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No hay paz. Isabel Miranda de Wallace, también conocida como “la señora Wallace”, desaparece y reaparece, póstumamente envía cartas agonizantes y mensajea a sus amigos periodistas con el fin de manipular nuevamente a sus cada vez menos oyentes.

El arcano y la secrecía sobre su propia muerte, acontecida el pasado 8 de marzo, en la víspera de decisiones judiciales, nuevas declaraciones en su contra y revelaciones periodísticas contundentes, se debió, entre otros factores, al timing perfecto del hecho: sucedió justo a tiempo para evitarle problemas judiciales y escarnios públicos, lo cual ha despertado suspicacias en quienes han seguido las vicisitudes del llamado “clan Wallace”, de la organización “Alto al Secuestro” y de los casos que han acompañado o armado, pero asimismo en las víctimas de la empresaria y de su sistema.

“El Sistema”, ’O sistema, en Nápoles, Italia, significa el modo en que la Camorra, una de las mafias más poderosas del país, ligada a negocios jugosos como la basura, el narcotráfico, la explotación de migrantes y la extorsión, ha ejercido su poderío y control sobre la ciudad, pues la organización delincuencial representa un sistema interconectado, una empresa criminal hecha de nodos y eslabones, más que una simple estructura jerárquica.

Entonces, ’O sistema describe las maneras en que la mafia llamada “Camorra” va impregnando múltiples aspectos de la vida de una ciudad muy compleja, como lo es Nápoles, y va difuminando las fronteras entre legalidad, ilegalidad y paralegalidad con su influencia en la economía, la política, la sociedad, incluso en nichos del sistema de justicia y seguridad.

La señora Isabel Miranda, quien en la cumbre de su popularidad se codeaba con el exmandatario Felipe Calderón e incluso llegó a ser candidata por el PAN a la Jefatura de Gobierno de la CdMx en 2012, vuelve ahora “a la vida” con un texto sorpresivo y manipulador, enviado a Ciro Gómez Leyva por medio de su hermano Roberto Miranda Torres, en el cual básicamente pretende victimizarse y expresar su convicción de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso de dictar la libertad de una de las acusadas del secuestro de su hijo, estaría entonces operando como un cártel del crimen organizado, sería nido de corrupción y le fallaría a la justicia.

Una anotación que hacer al respecto es que la carta parece servir más a los intereses de los vivos que a los de la finada, y periodistas como Ricardo Raphael han destacado varias dudas sobre su autenticidad, pues tanto su hermano como una plétora de abogados y funcionarios de las fiscalías, además de una serie de encubridores, operadores y torturadores aún activos dentro de los aparatos del Estado mexicano, tienen todo el interés en justificarse y de nueva cuenta estigmatizar a las víctimas reales de sus maquinaciones, pasadas y presentes. Ellos siguen siendo parte de ’O sistema y quieren librarla.

Desde las más altas esferas, expresidentes y servidores de alto y mediano rango, deben de preocuparse por la forma en que están saliendo a flotes sus abusos e ilegalidades, que en una democracia funcional y efectiva ya deberían de haberlos llevados a juicio a todos en conjunto, bajo el modelo del maxi-proceso a redes mafiosas. Y debería ya haberse tumbado desde las raíces “al Sistema” político-mafioso que pusieron en marcha y que en parte todavía sigue incrustado en las instituciones y les impide avanzar. Nos impide avanzar a todos y todas, más bien.

Más allá de las reformas al método de selección-elección y sanción disciplinaria de las personas juzgadoras, culminado con la reforma del Poder Judicial y las primeras elecciones del pasado primero de junio, la limpieza profunda del engranaje corrupto, de sus reglas de funcionamiento y operaciones debe de pasar por procesos judiciales y sentencias firmes, por el desmantelamiento de redes enteras y persistentes, y hasta por una fase de justicia transicional, además de reformas a la procuración de justicia y policías.

