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Acámbaro. Guanajuato. Cuatro policías ministeriales se llevan a una joven mujer del domicilio de su madre y sus hermanas. Su niño chiquito está presente, recuerda. Los agentes roban lo que pueden: computadoras, celulares, efectivo, valores. También se llevan vehículos de la familia con el pretexto de un cateo ilegal. Acabado el pillaje, la mujer queda desaparecida toda la tarde y la noche. Está incomunicada, su paradero desconocido. Es llevada por los caminos guanajuatenses rumbo a Celaya, luego a la capital estatal y, finalmente, reaparece en barandilla y es liberada al día siguiente, golpeada.

Fue una desaparición forzada. Inicialmente no presenta denuncia por miedo. Un par de meses después, ella es desaparecida definitivamente por un grupo armado, posiblemente el Cártel Jalisco Nueva Generación, según la hipótesis del MP. Un hombre también es sustraído a la fuerza de su departamento en la misma calle. El niño, sobreviviente y testigo de la violencia contra su mamá, reconoce entre los probables perpetradores la cara de un agente ministerial. Hasta la fecha la espera de vuelta a casa, mientras que contra los ministeriales no hay orden de aprehensión ni investigaciones penales abiertas, solo una queja ante derechos humanos.

En la misma ciudad, cuando la búsqueda de diciembre de 2020 en el cerro del Toro, el primer día se presentaron varios policías municipales, dizque como “primeros respondientes”. En los patios de una casa abandonada cercana al centro, en donde a la postre serían encontradas 105 bolsas con restos humanos de al menos 59 personas inhumadas clandestinamente, varios colectivos, familiares, comisiones de búsqueda y acompañantes trabajaron la jornada entera para dar con varios puntos positivos, pero las y los acambarenses rechazaron la presencia de los municipales por considerarla amenazante, a sabiendas de que tenían algo que ver con las desapariciones.

Al día siguiente la página Facebook de El Hijo del Llanero Solitito, una especie de medio periodístico local entre lo amarillista y lo ciudadano, mostraba un video, que por ley no debió de ser grabado. Había sido filtrado al medio por los policías municipales, allí aparecían también los policías estatales, y contenía imágenes de la exhumación de los cuerpos y bolsas. El documento desapareció unas horas después, pero lanzó un mensaje claro de poder, impunidad, complicidad e intimidación a la sociedad.

Me parece increíble que nunca el Gobernador o un Secretario de Estado de cualquier nivel de Gobierno se hayan parado en uno de los sitios de exterminio de Guanajuato para manifestar la indignación, para reafirmar su compromiso antimafia para con el Estado de derecho y contra la impunidad.

San Francisco y Purísima del Rincón. Según testimonios de víctimas, agentes de investigación criminal de la fiscalía manejaban una red de extorsiones contra pequeños y medianos empresarios, en alianza con algunos representantes del gremio local. Después, el negocio fue “traspasado” a grupos del crimen organizado de Jalisco, protegidos por las policías locales. Elementos de la Guardia Nacional quisieron entrarle al jale en algún momento, pero su “escalada hostil” al business no prosperó. Mientras tanto, aumentaron las desapariciones en contra de quienes denunciaban o simplemente querían continuar a desarrollar sus actividades en paz.

Según el activista y académico Samuel Schmidt, autor del libro “Crimen autorizado. La estrecha relación entre el Estado y el crimen” (Debate, 2020), en un sistema con crimen autorizado hay relaciones complejas, con diversos grados de ilegalidad e impunidad, entre empresarios, líderes sociales, políticos y criminales, pues se difumina la separación entre lo legal y lo ilegal, aunque una vez que la ilegalidad domina se vuelve irrelevante en qué grado lo hace.

La franja fronteriza entre Guanajuato y Jalisco se considera una zona silenciada para la prensa. Las masacres no se cuentan. Muchas personas en estos años han sido llevadas de Guanajuato a Arandas, Tepatitlán, La Barca, Encarnación o Lagos de Moreno, en el estado vecino. Sus familias no han podido dar con ellas y las búsquedas interestatales y regionales no han dado los resultados esperados.

El 5 de abril de 2023, veinte y tres personas migrantes salieron de San Felipe, Guanajuato, rumbo a Coahuila y la frontera en unas vanes de la transportista turística Eiffel. Luego fueron reportadas como desaparecidas y, posteriormente, rescatadas cerca de Matehuala, San Luis Potosí, junto con otras 82 personas privadas de la libertad. La Fiscalía de Guanajuato abrió carpeta de investigación sobre la empresa Eiffel y el Alcalde de San Felipe, Eduardo Maldonado García, bajo el supuesto de que serían parte de una red de tráfico de migrantes centroamericanos. Salió un audio, difundido por Aristegui, revelando que un integrante de Grupo Eiffel habría prestado servicios a traficantes de migrantes y que el Alcalde de San Felipe estaría al tanto de este modus operandi.

Desde marzo de 2011, el colectivo de San Luis de la Paz, Justicia y Esperanza, lucha por la verdad, la justicia y el regreso a casa de 22 migrantes, sus familiares desaparecidos camino al norte en el contexto del auge criminal de los Zetas en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, durante los sexenios de Calderón y Peña. Este grupo paramilitar dominaba la región de la Cuenca de Burgos, la tercera más importante del mundo en tema de hidrocarburos, en aquel momento, gracias a sus yacimientos de gas de lutita (gas shale) y de crudo. Los Zetas despojaban territorios y aniquilaban poblaciones, explotaban recursos naturales y tráficos de todo tipo, esclavizaban personas, secuestraban autobuses de manera serial y despejaban pueblos enteros por venganza o, más bien, como respuesta a solicitaciones de intereses económicos y políticos.

Masacres como la de Allende en Coahuila en 2011, o las de San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011, con la ubicación de fosas masivas y campos de exterminio, no se explican sin los conceptos de “red macrocriminal”, que por definición une intereses criminales, empresariales, nacionales, transnacionales y políticos, y el de “crimen autorizado”. De hecho, así se titula el más reciente libro de la periodista Marcela Turati: San Fernando: Última Parada. Viaje al crimen autorizado en Tamaulipas (Aguilar, 2023), el cual excava en la banalidad del mal del México en la era de la mal llamada “guerra al narco” y desentraña las dinámicas que posibilitaron y, en parte, posibilitan el horror.

Como en casos conocidos, por ejemplo, Iguala-Ayotzinapa y Tlatlaya, o como en otros que, lamentablemente, no podremos conocer jamás por el silenciamiento de la prensa y la opacidad oficial, en San Fernando convivían negocios extractivos y disputas criminales entre los Zetas y el Cártel del Golfo, operativos conjuntos civiles-militares y desapariciones forzadas del Estado, pactos de impunidad, colaboración estatal-criminal y victimizaciones masivas de poblaciones vulnerables, criminalizadas a su vez por el discurso oficial.

