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En Guanajuato el hallazgo de fosas comunes ilegales o “fosas clandestinas” masivas se ha transformado en una pesadilla recurrente que los medios de comunicación y la sociedad, lamentablemente, van normalizando o asimilando, con resignación, al “panorama forense” local. Presa del Conejo en Irapuato, el predio Rancho Nuevo Barrio de San Juan en Salvatierra, Cerro del Toro en Acámbaro, El Sauz de Villaseñor o Rincón de Tamayo en Celaya, Los Ramírez o Barranca de Venaderos en León, entre muchos otros lugares, tras el descubrimiento de decenas de cuerpos en fosas masivas y sitios de exterminio, han ido reconfigurando la geografía y la memoria de los territorios que han vivido y viven oleadas impunes de múltiples violencias. 

Los pasados viernes 23 y sábado 24 de mayo la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) informó del hallazgo de 17 cuerpos enterrados ilegalmente dentro de una casa abandonada en la localidad de Rancho Nuevo del Llanito. La comunidad pertenece al municipio de Irapuato, se ubica al norte del mismo, en las colindancias con Silao y en la ruta para Romita. En otro comunicado del 28 de mayo la institución de procuración de justicia informó asimismo de la identificación de 13 de las 17 personas que se encontraban inhumadas en el inmueble.

Según la FGEG, aproximadamente los cuerpos tenían unos dos-tres meses, a lo mucho, en aquel lugar, que fue utilizado como sitio de ocultamiento y disposición de cadáveres, aunque también fueron encontrados cuchillos, machetes, picos, palas y prendas de vestir, por lo que, además de dar con los perpetradores, la fiscalía deberá aclarar si también allí las víctimas fueron asesinadas. La casa se encuentra justo al final de una calle céntrica de la ranchería, al costado de una cancha de futbol que es un punto de reunión y referencia de la comunidad.

Según el seguimiento de hallazgos que realizamos desde la Ibero León y la Plataforma por la paz y la justicia en Guanajuato, utilizando las fuentes disponibles, es decir, prensa, Fiscalía estatal, Comisión estatal de búsqueda (CEBP), brigadas independientes de colectivos, el fenómeno de las fosas no ha dejado de crecer año tras año, aunque la gran mayoría, cerca del 80 por ciento del total han sido localizada entre 2020 y 2025.

Del primero de enero de 2009 al 30 de junio de 2024, tenemos registro de 349 contextos de hallazgo que tenían en total unas 660 fosas clandestinas, con mil 245 cuerpos, en el territorio de Guanajuato. 

Según un análisis preliminar de datos de FGEG y CEBP, obtenidos por transparencia, durante la segunda mitad del 2024 (julio-diciembre) se sumaron a estas cifras, unas 30 fosas más, con 53 cuerpos.

Tan sólo entre enero y marzo de este año la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas ha reportado el encuentro de otras 33 fosas clandestinas, en 26 distintos lugares o sitios de hallazgos, con un estimado de cuerpos o restos individualizados de 54 personas. 

En una estimación del total, se registran en Guanajuato 723 fosas clandestinas entre 2009 y marzo de 2025, con unos mil 352 cuerpos recuperados de estos sitios. 

Es una situación que no puede ser normalizada o reducirse a la mera estadística, sino que debe de considerarse en su gravedad y dimensión social, con un impacto expansivo de la violencia que sacude, atemoriza, paraliza y modifica de raíz la vida de las comunidades afectadas y de toda la población. 

Rancho Nuevo del Llanito fue una comunidad relativamente cohesionada, parte de ese campo mexicano que antes nos daba alimento y ahora es escenario para la búsqueda de personas desaparecidas y la aparición de fosas comunes. 

El 18 de enero de este año, acompañamos al papá y a la mamá del joven José Salvador Cárdenas Fuentes, quien tenía 20 años y vivía con la familia en Rancho Nuevo del Llanito, en el acto de disculpa pública que tuvo que ofrecerle la SEDENA por la desaparición forzada que cometió el 17 de marzo del 2017 en contra de su hijo. En este enlace puede leerse más de su historia y proyecto de vida truncado (link).

