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  • Ayotzinapa 8 anni: sviluppi preoccupanti per la verità e la giustizia sui 43 studenti desaparecidos

    Ayotzinapa 8 anni: sviluppi preoccupanti per la verità e la giustizia sui 43 studenti desaparecidos

    Messico. Intervista di Chawki Senouci (Esteri, radio Popolare) con Fabrizio Lorusso sugli sviluppi del caso Iguala-Ayotzinapa, coi conflitti interni al governo e alla procura generale della repubblica che potrebbero compromettere del tutto la possibilita’ di arrivare alla verita’ e alal gustizia sui 43 studenti desaparecidos nel 2014. (30 settembre 2022)

    Link originale puntata Esteri https://www.radiopopolare.it/podcast/…

  • Le due tragedie del Messico

    Le due tragedie del Messico

    In questa edizione partiamo con la testimonianza della giornalista brasiliana Janaina Cesar sugli eventuali pericoli in caso di una vittoria di Jair Bolsonaro.
    E poi approfondiamo insieme a Fabrizio Lorusso, professore dell’università di Leon in Messico, la vicenda dei 43 studenti di Ayotzinapa, nell’ottavo anniversario della loro scomparsa e lo colleghiamo con il Massacro di Tlatelolco del 2 ottobre 1968.

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  • Petorca, la provincia chilena en emergencia hídrica que rechazó la Constitución ecologista

    Petorca, la provincia chilena en emergencia hídrica que rechazó la Constitución ecologista

    El resultado del plebiscito en Chile sorprendió sobre todo en las zonas que se habrían beneficiado con una Nueva Constitución caracterizada por su orientación ecológica. El debate se concentró en torno a Petorca, provincia símbolo de la emergencia hídrica que se vive en el País, que sin embargo rechazó el proyecto constitucional donde se desprivatizaba el agua.

    Vasca de agua destinada a los cultivos de aguacates, 9 de septiembre 2022 (Susanna De Guio)

    di Susanna De Guio da El Salto

    Desde el pasado 4 de septiembre, Chile está analizando como y porqué la mayoría de la población decidió rechazar la nueva Constitución. A partir de la revuelta social estallada en octubre de 2019, los principales acontecimientos políticos y sufragios en el País empujaron y sostuvieron el proceso constituyente que ahora, tres años después, habría llegado finalmente a cambiar la Constitución del 1980. Esto habría abierto el camino a cambios profundos en Chile, ya que en la Carta Magna queda el mayor legado de la dictadura de Pinochet, que permitió prolongar las reglas de un neoliberalismo extremo más allá del régimen militar, durante las últimas tres décadas de democracia.

    Sin embargo, a contracorriente con respecto a las señales políticas expresadas hasta ahora, esta vez casi el 62% de la población votó en contra del nuevo texto, superando las expectativas de la propia campaña del “rechazo” y los números de las encuestas.

    El “no” ganó incluso en las llamadas “zonas de sacrificio” que han sido históricamente las más perjudicadas por el modelo de libre mercado que rige en Chile, donde el Estado es relegado a un rol subsidiario. Una de ellas es la provincia de Petorca, conocida por la grave emergencia hídrica que sufren sus habitantes, en muchas áreas dependientes de la distribución de agua con camiones cisterna. Aquí se suman los efectos de la sequía –la peor de los últimos 700 años en la cuenca del río Petorca, según un estudio de 2020- y el desigual acceso al agua, que las empresas agroexportadoras explotan en grandes cantidades para regar las plantaciones de aguacate y otros frutales que se extienden hasta los cerros.

    Mural por el agua como bien común en Petorca, 9 de septiembre 2022 (Susanna De Guio)

    ¿Por qué Petorca dijo que no?

    “Claramente los que tienen tierras y derechos de agua, con cientos de litros por segundo, no van a querer soltar su privilegio, pero yo fui elegida con un mandato claro, que era recuperar el agua para las comunidades y los territorios, y esto es lo que hicimos en la Convención” afirma Carolina Vilches Fuenzalida, vocera del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima) y una de las 155 personas escogidas por la ciudadanía para redactar la nueva Constitución. Efectivamente, el proyecto constitucional sometido a plebiscito habría garantizado el acceso al agua como derecho humano, priorizado el consumo de las personas por sobre otros usos, y protegido este bien común que en Chile, único caso al mundo, está privatizado.

    Petorca estaba entre las provincias que lideraron el voto para cambiar la Carta Magna en el plebiscito “de entrada” del 2020, con el 90% de las preferencias, pero ahora el 56,1% rechazó el proyecto. Según Carolina Vilches la lucha en defensa del agua como bien común sigue vigente, sin embargo “los territorios como Petorca, pero también Quintero, Coronel, que son ‘zonas de sacrificio’, han sido sometidos por mucho tiempo y tienen miedo a perder lo poco que consiguieron.” Lo explica con un ejemplo concreto: “se dijo hasta en la misa que con la nueva Constitución no se iban a poder heredar las viviendas, lo cual es bastante extraño porque el derecho de propiedad estaba completamente garantizado en el texto.”

    Carolina Vilches Fuenzalida, activista de Modatima y convencional constituyente, 9 de septiembre 2022 (Susanna De Guio)

    Además de una feroz campaña de desinformación, para Vilches uno de los factores que influyeron en el resultado es que por primera vez después de 10 años el voto volvió a ser obligatorio: “personas que estuvieron desconectadas durante todo el proceso, se vieron obligadas a votar un texto que no conocían o con el cual no se sentían relacionados políticamente, y por las dudas o por desinformación prefirieron rechazar.”

    Con respecto al plebiscito del 2020, a nivel nacional se registraron 5 millones de nuevos votantes, y los primeros análisis por circunscripción apuntan a que el gran aumento de la opción del “no” está relacionado con ellos. En el caso de Petorca hubo 3.353 nuevos votantes, el “Apruebo” perdió 654 votos mientras el “Rechazo” sumó 4007.

    Jorge vive en La Ligua, en la provincia de Petorca. Lo encuentro en la plaza del pueblo y me cuenta que fue a votar por obligación, la multa por no ir habría sido alta para el. De la propuesta constitucional no le gustó la idea de la plurinacionalidad: “con el ‘Apruebo’ iban a haber dos países, y uno iba a ser de los mapuche, pero Chile es uno solo” afirma con fuerza, recalcando uno de los principales argumentos instalados por la campaña del “Rechazo”. Le pregunto por el problema del agua, se toma un momento de silencio y resume así su posición: “Uno sabe que al rico nunca le vas a ganar, el rico es el que manda.”

