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Guanajuato se ha vuelto un sembradío de fosas y zona de riesgo para buscadoras. En febrero 42 cadáveres se recuperaron de pozos agrícolas en el municipio de Juventino Rosas. Esta modalidad de ocultamiento se ha normalizado por lo menos desde 2021, sin que se haya podido dar con los perpetradores.

El 1 de abril se supo públicamente de la identificación del cuerpo de la buscadora Cecilia García Ramblas, integrante del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, a dos semanas de su desaparición. Cecilia había encontrado a su hermano Miguel Ángel, desaparecido en el 2021. La ausencia de protección a defensoras de derechos humanos y miembros de colectivos es alarmante: Cecilia se suma a otras seis personas buscadoras asesinadas en el estado, y otras tantas están desaparecidas, como lo documenta el proyecto Luciérnagas
en el porvenir. Memorial de personas buscadoras asesinadas y desaparecidas en México (2010-26) (luciernagas.yanipaper.me/)  

El 4 de abril la Fiscalía General del Estado confirmó el hallazgo de 20 cuerpos en cuatro puntos del municipio de Cortazar, con presencia de fosas clandestinas y un horno, presuntamente usado por grupos delictivos para incinerar restos humanos.

En lugares cercanos se ha detectado un patrón sistemático de enterramientos clandestinos masivos, sobre todo entre 2021 y 2023, pero fue en noviembre del 2020 cuando la localidad de Caracheo en Cortazar fue nota nacional: la fiscalía impidió a colectivos y a la Comisión Nacional de Búsqueda explorar una zona de fosas en donde se localizaron 51 cuerpos.

Ese mismo mes, muy cerca de allí, en el barrio de San Juan en Salvatierra terminaba la exhumación de otros 81 cuerpos, sepultados clandestinamente por grupos criminales desde el 2018 en total impunidad, razonablemente con conocimiento de las autoridades.

Hubo testimonios sobre este sitio de exterminio y un cercano campo de entrenamiento delincuencial, varias denuncias y carpetas abiertas, el aumento espeluznante de homicidios y desapariciones en el municipio, pero no fue causa suficiente de alerta y debida intervención de las instituciones.

Hasta 2023 en el país se habían registrado oficialmente unas 5,600 fosas clandestinas, pero en Guanajuato, hasta principios del presente año, había unos 800 contextos de esta naturaleza. Tan solo entre mayo de 2025 y enero de 2026, 78 cuerpos fueron recuperados por buscadoras y autoridades en seis localidades, colindantes entre sí, al norte de Irapuato, en el límite con Silao, denotando un patrón continuo de fosas.

Estas situaciones fueron negadas por la fiscalía y el gobierno durante años hasta que, justamente en 2020, los colectivos, sociedad civil, medios solidarios y comisiones de búsqueda fueron destapando “otra realidad”, hecha de desapariciones e inhumaciones ilegales, generalizadas en el corredor industrial, siendo epicentros ciudades tan boyantes económicamente como violentas: León, Irapuato, Salamanca, Celaya, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Villagrán, Juventino, Silao, pueblos del Rincón.

La cifra total de desapariciones creció de 621 en abril de 2018 a 5,663 personas en abril de 2026. Sin embargo, la secretaría de gobierno estatal presume una inexistente baja del 2% en las desapariciones, usando datos de reportes locales y no los del registro nacional.

Es difícil pensar que, pese a una baja relativa en el último año, en el estado con el mayor número de homicidios dolosos y asesinatos de policías entre 2018 y 2025, estos fenómenos violentos al alza no hayan podido ser conocidos, prevenidos y erradicados por las autoridades de manera más o menos aceptable. Pero no fue así: grupos delictivos como el “local” Cartel de Santa Rosa de Lima, crecido gracias al huachicol desde la década 2010, y el Cartel Jalisco Nueva Generación, prácticamente un actor paramilitar, comenzaron a librar disputas armadas en las regiones de supuesto mayor desarrollo de la entidad.