José Salvador fue hallado sin vida una semana después de su desaparición, hace ya ocho años, y, como parte de una reparación integral por violación a derechos humanos, dictada dentro de un juicio de amparo por la Jueza Karla Macías, del Distrito IX de Irapuato, mandos del ejército dieron un discurso público reconociendo su responsabilidad en los hechos. Entre 2016 y 2017 se intensificó la presencia castrense en la región en el marco del combate al robo de combustible de un grupo criminal, el Cártel Santa Rosa de Lima, que estaba potenciándose vertiginosamente gracias a este huachicol y a la permisividad de autoridades. 

Asimismo, mientras crecía la participación militar en tareas de seguridad pública en la entidad, particularmente en el llamado “corredor industrial”, en marzo 2019, después de más o menos un mes de cierre a los ductos de Pemex, fue lanzado un operativo conjunto de la Marina con fuerzas estatales llamado Golpe de Timón, el cual culminó con la detención del líder del cartel el 2 de agosto de 2020, cuando elementos del Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato lograron dar captura a Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”. Esto no bajó los índices de violencia, los homicidios y las desapariciones, al contrario, su escalada ha sido imparable, salvo breves periodos, y Guanajuato se ha ubicado en primer lugar nacional por los asesinatos de 2018 a la fecha, mientras que las desapariciones crecieron unas ocho veces, pasando de 621 casos en abril del 2018 a 4 mil 855 en abril de 2025.

En este contexto, la comunidad de Rancho Nuevo del Llanito, que en su momento había sido considerada por sus propios pobladores como unida y cohesionada, misma que salió compacta en la búsqueda de José Salvador en ese marzo de 2017, y que fue apoyando a la familia en su reclamo a los militares para que lo restituyeran con vida, ha experimentado un deterioro de su tejido social y seguridad, con presencia del crimen organizado y, cada vez más, de hallazgos tremendos como el del viernes 23 de mayo.

Según el mapeo de fosas publicado en el Centro de Datos Ibero León, Irapuato es el municipio con más fosas clandestinas, cuerpos encontrados y contextos de hallazgo del estado, pues fueron hallados 262 cadáveres en 102 fosas clandestinas, ubicadas en 63 distintas localidades o lugares de su territorio entre 2009 y junio de 2024. Siguen Salamanca, Juventino, Acámbaro, Celaya, Salvatierra y Villagrán, con decenas de cuerpos inhumados clandestinamente y exhumados en estos 15 años.

Particularmente en la zona de Rancho Nuevo del Llanito, llama la atención que han sido encontradas decenas de fosas en al menos 15 lugares distintos, en comunidades muy cercanas una de la otra, sobre todo en los años de 2019 y 2020, señaladas por la prensa, pero también en 2022 y 2023, ya con base en informes de la comisión local de búsqueda, de la fiscalía y de la Brigada Independiente de Búsqueda del Colectivo Hasta Encontrarte, el cual tuvo hallazgos positivos en la localidad de San Vicente, colindante con Rancho Nuevo del Llanito.

En San Antonio el Rico, en una finca al lado de una cancha de futbol, muy cerca de Rancho Nuevo del Llanito, el 6 de diciembre 2019 fue descubierta una fosa clandestina masiva con 16 cuerpos, que marcó el inicio de una secuencia de hallazgos de este tipo en ese periodo y sucesivamente.  

Para tratar de evitar la repetición de los hechos y dignificar la memoria de las personas que fueron ocultadas y luego encontradas en fosas comunes en Guanajuato, así como para recordar que fueron víctimas de graves violaciones a derechos humanos y violencias con raíces y explicaciones sociales, estructurales, de género, políticas, y no sólo criminales o “genéricas”, es que en Salvatierra siguen caminando las reivindicaciones del colectivo Ángeles de pie por ti para la creación de un sitio de memoria en el lugar donde fueron encontradas 81 personas sepultadas clandestinamente en 2020. Allí, en ese pueblo mágico, que de alguna manera representa a muchos más en el país, no ha llegado la justicia y los perpetradores de crímenes atroces siguen libres, caminando en las calles, por decisiones judiciales cuestionables (por ejemplo, de la IV Sala Penal del Tribunal de Guanajuato, sugiero revisar hilo de X de Laura Sánchez Ley) y la mala construcción de los casos. 