La carta revelada el lunes 23, fue “pensada” sólo para el caso en que fuera liberada Juana Hilda González, presunta inocente, víctima del clan Wallace, quien durante 19 años ha estado encarcelada injustamente por el (presunto) asesinato-secuestro de Hugo Miranda de Wallace, hijo de Isabel y pivote del llamado “caso Wallace”.

Juana Hilda, efectivamente, ha sido liberada el 11 de junio, tras la decisión a su favor de la SCJN, misma que también abre las puertas para la resolución de los casos de las otras personas implicadas, como Brenda Quevedo y Jacobo Tagle, que igualmente llevan presas sin sentencia casi dos décadas.

Es decir, sabemos que se trata de un caso judicial y criminal misterioso, orquestado mediante la fabricación de mentiras y culpables, procesos y acusaciones, torturas y montajes, narrativas y sufrimientos extremos, en contra de presuntos inocentes y sus familiares, por parte de personajes y grupos empresariales, políticos y criminales poderosos.

O sea, estamos hablando de posibles redes macrocriminales que operaron como sistema, impunemente, en las épocas sombrías del foxismo y del calderonismo. Mejor dicho, desde antes, con Salinas y Zedillo, y también después, con Peña, en el largo ciclo neoliberal, disfrazado de transición democrática y muy lejano de algún concepto de justicia.

Cuenta Ciro Gómez Leyva en una de sus columnas escritas lo siguiente (cito): “El lunes por la tarde (23 de junio) recibimos una carta de Roberto Miranda Torres, hermano de Isabel Miranda de Wallace, dirigida a Manuel Feregrino y a mí. Ayer hablé con Roberto, me dijo que, agónica, Isabel se la dictó para que nos la entregara en caso de que la Suprema Corte comenzara a ordenar la liberación de los secuestradores y asesinos del hijo de Isabel, bajo el supuesto de haber sido torturados”.

El comunicador da por sentado que las personas mencionadas son responsables de los hechos, pese a que esto no ha podido demostrarse legal y debidamente, o sea, prácticamente los está difamando, como ha venido haciendo a lo largo de estos años, y está violando su presunción de inocencia, tan sólo al introducir el contexto en que recibió la carta, es decir, antes de siquiera dar lectura a su contenido.

El negocio del secuestro en la Ciudad de México proliferó entre la participación policiaca y de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), documentada históricamente desde los años setenta y ochenta, y los intereses de grupos empresariales emergentes desde la década de 1990, ligados al sector de la protección privada, los cuales, finalmente, en los 2000, fueron solapados, aliados y potencializados dentro de ’O Sistema. Esto fue gracias al “modelo García Luna”, en boga durante el “reinado” de este “zar de la seguridad” en México, del 2000 y el 2012, cuando el hoy condenado en EU fue jefe de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y Secretario de Estado, respectivamente con Fox y Calderón.

El modelo dentro de este sistema consistió en simular la lucha al crimen organizado para, en cambio, hacerse socio de él, generar montajes mediáticos y reclutar periodistas subsumidos al pacto estatal-criminal, aprovechar el alza de homicidios y secuestros para suscitar miedo social, zozobra y, así, redundar y explotar el negocio de la (in)seguridad y la narcoguerra como nichos boyantes de la economía. Así operan las mafias: te obligan a pagar para protegerte de la amenaza y el peligro que ellas mismas crean.

La securitización de la vida y del espacio público pasa por el aumento del riesgo percibido y real, por el populismo punitivista al estilo Wallace, y por una buena dosis de mentiras, como hemos podido ver en otros casos tan emblemáticos, y todavía no resueltos a 20 años de comenzados, como el de Israel Vallarta y Florence Cassez, en donde curiosamente se repiten nombres y personajes envueltos en tramas de abusos y podredumbre.

