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En Guanajuato y en México sí hay desaparición forzada, y evidentemente es por parte del Estado. Se reproducen prácticas de terror por parte de las fuerzas armadas, una y otra vez: José Juan Arias Solís, adolescente de 14 años, fuedesaparecido forzadamente el 19 de junio pasado por elementos de la SEDENA y de la Guardia Nacional en Valle de Santiago, registrándose la ubicación de su celular en las inmediaciones de la sede de la Fiscalía General del Estado. Los militares, acompañados por ministeriales, privaron al joven de la libertad y se lo llevaron en uno de sus vehículos, después de golpearlo. No se sabe ya nada de él, sus papás lo esperan en casa, que regrese con vida, y hacen un llamado a la sociedad para que no sea indiferente.  

Entre el 3 y el 5 de septiembre, en el marco del XIV Congreso Internacional de Historia Oral: Voces y Silencios de las Realidades Contemporáneas, en la ciudad de Morelia, he decidido presentar una temática preocupante, recurrente, irresuelta: la desaparición forzada de personas, cometida directamente por servidores públicos, particularmente las fuerzas armadas y las fuerzas policiacas. 

Esto es a partir del trabajo de memoria realizado con la familia de José Salvador Cárdenas Fuentes, quien también fue desaparecido por elementos de SEDENA el 17 de marzo del 2017 en Rancho Nuevo del Llanito, Irapuato, y encontrado sin vida, con un disparo en la cabeza, una semana después. Gracias a un amparo buscador interpuesto el 19 de marzo de 2017 por la familia, el poder judicial pudo realizar investigaciones y diligencias. Es un caso que guarda ciertos parecidos con el de José Juan Arias en Valle de Santiago, en el marco de operativos que, en la práctica y la vivencia de los sobrevivientes, acaban implementando políticas de “tierra arrasada” contra la población.

En el caso de Salvador, en 2017, la investigación judicial demostró la participación directa de las fuerzas armadas, lo cual llevó a una sentencia, derivada del amparo 241/2017 por violaciones graves a derechos humanos, en contra de integrantes XII Zona Militar y el 8vo Regimiento Blindado de Reconocimiento en Irapuato. No es una sentencia penal, pero tiene efectos vinculantes, y reconoce las violaciones cometidas y la responsabilidad castrense.

El caso es único. Sentó un antecedente importante: la disculpa pública que representantes del Ejército y de los batallones, encontrados responsables de graves violaciones a derechos humanos, aunque todavía no hay nombres de culpables concretos, tuvieron que rendir en la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato capital el 18 de enero pasado, como acto de reparación simbólica y restauración de la dignidad, y la reputación de la víctima. 

La familia en aquella ocasión, por temor a represalias y, asimismo, rechazó a cruzar la mirada con los militares, ni siquiera asistió a la disculpa y delegó a dos representantes para pronunciar discursos para hacer memoria sobre el proyecto de vida truncado de su ser querido y exigir justicia a las autoridades.  

Pero el caso es también emblemático, ya que a la fecha imperan la impunidad y la simulación: la impunidad, porque la investigación de la FGR no ha dado con los responsables a más de 8 años de los hechos; la simulación, porque a casi 8 meses de la sentencia que obligaba la SEDENA a pagar una indemnización monetaria a la familia, como forma de reparación del daño, más allá de lo simbólico, la Secretaría no ha cumplido, al parecer se debió a que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal, la CEAV, en completo desacato y retraso, ni siquiera ha avanzado en la valoración y estimación del daño a reparar. 

Claro está que, pese a la confusión que manifiestan en sus comunicados algunas instituciones del Estado como el Senado o la CNDH últimamente, podemos hablar de desapariciones forzadas también cuando el responsable directo de la privación de la libertad, del ocultamiento y de la negativa a dar información sobre el paradero de la víctima es un particular que actúe con autorización, apoyo o aquiescencia de funcionarios públicos. 

Además, existen las desapariciones cometidas por particulares en la Ley Mexicana, es decir, cuando una persona priva de la libertad a otra con la finalidad de ocultar su paradero o suerte, pero no se detecta ninguna participación de aparatos o funcionarios del Estado. Entre víctimas de desapariciones forzadas y cometidas por particulares, para el 30 de agosto, justamente el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, en el país había más de 133 mil personas desaparecidas en total, y en Guanajuato eran 5 mil 130. 

Sin embargo, me refiero aquí explícitamente al tipo de desaparición en que se demuestra la participación directa de militares, policías, ministeriales, marinos o integrantes de otras corporaciones. El pasado 23 de enero, en otra columna, refería momentos de la vida y de los sueños del joven José Salvador, quien, cito, “iba a cumplir veinte años cuando su vida fue interrumpida. Con él asesinaron su proyecto de vida, su fe y el futuro”.

“Se rompió el tejido social de la familia y de la comunidad. En el momento de su desaparición a manos de militares, la noche de aquel 17 de marzo de 2017, y en los días siguientes, mucha gente salió a buscarlo y dio testimonio. Él iba a un baile con su novia en La Calera, localidad vecina, pero nunca llegó. Lo encontraron una semana después, sin vida, sin nombre, lejos de casa, ejecutado extrajudicialmente. Ahora, hoy, este acto de disculpa pública es un primer paso, logrado gracias a un amparo, a la lucha de la familia y al trabajo de una jueza [Karla Macías] que debería ser la norma, y no la excepción”. 

Reporto este pasaje porque la localidad de La Calera, municipio de Irapuato, salió en medios nacionales e internacionales hace poco, pues el 4 de agosto la fiscalía localizó una fosa clandestina con 32 cuerpos enterrados en el patio de una serie de inmuebles. Las comunidades que antes eran zonas de esparcimiento para las y los jóvenes de los ranchos, hoy son zonas de ocultamiento masivo de cadáveres. 

El 22 de mayo pasado, de hecho, justo a ladito de la cancha de futbol de la comunidad de Rancho Nuevo del Llanito, fue ubicada otra fosa con 17 cuerpos en el interior de una pequeña finca. Pero a pocos centenares de metros, también en las cercanías de la cancha de futbol del pueblo, en San Antonio El Rico, el 6 de diciembre del 2019, otras 16 personas fueron halladas en fosas clandestinas dentro de una casa rural. Y cuatro más fueron encontradas en las mismas condiciones apenas cuatro días después en San Vicente, igualmente colindante con Llanito. 

En 2023, hubo otro ciclo de hallazgos: tres fosas en San Vicente y otra más en La Calera, pero esta vez la mayoría fue descubierta por la Brigada Independiente de Búsqueda del Colectivo Hasta Encontrarte gracias a mensajes anónimos que recibió. 

Esta “inteligencia comunitaria”, como le llaman en Guerrero, por ejemplo, las y los integrantes de policías comunitarias, junto con las redes (sociales y digitales) y la credibilidad del trabajo humanitario de los colectivos, son factores que permiten localizar fosas e identificar a personas fallecidas, que son buscadas por sus familiares. 

Estas prácticas de búsqueda ciudadana, construcción autónoma de saberes y desobediencia civil nos arrojan luces sobre silencios y voces que callan o, por momentos, señalan las violencias, y que son testigos mudos o, a veces, tímidamente hablantes del horror sobre las vidas, los cuerpos y los territorios.

Ahora, en 2025, se reabre un círculo de continuidad de las violencias, de impunidad y hallazgos desgarradores, en los mismos parajes, con las fosas de La Calera y Llanito, repetición de la historia ya vivida. 

A la fecha el caso del menor, José Juan Arias Solís, “Juanito”, sigue sin resolverse, aunque fue interpuesto un amparo buscador, como en el caso de José Salvador en 2017, y la ONU abrió un procedimiento de Acción Urgente que obliga a las instituciones a buscarlo. 

Los abogados de la familia han solicitado la atracción del caso a la FGR, mientras que varios colectivos se han acercado para brindarle apoyo. Con todo, volvemos a vivir, cíclicamente, historias de abusos y vejaciones, de desaparición y criminalización de la pobreza y la juventud, expresadas por la rabia y el dolor en los rostros de quienes buscan. 

¿Dónde está Juanito? ¿Cómo meterse a buscar y encontrar, cómo pedir la restitución con vida, cuando quien desapareció a un joven es un efectivo militar, un grupo de guardias nacionales, que supuestamente deberían estar velando por la protección de las personas?  

Es por eso que, difícilmente, podemos hablar, en casi todos estos casos de graves violaciones a los derechos humanos, de la concreción de principios como la “no repetición” y la “reparación”, cuando parecen cada vez más vigentes, en cambio, los contraprincipios de la “repetición del daño y el agravio” y de la dilación ad libitum de la reparación, que así se vuelve no-reparación, destrucción de lazos, confianza y derechos.