Las masacres, como la de 11 personas el pasado mes de enero en una cancha de futbol en Salamanca o la de otras tantas durante una posada en Salvatierra en diciembre del 2023, siguen hasta la fecha.

La persistencia a de patrones de colusión estatal-criminal o de tolerancia pactada de negocios ilegales y control territorial mafioso es la herencia de casi dos décadas de dejadez, sumisión o coparticipación de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de la justicia, así como de la seguridad pública, especialmente en los niveles estatales y municipales: la dupla conformada por el exfiscal Carlos Zamarripa, en el cargo durante 15 años en 2009-2024, y del exsecretario de seguridad, Alvar Cabeza de Vaca (2012-2024), fue parte de la configuración de un intrincado sistema de relaciones, fidelidades y permisividades, de persecución o autorización selecta de conjuntos delictivos, negocios y servidores públicos en funciones.

Medios críticos y rigurosos como PoPLab.Mx han criticado el primer año de gestión del actual fiscal, Gerardo Vázquez Alatriste, quien, pese a promover una “fiscalía humanista”, ha mantenido inercias y fallas de los predecesores en tema de violaciones a derechos humanos y opacidad informativa, propaganda mediática y descoordinación operativa, malas prácticas forenses, revictimización y limitada participación conjunta con colectivos de víctimas.

La hegemonía unipartidista, originada tras el pacto de la concertasesión entre PRI y PAN en las elecciones de 1991, se ha acompañado de la exclusión social. Un modelo económico fundado en el capitalismo de cuates, bajos salarios, docilidad sindical, despojo del campo, expulsión de mano de obra vía migración o desplazamiento, corredores logísticos e inversión extranjera “a toda costa” ha engendrado múltiples violencias que no cesan.

Por Fabrizio Lorusso desde La Jornada del 7 de abril de 2026

Nota preliminar. La nueva versión del registro de personas desaparecidas en México introduce divisiones que, más que aclarar el fenómeno, podrían distorsionar su dimensión real. Este nuevo esquema no constituye un registro distinto, sino una reorganización que segmenta los casos en cuatro categorías, comenzando por separar las desapariciones previas a 2006. Esta división ignora la continuidad de las desapariciones forzadas en el país. Sobre el resto de los más de 130 mil casos, se clasifican en tres grupos: aquellos con algún registro de actividad posterior a la desaparición, otros sin movimientos en bases de datos y un tercer grupo considerado “no apto” para búsqueda por falta de información. Asimismo, el grupo sin datos suficientes podría ser relegado. Destacana la falta de una política integral que acompañe este rediseño del registro, inconsistencias en las cifras de investigaciones abiertas y fallas en los registros oficiales.

En entrevista con la periodista guanajuatense, especializada en temas de violencia y desapariciones, Alfonsina Ávila, expresé la semana pasada, textualmente, las arriba citadas inquietudes acerca de lo primero que saltaba a la vista tras la presentación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Con base en las reformas legales a la Ley General de Desaparición del junio del año pasado, fue presentada el viernes 27 de marzo en conferencia matutina la ya varias veces preanunciada actualización del mencionado Registro, a la par de que entró en vigor, el 26 de marzo, tras su publicación un día antes en el DOF, una nueva versión del Protocolo Homologado de Búsqueda, en donde se refleja la atinada, en mi opinión, decisión de eliminar la categoría de personas no localizada y dejar solo la de persona desaparecida, reforzando el deber del MP de abrir carpeta de investigación inmediatamente. También en febrero entró en vigor el nuevo Protocolo de Alerta Nacional de Búsqueda y Localización que no voy a analizar aquí, pero completa el marco legal que vamos a revisar.

En la mañanera, se detalló un total histórico de 394,645 registros de desapariciones, o sea personas en algún momento reportadas como no localizadas o desaparecidas, desde 1952, indicando que 132,524 personas siguen desaparecidas o no localizadas a la fecha, con nuevas reclasificaciones en las cifras.