Son muy pocos en el país los casos de hallazgos de este tipo, o bien de los crímenes relacionados con estos, que llegan a ser, del todo o al menos en parte, judicializados y aun así el camino es totalmente cuesta arriba. Así lo ha sido en caso de la familia Barajas Piña, de Salvatierra, por los muchos embates de la justicia en el caso de la desaparición y asesinato de su hija, Lupita, y la muerte de su hijo, Javier, “culpable” de seguir en la búsqueda y haberla encontrado, y luego asesinado por integrantes de los mismos grupos delincuenciales que mantienen la región en jaque y bajo amenaza. 

En los próximos días será la decisión de la Magistrada Luz Elba de la Torre Orozco, actualmente en campaña en la elección del 1 de junio del poder judicial, la que se espera podría revocar la suspensión de la aprehensión en contra de los presuntos responsables. Vamos a estar al pendiente.

En la espera de que se haga justicia y se rompa el círculo de impunidad que reproduce este “panorama forense” de desapariciones, impunidad y fosas, los trabajos de memoria han servido para abonar a la verdad y tratar de reconstruir comunidad y dignidad para los testigos de la violencia, quienes fueron encontrados y quienes todavía son buscados y buscadas por sus familias. 

Por Fabrizio Lorusso desde Sin Embargo

El 8 y 9 de junio se realizará en Italia un referéndum popular para que cerca de 48 millones de ciudadanos y ciudadanas con derecho al voto expresen su preferencia acerca de cinco preguntas. Estas tienen que ver con derechos laborales y ciudadanía para extranjeros residentes.

¿De qué van las preguntas? Una es sobre reducir de 10 a 5 años el periodo de residencia regular de una persona extranjera para obtener la ciudadanía italiana, algo que estabilizaría la situación de vida, familiar y laboral de por lo menos 1.4 millones de migrantes, facilitaría su integración, y ayudaría incluso el crecimiento poblacional de un país en que ya no se hacen hijos.

Esto implicaría volver a los requisitos de ciudadanía anteriores a 1992 y alinearse a la mayoría de las naciones europeas. Sin embargo, al tener un Gobierno con posiciones xenófobas y personajes influyentes con evidentes tendencias racistas, ha sido complicado promover y dar a entender a la opinión pública los beneficios de esta inclusión.

El ejecutivo de Giorgia Meloni recientemente ha restringido las condiciones para que descendientes de personas italianas de tercera o cuarta generación puedan sacar su pasaporte y ciudadanía, o sea, ha estado limitando el alcance del ius sanguinis, principio jurídico que determina la nacionalidad de una persona por la nacionalidad de sus padres, independientemente del lugar de nacimiento. Por eso, sería importante que, por lo menos, como forma de “compensación”, disminuyeran los años de residencia necesarios para “nacionalizarse”.

La primera analogía con México es lo que está pasando con Trump 2.0 recargado al norte del Río Bravo, en donde el Presidente, apoyado por una banda de trumpistas más radicales que su jefe, está decretando expulsiones, sanciones, terror y redadas en contra de las y los migrantes, tachándolos de delincuentes a priori para deportarlos y transformar la movilidad humana en un crimen de por sí.

Las ilusorias narrativas del melting pot (punto de fusión, asimilación al “pueblo americano”) y del american dream se topan ahora con un soberanismo malentendido en Estados Unidos, que se traduce en rechazo del otro y en un identitarismo excluyente. ¿Qué votarían las y los mexicanos en EUA si pudieran decidir una reducción a la mitad de los años necesarios para estabilizarse e integrarse en aquel país?

Las otras preguntas del referéndum en Italia, si llegara a ganar el SÍ, conllevarían mayores derechos laborales y palancas de negociación para las personas trabajadoras. Estos derechos fueron restringidos con medidas francamente neoliberales y de desregulación del “mercado del trabajo” en 2015, durante el Gobierno de centroizquierda (sic) de Matteo Renzi.

