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La vera notte di Iguala e il caso Ayotzinapa: intervista con Anabel Hernández

[di Fabrizio Lorusso – da Carmilla e FrontiereNews] Anabel Hernández è una delle giornaliste d’inchiesta più riconosciute del Messico. E’ autrice, tra gli altri, dei libri La terra dei narcos. Inchieste sui signori della droga[*], Messico in fiamme. L’eredità di Calderón e La vera notte di Iguala, l’inchiesta più attuale e contundente sul caso dei 43 studenti di Ayotzinapa, scomparsi a Iguala, nel meridionale stato messicano del Guerrero, la notte del 26 settembre 2014. Per le minacce e le aggressioni ricevute, che hanno coinvolto direttamente lei, la sua famiglia e i suoi vicini, Anabel vive da più di sei anni sotto scorta. Dall’agosto del 2014 e all’agosto del 2016, s’è dovuta rifugiare negli Stati Uniti, dove ha potuto vivere coi suoi figli grazie a una borsa di studio del programma di studi in giornalismo dell’Università della California a Berkeley. Ho conversato con lei delle sue scoperte sul caso dei 43 studenti desaparecidos di Ayotzinapa, sulla corruzione delle autorità e il ruolo dell’esercito, sulla situazione dei cartelli del narcotraffico, sul muro di Trump e sulla legalizzazione delle droghe. Questa è la versione integrale dell’intervista di cui alcuni estratti sono usciti su Huffington e su Ctxt. Esce oggi su Carmilla in collaborazione con Frontiere News [Foto “Ayotzinapa” di Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro].  Continua a leggere

Ayotzinapa due anni dopo: più di 43 motivi per continuare la lotta #Ayotzinapa243

da Carmilla Online

di Perez Gallo e Nino Buenaventura (da Città del Messico)

nos-faltan“Ayotzinapa non è un fatto isolato, è la viva immagine della repressione di Stato!”. È all’insegna di queste parole che si è commemorato, oggi 26 settembre, il secondo anniversario dei tragici fatti di Iguala, quando nella cittadina dello stato messicano del Guerrero, un gruppo di studenti “normalisti” (magistrali) appartenenti alla scuola rurale di Ayotzinapa – un’istituzione scolastica ereditata dalla Rivoluzione in cui gli alunni studiano per diventare maestri nelle comunità contadine e da cui uscirono figure guerrigliere rivoluzionarie come Lucio Cabañas e Génaro Vázquez – furono brutalmente attaccati dalla polizia messicana. Tre di loro, insieme ad altre tre persone che si trovavano sul luogo, incluso un quattordicenne calciatore di una squadra locale, rimasero sul terreno, uccisi da proiettili al volto. Al termine di quella notte altri 43 giovani non furono più ritrovati, e ancora oggi rimangono nell’immaginario collettivo come l’emblema di un fenomeno brutale e terribilmente comune nel Messico odierno: quello delle “sparizioni forzate”. Dal 2006, anno di entrata al potere dell’ex presidente Felipe Calderón, che iniziò la cosiddetta “narcoguerra”, ad oggi, quando ci avviciniamo alla fine del mandato del suo successore Enrique Peña Nieto, si stima che i desaparecidos nel paese ammontino a più di trentamila, anche se i numeri reali del fenomeno sono probabilmente molto maggiori, essendo la stragrande maggioranza di essi migranti centroamericani finiti nel buco nero del lavoro schiavistico per i cartelli della droga e le cui sparizioni non sono mai state registrate dalle statistiche governative.

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La sombra del ejército sobre Ayotzinapa

ejercito ayotzi
(Fabrizio Lorusso – Revista VariopintoDesde principios de octubre los grupos guerrilleros del estado de Guerrero, en primer lugar el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), han estado emitiendo más de 10 comunicados implicando al Ejército Mexicano en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala.

Sus llamados pasaron casi desapercibidos, aunque también numerosas declaraciones de los padres de familia y de integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), de la cual asimismo forman parte varios familiares de los estudiantes, se han orientado hacia la misma hipótesis que, mejor dicho, es una acusación.

El mensaje señalaba que, entre los responsables de la desaparición de los 43 normalistas,había dos oficiales del 27 batallón de infantería: el teniente Barbosa y el capitán Crespo, involucrados con la organización.

Además, justo esta semana, los propios padres de Ayotzinapa pidieron explícitamente a las autoridades y a la PGR que se vaya a fondo en la investigación, incluyendo asimismo a los militares, lo cual significa meterse en los cuarteles y romper el cerco de inaccesibilidad y distancia que, de alguna manera, protege al 27 batallón de infantería, operativo en los alrededores de Iguala y, más en general, a las fuerzas armadas en Guerrero.

Históricamente, al menos desde la década de 1970, en plena Guerra Fría y Guerra Sucia, queda el hecho de que los militares estuvieron al frente del embate represivo del estado mexicano contra la población por medio de la tortura, la ocupación y el control militar y la desaparición forzada como unas de las “técnicas” para “ganar la guerra”.

Frases del Secretario de Marina

El Secretario de la Marina Armada de México, Vidal Francisco Soberón, pronunció una serie de frases que defienden el gobierno y, al mismo tiempo, desvían el foco de atención y apuntan a criminalizar la protesta social: “Me enoja más todavía que manipulen a los padres de familia, es decir, manipulen a esta gente, porque eso es lo que están haciendo, la están manipulando igualmente para no reconocer (al gobierno) o para seguir incrementando esto. Y más coraje me da de que esta gente que está manipulando a los padres de familia no les interesa ni los padres ni estos muchachos, no les interesa, les interesa únicamente alcanzar sus objetivos de grupo o de partido”. Las declaraciones del mes pasado de EPN en las que hablaba de “intentos de desestabilización” iban en la misma dirección.

“Creo que está perfectamente claro: sí hay grupos, y lo especifico, grupos y personas que son las que aparecen continuamente con ellos, creo que no hay necesidad de contestarte exactamente quiénes son, salen en televisión y tienen ahí su nombre, y este grupo que aparece en todos lados, cerrando caminos, y demás, y buscando otro tipo de cosas, ¿no?.. de partidos, no me referí a ningún partido”, siguió el Secretario quien apoya la idea, común y nada nueva, a menudo utilizada para desacreditar los movimientos sociales, de que quienes protestan lo hacen bajo el mando o la manipulación de alguien más que utiliza su dolor para otros fines. Parece otra manera de desviar la atención.

