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En la segunda vuelta electoral para la conformación del parlamento francés, el bloque de izquierda, el Nuevo Frente Popular, ha logrado el domingo pasado una victoria histórica contra la principal amenaza para la democracia en el país: el Rassemblement National (RN o “Agrupación Nacional” en español) de Marine Le Pen, Jordan Bardella y sus afines de la ultraderecha, con tendencias (más o menos) neofascistas.

También ha conseguido más escaños que el centro, o sea, la coalición Ensamble del presidente Manuel Macron. Su figura salió evidentemente debilitada. Fue el propio presidente galo que, tras unas elecciones europeas en que las derechas radicales habían avanzado en medio continente, decidió convocar comicios parlamentarios anticipados para dizque consolidar su mandato. Sin embargo, le salió el tiro por la culata y, en la primera vuelta, las fuerzas democráticas centristas y de izquierdas se vieron rebasadas por la derecha más impresentable.

Entonces, de manera muy estratégica y expedita, las izquierdas formaron un Frente Popular antifascista y establecieron, a su vez, acuerdos de “desistencia” con el centro macroniano. Esto fue para evitar que, en la segunda vuelta, el RN y los demás “ultras” lograran ganar una mayoría aplastante que forzara la salida del Primer Ministro actual, el macronista Gabriel Attal, e instalara un gabinete liderado por el Rassemblement.

La “desistencia” se asemeja al llamado “voto útil”, como lo conocemos en México. Consiste en un pacto por el cual se prevé la retirada estratégica de las y los candidatos a un escaño, pertenecientes a un partido que esté dentro del pacto, que en la primera vuelta llegaron en tercer lugar.

Esto es para que, en la segunda vuelta, se traten de juntar los votos del segundo y del tercer lugar en contra del primero y se obtenga la mayoría. Todos los escaños del congreso se eligen en Francia con el método uninominal mayoritario, pero con dos vueltas, lo que da chance de construir este tipo de estrategias cuando se presentan determinadas coyunturas.

La participación ha sido del 66.7%, la más alta desde 1981 en unas parlamentarias, y veinte puntos más que en 2022. El primer dato controversial es que ha ganado la alianza de izquierda, pero también el partido principal de la ultraderecha.

La victoria del Nuevo Frente Popular, liderado por Jean-Luc Mélenchon, y el crecimiento de su partido, “Francia Insumisa”, no se basó en una alianza a priori con el centro neoliberal de Macron, sino en un pacto estratégico que le puso un dique de contención, casi de último minuto, a la avanzada ultraderechista. Este logro se dio a pesar de la andanada de ataques mediáticos en contra del líder izquierdista para pintarlo como un extremista, antisemita y peligro para el país, asimilándolo así a la extrema derecha, como si fueran comparables porque representarían dos polos “extremos” y perniciosos.

En realidad, el programa del Frente, construido en tiempo récord entre la Francia Insumisa, los socialistas, los comunistas, los verdes y los disidentes de izquierda, reconoce el genocidio de Israel contra el pueblo palestino y no es antisemita, sino antisionista. Además, pretende revertir las reformas neoliberales en el mundo del trabajo, realizar el bloqueo de los precios de los productos básicos, la subida del salario mínimo hasta los 1,600 euros mensuales y suspender la reforma a las pensiones, volviendo a bajar la edad de jubilación, así como invertir en educación y salud pública, favorecer la integración de las y los migrantes. Se trata de reforzar la democracia, no debilitarla.

Por el otro lado, Le Pen y Bardella sí son un peligro para Francia, para Europa y la democracia, pues representan sectores importantes del gran capital, pese a presentarse también como personajes y fuerzas “populares”. Son básicamente racistas y xenófobos en su lenguaje y prácticas políticas. Comparar a la Francia Insumisa con RN es una falacia repetida de mala fe para favorecer al centroderecha y al macronismo.

La Agrupación Nacional o RN creció notablemente y, como partido singular, es la primera formación política del país: pasó de 17 escaños en 2017 a tener ahora 126. Finalmente, los tres bloques que se conforman ahora son casi equivalentes, pues el de las izquierdas, gracias al hecho de que compitieron unidas, tiene 30 diputaciones más (193) que el Ensamble de Macron (163), pero si las derechas se hubieran unido en bloque, hubieran quedado en primer lugar (221).

