN, o de conflicto partidista entre niveles de gobierno, cuando se trataba de la oposición: entonces, los grupos delincuenciales aprovecharon estos conflictos para invadir territorios desprotegidos, escalar la violencia y atacar a políticos locales, con el fin de articular “regímenes de gobernanza criminal” desde lo local y, luego, en territorios colindantes. Atacaron más a políticos y candidatos en donde era alto el conflicto partidista intergubernamental y en donde estos eran considerados más vulnerables, desprotegidos, sobre todo durante los ciclos electorales o en la fase de instalación de los gabinetes. Lo descrito fue amplificado por una serie de acciones deliberadas desde la presidencia de la República.

Los grupos criminales atacaron cada vez más a políticos y candidatos para infiltrarse en las campañas y los gobiernos locales, transformándose en gobernantes locales de facto: lo anterior permite una mejor comprensión de los motores de la violencia criminal en México (y América Latina), enfocándose en los detonantes políticos y electorales del crimen organizado y la violencia criminal a gran escala, de la cual son muestras los asesinatos de funcionarios y candidatos que se intensifican en época de campañas.

Regreso al 2024

La evidencia analizada por Trejo y Ley se refiere a los sexenios anteriores y a un régimen político, económico e ideológico distinto del que, aun con altibajos, se está construyendo en el México de la 4T. En este sentido, una línea abierta para la investigación es justamente dar continuidad y examinar el sexenio qua va acabando. Considero que la relación entre violencia política, electoral y criminal, por un lado, y los conflictos entre niveles y partidos de gobierno, por otro, pudo haber cambiado, al menos en parte, porque las políticas y enfoques de seguridad, los programas sociales, las instituciones dominantes y la gubernamentalidad neoliberal de las presidencias de Calderón y Peña Nieto también han tenido transformaciones. Aun así, ciertas dinámicas se han vuelto inerciales, casi estructurales, con tendencias de largo plazo que todavía no se revierten porque no han culminado procesos de reforma de la procuración e impartición de justicia a todos los niveles o de esclarecimiento histórico de crímenes del pasado más o menos reciente, así como reformas policiacas de gran calado y asentamiento de una democracia plena, más allá de las alternancias. 

Por Fabrizio Lorusso desde SinEmbargo.Mx

El 1º de abril arrancaron las campañas electorales a escala local, a un mes de iniciadas las federales. Fue ésta la fecha que eligieron los perpetradores del atentado homicida contra Gisela Gaytán, aspirante a alcaldesa por Morena.

El año pasado Guanajuato registró 3 mil 104 homicidios dolosos y, desde 2018, es primer lugar por ese delito en el país. Además, Celaya ha estado entre las ciudades más violentas de México dentro de una región como el corredor industrial que, a su vez, es altamente conflictiva y mortífera.

Es una zona económicamente boyante y atractiva para la inversión extranjera, pero también con fuertes contrastes sociales, espaciales, económicos y laborales. Es escenario de disputas entre grupos armados locales y foráneos, como el cártel Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación, que actúan como bandas paramilitares, en lucha por el control territorial y la cogestión empresarial-delincuencial de recursos, rutas y negocios, como la extracción de hidrocarburos, el cobro de piso, el narcomenudeo, la producción de metanfetaminas y la trata de personas. Desde León rumbo a Querétaro, el corredor incorpora y atraviesa Silao, el Puerto Interior, Irapuato, Salamanca, Celaya, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, que son también las ciudades con mayores tasas de homicidios.

La zona vive tiempos incesantemente violentos, crisis de inseguridad recurrentes, masacres, bloqueos de carreteras e incendios dolosos de negocios, junto con hallazgos de centenares de fosas clandestinas y sitios de exterminio. Es un panorama típico de conflictos armados no convencionales, denunciado por más de 20 colectivos de buscadoras y la prensa, entre balazos, desplazamientos forzados y amenazas.

“De 2018 a lo que va de 2024 se han registrado en México mil 755 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos”, reportan el equipo de investigación de Data Cívica y del Programa para el Estudio de la Violencia (PEV) del CIDE en el micrositio Votar entre Balas, proyecto de documentación en tiempo real sobre la violencia políticoelectoral en el país.

En ese periodo Guanajuato contabiliza 129 asesinatos de esta naturaleza, siendo Celaya, Tarimoro e Irapuato los municipios con más incidencia, por lo que el fenómeno no es nada nuevo, aunque tiende e intensificarse antes de las elecciones, debido al posicionamiento e influencia de poderes fácticos criminales en su relación con el poder político y los intereses económicos locales.

