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Si bien, en este primer año del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum, avanzan los procesos de reforma y elección popular del poder judicial y los reajustes en materia de seguridad a nivel federal, de momento brillan por su ausencia las discusiones y las propuestas, ventiladas durante la campaña electoral, de reestructuración profunda de las fiscalías, las policías locales, el sistema penal y penitenciario, y, más en general, la definición de la relación civil-militar. 

Procurar injusticia. Los orígenes golpistas del sistema penal represor que ha gobernado México es el título del más reciente libro del académico, abogado y escritor Carlos Pérez Vázquez, y, de alguna manera, nos viene a recordar la gran deuda acumulada en décadas y décadas de simulación de la justicia y militarismo institucionalizado, incorporado en la legislación y la praxis de la procuración e impartición de la justicia y de la seguridad pública.

La premisa es que las añejas y persistentes fallas sistémicas en materia de justicia, verdad, derechos humanos y en el carente combate a la corrupción y a la impunidad han sido un lastre para la democracia en México y se derivan de precisas decisiones políticas y acontecimientos históricos. 

El autor, mediante ejemplos, documentos, casos y análisis historiográfico y jurídico, traza una atenta genealogía del que llama “sistema de procuración de injusticia” del país, desde la Independencia y la Reforma, pasando por la Revolución, la Constitución del 17 y, finalmente, un momento clave y dramático de la historia nacional: el Plan de Agua Prieta del 23 de abril de 1920, redactado por Plutarco Elías Calles y liderado por Adolfo de la Huerta, y el consecuente golpe de Estado de un grupo de generales, como Álvaro Obregón y el grupo sonorense, en contra del entonces Presidente Venustiano Carranza, quien fuera asesinado. 

Pérez Vázquez nos muestra cuáles presidentes, militares, procuradores generales, congresistas y servidores públicos durante el siglo XX y XXI nos heredaron un sistema concebido para garantizarle a funcionarios y aparatos del Estado, impregnados del ADN y las prácticas militaristas, el poder de reprimir a las disidencias con impunidad e inclusive de ser premiados por perpetrar crímenes de lesa humanidad en contra del pueblo. 

Se trata de una serie de normas, leyes militares y aparatos de Estado, surgidos de extendidos y cruentos conflictos políticos y armados, traiciones y conspiraciones, durante y después de la Revolución, pensados para la sumisión de opositores, la gobernabilidad autoritaria y el mantenimiento de un orden de origen militar bajo el manto de presidentes que, a partir de Miguel Alemán en 1946, serían civiles.

El sistema penal, particularmente, se ha instrumentado con fines de control político desde la verticalidad de la pirámide del poder, y no para lograr la tan ansiada justicia y una democracia sustancial, con derechos humanos y garantías para la población. 

La tesis central del texto es que, como apéndices del poder militar, “las procuradurías de justicia deben verse como parte fundamental de la estructura de poder del régimen autoritario producto del golpe de Estado de Agua prieta de 1920” y que ese evento “derivó en una serie de leyes y normas” con visión vertical, autoritaria y militarista que “en vez de privilegiar la seguridad jurídica de las personas, se diseñó y ejecutó fuera del marco constitucional para conservar el poder político castrense adquirido en forma criminal, facilitando las condiciones de represión y exterminio de las oposiciones políticas por un siglo”.

La idea de la “procuración de injusticia” como sistema me parece complementaria, interesante y útil respecto de otro concepto, el de crimen autorizado, que han trabajado, de manera independiente, autores y autoras como la periodista Marcela Turati, con su libro San Fernando. Última parada: Viaje al crimen autorizado en Tamaulipas, y el académico Samuel Schmidt, autor del libro Crimen autorizado: La estrecha relación entre el Estado y el crimen. En este texto y anteriores, se define así: 

Crimen autorizado postula que la actividad criminal como la que lleva a cabo el crimen organizado no se da en el vacío, sino que opera en conjunto y asociado con personal del Estado: policía, funcionarios públicos y jueces, en uno o mas niveles de Gobierno (municipal, estadual, federal). Entre las múltiples formas de asociación encontramos: policías trabajando como sicarios, trabajando para los carteles, trabajando como cartel; fuerzas del orden y legales protegiendo actividades criminales como la venta de drogas y mercancías robadas, militares trabajando en complicidad con criminales, funcionarios aprobando o estimulando violaciones a la ley. Buscaglia [Edgardo, autor del ensayo Vacíos de poder en México: Cómo combatir la delincuencia organizada] encuentra el fenómeno, pero supone que es un proceso de penetración del Estado por los criminales, descrito en cinco niveles y asumiendo que las mafias luchan por capturar al Estado, mientras que nosotros sostenemos que la peculiaridad es la asociación que evita los vacíos de poder.

Más que de “Estado fallido” o de “narcoestado” a rajatabla, entonces, el crimen autorizado matiza e ilumina el panorama complejo de la relación Estado-delincuencia, al hablar de áreas grises de colaboración entre autoridades, políticas, militares o policiacas, y crimen organizado: estas zonas de colindancia y colusión son caracterizadas por cambiantes equilibrios de fuerza, en donde también entran redes de intereses y actores empresariales y económicos de distinta naturaleza. Si el crimen organizado no existiría sin Estado, la procuración de injusticia no existiría sin la voluntad de partes del Estado de mantenerla, y de mantenerse a sí mismas en espacios protegidos de impunidad.

La procuración de injusticia en México se ha articulado mediante mecanismos como la fabricación de culpables, la justicia selectiva, la siembra de pruebas, el uso de la tortura como técnica de investigación, la subordinación de las procuradurías a intereses políticos y militares, la discriminación sistemática de la población vulnerable, disidente o racializada, la impunidad garantizada desde el más alto nivel, entre otros. 

También cabe mencionar aparte otros mecanismos centrales del agravio histórico del sistema en los procesos de investigación ministerial o en la persecución policial, especialmente cuando ésta es realizada por las fuerzas armadas: la prisión preventiva oficiosa, la detención en “flagrancia extendida” y la presunción de culpabilidad, aplicada en lugar de la presunción de inocencia: se ha tratado de dispositivos altamente discrecionales, útiles para la invención de casos, que fueron instalados en la procuración e impartición de justicia y, si bien estos dos últimos, o sea la culpabilidad a priori y la ampliación extrema de la flagrancia, han sido eliminados formalmente de la legislación, se han vuelto de alguna forma endémicos en la cultura policiaca y jurídica. 

Ni hablar de la prisión preventiva oficiosa que, desde que fue incorporada y ampliada en los sexenios de Calderón y Peña, goza de tremenda salud, al haberse ampliado recientemente el catálogo de delitos que la requieren sin pasar por la valoración de un juez, o sea, por default.

Igualmente, se interpretan las matanzas y atrocidades en contra de estos grupos por parte del poder militar o de las autoridades civiles encargadas, supuestamente, de la seguridad en la historia del país como producto de la ideología punitiva y autoritaria instalada en las instituciones y hasta en los centros formativos especializados en derecho y criminología. 

Se han ido normalizando, por lo tanto, en leyes y “costumbres” malsanas, ciertas figuras de aplicación excepcional, teóricamente sujetas a controles estrictos de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, como las ya mencionadas, a partir de un código genético, legal y penal, forjado en la época formativa del Estado mexicano posrevolucionario en manos a los generales sonorenses.

Entonces, por más de un siglo en México se han perseguido enemigos, y no delincuentes, mediante un andamiaje legal que la obra de Pérez Vázquez devela como abusivo, fundado en el Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP) de 1934 y leyes militares anteriores, producto de un “decretazo elaborado y promulgado en forma dictatorial y unipersonal por el Presidente Abelardo L. Rodríguez, uno de los generales que defenestraron a Carranza”, citando al autor. 

Se remarca también que existe una continuidad y coherencia represiva y fundamentalmente antidemocrática en las medidas y leyes aprobadas, sin respetar a cabalidad los procedimientos legales, por los firmantes del Plan de Agua Prieta: la aún vigente Ley de Disciplina Militar de Calles (1926), el aún vigente Código de Justicia Militar de Abelardo Rodriguez (1932), y el ya mencionado Código Federal de Procedimientos Penales (hoy ya no en vigor, pero que moldeó mentalidades y actuaciones en la procuración de justicia durante más de 80 años). 

Esto va junto con pegado a la posterior fundación del partido único-hegemónico PRI, y a la influencia de la figura, no directamente militar pero sí ligada al poder castrense, de Luis Echeverría, que refrenda el sistema de injusticia con su Ley del Ejército de 1971 y la instrumentación de la matanza de Tlatelolco, el “Halconazo”, y el auge de la contrainsurgencia. De Acteal a Ayotzinapa, del homicidio de Colosio al asesinato de Ruiz Massieu, de la “guerra sucia” a Tlatlaya, de la matanza de miembros del Ejército en El Charco, Guerrero (1998) a la ejecución extrajudicial de 5 jóvenes en Nuevo Laredo en febrero de 2023, los dispositivos legales y extralegales de la procuración de injusticia e del ejercicio mismo del poder han permitido la protección de los responsables políticos y, sobre todo, de las Fuerzas Armadas. 