    Mónica vende ropa en la feria de Cabildo, aclara que le dieron el libro de la Constitución pero no lo leyó, se informó sobretodo por la televisión y conversando en familia. Estaría de acuerdo con cambiar la actual Constitución, pero siente que el proyecto propuesto “lo hicieron pensando en ellos mismos y no pensando en el pueblo y la gente mas humilde.” No cree que el nuevo texto habría mejorado el problema del agua, pero explica con claridad porqué hay escasez: “Quienes tienen plata para mandar a hacer pozos profundos tienen como sacar agua, tienen piscinas donde la acumulan y a los agricultores mas chicos no les pasan ni una gota, el agua no debería ser privada, menos de las empresas” sigue, y nombra el caso de los dueños del Grupo Falabella, que “tienen parcelas lindísimas por el lado de Chalaco, con cinco estanques llenos de agua, pero alrededor está todo seco.”

    Plantaciones de aguacates en la provincia de Petorca, 9 de septiembre 2022 (Susanna De Guio)

    La sequía y el saqueo

    Recorriendo los valles y los pueblos de la provincia de Petorca, ubicada 200 kilómetros al norte de la capital, se observan los efectos de la mega sequía que golpea a Chile hace más de una década, la peor de su historia. A pesar de las señales de la primavera que se asoma, pintando de flores amarillas los campos, el lecho de los ríos Petorca y La Ligua está completamente seco hace años, por eso las familias ya no logran cultivar sus campos y los animales se les han muerto, muchos han tenido que vender sus hectáreas a los dueños del agro negocio. Marileu Avendaño, presidenta de la Confederación Nacional Campesina (Conaproch) y parte del Movimiento por el Agua y los Territorios, MAT, confirma esta realidad: “Aquí hay 7mil personas que se abastecen con camiones aljibe, ya no pueden hacer de su cotidiano la agricultura y por esto hubo un éxodo del campo a la ciudad.” Agrega que la misma Conaproch “esta envejecida, hay pocos jóvenes que se dedican al campo porqué no están las condiciones mínimas para hacerlo.”

    Caminamos por el lecho del río La Ligua con Verónica Vilches, dirigente del Agua Potable Rural de San José de Cabildo, conocida en todo Chile por su defensa del agua y el medioambiente. “Ya no corre en su cauce, pero aquí hay agua, sino los monocultivos no estarían” explica. Se refiere a los campos de aguacate que marcan con líneas geométricas el paisaje, separando rectángulos de verde intenso del color café de los cerros. Entre piedras y pequeños arbustos, me muestra unas tuberías que salen de la tierra, medio escondidas con ramas secas, se escucha el agua pasar por dentro de los caños. Son pozos ilegales que bombean el agua subterránea en profundidad, me explica. “Acá los dueños de las plantaciones se roban el agua y nadie fiscaliza porque hay corrupción. Todo pasa por la corrupción.” Sobre la ruta que lleva de Cabildo a otras comunidades rurales, unos 100 metros más allá, los camiones aljibes pasan cada 15 minutos.

    Tubería ilegal al lado del río La Ligua, 10 de septiembre 2022 (Susanna De Guio)

    El acaparamiento de las tierras y del agua comenzó en los años Noventa en esta provincia y se siguió profundizando, ya por el 2012 la denuncia de la situación había estallado con fuerza, de la mano de organizaciones como Modatima. Según reporta la convencional Carolina Vilches, “hay drenes y pozos ilegales, desvíos del cauce y tranques de acumulación del agua, ocupación de terrenos del río para plantaciones, todo esto ha sido denunciado y sancionado, está en los informes del Ministerio de Obras Publicas. Pero las multas son irrisorias así que los responsables pueden pagarlas, arrendar los derechos de agua o comprarlos, y después siguen haciendo lo mismo.”

    El año pasado, con una sentencia histórica, la Corte Suprema dictaminó que en la provincia de Petorca sea garantizado el acceso almeno a 100 litros diarios de agua potable por persona, acogiendo el recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Valparaiso en 2020. Pero aún así, este año tres escuelas fueron afectadas por los cortes de agua y en el pueblo de Hierro Viejo el instituto educativo sigue funcionando solamente a media jornada por la falta de distribución hídrica.

    Siempre de pie

    “Nuestros derechos son violados acá en Chile, y además se muere la economía local, se vacía el valle, hay enfermedades ligadas a la calidad del agua de los camiones, hay depresión, sufrimiento, y a quienes levantamos la voz y hablamos del robo del agua, nos tratan de terroristas” sigue Verónica Vilches. Ella es una de las personas que ha sido amedrentada por denunciar la usurpación del agua en Petorca. Me muestra las frases con su nombre y apellido rayadas en las paredes de Cabildo, lugar donde vive. La primera vez que la amenazaron de muerte perdió la voz, cuenta que quedó en shock y no podía hablar. “Ahora ya no me preocupan, no tengo miedo. Muchas veces mis familiares me han pedido que deje esto, pero para mi no hay vuelta atrás, aquí se le castiga al pobre por ser pobre y hay que seguir denunciando, siempre de pie, jamás de rodillas.” 

    Rayados en contra de la mediambientalista Veronica Vilches cerca de su casa, 10 de septiembre 2022 (Susanna De Guio)

    No está ajeno al tema el alcalde de Petorca, Ignacio Villalobos, admite de haber recibido amenazas a su vez y reconoce que “hay sectores que quieren seguir manteniendo sus privilegios, sin duda, porque si tengo 300 litros de agua por segundo inscritos para mi estancia, voy a defender a rajatabla lo que ya tengo adquirido, y no lo voy a querer compartir con lo que esta al lado aunque no tenga.”  Entre los factores que pueden haber incidido en la victoria del rechazo en Petorca, explica que “el día de las votaciones estaban los dueños de las empresas como apoderados de mesa, si está tu jefe viendo como votas o como te expresas en la urnas es más complicado que lo hagas libremente, hubo una campaña que apuntaba a provocar miedo.”

    Después del resultado del plebiscito, el presidente Gabriel Boric sigue reiterando su compromiso de impulsar un nuevo proceso constituyente que respete el mandato expresado en la votación de octubre 2020. Actualmente esta posibilidad se está debatiendo entre las fuerzas políticas sin llegar todavía a un acuerdo y su realización está en las manos del Congreso, donde los partidos de la derecha ahora están imponiendo las reglas del juego. Pero el mandado de desprivatizar el agua, que esta Convención constitucional había recogido, sigue vigente y cada vez más urgente, mas allá que el gobierno logre o no avanzar en esta materia.

  • Italia a la derecha: notas al margen de una victoria anunciada

    Italia a la derecha: notas al margen de una victoria anunciada

    Giorgia Meloni, presidenta del partido Fratelli d’Italia (Hermanos de Italia), será la primera mujer jefa de gobierno en Italia, tras obtener más del 26% de las preferencias electorales el domingo pasado. La coalición de derecha con Forza Italia, el partido-empresa del octogenario Silvio Berlusconi, y la Lega de Matteo Salvini, consiguió una amplia mayoría parlamentaria que le permitirá relevar el gabinete saliente del tecnócrata Mario Draghi.