De entrada, sostengo que el problema del registro y del propio fenómeno de la desaparición de personas, así como otros problemas graves relacionados como el rezago forense y la impunidad, se han vuelto cumulativos, continuos y estructurales desde finales del siglo pasado, incrementándose radicalmente en las últimas dos décadas, ante la multiplicación de violencias criminales, estatales, institucionales, empresariales y económicas en contra de las y los más vulnerables en la sociedad mexicana.

Por ejemplo, el hecho de que haya más de 72,100 cuerpos sin identificar en instalaciones, morgues, panteones forenses y municipales, fosas comunes y otros sitios de resguardo en todo el país ya no es simplemente una “crisis forense” sino una acumulación, más o menos deliberada y desbordada, de rezagos y ocultamientos de responsabilidades.

Lo mismo sucede con las personas desaparecidas y sus registros: ya en 2017 el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios había publicado un Diagnóstico del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas RNEPD, una base de datos que terminó de funcionar en abril de 2018 y fue sustituida en 2020 por el actual RNPDNO. Este último, sin embargo, arrastró varios de los defectos y problemas estructurales de su antecesor, aunque sí representó un avance significativo en su momento. Antes, entre 2010 y 2011, lo datos sobre personas desaparecidas ni existían oficialmente, sino que eran “filtrados” por la prensa internacional o funcionarios de seguridad en México.

Si las autoridades responsables, valga la redundancia, no se hacen realmente responsables y, al contrario, de forma deliberada u omisa, irregular o desaseada, llenan mal los registros y no hay sanción, ni un equipo dedicado a arreglarlos, finalmente esa “responsabilidad”, como ya sucede en muchos otros asuntos, recae en los familiares, injustamente cargados con el peso de buscar, investigar, identificar, denunciar y mil tareas más.

Nota 1. Tanto respecto del Protocolo como del Registro el sistema queda cada vez más vinculado con la apertura o existencia de una carpeta de investigación: si bien queda firme la obligación de búsqueda inmediata para las comisiones de búsqueda de todo el país, así como para las autoridades ministeriales y otras que reciban un reporte, contar con un número de carpeta, una denuncia rendida ante ministerio público, detonará el despliegue más completo de herramientas digitales de búsqueda a través del cruce de bases de datos públicas y privadas con el Registro Nacional.

De hecho, también a las instituciones de educación superior privada ya fue solicitada, con fecha límite al 31 de marzo, por parte de la Secretaría de Gobernación, la interconexión con el fin de ampliar la malla de fuentes informativas sobre personas buscadas.

Lo anterior, por un lado, puede ayudar a sistematizar los casos, incluyéndolos también en la recién creada base nacional de carpetas de investigación, y a refrendar responsabilidades y atribuciones de los ministerios públicos en buscar e investigar. Con todo, claro está que si la base de carpetas solo contiene las que se abren por dos delitos, el de desaparición forzada y cometida por particulares, no va a incluir la mayoría del universo de casos que afectan decenas de miles de personas.

Cabe mencionar que no es que antes, en la propia Ley General del 2017, no estuvieran claras o contundentes estas obligaciones. Efectivamente la categoría de persona no localizada era ya residual o marginal. Aun así, el incumplimiento y la omisión han primado y el problema no ha sido la ausencia de previsiones legales y protocolos sino su aplicación y respeto.

Por otro lado, el sistema nacional de búsqueda y las comisiones de búsqueda, como encargadas de la búsqueda humanitaria e incondicional de las personas, fueron creadas con la Ley General del 2017, implementada paulatinamente en el país del 2018 en adelante, justo con el fin o función de limitar el monopolio en este campo de policías y fiscalías ineficientes y/o corruptas que obstaculizaban y en muchos casos siguen obstaculizando la búsqueda, la investigación y la identificación.

Uno de los motivos era justo la desconfianza generalizada hacia las fiscalías, así como el funcionamiento del modelo colombiano como ejemplo que, pocos años antes que el mexicano, también había atribuido a instituciones nuevas, especializadas y (relativamente) más cercanas a la gente las tareas de búsqueda en vida y en campo, sin necesidad de una denuncia penal.