Aun así, hay fisuras esperanzadoras en esto, por ejemplo, la detención y acusación en contra de efectivos de la Sedena por el caso Ayotzinapa, aunque el caso no avanza en otros frentes y los acusados en su mayoría se encuentran en libertad, y la reciente condena, conminada por homicidio el mes de marzo pasado por un juez federal, a 40 años y nueve meses de prisión contra cuatro soldados por la matanza de los jóvenes en Nuevo Laredo. 

“Los cuatro soldados fueron señalados de disparar sin justificación contra los ocupantes de una camioneta pickup, matando a cinco hombres e hiriendo a otro, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que reconoció que los uniformados dispararon 117 veces contra el vehículo, mientras que otros tres soldados dijeron que abrieron fuego para apoyar al primero de sus compañeros que comenzó a disparar”, relata la nota de la agencia AP. Sin embargo, la decisión aún puede ser apelada por los militares y su resguardo se ha mantenido dentro de instalaciones castrenses, no en prisiones civiles, por lo que habrá que dar seguimiento a este y otros casos para notar los pequeños, todavía insuficientes en mi opinión, pasos que la justicia va dando. 

Estos mecanismos han sido la piedra angular de un conjunto de arreglos institucionales transexenales que han sobrevivido a las incumplidas transiciones democráticas de finales del siglo pasado y principios del actual, así como a las reformas del sistema penal acusatorio, en 2008, en materia de derechos humanos, del 2011, a los cambios de partidos gobernantes en el 2000, 2012 y 2018, y, finalmente, a la culminación de la implementación del nuevo código penal después del 2016. 

Entre reformas y alternancias, avances y reveses, en lo que va del siglo XXI, el antiguo régimen de injusticia, impunidad y represión ha podido mantenerse o reproducirse, incrustado en instituciones concretas, como las fiscalías, en tradiciones jurídicas y castrenses anquilosadas, en prácticas educativas del derecho y actuaciones de funcionarios. 

Por lo tanto, aunque en años recientes el viejo sistema haya entrado en crisis, no es posible afirmar que se haya debilitado lo suficiente como para dar paso a una justicia y una democracia plenas y efectivas. 

Implementar reformas del poder y la legislación militar, heredado del México del siglo XX, así como de las fiscalías y las policías civiles, en línea con el respeto de los derechos humanos y los acuerdos internacionales, debería colocarse en el centro, y en el libro objeto de esta reseña se enumeran propuestas relevantes para la discusión. 

Esto es porque las estructuras persisten y evolucionan, pero son difíciles de identificar y modificar sin un esfuerzo y voluntad conjunta político-social, y así la crisis de la justicia sigue, a pesar de las crecientes reivindicaciones para la rendición de cuentas, de la denuncia sistemática de los abusos a las víctimas, de las promesas electorales de la izquierda partidista, ya en el Gobierno, y de las oposiciones, y de las mayores protestas enarboladas por parte de la sociedad, los movimientos y la ciudadanía en general en estos años.

Por Fabrizio Lorusso desde Sin Embargo MX

Mucho se ha especulado sobre la salud mental del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre sus excesos y sandeces, sobre sus disparates, verborreas, condenas judiciales y atrevimientos aparentemente patológicos en el ámbito político e internacional, empresarial y personal. El tema no es nuevo, pues simplemente se ha recargado entre su primer polémico mandato y este segundo periodo al mando del decadente imperio americano. 

Pero no, Trump no está loco, no como quisiéramos pensar, creyendo que sus medidas y dichos extremistas pudieran ser fruto de algún grave desequilibrio psíquico que pronto va a ser aplacado o tratado medicamente. Él tiene un plan, y parte de su país lo acompaña, aunque vaya en contra de su interés, o de cómo éste había sido concebido desde el fin de la II Guerra Mundial. 

Digamos que podríamos estar de acuerdo sobre el hecho de que Trump no está más alterado que muchos otros personajes con perfiles cínicos, o tendencias incluso psicópatas y sociópatas, pero que están integrados, más o menos manifiestos u ocultos, y frecuentes dentro de ciertas élites, jefes militares, magnates y tomadores de decisiones (tipo Elon Musk, Javier Milei, Vladimir Putin o Felipe Calderón, por mencionar algunos). 

A lo que voy es que, además de tachar al mandatario de insano, muchos análisis se han centrado en la supuesta “locura” de querer desacoplar el “viejo orden” y la normatividad internacional, el globalismo, el librecambismo, el neoliberalismo, la OMC, así como la dimensión imperial que Trump pretende destruir o ajustar. 

Y ahora parece que China se erige como defensora de aquel orden de la “globalización sin fronteras”, en un giro que hasta hace poco habría sido impensable y paradójico. Pero este “giro” en realidad incorpora el proyecto de larga data para una globalización otra, no la del siglo XX, sino con características asiáticas, basada en la nueva ruta de la seda: así podemos leer los acuerdos de asociación estratégica integral firmados entre China y Azerbaiyán el pasado 23 de abril.

Me parece que para ofrecer “el gran cuadro” de la situación son fundamentales las razones geopolíticas y estratégicas, no sólo tácticas y de negociación inmediata o de “chantaje”, que están detrás de la guerra arancelaria y la incertidumbre global desatada por el tycoon y su Gabinete. Es decir, ha prevalecido la idea de la patologización de la política trumpiana, definida como suicida, y la relativización en clave táctica de sus medidas, en lugar de consideraciones más estratégicas y de mediano-largo plazo para moverse en la telaraña noticiosa de estas últimas semanas.

El primer aspecto por destacar es que Trump nació y morirá como un gambler, un apostador descarado y tramposo, como un jugador del destino y del dinero, que en realidad son los del país y no los suyos, o sea, un blufeador y buleador profesional. Pero esto significa que su plan es una gran apuesta, difícil, costosa, contraproducente para muchos sectores de las sociedades y las economías estadounidenses y mundiales, aunque no necesariamente imposible.

Por un lado, la pretensión estadounidense es ejecutar una retirada parcial de su dimensión imperial para que sus socios, o sea los países-satélites europeos, sobre todo, carguen con más responsabilidades y costos para su defensa y estrategia comercial. Aunque esto signifique la tentación de acercarse más a China y Rusia.

La Administración Trump 2.0 básicamente tiene tres objetivos económicos que implican, a su vez, importantes premisas y repercusiones geoestratégicas. Su eje es una guerra de divisas y monetaria, a partir de o disfrazada de, “guerra de aranceles”. 

Esto, además, se concibe dentro de una reorientación estratégica interna y global, con una distinta proyección exterior y de dominio del país, así como de las zonas de influencia regionales, en dirección de un bipolarismo o multipolarismo. 

Esta reconfiguración pretende blindar América del Norte y el Ártico, amarrando Groenlandia, Canadá y Panamá, cuando menos, al control estadounidense, y delegar a satélites y aliados la carga imperial en otras latitudes y territorios, particularmente Eurasia, principalmente con el fin de limitar y combatir a China. Sudamérica ya se da por asentado que quedaría dentro del área de control del gigante del Norte. 

Los tres motivos económicos del trumpismo incorporan de cajón apuestas muy riesgosas para todos los jugadores y un terremoto de piezas en el tablero de la economía global, con el trastocamiento de pactos y equilibrios vigentes desde mediados del siglo pasado.  

El primero es la devaluación del dólar, que se está logrando por el momento con referencia a la mayoría de las divisas, con el fin de que EUA recupere pujanza en sus exportaciones. Sin embargo, si las negociaciones en curso sobre aranceles recíprocos y otras barreras al comercio, país por país, terminan por no favorecer a Estados Unidos, esta parte del plan podría fracasar.

El euro, por su parte, es de las pocas divisas que sigue apreciándose, exacerbando la pérdida de competitividad de las exportaciones de la Unión Europea y, sobre todo, de los países que adoptan la moneda común. La guerra arancelaria y el mantenimiento de los tipos de interés en EUA van provocando un incendio inflacionario en aquel país, mismo que puede salirse de las manos, pero, en el corto-mediano plazo, es parte del “plan”, ya que eso ayuda a reducir el peso de una deuda que es la más alta del mundo y equivale al 121 por ciento del PIB.  En la Unión Europea, sólo dos países tienen cuentas peores: Grecia (161,9 por ciento de ratio deuda/PIB en 2023) e Italia (137,3 por ciento), mientras que el coste anual del servicio de la deuda estadounidense fue en 2024 de cerca de los 870 mil millones de dólares por lo que superó el gasto en defensa.