Señor Matanza

En muchas ocasiones, las fuerzas armadas se hicieron portadoras una tradición contrainsurgente en esa y otras regiones. Baste con recordar la matanza perpetrada por militares en El Charco en 1998, cuando Ángel Aguirre era gobernador sustituto. Igualmente, es un hecho que la militarización del territorio propulsada por Calderón y mantenida por Peña Nieto ha acrecido el protagonismo, el poder de facto y los recursos de Marina y Ejército y ha empeorado la de por sí ya tambaleante situación de los derechos humanos en el país, como los casos emblemáticos de Zongolica y Tlatlaya han mostrado. Y no serían los únicos ejemplos. El caso del líder social Rosendo Radilla Pacheco, detenido el 25 de agosto de 1974 y desaparecido después de su paso por el cuartel militar de Atoyac, provocó la primera histórica condena de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos contra el Estado mexicano en 2009.

El 28 de noviembre, en entrevista con Variopinto (Link), el General José Francisco Gallardo habló de maniobras del ejército y de su involucramiento en la desaparición de los 43 normalistas, ya que “Todo este show —agarrar al presidente municipal, encontrar a un único culpable— es para que no se concentre la mirada en el Ejército”, explicó. Y denunció también la creciente militarización, en su formación y en sus prácticas, de las mismas policías, tanto locales como estatales y federales.

En la encuesta levantada y comentada recientemente por el ex director del Cisen, Guillermo Valdés, uno de cuatro mexicanos entrevistados le atribuyen la responsabilidad de la matanza y las desapariciones de Iguala al ejército, entre otros actores, pero también a individuos (Aguirre, EPN, Abarca y su esposa), a partidos políticos (PRD, primeo, y también los demás), a grupos delincuenciales (Guerreros Unidos) y los cuerpos policiacos. Eso muestra que la idea de una colusión multinivel y multinstitucional cundió en la población.

En 2011, 2011 HRW (Human Rights Watch) denunció la desaparición de 6 personas en un club nocturno de Iguala, acaecida a las 22:30 del 1 de marzo de 2010, en parte grabada y confirmada por algunos testigos que describieron a los secuestradores y las personas que los acompañaban como pertenecientes a las fuerzas armadas por sus vehículos y uniformes. La procura estatal investigó, pero tuvieron que remitir el caso al foro militar que, en los 18 meses siguientes, no había formulado acusaciones relativas a ese crimen: HRW concluye que hay pruebas que sugieren decididamente el involucramiento del Ejército. Los seis desaparecidos siguen en esta condición y el caso no se esclarece.

Control social, protección de la economía y la inversión

Ahora Obama desea apoyar a México en la investigación. El negocio de la guerra es uno de los más rentables, como lo muestran, en épocas recientes, el Plan Mérida y la introducción masiva de armas al país, y no cabe duda de que, entre los beneficiarios de un “estado de sitio” permanente o de una guerra de “baja intensidad”, están los sectores castrenses.

Luego, no importa mucho si estas operaciones de represión social, sobre todo en las entidades más pobres del país como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, se disfrazan de protección de la infraestructura y de la inversión foránea, o bien, si se presentan como operativos para la seguridad turística, económica y logística de los territorios para que “estén en paz”, pues finalmente se traducen en militarización y garantía para los negocios, no para la población en general. De hecho, la misma gendarmería nació con la función de proteger inversiones e instalaciones. La misma idea del presidente de crear un “corredor” y áreas especiales para el “desarrollo” del Sur de México es vieja y se asemeja mucho a una reedición minimalista del Plan Puebla Panamá del periodo de Vicente Fox, pero con un control más férreo sobre recursos, inversiones y estructuras. En este contexto y con mayor conflictividad social, las tareas militares tienen más razones de ser y prosperar.

Además, la “guerra de baja intensidad” contra los movimientos sociales y la embestida de la propaganda oficial hacia las voces críticas se podrá transformar fácilmente en represión explícita y decidida cuando se apaguen los reflectores de la prensa internacional y nacional sobre Ayotzinapa y México. Ya lo hemos podido experimentar en cierta medida en el Distrito Federal, con intentos de desaparición, arrestos arbitrarios, infiltrados y agresiones policiacas, y en “dosis” mayores en Chilpancingo y en Guerrero, con choques violentos y aplastamiento de la protesta, pero el envío de 2000 policías federales en la capital de la entidad, junto a casi otros tantos en Acapulco, habla de una respuesta con mano dura, no frente al crimen organizado, sino frente al descontento social y a la exigencia de justicia y refundación de instituciones podridas.

Sombras

No son certezas, son hipótesis e indicios. Pero también, hasta la fecha, son hipótesis las declaraciones del procurador Murillo Karam quien, con “cansancio” y movido por el afán de cerrar el caso y presentarlo como un episodio local y no como un crimen de estado, el 7 de noviembre difundió la versión de tres detenidos del grupo Guerreros Unidos que presuntamente habrían quemado a los normalistas en el basurero de Cocula y arrojado sus restos en bolsas de plástico en un río.

Hay muchas dudas acerca de esta narración: las lluvias que habrían caído en la madrugada del día 27 en Cocula; los reportes de incendios en otros parajes cercanos pero no en aquel basurero; el comportamiento hostil de los militares, relatado por los estudiantes sobrevivientes, en la noche del 26; la no intervención de las fuerzas armadas ante lo que estaba ocurriendo y sus justificativas los días siguientes; y finalmente la declaración de los forenses argentinos quienes, si bien han confirmado la identificación de los huesos calcinados del normalista Alexander Mora realizada en Innsbruck, no han podido certificar cómo es que llegaron los restos en la zona en donde fueron recogidos en bolsas de plástico.

Finalmente, el día 11 de diciembre, científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desmintieron la hipótesis de la Procuraduría General de la República (PGR): “Es imposible que hayan sido quemados en Cocula, y la autoridad está en un serio problema porque si no se quemaron en Cocula, ¿quién los quemó y en dónde se quemaron?”, afirma Jorge Montemayor, investigador titular del Instituto de Física de la UNAM. Según el investigador, para cremar 43 cadáveres se requieren 33 toneladas de troncos de cuatro pulgadas de diámetro, equivalentes a dos trailers de leña y 53 kilos de gas por cada cuerpo. Si, como también sostiene la PGR y los narcos confesos, el rogo se hizo con llantas, según los científicos de la UNAM, se hubieran necesitado unas 995 llantas de autos para llevarlo a cabo, por lo cual estiman que la hipótesis oficial no tendría “ningún sustento en hechos físicos o químicos naturales”.