Ahora, en parte, el modelo sale modificado, no tanto o no solo desde la ley reformada en 2025, sino del conjunto de mecanismos del protocolo homologado y del registro: será cada vez más difícil, en los hechos, que una persona desaparecida esté en el registro y sea buscada mediante cruce masivo y constante de bases de datos si no cuenta con carpeta de investigación. Resulta complicado e incorrecto fáctica y metodológicamente asimilar o reducir el fenómeno de las desapariciones a las carpetas.

No hay que olvidar que los problemas históricos, las malas prácticas y la distancia entre fiscalías y víctimas indirectas no ha sido y no puede ser borrada de un plumazo con modificaciones legales o por orden presidencial.

Orden (o regaño) presidencial que, además, no ha sido emitida, pues en todas las presentaciones del sexenio presente y pasado nunca se ha hecho realmente hincapié en las tremendas responsabilidades de centenares de servidores públicos ineptos, nunca responsabilizados y/o (peor) coludidos que año tras año fueron integrando registros, entradas, carpetas, reportes, expedientes, averiguaciones, actas circunstancias, indagatorias o como las quieran llamar, que contenían hartas fallas, errores, imprecisiones y francas bestialidades que imposibilitan su uso, hoy, como instrumento de localización y de judicialización.

En este aspecto hace falta una política integral de sanción, reconfiguración, mejora y reforma del trabajo y estructura de las fiscalías y servicios periciales y forenses, así como de los centros de identificación y la actuación de los ministerios públicos. Un mensaje claro y cambios legales, al menos comenzando por las fiscalías especializadas en las desapariciones y cualquier otra que trate casos relacionados con éstas, hubiera completado y dimensionado mejor el alcance de los cambios implementados en el registro.

Podríamos llamarle “combate” y protección pública de “la desaparición burocrática”, que es una forma de violencia institucional, y a la doble o triple desaparición: la de una persona, la de su expediente o carpeta y, luego, la de su cuerpo y restos para la identificación forense.

Nota 2. Otro punto a destacar es que, contrario a como ha sido presentado también en muchos medios, no hay un “nuevo” registro, sino una actualización de datos, la reducción de duplicados y una reclasificación o subdivisión de los más de 132mil registros en una serie de categorías operativas y “extralegales”, por así decirlo.

Estas han sido planteadas de forma casi “pedagógica” por el gobierno no solo recientemente, sino también desde la época del llamado “censo” de López Obrador, cuando, ante la poca competencia específica en la materia de la entonces comisionada de búsqueda, Guadalupe Reyes, era Luisa María Alcalde quien se encargaba de explicar didácticamente los cambios y dar la cara.

Tanto en aquel entonces, en 2023 y 24,  como hoy, uno de los artífices de los cambios y las negociaciones con colectivos y familiares, aunque en realidad solo con una parte de estos, ha sido Arturo Medina, hoy Subsecretario de DH, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, funcionario que, de facto, intentó fracturar y, substancialmente, dar largas al movimiento de los padres y madres de Ayotzinapa ante la falta de avances contundentes sobre verdad, justicia y reparación en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente (por el Estado, o sea, por servidores públicos, en efecto coordinados) la noche del 26-27 de septiembre de 2014.

Colectivos señalan que, actualmente, varias personas que acompañan, aun teniendo abierta una carpeta de investigación, no se encuentran en el sistema del registro o están con datos insuficientes y mal capturados, algo que desde 2024 se viene denunciando y no ha sido subsanado.

Si por omisión del MP, o miedo a denunciar debido a amenazas de autoridades o poderes criminales, muchas personas no pueden y no quieren denunciar y contar con número de carpeta, ¿qué va a ser de sus datos en el Registro Nacional y las consecuentes búsquedas que mediante este se deben realizar? ¿Van a poder las comisiones de búsqueda cargar al Registro información de personas sin carpeta de investigación abierta? Al parecer se está cerrando esta ventana de posibilidades, según dicta el Protocolo de Búsqueda en versión 2026.