Y este ya es el segundo elemento: la reducción del pago del servicio de la deuda pública y del monto absoluto de la misma, que por ahora no ha sido acompañado o sostenido por la esperada reducción de las tasas de interés. Esta disminución podría relanzar las inversiones productivas, presentadas en dado caso como “procesos de reindustrialización”, dentro del país, pero es una decisión que debe de tomar la FED, la Federal Reserve o banco central, aún renuente ante la incertidumbre del escenario y la aversión al propio Gobierno Trump II. De hecho, el Jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha sido atacado o invitado a dimitir por el Presidente un día sí y el otro también (salvo luego retractar, como hizo el martes pasado, y decir que no le va a pedir renuncia para dizque tranquilizar a los mercado).

Un tercer factor explicativo es que Trump intenta atraer cadenas productivas, industrias e inversiones a EUA, ofreciendo bajos costos de la energía y su mercado de consumo, ahora supuestamente “más protegido” por aranceles externos, y plantea dejar de importar de todo el mundo en el mediano plazo para subsanar su déficit comercial persistente y, quizás, de paso, reducir impuestos (sobre todo, claro está, a los más ricos). Aquí, dependiendo del sector, no se considera que ya EUA depende de cadenas del valor no sólo del área norteamericana sino también de la zona asiática y de la misma China, por lo que igualmente la apuesta azarosa es que el sistema americano logre sustituir sus cadenas de suministro en tiempos razonables.

Cabe destacar que el mencionado déficit comercial, en realidad, ha sido históricamente y es todavía parte de la proyección imperial estadounidense de los últimos 80 años, siendo pivote de la globalización americana y de la economía mundial desde 1945, pues servía para afianzar clientes-dependientes e incluso “desarrollar” países, como Corea del Sur o Taiwán en su momento, e incluirlos dentro de la esfera hegemónica estadounidense. No obstante, ya para Trump, su entorno y parte del electorado y los aparatos, este “fardo” es insostenible. 

El dólar ha sido respaldado por el poderío industrial, económico, militar y tecnológico de EUA, por el llamado complejo industrial-militar y tecnológico-informativo, más que por los buenos fundamentales de la macroeconomía. La divisa global ha sido hasta la fecha el “garante” de la deuda y del déficit de Estados Unidos, pero el declive (relativo todavía) del país y el ascenso de adversarios y esferas “alternativas” van mermando esta capacidad y provocan angustia, una sensación de estrangulamiento y mayor incerteza en la sociedad norteamericana. Su malestar se refleja, asimismo, en la crisis del fentanilo o en la emersión de opciones políticas cada vez más extremas. 

Japón es el primer detentor de deuda de EUA y su banco central de alguna forma responde a los dictados de la potencia, pero el segundo detentor es China. Esto significa que el dragón se confirma como un rival amenazante que puede oprimir el “botón nuclear”, es decir, la venta de toda esa deuda, y potencialmente hacerse con los dólares necesarios para financiar proyectos geoestratégicos, como la contra-globalización china o “nueva ruta de la seda”, o bien, directamente aliados ávidos de inversiones. 

Es una carta que, dentro de un eventual nuevo orden más multipolar y fundado en esferas de influencia, la República Popular puede jugar para avanzar en sus pretensiones sobre la “isla rebelde” de Taiwán, que plantea recuperar antes de 2049, a un siglo de la revolución. Por su lado, Rusia puede cerrar el dossier y la guerra ucraniana, y centrarse en reestablecer relaciones con países europeos, estrangulados energéticamente, aunque estos se obstinen a rearmarse y a amenazar al oso eurasiático. 

La prisa de Trump para cerrar el conflicto ruso-ucraniano tiene que ver, entonces, con el intento de alejar a Rusia de China, ya que la consolidación de un eje sino-ruso sería fatal para EUA, y también con otra parte del plan que consiste en bajar la presión inflacionaria interna, a través de un pacto con países árabes, principalmente con Arabia Saudí, y la misma Rusia para incrementar la oferta de petróleo y bajar los costos de la energía. 

El proyecto económico y la retirada estratégica del imperio son apuestas riesgosas y complejas, que pueden acabar en una crisis recesiva global mayúscula, dependiendo de muchos factores, y escenarios cruzados y poco predecibles. Por lo pronto, la volatilidad de mercados y bolsas es una montaña rusa que van aprovechando quienes cuenten con información de primera mano de la Casa Blanca o puedan anticipar algo de las intenciones presidenciales. Pero, más allá de las coyunturas, la estrategia del big gamble está marcada.

El análisis de estos escenarios debe incluir sobre todo la respuesta de China, que ya ha inducido un paso atrás del mismo Trump, con el anuncio del 22 de abril sobre una reducción parcial de los aranceles al gigante asiático, y, en menor medida, de la Unión Europea, desgastada por su propia austeridad ideológico-financiera y por las consecuencias del conflicto en Ucrania, con menos márgenes de maniobra y poder de negociación respecto de los demás actores internacionales. 

Por Fabrizio Lorusso desde Sin Embargo MX

Hace exactamente 22 años, durante la calurosa Semana Santa del 2003, estaba terminando de redactar mi protocolo de investigación para juntarlo con otros documentos y, tras pruebas de conocimiento de historia latinoamericana y de español, poder entrar al programa de maestría en estudios latinoamericanos de la UNAM. 

Allí permanecería, satelital, hasta 2014, cursando maestría y doctorado, sin prisa y con intensidad. Lo menciono porque mi primer proyecto tenía que ver con los modelos, los éxitos y los fracasos, de la integración económica y política de América Latina, y la complicada relación del subcontinente con Estados Unidos. 

El tema fue, y es de interés y debate permanente entre los países de la que Simón Bolívar, José Martí, Fidel Castro o Hugo Chávez, entre otros, vislumbraron, en momentos históricos bien distintos, como la “Patria Grande”. 

La esencia de “Nuestra América”, de “Latinoamérica unida” y del sueño bolivariano, siempre han estado en el centro de la discusión política regional, particularmente entre las izquierdas de lucha y de Gobierno, los movimientos y los partidos, pero también entre las y los estudiantes de licenciaturas, y posgrados latinoamericanistas a lo largo del continente. 

Entre las generaciones inaugurales del nuevo milenio en nuestra máxima casa de estudios, las y los latinoamericanistas proveníamos y nos cebábamos de las más variadas tradiciones del pensamiento y la praxis política: desde el guevarismo y el marxismo ortodoxo al bolivarianismo arielista, del chavismo y el socialismo del siglo XXI al zapatismo y las autonomías anticapitalistas, del anarquismo magonista al socialismo indígena y la teología de la liberación, del obrerismo eurocomunista y el dependentismo al perredismo socialdemócrata, del antimperialismo y la teoría gramsciana al ecofeminismo. En fin, era una feria de fascinaciones utópicas y pragmatismos con pretensiones revolucionarias, de focos guerrilleros desarmados y actos de solidaridad altermundista. 

Ni apocalípticos ni integrados, enjaulados en la melancolía, subalternos y cuasi lumpen, los compañeros y las compañeras del posgrado terminábamos toda discusión político-ideológica en las cantinas de Copilco y la Santocho, con eternas e irresueltas preguntas, nada retóricas. 

¿Existe o no América Latina? ¿Qué es la identidad latinoamericana? ¿Hay una filosofía de Abya Yala? Y, además, ¿de quién es nuestramérica? O sea, ¿nuestra de quién? ¿El Caribe es América Latina? ¿Será algún día realidad la Patria Grande, la Latinoamérica unida que soñaron el Che y el Libertador? 

Y finalmente, ¿qué nos dirían de todo este rollo las y los docentes de nuestro posgrado puma? ¿Qué pensarían infinitas generaciones de discípulos, que fueron más o menos aventurados y desintegrados en los siglos de los siglos? 

El problema, los problemas mentados sobre América Latina son y quedan irresueltos, arcanos, probablemente insolubles, indisociables de la impermanencia, por eso nos apasionan y nos divagan. ¡Pachequeces! Dirían algunos. ¡Verdad! Increparían otros.

Este íncipit anecdótico fue inspirado por el aire fresco y memorioso de una madrugada atemporal en lo de Dolores Hidalgo, pero también y sobre todo por la noticia de la IX Cumbre de la CELAC, consumada el pasado 9 de abril en Tegucigalpa, Honduras. 

France 24 resume así el contexto de la reunión: “Los líderes de la región se reunieron en Tegucigalpa para celebrar la Cumbre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en el contexto de la guerra comercial y la crisis sistémica que deriva de ella. Los acuerdos entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Luiz Inácio Lula da Silva reabren la pregunta por las posibilidades que tienen los países latinoamericanos para lograr una integración que permita contener las consecuencias de la tormenta económica y financiera global”.