Todo esto abre el espacio a interpretaciones distintas que, inclusive, podrían involucrar en la matanza a otros actores y, entre ellos, el ejército y, en especial, al 27 batallón que ha estado operando “como si nada” en una zona repleta de fosas clandestinas durante años. “Acuérdense que en la guerra sucia, si alguien era experto en desaparecer personas, era precisamente el Ejército”, dijo Omar García, uno de los normalistas sobrevivientes. Hasta una presunta narcomanta, firmada por el cabo Gil, lugarteniente del capo de Guerreros Unidos, Sindronio Casarrubias, colgada el 31 de octubre, apuntaba hacia el Ejército, pues mencionaba los nombres del teniente Barbosa y del capitán Crespo como responsables de la desaparición de los 43.

En efecto, no se han abierto oficialmente líneas de investigación que involucren al sector castrense, pese a indicios cuando menos “sugerentes”. Francisco Javier García, alcalde de Chilapa, Guerrero, declaró hace unos 10 días que pese a la fuerte presencia de las fuerzas federales en el municipio el crimen sigue actuando, básicamente a la sombra del ejército. Es otro ejemplo, evidentemente no el único. De la misma manera, Abarca no es que un ejemplo entre muchos, solapados por las autoridades durante años, pues también trascendieron las relaciones cercanas de la “pareja imperial”, los Abarca, no sólo con el narco guerrerense, brazo y cómplice dela policía municipal y del alcalde, sino también con los altos mandos militares en Iguala, aunque estos han declarado que se trataba sólo de relaciones institucionales.

En julio 2013, el portal del estado de Guerrero reportó la desaparición de otros 17 estudiantes en Cocula y, según algunos testimonios, hubo el involucramiento de la policía municipal. ¿Acaso no estaba allí el Ejército para brindar algún tipo de seguridad a la ciudadanía y combatir a los narcos en el marco de la llamada “guerra al narcotráfico”? Si la policía y los narcos ya se tornaron una corporación asociada y están coludidos, ¿no intervienen la Marina y el Ejército para frenar esa deriva? ¿Para qué están allí? Parece que las fuerzas de seguridad, no sólo las militares, se instalen más para garantizar la salvaguarda mínima de las compañías mineras, de las infraestructuras, de las multinacionales y para el control social que para “pacificar”, además de que el concepto de “hacer la paz” con las armas es un oxímoron de por sí.

Messico: la strage, la repressione e alcune buone notizie

di Perez Gallo

L´orrore e l’indignazione per l’attacco agli studenti della scuola normale di Ayotzinapa hanno creato un ampio consenso intorno ad un movimento popolare che ha raggiunto dimensioni importanti.

La risposta del governo al movimento segnala una progressiva diversificazione delle strategie repressive: il modello dell’attacco frontale, che ha caratterizzato i fatti di Ayotzinapa, è stato affiancato da una forma di repressione che colpisce in modo periferico, lontano dagli sguardi indiscreti della stampa e dell’opinione pubblica internazionale.

A ormai più di due mesi dai tragici fatti di Iguala, possiamo oggi tracciare una ricostruzione di queste strategie, una ricostruzione che lascia aperti più interrogativi di quanti non ne risolva. Ne risulta un quadro del paese molto preoccupante, per il livello di pervasività di una politica della paura che ormai si è fatta sistema, ma dentro al quale troviamo anche una forte risposta del movimento popolare e dell’opinione pubblica, su base nazionale e internazionale, che lascia spiragli di speranza, se si pensa alle poche, ma importanti, buone notizie degli ultimi giorni.

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Due mesi dopo la strage: le vene aperte del Messico e #Ayotzinapa


Dove vanno i desaparecidos?

Cerca nell’acqua e nella boscaglia.
E perché spariscono?
Perché non tutti siamo uguali.
E quando torna il desaparecido?
Ogni volta che lo porta il pensiero.
Come gli si parla al desaparecido?
Con l’emozione stringendo il nodo dentro.
Dalla canzone “Desaparecidos” di Rubén Blades

Llamas Peña Nieto

“Sembra esistere l’intenzione di destabilizzare il paese e attentare contro il progetto di nazione”, Enrique Peña Nieto, 18 novembre 2014.

“Forze oscure desiderano destabilizzare la nazione”, Gustavo Diaz Ordaz, agosto 1968.

(Di Fabrizio Lorusso – CarmillaOnLine) Il presidente messicano Díaz Ordaz pronunciò queste parole a poche settimane dal massacro della Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, del 2 ottobre in cui oltre 300 studenti furono assassinati dall’esercito dopo un comizio. Era un messaggio chiaro, minaccioso, contro i manifestanti, le proteste e ogni forma di critica al governo e allo stato. Proprio come succede oggi.

Due mesi dopo

68 mon a la revolucion26 settembre, 26 novembre 2014. Sono passati due mesi dalla strage degli studenti della scuola normale di Ayotzinapa a Iguala, nello stato messicano del Guerrero. Responsabili ufficialmente non ce ne sono. Quest’anno in Messico le tradizionali cerimonie del 20 novembre per ricordare l’inizio della Revolucion del 1910 si sono svolte in un campo militare mentre decine di migliaia di manifestanti scendevano nelle strade per chiedere giustizia e il ritrovamento “in vita” degli studenti della scuola normale di Ayotzinapa, scomparsi lo scorso 26 di settembre. Ma in questa IV Giornata di Azione Globale per Ayotzinapa non solo “Giustizia!”, non solo “Vivi li han portati via, vivi li vogliamo!” hanno gridato le piazze, ma anche “¡Fuera Peña!” e “Governo assassino”. E il Messico s’infiamma, brucia un enorme pupazzo del presidente nel mezzo dell’enorme piazza centrale, lo zocalo, ed è una pira sacrificale con le fattezze di Peña. L’allegria per l’oceanica manifestazione, la partecipazione, la nuova gran comunità che si sta creando in Messico, si fonde con la rabbia e la tristezza. I familiari dei 43 studenti chiamano a mantenere vivi il movimento e la protesta.