En algunos estados como Guanajuato es posible denunciar y obtener número de carpeta por teléfono o en línea, pero después hay que refrendar la denuncia presencialmente. Pero en los cambios recientemente presentados a nivel nacional, no hay previsión de facilidades efectivas para acercar a la ciudadanía a la cultura y a la posibilidad, con confianza y seguridad, de ejercer derechos como la denuncia de un delito tan impactante como la desaparición, el seguimiento del expediente y la participación conjunta.

Cuando la amenaza proviene de funcionarios o instituciones, no se antoja factible vincular única y tajantemente una búsqueda eficaz y plena de la persona con la carpeta. En otras palabras, aun sin denuncia ante MP, todas las herramientas posibles de búsqueda, incluyendo las ligadas al RNPDNO, a la CURP biométrica y otras bases, deberían de activarse, así que hay cierta preocupación al respecto de parte de muchas personas buscadoras y de quienes acompañamos procesos colectivos de este tipo.

Nota 3. El 27 de marzo, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), y Arturo Medina Padilla compartieron la información siguiente:

• Desde 2018 se sistematizó el registro que abarca desde mediados del siglo XX hasta la fecha, en el cual el total de personas registradas es de 394,645. Las personas Localizadas son 262,111 (66% del total).
• Según la presentación el 92% fueron encontradas con vida y 96% no fueron víctimas de delito. 
• Entonces, el registro actual de personas desaparecidas a la fecha es de132,534 (34% del total de las que en algún momento fueron reportadas).

Aquí, lo que llama la atención es la narrativa según la cual el 96% de las personas localizadas en todos los años disponibles para el análisis no fue víctima de delitos, porque no se aclara la metodología para señalarlo, ni hay en el registro algún rubro en donde podríamos verificarlo.

De hecho, en muchos estados, en donde ni siquiera existen los registros estatales de personas desaparecidas y de fosas como lo dicta la legislación, una petición de colectivos y sociedad civil ha sido la de incluir datos sobre las razones de cada localización, sobre si fue un regreso voluntario o por intervención de alguna autoridad, y justamente si hubo algún crimen.

Esto último es polémico porque en muchos casos, especialmente al tratarse de mujeres o menores de edad, se han detectado subregistros de los delitos, cifras negras, dificultado o peligro en denunciar y registrar lo que realmente ha pasado, por lo que puede distorsionar la realidad y presentarla como “rosea” cuando no lo es.

Nota 4. Un poco en la línea de lo ya realizado en los últimos tres años por la SEGOB, se dividieron los casos activos en tres grupos según la “calidad” de la información dentro del registro (lo cual, siempre es bueno recordarlo, depende tanto de la acumulación de errores, principalmente de las fiscalías y las secretarías de gobierno, como de la escasa voluntad y capacidad de corregirlos en los últimos años):

1. Datos Insuficientes (36%): 46,742 registros no cuentan con nombre, sexo o lugar de los hechos, lo que imposibilita la búsqueda.

2. Con indicios de localización* (31%): 40,308 Registros que muestran actividad administrativa posterior a la fecha de desaparición (trámites fiscales, civiles, etc.). Se han confirmado 5,338 localizaciones mediante este cruce.

3. Sin actividad (33%): 43,128 Desapariciones activas donde no hay registros posteriores y el estatus permanece sin cambios.

4. Del total de registros, 2,356 son del periodo anterior al 2006 (periodo 1952-2005) y se considera que tienen datos suficientes para la búsqueda.

Aunque para fines prácticos tenga utilidad, la subdivisión a nivel comunicativo transmite la idea de que solo serían “desaparecidas” las personas de las que no hubo ningún registro de actividad, o sea, “solo” 43,128. Sería importante aclarar que las demás personas no son “inexistentes”, sino que probablemente, en buena parte, sean doblemente víctimas de desaseo o institucional de desaparecerlas del registro, capturando mal sus datos. Aquí se les debe de dar prioridad, rastreando quién hizo el mal registro para sancionarlo y restituir la información correcta.