De todas formas, lo que nos dicen estas cifras es que ninguna coalición o partido por sí sola cuenta con mayoría absoluta (el 50%+1) del parlamento, así que se abre una temporada de negociaciones bastante larga: el presidente ha rechazado las dimisiones del Primer Ministro, Attal, y le ha pedido quedarse un tiempo más para supuestamente gestionar el tema de las olimpiadas, pero también “enfriar” las veleidades postelectorales de la izquierda melénchoniana. Por eso, más que por una vena reflexiva o gradualista, Macron ha anunciado de que tomará su tiempo la conformación del nuevo gobierno, probablemente después del verano y las olimpiadas.

Se barajan cuatro opciones: (1) un gobierno de mayoría del Frente Popular con Ensamble, en donde incluso podría llegar a ser Primer Ministro un miembro de la Francia Insumisa, pero probablemente no su líder, Melénchon, quien continuamente es descalificado por sectores conservadores y buena parte de los medios de comunicación; (2) un gobierno de minoría solo del Frente Popular que tendría que negociar con el centro cada proyecto y utilizar más la herramienta del decreto; (3) un gobierno del ala “derecha” del Frente Popular (ecologistas y socialistas) con Ensamble para excluir al ala más de izquierda y “populista” conformada por la Francia Insumisa y los comunistas.

Existe una cuarta posibilidad, técnica y teóricamente posible, aunque de pesadilla y altamente improbable, porque subvertiría el mensaje de las urnas, la estabilidad democrática y la institucionalidad: los partidos de ultraderecha podrían buscar una alianza con Ensamble o partes de esta coalición.

La hipótesis en este momento es peregrina y provocativa, pero no carece de sentido si pensamos en el voto del domingo como una expresión del miedo generalizado frente a su concretización, ahora o en el futuro, y si proyectamos el crecimiento, en Francia y en el resto del continente, de estas derechas extremas que se van comiendo el centro y la derecha moderada para luego obligarlo a cogobernar.

Por ahora, el dique antifascista parece haber funcionado, pero no será para siempre y los ataques inmediatos de medios y mercados contra Melénchon no preanuncian una transición fácil hacia un programa de gobierno reformista de izquierda, sino que apuestan por el desgaste, la imposición de candados y la dilación. Las elecciones francesas nos recuerdan de alguna manera los casos de Lula en Brasil, con la victoria del frente democrático de izquierda, centro y centroderecha neoliberal contra la reelección de Bolsonaro en 2022.

Allí también, como ahora se vislumbra en Francia, se perfiló y se conformó un gobierno relativamente débil y de compromiso, el cual ha tenido estrechos márgenes de maniobra para cambiar el estatus quo y se ha neoliberalizado significativamente.

Por ahora, la posibilidad de que, después de Finlandia, Italia, República Checa y Croacia, también Francia se sumara al “club” de los ultras de derecha ha sido esquivada, pero el voto ha sido una campana de alarma.

Otro mensaje es que, para ganar, la izquierda debe seguir siendo izquierda, sin desvirtuarse. Aun negociando, no debe abandonar objetivos y principios, ni simplemente navegar en las aguas de la sobrevivencia política y del minimalismo acrítico.

La incertidumbre sobre el próximo gobierno, sus alcances y planes, y el mantenimiento del frente republicano y democrático, más allá de las elecciones, marcarán la agenda en las calurosas semanas veraniegas.

Por Fabrizio Lorusso desde SIn Embargo MX

Fabrizio Lorusso

Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León sobre temas de violencia, desaparición de personas y memoria en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Colaborador de medios italianos y mexicanos. Integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto para el fortalecimiento colectivo de las víctimas.