Mi primer comentario es que, en las ideas y los ideales, en la buena voluntad y discursos de líderes integracionistas, la unión es una posibilidad y un plan, una visión esperanzadora. Sin embargo, ha dependido mucho más de vaivenes de partidos en el Gobierno y del vínculo estratégico continental americano, bajo hegemonía yanqui, que de una política coherente y continua de los Estados o de las ventajas y complementariedades económico-comerciales entre países, que fomentaran alianzas de largo plazo.

En diciembre de 2011, la CELAC fue concebida como un foro internacional americano, sin la presencia de Canadá y Estados Unidos, y la propuesta llegaba en una época de pujantes gobiernos progresistas latinoamericanos, relativamente afines, y de un renovado esfuerzo de integración, sobre todo, a la luz del fracaso de la propuesta estadounidense de extensión del TLCAN (o NAFTA, hoy T-Mec) a todo el continente, bajo la forma del ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas). 

Bush hijo impulsó el tratado por allí del 2000, 2005, pero su propuesta panamericanista y neoimperialista fracasó. Entonces EUA optó, como siempre, por tratados bilaterales altamente asimétricos con algunos países o bloques, como Colombia, República Dominicana y el Mercado Común Centroamericano, mientras que Venezuela tomó la iniciativa contrahegemónica del ALBA, hoy Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos. 

Un lustro después, como mecanismo de coordinación política, social y cultural más que comercial o económica, nacía la CELAC, integrada por 33 países caribeños y latinoamericanos. ¿Cuáles valores y objetivos la mueven?

La Declaración de Tegucigalpa, aprobada al final de la reciente cumbre por 30 países, ratifica el principio de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, con base en el respeto a los propósitos y principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional, la cooperación internacional, la democracia y el Estado de Derecho, el multilateralismo, la protección y promoción de todos los derechos humanos, el respeto a la autodeterminación, la no injerencia en los asuntos internos, la soberanía y la integridad territorial.

El texto rechaza, a la vez, la imposición de medidas coercitivas unilaterales, contrarias al derecho internacional, incluidas las restrictivas al comercio internacional. Se considera oportuno y adecuado que una persona nacional de un país de la región ocupe la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, además de señalar que jamás este ha sido asignado a una mujer. 

Finalmente se dio bienvenida a Colombia como Presidente Pro Tempore del mecanismo para 2025 y 2026, y se reafirmaron las prioridades regionales para un trabajo en conjunto: la energía (transición energética e interconexión), movilidad humana, salud y autosuficiencia sanitaria, seguridad alimentaria, medio ambiente y cambio climático, pueblos indígenas y afrodescendientes; asimismo, temas relativos a ciencia, tecnología e innovación; conectividad e infraestructura; fortalecimiento del comercio e inversión; delincuencia organizada transnacional, así como educación e igualdad de género. 

Se trata de declaraciones, claro está, pues la CELAC no incluye mecanismos coercitivos o de cesión real de soberanía entre sus miembros, y depende de la alineación de intereses políticos todavía bastante “coyunturales” o de mediano alcance, pero sigue siendo un importante foro de diálogo y de posicionamiento regional.

Tras encontrarse con Claudia Sheinbaum, el Presidente brasileño Lula ha declarado que: “Decidimos fortalecer aún más las relaciones entre nuestros dos países promoviendo reuniones periódicas entre nuestros Gobiernos y los sectores productivos de las industrias brasileña y mexicana”, esto con la idea de consolidar un canal permanente de diálogo en materia económica e industrial, hacia una integración mayor, ante amenazas externas. 

Siempre he simpatizado, y he mirado con interés a la evolución y los desafíos de un foro latinoamericano como la CELAC, que, con sus límites y alcances, es el único de este tipo y avanza, aunque paulatinamente. 

La integración y autonomía de la región a lo largo de la historia ha sido determinada e influenciada por algunos factores u obstáculos importantes: la diversidad de posiciones y colores político-ideológicos entre gobiernos, a veces diametralmente opuestos y poco propensos al diálogo; la presencia del polo hegemónico anglosajón en la estructura continental, conformado por Estados Unidos y Canadá; el tamaño y casi autosuficiencia de Brasil en Sudamérica; la lejanía geográfica y la diferente inserción internacional entre norte, centro y sur del continente, amplificada por infraestructuras aún carentes entre las macrozonas de Latinoamérica, y el escaso nivel de comercio intrarregional.

La diversidad y la polarización le ganan a la unidad y a la construcción común. Estos factores han tendido a superponerse entre sí y con las diferencias geoestratégicas de los diferentes “polos” o macrorregiones: 

(1) México, El Caribe y Centroamérica, considerados como “patio trasero” por Estados Unidos, altamente dependientes en comercio, inversiones y en tecnología de este país, salvo México que por su tamaño y desarrollo mantiene una relación intermedia y de puente; 

(2) Venezuela, las Guyanas, Surinam, Colombia, Ecuador y Perú, con una dependencia intermedia de la potencia mundial y un proceso de integración como la Comunidad Andina que, a finales del siglo XX y principios del XXI, había avanzado bastante, aunque se estancó; 

(3) y, luego, los países del Cono Sur, Bolivia y Paraguay, con mayores márgenes de maniobra y mayores niveles de integración, ya sea dentro del Mercosur o como observadores de esta alianza, inspirada en su momento por la Unión Europea.

México y Centroamérica, histórica y culturalmente cercanos al resto de América Latina, se encuentran, sin embargo, plenamente dentro de la esfera geopolítica y de las cadenas productivas y de movilidad humana de América del Norte. 

Por otro lado, identifico en este momento cuatro o cinco bloques políticos distintos, más allá de la geografía y la idiosincrasia. 

1. Uno es el eje humanista, progresista y popular, desarrollista y de izquierdas reformistas, constituido por el México de Sheinbaum, el Brasil de Lula, y la Colombia de Petro, principalmente, quienes serían motores de una CELAC presidida por Colombia en el próximo bienio. 
2. Quizás Costa Rica, Uruguay, Chile y Guatemala actualmente pudieran incluirse en este primer eje, o bien, debido a ciertas semejanzas y por su tamaño bastante comparable, podríamos pensar en una categoría ad hoc, un eje socialdemócrata moderado con continuidades neoliberales y avances sociales paulatinos, pero dependiendo del país.
3. El tercero es un eje diametralmente opuesto, que llamo “necroliberal” o “necrolibertario”, de ultraderecha, tendencialmente cripto-neoliberal y necropolítico, excluyente y antiderechos, securitario salvajemente capitalista, conformado por Milei, Presidente argentino, el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, y el junior bananero Daniel Noboa que, al parecer, acaba de confirmarse al mando de un Ecuador desgarrado por la violencia y la desigualdad. 
4. Un cuarto eje es el que enlazaba al comunismo cubano del siglo XX, extendido con cambios generacionales y de modelo al siglo XXI, con el proyecto “Socialista del siglo XXI” o “bolivariano” de Venezuela, hoy definible quizás como un “autoritarismo caótico”, y luego Nicaragua, un régimen que acabó volviéndose patrimonialista y dinástico. 
5. Finalmente, un quinto eje es simplemente el de la incertidumbre, con una Bolivia que nos muestra cómo puede acabar una izquierda, otrora exitosa en el Gobierno, si se enfrasca en guerras intestinas y estanca su proyecto e ideales, y un Perú caracterizado por la Presidencia espuria de la derecha con Dina Boluarte, tras un golpe contra el expresidente de izquierda Pedro Castillo.

Aquí acaba la divagación y sigue la pregunta, entre sueño, idealismo y cruda realidad: ¿Existe la Patria Grande nuestramericana?

Fabrizio Lorusso desde Sin Embargo MX

El pasado 4 de marzo, Olivier de Frouville, presidente del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED ONU), en el marco del discurso de clausura del 28º período de sesiones, refirió información relacionada con México. 

Su pronunciamiento se ha ganado en medios de comunicación nacionales e internacionales ríos de tinta, así como comentarios y comunicados profusos y críticos desde instancias políticas y de Gobierno, como la Presidencia, congresistas, la dirigente nacional de Morena, la Secretaría de Gobernación, el Senado de la República y la misma CNDH. 

A la par, también se ha difundido información confusa, parcial o instrumental, dependiendo del medio, de los sesgos políticos de los actores en juego y de sus acusaciones o interpretaciones sobre la actuación del CED ONU. 

Repitiendo un patrón cíclico e histórico de desconocimiento y/o desestima de la problemática de las desapariciones en México, nuevamente el debate en la arena pública se ha orientado al sensacionalismo y a la partidización. La tensión entre actores internacionales y nacionales, entre bullicios mediáticos y soberanismos muy “recargados”, al menos en esta ocasión, va en detrimento de una sana discusión acerca de las mejores prácticas y políticas públicas sobre las desapariciones. 