Cierro con un llamado. En un comunicado del 30 de agosto, el colectivo de familiares de personas desaparecidas, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M), organizado y en actividad desde hace más de 16 años, ha difundido lo siguiente: “El artículo 34 es una oportunidad para proteger a todas las personas contra las desapariciones forzadas en México. Por eso, hoy hacemos un llamado a quien corresponda: tenemos una oportunidad y necesitamos realizar una acción extraordinaria ante una situación extraordinaria como la que se vive en México”. 

Se detalla, asimismo, que “la posibilidad de activar el Artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas es una oportunidad para revisar lo que se puede hacer ante estos crímenes contra la humanidad. Dicho artículo establece un procedimiento para que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) pueda llevar una situación a la Asamblea General de la ONU si recibe información con indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en un Estado Parte”.

Ante la impotencia de las familias de las víctimas, aún organizadas y movilizadas, y el rezago institucional acumulado en la atención de las desapariciones, en muchas ocasiones el apoyo internacional, sin que ello redunde en injerencias, ha resultado ser una salida viable para impulsar reformas, destrabar casos muy complejos, avanzar paulatinamente hacia formas de justicia y transitar a modelos más participativos, y colectivos de toma de decisiones. Así interpreto el llamado de FUUNDEC y el escrutinio externo, como ocasiones para sanar injusticias históricas y afrontar las violencias actuales.

Fabrizio Lorusso desde Sin Embargo

En el marco del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que en México se ha vuelto un día de movilizaciones y memoria por más de 132 mil personas desaparecidas, se va a inaugurar en la Universidad Iberoamericana León un Laboratorio de Resistencias contra las Desapariciones (ReDLab).

En el contexto de la persistencia del fenómeno de las desapariciones en el estado y en el país, pero también de los repertorios de resistencia colectiva frente a violaciones de los derechos humanos, planteamos desde y más allá del quehacer académico la creación de un espacio de trabajo, reflexión y afrontamiento, frente a un contexto guanajuatense y mexicano que sigue marcado por profundas brechas y múltiples formas de violencia.

La desaparición es, quizás, la más preocupante y dolorosa para las víctimas, directas e indirectas, pero también para la sociedad, pues sus efectos se expanden de manera concéntrica y dispersa, afectando comunidades y relaciones, imaginarios y libertades, futuros y presentes de cada vez más personas y colectividades.

Hasta mediados de este mes de agosto de 2025, los datos en el Registro Nacional para Guanajuato habían estado constantemente desfasados, mostrando cifras totales inferiores de mil- mil 300 personas respecto de las que entregaba la fiscalía estatal, o sea, se reportaban al menos mil personas desaparecidas menos. Sin embargo, este mes, finalmente el RNPDNO ha comenzado a registrar un cierre de esta diferencia: las personas desaparecidas alcanzan la cifra de 5 mil 130, de las cuales 4 mil 186 son hombres (81.6 por ciento), 895 mujeres (17.45 por ciento), y 49 de género indeterminado (0.96%).

De hecho, todavía a la fecha del 31 de julio de 2025, en Guanajuato había un total de cuatro mil 891 personas desaparecidas. De estas, cuatro mil 705 reportadas por fiscalía estatal con registro de 2012 a julio de 2025, y 186 registradas por el RNPDNO como anteriores al 2012. Al 15 de abril eran cuatro mil 855, entonces, después de una leve disminución en junio, la cifra volvió a subir, aunque no ha habido grandes variaciones en lo que va del año. Del total (al mes de julio) de casi cuatro mil 900 personas, 147 casos son investigados (carpetas) como desaparición cometida por particulares, 10 como desaparición forzada, y 16 por delitos relacionados.

El nuevo dato que se acaba de publicar responde a las solicitudes de mayor transparencia y actualización de datos hacia las autoridades, y, por primera vez, es consistente con los anteriores, al indicar cinco mil 130 personas desaparecidas al 20 de agosto, siendo Celaya, Irapuato, León, Salamanca, Villagrán, Pénjamo, Juventino, Silao, Acámbaro, Cortazar, Valle de Santiago y Salvatierra las ciudades con mayor incidencia, y más de 100 casos registrados.

No deja de ser preocupante, de todos modos, el hecho de que desde 2018 no han dejado de crecer los casos, sobre todo debido a la epidemia de violencia que vivimos en el estado, aunque también, en parte, a la ampliación de modalidades y canales para la denuncia.

En materia forense, Guanajuato hasta mayo de 2025, con datos de diferentes fuentes a partir del 2009, se tenían registrados aproximadamente 411 contextos de hallazgo, con al menos 724 fosas clandestinas (o puntos positivos), y una estimación de mil 369 cuerpos exhumados. Estas cifras no tienen en cuenta los hallazgos masivos de 32 cuerpos en La Calera del 4 de agosto, que se tornaron “nota” nacional e internacional, pero, más allá de los vaivenes mediáticos, entre Comisión Estatal de Búsqueda, fiscalía y brigadas independientes de buscadoras, los hallazgos de restos humanos y cuerpos no han parado, así que se estima una cifra de cerca de 750 fosas ilegales registradas entre 2009 y agosto de 2025.

En este contexto de incesantes búsquedas ciudadanas y humanitarias, pese a una disminución relativa de los homicidios, no ha bajado la percepción de inseguridad en el estado, entre otros motivos porque siguen cometiéndose atrocidades, masacres, extorsiones y ocultamiento de cuerpos, lo cual impacta grandemente en la realidad cotidiana de miles de personas y en la difusión de miedo social.

En esta coyuntura, el objetivo de un laboratorio especializado, cuyo nombre y descripción, en un primer momento, fue “Laboratorio de investigación-acción contra las desapariciones”, permitiría dar consistencia, y articular en un único espacio muchos esfuerzos y actividades que desde la universidad se han estado llevando a cabo en los últimos años, de la mano de colectivos y personas buscadoras, así como de otras instituciones académicas, sociales, privadas o del sector público, con énfasis en la investigación y la incidencia, el acompañamiento multidisciplinario de procesos colectivos y casos, la divulgación y formación.

Las líneas temáticas de reflexión y diálogo entre saberes, incidencia y acompañamiento que se plantean son tres, y refieren a Desaparición y búsqueda de personas; Memoria, verdad y justicia; Violencias y resistencias. Dentro de cada una, se trabajarán proyectos, acciones y conocimientos que puedan abonar a la visibilización y ruptura de dispositivos, y lógicas que subyacen a las desapariciones, de la mano de los colectivos y personas buscadoras.

El día 25 de agosto es cuando se presenta el proyecto a la comunidad universitaria y al público en general, y arrancan las actividades del ReDLab con una Jornada de Lanzamiento, un evento con paneles, y conversatorios de reflexión y discusión sobre violencia, desapariciones, resistencias y acciones en México y Guanajuato. Integran el Laboratorio personas académicas de la Ibero León, del área de Incidencia Social y de Ciencias Sociales, pero asimismo grupos de estudiantes, otras áreas de la universidad y personas e instituciones externas, para proyectos puntuales y conjuntos.

Esto se da en el marco de una semana muy intensa en todo el país, con una serie de iniciativas y actos también en León, Guanajuato y otras ciudades del estado, en que personas buscadoras y solidarias seguirán haciendo presentes a quienes fueron desaparecidos y desaparecidas, y a marcar los puntos de una agenda que abarca desde la crisis forense, con más de 72 mil cuerpos sin identificar en el país, a la relación tensa del Gobierno con la ONU sobre el tema de las desapariciones forzadas, desde la reforma legislativa, que quedó “a medias”, a la protección de las y los integrantes de colectivos, víctimas de ataques directos: por ejemplo, tan sólo en Guanajuato se han registrado en cinco años 6 asesinatos y 5 desapariciones en contra de personas buscadoras.

En este caminar, ha sido y seguirá siendo fundamental la alianza con organizaciones de la sociedad civil nacionales, internacionales y locales, como por ejemplo la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, actor central en iniciativas, atención a colectivos y la defensa de los derechos humanos en el estado, con la que se mantienen proyectos comunes.

El ReDLab está pensado también para sensibilizar a la sociedad, fuera de los recintos universitarios, así como para dialogar y colaborar, entre otros, con interlocutores y redes de colectivos de búsqueda de personas, y sobrevivientes de la violencia; de organizaciones sociales; de instituciones del Estado: del sector privado y productivo: de la academia y las universidades.

Entre los proyectos iniciales, en curso o en fase de planeación cabe mencionar algunos: el observatorio de datos y mapeo sobre desapariciones, fosas comunes y clandestinas en Guanajuato; el archivo de la memoria sobre desapariciones con entrevistas de Iguala, Guerrero, de León y Salvatierra, Guanajuato; el acompañamiento de la realización del sitio de memoria en Salvatierra; los talleres y acompañamiento a personas buscadoras y colectivos en distintos ámbitos; un seminario de reflexión sobre violencias y resistencias; las propuestas de formación, eventos y cursos especializados; la incidencia en políticas y debates públicos; la investigación colaborativa y participativa; la cuenta X de alertas, difusión de fichas, información y denuncias @DesapGto; la asesoría de casos de desaparición.