La premisa del proyecto es que “en México, la violencia electoral se ha convertido en herramienta del crimen organizado para influir en la vida pública de estados y municipios”. Desde la academia se han formulado recientemente explicaciones y conceptos articulados, que superan ciertas nociones abarcadoras y poco útiles, como “narcoestado” o “Estado fallido”, y encuadran esta situación como producto de formas de gobernanza criminal o de gobernanza armada, como captura del Estado por redes macrocriminales, como vacíos de Estado, o bien, como sistemas de paralegalidad, franquicias delictivas y “áreas grises”, entre otros.

“El año con más ataques registrados fue 2023, con 574 eventos violentos, seguido de 2022 con 486 […]. Guerrero lidera la lista de estados con más ataques; 11.5 por ciento ocurrieron ahí. En la lista siguen Guanajuato, Veracruz y Oaxaca. Estos cuatro estados representan 38.4 por ciento de los eventos violentos registrados. Tijuana lidera la lista de municipios con más ataques, seguido de Celaya, Chilpancingo y Taxco”, detalla el micrositio.

Guanajuato es el primer estado por número de policías asesinados; 60 el año pasado. La cifra de desapariciones se ha multiplicado casi siete veces en seis años: de 621 personas en 2018 a 4 mil 119 en enero de 2024, según el cruce de datos oficiales que realizamos desde la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato y la Ibero León. Sólo en Celaya son 502 las personas que nos faltan, 12.2 por ciento del total de todo Guanajuato.

Gisela fue asesinada en el primer día de actividades proselitistas, después de una visita y volanteo en el mercado de San Miguel Octopan. Esta comunidad irrumpió en las crónicas internacionales el 2 de mayo de 2023, cuando allí fue asesinada cerca de su casa Teresa Magueyal, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, quien buscaba a su hijo, José Luis Apaseo Magueyal, desaparecido en Celaya en 2020.

Gracias a trabajos como el de Sandra Ley y Guillermo Trejo (Votos, drogas y violencia: La lógica política de las guerras criminales en México, Debate, 2022), sabemos que históricamente hubo correlaciones relevantes entre los asesinatos, los periodos electorales y ciertas variables de la política local, sobre todo municipal, que es el nivel que concentra el mayor número de ataques contra funcionarios y candidatos. Estas variables se relacionan con el control de grupos criminales sobre actores e instituciones estratégicos, clave para la gobernanza criminal, como la Secretaría de Seguridad y la policía municipal, la policía de tránsito y la dirección de obras públicas, los ministerios públicos y agentes ministeriales.

Cuando se alteran equilibrios o surgen perspectivas de cambio en algunos de estos factores, por ejemplo, si un partido opositor gana la presidencia municipal, o bien, si hay diferencias de partidos en el poder entre niveles y conflictos intergubernamentales, entonces, se detonan mayores intervenciones violentas para mantener, modificar o cambiar un cogobierno criminal.

Por Fabrizio Lorusso desde La Jornada

El 24 de marzo en Argentina decenas de miles personas marcharon por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, fecha instituida oficialmente en 2002 con el fin de reflexionar crítica y colectivamente sobre la historia reciente y conmemorar a las víctimas de la dictadura militar que gobernó el país entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

Entonces, el pasado domingo, la presidencia argentina difundió un video “tipo documental” titulado: “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Completa”. En él, un escritor, un exmilitante y una víctima indirecta tejen con sus relatos una versión “otra” de la memoria, su “memoria completa”, con pretensión de revisión histórica sobre la violencia de la dictadura.

La pésima pieza audiovisual acaba secundando posturas de negacionismo y relativización de la misma violencia de Estado, o al menos, de su alcance y motivos, y apoya la visión inveterada de sectores castrenses, de partes del macrismo y del mismo presidente Milei. Justifica el golpe de Estado de 1976. Lo fabrica, cínicamente, como un acto que, en su momento, habría sido necesario. Ignora las verdades históricas y hasta judiciales elaboradas en 40 años. Trata de reducir, otra vez, las cifras sobre desapariciones de la dictadura.  

La estimación de 30mil víctimas de este delito, que es una estimación justamente por la naturaleza de la desaparición, como crimen que implica la negación del paradero y de la información sobre por parte de las autoridades, así como la negación del plan terrorista estatal, son cuestionadas nuevamente desde el gobierno, aunque se basan en análisis puntuales, evidencias, testimonios e informes acumulados y comprobados en décadas.

Es frustrante, es como si nada hubiera sido escrito en todo este tiempo para explicar cómo la violencia brutal del Estado argentino durante la dictadura no es equiparable a la que utilizaron algunos grupos militantes opositores en ciertas fases de su lucha. Todo ello no aparece, se unifica y desdibuja, para formar una narración tipo tabula rasa (o de borrón y cuenta nueva). Memoria no completa, sino borrada. Veamos.

