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City Center León: la Elysium dorada y el capitalismo zombi que matan al humedal

[De Fabrizio Lorusso – En colaboración con PopLab, SoyBarrio, Desinformémonos, Contacto político y L’America Latina]

Cuando hace un mes leí por primera vez sobre el flamante y controvertido proyecto del City Center León (Gto), gracias a la providencial difusión del colectivo leonés Acción Colectiva Socioambiental AC y de la Plataforma Salvemos El Humedal de Los Cárcamos, noté la semejanza entre el nombre de este proyecto de edificación urbana con otro bastante parecido, el City Life del centro de Milán, Italia. ¿De qué estamos hablando? En ambos casos, se trata de torres y departamentos de lujo, con plazas comerciales, cines y espacios recreativos integrados y empaquetados en un espacio cuasi-extraterrestre, bien vigilado por cámaras y guaruras. O sea, un gueto de ricos, autosuficiente y de facto privado, como una pequeña y próspera nación de 63mil metros cuadrados, en que los moradores deciden auto-segregarse y respirar un presunto bienestar.

En Milán el territorio del City Life, creado como nicho de disfrute del 1% más rico y poderoso de todo el mundo, está blindado y su acceso parcialmente restringido, pues la policía llega periódicamente a molestar a los grupos de jóvenes que allí se reúnen, desalentando una sana convivencia y reforzando el sentido de opresión social. En este micromundo las cámaras lo ven todo y graban 24-7 el reality show de la vida cotidiana de un enclave de vanidades y coches lujosos, del cual gotean puras migajas y centavitos hacia el resto de la ciudad. Estos centros sobreviven gracias al trabajo silencioso de centenares de trabajadores mal pagados, migrantes o precarios que hacen posible el “sueño” de unos cuantos para poder sobrevivir.

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Desaparecidos en Guanajuato: delito ignorado por empresarios y empeorado por la negligencia del MP @SoyBarrioCom

[Repodroducimos este reportaje publicado en el portal Soy Barrio, un proyecto de periodismo ciudadano originado desde el estado de Guanajuato, México]

Por Gamaliel Reyes –
Portal Soy Barrio Link al original – Foto diario El correo

Uno de ellos es Ismael Plascencia quien además de liderar la Camara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en León, fue nombrado presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) el pasado 24 de enero.

Foto: Ismael Plascencia Nuñez (Correo)
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“Nos une el mismo dolor”: Memoria y búsqueda de vida de Madres Igualtecas en Busca de sus Desaparecidos

[Publicado en las páginas A dónde van los desaparecidosSección: Compartencia en colaboración con Desinformemonos]

El colectivo de Madres Igualtecas en Busca de sus Desaparecidos está formado por casi 100 madres que buscan a sus seres queridos desaparecidos. Esta semana están activas en la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y buscan fosas en ese municipio guerrerense (Iguala) y los colindantes. Las entrevistas a las madres protagonistas de esta lucha por amor ilustran los imaginarios y las realidades de la desaparición en Guerrero. [En seguida un video de presentación de algunas integrantes del colectivo y el reportaje, por Fabrizio Lorusso]

El colectivo de Madres Igualtecas en Busca de sus Desaparecidoses un grupo formado en abril de 2018 en Iguala, Guerrero, integrado por noventa y nueve mujeres y cuatro hombres, quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos. Este texto se compone de entrevistas cortas a integrantes del grupo sobre los temas de la búsqueda y el encuentro, la memoria, el pensamiento que desean dejar, y el colectivo. Dieciséis personas hicieron memoria y dieron su testimonio. Poco a poco, su lucha ha sabido transformar un dolor común en un anhelo colectivo de búsqueda y en la conciencia de los derechos que les han sido negados. El dolor y la búsqueda de las madres de Iguala y de México irrumpen en el espacio público y de esta manera trascienden, van más allá del caso individual, de las cifras oficiales y de la soledad, para volverse un patrimonio moral de toda la sociedad contra el miedo y la injusticia. Este trabajo trae inspiración de dos proyectos artísticos y literarios que recientemente han contribuido a visibilizar las historias de las víctimas del conflicto armado en México, dándoles voz y palabra a los y las sin voz de esta época de nieblas y noches terribles.