Fabrizio Lorusso para Sin Embargo

Por primera vez me siento realmente indignada. Indignada por la indiferencia. La violencia de este genocidio, el modo en que ha entrado en nuestra cotidianidad y la conciencia de que a algunos no le sensibiliza en lo más mínimo, mientras que otros están devastados.

Francesca Albanese, Asamblea General ONU del 30/10/2024

Cuando el mundo duerme. Historias, palabras y heridas de Palestina es el título del más reciente libro de Francesca Albanese (ediciones Rizzoli, 2025), la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados (claro está, por Israel e ilegalmente). 

Es una obra magnífica, intensa, sensible, llena de vida e historias. Es un texto narrativo, político y social, hecho desde y para Palestina, y desde la rebeldía como lugar de enunciación. Auguro tenga pronto una traducción al español y una edición mexicana o latinoamericana, dada la trascendencia que, no lo dudo, va a tener para la comprensión histórica y humana del conflicto israelí-palestino y de Oriente Medio en general. El espíritu de este diario necesario recién publicado se destila a través de la imagen de portada, que reproduce la obra Last Night in Gaza de la artista palestina Malak Mattar, quien también protagoniza un capítulo del libro.

A nivel internacional, Albanese representa una de las voces más valientes, autorizadas y objetivamente críticas sobre la grave situación de los derechos humanos en los territorios ocupados por Israel en Palestina y el genocidio en curso. 

No es el siglo XX, no es la historia ni una vieja foto, es ahora y lo estamos viviendo, el pueblo palestino está siendo aniquilado por una potencia colonial. Este es el mensaje frente a una opinión pública mundialmente, todavía, anestesiada y confundida por el mainstream mediático. 

La autora, con argumentos y datos contundentes, informes oficiales y entrevistas, ha desafiado el sistema informativo mundial dominante y la narrativa occidental y estadounidense que tienden, todavía hoy, a justificar la aberración que representan más de 60 mil civiles asesinados, de los cuales al menos 17 mil son niños y niñas, por militares israelíes en 22 meses de “conflicto”. Palabra entrecomillada porque aquí no se trata de una confrontación simétrica o de buscar “una tregua” en una guerra, como repiten todos los medios del establecimiento occidental, sino de parar un genocidio y una matanza unilateral. 

Unas salidas discursivas, justificativas, para las conciencias manchadas de sangre del ejército de Israel y de su clase dirigente, rea de crímenes contra la humanidad según el Estatuto de Roma, ha sido armar narrativas por pedazos, parciales. Una, según la cual la historia comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando milicias de Hamás llevaron a cabo matanzas masivas y secuestros de población en territorio israelí, “escandalizando” a Occidente y justificando la “autodefensa” de un gobierno marcadamente sionista con Netanyahu a la cabeza. 

Pero, de esta forma, se borra la larga historia precedente, la expulsión masiva de palestinos de sus casas desde mayo de 1948, o sea, la nakba (“catástrofe” o “desastre” en árabe) y todo lo consiguiente, como la ocupación ilegal israelí en territorio palestino después de 1967. 

Otro discurso tóxico muy presente ha sido el de gobernantes europeos, como Giorgia Meloni en Italia, entre otros, quienes para lavarse las manos, sólo ahora, dicen que Netanyahu sí estaría exagerando, por ejemplo, al bombardear hospitales, cortar el suministro de luz o matar de hambre y golpes a la gente. Y, así, de alguna forma, estos políticos “condenan” ciertas acciones militares, pero luego dicen que apoyan la famosa “solución de los Estados”, aunque ya no exista casi territorio o recurso a disposición de los palestinos, y que van a mandar toneladas de ayuda. 

Postura cínica, muestra de reiteradas hipocresías de medios, comunicadores y clases políticas enteras que abarca, en Italia y más países de Europa, todo (o casi todo) el espectro parlamentario: finalmente, en la práctica, son países que, en su mayoría, no reconocen al Estado Palestino, y siguen haciendo negocios y enviando armas a Israel con las cuales son asesinados infantes y civiles inermes, o bien, mandan víveres que luego este país utiliza como anzuelo para perpetrar ulteriores violencias contra una población hambrienta.    

En Bogotá, el 15 de julio se llevó a cabo la Conferencia Ministerial del grupo de La Haya sobre los Territorios Palestinos, organizada por el Gobierno colombiano, en donde la relatora especial, Albanese, ha pedido a todos los países que “corten relaciones con Israel. Hacer lo contrario, dice, es apoyar la presencia ilegal israelí en los territorios ocupados”. 

El 3 de julio Albanese presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, denunciando los intereses empresariales que respaldan la destrucción de Palestina y que lo que ocurre en Gaza es un genocidio sustentado en un sistema de ocupación explotadora y lucro, pues la especulación y el lucro corporativo han permitido y legitimado la presencia y las acciones ilegales de Israel.

“Durante décadas, la represión israelí contra el pueblo palestino ha sido orquestada por corporaciones plenamente conscientes, aunque indiferentes a las violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales”, y para sustentarlo aporta que después del 7 de octubre “la bolsa de Tel Aviv ha subido un 213 por ciento, acumulando 225 mil 700 millones de dólares en ganancias bursátiles, de las cuales 67 mil 800 millones corresponden sólo al último mes”. La conclusión es que para algunos el genocidio es muy rentable y se ha creado, por lo tanto, una “economía de genocidio”. Esto es una estructura corporativa que constituye algo más cruel y profundo que una “simple” economía de guerra.

“El informe argumenta que Palestina se ha convertido en el epicentro de un ajuste de cuentas global, exponiendo el fracaso de los sistemas comerciales y legales internacionales para defender incluso los derechos más básicos de uno de los pueblos más desposeídos del mundo”, siendo los actores corporativos “profundamente entrelazados con el sistema de ocupación, apartheid y genocidio en el territorio palestino ocupado”.

Albanese ha identificado 48 empresas globales, entre las que se cuentan fabricantes de armas, tecnológicas, financieras, de construcción y energía, que, cito, “han incumplido sus responsabilidades legales más básicas de ejercer su influencia para poner fin a la violación en cuestión o terminar las relaciones y desvincularse”. Finalmente, agrega la experta: “Estos actores han consolidado y expandido la lógica colonial israelí de desplazamiento y reemplazo, y esto no es accidental”. Ya esto lo había identificado el filósofo camerunés Achille Mbembe en su fundamental ensayo Necropolítica, cuando analizaba el sistema de apartheid contra los palestinos, la segregación espacial, vertical e infraestructural, y la ocupación agresiva de las ciudades, especialmente en Cisjordania, por los colonos israelíes, para fomentar la expulsión de población palestina, pero no sólo por razones “políticas”, sino también como parte de un entramado económico y de negocios boyantes. 

La crisis de Gaza y Cisjordania, que Francesca en estos meses no ha dudado en describir como un genocidio perpetrado por el Estado de Israel en contra del pueblo palestino, es síntoma de una crisis global, de una guerra civil o “guerra grande” por etapas y sobre distintos niveles y escenarios, con frentes abiertos y latentes. Por ello, la podemos mirar simplemente a través de sus fragmentos desconectados, sino observarla a lo largo del tiempo y en los espacios de los conflictos, explosionados o potenciales, como conjunto inestable y precipitadamente violento. 

En estos contextos, en mi opinión, es donde están en juego dramática y urgentemente la capacidad de memoria y crítica, tanto cuanto el futuro y la dignidad nuestra como humanidad.

Mucho antes del fatídico 7 de octubre de 2023, día del ataque de milicias de Hamás en contra de civiles y militares en territorio israelí, en el que fueron asesinadas unas mil 200 personas y secuestradas 250, los términos que desde el derecho internacional, los derechos humanos y las ciencias sociales se utilizaban para tratar de describir el tipo de acciones ejecutadas por Israel en contra del pueblo palestino nos remitían a los capítulos peores de la historia humana: limpieza étnica y desplazamiento; apartheid y segregación socioespacial (vertical, horizontal); colonialismo de ocupación; terrorismo de Estado; hambruna intencional; y ahora más contundentemente que nunca, la expresión y espectro del genocidio, sobre todo a partir de la represalia militar post-7O contra Gaza y demás territorios ocupados. 

Esto es con base en múltiples informes de organizaciones civiles (como Amnesty o HRW) y de la relatoría de las Naciones Unidas, gracias al valor y competencia de Francesca Albanese y de sus antecesores en documentar las violaciones. Asimismo, contamos con el expediente de la acusación pendiente y las primeras manifestaciones públicas de la Corte Penal Internacional, entre otras fuentes locales, además de voces críticas del periodismo y la sociedad civil dentro del mismo Israel. Todos ellos y ellas van documentando, investigando, y reconociendo en Gaza y la West Bank este gravísimo crimen contra la humanidad.

