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Ha pasado una semana del hallazgo de centenares de fragmentos óseos, prendas, libretas con apodos, libros y casquillos, junto con una serie interminable de pares de zapatos, vestigios de un campo de concentración y exterminio en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

Esta localidad irrumpe ahora en el desgarrado panorama forense nacional como en su momento lo hicieron La Gallera, Veracruz; La Bartolina, Tamaulipas; Patrocinio y decenas más, en Coahuila; los predios de “El Pozolero” en Tijuana, Baja California; y Salvatierra, Celaya, Juventino Rosas, Irapuato y Acámbaro, en Guanajuato, entre otras. En 2011 una ciudad entera, Allende, en Coahuila se transformó durante varios días en un sitio de persecución y exterminio con el permiso y complicidad de actores y fuerzas estatales, así como lo fueron San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011 con las masacres y fosas masivas de los Zetas, “autorizadas” por el Estado, o la misma “noche de Iguala” del 26-27 de septiembre de 2014 con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

Un legado de muerte, violencia y persistente impunidad, en contra de personas desaparecidas buscadas por sus familias, ha sido destapado por Guerreros Buscadores de Jalisco y Madres Buscadoras de Jalisco. Los dos colectivos de búsqueda dieron con él gracias al mensaje de un anónimo que les señaló el Rancho Izaguirre, en la localidad de La Estanzuela.

En oposición al dispositivo de la desaparición y la atrocidad, en contra del juvenicidio en curso en México desde hace décadas, se movilizan comunidades de dolor y búsqueda, colectivos y personas solidarias, en resistencia contra la política de muerte, accionada por grupos poderosos y criminales, pero solapada por la omisión o la colusión de los poderes estatales.

Ahora que empiezan a conocerse más detalles, algunas historias, cartas, cuadernos, relatos de testigos y de las buscadoras, parece que la opinión pública y los medios de comunicación nacionales e internacionales están comenzando a tomarse en serio la noticia y a dejar un poco de lado el tema apantallante de los aranceles y de Trump.Aun así, cuesta trabajo todavía encontrar notas que se salgan del guion morboso y estigmatizante, típico de la cobertura de muchos casos parecidos a éste, y que puedan dimensionar la crisis humanitaria persistente detrás de la nebulosa noticiosa.

“Centro de reclutamiento”, “horno crematorio clandestino”, “campo de adiestramiento” han sido algunas otras definiciones que la prensa y la gente han dado a este lugar, ninguna de las cuales puede capturar completamente el terror y la concitación que provoca.

Por otro lado, la palabra “exterminio”, también usada para acercarse a la comprensión de lo que estamos atestiguando, viene del latín, exterminium. El término es formado por ex y terminus, y se refiere al destierro o al exilio, al hecho de sacar a alguien fuera de las fronteras, de los límites de la comunidad o del territorio. La desaparición y destrucción de cuerpos responde a las lógicas de la clandestinidad y del ocultamiento, a la expulsión y aniquilación de la identidad, el recuerdo y la corporalidad de las víctimas.

El destierro de quienes fueron privados violentamente de la vida, desaparecidos una vez y, luego, otra vez, cuando se pretenden incinerar o disolver sus cuerpos, sin dejar rastro de su existencia, representa un acto de violencia más extremo que el homicidio, mismo que el filósofo Arturo Aguirre ha llamado necrocidio: “Se refiere a la transformación degradante y premeditada de cadáveres mediante técnicas y procedimientos que buscan la erradicación completa de la existencia física y simbólica de las víctimas”.

Lo interpretaría como la destrucción, la occisión, de la muerte misma, tanto del cuerpo y los restos de humanidad como de la memoria y el rastro. Esto fragmenta no sólo al individuo y su dignidad, sino a la comunidad y la sociedad entera, sus lazos internos, la relación con el fin de la vida y el duelo, que son negados a los deudos y no pueden ser procesados. “Si el homicidio es el acto supremo de quitar la vida, el necrocidio es el acto de arrebatar la muerte”, sentencia Aguirre.

Ojalá la reacción al horror que se vislumbra en estos días sea permanente y expansiva, que quiebre la barrera de indiferencia que, tras casi dos décadas de normalización de las violencias, todavía prevalece socialmente, pese a que ya son más de seis mil fosas clandestinas, producidas dentro de mecanismos necropolíticos que involucran a particulares, grupos delincuencias y autoridades.

El desasosiego ha crecido, todavía demasiado lentamente, en la sociedad y ojalá pronto alcance la política, pero desde el día uno, entre las más de 126 mil familias que en todo el país buscan a algún ser querido desaparecido, la angustia y la necesidad de saber se vuelve impostergable y clama al Estado respuestas a sus cuestionamientos. Por lo pronto, ha sido habilitada una galería digital de indicios recolectados en el contexto del hallazgo por la Fiscalía de Jalisco (link), aunque evidentemente quedan abiertas muchas inquietudes de fondo.

¿Quiénes son las víctimas? ¿Cuántas podrán ser reconocidas y cuánto tardarán las identificaciones? ¿Por qué ese mismo rancho fue cateado por la GN y la Fiscalía estatal en septiembre 2024 y pudo nuevamente ser utilizado por grupos armados criminales hasta la fecha? ¿Qué autoridades autorizan o permiten crímenes y violaciones a derechos humanos en la región?

En septiembre, fueron detenidas 10 personas en el lugar, dos que estaban secuestradas fueron liberadas, y fue hallado un cuerpo sin vida, además de restos humanos quemados, armas, municiones y pruebas de que el sitio era un campo de entrenamiento paramilitar. Pero nada pasó. Este es un patrón que se ha repetido en varios estados: las autoridades dejan de buscar en algún lugar, no lo aseguran correctamente, y luego este es reutilizado por los criminales como si nada hubiera pasado.

Justamente el 11 de marzo salió un Comunicado de Colectivos de Familiares y de Familiares de Personas Desaparecidas, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, sobre el hallazgo de un campo de adiestramiento y exterminio con hornos crematorios en Teuchitlán, Jalisco.Se titula así: “Hornos crematorios clandestinos en Teuchitlán, expresión de la desaparición, reclutamiento forzado y exterminio sistemático de personas jóvenes con la aquiescencia del Estado”.

Aquiescencia significa asenso, consentimiento. Cuando hay aquiescencia del Estado y desaparece una persona, se trata de una desaparición forzada (aquí un video en que trabajamos con este concepto con base en la interpretación que da la ONU). En Teuchitlán, centenares de personas jóvenes, migrantes, trabajadoras, fueron desaparecidas forzadamente por grupos criminales, bajo la etiqueta del “Cártel Jalisco Nueva Generación”, con el consentimiento de aparatos o funcionarios del Estado: esto es lo que están denunciando los colectivos.