Es increíble pensar, hoy, que, durante más de una década, por lo menos hasta la irrupción del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en 2011, la parte más visible e influyente del “movimiento de víctimas” en México haya sido monopolizada por personajes como la señora Wallace, tan mediatizada y cercana al poder, mientras se desataban los estragos de la mal llamada “guerra al narco”.

Las desavenencias y agravios de estas redes sistémicas, que incluyen piezas clave del poder político y judicial, y de las procuradurías, se han diversificado y reproducido en la capital del país a través de cárteles inmobiliarios, recicladores de dineros sucios, bandas de secuestradores y sicarios, bajo esquemas de privatización y paramilitarización de la seguridad, un bien público que ya no es provisto por el Estado, sino que debe de pagarse aparte, en beneficio exclusivo de quien pueda permitírselo.

El doble atentado y homicidio, ocurrido el pasado 20 de mayo, de Ximena Guzmán Cuevas, secretaria particular de la Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada, y de su asesor de Gobierno, José Muñoz Vega, podría justamente ser producto de la activación del sistema mafioso, de estas redes que lanzaban y lanzan mensajes a las instituciones que tratan de combatirlas o, al menos, limitarlas y señalarlas.

Las tremendas desaventuras y violaciones de la dignidad y derechos humanos de las víctimas en el caso Wallace, análogas a las del caso Cassez y de otros que quizás nunca conoceremos a detalle, han sido impecablemente relatadas por el periodista Ricardo Raphael en su más reciente libro que se llama, fehacientemente, Fabricación, y es la historia de “un duelo fabricado que se convirtió en un circo mediático”, en detrimento de todo concepto del estado de derecho y la moral.

O’ Sistema, el sistema, no está muerto, al contrario, sigue matando: es una formación sociopolítica y mediática podrida, pero allí está para descalificar al buen trabajo periodístico y a las víctimas, sirviéndose de corifeos que repiten guiones desgastados de defensa a lo indefendible o, de plano, los perpetúan desde el extranjero.
Por Fabrizio Lorusso desde Sin Embargo MX

“Ahora o nunca” deben de haber pensado en el cuarto de guerra de Netanyahu y del Gobierno de Israel a la hora de realizar ataques “preventivos”, nuevamente, contra Irán, considerado como relativamente más vulnerable en este momento, para mermar su capacidad de enriquecer uranio y llegar a tener armamento nuclear.

Israel ha podido atacar directamente con misiles la capital, Teherán, y asesinar mediante operaciones del Mossad a nueve científicos nucleares en territorio iraní. 

Esto ha sido posible ahora gracias al apoyo estadounidense, ya que una agresión de este tipo en 2024, en abril y octubre, no había sido totalmente exitosa, pero Trump ha reforzado el envío a su aliado de armas y tecnologías que lo han envalentonado. Irán es la única potencia que puede contraponerse al plan genocida del Estado judío de hacerse con el control de la franja de Gaza y desplazar forzadamente a toda la población palestina. 

La reciente escalada del conflicto entre Irán e Israel fue provocada por este último, pero también es producto de décadas de contraposición, dentro de un equilibrio inestable entre potencias regionales y ejes de alianzas, siendo Turquía, Israel, Irán y Arabia Saudí los jugadores centrales y cíclicamente beligerantes. 

De entre estos, el enemigo número uno de Estados Unidos es Irán, que absolutamente no puede ser aceptado por el imperio como hegemón regional en detrimento de Israel.

La escalada eventual del conflicto en curso podría incluso llevar a Trump y sus halcones a tomar la decisión de atacar a Irán, o por lo menos de asesinar a Alí Khamenei, líder supremo iraní que, al parecer, se encuentra refugiado en algún bunker, y destruir el sitio subterráneo de enriquecimiento de Uranio en Fordow, después de que Israel ya dañó en estos días el sitio de Natanz. 