La reforma al Poder Judicial representa la síntesis y la apoteosis de la cifra política actual: síntesis, porque la mentada reforma resume y ejemplifica, en torno a un tema particular, una serie de debates, diatribas y posiciones polarizadas y bipolares que hemos visto prevalecer en otras discusiones, problemáticas y áreas de la arena pública, a lo largo del sexenio que va concluyendo. El ala derecha de las almas, los congresos y del espectro partidista nacional, tildando de autoritarios a quienes ganaron mayorías legítimamente, apelan nuevamente al miedo y a los mercados para extralimitar las prerrogativas y aspiraciones reformadoras de la izquierda. Ésta, a su vez, vive debacles entre chapulines y anhelos de gloria personalistas que deberán normalizarse con los fríos otoñales y con un buen debate venidero sobre pluris y sistema electoral.

Y apoteosis, porque, según una de las definiciones de la RAE, sin duda, estamos presenciando una “manifestación de gran entusiasmo” y pasión, en el contexto de un “acto colectivo”, que es la conformación de un ágora democrático pujante y plural. Esto se da en el marco de la mayoría prácticamente constitucional que la coalición Sigamos Haciendo historia consiguió en las Cámaras, que es en sí un fuerte mensaje democrático sobre el rumbo deseado para el Proyecto de Nación que enarbola, y de los diálogos abiertos entre poderes del Estado sobre la Reforma Judicial, ríspidos y sanos a la vez, porque ventilan posturas y transparentan conflictos.

Aunado a ello, vamos presenciando diariamente, a manera de bucle, alguna “escena culminante con que concluye la función y en la que participa todo el elenco”, citando de nuevo el diccionario, como otra posible definición de apoteosis dentro de una representación teatral (en este caso, teatral-política). Acusaciones veleidosas, prejuicios clasistas y teorías del complot se esconden detrás de ciertas críticas opositoras a varias de las reformas, primeramente, la judicial, que están puestas en el tablero, mientras que, por otro lado, la rapidez, el exceso de expectativas y la sobrecarga de tareas simultáneas, como lo explicaba el sabio economista y científico social Albert O. Hirshman, pueden conducir al incumplimiento, a la parcialidad o a puntas de revanchismo cegador.

Nos encontramos, por ende, en una fase liminal, incierta e interesante por definición, a la par constructiva y destructiva, la cual se envera durante el largo “paso del testigo” presidencial y descuella el primero de octubre, precedida por el traslape parlamentario septembrino entre el flamante Congreso, mayoritariamente oficialista, y el mandatario saliente.

Este limbo siempre preconiza reacomodos y desacomodos, ya sea para subir al paraíso, bajar al inframundo o seguir navegando en la permanencia expectante del porvenir. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ve vacilar su puesto y privilegios, y así sus colegas, de arriba abajo. Pero, en efecto, la elección directa de todas las personas juzgadoras puede convertirse en un boomerang si no se establecen escalones, equilibrios y candados adecuados.

¿Cuál será, mejor dicho, cómo será la reforma que finalmente será aprobada? ¿La de AMLO, presentada en febrero, que pasaría en septiembre “sin mover una coma”? O bien, un poco más adelante, ¿la del equipo de transición de Claudia, producto de varios meses de foros y diálogos y propuestas, en parte distintas y en parte complementarias, como expresión de “la continuidad con cambio”, respecto de aquellas del Plan C? ¿O la que, eventualmente, pueda ver la luz como síntesis dialéctica entre las dos anteriores y los cambios auspiciados por varios actores sociales y políticos mediante el Parlamento Abierto y la discusión pública?

Más aliento y alcance apoteósico tendría, en mi opinión, esta última posibilidad, añejada con conciencia en este 2024, pero sin que pierda potencia transformadora de raíz, ya que cambiar las reglas del juego del Poder Judicial, descapturarlo de poderes fácticos, desburocratizarlo y democratizarlo lo ameritan.

Hay quienes interpretan esta fase límbica, corredor espacio temporal entre dos gobiernos contiguos, como un banco de prueba para la autonomía presente y futura de Claudia respecto de Andrés Manuel, una especie de evidencia empírica de la verdadera independencia de la próxima Presidenta: si la Reforma Judicial pasa tal y como está, entonces, será una derrota para Claudia, si no, ya se abriría un nuevo ciclo con la ruptura entre el uno y la otra. Creo que se trata de visiones maniqueas y simplistas que pretenden crispar y polarizar, simplificando el escenario, pues más que quiebres entre dos personajes y dos propuestas, se visualizan procesos adaptativos.