I fatti secondo il procuratore che dice “#YaMeCanse” (mi son stancato) e l’ombra dell’esercito

La notte del 26 settembre tre studenti sono stati uccisi dalla polizia locale. Quel giorno gli alunni normalisti si trovavano a Iguala per raccogliere fondi e poter partecipare al corteo del 2 ottobre a Città del Messico, che si tiene ogni anno per ricordare la strage di studenti di piazza Tlatelolco nel ’68. Un filo rosso di repressione e sangue lega quindi le due stragi. “Crimine di stato”, si legge su striscioni e manifesti per le strade del Messico. Altre tre persone che si trovavano per caso nel luogo della sparatoria sono state ammazzate. Infine altri 43 studenti sono stati sequestrati dagli agenti di Iguala, aiutati da quelli della vicina città di Colula, e poi, secondo le testimonianze dei detenuti per il caso, sono stati consegnati ai membri del cartello della droga dei Guerreros Unidos, collusi con le forze dell’ordine e agli ordini del sindaco di Iguala, José Luis Abarca. I narcos li avrebbero bruciati per 15 ore, disperdendone poi i resti in un fiumiciattolo e nella discarica della spazzatura di Cocula.

ayotzinapa marchaIl 7 novembre il procuratore della Repubblica, Jesús Murillo, ha riferito questa versione, cercando di chiudere il caso, ma, in mancanza di prove scientifiche per sostenerla, non ha potuto dichiarare “morti” gli studenti che restano, quindi,desaparecidos. I resti trovati nel luogo del rogo indicato dai narcos sono in Austria per uno studio del DNA che dovrà confermare o smentire il procuratore. Alla fine della conferenza stampa, irritato dall’insistenza dei giornalisti, il procuratore ha pronunciato la frase “Ya me cansé” (“ormai sono stanco”) che è diventata virale su Twitter ed è ora il tormentone nelle proteste. La società è stanca di menzogne e giustificazioni. Le dimissioni del governatore, l’arresto di Abarca, della moglie e di una sessantina tra narcos e poliziotti e la recente cattura del capo della polizia di Cocula, César Nava, accusato anche lui della sparizione degli studenti, non bastano e non possono di certo emendare una situazione di marciume strutturale.

Le versioni ufficiali e i polveroni sollevati alla fine di ogni conferenza stampa o dopo ogni rivelazione fatta da qualche detenuto o da presunti testimoni oculari e persone della zona potrebbero costituire un enorme specchio per le allodole che aiuterebbe a nascondere altre piste possibili, per esempio quella che punta verso il 27esimo battaglione d’infanteria dell’esercito a Iguala come possibile responsabile. Non è un’ipotesi scellerata. Nel 2011 HRW (Human Rights Watch) aveva denunciato la sparizione di 6 persone in un club notturno di Iguala, avvenuta alle 22:30 del 1 marzo 2010, filmata da una videocamera e infine confermata da alcuni testimoni che descrivono i sequestratori, e le persone al loro seguito, come appartenenti alle forze armate per i loro veicoli e le uniformi. I PM indagarono, ma rimisero il caso alla giurisdizione militare che nei 18 mesi successivi non accusò nessuno del crimine. HRW conclude che ci sono prove che suggeriscono decisamente il coinvolgimento dell’esercito. I sei desaparecidos non sono più tornati a casa.

La IV Giornata di Azione Globale per Ayotzinapa e gli arresti arbitrari

“E’ stato lo Stato”, “Vivi li han portati via, vivi li vogliamo” sono gli slogan che da due mesi rimbalzano sui social e in tutte le manifestazioni. Il pomeriggio del 20 novembre migliaia di persone in 150 città hanno espresso la loro solidarietà ai familiari dei ragazzi e al Messico intero, immerso in una spirale di violenza che ha fatto oltre 100mila morti e 27mila desaparecidos in 8 anni. Nella capitale messicana oltre 150mila persone hanno sfilato nel centro per cinque ore. I genitori dei 43 desaparecidos sono arrivati nella capitale dopo aver percorso in tre carovane diversi stati del Messico durante una settimana. E tre erano anche i cortei previsti: uno di professori e studenti, in partenza da Tlatelolco, una marcia dei sindacati, con concentrazione al Monumento a la Revolucion, e infine il più grande, quello della società civile e i collettivi che partiva dall’Angel de la Independencia. “Non abbiamo paura, protestiamo anche per l’impunità, la corruzione, i femminicidi, non solo per Ayotzinapa, è ora di muovere il Messico, ma non come dice il presidente”, spiega Mario, padre di famiglia che marcia con suo figlio in braccio.

68 unaDopo il passaggio dei cortei, pacifici e variopinti, e il comizio dei genitori di Ayotzinapa, la polizia ha sgomberato violentemente la piazza, piena di famiglie e dimostranti che si stavano ritirando. L’operazione è arrivata in risposta a un gruppo di circa 50 manifestanti dal volto coperto, che cercavano di forzare le transenne intorno al Palazzo Nazionale e lanciavano molotov e petardi, però s’è diretta disordinatamente contro la folla, facendo un saldo di decine di feriti e 15 arresti, tra cui alcuni giornalisti e studenti. “L’azione della polizia ha mostrato che non hanno dati d’intelligence, né preparazione per definire che azione realizzeranno”, ha spiegato in un’intervista Maria Idalia Gómez, una giornalista ferita negli scontri.

Quattro detenuti sono stati rilasciati nelle prime 24 ore. Invece a 11 prigionieri non solo è stato confermato il fermo, ma sono stati anche attribuiti capi d’accusa gravissimi e surreali – associazione a delinquere, tentato omicidio e sommossa – per cui sono stati rinchiusi in prigioni di massima sicurezza come fossero pericolosi boss. Le tre ragazze accusate dal pubblico ministero sono state mandate a Veracruz, gli otto ragazzi nel settentrionale stato di Nayarit.

Tra di loro anche un cileno, Laurence Maxwell, studente del dottorato in lettere dellaUniversidad Nacional Autonoma de México, che, arrivato in sella alla sua bici per presenziare alla manifestazione, è stato catturato senza motivo in una piazza invasa da fumogeni e celerini. Il ministro degli esteri cileno ha espresso la sua preoccupazione immediatamente e sta circolando un appello per la sua liberazione (in italiano qui). Il ministro degli esteri messicano, José Antonio Meade, in visita in Cile per un convegno sull’Alleanza del Pacifico e il Mercosur, ha avuto una conversazione col padre di Laurence, Alberto Maxwell che, insieme al resto della famiglia, ha denunciato le irregolarità negli arresti del 20 novembre, le interferenze col dovuto processo e la mala fede da parte dell’avvocato d’ufficio, Rafael Omalaya, e, infine, ha chiesto la liberazione anche degli altri detenuti.

famiglia represion zocalo“La polizia è stata gagliarda”

Nonostante i comprovati eccessi delle forze dell’ordine e la violazione di protocolli e diritti umani a profusione, c’è ancora chi, come il responsabile della sicurezza pubblica della capitale, Jesús Rodríguez Almeida, fa i complimenti ai suoi per come hanno agito il 20. “Mi complimento con il mio personale per il lavoro svolto, per il gran coraggio, la gagliardezza, la responsabilità e soprattutto perché hanno ristabilito l’ordine pubblico, che piaccia o no”, ha dichiarato. Malmenare famiglie e innocenti è un atto da valorosi a detta del capo della polizia. Inoltre già dalla mattinata del 20 giravano fotografie di presunti infiltrati della polizia o delle forze armate (esercito? marina?), seduti all’interno di una camionetta. Questi soggetti, più tardi, sono stati immortalati mentre compievano alcuni degli “atti vandalici” che le autorità hanno condannato.