Como ya mencioné, en el medio político europeo, la “solución de los dos Estados” para Palestina es una cortina de humo a estas alturas. Lo escribe así Francesca en su libro más reciente: “La ocupación [de Israel en territorios palestinos] es ilegal porque, con su misma presencia, impide a los palestinos gozar del derecho a la autodeterminación: el derecho de un pueblo a existir y a determinarse, o sea, a elegir por sí mismo, sin el control extranjero sobre el territorio y sobre la vida de los palestinos que lo habitan. Sin embargo, este simple derecho a existir como pueblo y vivir en libertad todavía es contestado por algunos o confundido peligrosamente con la solución de los dos Estados. Pero no creo que se necesite ser juristas para entender que cualquier otro derecho pierde significado y se vuelve ejercicio de mera retórica intelectual, sin aquello a la autodeterminación”.

El Estado terrorista, según el profesor de relaciones internacionales italiano, Alessandro Orsini, aplica la violencia infraestructural, es decir, el uso de violencia política a través de las instituciones, y una retórica que desresponsabiliza a los perpetradores, que funciona toda vez que el ejército comete algún abuso o crimen y luego surge siempre una justificación desde aparatos de poder e ideológicos para legitimar el acto y difuminar las responsabilidades castrenses. Como escribí en mi columna el 21 de noviembre de 2024, titulada Terrorismo de Estado y genocidio en Gaza y Cisjordania: “Muchos de estos factores han funcionado con anterioridad a la terrible y execrable masacre cometida por Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023 y se insertan en un conflicto de más de un siglo de duración”.

Entonces, hay evidencias cada vez más consistentes de que el terrorismo de Estado en Gaza y en Cisjordania fue preparando y reforzando conductas genocidas prolongadas en contra del pueblo palestino, reitera la relatora Albanese: “El genocidio de Gaza es una tragedia anunciada, y existe el riesgo de que se extienda a otros palestinos que viven bajo dominio israelí. Desde su creación, Israel ha tratado al pueblo ocupado como un estorbo odioso y una amenaza que debe erradicarse, y ha sometido a millones de palestinos, durante generaciones, a indignidades cotidianas, matanzas en masa, encarcelamientos en masa, desplazamientos forzados, segregación racial y apartheid. El progreso en su objetivo del ‘Gran Israel’ amenaza con suprimir a la población autóctona palestina”.

“Cuando están en juego vidas humanas, la imparcialidad se vuelve un deber que nos obliga a ponernos del lado del derecho, de la justicia y de las víctimas. Ser imparcial significa tener el valor de defender lo que es justo, de dar voz a quien fue silenciado o simplemente ignorado, y de luchar contra los abusos que devastan nuestro mundo. La imparcialidad no consiste en fingir no tener una opinión frente a las atrocidades o en asumir que se debe de mantener una posición equidistante entre dos partes en contraste, aun cuando sus posiciones están histórica y estructuralmente  desiguales y cuando hay una parte que ocupa, depreda y oprime, mientras que la otra es ocupada, depredada y oprimida, gatillando desastrosos mecanismos de violencia”.

La idea del lema latino, solidum, desde el cual derivan las palabras sólido y solidario, remite a la entereza, la completitud, la unión e indivisión, contrario a lo disperso y fragmentado.

Cierro esta entrega con una cita desde la contraportada del libro Cuando el mundo duerme, ya que me centré mucho en aspectos políticos, y de derecho internacional, pero la obra cuenta y representa mucho más, las vivencias de un pueblo, de quienes lo apoyan en su lucha por sobrevivir y en esclarecer la historia: 

El espíritu de un lugar está formado por las personas que lo habitan, por las historias que se entrecruzan en sus calles. Y esto es especialmente cierto en el caso de Palestina, guardiana de acontecimientos históricos trascendentales y escenario de una de las páginas más dolorosas de la historia contemporánea. Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, una de las personas más competentes y autorizadas en materia de estatus jurídico y situación de los palestinos, amada (u odiada) en todo el mundo por la integridad y la pasión con la que lucha por los derechos de un pueblo oprimido durante demasiado tiempo, nos ofrece aquí historias que entrelazan información, reflexiones, emociones y acontecimientos íntimos. Un viaje marcado por 10 personas que han acompañado a Francesca a comprender la historia, el presente y el futuro de Palestina. Hind Rajab, que murió a los seis años bajo las bombas que destruyeron Gaza, nos abre los ojos sobre lo que significa ser niño en un país donde los niños no tienen un nido que los proteja y respete sus raíces. Abu Hassan nos guía por los lugares de fatiga y sufrimiento en las afueras de Jerusalén; y George, amigo íntimo de Jerusalén, nos muestra maravillas y disparates. Alon Confino, gran estudioso del holocausto, nos ayuda a comprender los contrastes que pueden albergar en su corazón un judío que ve el apartheid y quiere su fin. Ghassan Abu-Sittah, cirujano llegado desde Londres para adentrarse en el horror más inimaginable, nos cuenta lo que ha visto; y Malak Mattar, joven artista que ha hecho el camino inverso, comparte la historia de quienes han tenido que abandonar Gaza para poder expresarse o para sobrevivir. Y luego Ingrid Jaradat Gassner, Eyal Weizman, Gabor Maté… hasta llegar a una de las personas más cercanas a Francesca en la vida, así como en la búsqueda de una conciencia capaz de traducirse en acción. Diez historias que se entrelazan con las vidas de muchas otras, planteándonos preguntas que es necesario responder: ¿cuáles son las consecuencias de la ocupación? ¿Dónde está el hogar de una persona refugiada? ¿En qué condiciones vive el pueblo palestino? ¿Hasta dónde puede llegar la crueldad de un genocidio? Preguntas que no podemos eludir, relacionadas con personajes y lugares que nos permiten comprender lo que fue Palestina hasta el 7 de octubre de 2023 y lo que es ahora.

Fabrizio Lorusso para Sin EMbargo

¿Quién tiene miedo de México? ¿Cómo ven en Europa la emergencia de la nación azteca? ¿En qué consiste la proyección de potencia geopolítica del país, vista desde el otro lado del charco?

“La narración de Estados Unidos lo pinta como Estado-fallido [o según la variante del “narco-Estado], pero el gigante latino está en ascenso evidente. Y mañana insidiará a la superpotencia”: así decía el subtítulo del número de abril de 2025 de la revista Domino, publicación periódica italiana de análisis geopolítico “sobre el mundo que cambia”, que propone una visión, considerada tal vez poco ortodoxa en los círculos políticos y académicos del Norte global sobre la importancia y el destino de México.

Con realismo y sin tonos triunfalistas, es decir, reconociendo los grandes retos mexicanos en este siglo XXI, sus fallas institucionales, la paulatina y fisiológica erosión del bono demográfico, la violencia, las desigualdades y el crecimiento de economías y grupos criminales, el volumen enfatiza en una serie de aspectos interesantes, a veces hasta poco valorados en estas latitudes o desenfocados en los análisis sociales e históricos, que vale la pena comentar.

Como premisa menciono que ya en 2017 la más antigua revista italiana de geopolítica, Limes, había dedicado un dossier monográfico a la “potencia de México”, en que destacaba cómo Norteamérica y todo el continente americano han sido dominados por una potencia, única y, en los hechos, casi incontrastable, siendo esta condición una premisa del dominio estadounidense sobre el planeta, ya sea como hegemón o como eje preponderante dentro de un mundo (hoy) relativamente más multipolar. El blindaje del norte continental, de Groenlandia a Panamá, de Canadá al Caribe, como objetivo estratégico de la administración Trump 2.0, choca con el eventual surgimiento de rivales en este espacio.

Primeramente, y le quito la -s del plural a la palabra “rivales”, claro está que México sería el solo posible antagonista o rival real, en términos históricos, culturales, incluso ideológicos y, quizás, económicos, del gigante de estrellas y rayas, y que podría contender, tal vez sin desplazarlo, pero sí poniéndolo en discusión, parte del poderío global de Estados Unidos.

No ahora, pero sí mañana o, quizá, pasado mañana. “La élite y los aparatos estadounidenses tienen bien imprimida en su memoria geopolítica la directriz principal de las amenazas a la hegemonía de Estados Unidos sobre Norteamérica: el flanco sur, entre Cuba y México. Y si el archipiélago caribeño aparece estratégicamente estéril después del fin de la Guerra Fría, la cuestión mexicana está viva y aguda”, explicaba la contraportada de Limes mediante fraseos todavía válidos.

Pero volviendo a la revista Domino y al 2025, lo que más destacan los estudiosos de la relación mexicoamericana son distintos factores que voy a enumerar, ampliar y comentar.

– La fuerte identidad mexicana y el “nacionalismo defensivo”, como lo conceptualizó en su momento el historiador Lorenzo Meyer, para sobrevivir a la influencia estadounidense, minándola desde dentro;

– El bono poblacional activo y la edad media todavía inferior a los 30 años que, si bien va ralentizando su trayectoria de crecimiento en México, puede también, potencialmente, fundarse en la ingente presencia demográfica chicana e intergeneracional al norte del Río Bravo.