Ahora, se pretende votar para que haya responsabilidad en materia de seguridad laboral por parte de las empresas que subcontratan a otras para realizar obras, para que los patrones tengan que justificar cuando usan contratos precarios o de tiempo determinado y no indefinido, y para que los jueces puedan determinar más contundentemente reintegros en sus puestos y/o indemnizaciones mayores a quienes sufrieron despidos injustificados. Claro está que elites empresariales y patronatos invitan a no votar por estas medidas bajo la amenaza de que se va a perder “flexibilidad” para contratar y gestionar el negocio y va a haber más desempleo y menor productividad. ¿Les recuerda algo?

Aunque en un contexto distinto, la debacle italiana recuerda el debate mexicano, aún irresuelto y desgastante, que ya tiene unos 60 años de retraso frente al resto del mundo, sobre la reducción del horario laboral de 48 a 40 horas, así como lo fue en su momento, en el sexenio de AMLO, la discusión sobre el aumento al salario mínimo y a las pensiones, con la firme oposición de sectores recalcitrantes a ceder un pedacito del pastel.

El referéndum italiano ha suscitado mucha atención en los países de América que históricamente han tenido más vínculos con Italia, ya sea porque fueron receptores de millones de emigrantes italianos en el siglo XIX y XX, como Estados Unidos, Brasil, Argentina y Venezuela, o bien porque en las últimas décadas una parte importante de su propia población en el exterior trabajó en Italia o allí reside, como por ejemplo es el caso de Ecuador, Perú, El Salvador, o la misma Argentina.

Se calcula que hay entre 60 y 80 millones de descendientes de italianos en el mundo, pero su concentración es impresionante en países como Brasil y Argentina: en Argentina entre el 60 por ciento y el 70 por ciento de la población tiene algún nivel de ascendencia italiana, y se trata entonces de entre 25 y 30 millones de personas, mientras que, en Brasil, alrededor de 36 millones de personas, poco más del 15 por ciento de la población total, tienen origen italiano. En Estados Unidos, hay aproximadamente 20 millones de personas con ascendencia italiana, más o menos el 5.6 por ciento de la población.

Una parte de estos descendientes, mayores de edad que han tramitado y conseguido la ciudadanía italiana en algún momento, más los italianos que nacieron en el país y salieron al exterior más recientemente, como quien escribe esta columna, tienen derecho a votar desde el exterior.

Se estima en 5.5 millones el número de personas italianas residentes en el exterior, siendo más de 4.7 millones las que pueden votar en este 2025. Esto es más o menos el 10 por ciento del padrón electoral nacional, un dato nada despreciable que, cada vez más, viene siendo más relevante y determinante, aunque la participación de residentes en el exterior en las elecciones ha sido muy baja, ya que no ha superado el 20-25 por ciento promedio.

En este importante referéndum del 8-9 de junio indican las predicciones de las encuestadoras que no se va a alcanzar el quórum del 50 por ciento más uno para que tenga validez, y el Gobierno de derecha de Giorgia Meloni, así como buena parte de los medios de comunicación del Estado y privados, se están dedicando a menospreciar, boicotear o inhibir el voto popular, justo cuando se trata de ampliar derechos laborales y de ciudadanía para las y los inmigrantes.

Políticos y partidos de centro y conservadores invitan a la gente a no votar, a irse a la playa, y presentan la consulta como “algo de las izquierdas”, pues es promovido, entre otros actores, también por el principal sindicato de trabajadores, la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL).

Esta terca oposición a la expresión popular directa mediante el voto referendario igualmente llama la atención si la cotejamos con lo que está pasando en México con la elección del poder judicial federal del próximo primero de junio: una selva de comentaristas, corifeos y catastrofistas promueven activamente el boicot, con el fin de deslegitimar el proceso y los resultados, lo cual conlleva, a la vez, un proceso incipiente de desestabilización del Ejecutivo de Claudia Sheinbaum. No estoy diciendo que no se deban evidenciar, criticar y rectificar las distintas y numerosas fallas del proceso, sin embargo, si en lugar del recurso de la voz y la incidencia, sólo se usa la “salida” y el boicot, esto no abona a la democracia que se declara defender.

