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Todo segundo piso debe de contar con cimientos sólidos, pilares de concreto y varillas inoxidables, de lo contrario se cae a la primera adversidad. Y vaya que éstas tarde o temprano ocurren.

Fuera de metáforas significa que el Estado tiene que contar con recursos y fondos estructurales para sostener una política social y de bienestar universalista, con enfoque de derechos, que aguante momentos de crisis interna o de choques externos, ya sean sanitarios, financieros, cambiarios, climáticos, militares, productivos o políticos.

Por ejemplo, está muy bien mejorar las pensiones, pero el gasto ha de cubrirse en gran parte con recursos estables y no coyunturales, que no dependan de unas cuantas empresas públicas o de acuerdos anuales sobre cómo financiarlas.

La gran desigualdad de ingresos antes de impuestos, o sea, considerando ingresos brutos antes de la intervención supuestamente redistributiva del Estado, es un problema en muchísimos países, por lo que han de celebrarse las reformas laborales y sociales de este sexenio y las propuestas de Sheinbaum que van reequilibrando la balanza a favor de las y los trabajadores, pero mucho más puede hacerse con la aplicación de impuestos progresivos, programas sociales y políticas específicas para conseguir resultados duraderos en la reducción de las brechas. 

Esto México aún no lo tiene, y no lo tendrá sin una reforma fiscal progresiva que le cobre más y mejor a los más ricos, tanto a empresas y a patrimonios acumulados como a ciudadanos y grandes capitales, más o menos volátiles.

Hablamos de impuestos a las multinacionales y a la esfera financiera, a las grandes empresas, sobre todo a las contaminantes y a las violadoras de derechos laborales y obligaciones sociales, pero también de impuestos patrimoniales, por ejemplo, sobre herencias de cierto monto en adelante, sobre ciertos valores financieros y bienes de lujo, sobre la posesión de casas y terrenos inutilizados o que excedan cierta cantidad.

Para evitar que las derechas o las capas privilegiadas y sus medios de comunicación especulen sobre el destino de los recursos y denuncien preventivamente corruptelas cometidas con los ingresos públicos, originados de una recaudación más solidaria y equitativa, se debería reformar la Constitución para prever transparencia máxima y vínculos estrictos en el gasto, así como la cristalización de sistemas integrales, no sólo de programas, que provean cada componente del bienestar.

Esto garantizaría que los incrementos de recaudación derivados de ciertos rubros de la reforma fiscal se gasten, por ejemplo, en salud, hasta superar el 8% del PIB recomendado por la OMS, y con profunda rendición de cuentas, también en educación, jubilaciones, vivienda social, etcétera.

Si no, seguiremos con un estado del bienestar de migajas y parches, de cobijas jaladas por un lado u otro, que queda sujeto a los vaivenes políticos y a los choques económicos que periódicamente causan regresiones “estilo cangrejo” en el desarrollo nacional y la redistribución de la riqueza.

Si Morena y sus aliados no alcanzan el llamado Plan C, la mayoría calificada en ambas Cámaras, pero Movimiento Ciudadano se eleva a segunda fuerza partidista nacional y adopta una actitud dialogante para la construcción de un nuevo pacto social, quizás haya condiciones para un trienio o un sexenio más reformista en México después del 2 de junio. Siempre y cuando la oposición no enfrasque al país en conflictos poselectorales y batallas para anular los comicios con base en sus fantasías de revancha.

Dejando al lado la fantapolítica, pero no los mundos posibles, puede plantearse una especie de fiscal compact al revés: este término se popularizó en los países en crisis de la Unión Europea como Grecia, España, Italia y Portugal para justificar cambios constitucionales, presentados como “necesarios” con base en el Tratado del Pacto Fiscal Europeo del 2012, que obligaran a los Estados a no utilizar el déficit fiscal, o sea, a mutilar sus palancas económicas soberanas para siempre.