Dal canto suo anche la Commissione dei Diritti Umani di Città del Messico s’era complimentata con la polizia per come ha operato nella riapertura delle strade bloccate dai manifestanti. Questo è l’ambiente in cui si sviluppano le proteste, impuzzolito e falsificato da buona parte dei mass media (vedi quotidiano Milenio) che aspettano la repressione per accaparrarsi fette maggiori di share, elogiare forze dell’ordine allo sbando o aprire con titoli celebrativi e tendenziosi. E intanto i poliziotti possono picchiare impunemente le donne in manifestazione gridando loro: “Fottute puttane perché siete venute a manifestare!”. Ecco i diritti umani in Messico, la costante e volontaria violazione della fosca frontiera tra delinquenza e legalità che annichila lo stato di diritto e la dignità umana.

Forse per spegnere un po’ l’incendio e la crisi politica, il ministro degli Interni, Miguel Ángel Osorio Chong, ha anticipato le prossime mosse del presidente, che annuncerà “misure importanti” in tema di giustizia e stato di diritto che coinvolgeranno la società civile e i tre poteri dello stato per “modificare completamente questo scenario in cui c’è una debolezza dello stato messicano”. Il ministro non ha fornito ulteriori dettagli al riguardo.

tlatelolcoIl presidente del Senato, Miguel Barbosa (del PRD, Partido Revolucion Democratica), ha precisato qualcosa, parlando di una Commissione di Stato per elaborare proposte di riforma e affrontare i problemi della violenza e la sicurezza di cui dovrebbero far parte varie personalità della società civile dalla traiettoria e “qualità morali” riconosciute. L’idea è quella di “creare centri di comando unificati affinché i corpi di polizia locale siano controllati da quelli della polizia statale e questa, a sua volta, da quella federale”. Centralizzare per provare a evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata. Per ora ci sono soltanto un po’ di suspense e molta incertezza, come in una telenovela a basso costo che serve a sviare l’attenzione.

Il movimento in crescita

Rispetto alle precedenti mobilitazioni è cresciuta la partecipazione non solo dei sindacati, dei lavoratori e degli studenti, uniti nell’Assemblea Interuniversitaria con 114 atenei, ma anche di collettivi di artisti e di tantissime famiglie, cittadini e associazioni che di solito non manifestano. L’asse delle proteste s’è spostato: non si chiede solo il ritrovamento degli studenti, ma anche le dimissioni del presidente e dell’Esecutivo. Prende piede anche l’idea di un movimento costituente o di rinnovamento radicale del paese. Nel breve e medio periodo, almeno, non sembra che le mobilitazioni possano fermarsi. La società civile chiede il conto a tutti i partiti e al governo, non solo alle forze dell’ordine e ai politici locali. Gli sforzi della procura e della diplomazia per far passare, tanto in Messico come all’estero, la mattanza di Iguala come un fatto isolato, locale, provocato da narcos e sindaci corrotti, quindi simile a tanti altri, sono stati vani.

ayotzinapa fue el estadoLa pressione internazionale aumenta ed è senza dubbio un fattore determinante per il successo e la legittimità di un movimento senza leader e in crescita, che coinvolge diversi strati della società e si struttura piano piano su obiettivi più ambiziosi, malgrado debba affrontare inevitabilmente seri problemi di coordinamento e di consolidamento di una massa critica.

Ayotzinapa è la punta di un iceberg che sta mettendo a nudo le menzogne delle riforme strutturali, promosse dal presidente Peña per “muovere il Messico tra i paesi che contano”, e del progetto di governo. “Non ci fermeremo, pare che alcune voci della protesta non vogliano che il paese cresca e non condividono questo progetto nazionale”, ha sostenuto Peña nei giorni precedenti alla protesta globale, parlando altresì di “movimenti di violenza che si nascondono dietro al dolore per protestare”. Una minaccia che s’è puntualmente realizzata. “Il presidente ha definito cortei e critiche come tentativi di destabilizzazione, minacciando l’uso della forza e ignorando la grave crisi dei diritti umani del Messico”, ha replicato il direttore Amnesty International-Messico, Perseo Quiroz. “La strage di Iguala non è un fatto isolato e il governo mostra poca serietà in questa situazione”, ha concluso.

Minacce, come nel ‘68

Il presidente Peña Nieto denuncia complotti e tentativi di destabilizzazione, includendo anche lo scandalo mediatico che è scoppiato sull’acquisto della sua residenza, detta “Casa Bianca”, che è probabilmente il più grave conflitto d’interessi della storia messicana recente. L’argomento del complotto e della destabilizzazione per giustificare la repressione è lo stesso del ’68, già usato da Díaz Ordaz, col sostegno dell’intera classe politica dell’epoca, dopo la gran manifestazione del 27 agosto di quell’anno. Oggi, per fortuna, non è più la maggior parte dei politici a seguire il discorso del presidente e la società civile ha altri strumenti per informarsi e ribellarsi. Il consenso sull’uso della violenza per contrastare le proteste cittadine all’interno delle élite politiche non è unitario, ma ciò non è sufficiente a evitare che la tenaglia, piano piano, si stringa sul dissenso, una volta che il caso Ayotzinapa abbia smesso di far parlare di sé, magari dopo che il governo e la procura avranno offerto un’altra “versione verosimile” dei fatti.

tlatelolco treNon lo possiamo sapere, ma Ayotzinapa e Iguala, senza dubbio, sono momenti di svolta e, affinché questa diventi irreversibile e favorisca un vero cambiamento, non esistono strade tracciate e soluzioni preconfezionate. Ilmovimento per la pace (MPJD) del 2011, preceduto dalle mobilitazioni contro la violenza verso i giornalisti scandite dallo slogan Basta Sangre!, e lo studentesco YoSoy132 del 2012 non sono del tutto spenti e sostengono #AyotzinapaSomosTodos. La loro esperienza e i loro insegnamenti sono preziosi, soprattutto perché sono nati anch’essi in modo spontaneo, grazie alle reti sociali, moltiplicate da una parte dei mediamainstream, e all’associazione di collettivi, individui, gruppi sociali e movimenti preesistenti, e si sono organizzati in modo orizzontale, coinvolgendo ampi strati della società civile che erano inerti.