Estas formas de menosprecio por la democracia directa, cuyo corolario ha sido la difusión de notas falsas y mentiras sobre estos procesos y, en general, sobre las medidas gubernamentales, las hemos visto también cuando la consulta de revocación del mandato de López Obrador o cuando la pandemia de la COVID-19 con la “invitación” de grandes empresarios, léase Salinas Pliego y compañía, a salir a trabajar de todos modos, como bien lo analizaron las periodistas Carolina de Nova y Laura Sánchez Ley en Chamuco Media.

Volviendo a Italia y a su gran diáspora en el mundo, al respecto, aunque suene utópico, sería interesante poder movilizarla para que el resultado del voto sea válido y se amplíen derechos laborales y de ciudadanía: es una tarea que se antoja titánica por la enorme dispersión y desinterés político de la mayoría de estos votantes, y a pesar de que sí hay partidos políticos, instituciones públicas, representaciones consulares y organizaciones sociales italianas en todas las latitudes que tratan de fomentar la participación.

En el caso de los referéndums lo es mucho más, porque si en el voto popular no se alcanza el quórum, pues el resultado no tiene efectos legales, lo que en muchas ocasiones se convierte en una oportunidad perdida para el avance de importantes derechos sociales, laborales, económicos, entre otros.

El abandono de la arena y la esfera pública y política, la desafección con los destinos y decisiones comunes o compartidas dentro de una comunidad como la nacional, puede llevar a una nueva concentración de poderes y a decisiones ruines para las mayorías, desancladas, más indiferentes, privadas de derechos poco a poco: la analogía de esta situación entre México e Italia es evidente, de nuevo con referencia al poder judicial y al uso de consultas populares, que no parecen despertar todo el interés que ameritan, aunque cabe mencionar que en el caso mexicano sí ha habido un proceso de politización y participación creciente desde la óptica de gobiernos populares y, sobre todo, de movimientos sociales de larga data que han empujado la apertura política del sistema.

La lucha desde abajo, la organización social y popular, cuando siguen activas y movilizadas, constituyen un pivote fundamental, persistente, para la ampliación de derechos y reivindicaciones ante las élites y los poderes fuertes, fácticos e institucionales. Sin embargo, asimismo, un impulso significativo puede llegar “desde arriba”, mediante cambios legislativos radicales que incluso “se adelanten” a los tiempos, y modifiquen costumbres inveteradas y disposiciones retrogradas.

Esto puede ser a través de representantes genuinamente populares en el congreso, pero, y aquí está la importancia de este tipo de consultas directas en distintas naciones, puede ser también a través de los referéndums, propuestos mediante recolección de firmas por la ciudadanía: fue el caso, en Italia, por ejemplo, del divorcio, cuya prohibición fue derogada por este tipo de consulta en 1974, o, en 2011, el voto contra la privatización y mercantilización de un bien común que estaba siendo depredado, como es justamente el agua, o en contra de la producción en el territorio nacional de energía nuclear.

En la historia de la República, además de estos cinco, hubo otros 78 referéndums que, según lo prevé la Constitución, se han usado principalmente para abrogar leyes, o bien, para aprobar o rechazar aquellas reformas constitucionales que no hubieses tenido mayoría calificada en las cámaras en dos rondas de votaciones. Ojalá y en México, después de julio, surja una Suprema Corte de este tipo, renovada, legitimada desde abajo, y que responda a ciertos intereses de clase y a no otros, los de arriba, como ha tendido a hacer desde que Zedillo dio el manotazo y la “recreó” a su imagen y semejanza.

En el llamado bel paese, el primero y supremo de estos ejercicios de democracia directa fue el llamado Referéndum Institucional de 1946, cuando casi el 90 por ciento de la población acudió a las urnas para girar página después de más de 20 años de dictadura fascista y la desastrosa 2ª Guerra Mundial, pues la mayoría decidió que Italia sería una República y ya no una monarquía.

De hecho, la casa reinante de los Savoia ya se había exiliado en Portugal, o sea, había escapado y dejado al país cuando iba perdiendo la guerra, y su retorno quedó prohibido constitucionalmente hasta el 2002. En 1948, año que el mundo recuerda por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, entró en vigor la nueva Constitución italiana, elaborada por una Asamblea Constituyente, elegida también por el pueblo en 1946.