Aquí sería al revés, un pacto fiscal para el desarrollo y el bienestar que vinculara y blindara los mayores ingresos fiscales, derivados de una reforma progresiva y paulatina, y que funcionara como una narrativa solidaria y de futuro. Inclusive, dirían los moderados socialdemócratas europeos, podría servir “para no asustar a los mercados”, al proveer de garantías sólidas y constitucionales la estructura de cierto gasto social y al prever escalonamientos en su aplicación año tras año.

Será un gran tabú decirlo, y más en época de campañas, pero un nuevo pacto social-fiscal es urgente y necesario. El tema debería estar mucho más presente en la agenda de quienes aspiran a la presidencia. Sin embargo, está ausente del todo del discurso de Xochitl, mientras que es mencionado tan solo como eventualidad medio remota en el de Claudia, y está presente de forma declarativa en la propuesta de Maynez.

El tema todavía no aglutina lo suficiente y es electoralmente costoso, pero me parece más apremiante que nunca sobre todo en el caso de Sheinbaum y Maynez, ya que son quienes, aun desde bases ideológicas y narrativas distintas, sí proponen un relanzamiento del estado social, del papel de lo público y lo común en la economía y en la provisión activa del bienestar y los derechos humanos.

Las candidatas y el candidato deberían responder con contundencia a las preguntas que se repiten una y otra vez en debates y entrevistas sobre dónde van a conseguir los recursos para tantos proyectos, y así aprovechar para colocar en la agenda un nuevo pacto fiscal de largo aliento y amplio consenso, de responsabilidad presupuestaria, pero con recursos crecientes y consistentes que nos alinee a los países de mayor bienestar.

El razonamiento es más válido en un país que es un paraíso fiscal enmascarado, ya que, pese a que la percepción general llegue a ser otra, aquí el Estado recauda muy poco, apenas un 16% del Producto Interno Bruto. Esto es menos de la mitad de lo que hacen los países de la OCDE y un tercio de lo que hacen algunos países europeos con estados del bienestar todavía vigentes y relativamente funcionales.

El gobierno de AMLO ha sabido recaudar más, ha potenciado el SAT y ha impuesto cierto rigor presupuestal, sin embargo, es una apuesta riesgosa la hipótesis de Claudia Sheinbaum de que continuar en esta línea de por sí va a ser suficiente para ampliar y universalizar los derechos y el bienestar, garantizados por el Estado con calidad y gratuidad.

Hace falta cobrarles a los grupos más acaudalados de la sociedad y que más se han beneficiado de las décadas neoliberales, simplemente por motivos de justicia, de sostenibilidad nacional y de solidaridad, que son principios básicos de los sistemas fiscales progresivos.

Así surgieron los estados del bienestar, como un pacto social y de convivencia pacífica, interclasista, en Europa, empujados por las luchas obreras, de las distintas expresiones de la izquierda y por la propia doctrina social de la Iglesia, pero también, cabe recordarlo, por la amenaza cercana de la revolución y el ejemplo de la Unión Soviética, que mantenían a los partidos burgueses y conservadores preocupados y en las vivas.

Además, los países del bloque soviético, aun con sus enormes problemas, promovieron internacionalmente los DESC (Derechos Económicos y Sociales) por encima de los DCP (Derechos Civiles y Políticos) durante la Guerra Fría, creando así un polo de atracción para ideas, políticas y partidos del bloque rival, el occidental, que tuvo que reconstruir la economía después del segundo conflicto mundial y desplazar su eje a la izquierda, hacia el socialismo democrático y el reformismo.

Aun así, las “concesiones desde arriba”, el impulso reconstructor y los fondos estadounidenses del periodo de posguerra o las previsiones sociales de nuevas Cartas Magnas en Europa no fueron suficientes, así que renovadas luchas, antes y después del 68, tuvieron que organizarse para lograr, hasta la segunda mitad del siglo, estatutos de trabajadores, sistemas únicos o nacionales de salud universales y gratuitos, pensiones para trabajadores formales e informales, y escuelas públicas de calidad en todos los niveles.

Las batallas reaccionarias y conservadoras en este campo, conducidas por las derechas históricas y actuales desde posturas ideológicas y elitistas, siempre han ido en contra de los impuestos como tal o de su progresividad, en contra de la redistribución de la riqueza y, por ende, en contra de la democracia.