Le pressioni su Peña Nieto e sua moglie Angelica Rivera arrivano anche dal presunto conflitto d’interessi rivelato da un’inchiesta del portale Aristegui Noticias la quale rivela che sua moglie possiede una villa lussuosissima, la “Casa Blanca”, in un quartiere esclusivo della capitale, in cui vive anche il presidente, e che questa è stata costruita da un’impresa del gruppo Higa, una compagnia che ha vinto decine di appalti milionari quando Peña era governatore del Estado de México, regione limitrofa di Città del Messico, e anche ora che è a capo dell’esecutivo e decide sulle “grandi opere”. Nelle ultime due settimane le relazioni tra business e politica, soprattutto per quanto riguardo il cosiddetto “gruppo della città di Atlacomulco”, legato da anni all’amministrazione del Estado de Mexico e alle correnti del PRI e del mondo imprenditoriale che sostengono Peña, sono state messe a nudo, il che ha generato aspre critiche e perdita di fiducia nei confronti della coppia presidenziale.

enrique y angelicaOsorio Chong, ministro degli interni, ha detto il 22 novembre che la “violenza non sarà mai la strada per ottenere giustizia”. Non si capisce se stia parlando della violenza della polizia messicana o di altri apparati dello stato, sinceramente. Ma ancora più paradossali sono state le dichiarazioni del 21 del presidente: “Ci sono persone interessate a guastare la libertà e questo non lo permetteremo”. Starà parlando di se stesso o del medesimo governo? Pare proprio di sì. Per essere precisi la frase è questa: “Non lo permetteremo perché è un obbligo dello Stato messicano nel suo insieme assicurare che le manifestazioni cittadine non siano sequestrate da coloro che agiscono con la violenza e il vandalismo”, in riferimento al gruppo di una cinquantina di incappucciati che hanno lanciato petardi e molotov contro i poliziotti.

La repressione del #20NovMx

Verso le ore 21 del 20 novembre la piazza è effervescente, il corteo è stato un successo. Alla fine dei comizi iniziano a partire molotov e petardi da un gruppo circoscritto di persone, relativamente inoffensivo e minoritario rispetto alla massa ancora presente nellozocalo, sicuramente controllabile dai 500 celerini che erano schierati e che avrebbero potuto incapsularli e fermarli. Invece no, si decide di attaccare alla rinfusa tutti, di torturare, invadere e fermare i dimostranti a casaccio, come sempre più spesso accade dal primo dicembre 2012, data dell’insediamento di Peña e del “nuovo” PRI che fu segnata dalla militarizzazione della capitale e da decine di arresti. Il copione è sempre quello: manifestazione pacifica, piccolo gruppo, spesso non identificabile e fuggevole, di infiltrati,incappucciati, black bloc, anarchici (secondo le cambianti e fumose definizioni della stampa e dei portavoce ufficiali) e poi repressione violenta con aggressioni contro fotografi, reporter e difensori dei diritti umani, con decine di arresti indiscriminati che, spesso, non possono nemmeno essere confermati per mancanza di prove da parte degli inquirenti. All’arresto, inoltre, segue sempre una lunga serie di abusi e umiliazioni.

zocalo 68Sempre il 20 novembre, durante le manifestazioni e i blocchi stradali realizzati da circa 5-600 dimostranti la mattina, finiti con 16 arresti, sono stati aggrediti ben 18 giornalisti, secondo l’organizzazione per la difesa della libertà d’espressione Article19, mentre nel pomeriggio, nello zocalo, il corrispondente e fotografo cileno dell’agenzia AP, è stato arrestato, e quasi subito rilasciato non prima di vedersi rubare le attrezzature, ed è stato ferito Eduardo Molina, fotografo del settimanale Proceso e autore della foto che apre quest’articolo, diventata il simbolo della IV Giornata d’Azione Globale per Ayotzinapa. Molina è stato colpito da un agente che gli ha scagliato addosso un pezzo di una transenna metallica, per cui ha dovuto farsi ricoverare. Brucia il pupazzo raffigurante il presidente e brucia il Messico, di rabbia e protesta per l’inettitudine e gli inganni delle autorità. E poi arriva la vendetta, la “coreografia infernale”, come l’ha definita lo scrittore Tryno Maldonado in una terrificante e veritiera cronaca dei fatti.

“Nelle azioni della polizia, che conosco bene per aver coperto molte situazioni come questa, si nota che non hanno informazioni d’intelligence, si nota che non hanno una preparazione previa per definire qual è l’azione o operazione che realizzeranno, basta vedere come hanno agito la sera del 20 novembre”, spiegava, ancora scioccata, in un’intervista radiofonica, Maria Idalia Gómez, giornalista di Eje Central, portale informativo di stampo conservatore.

Violenza e negazione

Stava provando a raccontare cosa è successo alla fine di un’enorme e pacifica manifestazione a Città del Messico, quando una cinquantina di incappucciati e indignati hanno cominciato a muovere le transenne protettive e a lanciare petardi e molotov in direzione dei poliziotti che presidiavano il portone del Palacio Nacional, sede del potere presidenziale. C’erano ancora migliaia di persone in piazza e per le strade del centro, una parte dell’ultimo corteo, quello che arrivava dall’Angel de la Independencia, doveva ancora fare il suo ingresso nella piattaforma dello zocalo. Il piazzale era stipato di famiglie, bambini, dimostranti, cittadini, persino turisti e passanti, ma la vendetta poliziesca, perché di vendetta è giusto parlare, è arrivata comunque.

Comincia l’attacco, la farsa del mantenimento dell’ordine dove l’ordine c’era già. Azioni indiscriminate, ripetute, anche contro chi non aveva partecipato al corteo o comunque non era nel gruppo che aveva provocato i primi scontri. Un’ora di repressione pura della polizia federale e dei granaderos (corpi antisommossa di Città del Messico), attaccando le famiglie alla rinfusa, cercando di catturare gli aggressori che, però, sfuggono, strisciano via. Reati di stato, violazioni ai diritti umani, e nessuno che lo possa negare. Ciononostante c’è chi ci prova, comunque.

infiltrados22Come Juan José Gómez Camacho, ambasciatore del Messico in Belgio e presso l’Unione Europea, che il 25 novembre s’è visto costretto a dare udienza a un centinaio di messicani, belgi e cileni, accompagnati da Amnesty International e altre organizzazioni. I presenti l’hanno messo alle corde criticandolo per la sua posizione estremamente “diplomatica” di fronte all’emergenza che vive il paese (video). “Il Messico non ha fatti isolati, in 20 mesi col signor presidente ci sono più di 50mila morti…”, lo increpa una donna.