Su artículo primero reza lo siguiente: “Italia es una república democrática fundada en el trabajo. La soberanía pertenece al pueblo, que la ejercerá en las formas y dentro de los límites de la Constitución”, por lo que destaca la centralidad del trabajo y de la soberanía popular en la Ley Fundamental. La consulta inminente de eso trata, incluir a las y los migrantes en esta soberanía y no seguir la línea xenófoba a la Trump, y ampliar el sentido de una democracia cansada, que debería “fundarse en el trabajo”, pero que se ha estado degradando en la precariedad y la expulsión de jóvenes, o en la escasa integración de quienes se quedan, nativos y recién llegados. Esta es la paradoja, Italia, como México, es tierra de gente que emigra, pero también recibe y es país de tránsito, pero no ha estado a la altura de este reto humanitario y estratégico.

En este sentido, aunque tenga pocas posibilidades concretas de pasar, la victoria del SÍ en los referéndums de junio en Italia representa una bella esperanza, así como lo es, paralelamente, la opción por democratizar cada vez más el escrutinio público, la vida política y la instituciones en México.

Fabrizio Lorusso, Sin Embargo MX

En diferentes textos tanto científicos y académicos como de divulgación, especialistas en materia de violencia, desaparición de personas y organizaciones de familiares, como Karina Ansolabehere, Álvaro Martos y Sandra Serrano, desde su labor en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad, entre otros espacios, han contribuido significativamente al entendimiento y enmarcamiento de un fenómeno tan complejo como las desapariciones en el México contemporáneo, de la época de la contrainsurgencia a la llamada “guerra a las drogas”.

Me interesa particularmente comentar en esta columna algunos aspectos y conceptos contenidos en el libro que han coordinado y que ha sido publicado por la UNAM el año pasado, titulado Desapariciones y Regímenes de Violencia. Lecciones desde México.

La premisa con la que arranca la obra es la siguiente, y vale la pena citarla enteramente:

En México, entre 1964 y 2023 desaparecieron más de 200 mil personas, y más de 100 mil permanecen desaparecidas. El 80 por ciento de estas desapariciones ocurrieron después de 2007, año del inicio de la denominada “Guerra contra el narcotráfico”, iniciada por el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). Durante este periodo el país es considerado una democracia electoral, de acuerdo con el índice de V democracy. En este periodo también más de 300 mil personas han sido asesinadas. Esta situación desafió la explicación de la estrategia de la desaparición como propia de los regímenes autoritarios y de situaciones de conflicto armado. Desapariciones generalizadas coexisten con un régimen democrático, y son cometidas tanto por agentes estatales como por particulares (organizados o no).

La idea es construir un marco conceptual que abarque distintas dimensiones y lógicas intrínsecas de las desapariciones, caracterizadas por ciertos patrones y repeticiones, en el contexto de un conjunto de reglas, actores y condiciones que posibilitan el ejercicio, difusión y circulación de la violencia en distintos momentos y territorios de la historia y la geografía país.

Es una manera de comprender la continuidad de los modelos y ciclos represivos instrumentados desde el Estado y el crimen organizado a lo largo de las “transiciones mexicanas” (políticas, económicas, reales, abanderadas e imaginadas) en el paso entre el siglo XX y el XXI.

Ante los mecanismos y dispositivos de la desaparición de personas en México, dentro de determinados regímenes de violencia, las y los familiares, personas buscadoras, sobrevivientes, testigos, colectivos y organizaciones sociales y solidarias han ido desarrollando repertorios de lucha, visibilización, unión, búsqueda y, finalmente, de resistencia contra el olvido, la estigmatización, las violencias y la necropolítica.

Hoy en el país hay más de 128 mil personas desaparecidas. En el caso de Guanajuato, son al menos 4 mil 885, según datos la Fiscalía Estatal y el registro nacional, obtenidos vía plataforma nacional de transparencia. Cabe considerar, asimismo, que estas cifras no han dejado de crecer en los últimos tres sexenios, particularmente en el tramo 2018-2024: en Guanajuato, por ejemplo, los casos se multiplicaron ocho veces desde 2018.