– A excepción del Sur y Sureste mexicano, aún está muy acotada la difusión de las confesiones religiosas protestantes, evangélicas y neopentecostales, vehículos de la influencia estadounidense y el neoliberalismo en el subcontinente latinoamericano, respecto del núcleo católico mayoritario que, aún con vaivenes y críticas, mantiene funciones identitarias, históricas, aglutinantes y sincréticas, incluso de asimilación e hibridación entre poblaciones originarias (lo que representa, desde luego, un proceso de origen, asimismo, violento, como toda asimilación, y legado de la colonia y las políticas indigenistas).

– La irrupción del MAGA (movimiento del Make America Great Again), recargado con el segundo mandato de Trump y su compañía de radicales suprematistas, ha tenido el efecto de reforzar ciertas formas de nacionalismo y reivindicación latina y, sobre todo, chicana y mexicana en Estados Unidos, entre protestas contra las deportaciones y oposición a la xenofobia, lo que puede ser aprovechado por el Gobierno de Sheinbaum: aunque, especialmente en el pasado, una parte de la población en México haya considerado como “traidores” o “externos” a los expatriados, antes de que Estados Unidos termine de asimilarlos, su renuencia a la fusión total en el melting-pot americano y el arraigo con culturas híbridas “ni de aquí ni de allá”, o bien, radicadas al sur del Río Bravo, puede constituir una pieza importante del tablero geopolítico en el futuro y una pesadilla, que en parte ya existe, para los gringos de cepa anglosajona o germánica.

– Ningún otro país tiene en el corazón de Estados Unidos a cerca de 40 millones de connacionales o descendientes, el 12 por ciento de la población estadounidense y el 60 por ciento de los considerados como “latinos” (que son más de 65 millones en total), entre los cuales incluso existen, minoritarias y latentes, corrientes irredentistas o, por lo menos, distinguidamente identitarias e ideológicamente “mestizas”.

– Si bien Washington queda como el principal socio comercial y económico en sentido amplio, y México sigue perteneciendo a la esfera occidental bajo su “manto” amenazador-protector, las geometrías alternas de acercamiento de Ciudad de México con Beijíng, Moscú, los BRICS o el propio Brasil y gobiernos progresistas latinoamericanos representan un dolor de cabeza recurrente entre los aparatos, las agencias y los ejecutivos al norte de la frontera: tanto Rusia como China son potencias respetadas en México y, sobre todo, se ubican lejos de sus fronteras, y una regla geopolítica básica es que en momentos de dificultad o conflicto, roces o injerencias excesivas, el “socio” o “cliente” más débil, en este caso México frente a Estados Unidos, busca el coqueteo y la diversificación con potencias aliadas más distantes;

– Se señalan como desafíos de mediano periodo, por un lado, la reconstrucción de relaciones y partenariado con Argentina, país fundamental, pero evidentemente sucumbido en esta fase ante el FMI, Washington e Israel, desde que Macri y Milei tomaron el poder, y por otro lado el estrechamiento del vínculo subcontinental con Mesoamérica-Centroamérica, más allá de la retórica sur-sur, proyectos coyunturales o hasta planes securitarios para controlar los flujos migratorios y del narcotráfico: Ciudad de México típicamente en este Siglo XXI ha mirado menos a las repúblicas hermanas del istmo, para configurar zonas de cooperación estratégica o incluso de influencia, que hacia el Norte cercano.

En síntesis, factores destacados para el ascenso geopolítico mexicano, visto desde Europa, serían: su demografía vivaz; cierta homogeneidad, no exenta de conflictos y violencias, de tipo identitario-cultural; la idea-ideología de contar con superioridad moral, de valores y espiritual como narrativa aglutinante; la escasa penetración de sectas y confesiones evangélicas y “externas”; expansión económica moderada pero con recuperación de proyectos estratégicos, energéticos, tecnológicos, de recursos y diversificación comercial, en caso de lograrse; el posible aprovechamiento a su favor de cadenas de valor interfronterizas, establecidas después del TLCAN-TMEC, y del nearshoring y el acceso al mercado estadounidense; la posibilidad, lejana, pero señalada por los analistas geopolíticos, de transformar o canalizar la violencia interna y el conflicto en “otras arenas”, como economía legal, potencialidad defensiva u de ofensiva; volverse mayormente puente o referencia para América Latina; y hacer hincapié en la población mexicana en el corazón de la superpotencia.

Más allá de las eficaces, ponderadas y hasta sarcásticas respuestas de la Presidenta Sheinbaum ante las agresiones verbales y al bullying trumpiano, frente a la dialéctica del “Golfo de América” vs la “América mexicana”, el soberanismo mexicano actual, que internamente recibe críticas debido a los megaproyectos o la concentración “ejecutiva” de facultades, externamente, visto desde Italia, por ejemplo, ha sabido diferenciarse del de los europeos y del estadounidense.

Aquí, se trata de la reivindicación de la autonomía y los recursos, el respeto recíproco y la recuperación de palancas por el Estado y la economía nacional, y no del chovinismo, la xenofobia y el rechazo al “otro diferente” y a las reglas internacionales. Inclusive, comenta un texto de Domino que la reforma al Poder Judicial puede leerse como recuperación de márgenes de autonomía y estrategia con base en este proyecto, cuyos desarrollos, sin embargo, desde México debemos de sopesar, monitorear y criticar social y políticamente, también en clave de ampliación de derechos y profundización democrática.

Finalmente, México podría erigirse como referente regional-global por su equilibrio, pragmatismo y resultados, frente a las grandes asimetrías de poder que, todavía durante un rato, seguirán primando en el inestable entorno de Norteamérica y en el mundo.

Fabrizio Lorusso desde Sin EMbargo

Esta reflexión trata de la instrumentalización de las cifras sobre desapariciones en el país para fines de golpeteo político, disfrazado de análisis de la violencia que van reproduciendo medios, partidos y columnistas, como el excanciller Jorge Castañeda.

El RNPDNO (Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas) a la fecha del 8 de julio de 2025, revelaba los siguientes datos: 367 mil 392 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas desde que se tiene registro (año de 1952 a la fecha); de éstas, 130 mil 010 están actualmente desaparecidas, o sea, se desconoce su paradero y son el 35.39 por ciento del total; mientras que 237 mil 382 han sido localizadas (el 64.61 por ciento del total). De las personas localizadas a lo largo de todo el periodo 1952-julio de 2025, con vida fueron 218 mil 581 personas, o sea, el 92.08 por ciento, y sin vida fueron 18 mil 801 personas, el 7.92 por ciento). 

Cabe destacar que casi dos tercios del total de quienes han estado sin localizar o víctimas de una desaparición han podido ser ubicados con vida y de entrada un o una desaparecida no debe de contemplarse como persona fallecida. Parece una obviedad, pero, como veremos, no lo es para muchos “analistas”. 

Esto no le resta importancia y gravedad al problema del persistente crecimiento y acumulación de casos, que son historias, vidas, familias y comunidades quebradas, de quienes deben seguir siendo buscados y buscadas, y probablemente su ausencia se vincule con la comisión de delitos en su contra y un patrón de violencia endémica en los territorios. 

El registro nacional, implementado en 2020, se actualiza en tiempo real y muestra, en el momento exacto de la consulta, una situación y cifras que son cambiantes, y no serán las mismas al día siguiente, pues cada día se incorporan nuevos casos de reportes por desaparición de una persona, a la vez que algunos otros cambian de “estatus” o “categoría”, en caso de darse una localización con o sin vida, por ejemplo, o si las autoridades responsables corrigen o rectifican entro otros motivos. 

Cuando, a través de este registro, visualizamos o sumamos la cifra de personas desaparecidas “por sexenio”, entre periodos presidenciales, a razón de una sana voluntad de comparación estadística o por algún afán político, debemos tener presente que en el resultado arrojado tendrá que ver la fecha de la consulta y puede variar. 

El Registro, cuya estructura está siendo reformada y modificada por los cambios legislativos recientes en materia de seguridad, CURP biométrica y Ley de desaparición, ha sido la herramienta más utilizada y citada en tema de desapariciones en sus cinco años de vida. Sin embargo, ha tenido muchas fallas de origen, en parte heredadas de sus versiones anteriores, y en la calidad de la información que contiene, precisamente en los datos de las personas desaparecidas, que en muchos casos no permiten usarlo para lo que fue creado, a saber, facilitar la búsqueda de personas entre bases de datos y ofrecer un cuadro fehaciente de sus características agregadas.

Cabe señalar que, como tendencia, es probable que sea proporcionalmente mayor el número de casos acumulados e irresueltos, de personas no localizadas y desaparecidas, que hayan sido reportadas en los últimos meses, o en años recientes, mientras que poco a poco tiende a disminuir el número de los periodos anteriores. El registro y la suma año con año de las cifras miden el número de personas desaparecidas que HOY siguen sin ser localizadas y que fueron desaparecidas en aquellos años, es decir, el total debe ser 130 mil a la fecha actual. 