No es cualquier cosa, y en ciertos contextos, puede tipificarse como un crimen de lesa humanidad, otro motivo para tomarse muy en serio las manifestaciones y señalamientos públicos de las familias y colectivos.

¿Estará el poder político a nivel local y federal a la altura de esta crisis, que no es la primera y, más bien, es una pesadilla recurrente, y responderá adecuadamente a la rabia social que este hecho puede (y debe) despertar? No hablo de comentarios inmediatos, la publicación de galerías en Internet o medidas efectistas, sino de una política de Estado, integral y permanente, sobre desaparición y búsqueda de personas, que sea digna de este nombre.

Hace falta potencializar la búsqueda en vida y las acciones preventivas y de sensibilización en pro de la no repetición de las prácticas de exterminio a las que, con sensación de impotencia y descontrol, sistemáticamente presenciamos a lo largo de la geografía nacional. Es urgente activar el Banco Nacional de Datos Forense a cargo de la FGR, constituir un sistema los Centros de Identificación Humana, reformar a fondo el sistema de justicia y seguridad, sobre todo, fiscalías y policías, más allá de la reforma al Poder Judicial, así como publicar o corregir los registros que mandata la Ley General y reconstruir un plan de búsqueda, catalogación, exhumación e identificación de fosas comunes.

Este último punto había sido implementado hasta 2023 por un equipo dentro de la Comisión Nacional de Búsqueda, en al menos a 11 entidades, con resultados prometedores en cuanto a localización de personas denunciadas como desaparecidas, pero este esfuerzo ha sido prácticamente abandonado. Recientemente la página dedicada al tema ha sido “bajada”, así como las correspondientes bases de datos sobre panteones, lo que es difícilmente justificable o explicable. Además del “cierre” del Módulo de Fosas Comunes, los reportes periódicos de hallazgos de fosas clandestinas también han sido suspendidos.

Jalisco es la entidad con más personas desaparecidas en el país, casi 15 mil 500, pero sólo es una muestra extrema de la realidad que experimentan muchos otros estados desde hace años, día tras día. Según datos de autoridades locales, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 28 de febrero de 2025, se han registrado 186 sitios de inhumación clandestina en el estado, con cerca de dos mil cuerpos exhumados.

En septiembre de 2018, los tráileres errantes llenos de cadáveres que no cabían en las morgues evidenciaron la crisis forense, que se espeja hoy a nivel nacional en más de 72 mil cadáveres no identificados. Las zonas de exterminio y desaparición documentadas en Guadalajara por el equipo periodístico de Zona Docs muestran patrones de impunidad de larga data que no han sido tocados.

Apenas el 13 de febrero pasado, los académicos y periodistas Lauro Rodríguez y Jorge Ramírez, publicaron un reportaje en El Suspicaz, titulado “Se lo llevó un grupo armado. La crisis de desapariciones violentas en Jalisco”: el trabajo sistemático y riguroso de registro y denuncia de casos, como los que acabamos de ver en Teuchitlán, que los autores desarrollan constantemente en redes sociales como X, da cuenta de un fenómeno que tiene más de una década y se ha recrudecido bajo la mirada cómplice o “distraída” de las autoridades.

El reportaje narra como por lo menos “1,248 personas en Jalisco fueron privadas de su libertad en su casa, trabajo o colonia por un número variado de personas, casi 5 en promedio, empleando armas, golpes, amenazas o alguna otra forma de coacción, casi todas a partir de 2020 y hasta diciembre de 2024, según el resumen de hechos contenido en 8,072 reportes de personas desaparecidas con cédula de búsqueda en poder de la Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco (COBUPEJ). La mayoría de estas personas continúa desaparecida: sólo 212 han sido localizadas, 84 de ellas sin vida. Pese a lo abultado de la cifra de 1,248 personas desaparecidas con violencia, no son todas”.

Para completar este cuadro, cito lo que escribe Pablo Ferri en El País: “El corredor entre Guadalajara y Puerto Vallarta, particularmente los municipios que figuran pasado el Bosque de La Primavera, Tala, Ameca, Teuchitlán, etcétera, son territorio del CJNG desde hace años. Así lo señalaba el Ejército, ya en 2022, en documentos hechos públicos gracias al hackeo masivo del colectivo Guacamaya. En un documento sobre el panorama delictivo de Jalisco en ese año, la Secretaría de la Defensa señalaba que las regiones de Valles y Sierra Occidental estaban a cargo de un lugarteniente del líder del grupo criminal, Nemesio Oseguera, alias Mencho. Se trata de Gonzalo Mendoza Gaytán, alias Sapo”.

Finalmente, retomando el comunicado de organizaciones y familiares: “Los colectivos de Jalisco que realizaron el hallazgo han denunciado la práctica de reclutamiento forzado y han documentado hasta septiembre de 2024 al menos 70 desapariciones en la Central Camionera de Guadalajara, principalmente personas jóvenes que fueron atraídas mediante falsas ofertas de trabajo. La existencia de este centro de exterminio evidencia el contexto de violencia generalizado en Jalisco y otras partes del país y confirma el modus operandi del crimen organizado en Jalisco: desapariciones masivas, reclutamiento forzado, tortura y asesinato, con la eventual complicidad de autoridades estatales y municipales”.

¿Qué nos dicen todas estas evidencias, testimonios y secuencias ininterrumpidas de agravios, impunes, que han sido documentados? Básicamente sustancian el contenido del término “aquiescencia”, que mencioné al inicio de este texto, y el hecho de que estas desapariciones pueden considerarse forzadas: dado el contexto y su sistematicidad, el Estado mexicano no puede no saber y no puede no actuar respecto de la comisión o el riesgo concreto e inminente de que se lleven a cabo estas desapariciones, por lo que se demuestra su responsabilidad y la necesidad de respuestas efectivas frente al exterminio.

Por su lado, como normalmente ha sucedido, será primero la sociedad, familiares y colectivos organizados, solidarios y solidarias, quienes resistan ante estas violencias y la destrucción de la vida y la memoria, reivindicando el espacio público con la consigna de “memoria y resistencia desde la esperanza” al grito de ¡Nunca Más!, en una jornada y concentración de luto nacional, con veladoras y zapatos, este sábado 15, en el zócalo capitalino y en otros sitios y plazas emblemáticas del país.

Por Fabrizio Lorusso desde Sin Embargo MX

Me pareció una señal positiva y alentadora que la presidenta, después de meses de silencio al respecto, tratara en la mañanera del lunes 17 de marzo, el problema de las personas desaparecidas, de su búsqueda e identificación, y que lo definiera como una “prioridad nacional”. No hay, en mi opinión, una temática humana y políticamente más acuciante, persistente y urgente que esta.