Además, en pro de su eficacia, éstas deberían acompañarse de un replanteamiento profundo de las fiscalías, de las policías, de las comisiones de búsqueda y de atención a víctimas tanto a nivel federal como estatal, pues también estas instituciones impactan en la percepción y el goce de derechos y de la justicia: se trataría, entonces, de incidir a fondo en su procuración y no sólo en su impartición, para que, sintética e idealmente, pudiéramos hablar de una reforma de la Justicia con mayúscula y en el sentido más amplio.

Por Fabrizio Lorusso desde SInEmbargo.Mx

En el contexto de un régimen emergente que pretende dejar atrás el neoliberalismo y edificar el “segundo piso” de la Cuarta Transformación y del Humanismo mexicano, la construcción de un nuevo pacto fiscal solidario para México me parece un paso fundamental, particularmente para un Gobierno orientado a la izquierda. Lo que caracteriza una política de izquierda es el énfasis en la igualdad sustantiva y la disminución de las brechas históricas, en la justicia social y el universalismo. Entre otras cosas, implica cambiar las reglas del juego y no sólo la redistribución de los beneficios.

Por eso, actualmente, se hablaría de un cambio de régimen, pero para que sea un hecho, entre las reformas constitucionales y legales, debería incluirse una revisión profunda del pacto fiscal, que finalmente es pivote del pacto social, a saber, del pacto de convivencia que rige y aglutina a la comunidad política y faculta la redistribución material y simbólica a nivel social.

Esto involucra, por lo menos, cuatro aspectos interconectados. Dos todavía son incipientes y no están siendo planteados como prioridades por la virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum. Según sus más recientes declaraciones al respecto, podrían considerarse más adelante.

Me refiero, primero, a una reforma fiscal progresiva, que recaude proporcionalmente más entre las personas y las empresas de mayores ingresos, con impuestos tanto a la riqueza generada como a la acumulada, o sea, a ingresos, herencias y patrimonios. Ya hay un creciente consenso entre instituciones internacionales, e incluso entre ciertas élites globales, de que hace falta cobrarles más impuestos y redistribuir, como pidieron en una carta abierta varios multimillonarios en ocasión del Foro de Davos 2024. Hay que tomarles la palabra.

México sólo recauda el 16.9 por ciento del PIB (Producto Interior Bruto), mientras que por ejemplo Brasil alcanza el 33 por ciento y el promedio de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) es del 34 por ciento. En Europa las tasas suben 10 o 15 puntos más. Según la economista Viri Ríos, autora del libro No es normal. El juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana, México prácticamente es un paraíso fiscal disfrazado. Claro, un paraíso para los que más tienen y han tenido, o quienes pueden permitirse jugadas especulativas moviendo capitales a diestra y siniestra o viven entre la elusión y la evasión fiscal.

En la mayoría de los países la desigualdad de ingresos, medida a través del coeficiente de Gini, es muy alta, superior a 0.4, siendo la más deseable cercana a cero. Pero esto ocurre antes de la aplicación de impuestos, y la política fiscal y de bienestar social, mientras que la desigualdad disminuye drásticamente después de la intervención estatal, lo cual en México no sucede o sucede relativamente poco.

En este sentido, es relevante preguntarse hasta qué punto, sin reformas al sistema fiscal, se van a consolidar y profundizar los buenos resultados del Gobierno de López Obrador en términos de reducción de la pobreza y la desigualdad. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022, la desigualdad de ingresos en el país bajó un 10 por ciento en seis años, ya que el coeficiente de Gini pasó de 0.464 en 2016 a 0.413 en 2022. Es algo notable y único en la historia reciente del país bajo el régimen neoliberal. No obstante, sin reformas estructurales a lo largo de la próxima administración, el margen y la velocidad de la reducción de las brechas económico-sociales podrían estancarse, una vez que se hayan incorporado y “normalizado” todas las mejoras acumuladas que detonarán los nuevos programas sociales.