Porque, como sostuvo Pablo Iglesias hace un mes en una magistral conferencia en la UNAM, la democracia consiste en que lo que antes eran privilegios de pocos se vuelvan derechos efectivos de todas y todos. Y esto hay que llevarlo a todos los terrenos.

Lamentablemente, la ideología neoliberal e individualista y el discurso anti-Estado y anti-impuestos de los de arriba han permeado a las clases medias y bajas que los han adoptado como si fueran reivindicaciones propias, como si una reforma fiscal redistributiva afectara negativamente a las mayorías, cuando sucedería todo lo contrario. A base de medias mentiras los ideólogos neoliberales desde hace medio siglo repiten letanías asustadoras y falsas que nos mantienen en el subdesarrollo y la desigualdad. Y para ese fin las piensan y las formulan, de hecho.

La salud, la educación, las pensiones, la vivienda, el medio ambiente sano, la pluralidad cultural, las tutelas en caso de desempleo y enfermedad, la política afirmativa para sectores vulnerables, precarizados, discriminados e informales, entre otros derechos mínimos para un México próspero y más igualitario, siguen siendo hoy deudas históricas, difíciles de saldar, si no se reforma la estructura fiscal y no se va formando una “cultura” de los impuestos para la justicia social y la democracia sustantiva.

Por Fabrizio Lorusso desde SinEmbargo, PopLab y ZonaDocs

El libro 17 Propuestas para León: Elecciones 2024, publicado por la Universidad Iberoamericana León y coordinado por el Cuerpo Académico en Desigualdad Social de la misma casa de estudios, reúne trabajos que, desde una perspectiva interdisciplinar, abonan a la comprensión de distintas facetas y desafíos de esta ciudad guanajuatense, en el contexto de los procesos electorales en curso a nivel local y nacional.

León ha vivido un rápido crecimiento y diversificación de su población, transformaciones territoriales e infraestructurales importantes, dinamismo económico y turístico. Ha sido anfitriona y receptora de flujos de personas foráneas, eventos, ferias e inversiones, pero también se multiplicaron los retos y los contrastes, como la inseguridad, la vulnerabilidad social y la distribución desigual de oportunidades y resultados, lo que redunda en barreras selectivas al goce pleno del “derecho a la ciudad”.

En el censo del 2020, León superó la cifra de un millón y siete cientos mil habitantes, siendo la tercera ciudad más poblada del país. En su zona metropolitana habitan casi dos millones de personas y, en comparación al 2010, la población creció del 20 por ciento, y del 66 por ciento comparado con el 2000.

Cada tres años desde 2006, en correspondencia con las elecciones para la Presidencia Municipal, personas académicas y estudiantes de la Ibero realizamos un ejercicio de reflexión y discernimiento con el fin de elaborar textos cortos que contengan diagnósticos y planteen propuestas para el municipio, a partir de sus respectivas áreas de expertise e interés.

Se parte de una introducción que contextualiza una problemática de competencia del Ayuntamiento y se plantean una serie de propuestas factibles que, finalmente, son entregadas a las y los candidatos a la Presidencia Municipal para que se coloquen en la discusión pública, antes y después del voto.

Esta edición es la séptima, cuenta con 17 capítulos, escritos por 23 autores y autoras, en cinco ejes temáticos: desigualdades y pobreza, violencia y desaparición, medio ambiente y derecho a la ciudad, juventudes, y salud.

Estos ejes engloban reflexiones, vivencias, preocupaciones y fisuras entre lo real y lo deseado, entrañando visiones de futuros posibles, que hacen eco de lo que los jesuitas en México han visualizado como “clamores de la realidad”, es decir, “las dificultades, problemáticas nacionales, sociales y estructurales que se complejizan cada día más”. Frente a los múltiples clamores que sacuden al país, al estado y a la ciudad, la idea es poder “responder a la niñez, adolescencia, juventud, mujeres, adultos mayores, indígenas, obreros, campesinos, personas desempleadas y todas las personas excluidas”.