La desaparición de personas es una violencia permanente y una violación múltiple a los derechos humanos. Atraviesa a la sociedad entera y no sólo a las víctimas directas y sus familiares, impacta profundamente en comunidades y, a menudo, es producto final de una larga serie de agravios contra sectores vulnerables, racializados, discriminados o construidos socialmente como “dispensables”.

Claro está que las manifestaciones de la jornada de luto nacional del sábado 15 de marzo por el caso de los hallazgos en Teuchitlán, Jalisco, fueron un potente detonador de una respuesta y de propuestas de Estado que habían lucido por ausentes.

Desde la presidencia es importante que se haya refrendado la importancia de “conocer la verdad de los hechos y hacer justicia a las víctimas y a sus familiares” y de seguir en “la tarea de buscar, localizar, identificar y atender a las familias de las personas desaparecidas”. Igualmente, Claudia Sheinbaum menciona el trabajo intergubernamental coordinado y un énfasis en la plaga de la impunidad y, por otro lado, en la empatía con las víctimas.

En principio, el mensaje muestra una postura positiva de no confrontación, de cercanía e interés hacia la problemática, aunque habría que concretar ya en las próximas semanas lo expresado en la frase, más desiderativa que real, de que “escuchamos la necesidad de los familiares de personas desaparecidas”.

Me parece que algo es conocer de las necesidades y ciertas dimensiones de esta compleja cuestión, y otra cosa es establecer mecanismos periódicos de escucha e incidencia con las familias y los colectivos, las organizaciones acompañantes y personas especialistas, que puedan aportar a acercar posturas y aterrizar contundentemente las mencionadas exigencias y los planteamientos de reforma.

Lo anterior se articula y construye en el tiempo y con metodologías, así que a la oportuna respuesta de emergencia debería seguirle un trabajo sistemático sobre esta prioridad nacional.

La situación forense, caracterizada por un rezago estructural de larga data en la identificación y restitución de cuerpos, que se van acumulando en las instalaciones de resguardo de todo el país, hasta superar la cifra de 72mil cuerpos no identificados, junto con el crecimiento de desapariciones y hallazgos de fosas clandestinas en contextos de prevalencia de redes mafiosas en distintos territorios de la República, ameritan esfuerzos no sólo intergubernamentales, sino también interestatales e interinstitucionales.

En este sentido, las premisas contenidas en el mensaje presidencial, según las cuales las desapariciones actuales se vinculan principalmente con la delincuencia organizada, mientras que antes eran perpetradas por el Estado, y son “un delito sumamente grave que debe prevenirse, atenderse y sancionarse” refleja sólo en parte una realidad que es más compleja.

Tanto en la segunda mitad del siglo pasado como en lo que va de éste, aun en proporciones invertidas, han existido desapariciones cometidas por aparatos y funcionarios del Estado, prevalentes durante la época de la contrainsurgencia (o la llamada “guerra sucia”), y aquellas cometidas por grupos armados no estatales o particulares (durante la mal llamada “guerra al narco”, o bien, de todos modos, en las últimas dos décadas aproximadamente).

Sin embargo, lo que caracteriza una parte consistente de las desapariciones actuales es que pertenecen a un área gris en que no están del todo claras, aparecen confusas o se pueden, más bien, presumir y deducir, la participación, la colusión, tolerancia u omisión de la acción de parte del Estado en violaciones a derechos humanos de este tipo, aunque hayan sido cometidas de manera directa por particulares y grupos delincuenciales.

En otras palabras, el servidor público puede ser responsable de una desaparición forzada, pero también el particular “que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero” (art. 27 Ley General).

Esto quiere decir que muchas desapariciones cometidas por particulares pueden implicar una responsabilidad del Estado en permitir o concretar su ejecución o en omitir acciones preventivas, a sabiendas de determinado contexto delictivos y de la reiteración de esta práctica en ciertas zonas, como por ejemplo la región de Los Altos de Jalisco o el campo de Teuchitlán.

Entonces, en un país en donde muy pocos casos llegan a sentencia y prima la impunidad de los crímenes, es bastante difícil establecer exactamente la proporción de cuántas personas desaparecidas han sido victimas directas de servidores públicos o de particulares que hayan actuado con autorización o tolerancia de servidores públicos, configurando así una grave violación a derechos humanos, más allá de un simple “delito” o “hecho victimizante”, como, en cambio, frecuentemente son referidos en los discursos oficiales de todos los niveles para diluir la corresponsabilidad del Estado.

A partir de las acciones inmediatas anunciadas por la presidenta, de manera preliminar, justamente a reservas de que en los próximos días sean enviadas en su versión completa al Congreso y puedan ser objeto de un debate público más profundo, es posible plantear un balance inicial. Veamos.

1. “El día de hoy estoy firmando un decreto para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda, a fin de ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y la adquisición de equipos tecnológicos que acompañen las búsquedas con evidencias científicas.

Si bien, después de sucesivos recortes presupuestales, es valiosa la idea de fortalecer los recursos humanos, financieros y materiales de la Comisión Nacional de Búsqueda, para los fines indicados en la propuesta, aún más importante sería retomar tareas que han sido canceladas o arrinconadas en años recientes, particularmente desde el 2023, como la búsqueda en panteones y la catalogación del módulo de fosas comunes para fines de registro, confrontas y exhumación. Pues en estos espacios son depositados, muchas veces en malas condiciones, miles de cuerpos de personas no identificadas que podrían ser buscadas y restituidas a sus familiares. Así de hecho estaba sucediendo, el trabajo avanzó en 11 entidades, pero fue abandonado. Asimismo, de parte de FGR, quedó bloqueado el Plan Nacional de Exhumaciones.

Lo mismo sucedió con los procesos de búsqueda e investigaciones relacionados con el periodo de la “guerra sucia”, otra función por reconstruirse. Por otro lado, la CNB ha quedado mucho a deber en tema de análisis de contexto y es de interés que se quiera fortalecerlo, pero eso implicaría la conformación de verdaderos equipos interdisciplinarios de investigación, de campo y de gabinete, para la comprensión profunda y la elaboración de informes de contexto que potencien la búsqueda y den con el paradero de las personas.

• “El próximo jueves estaré enviando varias iniciativas de reforma al Congreso de la Unión. La primera, una reforma a la Ley General de Población, para consolidar el Certificado Único de Registro de Población (CURP) como la fuente única de identidad de las personas que permita cruzarla con todos los registros administrativos que existen en el país, para generar alertas que faciliten la identificación de indicios de vida de personas reportadas como desaparecidas. En esta labor participará la Secretaría de Gobernación, por medio del Registro Nacional de Población (RENAPO), y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT)”.