Entonces, eso no mide o no nos dice cuántas personas estaban o se encontraban desaparecidas en 2012, al final del Gobierno de Calderón, o en 2018, al inicio del mandato de AMLO, sino que nos dice que, al día de hoy, del universo total de las personas que hasta la fecha siguen desaparecidas, cierto número de ellas lo fueron en el año de 2012 o en 2018.   

Atención, esto no quita para nada el hecho de que, en los últimos años, sí haya habido más casos registrados en absoluto, debido en gran parte a la expansión de este fenómeno violento, pero también, aunque sólo en parte, a la mejora en el propio registro, aun con sus actuales y persistentes defectos, y al aumento de las denuncias.

De hecho, en materia de desapariciones y búsqueda de personas en entregas anteriores he mostrado límites y alcances de la narrativa oficial actual al respecto, en el entendido de que ha habido tropiezos y omisiones importantes en la misma, intentos más recientes de recuperación de diálogos y cambios legislativos, lo que se ha reflejado en una política pública todavía no integral y efectiva. 

Por otro lado, es interesante describir cómo, de manera tendenciosa, otros entes y personas de poder político y/o mediático, como la revista Nexos, el PAN o Jorge Castañeda, pretenden usar este argumento burdamente para llevar agua a su molino, sin hacer claridad sobre temas tan relevantes como la relación entre los homicidios y las desapariciones u otras manifestaciones de las violencias.

Cuando hablamos de personas desaparecidas no podemos confundirlas con personas asesinadas, como si fuera posible intercambiar las unas por las otras y así, en un dos por tres, crear nuevas estadísticas delictivas, pero así lo hacen quienes deciden usarlas irresponsablemente.

El Gobierno ha informado en junio que los homicidios en México fueron 10 mil 767 y se redujeron 13,4 por ciento en los primeros cinco meses de este año, frente a igual período de 2024, mientras que disminuyeron “en 25.8 por ciento, de septiembre de 2024 a mayo de 2025, lo que significa 22 homicidios diarios menos que en septiembre del año pasado”, según un comunicado de la Presidencia.

El 3 de julio pasado en su blog de Nexos, Jorge Castañeda publicó una nota titulada ¿Hay menos muertos?, en la cual repite un argumento bastante refrito, pero poco riguroso, acerca de la relación entre la estadística de homicidios dolosos en el país y la de personas desaparecidas, con el fin de supuestamente demostrar que la baja en el delito de homicidio en México, registrada en el presente sexenio, pero también en la segunda parte del anterior, no es real, y que se estarían, de alguna forma, ocultando los homicidios con las desapariciones.

Es decir, se sostiene que si cada año, o en cada periodo de corte considerado, bajan los homicidios, pero al mismo tiempo sube la cifra de personas desaparecidas, entonces no se puede afirmar que “hay menos muertos”, a saber, menos homicidios dolosos. Y, citando su texto: “La crítica se basa en la contabilidad: ¿hay menos muertos, o los están contabilizando de manera diferente?”.

Esto en efecto es posible, lo de contabilizar diferente, pero no tiene que ver con las desapariciones. En distintas ocasiones fiscalías y gobiernos, durante ciertos periodos, han sido señalados por maquillar sus cifras a través de los márgenes de maniobra, la interpretación o la franca manipulación en la clasificación de los delitos: por ejemplo, sucedía en Guanajuato a principios del sexenio pasado con los números muy elevados de los homicidios culposos “con otro elemento” (distinto a las armas de fuego o armas blancas), que podrían encubrir homicidios dolosos “desclasificados” y “transformados” en culposos. 

Conviene citar integralmente el argumento central del extitular de la SRE: “La duda es pertinente incluso para el 2024. Ese año, según las cifras del SESNSP, tuvieron lugar 30 mil 048 homicidios dolosos: casi la misma cifra que en 2023 (29 mil 721). Cesó el alza de estos muertos. Pero si vemos los números de personas desaparecidas y no localizadas del Registro del mismo nombre (RNPDNO), el total creció casi 30 por ciento: de 10 mil 547 a 13 mil 083”. 

Con lo anterior, el autor concluye que podemos sumar homicidios dolosos y desapariciones, y así “tenemos 40 mil en 2023, y 43 mil en 2024. Se trata de un incremento de casi 9 por ciento”.

Este tipo de matemáticas se basa en la aberración de considerar a todas las personas desaparecidas como muertas y así sumarlas al total de homicidios, para presuntamente mostrar que en el país “hay más muertos”, como reza el título del artículo de Castañeda. Además, se funda en datos que son arrojados por la página del registro en el momento de la consulta, por ejemplo, el 3 de julio, pero que varían conforme haya nuevas localizaciones o cambios en los mismos, y conforme se modifique la fecha de consulta, por ejemplo, si se vuelve a repetir el análisis el 10 de julio o en 2026. 

Por lo cual sería muy cuestionable, incorrecto, usarlos así sin más para “estimar homicidios” de un año cualquiera, no sé, el 2023 o 2024, como hace Castañeda. El RNPDNO, aun con sus fallas, nos da información valiosa, demográfica y organizada, acerca de las desapariciones y localizaciones, pero no es propiamente una herramienta tan fina ni pensada como tal para este tipo de función.

Castañeda, para reforzar, incluso repite el mismo cálculo para los primeros cinco meses del 2025, pero además se lanza a imaginar un futuro nebuloso y ficticio, como si las cifras de un trimestre o semestre sobre asesinatos y desapariciones empaquetadas pudieran proyectarse linealmente, así, sin más ajustes. 

Literalmente: “Disponemos de cifras análogas para los primeros cinco meses de este año. La de homicidios dolosos es de 10 mil 767; si la extrapolamos para todo el año, nos daría 25 mil 800. La de desaparecidos es de 7 mil 323; si la extrapolamos para todo 2025, nos daría 17 mil 500. Si sumamos los dos, nos arroja un total de 43.3 mil muertos por estos conceptos para todo el año: casi la misma cifra que el año anterior”. O sea, tenemos ya previstos, para 2025, unos 43, mil 300 “muertos por estos conceptos”, afirma Castañeda. 

Pero ojo, la frase implica que estamos considerando a todos los desaparecidos como muertos, como cifras nada más, que entonces deberían sumarse a los homicidios. 

Absurdo y hasta ofensivo el razonamiento, ya que justo la reivindicación desde hace más de medio siglo por parte de las familias en búsqueda de sus seres queridos, además de las previsiones legales, afirman que prevalece la presunción de vida y la búsqueda en vida, y que las personas no sean consideradas simplemente como “números” o estadísticas de “asesinatos”. La propia desaparición representa una pérdida ambigua porque se desconocen el paradero y la suerte de la persona, así que asimilarlas a personas fallecidas para inventarse un argumento “contrafactual” sobre los homicidios dolosos en el país es una operación trivial y malintencionada. 

Extrapolamos un rato, sumamos peras con manzanas, y da como resultado una caja de papayas. La misma operación especulativa le gustó a Héctor Barrera, secretario general del PAN en la Ciudad de México, quien en una nota en la página del partido reitera la misma cantaleta sobre cómo “La posible reclasificación de homicidios como desapariciones podría estar distorsionando la percepción de la seguridad en el país”. 

Sigue el excanciller: “En 2023, la suma de desapariciones y homicidios dolosos de enero a mayo fue de 16.7 mil; en 2024 fue de 17.6, y en 2025, como ya dijimos, alcanzó el total de 18 mil, un poco más que durante el bienio previo. No hay tal disminución de muertos por estas dos causas, sin incluir otras posibles”. En su explicación falaz, las dos causas son la misma, están todos muertos, según el autor, por eso los sumamos y los homicidios no han caído. 

Y acto seguido Castañeda condensa todo nuevamente: “El problema yace obviamente en el incremento de desaparecidos. Estos se pueden deber a una mejor contabilidad y acopio de datos, o a una mayor propensión por parte de los autores de los asesinatos a desaparecer cuerpos, o a una maniobra de las autoridades de clasificar homicidios y desapariciones de manera diferente, o a una combinación de estas explicaciones”. 

Explicaciones que no lo son, porque presuponen situaciones y factores cuya dimensión, y proporción desconocemos: no sabemos exactamente cuántas personas desaparecidas estarían siendo asesinadas, lo que sí sabemos es que históricamente cerca de dos terceras partes de ellas, son localizadas con vida y no muertas, y hay entidades, como Guanajuato, en donde este dato llega al 85-90 por ciento. El mismo Registro nacional arroja la cifra de sólo 16 personas, nada más, cuya desaparición es investigada o vinculada por homicidio o feminicidio. 