“No”, la interrompe l’ambasciatore. E lei continua: “Io so che il governo attuale sta lavorando, ma stanno ammazzando molta gente e stanno sparendo in tanti. Mi scusi, ma molti di noi sono qui perché non possiamo stare in Messico, quale sarà la posizione di un Ambasciatore che è indignato e che deve dire ‘stop’ perché in Messico ci sono atti di lesa umanità, crimini di lesa umanità?”. “Non lo condivido”, risponde secco il funzionario mentre i presenti alzano la voce stizziti. Gomez Camacho nega persino le violenze e aggressioni del 20 novembre sostenendo che la polizia ha agito per controllare la violenza. “Io non ho visto nessun incappucciato in arresto”, grida un giovane. “Non so cosa ha visto lei”, risponde il diplomatico. E il giovane ribatte: “Non ho bisogno ormai delle sue parole, ho bisogno delle sue dichiarazioni sul giornale, in cui dice che il Messico non va bene”. Clamando “Rinuncia, rinuncia”, la gente si ritira e il dialogo finisce.

Lo stato vittimizza ripetutamente e il mondo reagisce

“Dai, così vi viene voglia di ritornare”, gridavano i poliziotti mentre picchiavano uomini e donne, anziani e passanti. Scudi contro corpi, sfollagente su ossa e teste. Random. Hanno addirittura tirato sedie addosso ai commensali di alcuni ristoranti coi tavolini all’aperto. ¡Bienvenidos! Tra gas lacrimogeni, inseguimenti perversi, urla e manganellate, arresti arbitrari di cittadini e giornalisti, insulti e torture, le “forze dell’ordine” hanno mostrato la loro impotenza e hanno violentato, ancora una volta, la società e il diritto d’espressione e libera manifestazione, mostrando il vero volto del nuovo autoritarismo messicano, mascherato da riformismo paternalista e modernismo straccione. Il video dell’arresto dello studente Atzín Andrade (Video Link 20 sec) parla da solo.

MOV2 DE OCTUBRE DE 1968 INFORMACION MOVIMIENTO  ESTUDIANTIL EN TLATELOCOPaura, sorpresa, incertezza, violenza e, come è successo a tutti i 31 arrestati del 20 novembre e ai 23 di loro che sono stati trattenuti, la negazione della scelta dell’avvocato difensore e l’impossibilità di comunicare col mondo esterno per molte ore, tra le varie violazioni ai diritti umani subite. Le responsabilità di quanto accaduto deve partire dai corpi di polizia che hanno partecipato allo sgombero ma soprattutto deve arrivare fino ai loro capi.

L’importante, quindi, non è prendere gli eventuali responsabili delle violenze o i colpevoli dei reati, sempre che ne siano stati commessi per davvero, ma instillare la paura, diffondere un messaggio chiaro: se manifesti, può succedere anche te, e non ci interessa che cosa stavi facendo, il manganello colpisce tutti solo per il fatto di essere lì in quel momento. Proprio come la narco violenza che non massacra solamente i trafficanti e i sicari della criminalità organizzata, come cercano di farci credere da 8 anni a questa parte, ma può colpire tutto e tutti, in qualunque momento, su un autobus di linea o in un campeggio, fuori da un bar o in un parco, dentro alla metro o in una festa in piazza.

Ovunque, sempre, anche se non ce ne accorgiamo e se ci ripetono che i “mafiosi” si sparano solo tra di loro. Sì, e i poliziotti invece picchiano e trattengono, torturano e sequestrano solo i delinquenti, non i cittadini “decenti”. Per un po’ volevano farci credere questa favoletta anche nel caso della mattanza degli studenti Iguala. “Le vittime erano dei guerriglieri”, dicevano alcuni. “Ordine è stato fatto”, “Erano legati ai narcos rivali deiGuerreros Unidos, ai Los Rojos”, facevano eco altri, tra giornalisti venduti, pessimi rappresentanti della “legge” e politici in mala fede.

Sprad the news presos 20NLa parola “decente”, contrario di indecente o sconcio, è stata utilizzata anche nella riforma educativa, proprio nella legislazione, per descrivere il tipo di lavoro che “finalmente” potranno ottenere i maestri messicani, come se fino ad oggi fossero stati sconvenienti, immorali, e la riforma, approvata l’anno scorso dal parlamento su proposta presidenziale e contestata duramente dai sindacati dissidenti degli insegnanti, venisse a salvarli dalle loro bassezze. Perversioni del linguaggio e d’una certa classe politica. Il presidente ha sottolineato come ci sia stato un “coordinamento tra le forze federali e quelle della capitale per far rispettare la legge durante le mobilitazioni di giovedì”. Ci vuole davvero del cinismo.

Il discorso ufficiale dice una cosa, però la realtà, ritratta da migliaia di foto e video lo smentisce. Ma la TV ha un potere ancora maggiore delle reti sociali ed ecco che la repressione dello zocalo del 20 novembre deve iniziare e finire prima del telegiornale più seguito, quello delle 22.30. Così si potrà raccontare come la polizia federale e quella della capitale hanno agito per salvare la patria da alcuni facinorosi, 100 o 200mila facinorosi che, tornando a casa, non possono far altro che gridare “Governo assassino!” e “Fuori Peña!” e darsi appuntamento per il prossimo corteo o la prossima assemblea. Il foro globale per Ayotzinapa, formato all’estero da oltre 60 istituzioni e organizzazioni per aumentare la pressione internazionale, per denunciare la situazione e creare iniziative, raccolte dal blog https://ayotzinapasomostodos.wordpress.com/, sta promuovendo un appello Contro la repressione e la criminalizzazione della protesta civile in Messico. La lettera si può firmare a questo LINK.

Che cosa raccoglie un paese che semina corpi?

unam 68Il compositore di salse e ballate panamense Ruben Blades canta e si chiede: “Dove vanno i desaparecidos?”. Alcuni hanno il privilegio di finire nella memoria collettiva, pochi ricompaiono, altri restano con le loro famiglie, come ombre e ricordi della vita che avevano e che lo stato gli ha portato via. Alcuni finiscono sulle foto appese ai muri nelle stazioni della metropolitana e la maggior parte confluisce in una statistica incerta, traballante, come quelle che da un lustro rimbalzano sui media e sui siti governativi del Messico. Paese di fosse comuni, paese di bellezze naturali, deserti, oceani a est, a ovest, e coste infinite, come le piantagioni di papavero da oppio e marijuana. Territorio ricco di tradizioni, tragedie e arti senza eguali, tra i primi esportatori di auto straniere e metanfetamine. Paese di desaparecidos, 22mila, 27mila, 30 mila, nessuno lo sa. Ma si sa che sono tanti.