Me parece un avance, realmente un tema pendiente desde hace muchos años. Sería positivo contar en México con un documento de identificación universal, que contenga datos biométricos y demográficos de todas las personas, incluyendo extranjeros, menores de edad y residentes en el exterior, para que toda la información disponible y generable pueda cruzarse en múltiples bases de datos con el fin de encontrar indicios de personas desaparecidas. Ojalá, asimismo, que todas las bases de datos se vuelvan cada vez más interoperables, digitales y compatibles, con cotejabilidad plena de todos sus elementos biométricos y de otra naturaleza.

• La segunda iniciativa, se trata de una reforma a la actual Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para: Crear la Base Nacional Única de Información Forense que se alimente con datos de los servicios periciales de las 32 Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, así como de los servicios forenses estatal y federal.

Esto es fundamental, y es importante que desde el nivel presidencial se inste a las demás autoridades responsables a integrarlo y hacerlo funcionar: sin embargo, esta propuesta equivale a lo que ya contiene la Ley, no hace falta reformarla. El Banco Nacional de Datos Forenses debería estar operando desde 2018, pero solo desde 2023 se tiene alguna noticia de él por parte de la FGR, responsable de su funcionamiento, tras haber perdido un amparo promovido por una buscadora de Celaya, Guanajuato. Pero a la fecha ha habido una integración parcial y disfuncional del mismo sistema, y entonces simplemente bastaría con echarlo a andar correctamente, obligando a la FGR y a todas las fiscalías estatales a cumplir con su deber.

Ahora bien, si la propuesta presidencial, cuyos detalles conoceremos en los próximos días, estuviera encaminada a reforzar esta obligación institucional, o bien, a hacerla compartida con otras instancias de gobierno para que sí sirva, podría convertirse en un acierto.

• Crear la Plataforma Nacional de Identificación Humana que comunique y actualice la totalidad de registros administrativos y forenses de cualquier autoridad de todo el país, incluido, cuando así se le llame, el registro electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) para cotejo de huellas dactilares, realizar consultas que identifiquen indicios de vida o incluso, a personas fallecidas.

Este punto es novedoso, en el sentido de que como tal no está presente en la legislación actual, y suena redundante. Me parecería factible y útil, solo en la medida en que coadyuvara al Banco Nacional de Datos Forenses de la FGR e incluso le sustrajera en parte sus atribuciones, quizás, mediante alguna base operada desde la Agencia de Transformación Digital. Pero pues queda bastante críptico y habrá que esperar el texto final.

• Fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana que tendrá a su cargo la gestión de la Plataforma Nacional de Identificación Humana, que contará con todas las técnicas, incluida la identificación de ADN, con el apoyo de Instituciones Científicas y en colaboración con la Fiscalía General de la República, las Fiscalías estatales, la Comisión Nacional y las Comisiones estatales de Búsqueda, así como la Agencia de Transformación Digital.

El CNIH fue un planteamiento interesante y esperanzador en el mandato de Andrés Manuel López Obrador, pero sus instalaciones y capacidades fueron desmanteladas antes de nacer, prácticamente. Otros centros de esta naturaleza, como el de Coahuila, representan una experiencia exitosa que celebro pueda recuperarse y, ojalá, expandirse más allá de un solo centro nacional, sino con fondos y personal formado para construir 32 más, al menos uno en cada entidad federativa, con independencia presupuestaria y operativa pero conformados como una red que supla las carencias, fallas, saturaciones e ineptitudes de los servicios periciales de las fiscalías.

Cabe mencionar que, además de la reforma al poder judicial, un planteamiento de campaña fue y debería seguir siendo la reforma a las fiscalías y a las policías, sin las cuales cualquier medida en materia de desaparición y búsqueda, procuración y administración de la justicia, y seguridad y paz en general, podrá desplegarse plena y eficazmente.

• “Incorporar en la Ley nuevos protocolos que permitan generar una alerta de búsqueda inmediata en todas las corporaciones y entidades del país, así como abrir de inmediato carpetas de investigación por el delito de desaparición o no localización, sin necesidad de esperar 72 horas como todavía ocurre en algunos estados de la República”.

En verdad, no creo se necesiten como tales nuevos protocolos, ya que, en el sexenio pasado, tras procesos proficuos e intensos de colaboración de la CNB con los colectivos, la sociedad civil y las familias, fueron implementados el Protocolo Homologado de Búsqueda y el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, aunque quizás sólo se esté proponiendo ahora su revisión y actualización.

Estos cambios serían más relevantes, tal vez, para Protocolos más antiguos, como los que formulan las fiscalías: el de Investigación para Casos de Desaparición (del 2019) y, más urgente, el Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense (del 2015), que inclusive sigue usando el término estigmatizante de “narco fosa” para describir contextos de hallazgo de restos humanos inhumados ilegalmente (fosas clandestinas, según el Protocolo de Búsqueda).

En el tema de las 72 horas: igual, es positiva la mención de Sheinbaum al hecho de que todavía muchos ministerios públicos y fiscalías del país no respetan el mandato legal, pero cabe mencionar, asimismo, que la Ley General es muy clara y contundente al respecto. No se necesita ninguna reforma en sí, sino el respeto de la vigente por parte de las fiscalías y quizás un sistema más eficaz de sanciones en casos de incumplimiento.

Ahora bien, si la intención de la propuesta fuera la eliminación de la categoría de “persona no localizada”, dejando simplemente la de “persona desaparecida”, para que las fiscalías no tengan “excusas” para clasificar de manera tendenciosa o errónea los casos, esto ha funcionado en Guanajuato desde el 2020 y podría ser una opción interesante.

Por otro lado, ya existe la obligación de las comisiones de búsqueda y de los ministerios públicos de NO esperar nunca ni un minuto ni horas para comenzar a buscar a una persona cuyo paradero se desconoce.

Lo que sí puede hacer el MP, solo en algunos casos explicitados por la Ley General en el art. 89, es esperar hasta 72 horas desde el reporte de una desaparición para abrir carpeta de investigación, presuponiendo algún delito. Pero no puede esperar para comenzar a desplegar acciones de búsqueda nunca y esto ya está en la Ley.

Sería interesante centrarse en lo que especialistas como Javier Yankelevich han señalado en distintos foros: modificar el artículo 38 de la Ley General sobre sanciones y responsabilidades de servidores públicos que obstaculizan las búsquedas. Este artículo dice que se impondrán penas y sanciones “al servidor público que impida injustificadamente el acceso previamente autorizado a las autoridades competentes encargadas de la búsqueda de Personas Desaparecidas o de la investigación de los delitos” de desaparición a cualquier mueble o inmueble de las instituciones públicas. Bueno, en este caso, quitar las palabras “injustificadamente”, “previamente autorizado” y “a cualquier inmueble”, ayudaría mucho, pues con esas restricciones resulta casi imposible sancionar a cualquier funcionario que impida las búsquedas, pues por ejemplo siempre puede presentar “justificaciones”, pretextos sobre autorización de otras autoridades a ingresar en alguna instalación.