Por otro lado, quienes hayan tenido algún movimiento en bases de datos, algún indicio de localización con este método de búsqueda, que, recordemos, es uno solo de los posibles, no necesariamente reconstruyó su vida, escondido y feliz en otro lado: puede ser también que siga siendo víctima de delitos, privado de la libertad parcialmente, y, en caso contrario, otra vez la tarea de la autoridad es verificarlo de la manera más fehaciente, pronta y respetuosa posible. Hay muchos casos documentados de personas que, de forma involuntaria, son reclutadas por grupos criminales y en ocasiones vuelven a sus comunidades, sin poder con eso salirse del grupo que los obliga a la guerra. Lo mismo puede decirse de situaciones de reclutamientos “voluntarios” de los que luego es imposible salirse.

Nota 5. De lo anterior, preocupa que se dividan los casos tajantemente dos “épocas” como la “guerra sucia” y la “guerra al narco”: en la primera habría desapariciones forzadas y en la segunda por el crimen organizado. Esto es incorrecto y acaba teniendo fines narrativos y políticos. Por un lado, se marca el 2006 como inicio de una nueva era en las desapariciones. La presidencia de Calderón y la “declaración de guerra” comienzan respectivamente el 1 de diciembre y el 11 de diciembre de aquel año, y prácticamente se despliegan desde 2007.

Aunque comúnmente hablamos del 2006, la “guerra al narco”, término y concepto muy cuestionable en sí porque reduce la complejidad de la época, instaura desequilibrios y regímenes de violencia distintos en partes del país cuyos efectos se van evidenciando, en términos de asesinatos, desapariciones, carreras armamentistas y atrocidades, entre el 2007 y el 2009.

Esto es solo para decir que sin problematizar los recortes de la historia según lo que se está buscando explicar, en este caso la naturaleza de las desapariciones y la participación del Estado en ellas, el ejercicio simplifica mucho la realidad y adquiere tintes más políticos que técnicos. En verdad, hay centenares de desapariciones forzadas registradas desde el 2006, todavía, y muchas según la modalidad “clásica” con una agente del Estado que directamente desaparece a personas, como en el caso de los 43 estudiantes en Iguala o de los dos militantes del EPR en Oaxaca en 2007, por citar solo un par de ejemplos. De esto da cuenta el mismo registro (sic) y las Acciones Urgentes abiertas por la ONU por desapariciones presuntamente forzadas, además de los testimonios y documentaciones de los colectivos, sus acompañantes y la academia.

De la misma manera, desde finales de los noventa y primera década del 2000, hay centenares de casos de desapariciones operadas por grupos armados, paramilitares y criminales privados, tanto con autorización o apoyo del Estado, como en la contrainsurgencia conducida en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, como también hay desapariciones (aparentemente) sin participación de aparatos estatales.

O sea, hay desapariciones forzadas antes y después del 2006, con grados distintos de tolerancia o acción directa estatal, así como hay desapariciones que hoy llamamos “cometidas por particulares”, tanto antes como después del 2006, y no creo siquiera que justo ese año marque el paso como tal, de manera tan definida, de una modalidad a otra.

Hay prevalencia, claro, en los últimos años, de la participación de grupos del crimen organizado, sobre todo si lo comparamos con el siglo pasado, pero debe de aclararse todavía cuántas desapariciones pueden considerarse, aun así, forzadas, ya que la aquiescencia estatal en miles de casos recientes ha sido más que demostrada y eso todavía implica “lo forzado” de una desaparición. Son formas que se solapan, manifiestan justamente lo ambiguo del fenómeno y la dificultad de aprehenderlo, por lo que no puede simplificarse como se ha hecho, aunque fuera para “fines didácticos”. La narrativa de esta pedagogía, pues, tiene efectos muy concretos sobre cómo entendemos la realidad y actuamos en ella, y más para las personas de las instituciones que captan y reciben mensajes y señales al respecto.