Detrás de cada persona desaparecida hay proyectos de vida truncados, comunidades en quiebra, círculos concéntricos de dolor, miedo y rabia, y los efectos de una violencia expansiva, la cual es directa y difusa, pero también sociopolítica y sistémica, criminal e institucional a la vez.

Por lo tanto, es importante poder contar con cada vez más herramientas de análisis del contexto y comprensión de las realidades heterogéneas y complejas, pero con ciertos rasgos comunes, que atañen a las desapariciones y a la acumulación de agravios, estructurales y coyunturales, que las anteceden y facilitan. Un feminicidio, una desaparición, la aparición de hallazgos en fosas comunes o el desplazamiento forzoso de personas de sus comunidades no son fenómenos casuales o aislados, sino que se han vuelto sistemáticos, generalizados, entrelazados entre sí y con otras formas de descomposición del tejido social.

Se identifican, a partir de los trabajos arriba mencionados, entre otros que se han ido sumando desde el periodismo, los colectivos de búsqueda y la misma academia, cuatro lógicas detrás de las desapariciones, a saber: la clandestinidad, la construcción de “sujetos desechables”, la “pérdida ambigua” y el beneficio económico, a las que considero podemos agregar una quinta característica que también, como las otras, se extiende de las desapariciones del siglo pasado a las actuales, preocupantemente, sin discontinuidad: la impunidad.

La primera lógica se inserta en la definición y naturaleza misma de la desaparición, o sea, el acto clandestino de esconder la violación de derechos humanos cometida.

La segunda consiste en asimilar a las personas desaparecidas con categorías de “personas desechables”, como forma de la necropolítica y la construcción del “enemigo”, como alguien a quien se puede desaparecer sin consecuencias porque ha sido previa y arbitrariamente clasificado como marginal, desviado o antisocial. La narrativa política y mediática ha sido fundamental en esta narrativa desviante y falseada que segrega y, eventualmente, prepara la eliminación simbólica y física de una parte de nuestra sociedad.

La tercera es el uso de la “pérdida ambigua”, que incorpora la imposibilidad del cierre del duelo, el desconocimiento de la situación del ser querido desaparecido y la incerteza extrema sobre su vida y paradero, por parte de las familias como forma de control social y disciplina.

La cuarta lógica es la que responde a una forma de economía política de las desapariciones, y que mantiene la dimensión del beneficio para los perpetradores y sus proyectos, incluyendo desde luego grandes obras extractivistas, despojos territoriales y de recursos, tráficos lícitos e ilícitos, explotación de cuerpos y fuerzas humanas, dentro de circuitos de la desaparición que alimentan la voracidad del capital y su acumulación.

Me parece que es posible agregar a estas cuatro lógicas una quinta dimensión, la impunidad de las desapariciones, que ha constituido un rasgo prevalente y persistente a lo largo de más de cinco décadas en México.

Y lo ha sido tanto a lo largo del tiempo, desde la época de la contrainsurgencia o “guerra sucia” hasta el periodo de la llamada “guerra al narcotráfico”, como a través de la geografía y de la constelación institucional nacional, así que entraña por lo menos tres dimensiones:

1. La responsabilidad estatal por acción, omisión o aquiescencia en graves violaciones a los derechos humanos.
2. La complicidad con redes criminales, empresariales y políticas que convergen en la perpetuación y profundización de una crisis que es forense, social, de la justicia y, por ende, humanitaria.
3. Y, finalmente, la miopía y falta de voluntad política para plantear y llevar a cabo el progresivo desmantelamiento de engranajes, dispositivos y condiciones que han hecho posible, asequible y ventajoso el uso y circulación de esta tecnología represiva y política.

Además de ofrecer múltiples y diversas perspectivas, un avance importante de la obra “Desapariciones y regímenes de violencia” es que ofrece un acercamiento y tipificación a las lógicas de la resistencia que se oponen a los trabajos de la violencia, “en la medida en que son acciones que las personas sometidas al control ejercido a través de las desapariciones realizan para modificarlo”, citando a Ansolabehere.