Volviendo a Guanajuato. En ciudad Manuel Doblado respondes a un anuncio de Market Place para comprarte una bicicleta usada, vas a pagarla, ya no apareces y nadie investiga. La desaparición de una persona en esta zona siempre ha de clasificarse como “forzada”, debido al persistente contubernio político-criminal.

En León, en 2018, alguna vez el Gobernador directamente ofreció apoyo a una familia para encontrar a su hijo, privado forzadamente de su libertad, fuera de su negocio, en una transitada avenida de la ciudad y del cual, a la fecha, se desconoce el paradero. Un agente vestido de civil fue enviado a asesorar a la familia, y les dio a entender que en las casas de seguridad que tenían ubicadas el muchacho no se encontraría y que las cámaras del C5 darían pistas sobre su destino. Algunos “tránsitos”, hablando con el padre de él, dijeron que sí lo habían visto, pero no había ya mucho que hacer, como si supieran algo realmente o simplemente quisieran intervenir con cinismo y crueldad en el asunto: el mensaje en ambas circunstancias resultó ser amedrentador, como una suerte de invitación a dejar la búsqueda y resignarse, pero asimismo una confesión sobre cómo pueden manejarse ciertas situaciones, los lugares de detención ilegal y el control de las rutas de salida de una localidad.

El Mando Único de la FSPE (Fuerzas de Seguridad Pública del Estado) ha tenido que sustituir a ciertas policías municipales corruptas y ha mantenido operaciones en Coroneo, Tarandacuao, Juventino Rosas y Manuel Doblado, pues allí las infiltraciones o, más bien, el control mafioso de las funciones de seguridad y otras esferas del municipio ha sido una enfermedad endémica, ya naturalizada. Es un rasgo estructural de una gobernanza criminal que se extiende a sectores económicos y parcelas territoriales, particularmente en el corredor industrial, el puerto interior, los municipios colindantes con Michoacán y Jalisco.

Integrantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas contaban como en Juventino y Manuel Doblado la Secretaría de Seguridad Pública, la policía y ciertos agentes del ministerio público básicamente “estaban del lado de los delincuentes” y protegían la ilegalidad de intereses económicos y políticos. Buscar y encontrar a personas, vivas o muertas, en estas tierras y en el resto del corredor León-Celaya-Querétaro, significa de una u otra manera franquear barreras de omertà [silencio cómplice] y de colusión. Implica meterse con quien autoriza y regula el crimen, negociar de facto los hallazgos de personas desaparecidas con poderes legales e ilegales más o menos anónimos, o bien, escudados detrás del rostro visible de algún político, empresario, propietario o cacique criminal.

Relatan algunas buscadoras como fueron perseguidas por grupos armados en campo durante sus prospecciones y destacan la tardanza de horas y horas de las autoridades que deberían protegerlas. Con tal de encontrar a su familiar, otras llegaron a cruzar predios y propiedades del Cártel Santa Rosa de Lima, en donde halcones y guardias armadas las acechaban de lejos y, entre carros quemados y caminos de terracería, los cerritos arredor estaban tatuados en grande con las cuatro letras de los mafiosos: CSRL.

En las rancherías y áreas rurales de León también abundan los relatos de persecución y hostigamiento a las personas buscadoras. Teniendo en cuenta que nueve de ellas han sido asesinadas en los últimos seis años y que sigue desaparecida la señora Lorenza Cano, desaparecida en Salamanca el 15 de enero pasado, bien pueden entenderse sus reiteradas y urgentes peticiones, que aún siguen desatendidas, a la Federación y al Estado para encontrar mecanismos de protección y alerta más expeditos, eficaces e integrales.

De plano, a Karla Martínez, integrante y representante de la Brigada Independiente de Búsqueda del colectivo Hasta Encontrarte, le fue retirada sin aviso la protección federal a principios de junio, pese a que recibió amenazas muy graves en enero y su tarea humanitaria para que muchas personas fallecidas fueran halladas e identificadas ha sido fundamental en Guanajuato.

En la turística sierra de Lobos, rumbo a Comanja de Corona y Lagos de Moreno, Jalisco, o más arriba, por Vergel y Ocampo, ya no hay señal del celular. Además de fosas clandestinas, en los últimos años, según testimonios de sobrevivientes, en la zona funcionaron laboratorios, campos de trabajo forzado y de entrenamiento delincuencial de los que se puede escapar solo durante la zozobra de cuando llegan a pelearse dos grupos rivales. Una estela de hallazgos recientes de cuerpos y restos humanos en fosas ilegales, ubicadas en las faldas de los montes, por Medina, Alfaro y Hacienda Arriba, justo donde termina la mancha urbana de León y se sube a la sierra, delata un patrón de impunidad y ocultamiento de cuerpos, pero también un mensaje de poder y control, conocido, tolerado y, posiblemente, negociado por las autoridades, sobre rutas, operaciones y territorios.

Las mismas señales de terror les llegan a miles de trabajadoras y trabajadores de Duarte, Ladrilleras y Comanjilla que, desde estas u otras localidades periféricas del este de León, pegadas al Puerto Interior y al municipio de Silao, a diario emprenden un largo camino a los hogares acomodados y las fábricas de la capital del calzado y ya se acostumbraron a esquivar cuerpos de personas asesinadas en las paradas de los camiones y en parcelas abandonadas.

Como cuando en Nuevo Laredo, a escasa distancia del cruce fronterizo, en los días más oscuros del Gobierno calderonista, de pronto aparecían cuerpos de personas encapuchadas y torturadas colgando de los puentes peatonales, no casualmente en frente de plantas y almacenes de grandes empresas transnacionales como Coca Cola. Este martirio público lanzaba así mensajes a los trabajadores, a las personas migrantes, y a la población en general.

El miedo paraliza la acción individual y, sobre todo, la organización social. Es conservador porque impide el cambio. Las mafias, sus redes, economías, símbolos y comunicaciones macabras operan la represión preventiva y contextual de cualquier disidencia: de género y sexual, laboral y sindical, étnica y racial, socioambiental, etcétera. Son el mecanismo más eficaz de silenciamiento y mantenimiento del algún tipo de pacto y estatus quo.

Hay centenares de personas que llevan años desaparecidas en León, sus familias les buscan y esperan tenazmente. Algunos y algunas jóvenes son vistos por última vez, antes de perder definitivamente su rastro, en casas de pánico, anexos irregulares, casas de seguridad, tienditas o hasta en centros de detención o calles de determinados barrios. Algunos y algunas son encontrados, a veces en Guadalajara u otras ciudades, pero otros no. El detalle es que varios de estos lugares intermedios del circuito de la desaparición son notorios, conocidos por alguna autoridad local, por vecinos o por los poderes fácticos en el territorio.

Hay testimonios sobre cómo los policías de tránsito alcanzan a tolerar o cogestionar rutas y “permisos” para conductores de Uber que se dedican, muchas veces contra su propia voluntad, a la entrega de paquetes de droga y, luego, terminan siendo víctimas de actos violentos y desapariciones. En cierta medida, esto se replica en el caso de varias policías municipales y los puntos de venta al menudeo o de anexos irregulares, que son centenares en el estado, en donde estacionan o residen personas jóvenes, víctimas potenciales de reclutamiento o explotación delincuencial.