Por otra parte, se hace a un lado lo más importante: los diálogos abiertos, los cambios planteados, las peticiones concretas de las víctimas, de las instancias internacionales y de la sociedad ante la persistencia de graves violaciones a los derechos humanos y violencias que, a menudo, es complicado hasta definir o comprender en su dimensión y contexto inmediato, y de larga data. 

Parte del debate se ha centrado en torno a si la desaparición es o no es una “política del Estado mexicano”, con el Gobierno y el Senado empeñados en negarlo tajantemente. En efecto, hoy en día sería difícil demostrar que existe una política estatal centralizada, una estrategia desde la Federación o alguna entidad para desaparecer forzadamente a personas o disidentes, como sucedía en la segunda mitad del siglo XX con la contrainsurgencia o “guerra sucia”. Sin embargo, el CED ONU nunca afirmó esto como tal, ni se necesitaba, en mi opinión, una respuesta al respecto en este momento y en los tonos adoptados, por ejemplo, por el Senado o la CNDH. 

Esta última ha publicado un comunicado el 6 de abril, “abriendo el debate”, por así decirlo, en que dice: “Rechazamos que se viva una crisis de desapariciones en México y más aún que éstas sean consecuencia de una política de Estado”. Habría que definir que significa crisis, y si la situación de México, más bien, ya se pueda considerar, tristemente, endémica y estructural en cuanto a desapariciones, es decir, se trataría de una crisis normalizada y permanente. Pero no fueron de todos modos estas las palabras usadas por el Comité de la ONU. Y tampoco habló de que son consecuencia de una “política de Estado”. En mi opinión y conocimiento, son un fenómeno muy complejo, en que también puede entrar, claro, la responsabilidad directa e indirecta del Estado y sus aparatos, así como la falta de una política integral y consistente, más que una estrategia directa para desaparecer personas como en el pasado. 

Según la amplitud de la responsabilidad o participación más o menos directa, o por omisión, de agentes del Estado, es que se han definido forzadas o no las desapariciones, llegando incluso a conceptualizarlas todas como forzadas, debido a que en muchos años ha habido conocimiento de ellas, pero no ha habido intervenciones suficientes para disminuirlas y la enorme mayoría quedan en la impunidad.

La CNDH también ha agregado: 

“Creemos que el posicionamiento del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, está totalmente descontextualizado de las razones que motivan la persistencia de las desapariciones en nuestro país, y se apartan de lo que debiera ser un juicio serio de las condiciones que se viven actualmente en México”.

La respuesta de las instituciones mencionadas resulta hasta contraproducente, sobre todo, para un poder ejecutivo y un poder legislativo que justo están proponiendo cambios legales importantes en estos días y están comenzando a trabajar con los colectivos en las reformas sobre desaparición y búsqueda. 

Veamos. Las palabras del presidente del Comité tienen consecuencias concretas particularmente porque México es signatario de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en vigor desde el 23 de diciembre de 2010. 

El funcionario habló de una situación preocupante, la mexicana, para la cual se han estado aplicando tres procedimientos previstos en el mencionado tratado: uno es el de las Acciones Urgentes, según el artículo 30; otro es el procedimiento de Comunicaciones Individuales del artículo 31; y finalmente, refirió Olivier de Frouville: “Adoptamos constataciones sobre la base de una comunicación relativa a una desaparición en México y también basándonos en el procedimiento previsto en el artículo 34”. 

Además, como antecedente fundamental que poco se ha considerado en la discusión, con base en el artículo 33, el Comité ya realizó una visita a México en 2021 y emitió recomendaciones consecuentes el año siguiente, manteniendo comunicación constante con el país, que poco a poco va procesando parte de las recomendaciones. En 2021, la visita sucedió sin problemas y también aquí en Guanajuato fue recibida la delegación internacional por colectivos, organizaciones civiles y autoridades, como lo describe el art. 33: 

“Si el Comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves de las disposiciones de la presente Convención por un Estado Parte podrá, después de consultar con dicho Estado, solicitar a uno o varios de sus miembros que efectúen una visita al mismo y le informen al respecto sin demora”.

En cambio, con base en el siguiente artículo, el 34, es que el Comité recibió comunicaciones desde México que, en su opinión, “contienen informaciones fundamentadas que indican que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio que es jurisdicción de México”. 

El Artículo 34 establece que: “Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”. 

¿Y cómo recibe comunicaciones e información el CED ONU? Pues a través de familiares, colectivos de búsqueda, organizaciones sociales, populares y civiles, cartas, y mediante las llamadas, y ya mencionadas comunicaciones individuales y acciones urgentes. Estas últimas son de atención prioritaria y obligatoria para las autoridades estatales del país, y son canalizadas y seguidas por la Secretaría de Gobernación constantemente, junto con autoridades locales responsables de búsquedas e investigaciones, y las propias familias quejosas con sus acompañantes.

Respecto del art. 34, sería la primera vez que se activa este mecanismo desde que entró en vigor la Convención, pero vale la pena revisar integralmente el cierre del mensaje del Comité, ya que se ha prestado a muchas interpretaciones falaces:

“Conforme con el artículo 34, el comité decidió primero solicitar de Estado parte toda información pertinente en relación con esta situación, lo cual en absoluto prejuzga las próximas etapas del procedimiento. Esta solicitud de información se le hará llegar durante las próximas semanas al Estado parte. Y aquí, igual que durante la elaboración de los informes de visita o de acciones urgentes o de comunicaciones individuales, también el Comité tiene como objetivo mantener con el Estado cooperación y diálogo constructivos para alcanzar nuestro objetivo común, que no es sino la aplicación íntegra de la Convención”.

Es decir, se iniciará el procedimiento, en las próximas semanas o meses, con una petición de información a México respecto de una serie de señalamientos que llegaron en estos años al Comité, lo cual es bastante normal, ordinario, pues se ha dado con regularidad en el pasado reciente. 

Luego, las autoridades del Estado mexicano tendrán el tiempo de presentar sus respuestas y argumentos, para que al final el Comité tomé una decisión razonada sobre si llevar la situación de las desapariciones en el país a la atención del Secretario General y de la Asamblea general de Naciones Unidas. 

Antes esto, sería aconsejable, política y éticamente, que el Gobierno solicite colaboraciones al CED ONU para trabajar en conjunto, de manera inmediata, los temas más acuciantes, e incluso evitar que escalen a la Asamblea General porque ya se están procesando y resolviendo.

Para dejar más claro el concepto, cabe preguntarnos: ¿Qué es una desaparición forzada de personas? El artículo 2 de la Convención dice: “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la Ley”.

Ok. ¿Pero entonces qué quiere decir “aquiescencia” del Estado? Lo explica la Declaración sobre los agentes no estatales en el contexto de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas del 2 de mayo de 2023: 

“Por ‘aquiescencia’ se entiende que el Estado conocía, tenía razones para conocer o debía conocer la comisión o el riesgo real e inminente de comisión de una desaparición forzada por personas o grupos de personas, pero que concurre alguna de las siguientes circunstancias: a) El Estado ha aceptado, tolerado o consentido esa situación, aunque sea implícitamente; b) El Estado, deliberadamente y con pleno conocimiento, por acción u omisión, no ha adoptado medidas para prevenir el delito e investigar y castigar a los autores; c) El Estado ha actuado en connivencia con los autores o desentendiéndose por completo de la situación de las potenciales víctimas, facilitando las acciones de los agentes no estatales que cometen el acto; d) El Estado ha creado las condiciones que permitieron su comisión”.

Muchos casos hoy en día pueden referirse a este contexto, por lo que no es “descontextualizado”, como escribió la CNDH, afirmar que muchas desapariciones hoy siguen siendo forzadas, pese a que directamente no sean los agentes estatales a llevarlas a cabo.

El Gobierno de México rechazó el sábado 5 de abril que haya una política de desaparición de personas por parte del Estado: “El Gobierno de México rechaza las declaraciones de integrantes del Comité entorno a la supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado”, dijo la cancillería en un comunicado firmado en conjunto con la Secretaría de Gobernación. Casi la misma afirmación y formulación se lee en el preámbulo de las reformas legislativas que envió la Presidenta al Senado sobre esta materia. Y es que toda desaparición, si es forzada, implica participación directa o por omisión del Estado, es decir, es redundante o confuso decir “desaparición forzada por parte del Estado”. El comunicado de la cancillería agrega, asimismo que: “El Gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado”. 

La declaración es imprecisa, porque en México podemos concordar sobre el hecho de que ya no existe una política de Estado, una estrategia para cometer desapariciones forzadas, sin embargo, la desaparición forzada como tal existe, y es innegable.

Y existe porque tanto funcionarios públicos directamente, como militares, policías, agentes estatales, cuanto particulares y grupos criminales, con autorización, apoyo o aquiescencia de aparatos o servidores del Estado, siguen desapareciendo a las personas. Y entonces se llaman y son “forzadas”, igualmente. 