7. Equiparar el delito de desaparición al de secuestro, y homologar tanto penas como procedimientos de investigación del delito de desaparición en todas las Fiscalías estatales y la Fiscalía federal.

Este punto es polémico y ha suscitado críticas. Podría ser un aspecto regresivo e innecesario. Depende efectivamente de cómo será “aterrizado” en la propuesta concreta, pero en este momento es difícil posicionarse. Digamos que es cierto que muchas fiscalías y MP, por lo menos en Guanajuato, prefieren abrir carpeta de investigación por delitos que implican la privación de libertad o la ausencia de una persona como el secuestro, la sustracción de menores, el homicidio o la trata, y no por desaparición forzada o cometida por particulares.

Refieren en algunas fiscalías que eso podría explicarse poque las penas del delito de secuestro son más altas y muchos MP tienen más familiaridad y experiencia con los protocolos de investigación de este delito, u otros delitos que acabo de citar, que con los de desaparición. No sé si bastaría como explicación, la verdad.

También puede darse el caso de que no se quiera “visibilizar” la desaparición como tal y utilizar este tipo penal, siendo un delito de naturaleza distinta que involucra más directamente una dimensión “política” y violatoria de los derechos humanos. Pero tampoco esta otra explicación es del todo convincente.

Los protocolos de búsqueda, ya sea en casos tipificados como secuestro o como desaparición o como trata u otras, deben ser respetados y atendidos por todas las autoridades, por ejemplo, y cada vez que una persona no es encontrada y se desconoce su paradero, de todos modos, debe ser registrada como desaparecida y entra en los registros y cifras oficiales.

En fin, homologar las penas por el delito de desaparición cometida por particulares o forzadas con aquellas previstas para el secuestro podría ser una posibilidad, según lo que entiendo del planteamiento de la presidenta. Aun así, esto significa mayor “punitivismo”, y en la mayoría de los casos un aumento de penas de por sí solo no representa un avance ni un disuasor del crimen. En cambio, uniformar los protocolos de investigación del secuestro con los de la desaparición, me parece un retroceso.

8. “Establecer la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones de las Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

Es buena idea, sobre todo para darle visibilidad a la problemática y mejorar la rendición de cuentas desde ese ámbito. También debería incluirse el seguimiento a las mismas carpetas registradas, y todo su recorrido hacia el anhelo de la justicia, o sea, hasta conocer cómo y cuándo llevaron a sentencias.

Urgente en este ámbito es recuperar también la mejora continua del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas para que en efecto sí sea un instrumento para la localización de personas, más que un proveedor de cifras imprecisas o bases de datos solo parcialmente accesibles. Entonces, se puede afinar y perfeccionar la información que contiene, seguir rastreando los registros erróneos y duplicados, con plena transparencia y supervisión social del proceso, y sobre todo obligar vía reformas o sanciones a fiscalías y comisiones de búsqueda a operar el registro correcta, responsable y puntualmente, pues la gran parte de las fallas detectados el sexenio pasado dependían de estas instituciones.

Por otro lado, es problemático que todavía no se hayan integrado versiones públicas y funcionales de los Registros de Fosas Comunes y Clandestinas, de Personas Fallecidas y No Identificadas, además de todos sus equivalentes en los estados.

9. “Fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el acompañamiento, apoyo y asesoría a todos los familiares que tienen alguna persona desaparecida”.

Desde luego, como en el caso de la CNB, el fortalecimiento de la atención a víctimas, para que simplemente deje de ser un mecanismo de “administración burocrática del dolor”, es un paso clave. Familiares de personas desaparecidas en Guanajuato han señalado los límites de interpretación, que por la Ley General de Víctimas y su equivalente estatal, son impuestas acerca de las consecuencias, interpretadas mal y restrictivamente, de los llamados “hechos victimizantes” sobre la salud de las personas. Muchas veces efectos como el cáncer, enfermedades crónicas y degenerativas, dentales y de otra naturaleza, quedan desatendidas y eso debería reforzarse en las leyes y en la práctica.

Por otro lado, todavía han sido insuficientes los esfuerzos de la CEAV y sus instituciones espejo en los estados a favor de las políticas de memoria, no repetición y reparación integral del daño, otros temas que desde la ley y desde la voluntad política, sobre todo, deben de colocarse en el centro.

En este punto, hay que mencionar también los aspectos de la protección y la seguridad de las personas buscadoras, pues el Mecanismo federal de protección para personas defensoras y periodistas ha sido un mecanismo débil respecto de la incorporación y reconocimiento de las y los buscadores como personas defensoras, de la activación de la protección y de los apoyos para desplazarse o resguardarse en situaciones de riesgo para su incolumidad.

10. “Convocaremos al Consejo Nacional de Seguridad Pública para construir los protocolos con todos los gobernadores, necesarios, para atender este delito, la atención a las víctimas y el fortalecimiento de las Comisiones de Búsqueda, así como el fortalecimiento de las Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República”.

En este punto, no se menciona algo fundamental para la legitimación y mejor funcionamiento de la política pública, algo válido sobre todo en materia de desaparición y búsqueda, que es la necesaria participación de las víctimas, colectivos, organizaciones, especialistas, entre otros actores. Todo lo anterior debería, en mi opinión, redundar en una política de Estado integral y reformas puntuales e innovativas, consensuadas mediante espacios de participación y discusión, que amplíen significativamente los alcances de espacios como los Sistemas Nacionales de Búsqueda y de Víctimas y sus consejos ciudadanos.

En las propuestas de la presidenta y en la ruptura del silencio sobre el tema, estamos viendo un arranque interesante en este sentido, pero hace falta analizar todos los detalles, despejar muchas dudas y solicitar procesos participativos, aprovechando estratégicamente la coyuntura o la urgencia, pero yendo más allá del “caso Teuchitlán” que, en esta ocasión, las ha gatillado.

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Aquí la versión estenografiada conferencia matutina 17 de marzo de 2025 https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-de-la-presidenta-claudia-sheinbaum-pardo-del-17-de-marzo-de-2025?idiom=es

Conferencia matutina del 17 de marzo de 2025, video desde el minuto 3.01 https://youtu.be/eAjX9i44Zys?t=181

Por Fabrizio Lorusso desde Sin Embargo MX

Un hecho. Trump va a eliminar las provisiones militares, de inteligencia y económicas a Ucrania. Al menos por un tiempo, indefinido. Se trata de más de mil millones de dólares en “ayudas” ya previstas.