A lado de ciertas colonias adineradas y aparentemente tranquilas o “protegidas”, como Punto Verde en León, cruzando una avenida, hay colonias en que campean en las paredes las pintas del grupo criminal Unión de León. Familiares de personas desaparecidas denunciaron al ministerio público exactamente a los perpetradores de los secuestros contra sus hijos, pero nada sucedió y los jefecitos del barrio quedaron impunes. Después fueron asesinados y sustituidos, manteniendo intacta la microrred mafiosa local.

Algo semejante sucede en los cerros aledaños de Salvatierra, en donde las expediciones de los colectivos, con acompañamiento de la Comisión Estatal de Búsqueda y la GN, no pueden entrar, pues las casas de seguridad y los terrenos son resguardados por cordones de halcones y gente armada que marcan un límite infranqueable.

¿Quién “autoriza crimen” en estas regiones? En notas nacionales y locales, así como en los anuncios triunfalistas de fiscales, secretarios y políticos de todos los niveles, muchas veces se consigna alguna detención de algún presunto “gran generador de la violencia” en una ciudad o “plaza”, refiriéndose a personajes de la maña o a células criminales, como si la violencia solamente brotara de la voluntad de una banda o una persona.

Es un deslice del lenguaje para magnificar las detenciones o el asesinato de algún líder, pero poco aporta a la comprensión de sus operaciones, capacidades, redes y pactos, mismos que constituyen el entramado del crimen organizado y autorizado. Rara vez se pregunta o se explica cómo es que estos grupos han nacido, cómo se han empoderado, con quiénes han trabajado y bajo qué acuerdos operaban en cada esquina, barrio, ranchería, carretera, anexo o negocio. En el discurso oficial todo es cárteles, plazas, generadores de violencia, bandas peleadas, droga y narco, pero así un fenómeno complejo es reducido a simples etiquetas vacías, como bien lo explica todo el trabajo del periodista Oswaldo Zavala sobre la creación discursiva de “los cárteles” y “los narcos”.

El crimen autorizado consiste en “la apropiación del marco institucional para utilizar la ley en contra de la sociedad, lo cual transforma al Estado de derecho (rule of law) en el Gobierno que utiliza la ley para abusar de la sociedad (rule by law). Va más allá de la corrupción, pues la contiene”, explica Samuel Schmidt.

Ahonda el autor en lo siguiente: “el crimen autorizado no es una anomalía ni un desequilibrio temporal en el sistema de justicia y policiaco respecto del crimen, sino un fenómeno estructural […] La categoría de crimen autorizado postula que la actividad criminal no se da en el vacío, sino que opera en conjunto y en asociación con personal del Estado: policías, funcionarios públicos, militares y jueces, en uno o más niveles de Gobierno. El crimen sería “autorizado” de forma tácita o expresa, las autoridades pueden “mirar hacia el otro lado” o coparticipar, extorsionar o ser extorsionadas”, pues finalmente puede haber asimetrías y balanzas de fuerzas distintas según el contexto.

En Guanajuato el fiscal general Carlos Zamarripa, quien lleva 15 años en el cargo y se prepara ahora para un retiro con pensión vitalicia dorada, ha sido señalado por diferentes actores políticos y sociales por presumiblemente ser un actor clave en los frágiles equilibrios de las áreas grises, conformadas entre legalidad, paralegalidad e ilegalidad, en las cuales se desarrollan el crimen organizado y autorizado.

El periodista michoacano Jesús Lemus, autor, entre otros, de los libros México a cielo abierto, Mireles, el rebelde y Los malditos. Crónicas negras desde Puente Grande, vive desplazado. En el último capítulo de su más reciente obra, “El cártel judicial. Radiografía de un poder fallido” (Grijalbo, 2024), Lemus cuenta que, el 7 de mayo de 2008, cuando tenía cuarenta años y dirigía El Tiempo, periódico de La Piedad, Michoacán, fue secuestrado en Pénjamo, Guanajuato, por la policía ministerial bajo el mando de Zamarripa y del entonces Gobernador Juan Manuel Oliva.

Esto fue, en sus palabras, por órdenes del régimen de Felipe Calderón y Genaro García Luna, en un intento de acallarlo, tras la publicación de un reportaje sobre posibles vínculos de estos personajes con integrantes de la Familia Michoacana. El periodista fue torturado durante tres días por presuntos Zetas, cómplices de las autoridades locales, hasta que volvió a aparecer con vida en una prisión estatal, gracias a la denuncia pública de su desaparición y al seguimiento del caso por Reporteros Sin Fronteras. Acusado injustamente de “narcotráfico”, el 27 de mayo Lemus fue enviado lejos de Guanajuato, en donde ya representaba “un problema”, y encarcelado en una prisión de máxima seguridad. En Puente Grande, Jalisco, fue procesado y condenado por una venganza desde el poder político, en alianza con el judicial, pero finalmente fue absuelto en mayo de 2011.

En su libro, fundamental para la discusión en curso sobre la reforma judicial, Lemus recopila minuciosamente centenares de casos, nombres, abusos, prácticas y personajes corruptos del poder judicial, que han actuado en contubernio con otros poderes, fácticos, mafiosos o legales, a lo largo de las últimas décadas: su obra es la piedra angular para la comprensión del eslabón judicial en la trama del crimen autorizado en Guanajuato y en México.

Por Fabrizio Lorusso de Sin Embargo MX

Panorama forense guanajuatense

En Guanajuato hay casi 4,200 personas desaparecidas, una cifra que ha crecido imparablemente desde 2018. Los hallazgos de fosas clandestinas de los últimos 4 años han sido centenares, y en muchos casos fueron contextos con decenas de inhumaciones ilegales, fosas comunes y entierros masivos.

Las familias y los colectivos de búsqueda les han llamado “sitios de exterminio” y sus nombres han circulado nacional e internacionalmente, trastocando el entendimiento y la vivencia de la toponimia y la historia guanajuatense.

Barrio de San Juan y Rancho Nuevo en Salvatierra; Cañada de Caracheo en Cortazar; Maravillas y Cuenda en Juventino Rosas; Barretos, Medina y Los Ramírez en León; Cerro del Toro en Acámbaro; Cupuato en Uriangato; El Saúz en Celaya; El Conejo y Santa Fe en Irapuato; El Rehilete en Villagrán; o la más reciente, del mayo pasado, en Los Álamos de Abasolo: estos son solo algunos de los nombres que en los últimos cuatro años han marcado la memoria pública y mediática de Guanajuato y han sustituido el imaginario rural y pueblerino de paz y magia de esta parte del Bajío por una geografía forense del terror y la impunidad.