No en todos los casos, no en todos los más de 126 mil casos registrados oficialmente, claro está, pero sí de manera todavía sostenida, masiva, detectable, o sea “generalizada”, y también de forma “sistemática”, por lo menos en ciertos contextos territoriales. Y por sistemática, el Comité y el derecho interno entienden que responde a un plan o política. 

Este plan, estrategia o política puede ser de Estado, sí, como en la Argentina de la última dictadura o en el México de los 70, pero también puede ser el plan de una organización armada criminal con cierto control territorial que actúe por omisión, aquiescencia, consentimiento o conocimiento del Estado. Aquí, supongo, está la clave para comprender que, si hablamos de, o el CED ONU habla de, desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas, es porque ha recibido información coherente que respalda esta posibilidad. 

Y, finalmente, por el art. 34, desea conocer de parte del Estado mexicano, que no es “un Gobierno” o “un Congreso” como tal, qué acciones o argumentos puede presentar sobre lo que su propio pueblo comunica y va informando sobre las desapariciones a ese organismo internacional.

Más allá de las polémicas, el Gobierno mexicano agregó que en apego a sus obligaciones internacionales atenderá “las solicitudes de información que remita el Comité”. Con todo, con un comunicado del 8 de abril, el Senado exigió sanciones contra el presidente del Comité y “rechazó sus aseveraciones”, al considerar que “el Gobierno que encabeza la Jefa del Estado Mexicano, Claudia Sheinbaum Pardo, no practica en ninguna circunstancia la aberrante e inhumana práctica de la desaparición forzada”. 

La ONU ha emitido una aclaración para no suscitar malentendidos. Lo que pasa es que el Comité no ha hablado del “Gobierno mexicano” como autor de las desapariciones forzadas o de una política estatal concertada como en la guerra sucia, sino que se refirió a agentes del Estado, funcionarios públicos, que han operado antes y después del actual Gobierno. 

Pueden ser funcionarios coludidos con el crimen organizado para cometer desapariciones, por ejemplo, y esas son forzadas igual y existen. Es decir, se han documentado desapariciones cometidas como plan de organizaciones armadas delincuenciales con autorización, tolerancia, conocimiento o apoyo de ciertos aparatos estatales, policiacos, militares, u otros.

La decisión del CED de comunicarle a México de que le pedirá información en las próximas semanas sobre las desapariciones fue colegiada y no personal de su presidente. Su competencia ha sido y es aceptada por México en el marco de la Convención y es pertinente porque está hablando de desapariciones cometidas por agentes del Estado, pero también de las cometidas por particulares con autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado, que es un caso frecuente en el país en las últimas dos décadas. 

Quiero imaginar que haya más diálogo entre el CED ONU y México en diferentes niveles y que el mecanismo del artículo 34, lejos de vulnerar la soberanía nacional, represente un dispositivo de esperanza y avance sustancial en los pasos que ya se han comenzado a dar en materia de desaparición y búsqueda de personas en el arranque del presente sexenio.

Fabrizio Lorusso desde Sin Embargo MX

En su fundamental ensayo Capitalismo Gore: Control económico, Violencia y Narcopoder, la filósofa y poeta mexicana, Sayak Valencia, con base en el caso paradigmático de la ciudad de Tijuana, “la última esquina de Latinoamérica”, se refirió al capitalismo gore como una forma de reinterpretación de la economía hegemónica y global desde los espacios (geográficamente) fronterizos.

Esta se concreta en “el derramamiento de sangre explícito e injustificado, al altísimo porcentaje de vísceras y desmembramientos, frecuentemente mezclados con el crimen organizado, el género y los usos predatorios de los cuerpos, todo esto por medio de la violencia más explícita como herramienta de necroempoderamiento”, lo que constituye un “precio a pagar por el Tercer Mundo que se aferra a seguir las lógicas del capitalismo, cada vez más exigentes”.

La violencia y los cuerpos son capitalizados como mercancías, recursos y negocios por actores y dispositivos que los convierten en un espectáculo macabro y sangriento, o sea gore, como en una película distópica que, sin embargo, lo percibamos o no, es una dimensión de nuestro presente y de nuestra geografía, mucho más allá de los espacios fronterizos y excepcionales.

Los protagonistas de esta distopía autorrealizada, descrita por Valencia en su obra, serían “sujetos endriagos”, necroempoderados y tóxicamente masculinizados, erigidos a modelos viables de vida por toda una serie de operadores “culturales” y “comunicacionales” que acumulan, lavan o insertan capitales a raíz del negocio narcocultural.

El filósofo camerunés Achille Mbembe habló al respecto de la necropolítica, política de muerte y expulsión de población con la que el soberano, hoy tecnificado y despersonalizado, decide quién debe morir o debe sobrevivir en una suerte de inframundo. La necropolítica sería un equivalente empírico en el Sur global de lo que, en el Norte, es (o era) la biopolítica, política de control sobre la vida que selecciona a la población, la clasifica, la protege y educa para ser productiva dentro del capitalismo.

Sin embargo, en un mundo empecinado en una guerra civil planetaria, y dentro de una economía globalizada, desregulada, privatizada (neoliberalizada) y financiarizada, el sistema postula la existencia de un exceso de población que rebasa las fronteras y se sitúa tanto dentro como alrededor de los llamados “países desarrollados”, así como en los que eternamente se consideran “en vías de desarrollo”. La necropolítica y las lógicas de un capitalismo cada vez más extractor y vampiresco se deparan tanto a lo largo del Río Bravo como del Suchiate, en los guetos de Los Ángeles y en las barriadas mexicanas, en el Mediterráneo italiano y en las periferias globales.

El “excedente” o “superfluo” se vuelve mayoría demográfica, mas es silenciado y marginado por una larga serie de crecientes e insultantes desigualdades, producidas material e ideológicamente por los encumbrados de la pirámide. Los expulsados, excluidos, desaparecidos social o físicamente, liberan el campo, son desplazados forzadamente para abrir espacio a otros proyectos, no de vida, sino de explotación y despojo, que alimentan circuitos violentos y ramas del capitalismo y el emprendedurismo gore.

El poder duro, o sea el de coerción, económico y militar, de organizaciones articuladas entre sí, o redes macrocriminales, como las que conforman ciertos grupos delincuenciales-paramilitares en México, produce tanto violencia expresiva, o sea, estética y comunicativa, para esparcir terror o marcar territorio, como violencia instrumental, para alcanzar metas definidas y concretas. Este poder, asimismo, claramente impone reglas y conductas mediante las armas, la extorsión, y la dominación material de los sujetos y las comunidades.

Pero el poder duro en toda organización, grupo o país, no se sustenta por demasiado tiempo, o resulta muy costoso, si no se acompaña de un poder blando, suave, soft, que se funda, más bien, en el convencimiento, el consenso, en la fascinación y la atracción, así que este poder consigue que los demás actúen según sus dictámenes sin sentirse cohibidos, sin percibirlo como un acto en contra de su voluntad.

El poder suave actúa sobre las conciencias y las preferencias dizque espontáneas de un grupo o comunidad, normalizando valores y creencias, incluso prácticas antes inaceptables que, de pronto, se asimilan y se reproducen social y digitalmente, porque se vuelven hegemónicas, es decir, regulares, cool, pop o lo que sea.

No habría capitalismo gore extremo que perdure sin el suave ejercicio de un poder convincente, no menos brutal tal vez, pero sí legitimador, de cara amigable y disuasor, que justifica hasta lo más absurdo: la apología de la mafia, del narco y sus desechos que nos rodean.

La narcocultura, celebrativa de la muerte y la prevaricación, las armas y el poder, las plazas de la droga y los palenques de combate, configura devociones al hedonismo y al hiperconsumo, dentro de un mundo de disparidades y agravios estructurales contra los más vulnerables. Como todo subproducto capitalista, la narcocultura es voraz y va fagocitando elementos de la cultura y la historia mexicanas, como los corridos, el habitus ranchero o las devociones populares, para fetichizarlos masivamente.

Así es como la nebulosa del culto a la mafia mexicana y sus efímeros cadetes se ha instalado en el imaginario, en los oídos, las pantallas, las redes sociales y la vida cotidiana de millones de personas, poco a poco, lenta pero segura, como apéndice suave del duro y sonante capital.

Sucio y criminal, el capital, lavado o legal, se recanaliza y recicla en los circuitos de la moda, las series, la música, el merchandising y el entretenimiento, dominados por pujantes industrias internacionales.

México sigue siendo un eslabón pobre de la larga y concentrada cadena del valor que desemboca en mucha riqueza para unos cuantos y mucha fama injustificada para figuras ególatras criminales.

Sigue siendo México epicentro de conciertos, teatros y dramas, surco de la sangre que se queda en este Sur mientras el dinero y la substancia fluyen al Norte, y es anillo de un ciclo de reproducción de la plusvalía, de la ganancia narcótica que apuntala el reino financiero, tambaleante y disfuncional, de Wall Street a Hong Kong, de Londres a Singapur.