Ahora bien, es indudable que existe un fenómeno de ocultamiento de cuerpos de personas, denunciadas como desaparecidas, que pudieron haber sido asesinadas por integrantes del crimen organizado o grupos paramilitarizados, a veces con tolerancia o colusión de servidores públicos y corporaciones del Estado, pero vaticinar sobre los números y la proporción de estos casos para así sumarlos a priori, sin comprobación, a la cifra de homicidios dolosos es una movida especulativa y hasta estigmatizante para con las víctimas de estos crímenes. 

Es un poco como cuando, en pleno auge mesiánico belicista de la narcoguerra de Calderón, se les caracterizaba como “daños colaterales”, o bien, se inferían y vomitaban estadísticas sobre que, según, el 70 por ciento de los homicidios eran entre criminales, o sea, “cosa de ellos” y no de la “gente de bien”, en un claro ejercicio de poder y creación de “enemigos internos” a combatir con lujo de violencia militar. 

A manera de cierre el nuestro remata así, citó: “Asimismo, es posible que ahora la proporción de desaparecidos que siguen con vida haya cambiado. Pero una disminución de muertos no parece existir. Ahora sí que ‘les venimos con el cuento de que los muertos son los muertos’. Allí están”.

Entonces, se afirma sin corroboración, fuentes o evidencias, que ahora la proporción de localizaciones con vida habría cambiado, y que los muertos son los mismos porque sí, o sea, “no parece existir” la disminución de muertos, como los llama Castañeda. Me parece, en cambio, que lo que ha disminuido es el sentido común y la ética en el análisis de fenómenos tan dolorosos y pervasivos como la violencia, la pérdida de vidas, la ausencia.

Fabrizio Lorusso desde Sin EMbargo

El pasado 24 de junio salió en redes y en la página oficial del Gobierno de México un Comunicado conjunto de Segob y la SRE, el cual pasó relativamente desapercibido en la opinión pública y los medios noticiosos. 

Su título fue: “México rechaza que en nuestro país haya desapariciones forzadas sistemáticas y generalizadas por parte del Estado”. Vale la pena contextualizarlo y, luego, comentarlo frase por frase porque, además de ser muy escueto, contiene una serie de imprecisiones y falacias que nos revelan narrativas y posturas oficiales, de tipo negacionista, acerca de la acuciante problemática de las desapariciones en el país. 

Misma postura que no deberíamos esperarnos de un Gobierno reformista y de izquierdas, a la luz de la historia y las discusiones que la propia izquierda ha ido desarrollando en México y América Latina, a lo largo de su travesía histórica, su lucha por justicia y contra la represión, y su lento ascenso a ciertas posiciones de poder político dentro del Estado.

A la fecha son casi 130 mil las personas que se encuentran desaparecidas en México y las razones detrás de estas desapariciones son múltiples, a veces desconocidas, por lo que efectivamente no todas pueden calificarse de “forzadas”, o sea, cometidas directamente por servidores públicos o indirectamente, es decir con autorización, apoyo o aquiescencia de funcionarios del Estado. 

En el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, si se selecciona el tipo de delito investigado en los casos de las personas desaparecidas, se puede desglosar el total de 130 mil: de estos, 811 son casos clasificados por los ministerios públicos como de “desaparición forzada”; 526 de estos, el 64.9 por ciento, fueron cometidos desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 1 de julio del presente año. 

Por otro lado, cabe mencionar que, en realidad, el universo de posibles desapariciones forzadas está evidentemente subestimado, pues en la mayoría de los casos la participación de alguna autoridad en ellas no se da directamente o no es registrada de esta manera por las fiscalías, sino que ocurre por otras vías y, así, no impacta en las cifras o registros arriba mencionados. En palabras simples, muchas desapariciones forzadas son clasificadas mal, como cometidas por particulares o como otros delitos, por lo que no entran en la cifra de 811 que acabo de citar.

En este sentido, debe presumirse la comisión de una desaparición forzada, cuando haya indicios y evidencias, testimonios de las víctimas y sobrevivientes de una desaparición, junto con documentaciones de personas defensoras de los derechos, independientes de la investigación ministerial, acerca de la probable intervención de policías, militares, agentes del Estado, policías de tránsito o grupos armados, paramilitares, o de adscripción ambigua o indefinida, que muchas veces tienen atuendo, formación y armas de aparatos castrenses o policiacos. 

Y esto no es porque siempre, directamente, el policía o el marino o el agente de una fiscalía haya privado de la libertad a una persona y luego la haya sustraído al alcance de la Ley, negando información y paradero de la víctimas, que es la definición de desaparición forzada, sino porque pudo simplemente haber permitido y solapado tal práctica ominosa, omitiendo acciones y diligencias debidas en el ejercicio de sus funciones, apoyando o tolerando de alguna forma al grupo delincuencial que las comete, o bien autorizando su perpetración o repetición en cierto contexto, siguiendo incluso ciertos patrones, bien notorios a quienes viven en la zona. 

Permitir retenes criminales en ciertos horarios y carreteras sin intervenir, a sabiendas de que allí se cometen delitos, plagios y secuestros o de que ya hubo denuncias ciudadanas al respecto, por ejemplo, significa autorizar ese crimen por parte de alguna autoridad. Cuando estas autoridades no pueden no saber que se cometen desapariciones o tendrían todos los elementos para conocer de esta grave violación a los derechos humanos (o impedirla, claro), pero no intervienen, se concreta el concepto de la “aquiescencia del Estado” y, entonces, se configuran desapariciones forzadas. Y todas son “por el Estado”, es decir, no existe definición o tipo de desaparición forzada, si no es a través de la omisión o actuación directa en ellas de agentes del Estado. Lo especifico y enfatizo porque, después, vamos a leer en el comunicado afirmaciones discordantes y confusas sobre este asunto.

En muchas entidades federativas, miembros de las policías locales, de las secretarías municipales de seguridad o de ciertas agencias del ministerio público, así como integrantes de la GN, la Marina y Sedena, han sido señalados, o incluso removidos y sustituidos, a veces mediante la llegada de mandos únicos locales, o en consecuencia de sanciones administrativas, disciplinares o penales, por ser parte del crimen organizado o conniventes con éste. 

Estas situaciones, especialmente en época de campañas políticas y elecciones, han conllevado aumentos espantosos de los homicidios y de la violencia en general, incluyendo en muchas ocasiones las desapariciones y los hallazgos de sitios de entierro ilegal de cuerpos.

En localidades como éstas, y cito aquí el caso emblemático de Juventino Rosas en Guanajuato, entre muchos otros municipios, desde luego que todas las desapariciones perpetradas en épocas de control criminal de las instituciones, han de considerarse forzadas, aunque así no estén registradas oficialmente por las fiscalías. 

Esto es porque las autoridades no sólo, en algunas circunstancias, eran o son las responsables directas y plenas, sino porque los cárteles y las redes de macrocriminalidad, de las que son parte integral o cómplices, cometen esas desapariciones bajo la mirada de, con apoyo de, por orden de o por tolerancia de estas mismas autoridades o funcionarios que trabajan en ellas, para ser preciso.

En muchos territorios esta confusión-colusión aparece claramente, en otros se configura como un área gris de indefinición, donde se difuminan actores, colaboraciones y crímenes entre sistemas de legalidad, ilegalidad y paralegalidad, pero en donde, cuando hay desapariciones y ocultamiento de personas, es imposible ya no detectar que haya distintos grados de responsabilidad y conocimientos estatal. 

Ahora bien, negar que esto siga ocurriendo, a la fecha o en años recientes, en el país significa reforzar y reiterar el mismo delito de la desaparición, de alguna manera, e incluso acercarse peligrosamente a ser cómplice de crímenes de lesa humanidad, ya que justamente lo que caracteriza este tipo de práctica es la negativa del Estado, a través de los dichos y actuaciones de sus representantes y servidores, a reconocerla o a dar información al respecto. 

Es una postura irresponsable que, sin embargo, de manera bastante simplista, y hasta cierto punto casi inexplicable a estas alturas, ha sido mantenida a lo largo de los últimos meses por instituciones del Estado mexicano como la CNDH, el Senado, las Secretarías de Gobernación y de Exteriores, silenciando años de luchas sociales en este campo y tratando de imponer una narrativa efectivamente tóxica sobre el problema que vivimos. 

Me parece que, con tal de impedir que oposiciones políticas o sectores rapaces de los medios de comunicación, así como eventualmente buitres y halcones desde el extranjero, particularmente desde los más ultras, belicistas, injerencistas y conservadores de EUA, aprovechen acontecimientos como Teuchitlán y hallazgos de fosas clandestinas para pegarle al Gobierno, como lo han hecho, se están, sin embargo, sacrificando la coherencia y la claridad entorno a las desapariciones. Y esto representa un problema interconectado con todos los demás en el México actual: no hay bienestar, transformación ni desarrollo con crisis forense imperante y desapariciones constantes e impunes.

Se están dejando a un lado los deberes legales y morales hacia las víctimas de la violencia, así como los compromisos internacionales del Estado, que no es sólo “el Gobierno” sino todos y todas las personas e instituciones que “hacen y son México”, dentro de un giro discursivo que representa un retroceso evidente y peligroso y no abona a los procesos, necesarios y urgentes, de verdad, justicia y no repetición. 