Esto para forzar un cambio de régimen, aunque a la fecha se antoje improbable: no es cosa fácil lanzar a un nuevo Presidente con el paracaídas en Teherán e instalar algún régimen “amigo”, pues muchas de estas operaciones, por ejemplo, en Afganistán y en Irak o Libia, han dado como resultado la toma del poder por gobiernos aún peores o más hostiles a los intereses occidentales. Ya hay reemplazos internos para el viejo líder de los ayatolás, así que difícilmente llegaría algún outsider “moderado” o prooccidental a desplazar de tajo a las élites y a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (Pasdarán). La abanderada “exportación de la democracia” o, en su variante, “de los derechos humanos” ha sido una política neocolonial euroamericana fracasada y hasta catastrófica para los mismos derechos que pretendía defender.

Por el momento, sólo por el momento, Trump ha excluido estas hipótesis, pero la situación es cambiante y quedan en la mesa en caso de que el régimen de los Pasdarán intensifique su retaliación y decida devastar ciudades israelíes, matar masivamente a civiles o destruir instalaciones y bases estadounidenses.

Así que ahora para el Estado judío se abre el tercer frente, el supremo y más existencial: genocidio-conflicto contra los palestinos en Gaza y Cisjordania; ofensiva y “control de daños” en Líbano, particularmente contra las milicias de Hezbolá, proxy iraní en el país de los cedros; y la guerra con Irán, siempre latente pero ahora peligrosamente encendida. El escudo antimisiles israelí, el “domo de hierro”, y sus otros tres sistemas de defensa provistos por EUA pueden ser penetrados por los ataques desde Irán, en contra de las previsiones de los medios de comunicación occidentales y, tal vez, del mismo Gobierno. 

Donald Trump ha dejado la cumbre del G7 por la crisis en Oriente Medio y acerca portaviones alrededor de Irán, el cual, a su vez sigue respondiendo a los bombardeos y amenaza con cerrar el paso del estrecho de Ormuz. Esto, cabe recordarlo, podría desatar una crisis petrolera-energética global y mostrar la debilidad de Occidente en la pugna por defender los planes del ala sionista y los halcones del Gobierno israelí que, más a la derecha incluso del mismo Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, planean extender los confines de su país del Nilo al Éufrates, eliminando de paso las amenazas de Hamás y de un posible estado palestino, así como, sobre todo, del régimen iraní. Por su parte, Netanyahu prefiere “jugar al suicidio” nacional y personal, incrementando la apuesta y las víctimas de sus bombas, para postergar los graves problemas judiciales pendientes sobre su cabeza. 

Los líderes del G7 desde Canadá, huérfanos de Trump, con quien casi todos, salvo quizás la italiana Giorgia Meloni y el británico Keir Starmer, se han peleado de una u otra manera en sus primeros seis meses de mandato, firmaron una declaración de apoyo a Israel en la cual conciben a la República Islámica de Irán como una principal fuente de inestabilidad en la región, por lo que hay que evitar se dote de un arsenal nuclear.

¿En caso de guerra prolongada, apoyarán los europeos y EUA abiertamente a Israel, mientras sigue su aniquilamiento de la población palestina, contra Irán? ¿Cómo sostendrían ética y materialmente un esfuerzo de esta naturaleza, casi suicida?

Reporta Limes, la Revista Italiana de Geopolítica, entre otros medios, que “mientras tanto, continúan los duros ataques cruzados: las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) bombardearon varios objetivos en Teherán, como los estudios de televisión de la cadena Irib durante una emisión en directo. Las FDI afirmaron entonces haber matado al nuevo Jefe del Estado Mayor, Ali Shadmani, un hombre especialmente cercano al líder supremo Ali Jamenei. Por su parte, las Fuerzas Armadas iraníes afirmaron haber alcanzado la sede del Mossad (inteligencia exterior israelí) en Tel Aviv”. Es muy difícil seguir el día a día de la guerra, de las fake news de los gobiernos en conflicto y de sus aliados, pero sí es posible trazar algunos escenarios y consideraciones. Jerusalén está en la encrucijada: ataca a Irán para tratar de declararse victoriosa en el otro frente, abierto el 7 de octubre de 2023, pero a la vez se acerca al punto de no retorno y al suicidio, asistido por un Estados Unidos que, pese a su renuencia, podría ser arrastrado a la guerra. Y, como en Irak hace 20 años, difícilmente se demostraría la presencia de “armas de destrucción masiva” o “armas químicas”, 

Se abren distintos escenarios, capítulos locales de una guerra grande o guerra civil global que va recrudeciéndose y va quedando cada vez más delineada, en sus contornos y contenidos, de Ucrania a Gaza, de Yemen a Pakistán y Libia. 