Y así será, hasta que Zelenski, Presidente ucraniano, decida aceptar el acuerdo (vejatorio) que quiere imponer EU sobre las tierras raras del país europeo y, asimismo, las negociaciones con Moscú. En lo substancial éstas están siendo delineadas bilateralmente por Trump y Putin, sin presencia de ningún “mediador” europeo o el propio Presidente ucraniano. El objetivo de Trump, compartido por su homólogo ruso, es que el país más grande del mundo no siga acercándose a la esfera de influencia de China. No va a ser un aliado de Estados Unidos, pero por lo menos no un rival abierto en el futuro.

Con esta decisión el Gobierno estadounidense, presentándose paradójicamente como “hacedor de paz”, pretende acelerar o forzar la capitulación de Ucrania, que había sido uno de sus aliados y receptor de armas, municiones y elogios durante la administración de Biden.

No es la primera vez que la máxima potencia mundial abandona a algún presunto y desilusionado “socio” en el camino al abismo, después de aprovecharse de él como peón menor en algún conflicto de mayor escala.

Lo mismo, por mencionar un ejemplo reciente, pasó con los kurdos y sus milicias rebeldes, asentadas en el norte de Siria y creadoras de una interesante experiencia autonomista, sostenidos y usados como actores armados en el campo de batalla por Estados Unidos contra el ISIS (Estado Islámico), y luego dejados a su suerte frente a las fuerzas armadas regulares de Turquía.

Así que nada nuevo bajo el sol con Trump y su vice fascistoide, J. D. Vince, salvo, eso sí, las formas, que ahora se tornan mucho más prepotentes, transparentes, testosterónicas y antidiplomáticas. La humillación televisada en vivo de Zelenski por los dos maestros del bullying que están a la cabeza de la Unión Americana significa un reconocimiento implícito de buena parte de las pretensiones de Moscú, una inversión de tendencia para tratar de alejarla de China, el verdadero enemigo de EUA, y finalmente un viraje hacia un mundo bipolar, quizás un poco tripolar si consideramos a Rusia en la triangulación, en donde el dato cierto es que los países europeos van perdiendo relevancia en el tablero.

Por el lado americano, como medida de “distensión”, el Secretario de Defensa de EUA, Pete Hegseth, ordenó al Pentágono la interrupción de operaciones cibernéticas contra la Federación Rusa, lo que es una señal de que efectivamente hay negociaciones abiertas, de que hay una pugna con los aparatos del estado profundo y de que se quieren limitar sus márgenes de maniobra en el espionaje y el trazado de campañas o propagandas rusas en las Américas.

Para dar una idea de cómo se han involucrado distintas naciones en la carrera armamentista y el envío de material bélico a Ucrania, cabe mencionar que los países que, hasta julio de 2024, más dinero habían gastado en apuntalar a las fuerzas armadas ucranianas en su defensa contra Rusia eran (y son): Estados Unidos, con más de 25 mil millones de dólares, y, más distanciados, Canadá, Reino Unido, Alemania y Japón. Luego, todos en Europa, Francia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Países Bajos, Polonia. Y en seguida, Italia, España, Austria y Suiza.

Pero para Europa todo este gasto sólo representa una pequeña parte del costo, pues mayores han sido las pérdidas económicas, energéticas, sociales, simbólicas y geopolíticas de esta guerra, y vienen muchas más: los países del Viejo Continente van a tener que seguir pagando más cara la energía, además de recortar todavía más sus gastos sociales y estados del bienestar, con el fin de aumentar desmesuradamente el gasto militar, además de asumir los costos de posibles misiones “de paz” o de interdicción contra Rusia en territorio ucraniano. Y eventualmente la “inversión” en la reconstrucción de Ucrania y el ingreso de este país semidestruido en la Unión Europea no se ven como un gran negocio. El envío directo de tropas europeas, además, podría tener un costo importante en vidas humanas.

Otro hecho. Los integrantes de la Unión Europea se van a rearmar. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión, presentó una propuesta de préstamo conjunto, o sea de nuevo endeudamiento, por unos 150 mil millones de euros para gastos militares, como una especie de fondo que sería sólo una parte del total de una inversión de 800 mil millones de euros para elevar las capacidades de defensa de los veinte y siete países.

La idea es satisfacer y estimular una demanda común para adquirir en conjunto, tipo “cártel”, así como reforzar la base industrial, reduciendo los costos y uniformando más los estándares y la interoperabilidad de los equipos e infraestructuras bélicas, a través de un aumento del rubro de la defensa en los presupuestos públicos, equivalente por lo menos a un punto y medio del PIB. Los gobiernos se aprontarían para gastar para fines militares los fondos de cohesión europeos que, teóricamente, se erogan para mejorar el estándar de vida de la población.

Es decir, el planteamiento va en contra de dos pilares que motivaron y permitieron el delicado y, hasta cierto momento, exitoso experimento de integración europea después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la creación de una región de paz y de bienestar compartido, justo después de décadas de conflictos destructivos y crisis económicas.

La precipitación de los eventos bélicos y políticos en las últimas semanas, preconizada desde un principio por los comentaristas y especialistas más atentos en Occidente, acelerada tras el desastroso encuentro de Donald Trump y Volodímir Zelenski, están llevando a Europa hacia la derrota: los líderes continentales y de la propia UE, guiados por Francia y Reino Unido, han cobijado a Zelenski nuevamente en Londres, prometiendo más soporte material y diplomático a Kiev, y pidiendo a Moscú un cese al fuego de un mes para “sanar” la ruptura euro-americana.

No se entiende cómo es que Putin pudiera estar interesado, justo ahora que mantiene control territorial en las zonas ocupadas y que Trump le ha abierto el camino para un acuerdo que puede presentar como una victoria rusa y un embate para la OTAN.

Los mercantes de la guerra y los complejos industriales-militares, aun con los recortes al presupuesto militar anunciados por Trump, pueden todavía dormir sueños tranquilos porque Europa planea reemplazar a EUA, aumentando las compras militares del promedio actual de 1.9 puntos del PIB al cinco por ciento. Para evitar aranceles, además, esta enorme cantidad de dinero deberá de gastarse en productos, materiales, armas y municiones estadounidenses. Negocio bien redondo para el imperio.

Armas y soldados son las palabras que están en la boca de la mayoría de los líderes europeos en estos días, pero no se dan cuenta de la derrota económica y militar que están sufriendo, aparejada al declive geopolítico relativo del proyecto de integración de la Unión, mismo que intentan revivir a partir del plan refrito de creación de un ejército común, algo inviable en el corto y mediano plazo, sobre todo porque no existe todavía un Estado confederal que lo respalde. Otro aspecto preocupante es que esta espiral perversa de recortes a lo social para invertir en lo militar en la vieja Europa está y estará beneficiando cada vez más el discurso y el caudal electoral de las ultraderechas.