    Las relaciones de fuerza internas a la alianza se invirtieron respecto de los comicios de 2018: Meloni sextuplicó sus votos, sus aliados bajaron a la mitad y ahora son socios de minoría. Fratelli d’Italia se sitúa en la extrema derecha del espectro político y tiene sus antecedentes en el Movimiento Social Italiano, creado en 1946 por seguidores de Mussolini y del fascismo, y en Alianza Nacional, partido conservador disuelto en 2009.

    El campo progresista anunció su derrota al presentarse dividido. El Partido Democrático (PD), de orientación liberal, llegó en segundo lugar, por debajo del 20%, y la coalición centroizquierda se quedó atrás de la derecha por casi veinte puntos. Su líder, Enrico Letta, no pudo articular un frente amplio entre el centro moderado, liderado por dos ex afiliados de su mismo partido, y la constelación de las izquierdas ambientalistas y genuinamente progresistas como Sinistra Italiana y Verdi, que sí ganaron escaños en el Congreso, o la Unión Popular del ex alcalde de Nápoles, Luigi de Magistris, que, en cambio, no lo logró. Tampoco se abrió un diálogo con el Movimento 5 Stelle (Cinco Estrellas), liderado por el ex Primer ministro Giuseppe Conte, quien, entre pragmatismo y transformismo, gobernó durante la pandemia, primero con la Lega y luego con el PD, y ahora encarna una suerte de populismo progresista. Perdió la mitad de sus votos, pero alcanzó el tercer lugar nacional, siendo el primer partido del sur.

    Giorgia Meloni ha querido presentarse como expresión de las nuevas generaciones, ya que tiene “sólo” 45 años y fue ministra de la juventud, pero llega acompañada de candidatos y programas reciclados de los gabinetes de Berlusconi de los últimos 30 años. Una propuesta clave de su coalición es la flat tax, un impuesto sobre los ingresos con tasa única universal. Bajo la falsa idea de la simplificación tributaria, se esconde una medida de corte reaganiano neoliberal que crearía un sistema fiscal regresivo. Otras propuestas son: elección directa del presidente y centralización, pero también autonomía a las regiones; bloqueo naval contra los desembarcos de migrantes; apoyo a la energía nuclear; queda al margen el tema medioambiental y la sustentabilidad. Sobre este programa la coalición mantiene diferencias marcadas que podrían minar la solidez del futuro gabinete. 

    Las primeras felicitaciones a Meloni llegaron de la ultraderecha europea: Viktor Orban, Primer ministro de Hungría; Santiago Abascal, líder de Vox en España; Jordan Bardella, eurodiputado del Ressemblement National de Marine Le Pen. Este mes la Lega y Fratelli d’Italia votaron en contra de una relación del Parlamento europeo que definía “autocracia electoral” al régimen húngaro y, en diferentes momentos, expresaron apoyo a Orbán y sus medidas anti-derechos como la ley, aprobada este mes, que obliga a las mujeres que abortan a escuchar el latido del corazón del feto.

    Sobre la guerra hay diferencias. Berlusconi, al menos antes del ataque de Rusia contra Ucrania, era declaradamente un gran amigo de Putin y la Lega de Salvini es acusada de haber entretenido con su gobierno relaciones económico-políticas turbias. Ambos han ido ablandando posturas sobre el tema de las sanciones contra el régimen ruso. Aun así, la coalición refrendó su posición atlantista como miembro de la OTAN en la estera estadounidense. La línea es insistir con las sanciones económicas contra Rusia y el envío de armas a Ucrania, alejándose, así, de las posiciones que ganan cada vez más aprobación en el país y abogan por un papel mediador y un cese al fuego.

    Las prioridades internas del gobierno serán la continuidad del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, basado en fondos de la UE y nueva deuda para el post-pandemia, además de la inflación, la recesión que viene en 2023 y la crisis energética. Con una economía endeudada y estancada, ligada a un Plan ya negociado y a la supervisión europea, las palancas económicas del ejecutivo tendrán claros límites. En cambio, la acción política e ideológica de la “nueva derecha” podrá intervenir a fondo y tratar de crear hegemonía con efectos nefastos y duraderos en los ámbitos sociales, culturales y simbólicos. El ataque a los derechos civiles, al aborto legal, a migrantes y parejas del mismo sexo, el “rescate” de figuras e ideas fascistas, los ecos de teorías de pureza étnica contra “la sustitución”, la represión del disenso y las veleidades identitarias, xenófobas y tradicionalistas ya han sido ensayadas en el pasado reciente, pero ahora se hacen gobierno. La oposición no estará en una izquierda dividida en los palacios de Roma, sino en las calles, barrios, fábricas, asociaciones y movimientos que deberán (re)construirla y actualizarla.

    De Fabrizio LorussoLa Jornada (27/09/2022)

  • Uragani del centro e del sudamerica

    Uragani del centro e del sudamerica

    L’uragano Fiona ha lasciato il segno in Repubblica Dominicana e messo a nudo un forte deficit abitazionale. Lo racconta per noi dall’isola caraibica l’attivista per la difesa dei diritti umani Annalisa Melandri. La seconda pagina è dedicata alla riapertura delle frontiere fra la Colombia e il Venezuela e a le accuse che quest’ultimo ha ricevuto da parte delle Nazione Unite per gravi violazioni dei diritti umani. Lo spiega e analizza il professore di Scienza Politiche dell’Universidad Nacional de Colombia Giacomo Finzi.

  • Decisione posticipata?

    Decisione posticipata?

    A due settimane dalle elezioni in Brasile, le probabilità che si vada ad un ballottaggio il 30 ottobre sono molto alte, anche se il ritorno di Lula al potere appare pressoché scontato. Lo racconta e analizza per noi da San Paolo il giornalista Paolo Manzo.
    Poi vediamo le interessanti proposte con le quali l’America Latina è stata presente all’ultima Mostra di Cinema di Venezia, con film che potrebbero essere accattivanti anche per il pubblico italiano. Lo spiega il critico cinematografico di Radio Cooperativa Umberto Bodon, conduttore della trasmissione Cinema 2.



  • Voces del “rechazo” a la nueva Constitución chilena

    Voces del “rechazo” a la nueva Constitución chilena

    El pasado 4 de septiembre Chile decidió rechazar el proyecto constitucional redactado durante el último año por una Convención de 154 personas elegidas por sufragio. Este texto se descarta durante un plebiscito “de salida” que se realiza dos años después de un primer referendum (25 de octubre 2020) donde la población expresó – con casi el 80% de las preferencias – la necesidad de escribir un nuevo texto constitucional.