A manera de reseña, voy a destilar aquí la esencia de las propuestas del libro que trabajamos integrantes de la comunidad universitaria, invitando a su lectura completa, apropiación y discusión.

En términos generales, los retos para León no son disímiles de los que experimentan muchas otras urbes del país, en donde se despliegan procesos históricos y equilibrios cambiantes entre poblaciones en tránsito y residentes, entre géneros, pertenencias e identidades diversas, entre movilidades diferenciadas y brechas en la apropiación de lo urbano y lo digital, entre una dimensión rural todavía fuerte y entramados productivos, tecnológicos y comerciales emergentes, entre barrios y comunidades tradicionales y una renovada vocación cosmopolita, entre expansiones inmobiliarias e industriales y tensiones por el agua y la sustentabilidad, por mencionar algunos ejemplos.

Son todos factores que entrañan potencialidades y riesgos, cuestionamiento de estructuras y formación de nuevas agencias, visiones a veces encontradas sobre el desarrollo, las relaciones sociales, de clase, de género, de identidad, etnia y cultura. Pueden conllevar rupturas del tejido social, formación de espacios segregados y explosión de conflictos latentes, si no son oportunamente incorporados por una política pública consciente o si se delegan únicamente a mecanismos de mercado.

En el eje de “Desigualdades y pobreza”, que consideramos como “primero” en el índice de la obra por su naturaleza estructural y transversal, Laura Villanueva traza las coordenadas básicas de la pobreza y la desigualdad en León, en pos de su abordaje integral a partir de la política pública municipal en los ámbitos del salario digno, la educación, la salud y los cuidados.

La transversalidad efectiva de la perspectiva de género en este nivel de Gobierno es central en la reflexión de Guadalupe Fernández, que desglosa acciones puntuales para potenciar el Instituto Municipal de las Mujeres, los indicadores, la igualdad sustantiva.

El capítulo hace mancuerna con la propuesta de Diana Laura Ramírez sobre la implementación de políticas integrales para la atención de personas cuidadoras en León. Un tema, el de los cuidados, que se ha vuelto urgente y necesario en estas campañas y en la discusión sobre el Estado del Bienestar, así que la autora esgrime propuestas muy concretas sobre la provisión y regulación de los servicios de cuidado, la formación del personal, la promoción de un cambio cultural y de un sistema de información adecuado.

Otro aspecto, nada secundario, de las desigualdades tiene que ver con las industrias culturales y creativas que deben de estar intencionadas al desarrollo social y humano desde la acción local, en la propuesta de Gerardo Covarrubias y María del Rosario Moreno Vázquez: aquí se plantea como central la labor de diagnóstico, la coordinación con instituciones estatales públicas y privadas, la contratación digna de creadores locales y la internacionalización.

Sobre el clamor de “Violencia y desaparición”, destaca el diagnóstico de Raymundo Sandoval y sus planteamientos para la prevención de las desapariciones en una ciudad compleja como León, lo cual pasa por aprobar un programa municipal, desarticular redes macrocriminales, complementar el enfoque reactivo con uno preventivo, analizar factores de omisión o complicidad institucional en el fenómeno.

Este abordaje se complementa con el análisis del autor de esta columna sobre los cambios, aprobados por el Congreso estatal en 2023, a la Ley de Búsqueda de Personas en Guanajuato y sus implicaciones para la administración municipal, sobre todo en materia de células locales de búsqueda, prevención, y cooperación con colectivos y familiares.

Una necesidad mayúscula en este campo es el acompañamiento psicosocial a niñas, niños y adolescentes, víctimas indirectas de la desaparición, que se visualiza en la propuesta de Lourdes Contró y Lorena Jiménez Quiñones, basada en el trabajo de memoria y sanación a través del arte, así como en las alianzas con OSC, DIF municipal, Instituto Cultural de León y redes nacionales.

El clamor por el “Medio ambiente y derecho a la ciudad”, que desde luego es un eje bisagra entre lo global y lo local, tiene cuatro artículos que apuntan a la imbricación entre estas dos dimensiones y no limitan sus aportes a los vaivenes de la coyuntura.