Nota 6. El informe del gobierno dice que:entre las 43,128 personas desaparecidas de las que no se tiene ningún dato, solo 3,869 cuentan con carpetas de investigación o averiguaciones previas; es decir, que del total de 130,000 personas desaparecidas solo se han abierto en el 2.97 por ciento de los casos. De estas, será necesario revisar caso por caso para determinar las circunstancias de la desaparición, dijo Claudia Sheinbaum: “Hay que ir carpeta por carpeta para ver cuál es el contexto en que desapareció la persona y ver si ese contexto nos permite saber si hay una situación de reclutamiento”.

Aquí yo creo que simplemente una base nacional de carpetas de investigación que contemple solo los delitos de desaparición no sería suficiente para subsanar esta lamentable situación, de ser confirmada. Y digo “de ser confirmada” porque detrás del dato de solo 3,869 carpetas podría esconderse un error de exposición o de conteo, pues por un lado sabemos del mismo registro en su versión consultable que, por lo menos, los casos clasificados como victimas de delitos de desaparición forzada y por particulares son 951 (forzadas), más 12,885 (por particulares) y otras 10,560 (delitos vinculados con la desaparición de personas). Posiblemente, quiero pensar, decenas de miles de personas desaparecidas más, incluidas en el registro, si tengan carpeta, pero por otros delitos, como privación de la libertad, trata, violencia intrafamiliar o secuestro. Con todo, se trata de una falla ya sea en la forma de comunicar o, aún más grave, en la propia procuración de la justicia, que a estas alturas son más que preocupantes.

Entonces, sí, como sostuvo la presidenta, hay que revisar caso por caso, pero que esta difícil tarea no vuelva a caer en las familias y personas buscadoras, sino que sea adoptado inmediata y plenamente como política pública, integral, participativa.

Nota final. Dejo referencia de unos comunicados y notas de organizaciones sociales, acompañantes, colectivos de búsqueda y familiares acerca de los recientes desarrollos legales, del registro, y de las explicaciones gubernamentales al respecto, en donde auspician seguir dialogando y aportando a partir de diagnósticos centrados y claros:

1. Hilo Centro Pro DH: https://x.com/centroprodh/status/2037565540277899447?s=48
2. Comunicado organizaciones: https://x.com/serapazmexico/status/2037591513442722064?s=48

Comunicado Contingente Contra las Desapariciones LGBTTTIQ+, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), y la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas-RIAPD:, https://bit.ly/TransparenciayCompromiso

Por – Fabrizio Lorusso desde Sin Embargo

El pasado febrero, se llevó a cabo en la Universidad de Guanajuato un foro que llevó el título “Buscar no debería costar la vida”, en el cual integrantes del colectivo de búsqueda de personas, Ángeles de Pie por Ti, de Salvatierra, dialogaron con docentes, estudiantes, organizaciones nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos sobre la violencia en Guanajuato. La entidad desde 2018 ha ocupado el primer lugar por el número de homicidios dolosos, sumando además 5 mil 500 personas desaparecidas, masacres secuenciales y centenares de fosas. 

En el foro se denunciaron la inseguridad y los ataques contra quienes buscan a sus seres queridos: por lo menos cinco personas buscadoras fueron asesinadas en los últimos cinco años y otras tantas fueron desaparecidas en la entidad. 

También se presentó el corto documental Retorno a Salvatierra: El lugar de la memoria, realizado por la Universidad Iberoamericana León, que relata la lucha del colectivo Ángeles por un construir un sitio de memoria, precisamente en lugar donde fueron encontradas 81 personas inhumadas clandestinamente en octubre del 2020. 