El primero de ellos es una exposición de zapatos que son grabados con mensajes sobre “la búsqueda y el encuentro” y llevan en sí el pensamiento y la memoria de los familiares que buscan a los y las desaparecidas. Son sus zapatos que portan frases de dolor, esperanza y búsqueda, y son desgastados por tantos caminos recorridos en marchas, protestas, oficinas, calles, desiertos y pasillos burocráticos sin fin. Cada texto se reproduce también sobre un papel con fondo verde-esperanza y representa sin mediaciones el deseo de los familiares. Es un proyecto itinerante y colectivo de nombre Huellas de la Memoria y que, en sus andares por varios continentes durante tres años, se ha vuelto altavoz y percusión de lucha en una Campaña Internacional contra la Desaparición Forzada.

Otro proyecto inspirador se llama Memorias de un Corazón Ausente y es un libro de historias de vida donde algunas mujeres construyen la memoria de la ausencia de los seres queridos que están buscando. Más allá de la desaparición y de su caso, tejen narraciones sobre la vida, las pasiones, los gustos, los recuerdos y, finalmente, la presencia de sus familiares. En la introducción, Jorge Verástegui González, entre los fundadores de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, describe un concepto importante: el de búsqueda de vida, que ayuda a entender la comunidad del dolor y de esperanza que mueve a muchos colectivos de buscadores en su lucha. Quien ya no está y es buscado, pues, pudiera estar con vida o no, pero finalmente lo que mueve la búsqueda es la vida misma, tanto en su sentido material como en el espiritual. Lo que se busca es vida y reconexión, del modo que sea, para cerrar un “duelo suspendido”, un ciclo de dolor que hiere profundamente no sólo a las víctimas sino a toda la sociedad. La construcción de narraciones y sentidos alternativos a los que generan las estructuras del Estado y los medios de comunicación de consumo inmediato, con su sesgo oficialista, sensacionalista y a menudo revictimizante, es una de las tareas clave del periodismo de investigación, de la historia oral y de la historia del tiempo presente, enfoques que guían estas entrevistas.

Sandra

Sandra Luz Román Jaimes sostiene el cartel de denuncia de
desaparición de su
 hija Ivette Melissa Flores Román, desaparecida el 24 de octubre de 2012. Sandra  forma parte del colectivo “Madres Igualtecas en Busca de sus Desaparecidos”.  Foto: Fabrizio Lorusso

Sandra Luz Román Jaimes tiene 55 años y es de Iguala. Lucha contra un cáncer y para encontrar a su hija Ivette Melissa Flores Román, quien hoy tiene 25 años y fue desaparecida el 24 de octubre de 2012. Sandra está acompañando el camino del nuevo colectivo que se formó en Iguala el pasado 15 de abril y que se llama “Madres Igualtecas en Busca de sus Desaparecidos”.

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Desaparición forzada en la UNAM: ante el olvido y el silencio, ponemos la memoria. De Colectivo @huellasmemoria

Huellas1

“Los monstruos existen pero son demasiado poco numerosos

para ser verdaderamente peligrosos;

los que son realmente peligrosos son los hombres comunes”.

Primo Levi

[Texto del Colectivo Huellas de la Memoria] Tristemente la historia política mexicana está signada por la sangre y la ignominia, que desde el siglo XIX ha sembrado una cultura criminal. En nuestro país, la criminalidad no puede considerarse sólo como una amenaza al Estado de derecho, sino como un factor que desarticula y rearticula las instituciones del Estado (Ruvalcaba, 2015).

Un saber complicado para la mirada extranjera es que, en nuestro país, las organizaciones criminales deben su efectividad al hecho de que son parte constitutiva de las fuerzas de control social.

Estamos próximos a la conmemoración de los 50 años del genocidio del 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco, en donde el ejército mexicano masacró a una multitud pacífica que se encontraba en un mitin. Conocemos algunos hechos, pero seguimos desconociendo la identidad de las personas ejecutadas, hubo genocidio pero no se pudo acreditar a los responsables.

Mientras el Consejo Nacional de Huelga (CNH) construyó la memoria de aquellos días y ha nombrado a 150 personas muertas, periodistas que fueron acallados hablaban de una cifra que oscilaba entre las 200 y las 1500 las personas ejecutadas. Han pasado 50 años y pronto habrá más libros, películas y mesas de reflexión, pero a estas alturas no tenemos la información precisa de las personas muertas o cuyos cuerpos fueron desaparecidos, no hubo y no hay ningún responsable en la cárcel.