Un primer factor importante es que Irán no es Siria, no es Palestina, o Libia o Irak, sino un país con 91 millones de habitantes, un régimen confesional, un Estado islámico, que, pese al disenso interno y las críticas, sigue manteniéndose relativamente firme desde 1979 y con vocación imperial o hegemónica en la región. Si bien al parecer no cuenta con el arma nuclear, no estaría lejos, entre dos y seis meses, de contar con bombas atómicas, como “seguro de vida” extremo, contrapuestas a las que seguramente, pero sin admitirlo oficialmente, ya tiene Israel. 

Por otro lado, se trata de un país petrolero que puede controlar, como ya mencioné, uno de los nodos o pasos marítimos internacionales más estratégicos y causar un choque energético global. Si bien Estados Unidos ha llamado a la oposición interna y a la población a rebelarse y defenestrar a los ayatolás, esto no se ha producido y no aparece todavía como una opción viable. 

El cambio de régimen podría ser, en efecto, un objetivo de esta oleada de ataques contra el régimen de los ayatolás y la población civil, que está siendo asesinada por docenas. Lo mismo vale para un eventual involucramiento armamentista, tecnológico o hasta más directo, “en el campo de batalla”, de los Estados Unidos. Aún se ve lejano pero cabe recordar que su apoyo a Israel ha sido constante y este país sí está activo ya en múltiples escenarios de guerra. 

Entonces, la participación más directa de EUA no se puede excluir, pero representaría para Trump, evidentemente, otro giro geopolítico mayúsculo, contrario a su propósito o promesa de no abrir otros costosos frentes de beligerancia internacional. 

Sin embargo, probablemente, en casos extremos, prevalecería el apoyo a su aliado en Oriente Medio por encima de otros intereses internos que, frente al hecho consumado y a la presión de los aparatos, no podrían promover una retirada de este escenario en el corto plazo, y apostarían a tumbar y reemplazar el dominio de los ayatolás. China, más que Rusia, sería la potencia que no podría digerir fácilmente la caída de Teherán o un cambio de gobierno y posicionamiento geopolítico. Aun así, tras un régime change, no estaría garantizado el orden regional, pues para Irán poseer armas nucleares, como lo ha sido para Pakistán o Corea del Norte, representa un seguro de vida imprescindible, estratégico e independiente de su mayor o menor cercanía coyuntural con Occidente. 

Ahora o nunca, decíamos. Después de los ataques israelíes de octubre del 2024, Teherán parecía débil, pero su capacidad de represalia existe, y se está viendo: si bien sus proxy y aliados, como la Siria del otrora dictador Bashar al-Assad, las milicias Hezbolá y Hamás ya no representen un peligro real o hayan sido neutralizados, sí pueden causar muchos daños sus misiles, armas y fundamentales energéticos, poblacionales y militares.

Para Israel, paradójicamente, abrir otro frente de guerra hasta provoca efectos positivos, al compactar a buena parte de la población, dividida por la respuesta militar contra Gaza, pero más cohesionada ante la mayor amenaza iraní, reforzar las franjas bélicas del Gobierno y distraer la atención de la opinión pública mundial del genocidio en curso. A solas, probablemente, Jerusalén no podría hacerle frente a una embestida persa de carácter total, pero sí con el apoyo de las mayores potencias occidentales y ante la probable postura “neutral” de Rusia, en donde Putin incluso ya se ofreció como posible negociador.