Además, el “panorama forense” de la entidad incluye unos 850 cuerpos sin identificar en las instalaciones forenses de la fiscalía estatal, a los que debemos agregar los cuerpos de personas fallecidas no identificadas que se encuentran en la fosa común o en gaveta individual de los panteones de los 46 municipios de la entidad. Me refiero a “la excavación dentro de un panteón para enterrar por parte de las autoridades a una persona fallecida que no ha sido identificada o que no se ha entregado a sus familiares”, según la definición que brinda la organización civil CEPAD (Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC).

Planes posibles

Justamente, hace más de un año, las familias, los colectivos y las organizaciones civiles solidarias en la entidad vienen solicitando un plan de prospección, de exhumación y de reordenamiento de la información en estos escenarios de búsqueda, pues existe la posibilidad de que ciertos casos de desapariciones de larga data pudieran aclararse de alguna manera, tras un trabajo de revisión en estos sitios. En mi opinión, esto implicaría un proceso con cuatro fases u objetivos.

Primero, organizar en campo (en las fosas comunes de los panteones) y en las bases de datos, que muchas veces están desfasadas o incompletas, toda la información que tienen la fiscalía y los municipios sobre cuerpos o restos no identificados y no reclamados en panteones municipales.

Segundo, establecer un plan de exhumación de estos, para que cuenten con archivo básico y perfil genético, se cotejen en el banco estatal y nacional de datos forenses y, finalmente, se resguarden en el parque funerario (“panteón forense”) de la fiscalía estatal en Guanajuato capital.

Tercero, dar garantía a las familias y personas afectadas o interesadas de cómo han sido procesados, identificados, o bien, catalogados y de cómo están siendo incluidos y cotejados en bases de datos todos los perfiles genéticos y/u otros archivos e indicios que han sido recolectados por la fiscalía en estos años, tanto desde contextos de hallazgo en campo (fosas y otros sitios) como desde las propias fosas comunes municipales.

Cuarto, avanzar en el completamiento y publicación de los Registros estatales que prevén la Ley General y la Ley de Búsqueda de Guanajuato.

Los cuatro procesos deberían pensarse y realizarse en conjunto con las familias de las víctimas, con grupos acompañantes y con especialistas para garantizar los principios de máxima transparencia y de participación conjunta. Para realizar o impulsar estos avances en materia forense y de identificación existen, en los hechos, varios canales y modalidades no excluyentes entre sí.

Caminos posibles

Por ejemplo, en algunos estados, como Puebla, personas buscadoras, universidades y activistas por los derechos humanos han promovido amparos con el ánimo de que la autoridad judicial obligue a la comisión local de búsqueda y a la fiscalía a colaborar para implementar los registros previstos por la ley que, dicho sea de paso, no existen en Guanajuato y deberían contar, según la ley estatal de búsqueda, con una versión publica y una versión para familiares. Hablo del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, del Registro de Fosas Comunes y Clandestinas, del Registro de Personas Fallecidas No Identificadas y No reclamadas y del Banco Estatal de Datos Forenses.

No hay que esperar a que la Federación, que también tiene muchos retrasos y fallas al respecto, los implemente para que los estados lo hagan, sino que es una exigencia ya impostergable para evitar sanciones por la violación sistemática y reiterada de los derechos humanos y, sobre todo, para no prolongar sufrimientos y agravios burocráticos en contra de quienes tienen un o una familiar desparecida.

Otra vía podría ser firmar convenios con el MEIF, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, o crear Centros de Identificación Humana especializados e Institutos autónomos de Ciencias o Servicios forenses, quizás apelando al modelo de Jalisco, sin embargo, no son éstas soluciones de corto plazo, sobre todo en el caso de los institutos estatales de ciencias forenses que, sin embargo, pueden ser interesantes en el mediano plazo, sobre todo si gozan de relativa independencia de las fiscalías.

Además, el MEIF y los Centros de Identificación de la Comisión Nacional de Búsqueda por el momento no representan alternativas muy viables, ya que el primero ha sido debilitado estructuralmente en los últimos dos años y los segundos todavía no se desarrollan adecuadamente.

Otra posibilidad sería recurrir o solicitar alguna intervención en Guanajuato de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), que creó en 2020 el Módulo de Fosas Comunes (MFC), “una base de datos en la que se concentra y homologa información que detentan los panteones sobre cuerpos y restos inhumados en fosas comunes”, según su página web. El fin es confrontarla periódicamente con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en busca de posibles positivos o coincidencias que, posteriormente, son sometidos a evaluaciones para determinar una eventual localización de la persona desaparecida y detonar la coordinación con autoridades locales.

Este proceso ha sido suspendido, por el momento, tras la salida de personal y los cambios de la nueva gestión de la Comisión desde finales de 2023, por lo que sólo algunos estados fueron alcanzados por esta labor y Guanajuato no está entre ellos.

Otra posibilidad, de mediano-largo plazo, es impulsar una legislación más de avanzada, como fue en su momento el caso del Estado de Coahuila, por ejemplo, con su Ley y los Planes Estatales de Exhumación. Como no ha habido avances en el Plan Nacional de Exhumaciones de la FGR, resulta aún más urgente formularlos a nivel estatal.

La idea sería adoptar un modelo legal como el de la Ley para la Localización, Recuperación e Identificación Forense de Personas de Coahuila, o bien modificaciones y mejoras a la Ley estatal vigente en Guanajuato. En Coahuila la Ley tiene por objeto “reconocer y garantizar el derecho a la plena identificación de todas las personas fallecidas en Coahuila o cuyos restos pudieran encontrarse en el territorio del Estado, y los derechos de las familias de las personas desaparecidas en los procesos de búsqueda, localización, recuperación, identificación forense, notificación y entrega de restos humanos”. Asimismo, debe “contribuir a garantizar el derecho de toda persona a ser efectivamente buscada, así como el derecho a la verdad y el derecho a la memoria”.

Las mesas de coordinación forense previstas en la misma Ley, integradas por colectivos, personas buscadoras e instituciones, ha sido un modelo importante para otros estados y agrupaciones de familiares del país. Así las define el artículo 41: “La Mesa de Coordinación Forense tendrá como objeto la supervisión del funcionamiento e implementación del Sistema de Gestión de Información, así como del Plan Estatal de Exhumación e Identificación de Casos Previamente Procesados y los planes de exhumación e identificación que se generen de acuerdo a lo señalado por esta Ley y de conformidad con los lineamientos y protocolos aprobados para ello”.

Este antecedente me lleva a plantear otro camino posible para lograr de forma colaborativa entre colectivos de buscadoras, sociedad civil y todas las instituciones involucradas en la materia un acercamiento a un plan de exhumaciones para Guanajuato; a mecanismos formales y periódicos de información y supervisión sobre cuerpos no identificados, procedentes de hallazgos en campo, fosas comunes y clandestinas; y cotejos entre bases de datos para su identificación, mediante calendarización de actividades y seguimiento dentro de mesas de trabajo específicas.