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Corresponsales con Javier Valdez / Corrispondenti con Javier Valdez #NiUnoMás #CorresponsalesConValdez

prensa-viva.jpg[Comunicato in italiano e in spagnolo. Reproducimos aquí el comunicado que decenas de corresponsales y periodistas independientes están difundiendo para denunciar y exigir justicia para Javier Valdez, periodista asesinado en Culiacán, Sinaloa, el pasado 15 de mayo. Después sigue traducción al italiano. Descarga el comunicado “Corresponsales con Valdez” en Link PDF  – Fotogalería lamericalatina.net link – Artículo link]

#CorresponsalesConValdez #NiUnoMas – La prensa extranjera dice: Los corresponsales de medios extranjeros en México condenamos el asesinato de nuestro compañero Javier Valdez. Estamos conmocionados por este nuevo crimen que forma parte de la reciente escalada de agresiones a nuestros colegas periodistas mexicanos, cuya valentía admiramos profundamente. El presidente Enrique Peña Nieto acaba de comprometerse a que la muerte de informadores no quede impune y coincidimos con él en que se necesitan “medidas extraordinarias” ante la herida que, como él mismo dijo, este tipo de violencia ha abierto en  la sociedad mexicana. Creemos que un efectivo acceso a la Justicia es fundamental para frenar las agresiones y garantizar el ejercicio del periodismo en condiciones de seguridad y libertad. Un  compromiso real y decidido contra la impunidad y por la protección de los periodistas es indispensable para convertir el asesinato de Javier Valdez en un parteaguas que ponga fin a las agresiones contra la prensa, baluarte fundamental de cualquier democracia.

Ciudad de México, 21 de mayo de 2017

FIRMANTES – 186 periodistas de 69 medios e independientes

Comunicato in italiano:

La stampa straniera dice: I corrispondenti dei mezzi di comunicazione stranieri in Messico condannano l’assassinio del nostro compagno Javier Valdez. Siamo commossi da questo ulteriore crimine che fa parte della recente escalation di aggressioni contro i nostri colleghi giornalisti messicani, il cui coraggio ammiriamo profondamente. Il presidente Enrique Peña Nieto ha appena annunciato un impegno a far sì che la morte dei reporter non resti impunita e siamo d’accordo con lui sul fatto che ci sia bisogno di “misure straordinarie” dinnanzi alla ferita che, come lui stesso ha detto, questo tipo di violenza ha aperto nella società messicana. Crediamo che un effettivo acceso alla Giustizia sia fondamentale per frenare le aggressioni e garantire l’esercizio del giornalismo in condizioni di sicurezza e libertà. Un compromesso reale e deciso contro l’impunità e per la protezione dei giornalisti è indispensabile per convertire l’assassinio di Javier Valdez in uno spartiacque che metta fine agli attacchi contro la stampa, baluardo fondamentale di qualunque democrazia.

Città del Messico, 21 maggio 2017

FIRMANO – 186 giornalisti di 69 mezzi di comunicazione e indipendenti

Periodistas de Guanajuato exigen renuncia de Director de Comunicación Social del Municipio de León por censura

Nota y Comunicado: 50 periodistas del estado exigen renuncia de Director de Comunicación Social del Municipio de León por censura (Baja-Download PDF del Pronunciamiento_Censura Coco Bernal)

  • Reporteros locales, corresponsales de medios nacionales y activistas de derechos humanos apoyan a Socoro Bernal
  • Denuncian que administración panista limita la libertad de expresión y presiona a empresa de comunicación para que vete a la periodista Socorro Bernal de entrevista en vivo al alcalde Héctor López Santillana
  • Hacen un llamado a organizaciones nacionales e internacionales a que realicen una misión de observación en Guanajuato para verificar el estado de la libertad de expresión
  • De las 17 agresiones a la libertad de expresión en Guanajuato durante 2016, el 70 % provenían de funcionarios municipales

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#Ayotzinapa, 24 meses y la lucha por la verdad en @Desinformemonos

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(Columna de F. L. para Desinformémonos) La lucha por la verdad sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, los seis muertos y las decenas de heridos de la “noche de Iguala”, así como la verdad sobre los más de 30 mil desaparecidos de este país, sin contar a otros tantos (o más) que posiblemente no se hayan denunciado por ser migrantes o, de plano, por miedo y desconfianza a las autoridades, es una lucha por la historia y por la justicia.