La proyección de imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, durante un concierto de la banda Los Alegres del Barranco, en el Auditorio Telmex de la Universidad de Guadalajara, el pasado sábado 29 de marzo, ha provocado nuevamente debates acerca de la llamada “narcocultura” y si se deben prohibir algunas de sus expresiones.

Mientras tanto, Los Alegres del Barranco no han perdido tiempo en discusiones y, pese a que ya les fueron cancelados varios de sus eventos para las próximas semanas, han repetido su “performance” apologética del delincuente, de la misma manera, en un concierto el 30 de marzo, ahora en Uruapan.

Se trata de la punta de un iceberg que se escapa del control de las autoridades, las redes y la legislación. Difícilmente podría regularse y contenerse por completo por la vía normativa, si antes no va evolucionando y cambiando el sustrato social y las precondiciones que lo conservan y acrecen.

Esto porque en una parte de la población, no sólo entre las y los más jóvenes, estos contenidos otorgan sentido e identidad, divierten, seducen y cohesionan. Además, en muchas ocasiones hay tonos y tintes de clasismo, aporofobia y racismo en las críticas que se le hacen a este fenómeno, identificándolo a rajatabla como típico de ciertos sectores populares o acusados de colusión con el narco, descargando la responsabilidad en los individuos y no en los aparatos que empujan las pautas culturales. Y lo anterior incluso puede reforzar su pegue y difusión, hasta como forma de subalternidad y “contrahegemonía”, por decirlo de alguna manera.

Aunque pueden llegar a ser vehículos y justificantes de actos y apologías criminales, músicos y series, entre otras expresiones, representan el “suave poder de la narcocultura”, la superestructura que remoza, y legitima el poder duro de las armas y la economía criminal, mismas que subyacen a las estructuras capitalistas, y necropolíticas legalizadas y transnacionales.

Fabrizio Lorusso desde Sin Embargo MX

México. A raíz del caso Teuchitlán el debate público se ha enrarecido y hasta “partidizado”… han construido una cortina de humo que se presta para la distorsión mediática y política de las cuestiones medulares para la ciudadanía, y particularmente para las víctimas: la verdad, la justicia, la no repetición, la reparación, la memoria y el hecho de que miles de vidas siguen siendo destruidas e invisibilizadas en todo el país

Por Fabrizio Lorusso (La Verdad Juárez)
X: @fabriziolorusso

Una caravana recorre la carretera federal Matamoros-Playa Bagdad en el estado de Tamaulipas, al noreste de México. Son las 7:00 de la mañana del 23 de agosto de 2021 y los primeros rayos del sol atraviesan los cristales de los 18 vehículos que circulan uno tras otro. La caravana la integran familiares de personas desaparecidas, elementos de la Comisión Nacional de Búsqueda, de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional y del Ejército. Todos se dirigen hacia un mismo destino: el predio conocido como La Bartolina, identificado como un sitio de exterminio, el más reciente conocido en México, pero no el único.

El término “sitio de exterminio” se lo han apropiado los familiares para nombrar los lugares donde las personas son asesinadas de forma masiva y sus cuerpos pulverizados con el fin de no dejar rastro. En La Bartolina, las autoridades han encontrado media tonelada de restos óseos desde 2017, de acuerdo con los reportes oficiales. Allí, Delia Quiroa y su mamá, Isela Valdez, del colectivo Diez de Marzo, buscan a su hermano Roberto, desaparecido el 10 de marzo del 2014.

Así comenzaba un excelente reportaje, de Alondra Reséndiz con la producción de Jorge Jaramillo, titulado “Zonas de exterminio en México: el horror debe ser nombrado” y publicado por el Instituto Mexicano de la Radio (IMER Noticias) el 1 de septiembre de 2021. Según el artículo, de 2009 a 2013 la Comisión Nacional de Búsqueda ya tenía registrados nueve sitios de exterminio en el noreste del país, pero los colectivos calculaban más, ya que “las familias de personas desaparecidas nombran lo que sus ojos han visto”, aunque no haya una definición legal de aquello. Delia Quiroa así lo describió: “Como un lugar donde se le roba la identidad a la gente, un lugar donde no queda nada de nadie”.

A raíz del caso Teuchitlán el debate público se ha enrarecido y hasta “partidizado”, dentro de una guerra de narrativas y disputas políticas que no han abonado a la comprensión y atención del fenómeno de la violencia y de la desaparición.

Más bien, han construido una cortina de humo que se presta para la distorsión mediática y política de las cuestiones medulares para la ciudadanía, y particularmente para las víctimas: la verdad, la justicia, la no repetición, la reparación, la memoria y el hecho de que miles de vidas, precarizadas y secuestradas por un complejo sistema político-económico-criminal, siguen siendo destruidas e invisibilizadas en todo el país.

Un eje de esta confusa diatriba ha sido la definición o caracterización de lo que fue el Rancho Izaguirre y de lo que allí fue encontrado por los colectivos de personas buscadoras, los periodistas y las autoridades.

Y es que el uso de la locución “exterminio”, especialmente de la expresión “campo o sitio de exterminio”, que no debería ser abusado, pero tampoco vedado como tal, se ha vuelto el pomo de la discordia, opacando en parte la problemática estructural subyacente a la violencia sociopolítica y delincuencial que vivimos en el país.

El uso político y “versátil”, léase tendencioso, del término “sitio de exterminio” es posible porque su definición queda desdibujada, prestándose a interpretaciones, suspicacias y manipulaciones.

Además, refiere a un amplio abanico de terribles acontecimientos de la historia del siglo XX y XXI, evocando sentidos e imaginarios extremos que no necesariamente corresponden con realidades comparables entre sí. Aun con sus límites y diferencias, hay términos que simplemente “se tropicalizan” o son apropiados desde abajo, por ejemplo, por acción de ciertos colectivos y buscadoras, a partir de nuevos contextos violentos y no con intenciones políticas particulares. La historia reciente de México así lo muestra, mientras que buena parte del debate actual sobre Teuchitlán sí ha sido dirigido a instrumentalizaciones políticas. 

En el libro del 2020, “Manual de capacitación para la búsqueda de personas”, disponible gratuitamente en la página del gobierno de México, Adriana Pozos escribe:

“Las fosas clandestinas y los centros de exterminio, donde los cuerpos son disueltos, así como las cremaciones clandestinas o irregulares, son otros de los muchos ejemplos de escenarios forenses donde pueden encontrarse los restos mortales de las personas desaparecidas que mandata localizar la LGD [Ley General Desapariciones]; allí el procesamiento científico para llegar a la identificación se vuelve más complicado y abona a esta crisis forense que parece no tener una salida fácil”.

Un proceso semejante al actual se dio, en su momento, con la definición y empleo del término “fosa clandestina”, que fue muy manoseado por los medios y la política: desde la época de Calderón, entre pactos de silencio y morbo informativo, se impuso la semántica de  las “narco-fosas” y los “narco-cementerios”, que estigmatizaba a las víctimas, despolitizaba la violencia y solapaba la corresponsabilidad del Estado.

Sin embargo, “la fosa” como tal también había surgido como una palabra utilizada por familiares y colectivos en búsqueda en un sentido amplio, como cualquier sitio en que hubiese cuerpos y restos humanos: de hecho, así quedó plasmada en la Ley General en materia de desaparición y búsqueda, en la cual el “Registro de fosas comunes y clandestinas” debe incluir todos los contextos de hallazgo de restos humanos y no solo los que estrictamente se describen como “fosas” (o sea, excavaciones artificiales para inhumar cuerpos, ver artículo detallado al respecto-link).

En Guanajuato, como ahora en parte sucede con “campo de exterminio” y “campo de adiestramiento”, en el pasado, particularmente antes del 2020, la existencia de fosas clandestinas había sido negada por la fiscalía y el gobierno, hasta que los protocolos nacionales (como el PHB, el de búsqueda) incorporaron su definición y, además, en los hechos fue imposible ocultar su presencia en decenas de municipios, gracias a la labor y difusión de parte de las buscadoras y la sociedad civil.

El show político-mediático en curso ha ido marginando la exigencia de las víctimas y de la sociedad de que las fiscalías hagan razonablemente bien su trabajo, de que, más allá de medidas reactivas, se retome el diálogo permanente sobre la búsqueda de las y los desaparecidos, de que se sepa quiénes fueron detenidos y asesinados allí y se dé con los culpables y sus redes de protección dentro del Estado y la economía. 

Una complicación de Teuchitlán es la temporalidad: entre testimonios de víctimas, cateos previos y prospecciones de familiares de personas desaparecidas, hablamos de lapsos temporales distintos en que ese inmueble fue utilizado, investigado o explorado.