Las manifestaciones masivas y el video se dan en el contexto de una grave crisis económica, a poco más de 100 días de la instalación del gobierno ultraderechista de Javier Milei. Éste, más allá de su declarado neoliberalismo ultralibertario que, en otro espacio, he considerado como  expresión del “necroliberalismo”, se alimenta ideológicamente de corrientes negacionistas acerca de los crímenes de la junta militar y de las personas desaparecidas, dentro de una épica revisionista y manipuladora de la historia argentina en general, la cual sostiene una batalla “cultural” por la llamada “memoria completa” en oposición a la que denominan “mentira oficial” sobre los crímenes de la junta militar.

Este intento de “giro discursivo” no es nuevo, se da en continuidad con la herencia de la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019) y su acento en la revisión del discurso y la política de los derechos humanos, funcional al distanciamiento político y simbólico de sus antecesores, los gobiernos peronistas de izquierda Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

El kirchnerismo en sus inicios tuvo respaldo del movimiento por los derechos humanos. En el mandato de Néstor fue elevada a rango constitucional la Convención de la ONU sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero sobre todo fueron anuladas las Leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, que habían sido promulgadas en la década de 1980 por el entonces presidente Raúl Alfonsín y garantizaban impunidad a perpetradores de los crímenes de la dictadura. Poco a poco fueron cayendo judicialmente los indultos otorgados a militares por el expresidente Carlos Menem en 1989 y 1990.

Desde la reapertura de los juicios, hubo 317 sentencias que condenaron a 1,184 personas en Argentina por estos crímenes y otros 62 juicios siguen en proceso. Claro, la “verdad procesal” o “judicial” y el apoyo gubernamental al esclarecimiento emanan también del poder y de “coyunturas políticas”, y no son los únicos motores explicativos dentro de la construcción de la Historia. Sin embargo, esto tampoco puede significar fundar dudosas operaciones de memoria pública, desde el gobierno, para minimizar la estrategia represiva de conjunto del Estado y relativizar su impacto y crueldad en aquella época, como pretende el ejercicio de “memoria completa” de Milei.

Para el documental se recolectaron tres entrevistas. La de Luis Labraña, quien militó en los Montoneros, pretende equivocadamente encarnar la visión unificada del “movimiento”, sostiene haber inventado la cifra de 30,000 desaparecidos y propone “indemnizar a las víctimas de la subversión”. La del escritor Juan Bautista “Tata” Yofre, quien presidió la Secretaría de Inteligencia del Estado en los noventa, y, finalmente, la de María Fernanda Viola, hija del capitán Humberto Viola y hermana de María Cristina Viola: su papá y hermana fueron asesinados en un ataque del grupo armado Ejército Revolucionario del Pueblo en 1974, antes de la dictadura, y cuatro personas pagaron con condenas superiores a los diez años por este delito. No lo menciono para restarle voz o importancia, o negar su calidad de víctima indirecta de la violencia, pero sí para ubicar en contexto la elección de los testimonios y la univocidad de su posición.

Cabe recordar que, en la derecha argentina, hoy en el gobierno, y en la de otros países ha existido una tradición “revisionista” del Holocausto que, en la época de la última dictadura, influyó en los grupos afines a las fuerzas armadas y en los mismos militares que justificaban el terrorismo de Estado y tachaban de mentira la existencia de los centros clandestinos de detención y las prácticas de la tortura, de las desapariciones y de los vuelos de la muerte (por cierto, sobre esta terrible práctica criminal en México, aconsejo la visión y la difusión de la reconstrucción audiovisual que acaba de publicar el Centro Miguel Agustín Pro DH, en este enlace).

“La negación del Holocausto puede haber funcionado como uno de los fundamentos conceptuales y discursivos para el desarrollo de una visión ‘revisionista’ de los planes represivos implementados por la última dictadura militar”, según explica en un artículo el historiador de la Universidad de Buenos Aires, Tomás Matias Grinchpun, experto de las derechas contemporáneas.

El académico también destaca dos narrativas principales que, desde finales de la década de 1970, se disputan los marcos de sentido de la historia y del presente. Por un lado, hay “una orgullosa reivindicación de las acciones desplegadas por los militares en una ‘guerra justa’ en defensa de ‘valores cristianos y occidentales’ contra un enemigo (la ‘subversión’) definido por su fanatismo, maldad y habilidad para camuflarse entre la población ‘normal’. Por el otro, la crítica de un programa implementado desde el Estado, pero apoyado por elites económicas y potencias extranjeras como los Estados Unidos, con el fin de erradicar todo disenso. Su objetivo principal no habrían sido las organizaciones armadas sino estudiantes, militantes, sacerdotes ‘tercermundistas’ y sindicalistas combativos, conceptuados como obstáculos en la conversión del país a un modelo neoliberal”.