El acuerdo sobre energía nuclear (civil) entre países europeos, los Estados Unidos de Obama e Irán, negociado durante años y finalmente firmado en 2015, pareció ofrecer un marco mínimo de entendimiento y de no proliferación nuclear en la región, para su uso solamente civil, pero Trump desde 2016 decidió salirse del pacto, empujando otra vez a la República Islámica hacia posturas más agresivas. 

Ahora, Trump lo quiere revivir como “alternativa diplomática” para conjurar un conflicto en el cual Israel lo está involucrando por las malas, pero a estas alturas podría ser demasiado tarde y los ayatolás no tienen tantos incentivos para aceptar un trato que su contrincante ha violado descaradamente: podrían, eso sí, ser tentados a aceptarlo, a cambio de una normalización diplomática internacional y la abolición de todas las sanciones en su contra, siempre y cuando Estados Unidos pueda garantizar estas condiciones, lo que no es tan fácil. 

Justamente hemos visto cómo Israel actúa de manera independiente, aun con apoyo, pero no necesariamente con aprobación y coordinación, respecto de la voluntad de la potencia.

Israel ha contado con operaciones de inteligencia en suelo iraní por parte del Mossad y esto le ha dado seguridad y confianza para atacar y afirmar que conoce el escondite de Khamenei y los sitios de enriquecimiento de uranio, además de contar con infiltrados en muchos de los ganglios del poder en Irán, lo que podría fomentar oposiciones políticas y brechas sociales entre el polo laico y el ultrarreligioso en aquel país y su sociedad. 

Star Link de Elon Musk incluso resolvió disponibilizar la conexión de sus satélites para fomentar el uso interno de las redes sociales e Internet para tratar de generar obstrucciones fácticas al régimen, sin embargo, todavía no se han generado efectos palpables que inclinen la balanza a favor de los opositores del régimen. 

La guerra global sigue con creces, entre fuegos cruzados, focos de riesgo inminente, distractores y precipicios que se avecinan, mientras miles y miles de personas son sacrificadas en aras de intereses económicos y predatorios sin fronteras. 

Por Fabrizio Lorusso desde Sin Embargo MX

A lo largo de sus casi 46 años de historia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, ha mostrado consistencia y contundencia en las formas y los contenidos de sus luchas, las cuales han sido, a la vez, sindicales y laborales, educativas, estructurales e ideológicas. Su acción y discurso se ha diferenciado radicalmente del sindicalismo charro en México y del propio SNTE, el poderoso, antiguo y sistémico Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, otrora feudo de la maestra Elba Esther Gordillo y ente ejemplarmente corporativizado.

Los métodos de discusión y deliberación por asambleas, con tiempo y profundidad, la organización territorial y política, la construcción de agendas de reivindicación y negociación por parte de la Coordinadora deben de entenderse como guías para otros movimientos, adaptables y valiosas herramientas de lucha. En cambio, son estigmatizadas y desentendidas por la prensa, salvo contadas excepciones. 

La criminalización de la protesta social, particularmente de este tipo de organización, presentada como “radical” o incluso “obsoleta” por la comentocracia y políticos de todos los colores, ha sido un elemento persistente en décadas, construido con el fin de desviar el debate y la atención pública: el foco se centra en las formas, las anécdotas, ciertos actos considerados o propagandeados como “excesos” y en las fake news, en lugar de los contenidos y el fondo del contencioso. 

Lo mismo, en otro contexto, sucede con las manifestaciones de digna rabia de las feministas, en donde sistemáticamente los medios y la narrativa oficial se concentran sobre la supuesta “transgresión” de unas pintas en las paredes de la ciudad o de los actos de visibilización del feminicidio, que cuestionan el orden patriarcal y biempensante, en vez de contarnos cómo es posible que más de 10 mujeres cada día día sean asesinadas impunemente.