Ucrania, cada vez más débil, sigue en la terrible debacle que comenzó con la primera etapa de la guerra en 2014, que acabó con la anexión de Crimea por parte de Rusia, y que ahora se agudiza: no va a poder entrar en la OTAN, evidentemente, pero también se desdibuja la perspectiva de que ingrese a la Unión Europea, una opción a la fecha muy costosa para ambas partes.

Por Fabrizio Lorusso desde Sin Embargo MX

De cada cual según sus capacidades,
a cada cual según sus necesidades [1]

Pobres porque quieren. Mitos de la desigualdad y la meritocracia es el título del más reciente trabajo de Máximo Jaramillo Molina, sociólogo de la Universidad de Guadalajara, activista y especialista en temas de desigualdad, pobreza, desarrollo y mitologías.

Sí, mitos, narrativas, ficciones e instrumentalizaciones del poder, de las élites, y de sus personeros y dinastías acerca del orden social que les beneficia y sobre cómo mantenerlo ad libitum, mediante la clásica estrategia del “divide y vencerás” y la mentira meritocrática.

Al titular esta columna, adjetivé el sustantivo “ensayo” con la palabra “urgente” en referencia al hecho de que, a estas alturas de la historia, pasado ya un cuarto de este siglo XXI, en México y en el mundo la cuestión de la desigualdad demanda una actuación rápida.

Ya ha pasado más de una década del surgimiento de movimientos sociales contra la desigualdad, y la extrema concentración de la riqueza y el poder, como fueron Occupy Wall Street, con la consigna de “Somos el 99%”, o el 15-M de los indignados en España, a la postre un detonador y componente en el origen del partido de izquierda Podemos.

Igualmente, más de diez años han transcurrido desde la publicación de El capital en el siglo XXI, obra de circulación e influencia mundial del economista francés Thomas Piketty, o del informe de Oxfam Desigualdad extrema en México. Concentración del poder económico y político, escrito por el economista y exsubgobernador del Banco de México (2019-2022), Gerardo Esquivel, por mencionar sólo unos cuantos ejemplos.

Sin embargo, salvo contadas excepciones e intentos, la reducción de las desigualdades todavía no ha sido adoptada como prioridad política por la mayoría de los gobiernos o como bandera ética por la ciudadanía.

En esta línea, el ensayo de Jaramillo, fruto de años de investigación, trabajo de campo, vivencia e incidencia, a partir, por ejemplo, del proyecto de divulgación, felino y justiciero, de Gatitos contra la Desigualdad, invita a la reflexión, y al cambio.

Esta iniciativa, a través de memes y gatos inteligentes, y el propio libro, con argumentos, y datos rigurosos y contundentes, realizan una labor de debunking, de desenmascaramiento, de las narrativas que legitiman la llamada “meritocracia” y reproducen las desigualdades, tanto económicas como sociales de todo tipo.

Y lo hacen con respecto de las mentalidades, las creencias y las ideologías, obnubiladas por décadas de hegemonía neoliberal y electrocutadas sin piedad por crisis recurrentes, pero también respecto de las estructuras sociales (léase, de clase, de género, de “raza” y geopolíticas) y de las económicas (léase, del sistema fiscal y del financiero, del de salud, de la educación, de las pensiones, del bienestar en general y de sus derivados).

Gracias a Pobres porque quieren, finalmente, volvemos a oír (o a leer) palabras y frases necesarias y (casi) olvidadas: “clases sociales”, “estructuras económicas y de poder”, “impuesto sobre las herencias y el gran capital”, “redistribución de la riqueza”, “ingreso universal”, “igualdad”, “universalismo”, “gratuidad”, “recaudación progresiva”, “responsabilidad colectiva (o compartida)”, “bien común”, “reforma fiscal”, “vivienda social y popular”, y tantas más que verbalizan el anhelo por un mundo más justo.

El texto trabaja siete mitos principales y el análisis de cada uno revela múltiples narrativas tóxicas, falaces, secundarias, y derivadas que como individuos y como sociedad muchas veces consideramos naturales, correctas y justas, aunque en realidad no lo son.

“Los pobres son pobres porque quieren” es el mito número uno, el eje central: hemos creído que el puro esfuerzo individual, sintetizado en la ideología del echaleganismo neoliberal, sería suficiente para conseguir “el éxito”, sea lo que esto signifique, económico, de estatus, de poder, en consumo, y así sucesivamente. Y resulta que no, la pobreza no es una falla personal, no depende como tal de la voluntad o de la pereza, sino principalmente de una acumulación de factores y jerarquías estructurales, sociales e históricas que estratifican, y segregan a grupos y personas, más que favorecer el ascenso generalizado y progresivo del conjunto.

Es decir, en México la movilidad social es muy escasa, y entonces sucede que el origen se torna destino. Además, Jaramillo demuestra avispadamente que el problema de la pobreza es un problema de desigualdad, que no son campos separados como comúnmente se cree, y que sociedades muy desiguales sumergen a su población en la angustia, y no serán nunca candidatas a realizarse con desarrollo pleno y derechos humanos.

El discurso de la meritocracia es falso y paradójico: anécdotas legendarias sobre presuntos casos de éxito e historias ficcionales de emprendedurismo y resiliencia nos hacen creer que pocas personas, como Carlos Slim o Ricardo Salinas Pliego, “merecen” poseer más bienes y riqueza que la mitad del país. Esto va en contra de la evidencia científica y las estadísticas. Pero, si el dato (bien trabajado) mata el relato, entonces la realidad es que no podemos olvidar “el componente social e histórico de los resultados de nuestras vidas”, citando al autor del libro, ni pensar que simplemente “esfuerzo y el talento son las variables clave para el éxito y la posición de los individuos en la jerarquía social”.

El mito dos nos cuenta que cualquiera puede ser millonario y bueno, pues, tampoco es cierto. La valoración de lo que constituye “el talento” es social, coyuntural, histórica, dictada por una serie de percepciones e imposiciones dirigidas por medios de comunicación y élites político-económicas que, en las democracias liberales, se han sustituido a las aristocracias de antaño, aunque siguen justificando sus privilegios y riquezas insultantes con retóricas que encubren, en muchos casos, la ilegitimidad de lo acumulado, generación tras generación.

El tercer mito dice que el problema “no es el patriarcado ni el racismo, sino el clasismo”, o sea, de que en México no hay racismo, sino clasismo. Esto se traduce en la sistemática negación de que en el país existen el racismo y el patriarcado como sistemas de dominación sobre grupos sociales y étnicos, construidos o inventados como “inferiores” o “atrasados”, y del género femenino como tal. En cambio, nacer mujer, morena e indígena entre hombres blancos sí hace la diferencia, y mucho, no por cuestiones de “clase” o económicas, sino por estructuras enraizadas que perpetran desigualdades interseccionales, que se refuerzan entre sí, y categoriales.