Corolario de la primera narrativa fue la “teoría de los demonios”, que podríamos entender como un conjunto de aseveraciones y representaciones parciales o falaces para explicar la violencia extrema en la dictadura argentina y justificar la represión. En un análisis que resulta muy útil también para el caso del terrorismo de Estado en México en la época de la contrainsurgencia durante la Guerra Fría (1960-1990), Marina Franco, historiadora de la Universidad Nacional de San Martín, las detalla de esta manera:

“(1) la existencia dos violencias enfrentadas: las guerrillas de izquierda y las Fuerzas Armadas actuando en nombre del Estado; (2) la relación de acción/reacción entre las guerrillas y la represión estatal, es decir, la responsabilidad causal de la izquierda en el inicio de la violencia; (3) la equiparación entre ambas violencias a partir de relaciones que van desde la equiparación de responsabilidades históricas hasta la equiparación por simetría de fuerzas y/o de métodos; (4) la situación de exterioridad de la sociedad en ese conflicto, que es presentada como ajena, inocente o víctima de esa violencia.

El producto que difundió la Casa Rosada sobre su “memoria completa” es un video oficial, o sea, representa la cristalización de la memoria que el gobierno de Milei quiere imprimir para integrarla a su reescritura de la historia, propagada por el Estado.

El documento reflota la teoría de los dos demonios y se basa en apenas tres entrevistas, justamente un ejercicio de memoria muy sesgado e incompleto sobre la dictadura que, paradójicamente, se presenta como “completo”. Sin embargo, de la propia dictadura militar y de todo lo que aconteció entre 1976 y 1983 prácticamente no se habla. Ni de los centros de detención y exterminio, de los crímenes de lesa humanidad o de la Operación Cóndor. Ni se detalla el contexto de militarización, apoyo a grupos paramilitares de derecha, estado de sitio y represión contra la disidencia social y las guerrillas durante el último gobierno de Juan Domingo Perón (1973-74) y el de su consorte, María Estela Martínez de Perón (1974-76), que antecedieron y prepararon el golpe militar y la construcción simbólica del “enemigo interno”, “la subversión” y la “guerra justa” para su posterior “aniquilación”.

Retóricas y praxis que, por cierto, fueron actualizadas por los regímenes necroliberales de Felipe Calderón en México y Álvaro Uribe en Colombia en el ámbito de sus mal llamadas “guerras al narco”, por mencionar dos capítulos “destacados” de una triste y reciente historia en América Latina. De la misma manera el gobierno de Milei y sus halcones securitarios, in primis la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, están rearmando la narrativa tóxica de “guerra a las drogas”, al narco o a las bandas criminales, para supuestamente atender la problemática de la violencia en Rosario y varias regiones del país, experimentando lo que podría convertirse a la postre en la única solución ante una sociedad descontenta, empobrecida y contestaria: la represión policiaca y militar, con mano dura, al estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

La versión de los crímenes de la dictadura, que constituyen actos de genocidio, y su interpretación, en la construcción del video de la Casa Rosada, son simplonas, planas y parciales, y de bote pronto suscitan sentimientos de rabia y preocupación, pena y frustración. El olvido caracteriza esta “memoria completa”, impuesta y reinventada. Olvido del discurso previo, del punto ya alcanzado, de las condenas ya conminadas contra la impunidad que fue pactada entre civiles y militares durante la transición a la democracia en los ochenta. Olvido de que los militares y sus cómplices no cometieron “excesos” sino crímenes de lesa humanidad.

Al respecto, el docente y escritor Martín Kohan, entrevistado en Radio AM750, vio en los testimonios una operación que “subsume y diluye matices que hacen a un conocimiento histórico que permite la compresión y, eventualmente, la crítica a lo que pasó […] Lo que difundió el Gobierno nacional el domingo es un caso de una víctima y un caso de un arrepentido que pretende monopolizar, porque participó de agrupación revolucionaria, los sentidos de lo que pasó en todas las agrupaciones e incluso en la suya propia”.

Tras las marchas del 24, además, hubo un hostigamiento en redes sociales contra la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. El gobierno ha lanzado un mensaje peligroso, con maña e intencionalidad, el que envalentonará más y más ataques de este tipo, así como ilaciones acerca del supuesto negocio de los derechos humanos de las victimas de la dictadura, como en varios momentos del video mencionan los testigos, con el efecto de menospreciar la lucha histórica por la verdad y la justicia y justificar nuevos actos agresivos en su contra.

Por Fabrizio Lorusso desde SinEmbargo y PopLab