El segundo aspecto, muy importante, aunque casi ausente del debate público, es la creación de un marco de entendimiento y de comunicación eficaz sobre la utilidad y deseabilidad de tales medidas, que no espante a las “clases medias”, garantice a la sociedad el “buen uso” de los recursos y vaya de la mano de un más general fomento a la cultura de los impuestos, entendidos como herramienta de solidaridad nacional y de bienestar compartido, y no como extractivismo o abuso estatal contra las y los ciudadanos.

Un discurso que revierta la vulgata neoliberal, ya penetrada en el sentido común, que presenta los impuestos y, en el fondo, toda política de redistribución de la riqueza, como robos de parte del Estado, óbolos asistencialistas o gérmenes de la corrupción. “Si las desigualdades son consustanciales a los individuos y estimulan una sana competencia, ¿para qué comprometerse a eliminarlas?”. Durante años esta narrativa ideológica, anti-Estado y anti-impuestos, ha repetido falacias: estas siguen siendo centrales, todavía hoy, no sólo en las vertientes neoliberales del pensamiento conservador, que, sin embargo, comienzan a matizarlas o moderarlas, sino sobre todo en las corrientes libertarias de ultraderecha cuyo “faro” es el Presidente argentino Javier Milei.

Otros dos aspectos importantes que ya han dado buenos resultados en el mandato de López Obrador y representan la apuesta del siguiente sexenio en materia fiscal son, desde luego, la continuación de una política de control y racionalización de los gastos (“austeridad republicana”), por un lado, y una mejor recaudación, gracias al potenciamiento de capacidades y resultados del SAT, de la UIF, de Pemex y CFE, de la gestión de aduanas, de las plataformas y controles tecnológicos y, en general, de la lucha contra la evasión fiscal.

Aun así, quedan grandes retos en términos de elusión fiscal, es decir, los procedimientos legales mediante los cuales es posible reducir o no pagar impuestos aprovechando vacíos en las leyes, y que deberían ser subsanados con reformas ad hoc. Igualmente, una reforma fiscal de izquierda debe revertir la regresividad del sistema actual, que grava especialmente sobre las clases medias y bajas, y transformarlo en uno altamente progresivo mediante un nuevo pacto fiscal por la prosperidad compartida, no sólo entre niveles de gobierno y entidades federativas, sino sobre todo entre clases, sectores y generaciones.

Probablemente no vayan a ser suficientes en el mediano plazo los esfuerzos, ya emprendidos en este sexenio, por ampliar la base contributiva, eficientar el cobro y obligar a pagar a los “grandes contribuyentes”, los que más tienen capacidades para evadir y eludir impuestos gracias a sus bufetes de abogados, notarios y consultores.

Factores tales como una moneda menos fuerte, que repercute en el servicio de la deuda, los nuevos programas sociales, previstos en el plan de Gobierno 2024-2030, así como la prosecución de los programas actuales y la ampliación del Estado del Bienestar para hacer realidad la universalidad efectiva de derechos sociales como salud, educación, vivienda y pensiones, deben verse a la luz del objetivo declarado por el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, de reducir el déficit al 3.5 por ciento del PIB en 2025. Esto preanuncia una probable política de austeridad y control de gastos en los años a venir para mantener un déficit aún más bajo y el mantenimiento a rayas de ladeuda total en relación con el PIB: ésta, hasta 2023, había ido a la baja, con un nivel razonable del 46.5 por ciento de deuda sobre el PIB, y, según estima la Secretaría de Hacienda, se situará en niveles aún aceptables, inferiores al 50 por ciento, en 2024 y siguientes.

Para mantener este equilibrio presupuestario y, a la par, llegar a tener un verdadero Estado del Bienestar y la reducción de múltiples injusticias sociales, así como una infraestructura adecuada al reto del nearshoring y de la soberanía energética, a los proyectos de movilidad y de sustentabilidad, se necesitan medidas redistributivas estructurales y fiscales que, más allá de la constitucionalización de los programas sociales, garanticen un segundo y (¿por qué no?) un firme tercer piso para una prosperidad compartida intergeneracional.

Por Fabrizio Lorusso desde Sin Embargo