    Actualmente el gobierno de Gabriel Boric está tratando de negociar la apertura de un nuevo proceso constituyente, mientras tanto en Chile queda vigente la Constitución escrita en 1980 durante la dictadura militar de Pinochet para perpetuar el extremo neoliberalismo acuñado por los Chicago Boys, que hace de Chile uno de los Países más desiguales de América Latina.

    Tres días después del plebiscito, salimos a la calle a preguntar a las personas las razones de su voto en la plaza de Armas de San Bernardo, comuna ubicada en la zona sur de la Región Metropolitana de Santiago.

    En el video siguiente registramos sus respuestas.

  • El caso Paciolla

    El caso Paciolla

    El 15 de julio de 2020, el funcionario italiano de la ONU Mario Paciolla fue hallado sin vida en San Vicente del Caguán, en el departamento colombiano del Caquetá.

    Desde 2018 Paciolla trabajaba como funcionario de la segunda Misión de Verificación de la ONU en Colombia, surgida en 2017 y encargada de verificar la reincorporación política, social y económica de los excombatientes de las FARCEP después de la firma de los acuerdos de paz entre el grupo guerrillero y el gobierno colombiano en septiembre de 2016.

    Cinco días antes de su muerte, Paciolla había tenido un roce con algunos colegas de la Misión de la ONU. Era la más reciente de muchas tensiones. Por ello había decidido volver a Italia antes de que acabara su contrato. El 15 de julio tenía previsto viajar a Bogotá. Desde ahí, unos días después, tomaría un vuelo para Italia. Sin embargo, los colegas de la Misión encargados de recogerlo lo encontraron ahorcado en su habitación, con heridas en las muñecas y en el cuello.

    A dos años todavía no hay respuestas definitivas sobre lo que pasó entre la noche del 14 de julio, cuando un vecino del barrio Villa Ferro de San Vicente vio al italiano discutiendo por teléfono afuera de su casa, y la mañana siguiente, cuando su cuerpo fue hallado sin vida por sus colegas.

    Todavía no han sido publicados los resultados completos de la necropsia realizada en Roma y las actividades de la fiscalía italiana parecen estancadas. El interés de algunos grandes medios nacionales italianos no ha dado el impulso esperado a las investigaciones.

    En los archivos de la ONU la muerte del activista italiano se clasifica como “autoinfligida”, o sea como suicidio, hipótesis que se menciona como compatible en la necropsia realizada en Colombia después del hallazgo del cadáver. Según la familia y los amigos de Mario, esta reconstrucción no es creíble.

    El reportaje de Duque

    En Colombia, el caso parecía haber caído en la desmedida canasta del olvido colectivo, al menos hasta la reciente publicación de un nuevo reportaje de Claudia Duque, periodista y amiga de Paciolla, comprometida desde hace dos años en la reconstrucción de las verdades ocultas del caso.

    En su nueva investigación, publicada en el diario El Espectador, se mencionan algunos detalles de la necropsia realizada en Italia. Las heridas encontradas en la muñeca izquierda de Paciolla parecen ser infligidas “en limine vitae o incluso post mortem”.

    También según la información recabada por la periodista colombiana, la autopsia realizada por el médico forense Vittorio Fineschi sugeriría que Mario murió por estrangulamiento y sólo posteriormente su cuerpo fue suspendido y colgado de una sábana, en la posición en la cual fue encontrado. La información aún no es oficial y desde los abogados de la familia Paciolla se filtra cautela.

    Sin embargo, la noticia se suma a la larga lista de inconsistencias y manipulaciones en la supuesta escena del crimen por parte de funcionarios de la ONU en las horas siguientes a la muerte de Paciolla.

    En efecto, hay varias contradicciones que sugerirían una puesta en escena. En el centro de las perplejidades está el trabajo de las propias Naciones Unidas, en particular de Christian Thompson, exsuboficial del ejército colombiano y en ese momento jefe de seguridad de la Misión en San Vicente.

    Tan pronto encontró el cuerpo de Mario, Thompson se apoderó de las llaves de su departamento, impidiendo la entrada a los policías y al dueño de la casa. Antes de darle acceso a las autoridades locales, ordenó realizar una limpieza completa del piso con lejía, contradiciendo el mismo reglamento de la ONU en caso de muertes en servicio descrito en el Handbook for action in cases of death in service.

    Durante la limpieza, Thompson botó en el basurero central de San Vicente una colchoneta y dos ollas con rastros de sangre, sosteniendo durante el interrogatorio que “en ningún momento nadie me dijo que eso era una evidencia”. Los objetos nunca fueron recuperados. Además, retiró algunos materiales privados de Paciolla, entre ellos su computadora y una libreta personal que podrían revelar si no la causa de su muerte sí al menos las razones de la condición de estrés del funcionario italiano.

    A raíz de la falta de colaboración por parte de la ONU, la familia Paciolla decidió presentar una denuncia contra Thompson, contra su colega Juan Vásquez García y contra los cuatro policías que permitieron la contaminación de las pruebas. Para el padre de la víctima, Pino Paciolla, la denuncia se basa en que “los dos sujetos de la ONU y los cuatro policías ciertamente tenían conocimiento de los protocolos a adoptar en caso de muerte de una persona; es absolutamente anómalo irrumpir en un apartamento privado, limpiarlo con lejía y tirar al vertedero todo lo que podía servir para posteriores investigaciones sobre la muerte de Mario”.

    La policía colombiana está bajo investigación por permitir que Thompson ma

    nipulara la habitación donde fue hallado el cadáver del funcionario. La familia Paciolla también denunció las irregularidades cometidas durante la autopsia realizada por las autoridades colombianas, que dio como resultado una compatibilidad con la hipótesis del suicidio. En lugar de un médico forense, asistió al examen médico un funcionario de la ONU: un detalle importante, considerando que el cuerpo de Mario Paciolla fue repatriado en pésimas condiciones, que dificultaron la realización de más exámenes.

    El factor mexicano

    El actuar de Thompson nunca fue puesto en tela de juicio por los altos mandos de la Misión. Al contrario, en los meses siguientes fue ascendido a responsable del Centro de Seguridad Nacional de la Misión. Y más allá del modus operandi del jefe de seguridad, la muerte de Paciolla sirvió de detonante para evidenciar una serie de fallas en la gestión de la Misión por parte de su jefe, el diplomático mexicano Carlos Ruiz Massieu.

    El nombre del representante especial de la Secretaría General de la ONU en Colombia, Ruiz Massieu, aparece también en otras denuncias públicas relacionadas con casos de corrupción y nepotismo.

