“Los monstruos existen pero son demasiado poco numerosos
para ser verdaderamente peligrosos;
los que son realmente peligrosos son los hombres comunes”.
Primo Levi
[Texto del Colectivo Huellas de la Memoria] Tristemente la historia política mexicana está signada por la sangre y la ignominia, que desde el siglo XIX ha sembrado una cultura criminal. En nuestro país, la criminalidad no puede considerarse sólo como una amenaza al Estado de derecho, sino como un factor que desarticula y rearticula las instituciones del Estado (Ruvalcaba, 2015).
Un saber complicado para la mirada extranjera es que, en nuestro país, las organizaciones criminales deben su efectividad al hecho de que son parte constitutiva de las fuerzas de control social.
Estamos próximos a la conmemoración de los 50 años del genocidio del 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco, en donde el ejército mexicano masacró a una multitud pacífica que se encontraba en un mitin. Conocemos algunos hechos, pero seguimos desconociendo la identidad de las personas ejecutadas, hubo genocidio pero no se pudo acreditar a los responsables.
Mientras el Consejo Nacional de Huelga (CNH) construyó la memoria de aquellos días y ha nombrado a 150 personas muertas, periodistas que fueron acallados hablaban de una cifra que oscilaba entre las 200 y las 1500 las personas ejecutadas. Han pasado 50 años y pronto habrá más libros, películas y mesas de reflexión, pero a estas alturas no tenemos la información precisa de las personas muertas o cuyos cuerpos fueron desaparecidos, no hubo y no hay ningún responsable en la cárcel.
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Sugerencias de inclusión de los colectivos de víctimas del estado al borrador de la Ley de Víctimas del estado de Guanajuato (LVGTO) (comparativo con Ley general de Víctimas o LGV)