Entre las víctimas estaba la maestra Lupita Barajas Piña, desaparecida el 29 de febrero del mismo año y encontrada por su hermano, Francisco Javier Barajas Piña, quien se había integrado a las labores de la comisión de búsqueda local y al movimiento de colectivos de familiares. Javier fue asesinado en mayo de 2021 por seguir incansablemente en las búsquedas, mientras que sus papás, Javier Barajas y Tránsito Piña, tuvieron que exiliarse y hasta la fecha no han podido volver a Salvatierra. 

El foro fue un recordatorio: en Guanajuato no hay verdad ni justicia, y las autoridades ministeriales y judiciales tienen el deber de cumplir con las obligaciones internacionales a las cuales el Estado mexicano se ha comprometido en materia de desaparición. 

Hablar del caso de los hermanos Barajas Piña es hablar de una familia que, como muchas otras, se ha visto obligada a convertirse en buscadora y en el motor que moviliza y acciona a las instituciones de procuración y administración de justicia. 

Es hablar de un camino marcado por obstáculos, omisiones y riesgos, a través de pasillos burocráticos, agencias del Ministerio Público y autoridades jurisdiccionales. Trayecto en que, además, les ha tocado recibir noticias dolorosas como las sentencias absolutorias o los reveses en los casos de sus hijos, que abonan a la impunidad. 

En este contexto se han desarrollado los procesos judiciales que han atravesado momentos decisivos en el largo camino de la familia Barajas Piña en busca de justicia. En palabras de Tránsito Piña, en medio de esos tortuosos y kilométricos caminos, “se empieza a ver un poco la luz”.

En el caso de Javier, después de dos sentencias absolutorias en primera instancia y de un proceso marcado por la incertidumbre y por decisiones judiciales que no habían garantizado plenamente el derecho a la justicia de la familia, la Sala VII Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, a cargo del magistrado Luis Alberto Valdez López, resolvió el recurso de apelación interpuesto en el caso.

La sentencia dictada en esta instancia fue en sentido condenatorio, lo que representa un paso importante para romper con la impunidad en un caso que refleja la violencia que enfrentan las personas buscadoras en el país. Más allá de su dimensión jurídica, esta decisión envía un mensaje relevante: que el asesinato de quienes buscan a sus familiares desaparecidos no puede quedar sin consecuencias y que el derecho a la verdad y a la justicia de las familias debe ser garantizado.

En el caso de Lupita, el pasado 18 de febrero el primer tribunal colegiado en materia penal del XVI circuito resolvió, en sesión pública y por unanimidad, solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atracción del asunto, al considerar que se trata de un tema de máxima importancia y trascendencia. El proyecto estuvo a cargo del magistrado Roberto Hoyos Aponte.

En su resolución, el magistrado señaló que la desaparición cometida por particulares es un “fenómeno que se considera de un interés superlativo para la sociedad mexicana (…) que no sólo se traduce en una violación permanente, compleja y pluriofensiva de los derechos de las víctimas, sino también porque se ha reportado un incremento significativo en la incidencia tornándolo así en un problema sistémico en el país (…) reconocido por instancias nacionales e internacionales”.

La posible atracción del caso representa para la nueva SCJN una oportunidad relevante: contribuir a la construcción de criterios que fortalezcan el acceso a la justicia de las víctimas de desaparición y, al mismo tiempo, recuperar la confianza en las instituciones judiciales. 

Lo que se decida puede marcar la ruta para miles de familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos y que, además de la búsqueda, deben enfrentar complejos procesos judiciales.

Hoy, al hablar de Lupita y Javier, hablamos también de miles de personas desaparecidas y de las familias que las buscan, cuyos proyectos de vida han quedado profundamente marcados por la violencia. 

La búsqueda aún no ha sido asumida plenamente como una política y obligación de Estado: sigue recayendo, en gran medida, sobre las familias, especialmente sobre las mujeres, quienes sostienen esta tarea con recursos propios y, en ocasiones, pagando por ella con la propia vida. 

Por Fabrizio Lorusso

Periodista y académico italiano

Desde La Jornada del 7 de marzo de 2026