    El 4 de noviembre de 2016 la agencia Apro publicó una investigación de la alianza MéxicoLeaks –de la que Proceso formaba parte– que citaba cables diplomáticos en los que la tía de Carlos Ruiz Massieu, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, ejercía presión para favorecer su reelección como miembro de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos de Presupuesto de la ONU.

    A principios de este año, el medio Innercitypress publicó una carta anónima de un supuesto informante interno de la Misión de la ONU en Colombia, por medio de la cual se denuncian casos de nepotismo, uso impropio de dinero, explotación laboral, acoso sexual y abuso de poder relacionados, entre otros, con la figura de Ruiz Massieu. En la carta se subraya la necesidad del anonimato por miedo a represalias y la falta de confianza en el dispositivo de Conducta y Disciplina interno a la Misión.

    En el primer reportaje de Claudia Duque se había revelado a la ONU una fractura interna entre el uruguayo Raúl Rosende, jefe del área de Verificación de la Misión, y el mismo Ruiz Massieu.

    En al menos una ocasión, según la investigación de Duque, Rosende le ocultó a Ruiz Massieu informes producidos por oficinas de la Misión en los que se denunciaban delitos contra los derechos humanos cometidos por el ejército colombiano.

    El mismo Rosende habría filtrado documentos producidos por la Misión (al parecer por el mismo Paciolla, sin su consentimiento) al senador Roy Barreras, quien los usó contra el entonces ministro de Defensa Guillermo Botero para obligarlo a renunciar a su cargo.

    Aunque Barreras, recién nombrado presidente del Senado, afirma haber recibido el informe de altos oficiales militares y no de miembros de la Misión, Duque dijo disponer de grabaciones de reuniones internas de la ONU que prueban lo contrario.

    Pese a la atención mediática sobre el asunto, Carlos Ruiz Massieu sigue imponiendo la línea comunicativa del silencio: la misma Duque había revelado que ya en los días siguientes a la muerte de Paciolla todos los miembros de la Misión habían recibido indicación de mantener absoluta confidencialidad sobre el caso.

    Contactados para una entrevista, los responsables de la Misión declinaron preguntas específicas sobre las responsabilidades de Thompson y de las Naciones Unidas en las horas anteriores y sucesivas a la muerte de Paciolla.

    A través de Francesc Claret, jefe de la oficina de representación especial de la Secretaría General de la Misión, respondieron a nuestras preguntas con la siguiente declaración: “Quisiera asegurarles que el tema es de gran preocupación para la Misión. Mario Paciolla era amigo de mucha gente de la Misión. Seguiremos atentos a cualquier actualización sobre las dos investigaciones en curso en Italia y Colombia, a las que no tenemos acceso. La Misión cooperó plenamente con ambos fiscales. Todos esperamos que las circunstancias de la muerte de Mario se resuelvan lo antes posible. Reafirmamos nuestra solidaridad con los amigos y familiares de Mario Paciolla”.

    Mientras tanto, el punto de inflexión político de las recientes elecciones, que culminaron con la victoria de la alianza progresista del Pacto Histórico, también parece tener repercusiones en los representantes de Colombia ante la cúpula de la ONU. Tras la victoria del actual presidente Gustavo Petro, Alicia Arango, exsecretaria de Álvaro Uribe y ministra del Trabajo con Iván Duque, renunció a su cargo de embajadora de Colombia ante la ONU en Ginebra; su colega Guillermo Fernández, representante de Colombia en la sede de la ONU en Nueva York y canciller durante el gobierno conservador de Pastrana, ha terminado su mandato.

    En su lugar, el recién elegido presidente ha encomendado la tarea a la líder indígena Leonor Zalabata Torres, activista de la etnia arhuaca quien lleva décadas involucrada en la defensa de los pueblos originarios colombianos.

    La vicepresidenta Francia Márquez se reunió el pasado 6 de julio con Carlos Ruiz Massieu; durante el encuentro, la líder afrocolombiana señaló la importancia de establecer un proceso de paz “con todos los actores armados, incluidas las Fuerzas Armadas del Estado colombiano que también han violentado”, agregando la importancia de la verdad y la justicia: “Nuestro compromiso es no más silencio y no más violencia, porque nuestros pueblos no aguantan más seguirse bañando de sangre”.

    La esperanza es que esta nueva clase política, que tanto ha luchado en los últimos años por la paz y la justicia social, también coloque entre sus prioridades la búsqueda de la verdad sobre el caso del joven funcionario italiano para romper el silencio acerca de las circunstancias de su muerte.

    Las contradicciones de la paz colombiana

    por Gianpaolo Contestabile y Simone Ferrari, vía Proceso

    A casi cinco años de su arranque en septiembre de 2017, la actividad de la segunda Misión de Verificación de la ONU en Colombia permanece alejada de las discusiones públicas. Pese a la relevancia de su función en el seguimiento de la implementación de los Acuerdos de Paz, y no obstante la intensificación de los debates políticos que acompañan la encrucijada de las elecciones presidenciales de 2022, nada se escucha en los medios nacionales acerca de la evaluación de la acción de la ONU durante la compleja y fundamental etapa del “posconflicto” colombiano. El silencio que permea la actividad de la organización es respaldado por la estrategia de comunicación adoptada por el jefe de la misión, el diplomático mexicano Carlos Ruiz Massieu Aguirre. Desde su puesta en cargo en diciembre de 2018, Ruiz Massieu ha elegido mantener modalidades comunicativas escuetas y complacientes a las posiciones gubernativas.

    En efecto, a pesar de las duraderas tensiones entre Iván Duque y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos –cuyos informes denuncian periódicamente las fallas en los implementos de los acuerdos y las violencias sistémicas en contra de los líderes sociales–, la relación de colaboración entre el gobierno colombiano y los altos dirigentes de la Misión de Verificación de la misma ONU ha asumido la apariencia de una alianza política. 

    Ahora bien, la cercanía entre Iván Duque y los altos mandos de la misión había sido evidenciada hace más de un año en una investigación de la periodista Claudia Julieta Duque, donde fuentes internas a la ONU señalaban la proximidad a la esfera política del uribismo de Carlos Ruiz Massieu. Nombrado en diciembre 2018 como nuevo jefe de la misión de la ONU, pocos meses después de la elección de Iván Duque a presidente de Colombia, Carlos Ruiz Massieu ha reemplazado en su cargo al diplomático francés Jean Arnault. Como lo evidencia un detallado estudio del CEPDIPO acerca de la implementación de los acuerdos, con el cambio de liderazgo la misión “ha matizado el tono de los pronunciamientos y se ha hecho más diplomática a la hora de emitir críticas frente al gobierno colombiano”. 