Se podría aprovechar el hecho de que, en Guanajuato, en 2021, 2023 y 2024 han estado funcionando con las autoridades mesas de trabajo de este tipo, aunque no especializadas en temas forenses, y que la propia fiscalía en ocasiones ha recibido positivamente la propuesta de llevar ya sesiones periódicas sólo sobre esta problemática.

De hecho, según la ley local de búsqueda, la Fiscalía Especializada tiene las atribuciones siguientes: “solicitar a las autoridades jurisdiccionales competentes la autorización para la realización de las exhumaciones en cementerios, fosas u otros sitios en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cadáveres o restos humanos de personas desaparecidas”. Además, también la Comisión Local de Búsqueda tiene atribuciones en este sentido, pues debe de estar consultando constantemente las bases de datos de panteones, crear los registros y puede realizar prospecciones en estos lugares.

Cifras para aclarar y avanzar

Los cuerpos resguardados en los panteones municipales de Guanajuato eran 825 al 10 de marzo de 2023, según datos de la fiscalía obtenidos por Plataforma Nacional de Transparencia.

En cambio, el panteón forense central de la fiscalía mantenía, en calidad de no identificados, al 18 de septiembre de 2023, 847 cuerpos, mientras que los cuerpos resguardados en el panteón forense en calidad de identificados (pero no reclamados) eran 103, siendo el total de 950 cuerpos.

Menos de un año después, la misma solicitud sobre fosas comunes de panteones municipales arrojó una respuesta muy distinta: había 376 cuerpos al 8 de febrero de 2024.

Por otro lado, una investigación preliminar con los municipios y sus panteones arrojó, al 10 de junio de 2024, la presencia de 733 cuerpos sin identificar, y aún faltan algunos municipios por contabilizarse. Entonces, hay tres datos bastantes distintos según el año y la fuente sobre estos cuerpos no identificados.

Según datos de la propia fiscalía, además, los cuerpos trasladados de municipios (de fosa común) al panteón forense central, hasta el 27 de mayo de 2024, fueron 133.

Si hasta 2023 había 825 cuerpos en fosas comunes municipales, y solo 133 fueron trasladados al panteón forense de la fiscalía, ¿por qué en 2024 sólo son 376 los que la misma fiscalía registra como resguardados en fosas comunes? Deberían ser 692 (o sea, 825 menos 133).

Entre cifras discordantes y la aparición endémica de nuevas fosas y hallazgos, es ya urgente aprovechar los canales de comunicación y los caminos emprendidos en Guanajuato para plantear objetivos, planes y rutas para salir de una situación forense constantemente bajo presión y tensión, debido a los altos índices de violencia que aún se mantienen en la entidad.

Por Fabrizio Lorusso, desde Sin Embargo

Fabrizio Lorusso

Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León sobre temas de violencia, desaparición de personas y memoria en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Colaborador de medios italianos y mexicanos. Integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto para el fortalecimiento colectivo de las víctimas.

Convulsiones postelectorales en los partidos derrotados. Fases de recuperación postprandial entre los ganadores. Post simboliza ceder el paso, renovar, cruzar el umbral, posdatar la memoria de lo inmediato para no repetir el pasado.

El triunfo de Claudia Sheinbaum y el voto masivo a favor del proyecto de Morena y sus aliados en las elecciones del 2 de junio representa una señal contundente sobre el rumbo y tipo de país que desean las mayorías, pues tanto las propuestas de campaña de la próxima presidenta como las iniciativas de reforma constitucional y legal enviadas por AMLO fueron bastante claras, tuvieron amplia circulación, previo a la jornada electoral.

La incompleta y excluyente transición democrática mexicana de finales del siglo XX y principios del XXI debe ir más allá de la alternancia para evolucionar y culminar, ahora, con la transformación de los privilegios en derechos, del blindaje oligárquico en poder popular, y de las desigualdades en igualdad sustantiva y oportunidades.

Más de 35 millones de sufragios, por muchos que sean, no son un cheque en blanco, pero sí una decidida expresión de confianza hacia una visión de “prosperidad compartida” y de aprobación del camino emprendido, aun con tropiezos, desde 2018 con la victoria de Andrés Manuel López Obrador. La mayoría calificada en la Cámara de Diputados probablemente no se replicará en el Senado de la República y esto puede desatar procesos virtuosos y ser un bien. Dependiendo de los conteos definitivos, es posible que Morena, PT y el Verde tengan que negociar las reformas de mayor calado con partes de la oposición, potencialmente senadores y senadoras del PRI, PRD o, de forma más “saludable” y orgánica, de Movimiento Ciudadano.

MC puede ser justamente una bisagra que vaya negociando con el oficialismo las reformas, aportando especialmente en materia de derechos humanos, límites al poder castrense, cambios en la estructura tributaria y en los organismos autónomos. La cerrazón de MC o del resto de la oposición a las reformas tendría un costo político enorme frente a la voluntad popular expresada el domingo.

Sin embargo, también la imposición de las mismas por parte de Morena, como un hecho consumado o una disyuntiva “fatal” para las demás fuerzas políticas, generaría una actitud disfuncional y conflictiva que justo el arte de la política, en el sentido más noble, debería, en cambio, trabajar y destrabar. Esperemos que así sea. Y si la coalición ganadora alcanzara la mayoría calificada en ambas Cámaras, tampoco sería algo malo, pues garantizaría una relativa estabilidad, la profundización de un proyecto de país con un respaldo significativo y marcos de gobernabilidad, en el entendido de que esto pueda reflejarse en voluntades y capacidades de diálogo y no en aplanadoras seriales.

El 2 de junio implica un mandato claro, una expectativa hacia un viraje ulterior de las coordenadas políticas e ideológicas en el país, en pos de una más o menos paulatina superación del neoliberalismo o, cuando menos, de sus más nefastos arreglos institucionales, legales y económicos.

Pese a estar fisiológicamente contra el bien común, los valores y las normas individualistas y privatistas han permeado invariablemente tanto las mentalidades como las prácticas sociales y el campo jurídico, entre otros, por lo que la batalla para la deconstrucción postneoliberal debe ser multidimensional, dentro y fuera de lo que concibamos como “la izquierda”.

Se debe seguir insistiendo en las narrativas, la cultura y las socialidades para promover una obra permanente de debunking, o sea, de “desmitificación”, “desenmascaramiento” y de revelación de contradicciones que desnaturalice lo “normal”, como por ejemplo la división social en castas de facto, la primacía del mercado y del cálculo económico de costo-oportunidad en todo ámbito vital, o la subordinación de género y racial.

Lo que más le ha costado admitir y comprender a la oposición, en mi opinión, es que, en este gobierno, a través de la figura del presidente y de las mañaneras, pero no sólo, simplemente culminaron y se visibilizaron muchos procesos históricos, movimientos y sabidurías sociales y plebeyas que, por lo menos desde los años noventa, estaban latentes y explotaban cíclicamente en gritos de lucha, de dolor y de indignación.