Para Larisa González Martínez, la arborización urbana debe constituirse como un camino hacia la justicia social, más en tiempos de crisis climática, por lo que plantea un listado consecuente y muy detallado de acciones para la ciudad, para las ciudades, a partir de un Plan Maestro de Arbolado Urbano, actualización de normativa, sanción de abusos, sistemas de certificación y participación social.

El tema del agua, su contaminación y disposición, con la creación de un Fondo para la Remediación de Contaminantes Existentes en Ríos, Arroyos y Presas, así como de un Programa de Detección, Control y Seguimiento de Contaminantes Emergentes Locales, conforman la propuesta de Sandra Ixmucamé Concha-Guerrero.

La contribución de Othón Partido, desde la perspectiva de la política y la gestión pública, apunta a enmarcar nuevas maneras de pensar e incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la planeación municipal: dar seguimiento cabal a los indicadores del Eje 11 de los ODS sobre Ciudades y Comunidades Sostenibles, elaborar indicadores de avance ad hoc, reconocer el papel fundamental de los gobiernos locales en la agenda 2030.

Yeshúa González trata la problemática de la movilidad urbana, entendida como potencialidad transformadora y área de oportunidad para la reducción de disparidades y carencias socioambientales, para una ciudad sostenible que contemple un Sistema Integrado de Transporte, alternativas de movilidad escolar y de personal trabajador, y un replanteamiento profundo de la infraestructura urbana.

El clamor por las “Juventudes” se desarrolla a través de enfoques psicosociales, de salud pública, de deporte e integralidad. El capítulo de Irma Domínguez, Liliana Karina Valencia y Eugenia Morales es sobre la apremiante tarea de afrontar y prevenir la obesidad infantil, la cual implica la consideración de factores sociales, económicos y psicológicos a la vez, dentro de una estrategia integral municipal, la promoción de la lactancia materna y hábitos sanos de alimentación, y un enfoque transversal de coordinación entre niveles de Gobierno para garantizar eficacia.

Karina Márquez Rodríguez y Ana Sofía Guerra abordan la educación para la paz y la resolución no violenta de conflictos en el entorno escolar, entendidas como estrategias para el ejercicio de los Derechos Humanos que también los municipios pueden y deben implementar en colaboración con Estado y Federación, con una perspectiva horizontal e incluyente de todos los actores educativos.

Óscar Ontiveros destaca los hitos, el origen, la prospectiva y las propuestas acerca de las problemáticas de salud pública y de desarrollo integral de la juventud, determinadas por la condición física de las y los jóvenes en las escuelas, al plantear una metodología de intervención municipal para el desarrollo integral en jóvenes y el involucramiento preventivo y conjunto de las Direcciones de Salud, Educación y la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte.

Muy relacionado con lo anterior, en el eje de “Salud”, Ana Marina Reyes Sandoval y Luis Anibal Robles Durán conciben la atención a la salud mental desde un modelo biopsicosocial, integral, y desglosan propuestas basadas en las mejores prácticas internacionales y en los objetivos de investigar, sensibilizar y asesorar.

Saúl Sánchez López propone un Fondo específico, una alianza intersectorial y un Programa de Atención en Salud Mental diferenciado, con enfoque comunitario e intercultural, flexible y grupal, para la población indígena migrante, cada vez más presente y activa en León.

En el artículo de cierre, Ulises Blásquez presenta la situación de las enfermedades de transmisión sexual y propuestas que consideran las desigualdades, los determinantes sociales de la salud, la coordinación interinstitucional e infraestructuras ad hoc, de la mano de acciones más estratégicas, progresivas y focalizadas para la promoción e intervención en áreas geográficas y sociales específicas.

Por Fabrizio Lorusso desde SinEmbargo

El 19 y 20 de abril pasado, quienes integramos la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto académico y político de acompañamiento y fortalecimiento de los colectivos de víctimas y sobrevivientes de la violencia en Guanajuato, decidimos sumarnos a la Jornada Nacional de Búsqueda Humanitaria, convocada en marzo por más de 250 organizaciones de familiares de personas desaparecidas del país, y, más en general, a la iniciativa de favorecer la unión nacional y el dialogo entre las agrupaciones.