    Frente a la actitud más crítica y problematizadora de Jean Arnault, Carlos Ruiz Massieu suele proponer, en sus declaraciones públicas a nombre de la organización, su apoyo al supuesto compromiso de Duque para la implementación de la paz. En el mayo de 2021, Ruiz Massieu declaró  que “los logros hasta ahora alcanzados en la implementación de la paz han contribuido a reducir los indicadores de violencia a nivel general” (entrevista en El Heraldo). Esta afirmación se hizo en el contexto del asombroso crecimiento de los índices de asesinato de líderes sociales (de 91 homicidios en 2017 se llegó a 177 asesinatos en 2020, según los datos de Front Line Defenders) y de exguerrilleros reintegrados (de los 32 excombatientes asesinados en 2017 se pasó a un promedio de 72 homicidios por año entre 2018 y 2020, según la misma ONU). Datos que se complementan con el incremento de los asesinatos de defensores ambientales registrado por Global Witness (167 en 2018 y 212 en 2019), que ha llevado a Colombia al primer lugar a nivel mundial por esta clase de crímenes. Estas estadísticas son todavía más significativas tomando en cuenta que los Acuerdos de Paz, firmados en la Habana en 2016, establecen como primeros puntos el desarrollo agrario integral para favorecer a las comunidades rurales y campesinas,  y la participación política de los ex combatientes.

    La ausencia de denuncias inequívocas por parte de la Misión a los actuales fracasos en la implementación de los acuerdos de paz se acompaña de una postura parecida en relación con los acontecimientos del Paro Nacional de 2021. Aún en los momentos más críticos de la violencia policial durante el paro de abril y mayo de 2021, donde según INDEPAZ al menos 46 personas fueron asesinadas a mano de la fuerza pública, Ruiz Massieu nunca llegó a condenar la actitud de la policía y de los grupos paramilitares activos en Cali, limitándose a hacer un “llamado a todos los actores a prevenir y eliminar la violencia” por medio de una nota oficial de la Misión. Durante las movilizaciones, la Onu fue llamada a ser mediadora para facilitar las negociaciones entre el gobierno colombiano y el comité del Paro; un diálogo que no desembocó en ningún resultado concreto y tampoco fue reconocido por las bases populares que se habían manifestado en las calles. 

    Más allá de la dimensión comunicativa, este tipo de contigüidad entre el liderazgo de Ruiz Massieu y el gobierno de Duque pone inevitablemente en riesgo la imparcialidad operacional de la Misión, convocada en Colombia en calidad de tercera parte entre Estado colombiano y FARC. De hecho, al analizar la conformación de los equipos de la Misión en el territorio, llama la atención la impactante cantidad de miembros del ejército quienes siguen colaborando con los funcionarios de la Misión. Contratados para facilitar las operaciones de entrega de armas durante la primera misión de la ONU en Colombia, concluida en 2017, desde entonces los militares siguen constituyendo un porcentaje relevante de los equipos de trabajo de campo.

    La militarización de la Misión aparece como una peculiaridad hoy poco explicable, en tanto el mandato de la segunda Misión de la ONU es el de verificar la reincorporación política, social y económica de los excombatientes, que sea garantizada su seguridad y que se apliquen las sanciones relacionadas con la Justicia Especial para la Paz. Se trata de un labor de acompañamiento y apoyo a las comunidades que requiere una formación específica y tiene muy poco en común  con la capacitación que se les brinda al personal militar. De ahí que el gran número de miembros del ejército posibilite el riesgo de crear puentes de colaboración con las fuerzas policiales o parapoliciales locales, los cuales suelen generar desconfianza por parte de las comunidades rurales y falta de tutela en los procesos de reintegración de exguerrilleros.

    Algunas de estas problemáticas fueron señaladas en distintos reportajes publicados en medios colombianos e internacionales después del fallecimiento de Mario Paciolla, funcionario de la ONU hallado muerto en su casa en San Vicente del Caguán, Caquetá, el 15 de julio de 2020. Más allá de las distintas hipótesis acerca de las causas de la muerte, el episodio sirvió de detonante para la agudización de grietas al interior de la Misión de la ONU, llegando a desvelar las profundas inconformidades del italiano y de algunos colegas con la gestión vertical y ‘jerarquizada’ de la misión y con el maltrato de sus funcionarios menos influyentes. 

    A pesar del clamor internacional del acontecimiento y de las múltiples denuncias públicas acerca de la modalidad de actuación del jefe de seguridad del equipo de trabajo de la ONU en San Vicente, aún en aquella ocasión Ruiz Massieu optó por una estrategia de atrincheramiento comunicativo. Según informaciones recuperadas por Claudia Duque por medio de fuentes internas, en los cuatro días siguientes a la muerte de Paciolla todos los miembros de la misión recibieron tres correos donde se imponía “la obligación de guardar reserva y la prohibición de conceder entrevistas y declaraciones a medios” acerca del episodio. Asimismo, en la cuenta oficial de Twitter del jefe de la misión no se hizo ninguna referencia al fallecimiento del funcionario. Pocos días después, el 22 de julio de 2020, en su cuenta apareció un tweet de solidaridad dirigido a los familiares de los nueve miembros del ejército colombiano muertos en un accidente aéreo durante un operativo militar en Guaviare.  Según el periodista alemán experto de política colombiana Stephan Kroener: “La «guardia de honor» que Ruiz y el embajador de Italia en Colombia dieron a Mario no fue suficiente. La ONU tenía el deber de acompañar el cuerpo a Mario y entregarlo a sus padres, hablarles y explicarles que piensan que ha pasado. El silencio es cómplice y en este caso el silencio que mostró la ONU frente a los familiares y amigos de Mario es una vergüenza para toda la organización internacional. Ruiz Massieu tenía como jefe la responsabilidad sobre el bienestar físico y psicológico de todos los miembros de la Misión. Falló y debería aceptarlo[…] es una falta de profesionalidad y de capacidad de mando y más que todo de compasión”.

    Las inquietudes generadas por las estrategias comunicativas y operacionales de la Misión -estalladas con el caso de Mario Paciolla- convocan necesariamente a una reflexión sobre su más alto mando. La cercanía entre Carlos Ruiz Massieu y el gobierno de Iván Duque parece replicar un fundamentado sistema de cooptación entre ciertos organismos internacionales y las más radicadas élites latinoamericanas. En este orden de ideas, se podría afirmar que los lazos de Ruiz Massieu con el poder político continental surgen desde lejos. La familia Ruiz Massieu es una de las más influyentes de la política mexicana. Ejemplo de ello, es  el parentesco entre los Ruiz Massieu y la familia de Carlos Salinas de Gortari, presidente de México entre 1988 y 1994: una relación interfamiliar constituida de intereses político-económicos comunes, trágicamente desembocada en 1994 en el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, tío del actual jefe de la misión ONU.