De a poco han ido construyendo en México un entendimiento alternativo, un micro-debunking lento y colectivo, incesante y contrahegemónico, respecto del proyecto salinista y neoliberal de sociedad y de su discurso convencional y mercadotécnico, cada vez más insostenible.

Como sostiene el escritor Rafael Lemus en su magistral libro “Breve historia de nuestro neoliberalismo: Poder y cultura en México”, ya a mediados de aquella década, con la insurrección zapatista en Chiapas, “el error de diciembre” y el Fobaproa en la época de Zedillo, comenzó a agrietarse la hegemonía discursiva neoliberal, además de que gran parte de la población iba experimentando en carne propia sus agravios y falsas promesas de éxito.

Esto debido a la generalización de condiciones materiales precarias, represión estatal y criminal de las protestas y las demandas sociales, junto con la escalada de violencias de todo tipo, bajo la conducción o tolerancia del Estado, el poder económico, sus élites y demás poderes fácticos.

A esas alturas, ya estaban fracturadas en México la hegemonía globalista del “fin de la historia”, la meritocracia y el pensamiento único, anticipando la ruptura sistémica, económica y psicológica que representaron las crisis globales de 2008 y 2009 y sus secuelas, punto final del neoliberalismo como marco de consenso y de sentido, y como fundamento global de la acumulación capitalista y la explotación de poblaciones, territorios, recursos y países.

El prefijo latino “post” puede significar “después de” y “detrás de”, en un sentido temporal o espacial, y remite a la idea del más allá, de la superación, de la evolución, del cambio, pero también a la idea complementaria del dejar atrás, del estar afuera de o ir abandonando algo. Después de las últimas postdatas electorales, en breve podremos seguir pensando en la política de los días después y del “post” para un México de justicia y bienestar.

De Fabrizio Lorusso – Sin Embargo MX

Ante la inminencia de las elecciones y de una larga serie de reacomodos políticos, administrativos, presupuestarios y económicos, que necesariamente ocuparán debates y acciones durante lo que queda del año en todos los niveles de gobierno, sin pretensiones de exhaustividad, me parece interesante hacer un ejercicio de reflexión sobre las no-propuestas y los huecos importantes que dejaron las candidatas y el candidato en materia de desaparición de personas, búsqueda y crisis forense.

El tema no ha sido abordado ni a fondo ni integralmente en prácticamente ningún debate o foro, aunque sí fue mencionado un poco más en el tercer debate presidencial porque hubo una pregunta expresa. Aun así, más allá de una que otra línea general, no se ha entendido exactamente qué es lo que harían en concreto los partidos políticos y sus candidaturas abanderadas.

En el sexenio hemos rebasado los 52mil cuerpos sin identificar, así como la cifra de 5,700 fosas clandestinas registradas y el número de 114mil personas desaparecidas, mismas que deben ser buscadas por las autoridades en el país. Se trata de fenómenos complejos, entrelazados y de larga data que se han recrudecido. Para su abordaje es necesaria una política integral y nacional, con mecanismos claros y fuertes de coordinación, tanto entre niveles de gobierno como entre instituciones, actores sociales y políticos, organismos internacionales y poderes del Estado.

Por ejemplo, si bien en otros temas, como la política industrial y laboral, las reformas judiciales, policiacas y electorales, o los planes de desarrollo regional y a la movilidad de larga distancia, la puntera en las encuestas, Claudia Sheinbaum, y su equipo han presentado propuestas y planes concretos, dialogados y articulados, no ha sucedido lo mismo para el tema de la desaparición y búsqueda de personas.

Éste, más bien, pareció subsumirse en la “atención a las causas” y la (aun necesaria) reforma de la justicia, en la continuidad de estrategias de búsqueda cuestionables adoptadas en la CDMX o el respeto y reforzamiento de protocolos e instituciones vigentes. Sin embargo, en los hechos, ya hemos visto un deterioro de la relación de una parte consistente de los colectivos organizados de familiares con el gobierno federal, así como la merma de capacidades, estrategias y enfoques colaborativos de la Comisión Nacional de Búsqueda, lo que debería ser una preocupación y objeto de planteamientos en las campañas.

Serían factores recuperables en el corto plazo, si existiera voluntad política para recuperar la necesaria confianza y coadyuvancia con los grupos que conforman un movimiento social que ha surgido de los estragos de la guerra, sin el cual en México todavía muy poco se hubiera logrado social y políticamente en términos de legislación, reforma de las fiscalías, defensa de los derechos humanos, mecanismos de identificación y búsqueda, memoria colectiva, visibilización de la violencia y lucha antimafia, entre muchas de sus contribuciones.

Propuestas como la de la organización Fundar para la concreción de una política nacional forense mediante mecanismos de cooperación y círculos virtuosos entre poder ejecutivo, fiscalías y comisiones de búsqueda, podrían encajar en un plan de relanzamiento del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, que fue otro logro de los colectivos de víctimas descafeinado y abandonado paulatinamente por el gobierno, así como de los Centros de Identificación Humana y, en general, de los alcances de la Comisión Nacional de Búsqueda en las identificaciones.

En cambio, por un lado, parece fomentarse la “competencia” entre fiscalías y comisiones de búsqueda en los estados y a nivel federal, mientras, por otro lado, especialistas denuncian virajes peligrosos de la estrategia gubernamental que tiende a regresar al modelo de monopolio de parte de las fiscalías en la identificación forense, algo que por más de una década ha sido el centro de la lucha de las familias con familiares desaparecidos ante la incompetencia, inacción o desaseo institucional de aquéllas.

Por eso mismo, como lo señala el reciente reportaje de Daniel Cruz en el portal A dónde van los desaparecidos, fue reformada en 2022 la Ley General en materia de desaparición y búsqueda para facultar a la Comisión Nacional y el Centro Nacional de Identificación Humana, hoy prácticamente desactivado, para que implementaran procesos de identificación masiva y arrancaran un modelo novedoso ante la crisis forense, ya que las fiscalías de por sí estaban y están rebasadas, cumplen con muchas más funciones y tienen enfoques diferentes, más centrados en la determinación de causas de muerte y la investigación que en la identificación humana de por sí. A esto se agrega la indolencia de la Fiscalía General de la República para la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, que comenzó sólo después de un amparo, todavía no es operativo y que, de funcionar correctamente, permitiría cruces masivos a nivel nacional de todos los perfiles genéticos en poder de las fiscalías.

Después del ruido pre y post electoral, aunque parezca lejana, existirá la posibilidad de formular una política nacional, estructurada, consensuada, coordinada y focalizada, para llenar los vacíos acumulados en materia forense, de búsqueda, de identificación y de abordaje integral de las desapariciones. Esperemos no sea desaprovechada.

Mientras tanto, colectivos y familiares en búsqueda de sus seres queridos invitan a quienes piensan anular su voto el 2 de junio a participar en una iniciativa de alto valor simbólico, #VotaXUnDesaparecidx, para que en el espacio destinado a las candidaturas sin registro, las y los votantes coloquen el nombre de alguna de las personas desaparecidas que existen en el país.