Esto se da en el contexto de las campañas para las elecciones del 2 de junio, en las cuales las candidatas y el candidato a la Presidencia, y las candidatas a la gubernatura del estado de Guanajuato no han planteado propuestas concretas, claras y detalladas sobre la desaparición y búsqueda de personas, y la crisis forense.

La Jornada fue una acción de búsqueda conjunta y simultánea a lo largo y ancho del país, realizada de diversas formas: en vida, en campo, volanteo, foros y/o acciones en espacios públicos para visibilizar sus exigencias. “Es un proceso de unificación nacional”, han dicho las familias convocantes. Las actividades culminarán en mayo, con una Mega Marcha en CdMx para el Día de las Madres.

En Guanajuato, además del apoyo y difusión de la búsqueda realizada por los colectivos de familias de personas desaparecidas, la Plataforma hizo público un boletín con información actualizada sobre las desapariciones en la entidad. Es un ejercicio periódico que el autor de esta columna y el defensor de derechos humanos Raymundo Sandoval realizamos desde hace custro años, ante la ausencia o imprecisión de la información y de los registros oficiales, a través de comunicados, artículos y las cuentas X / Twitter @DesapGto y @plataformagto

Sobre el número de personas desaparecidas

Al corte del 15 de marzo de 2024, oficialmente existe registro de la desaparición de cuatro mil 185 personas en Guanajuato: se desconoce su paradero y, por Ley, presumimos que han sido víctimas de algún delito y deben ser buscadas por las autoridades. La problemática ha estado aumentando constantemente en la entidad.

Particularmente, entre el 30 de abril de 2018 (último corte del antiguo y hoy extinto Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas) y el 15 de marzo del año en curso, en un periodo de poco menos de seis años, las personas desaparecidas han crecido de casi siete veces, de 621 casos a casi cuatro mil 200. De estos, tres mil 572 son hombres y 611 mujeres (dos de “sexo indeterminado”); tres mil 933 son mayores de edad y 241 menores (11 de “edad indeterminada”).

Los municipios con más personas desaparecidas (superiores a 200) son: Celaya (505), Irapuato (472), León (459), Villagrán (265), Pénjamo (222) y Salamanca (210).

Como proporción de la población, las ciudades con mayores tasas de personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes son: Villagrán (con 401.3), Cuerámaro (217.1), Juventino Rosas (215), Uriangato (159.4), Apaseo el Alto (153) y Pénjamo (140). Villagrán y Pénjamo aparecen en la lista de las primeras seis ciudades tanto en números absolutos como en porcentaje de su población.

Sobre las fosas clandestinas y los cuerpos sin identificar

En el estado de Guanajuato, con base en análisis cruzados de fuentes oficiales (Comisión Estatal de Búsqueda, Fiscalía General del Estado, mediante solicitudes de transparencia e informes públicos), datos de la prensa (para los años 2009-2020) e información de colectivos de búsqueda (Brigada Independiente de Búsqueda de Hasta Encontrarte; y Una Luz en Mi Camino), entre 2009 y marzo de 2024, tenemos registro del hallazgo de más de 550 fosas clandestinas, con una cifra aproximada superior a mil cuerpos.

Aunque los datos definitivos, por municipio y por tipo de fuente, serán divulgados en las próximas semanas en un informe especial de la Plataforma y la Universidad Iberoamericana León, sabemos que cerca del 80 por ciento de estos entierros ilegales y de las personas encontradas se refieren al lapso temporal de los últimos cuatro años (2020-2024). A nivel geográfico se concentran en el área del corredor industrial, la región Laja-Bajío y zonas fronterizas con Michoacán y Jalisco.