Es por la historia porque el poder siempre pretende escribir e imponer su narración cómoda y complaciente, su “verdad histórica”, como la llamó, cínica y tajantemente, el entonces procurador general de la República Jesús Murillo Karam en enero de 2015. La labor incesante de familiares, activistas, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, peritos, académicos y de la comunidad internacional debe permitir, en cambio, la afirmación de una verdad otra, no histórica quizás, pero más justa, no impuesta con artimañas y manipulaciones ni definitiva o perfecta, pero corroborada y fehaciente, respetuosa por lo menos de la dignidad humana y de la inteligencia de la gente.

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La sombra del ejército sobre Ayotzinapa

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(Fabrizio Lorusso – Revista VariopintoDesde principios de octubre los grupos guerrilleros del estado de Guerrero, en primer lugar el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), han estado emitiendo más de 10 comunicados implicando al Ejército Mexicano en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala.

Sus llamados pasaron casi desapercibidos, aunque también numerosas declaraciones de los padres de familia y de integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), de la cual asimismo forman parte varios familiares de los estudiantes, se han orientado hacia la misma hipótesis que, mejor dicho, es una acusación.

El mensaje señalaba que, entre los responsables de la desaparición de los 43 normalistas,había dos oficiales del 27 batallón de infantería: el teniente Barbosa y el capitán Crespo, involucrados con la organización.

Además, justo esta semana, los propios padres de Ayotzinapa pidieron explícitamente a las autoridades y a la PGR que se vaya a fondo en la investigación, incluyendo asimismo a los militares, lo cual significa meterse en los cuarteles y romper el cerco de inaccesibilidad y distancia que, de alguna manera, protege al 27 batallón de infantería, operativo en los alrededores de Iguala y, más en general, a las fuerzas armadas en Guerrero.

Históricamente, al menos desde la década de 1970, en plena Guerra Fría y Guerra Sucia, queda el hecho de que los militares estuvieron al frente del embate represivo del estado mexicano contra la población por medio de la tortura, la ocupación y el control militar y la desaparición forzada como unas de las “técnicas” para “ganar la guerra”.

Frases del Secretario de Marina

El Secretario de la Marina Armada de México, Vidal Francisco Soberón, pronunció una serie de frases que defienden el gobierno y, al mismo tiempo, desvían el foco de atención y apuntan a criminalizar la protesta social: “Me enoja más todavía que manipulen a los padres de familia, es decir, manipulen a esta gente, porque eso es lo que están haciendo, la están manipulando igualmente para no reconocer (al gobierno) o para seguir incrementando esto. Y más coraje me da de que esta gente que está manipulando a los padres de familia no les interesa ni los padres ni estos muchachos, no les interesa, les interesa únicamente alcanzar sus objetivos de grupo o de partido”. Las declaraciones del mes pasado de EPN en las que hablaba de “intentos de desestabilización” iban en la misma dirección.

“Creo que está perfectamente claro: sí hay grupos, y lo especifico, grupos y personas que son las que aparecen continuamente con ellos, creo que no hay necesidad de contestarte exactamente quiénes son, salen en televisión y tienen ahí su nombre, y este grupo que aparece en todos lados, cerrando caminos, y demás, y buscando otro tipo de cosas, ¿no?.. de partidos, no me referí a ningún partido”, siguió el Secretario quien apoya la idea, común y nada nueva, a menudo utilizada para desacreditar los movimientos sociales, de que quienes protestan lo hacen bajo el mando o la manipulación de alguien más que utiliza su dolor para otros fines. Parece otra manera de desviar la atención.