En 2006, a partir de la lucha magisterial de la sección 22 en Oaxaca, se fue conformando la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) como detonadora de una experiencia comunal histórica, muy poco comprendida en aquel momento y hasta después, en México, pero que fue un hito en el panorama mundial de las batallas contra el neoliberalismo y el capitalismo salvaje. 

En 2013, el largo plantón de la CNTE en la capital del país, desalojado con lujo de violencia y represión policiaca, rompió la retórica peñanietista del “salvador de México” y del “nuevo PRI”, recordando a todo el mundo las condiciones miserables de vida y trabajo de millones de docentes, así como la naturaleza expoliadora y destructiva de las llamadas reformas estructurales de EPN y de la insana alianza del “Pacto por México” que las promulgó. Un año después el caso Iguala-Ayotzinapa, con la desaparición de 43 estudiantes normalistas y la falsa-verdad histórica construida por el exprocurador Murillo Karam y sus cómplices, cimbraría nueva y definitivamente la credibilidad y actuación del Ejecutivo más corrupto de la historia reciente.

En este 2025, se han recrudecido los reclamos de las y los maestros disidentes por lo que, normalmente, todos los partidos y cuerpos intermedios que tengan extracción laborista y popular deberían estar reivindicando, pero en gran parte han olvidado durante la larga noche neoliberal: aumento del salario, reducción progresiva de las horas de trabajo, derechos y prestaciones crecientes, pensiones y retiro dignos, reconocimiento y bienestar efectivo.

Para incrementar o mantener derechos de este tipo, logrados a sangre y fuego por el movimiento obrero tras más de un siglo de batallas y brotes revolucionarios, en países como Francia o Italia, Estados Unidos o Alemania, hoy en día todavía, aunque quizás con menor fuerza que en el siglo pasado, transportistas y empleados públicos, docentes y riders, sindicalizados y precarios, llegan a paralizar las comunicaciones y la economía del país entero. 

En comparación, los tan criticados “métodos radicales” de la CNTE parecen realmente moderados y diplomáticos, aun cuando hayan realizado plantones, ataques contra una que otra instalación, trifulcas con periodistas o bloqueos de la “sagrada” mañanera y del “intocable” aeropuerto de CDMX. 

Es decir, sin causar daño alguno significativo a personas, la CNTE, a sabiendas de cómo funciona la negociación política en México, ha privilegiado siempre estrategias de diálogo franco, respaldadas por movilizaciones callejeras importantes, incluyendo plantones de semanas o meses, como el que, después de 24 días, acaban de levantar a manera de repliegue táctico y temporal, ante el no conseguimiento de sus objetivos principales y las contrapropuestas bastante descafeinada del Gobierno. O sea, las mesas tripartitas y concesiones tácticas no bastan, hacen falta virajes estructurales que no se ven en el horizonte, pese a que ganó la Presidencia y la mayoría de los estados, por segunda vez consecutiva, la izquierda partidista. 

Más allá de algunos incidentes menores, actos simbólicos de quema de imágenes y cierres temporales de eventos y vialidades, la CNTE no ha instrumentado con los gobiernos de la 4T repertorios de lucha realmente disruptivos, al contrario, ha mostrado cierta cercanía política, por así decirlo, “natural” y hacia la izquierda, y una actitud de construcción de propuesta razonables, pero sobre todo basadas no en fantasías, sino en prácticas y experiencias coherentes con su propia historia, con los estándares internacionales y con las mismas promesas electorales de los gobiernos de AMLO y Sheinbaum.

Digamos que ocupar por un mes el Zócalo capitalino y hacer unas marchas no representa ninguna amenaza, sobre todo si se considera que la deuda histórica con las y los educadores de México no ha sido saldada y fue objeto de sendas propuestas electorales incumplidas. 