Los datos sobre desapariciones no tienen en cuenta la cifra negra, es decir, el registro de aquellas personas desaparecidas cuyas familias no han interpuesto reporte o denuncia y que, según el testimonio y la documentación de los 26 colectivos de familiares en Guanajuato, podría sumar centenares de víctimas más a los números oficiales. Lo anterior evidencia cómo la práctica del subregistro de casos y la ausencia de registros públicos confiables, comparables y accesibles, que cumplan con el mandato de las leyes vigentes, son situaciones preocupantes y persistentes, tanto a nivel estatal como federal.

Cabe señalar que hasta septiembre de 2023, vía la Plataforma Nacional de Transparencia, la Fiscalía estatal señalaba la presencia de 950 cuerpos (847 sin identificar, 103 identificados no reclamados) en resguardo en el Parque Funerario (o “Panteón Forense”) de la capital estatal. Al 15 de enero de 2024, había 935 cuerpos en resguardo en el Parque Funerario de la Fiscalía, de los que 849 sin identificar y 86 identificados no reclamados. Entonces, estas cifras no han cambiado sustancialmente en el último semestre.

Fosas comunes y panteones: urgentes búsqueda e identificación

Sin embargo, preocupa el hecho de que sí ha cambiado substancialmente la cifra de cuerpos inhumados en fosas comunes de los panteones municipales del estado: la fiscalía en 2023 tenía registro de 825 cuerpos sin identificar, inhumados en fosas comunes de panteones de todo Guanajuato. Estos son cuerpos inhumados y registrados por la Fiscalía entre 2012 y 2020 que se encontraban, hasta 2023, en panteones municipales.

Al 8 de febrero de 2024, en cambio, estos eran sólo 376, o sea, se declaran 449 cuerpos menos que los 825 del año pasado. Por otro lado, no se declara que hayan sido movidos estos cuerpos de los municipios al panteón forense de la capital. Además, los propios municipios dan cifras distintas de las que entrega la Fiscalía sobre el número de cadáveres que resguardan en sus panteones. Así que inferimos que los registros están mal integrados, desactualizados y son parciales, impactando negativamente en el tema de la búsqueda, la identificación forense y los casos de larga data.

En general, detectamos una cadena interinstitucional e intergubernamental de responsabilidades incumplidas y autoridades omisas que, en su conjunto, tienden a invisibilizar el fenómeno de las desapariciones, a impedir un análisis de contexto adecuado y a realizar búsquedas e investigaciones sin la debida diligencia y prontitud.

Sobre el incumplimiento de mecanismos internacionales

Denunciamos la falta de avance en los 15 casos de Acciones Urgentes ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU que desde 2021 la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato ha promovido y acompañado en la entidad.

Éstas agrupan la búsqueda de una veintena de personas desaparecidas. De éstas, ha sido localizada sin vida el 30 por ciento, mientras el resto se mantienen activas, sin que exista un avance en el cumplimiento de los planes integrales de búsqueda solicitados por la ONU. Prima la informalidad, la improvisación y la revictimización en la forma de actuar de las autoridades en estos casos que se presentan ante Naciones Unidas.

La Plataforma el 28 de febrero participó en la histórica Audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington. D.C. sobre el asesinato a personas buscadoras en México, denunciando la situación de riesgo que se enfrenta en el país, mostrando casos que representan situaciones generales en Sinaloa, Puebla, Zacatecas y Guanajuato.

Han sido 26 colectivos de búsqueda y las decenas de personas buscadoras independientes quienes han denunciado y empujado a las instituciones, frente al incremento de las violencias y las desapariciones en Guanajuato, y lo han hecho bajo su propio riesgo, sufriendo amenazas, desplazamientos forzados, acoso y ataques mortales. Lo cual, desde luego, vale para otras regiones de México.

En dicha Audiencia ante la CIDH se denunció el asesinato de al menos 20 personas buscadoras en el país, donde lamentablemente Guanajuato ocupa el lugar de la entidad más mortífera para las buscadoras, con al menos cinco asesinatos registrados (y existen al menos otros cuatro que no se han hecho públicos). Esto, además del caso de la buscadora Lorenza Cano, que cumplió tres meses desaparecida sin que exista un avance en la investigación.

Por Fabrizio Lorusso desde SinEmbargoMx y PopLab