Señor Matanza

En muchas ocasiones, las fuerzas armadas se hicieron portadoras una tradición contrainsurgente en esa y otras regiones. Baste con recordar la matanza perpetrada por militares en El Charco en 1998, cuando Ángel Aguirre era gobernador sustituto. Igualmente, es un hecho que la militarización del territorio propulsada por Calderón y mantenida por Peña Nieto ha acrecido el protagonismo, el poder de facto y los recursos de Marina y Ejército y ha empeorado la de por sí ya tambaleante situación de los derechos humanos en el país, como los casos emblemáticos de Zongolica y Tlatlaya han mostrado. Y no serían los únicos ejemplos. El caso del líder social Rosendo Radilla Pacheco, detenido el 25 de agosto de 1974 y desaparecido después de su paso por el cuartel militar de Atoyac, provocó la primera histórica condena de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos contra el Estado mexicano en 2009.

El 28 de noviembre, en entrevista con Variopinto (Link), el General José Francisco Gallardo habló de maniobras del ejército y de su involucramiento en la desaparición de los 43 normalistas, ya que “Todo este show —agarrar al presidente municipal, encontrar a un único culpable— es para que no se concentre la mirada en el Ejército”, explicó. Y denunció también la creciente militarización, en su formación y en sus prácticas, de las mismas policías, tanto locales como estatales y federales.

En la encuesta levantada y comentada recientemente por el ex director del Cisen, Guillermo Valdés, uno de cuatro mexicanos entrevistados le atribuyen la responsabilidad de la matanza y las desapariciones de Iguala al ejército, entre otros actores, pero también a individuos (Aguirre, EPN, Abarca y su esposa), a partidos políticos (PRD, primeo, y también los demás), a grupos delincuenciales (Guerreros Unidos) y los cuerpos policiacos. Eso muestra que la idea de una colusión multinivel y multinstitucional cundió en la población.

En 2011, 2011 HRW (Human Rights Watch) denunció la desaparición de 6 personas en un club nocturno de Iguala, acaecida a las 22:30 del 1 de marzo de 2010, en parte grabada y confirmada por algunos testigos que describieron a los secuestradores y las personas que los acompañaban como pertenecientes a las fuerzas armadas por sus vehículos y uniformes. La procura estatal investigó, pero tuvieron que remitir el caso al foro militar que, en los 18 meses siguientes, no había formulado acusaciones relativas a ese crimen: HRW concluye que hay pruebas que sugieren decididamente el involucramiento del Ejército. Los seis desaparecidos siguen en esta condición y el caso no se esclarece.

Control social, protección de la economía y la inversión

Ahora Obama desea apoyar a México en la investigación. El negocio de la guerra es uno de los más rentables, como lo muestran, en épocas recientes, el Plan Mérida y la introducción masiva de armas al país, y no cabe duda de que, entre los beneficiarios de un “estado de sitio” permanente o de una guerra de “baja intensidad”, están los sectores castrenses.

Luego, no importa mucho si estas operaciones de represión social, sobre todo en las entidades más pobres del país como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, se disfrazan de protección de la infraestructura y de la inversión foránea, o bien, si se presentan como operativos para la seguridad turística, económica y logística de los territorios para que “estén en paz”, pues finalmente se traducen en militarización y garantía para los negocios, no para la población en general. De hecho, la misma gendarmería nació con la función de proteger inversiones e instalaciones. La misma idea del presidente de crear un “corredor” y áreas especiales para el “desarrollo” del Sur de México es vieja y se asemeja mucho a una reedición minimalista del Plan Puebla Panamá del periodo de Vicente Fox, pero con un control más férreo sobre recursos, inversiones y estructuras. En este contexto y con mayor conflictividad social, las tareas militares tienen más razones de ser y prosperar.

Además, la “guerra de baja intensidad” contra los movimientos sociales y la embestida de la propaganda oficial hacia las voces críticas se podrá transformar fácilmente en represión explícita y decidida cuando se apaguen los reflectores de la prensa internacional y nacional sobre Ayotzinapa y México. Ya lo hemos podido experimentar en cierta medida en el Distrito Federal, con intentos de desaparición, arrestos arbitrarios, infiltrados y agresiones policiacas, y en “dosis” mayores en Chilpancingo y en Guerrero, con choques violentos y aplastamiento de la protesta, pero el envío de 2000 policías federales en la capital de la entidad, junto a casi otros tantos en Acapulco, habla de una respuesta con mano dura, no frente al crimen organizado, sino frente al descontento social y a la exigencia de justicia y refundación de instituciones podridas.