    José Francisco Ruiz Massieu había estado casado con Adriana Salinas de Gortari, hermana del expresidente de México Carlos Salinas. Poco meses antes de ser asesinado, José Francisco había sido nombrado presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Del homicidio fue culpado (y más tarde absuelto) Raúl Salinas de Gortari, cuñado de la víctima. En 1995, Raúl Salinas terminó en la cárcel, donde duró diez años preso. Además de ser acusado por el homicidio de Francisco Ruiz Massieu, recibió una serie de condenas por delitos de lavado de dinero: sus conexiones con el Clan del Golfo eran conocidas, y su esposa fue arrestada mientras intentaba retirar 94 millones de dólares desde una cuenta bancaria suiza.

    En efecto, durante los años noventa ambos bandos (los Ruiz Massieu y los Salinas) se peleaban el control político del PRI, el partido más influyente de México, largamente involucrado con episodios de corrupción, filtraciones mafiosas, lavado de dinero del narcotráfico y desaparición de civiles. Enrique Salinas de Gortari, otro hermano del expresidente Carlos, fue hallado muerto en su carro en 2004, en un delito posiblemente vinculado con el narcotráfico. Por el otro bando, Mario Ruiz Massieu -tío de Carlos Ruiz Massieu-, diplomático y subprocurador general de la República, supuestamente encargado durante el gobierno Salinas de encabezar la lucha contra el narcotráfico en México, fue detenido en Estados Unidos por recibir casi 10 millones de dólares por parte de grupos mafiosos. Se suicidó en 1999 mientras se encontraba bajo arresto domiciliario. Otros dos hermanos del padre de Carlos Ruiz Massieu, Wilfrido y Roberto, habían sido asesinados más de tres décadas antes, en 1965, a raíz de una compleja vicisitud amorosa que se desencadenó a partir del rechazo, por parte de los abuelos Ruiz-Massieu, de la novia embarazada de su hijo Wilfrido, considerada de una clase social no adecuada para el alto rango de la familia.

    La historia violenta de los Ruiz-Massieu y de los Salinas está vinculada con una hambrienta búsqueda del mantenimiento del poder político y económico en México, y se ha alimentado durante décadas de los opacos engranajes partidistas del PRI, donde todavía militan y ejercen su influencia exponentes de la sucesiva generación de las “familias reales” de México. Si bien alejados de las violencias de la generación anterior, los ‘nuevos’ Ruiz Massieu parecen actuar constantemente bajo las matrices de un descarado nepotismo. Es el caso de Andrés Massieu Fernández, primo de Carlos Ruiz Massieu y diputado del PRI. Parte de la opinión pública recibió con indignación la noticia de la nominación de Andrés Massieu Fernández a Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano del gobierno del Estado de México en 2019: según medios nacionales mexicanos como Imagen Radio y Excelsior, a pesar de la falta de competencias para el cargo asignado, Andrés Massieu fue nombrado Secretario gracias a la influencia de su padre Andrés Massieu Balanga, exponente histórico del PRI y mano derecha de Carlos Salinas durante su presidencia.

    Asimismo, distintas fuentes periodísticas evidencian el ascendiente nepotista de Claudia Ruiz Massieu Salinas, hija del matrimonio entre José Francisco Ruiz Massieu y Adriana Salinas de Gortari. Secretaria del PRI hasta 2018 y hoy senadora, Claudia Ruiz Massieu tuvo una influencia determinante -según el periodista Francisco Zea- en la nómina de su prima Alicia Buenrostro Massieu como embajadora de México en Austria, Eslovenia y Eslovaquia en 2016, cuando Claudia ejercía como secretaria de Relaciones Exteriores de México. Además, unos documentos publicados en la plataforma MexicoLeaks y analizados por la revista Proceso testimonian la presión internacional ejercida por Claudia Ruiz Massieu para obtener una votación a favor de la confirmación de Carlos Ruiz Massieu como miembro de la Comisión Consultiva de Asuntos Administrativos de la ONU en 2017. En los correos publicados por MexicoLeaks se lee que “se agradecerá indagar si la contraparte correspondiente contará con alguna candidatura en el futuro próximo que pueda ser sujeta a un acuerdo de intercambio de votos con la postulación que nos ocupa”.

    Si fueran confirmados, los documentos obtenidos por MexicoLeaks, los cuales al momento no son accesibles de la página web de la plataforma, establecerían un nexo directo entre el actual jefe de la Misión de Verificación de la Onu en Colombia y el sistema de poder nepotista, corrupto y violento manejado por su familia. Más allá de las posibles consecuencias jurídicas de tales vínculos, el entramado de las relaciones políticas y sanguíneas de las cuales parece haber surgido la candidatura de Carlos Ruiz-Massieu echan una sombra sobre la legitimidad de su mandato y la compatibilidad con las responsabilidades que su cargo implica. Considerado el compromiso con la justicia restaurativa y transicional de la ONU se hace urgente y necesario que los mismos criterios de transparencia y esclarecimiento de la verdad histórica se apliquen también al interno de la burocracia diplomática de las Naciones Unidas para garantizar imparcialidad y coherencia con su labor a favor de la paz. La neutralidad de la Misión se ve comprometida sobre todo si se toma en cuenta la firme oposición del partido de gobierno hacia el proceso de paz, una hostilidad que se expresó, por ejemplo, en el 2016 cuando Uribe-Vélez y el Centro Democrático promocionaron el “no” al plebiscito popular relativo a los Acuerdos. En el 2018, cuando Iván Duque ganó las elecciones presidenciales, Mario Paciolla escribía en la revista de geopolítica Limes, bajo el pseudónimo de Astolfo Bergman, que la victoria del actual presidente de Colombia consagraba “el éxito de uno de los opositores más firmes de lo que se acordó en la Habana”. Una revisión crítica de estas contradicciones podría ayudar a entender las causas y responsabilidades del fracaso del proceso de paz y de los asombrosos datos de la violencia que han marcado los últimos años de la historia del pueblo colombiano.  

    por Simone Ferrari y Gianpaolo Contestabile, vía Proceso

  • E ora?

    E ora?

    Cosa può succedere in Cile dopo la palese bocciatura della riforma costituzionale? Come ricorderà il Paese l’11 settembre 1973 con il primo governo dichiaratamente di sinistra? Lo chiediamo alla documentarista Alessandra Cristina che ci risponde da Valparaiso.
    Poi ci spostiamo in Argentina per capire le conseguenze politiche del tentato magnicidio della vicepresidente Cristina Fernández di Kirchner da parte di un uomo con simpatie naziste. A spiegare da La Plata, questo e l’imminente voto degli italiani all’estero, il giornalista italo-argentino Federico Larsen.