Por lo tanto, se plantean cuatro lógicas de la resistencia frente a las correspondientes mecánicas de la desaparición:

1. Verdad y justicia sobre el régimen de violencia ante la clandestinidad.
2. El aprecio y el reconocimiento frente a la construcción de una población desechable.
3. La organización, movilización y participación en resistencia contra la pérdida ambigua.
4. La visibilización de quién gana y quién pierde para contrastar la economía política de las desapariciones.

Mediante estas categorías es posible comprender mejor, enfocar, las acciones de búsqueda y las reivindicaciones de verdad, memoria, justicia y no repetición, sostenidas y enarboladas durante años y años por colectivos, brigadas, caravanas y personas que han vivido directa o indirectamente la desaparición y sus efectos, o que son solidarias con estas. Y de eso también se trata, entender y visibilizar para empatizar y activar redes de solidaridad y acción antimafia.

Consecuentemente, agregaría en este modelo una quinta lógica de resistencia a la impunidad y sus correlatos de injusticia, la que se describe como búsqueda, memoria y contencioso, es decir, estrategias legales o de litigio.

O sea, se concreta en un repertorio de luchas y búsquedas en campo, pero también a través de las opciones legales, políticas y simbólicas para la fracturación de los pactos de silencio e impunidad y de los legados de no-justicia.

Repertorios de agencia cívica, movilización social de las víctimas y construcción de ciencia ciudadana pueden traducirse en acciones colectivas como la denuncia pública por parte de las víctimas y personas solidarias; los procesos de registro, documentación y archivo de casos para fines de memoria, verdad y justicia; la activación de herramientas jurídicas del derecho interno e internacional (amparos judiciales, cabildeos legislativos, quejas en procuradurías de derechos humanos estatales y la CNDH, Acciones Urgentes y Comunicaciones Individuales ante la ONU o peticiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras); la edificación de memoriales que señalen responsabilidades o responsables; el litigio estratégico acompañado por especialistas del derecho y organizaciones de la sociedad civil; la creación de mesas de trabajo y discusión directa con autoridades. Son ejemplos que se insertan dentro de una lógica de oposición a la impunidad y sus aristas y que abonan al avance de procesos de verdad y justicia.

Un régimen de violencia, en que se insertan las desapariciones, se puede concebir como un conjunto de reglas para el acceso, el uso y la circulación de la violencia en un territorio y tiempo determinados.

Los análisis del contexto para la búsqueda y la investigación de casos de desaparición, previstos incluso en la misma legislación como deber y atribución de autoridades como las fiscalías y las comisiones de búsqueda, deberían abrirnos la mirada a las redes macrocriminales y a los poderes legales y fácticos, establecidos en una región y un periodo histórico dado. Y digo “deberían” porque en realidad han sido pocos y erráticos los materiales de análisis de contexto, elaborados y disponibilizados por las autoridades. Por ejemplo, es fundamental comprender el micro y macrocontexto, social, económico, criminal y político, que antecedió la noche de Iguala del 26-27 de septiembre de 2014 y la desaparición forzada de 43 normalistas para caminar hacia la verdad, la justicia y su localización. Esto parece una banalidad, pero por meses y años, este “contexto” ha sido manipulado, ocultado y reducido a chismes y disputas locales por medios de comunicación y partidos políticos, junto con la tradicional opacidad del estamento militar. Teuchitlán, en este 2025, no puede simplemente asimilarse el caso Ayotzinapa, aunque se repite el hecho de que también la comprensión del contexto aparece difuminada y ensuciada por actores políticos, mediáticos e intereseros que acaban negando el derecho a conocer los hechos y su alcance real en todo Jalisco, con sus redes y complicidades mafiosas históricas.

Al respecto, considero que todavía la academia y la universidad también deben mucho a la sociedad, particularmente en el trabajo conjunto y respetuoso con los saberes generados por los colectivos y las personas buscadoras, y en contribuir más a través de la conformación de redes y ecologías de experiencias y conocimientos, así como aprovechando vínculos y fuentes, locales y orales, para comprender quién autoriza crimen y violencia en los territorios y tiene la capacidad de utilizar las desapariciones, las fosas clandestinas y otros medios del terror para imponer su dominio.

Por Fabrizio Lorusso desde Sin Embargo MX