Sombras

No son certezas, son hipótesis e indicios. Pero también, hasta la fecha, son hipótesis las declaraciones del procurador Murillo Karam quien, con “cansancio” y movido por el afán de cerrar el caso y presentarlo como un episodio local y no como un crimen de estado, el 7 de noviembre difundió la versión de tres detenidos del grupo Guerreros Unidos que presuntamente habrían quemado a los normalistas en el basurero de Cocula y arrojado sus restos en bolsas de plástico en un río.

Hay muchas dudas acerca de esta narración: las lluvias que habrían caído en la madrugada del día 27 en Cocula; los reportes de incendios en otros parajes cercanos pero no en aquel basurero; el comportamiento hostil de los militares, relatado por los estudiantes sobrevivientes, en la noche del 26; la no intervención de las fuerzas armadas ante lo que estaba ocurriendo y sus justificativas los días siguientes; y finalmente la declaración de los forenses argentinos quienes, si bien han confirmado la identificación de los huesos calcinados del normalista Alexander Mora realizada en Innsbruck, no han podido certificar cómo es que llegaron los restos en la zona en donde fueron recogidos en bolsas de plástico.

Finalmente, el día 11 de diciembre, científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desmintieron la hipótesis de la Procuraduría General de la República (PGR): “Es imposible que hayan sido quemados en Cocula, y la autoridad está en un serio problema porque si no se quemaron en Cocula, ¿quién los quemó y en dónde se quemaron?”, afirma Jorge Montemayor, investigador titular del Instituto de Física de la UNAM. Según el investigador, para cremar 43 cadáveres se requieren 33 toneladas de troncos de cuatro pulgadas de diámetro, equivalentes a dos trailers de leña y 53 kilos de gas por cada cuerpo. Si, como también sostiene la PGR y los narcos confesos, el rogo se hizo con llantas, según los científicos de la UNAM, se hubieran necesitado unas 995 llantas de autos para llevarlo a cabo, por lo cual estiman que la hipótesis oficial no tendría “ningún sustento en hechos físicos o químicos naturales”.

Todo esto abre el espacio a interpretaciones distintas que, inclusive, podrían involucrar en la matanza a otros actores y, entre ellos, el ejército y, en especial, al 27 batallón que ha estado operando “como si nada” en una zona repleta de fosas clandestinas durante años. “Acuérdense que en la guerra sucia, si alguien era experto en desaparecer personas, era precisamente el Ejército”, dijo Omar García, uno de los normalistas sobrevivientes. Hasta una presunta narcomanta, firmada por el cabo Gil, lugarteniente del capo de Guerreros Unidos, Sindronio Casarrubias, colgada el 31 de octubre, apuntaba hacia el Ejército, pues mencionaba los nombres del teniente Barbosa y del capitán Crespo como responsables de la desaparición de los 43.

En efecto, no se han abierto oficialmente líneas de investigación que involucren al sector castrense, pese a indicios cuando menos “sugerentes”. Francisco Javier García, alcalde de Chilapa, Guerrero, declaró hace unos 10 días que pese a la fuerte presencia de las fuerzas federales en el municipio el crimen sigue actuando, básicamente a la sombra del ejército. Es otro ejemplo, evidentemente no el único. De la misma manera, Abarca no es que un ejemplo entre muchos, solapados por las autoridades durante años, pues también trascendieron las relaciones cercanas de la “pareja imperial”, los Abarca, no sólo con el narco guerrerense, brazo y cómplice dela policía municipal y del alcalde, sino también con los altos mandos militares en Iguala, aunque estos han declarado que se trataba sólo de relaciones institucionales.

En julio 2013, el portal del estado de Guerrero reportó la desaparición de otros 17 estudiantes en Cocula y, según algunos testimonios, hubo el involucramiento de la policía municipal. ¿Acaso no estaba allí el Ejército para brindar algún tipo de seguridad a la ciudadanía y combatir a los narcos en el marco de la llamada “guerra al narcotráfico”? Si la policía y los narcos ya se tornaron una corporación asociada y están coludidos, ¿no intervienen la Marina y el Ejército para frenar esa deriva? ¿Para qué están allí? Parece que las fuerzas de seguridad, no sólo las militares, se instalen más para garantizar la salvaguarda mínima de las compañías mineras, de las infraestructuras, de las multinacionales y para el control social que para “pacificar”, además de que el concepto de “hacer la paz” con las armas es un oxímoron de por sí.

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