  • Il Cile dice no alla nuova Costituzione

    Il Cile dice no alla nuova Costituzione
    Murales della campagna per il plebiscito, La Ligua, Cile, 09.09.2022 (Susanna De Guio)

    Il Cile ha rifiutato la nuova Costituzione che andava a plebiscito questa domenica 4 settembre. Con 61,86% di voti contrari e 38,14% a favore, il risultato ha dato chiaramente uno stop alla possibilità di cambiare il testo costituzionale tuttora vigente, approvato nel 1980, durante la dittatura di Pinochet. Resta in vigore quella Costituzione che, sebbene sia stata riformata in diverse occasioni dal ritorno alla democrazia, è stata contestata nelle piazze di tutto il Paese durante una rivolta sociale inedita esplosa nell’ottobre 2019 per rivendicare condizioni di vita migliori, l’accesso alla salute e all’educazione, un sistema di pensioni pubblico, la de-privatizzazione di beni comuni come l’acqua. È da queste enormi proteste che è partita la spinta per un processo costituente che, dopo quasi tre anni di gestazione, viene rigettato indietro con un duro colpo.

    “Con questa Costituzione pochi imprenditori si portano via tutta la ricchezza, con la nuova si ridistribuisce” spiegava Renato dopo aver votato, appena fuori dallo Stadio Nazionale, un luogo simbolico per la memoria storica della città di Santiago, poiché è stato carcere e centro di tortura durante la dittatura civico militare di Pinochet e in queste elezioni ha riaperto i battenti come seggio elettorale. Si riferisce al modello neoliberista su cui si è costruito il Cile degli ultimi quarant’anni e che la Costituzione elaborata da Jaime Guzmán, braccio destro del dittatore e volto noto dei Chicago Boys, ha facilitato nel suo sviluppo più spietato: secondo uno studio della Cepal di febbraio il Cile è il paese dell’America Latina in cui l’élite ricca concentra il patrimonio più alto. Solo nove persone accumulano il 16,1% del prodotto interno lordo del Paese. Il World Inequality Report del 2022 segnala che l’1% più ricco in Cile concentra il 49,6% della ricchezza totale del Paese.

    Nella nuova Costituzione, lo Stato avrebbe abbandonato il suo ruolo sussidiario per diventare uno “Stato sociale e democratico di diritto” che avrebbe garantito un ampio ventaglio di diritti politici, sociali, culturali, oltre a includere gli standard internazionali in materia di diritti umani. Fuori dalle urne, al contrario, Daniel crede che la Costituzione sia stata scritta male: “per me il lavoro della Convenzione è stato un circo di pagliacci, sono andati sul versante del comunismo” afferma. Come lui, in tanti pensano che sia necessaria una nuova Costituzione, ma non quella che è stata scritta e sottoposta a plebiscito.

    Questa è stata anche una delle parole d’ordine su cui si è concentrata la campagna del “rifiuto” del nuovo testo costituzionale, che ha fatto leva sul lemma del “rifiuto con amore.”

    C’è stata una precisa strategia mediatica anche sui social secondo Pedro Santander, direttore del gruppo di ricerca Demoscopía Electronica del Espacio Público (DEEP), dell’Universidad Católica di Valparaiso, dove i volti più noti sia della destra tradizionale che della più estrema sono spariti per lasciare che assumessero la leadership utenti anonimi della rete, mentre sulla stampa, in tv e in radio apparivano soprattutto i politici della Democrazia Cristiana che si sono allontanati dalla linea del partito – schierata per l’approvazione – e di altri partiti di centro.

    L’idea era di diluire il volto più pinochettista della campagna del rifiuto, e renderla una campagna cittadina, dove si potesse identificare una gran fetta di popolazione, e soprattutto quella che normalmente non va a votare. In un Paese dove l’affluenza alle urne è generalmente molto bassa, sotto il 50%, per la prima volta dopo 10 anni il voto è tornato ad essere obbligatorio, e la difficoltà dei politologi nell’interpretare la scelta che avrebbe fatto questa componente dell’elettorato ha reso poco prevedere il risultato elettorale fino all’ultimo.

    Quel che invece si vedeva chiaramente da mesi era il meticoloso lavoro portato avanti dalla destra per creare un clima politico avverso alla Convenzione, attraverso numerosi strumenti. I mezzi di comunicazione in Cile sono sostanzialmente un duopolio, e hanno riprodotto costantemente una linea editoriale affine al rifiuto, arrivando a dare voce alle numerose fake news che hanno punteggiato l’intero lavoro della Convenzione, richiamando perfino l’attenzione di cinque deputati democratici statunitensi, che hanno rivolto un appello ai CEO dei principali social network esprimendo preoccupazione per il livello di disinformazione che hanno lasciato circolare.

    Per la prima volta in Cile, la Costituzione è stata il risultato di un processo partecipativo e democratico, per la prima volta nel mondo è stata scritta con parità di genere e con seggi riservati per i popoli originari. Ma non è questo il cammino che hanno scelto i cileni e le cilene al voto.

    Il presidente Boric aveva già dichiarato da tempo che, qualsiasi fosse stato il risultato elettorale, avrebbe seguito il mandato del popolo cileno espresso con la prima votazione dell’ottobre 2020 quando un primo plebiscito determinava la volontà di cambiare la Costituzione con il 78% delle preferenze. Dopo il risultato del plebiscito, ha parlato al Paese valorizzando la partecipazione al voto e confermando l’impegno “a costruire con il Congresso e la società civile un nuovo itinerario costituente che ci dia un testo che riesca a interpretare la grande maggioranza.”

    Il primo gesto di Boric, appena eletto presidente a marzo, era stato proprio visitare la Convenzione, che stava lavorando alla nuova Carta Magna, e il legame di questo governo con il processo costituzionale viene da più lontano, poiché Boric è stato uno dei principali artefici dell’Accordo per la Pace sociale e la nuova Costituzione, firmato da un ampio ventaglio di forze politiche il 15 novembre 2019, che in quel momento cercava di canalizzare le proteste e riportare il Paese all’ordine. Per queste ragioni, il governo ha speso molte energie nel proteggere questo percorso ma il suo capitale politico, già consumato nei primi mesi di governo, non ha aiutato il voto.

    D’altro canto, una forza politica di rilievo in questo processo costituente come quella femminista della Coordinadora 8M ha riconosciuto la sconfitta e dichiarato allo stesso tempo che continuerà a lavorare per una nuova Costituzione che il popolo cileno ha rivendicato nelle piazze e nelle urne durante gli ultimi anni, perché “non c’è modo di fermare il fiume quando corre nel suo letto.”

    di Susanna De Guio da Domani del 5.09.2022