Dicho esto, es imposible negar que en las últimos dos décadas, cuando menos, el fenómeno se ha incrementado y complejizado notablemente. 

Más allá del registro nacional, otro indicador relevante es que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) proporcionó el dato de que México ha acumulado 757 acciones urgentes por desaparición ante este organismo, entre 2012 y el 18 de junio de 2025, lo cual implica que de manera inmediata se instrumenten medidas para buscar, localizar y proteger a las personas. 

Del total de estas peticiones ante el Comité, enviadas por familiares de las y los desaparecidos, sólo 78 han sido cerrados tras la localización del o la ausente. Cabe destacar que la acción urgente es un procedimiento que solicitan las familias de la víctima directa frente a un tipo de desaparición que el CED ONU reconoce o presupone como “forzada”, esto con el fin de que el Estado instrumente con urgencia todas las acciones para la localización de la persona. 

Los delitos y violaciones a DH contenidos en estas 757 acciones urgentes, activadas en estos años junto con otros mecanismos como las comunicaciones individuales, no necesariamente han sido investigadas por los ministerios públicos del país bajo el tipo penal de “desaparición forzada”, pero potencial y probablemente lo son, pues hay un reconocimiento de las personas denunciantes, acompañantes o representantes, y de una instancia internacional que lo respaldan.

Entonces, entre acciones urgentes de la ONU, casos contenidos en el registro nacional clasificados como “desaparición forzada” (al menos 811), más todos los casos “ambiguos”, que razonablemente son desapariciones forzadas, pero que no son tipificadas de otra forma por ciertos ministerios públicos, y otros casos históricos del siglo XX, documentados por colectivos, CNDH, comisiones de la verdad y fiscalías especiales, a la fecha son miles y miles las desapariciones forzadas en el país. Recordemos que se trata de delitos imprescriptibles, por lo que una desaparición siempre está “vigente”, por así decirlo, independientemente de la fecha en que fue perpetrada, y entonces entre todas es bastante razonable que puedan detectarse patrones, semejanzas, y que respondan a lógicas, reglas y sistemas más o menos detectables y solapados por las autoridades (como vimos aquí: https://www.sinembargo.mx/4651931/logicas-de-la-desaparicion-e-impunidad-contextos-y-resistencias/). 

Después de esta larga introducción, ahor sí, ¿qué dice literalmente el comunicado de Segob con SRE? Cito y comento algunas de sus partes en seguida.

“El Comité de la Convención de Desaparición Forzada de la ONU comunicó que, en breve, publicará una solicitud de información a nuestro país, como parte del proceso iniciado en abril de este año bajo el artículo 34 de la Convención. En la solicitud se realizan algunos señalamientos que, a juicio de México, carecen de sustento”.

Aquí ya de entrada hay un problema porque, sin estudio previo o refutación puntual de los señalamientos del organismo internacional, las secretarías están acusando una “carencia de sustento” de los mismos, sin embargo, justamente es esta la función de la activación del artículo 34. Este artículo puede llevar el caso de “las desapariciones en México” a la atención de la Asamblea General de la ONU, si el Comité demuestra la generalidad y sistematicidad de las mismas, gracias a la contribución de quienes han sido justamente testigos y sobrevivientes de la violencia, y si el Estado no argumenta suficientemente su opinión contraria. Por el momento, desgraciadamente, Gobernación o la SER o la CNDH no lo han sabido o podido hacer y han generado, más bien, galimatías y descalificaciones. Pero bueno, habría tiempo de rectificar.

Siguiendo con el comunicado, se apela a ese artículo de la Convención contra las desapariciones porque a través de ese mecanismo el Comité de la ONU es como le pide información a los gobiernos sobre las desapariciones, no es que lo condene a priori o que amenace algo en su contra. 

O sea, el Comité recibió durante años información de parte de familiares y organizaciones sociales, que considera fehacientes y consistentes, sobre el hecho de existen en el país las desapariciones forzadas, como ya he mostrado más arriba hasta con datos del propio Estado mexicano, y que podrían ser de tipo generalizado, extendido, y sistemático. 

No lo está afirmando a priori, sino que está pidiendo ulteriores informes y explicaciones al Estado que, en cambio, rechaza tal situación, en lugar de adelantar pruebas al respecto u ofrecer argumentos contundentes. Esto, de todos modos, deberá hacerse antes del 18 de septiembre de 2025, en un plazo establecido por el mismo Comité, así que queda tiempo para que se construyan respuestas y no tan sólo tweets y breves comunicados.

De hecho, al finalizar el mensaje, SER y Segob refrendan su compromiso: “Las instituciones del Estado mexicano continuarán cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos y darán puntual respuesta a esta solicitud, en los tiempos requeridos”.

Pero sigamos con el análisis del mensaje gubernamental: “México reitera su rechazo a que en nuestro país haya desapariciones forzadas sistemáticas y generalizadas por parte del Estado y cualquier señalamiento o insinuación en ese sentido es inaceptable”. 

Esto se acerca mucho a una negación de realidades ya documentadísimas, junto con la descalificación de las evidencias e historias presentadas por centenares de familias, acompañantes y organizaciones que sí han denunciado y registrado las desapariciones forzadas de los últimos años en el país. 

Ahora bien, qué según el tipo de casos, el conjunto y secuencia de estos, y los patrones de las desapariciones, dentro de territorios bajo la jurisdicción de México, estas se configuren como “generalizadas” o “sistemáticas”, me parece algo dramático y desafortunado, pero sí muy posible y probable, dado el contexto que hemos experimentado después del 2006, año del inicio de la llamada “guerra al narco”. 

Esta situación, además, podría llevar también a la posibilidad de que se declare la presencia de crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, mismo que los define y del cual México es firmante. Hay que evitarlo, sí, pero sin negar la realidad, sino actuando oportuna y sólidamente con una Política de Estado que no puede prescindir del reconocimiento, la investigación y la acción sistémica y contundente en contra de las desapariciones y su invisibilización.

Sigue el comunicado oficial, explicando que “nuestro país está trabajando con colectivos y familiares de desaparecidos en el marco de nuevas iniciativas de ley para atender integralmente este flagelo; incluidas las víctimas indirectas”, lo cual pues parece ser simplemente un injerto dentro del texto, el cual usa el argumento de que hubo un diálogo sobre ciertas reformas legislativas entre Segob y una parte de los colectivos y organizaciones del país para reforzar su rechazo a los indicios e información que, las mismas familias, de hecho, han presentado a la ONU y que ésta utiliza para pedir más información a México sobre las desapariciones forzadas. 

Es decir, como Secretaría de Gobernación se está negando de que haya desapariciones forzadas sistemáticas o generalizadas, tachando de “insostenible” esta hipótesis, y se menciona, de paso, que sí se está trabajando con algunos colectivos, para beneficio de ellos, a manera de justificación y remache de otros temas que no tienen que ver directamente (o sea, las peticiones de información del CED ONU al Estado no tienen que ver con que se esté trabajando hoy con las víctimas indirectas de la desaparición sobre algunos cambios legales, detonados por el escándalo que representó el hallazgo de Teuchitlán, Jalisco, en marzo pasado).

Además, cabe subrayarlo, no todos los colectivos ni todas las organizaciones están participando y sostienen de igual forma estos procesos de diálogo y las reformas, que ya están, en estos días, en la fase de dictamen y aprobación por parte de las Cámaras, en el marco del periodo extraordinario de sesiones, y no han pasado por el mecanismo de Parlamento Abierto, solicitado por muchos grupos y colectivos.

A manera de cierre, el comunicado reafirma lo siguiente: “Es importante reiterar que el Gobierno Mexicano está comprometido con el combate al delito de desaparición de personas y que, en los gobiernos de la Cuarta Transformación no se promueve, ni se tolera la desaparición forzada. El servidor público que incurra en este delito, sin excepción, será investigado y en su caso, será sancionado conforme a la ley”. Una nota final de mi parte es que no se puede hablar de “desapariciones forzadas por el Estado” para sostener que ya no se cometen o que no pueden ser generalizadas o sistemáticas a rajatabla. 

El concepto de desaparición forzada ya incluye el hecho de que el Estado haya participado directa o indirectamente, como he mostrado en esta columna, así que “desaparición forzada por el Estado” es una expresión deliberadamente confusa, redundante, que parece haber sido difundida en estos meses con mucho énfasis con el fin de intentar crear una suerte de distinción o separación entre las desapariciones “del pasado”, como parte de una política represiva directa “por parte del Estado” contra grupos disidentes, y las “del presente”, como aquellas en que supuestamente el Estado ya no tendría participación o responsabilidad. Pero el problema es que esta separación es bastante artificiosa, el argumento es contra fáctico, de ahí que continúen diatribas desviadoras del núcleo de la cuestión. 

Fabrizio Lorusso para Sin Embargo