El cuarto mito nos cuenta que la educación te va a sacar de pobre, que más educación implicará más riqueza, pero otra vez se reproducen ciertos lugares comunes con base en supuestos parciales o sesgados sobre la “igualdad de oportunidades” y la “formación de capacidades”. Si bien, desde luego, la educación es un factor muy importante, hay que hacer hincapié en la igualdad de resultados, y el fomento a la concreción de las capacidades sin discriminaciones ni bloqueos sociales culturales y económicos como los que tenemos. Lo anterior exige una política pública integral que vaya más allá del necesario apoyo financiero, y reme en contra de las desigualdades de acceso, permanencia y calidad dentro del sistema educativo en todos sus niveles, ya que éste acaba siendo elitista, y evalúa básicamente capacidades que, de por sí, contienen cierto tipo de conocimientos y competencias que refuerzan las discriminaciones.

El mito cinco afirma que los jóvenes prefieren no tener viviendas propias porque ya cambiaron sus valores, o bien, son más irresponsables que antes, y prefieren gastarse la plata en cafecitos nice y viajes al exterior. En cambio, el despojo al trabajo, el bajo salario y condiciones laborales precarias, así como la gentrificación, la falta de una política de vivienda social, la especulación inmobiliaria, el encarecimiento de las rentas, y del valor inflado de las casas en los centros urbanos, el descontrol de AirBnb y demás plataformas, entre otros factores, pintan un cuadro mucho más dramático, y sistémico contra el cual la buena voluntad y el esfuerzo individual poco pueden hacer.

Este mito me recuerda de cerca los discursos, también falaces, sobre los mal llamados “ninis”, que según la visión hegemónica sería jóvenes que no trabajan ni estudian porque no quieren, así que deciden no salir de su casa, no construir o comprar una propia, y no hacer familia. Nada más estigmatizador e injusto afirmar eso para la generalidad, y totalidad de las personas jóvenes que no pueden conseguir empleo bien remunerado o digno y no acceden a la universidad o a la prepa, quienes, además, según los datos disponibles, en su mayoría son mujeres, y madres jóvenes a las que “se le encarga” el cuidado familiar de varias generaciones, niños y ancianos.

El mito seis se encarga de estigmatizar a quienes son beneficiarios de algún programa social, es decir la mayoría de la población, especialmente a los más vulnerables, y se resume en que habría una suerte de “vicio de la dependencia”, por lo que “los programas sociales hacen floja a la gente”, como suele reiterar con sus verborreas groseras, racistas y clasistas el expresidente Vicente Fox. En mi país de origen, Italia, pese al progresivo desmantelamiento de ciertos elementos del welfare state, o Estado del bienestar, siguen vigentes sin ningún problema muchos programas sociales, estatales, regionales y municipales, junto con un sistema único, y universal de salud, educación pública, pensiones y desempleo.

Es algo que, en México, una de las economías más grandes del mundo, podría implementarse en un periodo presidencial. Nada del otro mundo, y bastante distante de los beneficios y derechos que, pese a todo, todavía hoy, tienen los países nórdicos, pero de todas formas fue gracias a este conjunto de sistemas y apoyos, focalizados, no condicionados, y algunos universales, que pude llevar a cabo mis estudios en una muy buena (pero relativamente cara y elitista) universidad, mi intercambio a México en 2000 y 2001, y con programas mi mamá pudo, por ejemplo, volver a entrar al mercado laboral, en un puesto del sector público municipal, actualizando determinados conocimientos tecnológicos y, finalmente, alcanzando el derecho al trabajo, plasmado en el artículo 1 de la Constitución italiana, y a una pensión digna. Está, allá, sigue siendo vitalicia y garantizada por el Estado y no, como acá, basada en el mercado, las Afores privadas y con fecha de caducidad a 15 años.

El séptimo mito refiere que los pobres no pagan impuestos, cuando también esto no es cierto y, más bien, vivimos en un régimen de profunda injusticia fiscal y redistributiva, una especie de paraíso fiscal encubierto, en donde la recaudación es carente y altamente regresiva, no se cobra nada a las grandes herencias, muy poco a las grandes ganancias financieras y propiedades, a la especulación, a ciertas inversiones, a la minería, y a los capitales acumulados e inertes. Pese a la tímida reforma fiscal de Peña Nieto, y a las mejoras en la inteligencia financiera y capacidades del SAT y de la recaudación en general en el sexenio de AMLO, los más ricos siguen pagando proporcionalmente mucho menos, la carga recae en los más pobres y la clase media, cada vez más delgada y en peligro de decadencia.

Entonces, como lo abogamos en otros espacios, son urgentes reformas cabales, con vistas a los chantajes arancelarios de Trump y las venideras presiones presupuestarias internas, pero, sobre todo, para garantizar permanencia, y expansión de programas sociales y de un verdadero estado del bienestar (que, desde luego, cuesta mucho).

Hace falta, por lo tanto, un nuevo pacto fiscal solidario e intergeneracional para la sostenibilidad hacendaria e infraestructural, a partir de las zonas más desfavorecidas en el pasado, en el contexto de escenarios adversos y a través de la reducción de toda violencia estructural (y, de paso, de muchas otras violencias más, como resultado probable de una “atención a las causas”, recargada, justiciera y radical).

Jaramillo nos ofrece perspectivas de futuro y de reforma, ambiciosas y realistas a la vez. El libro culmina con una serie de propuestas factibles, inspiraciones políticas y de lucha colectiva, también urgente, para dialogar y salirnos de la caja, entendiendo el contraste a la desigualdad como misión civilizatoria y humanista, social, ética y comunitaria.

Se relanza, entre otras iluminaciones, la idea de una reforma fiscal progresiva, y, sobre todo, la de un ingreso universal que pueda liberar potenciales humanos y dignidad para todas y todos. “Una sociedad que asegura el mínimo necesario para una vida adecuada y digna”, reconociendo que la riqueza, que hoy se concentra, cada vez más, en pocas manos, es un output indeseable de un esquema injusto.

Pobres porque quieren nos insta a desmontar las narrativas justificativas, y abusivas que pretenden legitimar la apropiación dispar y excesiva del producto, y de la plusvalía socialmente generada, así como a hacerle frente, desde las aulas, el periodismo, las plazas, las redes y la política pública, a la propaganda que nos vende como panacea la competencia, la meritocracia y el riesgo, que siempre premian a los mismos notorios de la cúspide.

[1] Consigna histórica del movimiento socialista desde el siglo XVIII, retomada por Karl Marx en la Crítica del Programa de Gotha (1875).

Por Fabrizio Lorusso desde Sin Embargo MX