Las y los maestros podrían incluso negociar un aumento del salario menor al requerido, o bien, la abrogación sólo parcial de la reforma educativa de AMLO, que siguió conservando sus trazos neoliberales, pese a que abrogó y en algo mejoró la mal llamada y ruin “Reforma Educativa” de Peña Nieto del 2013. Estas eran algunas  de las demandas.

Sin embargo, el núcleo de la protesta ha sido y es el tema de la jubilación, derecho sacrosanto hoy negado en los hechos no sólo al sector trabajador estatal y educativo, sino a gran parte de los y las ciudadanas del país, de manera diferenciada: nada o casi nada a quienes no se emplean formalmente, destinados a la pobreza y la exclusión o a ser mantenidos por sus familias en la tercera edad; poco o insuficiente a quienes no alcancen las semanas y los montos mínimos de sobrevivencia para la vejez; un poco más a quienes coticen siempre y tengan muy buenos salarios durante toda la vida y la suerte de contar con Afores “exitosas” en sus estrategias de inversión a lo largo de los años; y finalmente, sectores netamente minoritarios, pero beneficiados por haber entrado en los esquemas anteriores a las reformas neoliberales del 1997 (IMSS) y 2009 (ISSSTE), o que son parte de castas, cúpulas y corporaciones a nivel federal o en los estados.   

Entonces, no se entiende por qué – o quizás si se pueda entender, pero es decepcionante darse cuenta de los motivos – todo el sector público trabajador, y la población en general, no debería de apoyar la reforma o abolición, que plantea la CNTE, de la terrible Ley del ISSSTE de 2009. 

Esta fue un engendro del Gobierno de Felipe Calderón y de la más rancia vulgata neoliberal, la que predica la privatización y mercantilización de todo, especialmente si se trata de ahorros y jubilaciones de la clase trabajadoras, bien aprovechables en el mercado por Afores rapaces y bancos irresponsables. 

En cambio, lo que sucede es que la lucha de la Coordinadora, cíclicamente, se queda aislada y estigmatizada injustamente por todo un aparato mediático y político que forja el grueso de la opinión pública y genera respuestas distorsionadas, frente a legítimas peticiones. 

De hecho, pese a los parches, insuficientes pero justos y debidos, que implementó el Gobierno de López Obrador con la pensión para adultos mayores y las reformas del 2020 y 2023 sobre comisiones, semanas cotizadas, fondo de pensiones para el bienestar, el sistema substancialmente no ha cambiado y es profundamente injusto, privatizado y neoliberal, sin más. 

La CNTE evidencia de manera clara esta contradicción y por eso es atacada a diestra y siniestra, de derecha a izquierda, porque en el fondo está mostrando que no basta con sostener el viejo sistema con paliativos y medidas medio reformistas o socialdemócratas blandas, sino que hay que concebir y realizar otro sistema, solidario, con garantía y preminencia del Estado. 

Pero es cierto, como remarca la Presidenta, que no hay muchos recursos para ello. Pues sí, un verdadero estado del bienestar, que aún no existe en México o se considera muy incompleto y estratificado, es costoso y comporta desafíos grandes para su implementación. Y, además, quien tendría que pagarlo son las clases, capitales y empresas más privilegiadas, lo que involucra potenciales y prolongados conflictos políticos y de clase en caso de que se plantee. No obstante, un Gobierno con enormes consensos electorales y de opinión pública podría hacerlo, en vez de excusarse en la falta de recursos.   

En efecto, la fiscalidad actualmente está en vilo, las cuentas pueden comprometer el plan de transformación y justicia social de la 4T, sobre todo tras los embates de la Administración Trump 2.0 y las guerras en curso, sin embargo, una vía muy clara, de izquierda, posible, factible y deseable sí existe: se llama reforma fiscal progresiva, con impuestos patrimoniales y mejora de la recaudación para garantizar a futuro, incluso a nivel constitucional si fuera posible, los recursos para transformaciones, reformas y redistribuciones permanentes de la riqueza, la justicia y los derechos.   

Por Fabrizio Lorusso desde Sin Embargo MX