De Fabrizio Lorusso desde SinEmbargo, PopLab, ZonaDocs

¿La “Marea Rosa” en México puede considerarse un movimiento con tendencias fascistas? En su ensayo “El fascismo eterno”, presentado por primera vez en la Universidad de Columbia en 1995, el escritor, semiólogo y filósofo italiano Umberto Eco (1932-2016) develó la naturaleza profunda y los rasgos del fascismo. 

Lo hizo a través del análisis de catorce “maneras” en que esta ideología y práctica política, polifacética y adaptable al tiempo y a las circunstancias, puede adoptar formas históricas distintas y difíciles de reconocer. 

Eco da cuenta de cómo ciertos movimientos y visiones del mundo crían los gérmenes del fascismo, aunque sus contornos aparezcan desdibujados y sus discursos poco coherentes, por lo que, a pesar de esta confusión o indefinición, acuñó la expresión de “Ur-Fascismo” o “fascismo eterno”.

En sus palabras, “estas características no pueden regimentarse en un sistema; muchas se contradicen entre sí, y son típicas de otras formas de despotismo o fanatismo, pero basta con que se dé una de ellas para que se forme una nebulosa fascista”. 

No habla de un movimiento fascista hecho y acabado, o de que estas características sean exclusivas de un partido fascista, ya que algunas pueden encontrarse en agrupaciones con distintas orientaciones y finalidades. Sin embargo, plantea que pueden ser indicadoras de una “nebulosa fascista”. Considero que la “Marea Rosa” puede ser parte de un conjunto de alineaciones políticas, ideas, acciones, significantes y narrativas, a veces incluso contradictorias, que podemos entender como caldo de cultivo para el desarrollo de versiones actualizadas del fascismo.

La reflexión del novelista italiano ayuda a desenredar la madeja de patrones más o menos implícitos que subyacen a la superficie de este movimiento en México y a visualizar lo que significa en términos de polarizaciones, éstas sí radicales y rabiosas, y de peligros, estos sí concretos y visibles, para la incipiente democracia mexicana. 

Veamos de qué manera las características enunciadas por Umberto Eco nos pueden servir de brújula y aviso ante las expresiones de ciertos sectores sociales que, movidos por el miedo o por sinceros motivos opositores, o bien, manipulados por los sesgos editoriales y algorítmicos de los medios de comunicación y las redes sociales, perciben que la democracia, o lo que conciben como democracia, está a punto de quebrarse. O que una época de oro, o lo que imaginan fue para ellos el periodo neoliberal, se habría acabado por culpa de López Obrador.  

1. En el “fascismo eterno” según Umberto Eco, “El culto a la tradición” o tradicionalismo es emocional y antirracional, apela a lo ancestral y al miedo de lo nuevo para compactar a la comunidad, por eso nada se debe de “tocar” y reformar, so pena de derrumbar un supuesto mundo ordenado: claro está que la “Marea Rosa” defiende un mundo simbólico y material ordenado por jerarquías y privilegios para unos cuantos, en la racialización de lo diverso y su inferiorización, lo que es lo más antidemocrático que podamos imaginar. No es que a todos los marchantes del domingo pasado se le hayan otorgado privilegios en el pasado, al contrario, pero sí a la elite que les convoca. Es tradicionalista en la medida en que de su constelación discursiva comienzan a destacar la visión de una sociedad de castas y el instinto de la conservación: la libertad es válida, pero qué cada quien parta de donde está, pues tan solo su mérito y esfuerzo individual son suficientes para cambiar su destino. Esto reza la ideología meritocrática, olvidando que, de hecho, en México la movilidad social ha sido una quimera. 

2 y 3. “El rechazo del modernismo” y “El culto a la acción por la acción” se concretan aquí en un rechazo generalizado de datos duros y evidencias sobre los aciertos del Gobierno y la magnificación de sus desaciertos o de rumores convertidos en piezas periodísticas de alto impacto pero poca monta: se va sustituyendo, así, el razonamiento científico y comparativo con etiquetas, insultos, lemas y fake news que destilan una realidad falseada, conclusiones parciales sobre los más apremiantes asuntos políticos y sociales. 

Hay, de hecho, venas de anti-intelectualismo en los mismos intelectuales más o menos orgánicos a la oposición y a las derechas, cuando dan cabida, de una u otra manera, a la guerra sucia, la mentira, la descalificación burda, el miedo y el catastrofismo, buscando mantener cuotas de poder, “ganar” debates o incidir en la campaña electoral de Xóchitl Gálvez. Ésta, a su vez, regularmente sigue sus consejos y se atribuye a sí misma dotes de “fuerza y corazón” para la acción como “próxima Presidenta”. Pero la política de mano dura que propone es acción por acción, sin inteligencia, al estilo de Calderón.

4. El “Rechazo al pensamiento crítico” es otro rasgo. El sincretismo de la oposición fusiona diferencias, idealmente, y rehúye el pensamiento crítico, promoviendo la simplificación y el olvido de la historia. El cuestionamiento de las estructuras y las herencias del pasado resulta antipático, intolerable para algunos, pues obliga a verse en el espejo y deriva en ataques que impiden notar las contradicciones internas a la “marea”. 

5. Dice Eco que el “fascismo crece y busca consenso explotando y exacerbando el natural miedo a la diferencia”. En México “los otros”, los enemigos e intrusos, son identificados como quienes ascendieron al poder a partir de un discurso plebeyo y popular, como López Obrador, y, más en general, el movimiento-partido de Morena. 

Este recelo a la diferencia y al reflejo del México profundo esconden la semilla de racismos y clasismos difusos o explícitos, tanto en las élites “rosas” como en muchos de sus convencidos seguidores y en sus marcas registradas de la sociedad civil. Esto desvía la discusión de los verdaderos y urgentes problemas que todavía no han sido afrontados desde las estructuras y acciones de Gobierno.

6. El “fascismo eterno” surge de la frustración individual o social, del temor y el desconocimiento a las demandas populares, de grupos sociales más vulnerables, de la “base de la pirámide”: en México es un hecho que las y los trabajadores, entre otros sectores sociales antes menospreciados y mantenidos en la docilidad, han podido empoderarse. Los ataques de la Presidencia, así como las políticas del Gobierno, contra las élites o los llamados “fifís” han contribuido menos al deterioro económico de las mismas que a la erosión de su capital simbólico. 

Es decir, finalmente a la clase alta y a los mayores grupos empresariales les ha ido bien o mejor económicamente. Su inconformidad cuela hacia abajo en las clases medias aspiracionistas, que por estos se sienten representadas y los ven como modelos. El descontento tiene que ver más con el cambio de narrativa oficial y pública sobre quiénes son y sus prácticas rapaces, con el cuestionamiento de su relación con la sociedad y el país. Esta relación ha sido patrimonialista, antiética y oportunista. No son héroes ya, ni grandes benefactores y creadores de puestos de trabajo, sino evasores de impuestos y aprovechadores de mano de obra barata, siendo su prototipo supremo Ricardo Salinas Pliego, exponente de la ultraderecha con tintes fascistoides.