El 5 de marzo fue el descubrimiento que se hizo viral, sobre todo gracias a una fotografía y transmisiones en vivo impactantes, por parte del colectivo Guerrero Buscadores de Jalisco, pero el sitio había sido prospectado en enero también por el colectivo Madres Guerreras.
El 18 de septiembre de 2024 personal de GN y SEDENA ingresaron al rancho, en donde detuvieron a diez personas y encontraron a una sin vida. Entre septiembre y marzo desconocemos lo que haya sucedido, pues se supone que el terreno iba a ser resguardado por la fiscalía local pero no lo fue.

Su uso, así como el de lugares parecidos en localidades cercanas como Tala, Guadalajara o Tlajomulco, por parte de grupos criminales, muchas veces en contubernio con agentes policiacos, hacia atrás en el tiempo se remonta a años anteriores, pues hay testimonios y evidencias de ello, por lo menos, desde el 2012.

Finalmente, la FGR tiene una enorme responsabilidad en esclarecer los hechos históricos y recientes y ojalá que su enfoque no se base en el aislamiento y extracción del caso de su contexto, sino en el combate a redes criminales e interinstitucionales de larga data y alcance.

El académico italiano Thomas Aureliani, en su capítulo “Breve historia de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en Coahuila” (2018), relata como:

“En octubre de 2016 se dio a conocer el hallazgo de lo que el propio grupo denominó un campo de extermino, en el ejido Patrocinio del municipio de San Pedro de las Colonias. En un predio de 47 hectáreas de terreno se han localizado miles de fragmentos de restos óseos. El hallazgo se logró gracias a que un pastor de la zona comunicó en forma anónima que en ese sitio Los Zetas incineraban personas. Desde entonces y hasta la fecha, Grupo VIDA ha revisado decenas de predios en los municipios de la Laguna, entre los que se encuentran Estación Claudio, Ejido San Antonio el Alto, Ejido San Antonio de Gurza, Ejido el Venado y el Ejido Santa Elena, y se han localizado miles de restos humanos, la mayoría calcinados e incluso carbonizados.  Es importante mencionar que los miembros de Grupo VIDA han adquirido una experiencia importante en labores de búsqueda. Incluso, muchos de los integrantes ahora tienen más experiencia en el uso de herramientas y en la identificación de restos óseos, que varios funcionarios y peritos”.

En todo el país el tipo de instalaciones que podemos considerar como campos de entrenamiento criminal y, eventualmente, espacios de desaparición, ocultamiento y asesinato masivo de personas, han aparecido y han sido documentados por los menos desde los primeros años de la mal llamada “guerra al narco”, declarada por Felipe Calderón el 11 de diciembre de 2006.

En 2016, la académica colombiana Carolina Robledo, citaba en un paper científico una conferencia de Pietro Ameglio del 2015, en que el historiador y activista mencionaba que: “Aunque no existe en México una declaración oficial de guerra en términos formales, algunos indican que sí hay ‘actos de guerra’, entre los cuales se encuentran el exterminio en masa y los asesinatos selectivos”.

Se trataba y se trata, entonces, de microespacios o territorios de excepción, de impunidad persitente, que, si bien no son aprontados y gestionados directamente por fuerzas estatales como en los casos más conocidos del siglo XX, por ejemplo, los campos de la Alemania nazi o de Argentina en la última dictadura militar, sí configuran graves y seriales violaciones a los derechos humanos e implican en muchos casos la omisión, autorización y aquiescencia de aparatos del Estado o servidores públicos.

El citado reportaje del IMER explicaba que:

“Un integrante del colectivo Milynali Red comentó a los medios Elefante Blanco y A dónde van los desaparecidos que desde 2012 encontraron lugares a los que llamaron sitios de exterminio porque ya no se les podía llamar solo fosas clandestinas. En 2016, integrantes del Grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (VIDA) reportaron un sitio de exterminio en el pueblo Patrocinio, en la comarca lagunera de Coahuila. Desde entonces circulaba el término “zona de exterminio”, pero el gobierno del exmandatario Rubén Moreira no aceptó que los hallazgos tuvieran tal dimensión. […] El filósofo George Steiner dijo que lo que no se nombra, no existe. Y en el contexto de desaparición forzada, nombrar es fundamental para generar procesos de memoria, verdad y justicia”.

El colectivo Milynali Red ha trabajado extensivamente el tema de los campos de exterminio en México. Fundamental para nuestro presente es esta premisa en su página:

En México la desaparición de personas es parte del entramado de violencia estructural que posibilita el control y la explotación de territorios y seres humanos. Las buscadoras, como respuesta de vida, ocupan las plazas con denuncia y futuro, pero también las fosas o los sitios de exterminio donde utilizan el tamiz o la pala o la varilla o las manos para cernir y localizar el eco que dejaron sus familiares. Milynali Red, en estos cinco capítulos, ofrece memoria y compromiso a un México de olvido y violencia.

​Tal vez se conozca poco, pero el grupo elaboró un Protocolo Estandarizado de Búsqueda Ciudadana en Sitios de Exterminio con el fin de1) registrar la memoria del Colectivo durante su intervención en estos lugares al sur de Tamaulipas, de la mano de servidores públicos, y 2) distinguir los sitios de exterminio de las fosas clandestinas, aunque son parte del mismo contexto.

Cuando no hay claridad en las definiciones y un afán político detrás de manifestaciones aparentemente sinceras de interés o solidaridad, los diferentes actores de poder, medios, políticos y autoridades, primeramente, pueden distorsionar fácilmente el lenguaje y sus referentes empíricos, pueden omitir cumplir con sus atribuciones y deberes, negar cifras y registros, o desviar la discusión.

En un intento clarificador, en cambio, en 2021, fue la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, quien nombró públicamente La Bartolina, Tamaulipas, entre otros, como un lugar de exterminio, siguiendo la descripción que ya daban las familias buscadoras.

A partir de saberes y memorias locales en La Bartolina, por ejemplo, Milynali caracterizó estos sitios de exterminio en el norte de Tamaulipas como lugares empleados por la delincuencia organizada para desaparecer cuerpos y evitar la identificación forense, dentro de un área geográfica determinada, con más de dos fosas clandestinas, montículos de restos calcinados, que pudieron alojar campamentos de integrantes del crimen organizado.

Quizás la definición legal más cercana a lo que sería un lugar de exterminio, pero no coincidente en sí con este concepto, sería la de contexto de hallazgo de restos humanos del tipo destructivo, o sea, según el PHB, “cuando lo que se haya localizado sean sitios en los que se realizó un esfuerzo deliberado por degradar o destruir clandestinamente restos humanos. Los contextos de hallazgo destructivos se subclasificarán a su vez en: i. Cremación clandestina, cuando se haya usado exposición térmica para degradar o destruir los restos; ii. Degradación química, cuando se hayan usado reactivos corrosivos, abrasivos o de otro tipo para degradar o destruir los restos; iii. Otros”.

Si el marco nacional no ayuda mucho, en cambio el artículo 7.b) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define exterminio como “la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población”. Y se trata de crímenes de lesa humanidad cuando se cometen contra una población civil de manera generalizada (masiva) y sistemática (serial), como parte de una política (plan) por parte de un Estado o de una organización (actores no estatales) que esté en condiciones de operar como un Estado, con control de facto y libertad de acción y movimiento en un territorio determinado.

La discusión sobre si un grupo paramilitar como el Cártel Jalisco Nueva Generación en ciertas regiones tenga o no tal capacidad la dejo a las y los lectores. Independientemente de cómo, cuánto y cuándo las autoridades federales y estatales mexicanas reconozcan o definan formalmente las características de sitios, fosas, hallazgos y fenómenos sociales y criminales, los políticos y las agencias estadounidenses, así como los sectores internos más oportunistas, seguirán utilizando instrumentalmente cualquier cosa con tal de perseguir sus propios intereses.

Lo sistemático, lo masivo y lo impune de las violaciones a derechos humanos implicadas en un sitio de exterminio, el ataque contra un sector particular de la población, la capacidad organizativa, de planeación y de control territorial de la organización perpetradora, junto con la voluntad de ocultamiento y destrucción de los cuerpos y las identidades de las víctimas, en determinados espacios de concentración y desaparición de personas, son unos de los rasgos que me parecen determinantes.

Esto no implica, con base en evidencia y transparencia, sin fines sensacionalistas, dejar de nombrar el horror que vivimos desde hace décadas y empatizar con las víctimas para buscar en conjunto salidas, transiciones verdaderas a la justicia y la paz.  

[Post Scriptum. Señalo un hilo de la red X que lancé al respecto y que detonó esta reflexión https://x.com/FabrizioLorusso/status/1903145639787053532 ]

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Fabrizio Lorusso. Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León sobre temas de violencia, desaparición de personas y memoria en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Colaborador de medios italianos y mexicanos. Integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto para el fortalecimiento colectivo de las víctimas. YouTube @TrotamundosPolitico