7. La “Obsesión por un complot” y la exageración de una amenaza son características evidentes en las marejadas rosas de estos meses: aunque la etiqueta y la campaña de desprestigio de #NarcoPresidente y #NarcoCandidata son de por sí fruto de un golpeteo-complot de la DEA y de ejércitos de bots, la realidad es subvertida y la derecha, más bien, fabrica teorías del narco-Estado, reforzando la narrativa estadounidense sobre la necesidad de una intervención en México, y auspicia violencias en la recta final de la campaña y en la jornada electoral para descarrilar el proceso y pedir la anulación de los comicios. Teniendo ya tantos vínculos comprobados entre exfuncionarios y allegados de los gobiernos del PRI y del PAN con el crimen organizado en el pasado reciente, inventarles al Presidente y a Claudia Sheinbaum presuntos nexos con el narco roza el cinismo.

8. La retórica del “Ur-Fascismo”, según Eco, es contradictoria porque construye a sus enemigos como “al mismo tiempo demasiado fuertes y demasiado débiles”: por una parte, la “Marea Rosa”, respaldada por partidos políticos y grupos poderosos, organizaciones multimillonarias de la “sociedad civil” y medios masivos e internacionales de comunicación, se siente agraviada y cree luchar contra una dictadura y un cacique absoluto. Por otra parte, pueden manifestarse libremente, reiterando falsedades, sin sufrir ninguna reprimenda. Sostienen que hay encuestas en que aventajan las y los candidatos del PRIAN y que la derrota de Morena y la 4T es posible y hasta probable.

9. “La vida es una guerra permanente” y el “Pacifismo es malo”, es colusión con el enemigo, sostiene Eco. Aunque se refiere a la retórica belicista instalada como método y discurso de Gobierno, como ya la experimentamos en la época de Calderón, por ejemplo, podemos inferir algo para la realidad actual. El PRIAN en el Gobierno promete una política pública de “balazos sin abrazos”, reedición de aquella guerra calderonista. 

Xóchitl promete que “no le temblará la mano” y que el ejército regresará, pero no a los cuarteles, como desearíamos, sino exclusivamente a las funciones de combate frontal a los cárteles. Su guerra permanente y desleal en estas campañas, las mentiras y las descalificaciones, van en contra de toda pretensión de “un México en paz”, otro lema vacío porque no remite a planes, visiones de país y rutas claras, además de que le está costando muy caro a la democracia y a la sociedad mexicana, llevándolas a brotes cada vez más extremos de violencia verbal y política.

10. El “Desprecio por los débiles” se marida, en palabras de Eco, con “el elitismo”, o sea, un “aspecto típico de toda ideología reaccionaria, en tanto fundamentalmente aristocrático”. Basta con volver a escuchar las declaraciones del expresidente Vicente Fox sobre “los huevones” y los programas sociales, la invención y demonización de los llamados “ninis”, los planes de la oposición para limitar, recortar o “tarjetizar” el estado del bienestar o los mismos programas, entre otras perlas clasistas que delatan el “complejo de superioridad” que sus huestes manifiestan.

11. En el fascismo eterno “Todo el mundo es educado para convertirse en héroe”, el héroe debe ser la norma y aspira a la muerte, pase lo que pase, pero claro, esto vale para el pueblo, para que muera heroicamente y se transforme en “daño colateral”. O vale para la mano de obra semiesclava de los cárteles o para la tropa de soldados rasos, como durante el calderonismo, ya que, desde luego, nunca son las élites las que van a la guerra y se enfrentan en el campo de batalla al “enemigo”, al “narco” o lo que sea. 

En las marchas rosas, hasta hace poco supuestamente apartidistas, masas de manifestantes han elevado a Gálvez o a Lilly Téllez al rango de heroínas protectoras, a Lorenzo Córdoba como héroe antiobradorista y democrático, a Salinas Pliego y Claudio X. González como paladines contra el ogro estatal, preconizando, así, el advenimiento de algún Milei mexicano para el futuro “rescate” del país. Esto se traduce en una tendencia fascistoide y necroliberal, un neoliberalismo de la muerte y la exclusión, con autoritarismo y separatismo social, es decir, la imposición de distancia y discriminación entre estamentos que – ¡Por Dios! – no deben de mezclarse. 

12. El “Machismo” es causa y producto del Ur-Fascismo, la traducción de la voluntad de poder frustrada hacia la esfera sexual, mismo que hemos atestiguado en las vergonzosas intervenciones de la candidata del PRIAN durante los debates, al utilizar constantemente recursos verbales misóginos y al tachar a Sheinbaum de “fría” y “sin corazón”, o de ser títere del Presidente. Ni hablar de las referencias de Gálvez a la virgen de Guadalupe, estampada en la falda de Sheinbaum, o al culto a la Santa Muerte con base en un meme que ni entendió y que fue usado como pieza de una campaña de descredito infundada contra la izquierda partidista. Son también alusiones muy baratas a las creencias, al ateísmo o a la ascendencia judía de la candidata de Morena, que no se profesa católica, para así atacarla desde ese flanco o cuestionar su visita a un jefe de Estado y religioso como el Papa Francisco.   

13 y 14. El “Populismo selectivo o cualitativo”, por el que se divide la sociedad en facciones antagonistas, y la creación de una “Neolengua” o “Neohabla”, a saber, el empleo de un vocabulario pobre, básico, que inhibe razonamientos y reproduce lemas, tags, estereotipos y lugares comunes y ofensivos. En parte se trata de procesos comunes a muchos movimientos y, quizás, a la dinámica política como tal y las redes sociales. Sin embargo, en la “Marea Rosa” la lógica populista divide a la sociedad con base en factores como la clase social, el color de piel, el mantenimiento de privilegios por encima de las mayorías y el engaño de las élites hacia “su pueblo” en la plaza, el cual anhela ser como los de muy arriba y concibe la libertad como derecho de prevaricación y piedra angular de una desigualdad dizque natural dentro de la sociedad.     

Fin. Respondiendo a la pregunta inicial, no creo que la “Marea Rosa” o todas las personas que hayan marchado bajo sus consignas conformen un movimiento fascista como tal, pero ya es posible y útil identificar tendencias negras dentro de la nebulosa rosa, las cuales alertan sobre posibles derivas extremistas y fascistas, cada vez más “naturalizadas”, visibles y desenterradas, e inoculan dosis crecientes de violencia en el campo político y democrático.  

Concluye Umberto Eco en su ensayo, encargando una misión a las y los lectores: “El UrFascismo puede volver todavía con las apariencias más inocentes. Nuestro deber es desenmascararlo y apuntar con el índice sobre cada una de sus nuevas formas, cada día, en cada parte del mundo”.

Por Fabrizio Lorusso desde SinEmbargo.Mx