Come tanti sono i 43 studenti della scuola normale “Isidro Burgos” di Ayotzinapa, sequestrati dai poliziotti di Iguala e Cocula, nello stato del Guerrero, la notte del 26 settembre e consegnati, per ordine del sindaco di Iguala, José Luis Abarca, a una banda di narcotrafficanti dal nome ridicolo e terribile: i Guerreros Unidos. Lo stato c’era, ma non ha agito. La polizia statale e quella federale non sono intervenute. Il 27esimo battaglione dell’esercito, di stanza nella zona, non solo non ha impedito l’uccisione di tre studenti e di altre tre persone, non solo “non ha avvertito” sparatorie e inseguimenti durati ore nella sua zona di competenza, lavandosene le mani, ma i soldati hanno addirittura vessato e maltrattato gli studenti che s’erano rifugiati in un ospedale per chiedere aiuto e soccorso. Li ha chiamati dottore dell’ospedale. Perché?

Sapeva che questi l’avrebbero fatta pagare cara ai “rivoltosi” alunni della normale? Pare proprio di sì. Li ha chiamati perché chi comanda realmente là sono loro? Forse sì. Non il sindaco, corrotto fino all’osso e colluso coi narcos al punto da utilizzarli come braccio armato per tutti i suoi lavoretti, in alleanza con la polizia locale controllata dal suocompadre Felipe Flores. Non sua moglie, sorella di quattro narcotrafficanti e connessione logica tra gli affari sporchi del marito e quelli della sua famiglia d’origine. Non l’ex governatore Aguirre, ora dimissionario ma sempre in attesa di tornare sulla scena politica grazie al sostegno indefesso dei suoi compagni di partito del PRD. O almeno non solo loro.

pri diaz ordaz peña nietoOltre alle zoppicanti versioni della procura stanno circolando altre ipotesi che attribuiscono la responsabilità dei fatti di Iguala all’esercito, come sostengono l’ex Generale Francisco Gallardo, intervistato da Federico Mastrogiovanni per la rivista Variopinto, e un comunicato del gruppo guerrigliero EPR (Esercito Popolare Rivoluzionario). Entrambi denunciano come fino ad oggi l’esercito abbia condotto nella regione una sorta di guerra permanente di bassa intensità contro studenti e contadini, gruppi insorti e sindacati, che, oltre a rappresentare le voci più critiche a livello politico, s’oppongono allo sfruttamento delle risorse da parte delle multinazionali del settore minerario. A un’ora da Iguala, infatti, c’è la miniera d’oro più importante dell’America Latina e nella zona s’estraggono anche argento, piombo, ferro, rame e zinco.

Forze armate messicane, neoliberalismo e riformismo presidenziale

L’esercito mantiene la sua buona fetta di potere, ingrassato economicamente e potenziato nelle sue funzioni dalla politica di narco-guerra di Calderón (2006-2012) e mantenuto da Peña Nieto, forse impantanato tra la tentazione di ridimensionarne il budget e la presenza sul territorio e l’impossibilità concreta di farlo. Più facile ordinare alle TV amiche e al corpo consolare in tutto il mondo la propagazione di campagne mediatiche e offensive diplomatiche per nascondere i problemi endemici del paese, molto più “strutturali” del pacchetto di riforme costituzionali che sono dette, appunto “strutturali” e sono state approvato in fretta e furia nel 2013 dai partiti del Patto per il Messico, le grande intese alla messicana tra PRI, PRD e PAN (Partito Acción Nazional).

68 dueOggi la “coalizione” per le riforme è fallita, ma ha lasciato una bella eredità al Messico: riforme neoliberali e frettolose in quasi tutti i settori dell’economia e del mondo del lavoro, dall’energia all’istruzione, dalle telecomunicazioni al fisco. Mentre il debito cresce quasi come ai tempi d’oro del vecchio PRI del secolo scorso, non si prevedono le coperture per rimpiazzare la rendita petrolifera generata dalla compagnia statale PEMEX che, asfissiata dai sindacati cooptati dal governo e dal fisco che si porta via a priori i 2/3 del suo fatturato, è in caduta libera. Le entrate statali per gas e crudo verranno presto ulteriormente compromesse dall’ingresso delle multinazionali energetiche straniere, assetate di idrocarburi e forza lavoro capace, disciplinata, ricattabile e iper-flessibile. L’Europa pare seguire il “modello socio-economico messicano” e il Messico lo radicalizza per dare il buon esempio e farsi bello dinnanzi agli investitori europei, cinesi, americani e giapponesi.

Di fronte alla ritirata dello stato e del welfare e all’avanzata del fondamentalismo di mercato, dell’insicurezza fisica, della disuguaglianza economica e dell’incertezza sociale, una risposta logica e spietata sembra essere l’uso delle forze armate come strumento di contenzione, offesa, controllo e stabilizzazione. Ad ogni modo non è un segreto che i militari restino il pilastro della strategia di sicurezza attuale, anche se, fino a poco tempo fa e per un paio d’anni, non se n’è parlato. Ayotzinapa rappresenta in questo senso un doloroso ma formidabile spartiacque, la rottura dei sogni di gloria del dinosauro PRI (Partido Revolucionario Institucional), tornato al potere dopo 12 anni di digiuno.

firme ayotzinapaIn genere le milizie, per continuare a essere determinanti, hanno bisogno delle emergenze e del conflitto, sia esso, nel contesto messicano, tra narco-cartelli o tra diversi livelli di governo (locale, statale e federale), ovvero tra gli apparati dello stato e i trafficanti, se non tra il proprio paese e altri stati. E hanno la necessità di mantenere alto il livello di scontro, inteso anche come guerra di bassa intensità e conflitto sociale, condotti contro i gruppi dissidenti come gli studenti e i maestri delle normali o i sindacati non cooptati dal governo e i campesinos, per proseguire nella gestione di affari e territori, di carriere interne ed equilibri politici locali e, perché no, nazionali. Occorre giustificare ad libitum la propria esistenza e l’aumento delle proprie competenze e risorse. Non tutti la pensano così negli ambienti castrensi, tant’è che nelle elezioni presidenziali del 2012 esistevano settori delle forze armate che sostenevano il candidato di centro-sinistra Andrés Manuel López Obrador perché aveva promesso il ritorno dei militari nelle caserme e la fine della narco-guerra militarizzata.

Guerrero guerrigliero e tradizioni stragiste

A parte le diverse “correnti di pensiero”, c’è anche da considerare che la situazione del Guerrero è peculiare: tra gli stati più poveri della repubblica messicana, è da decenni focolaio di insurrezioni armati e guerrigliere, polizie comunitarie e dissidenze sociali combattive e radicali che hanno nell’esercito il principale nemico, insieme ai governatori di turno e ai vari corpi di polizia. Lo stesso Angel Aguirre, nel marzo 1996, divenne governatore sostituto del cacicco del PRI, Rubén Figueroa, dopo la strage di Aguas Blancasdel 28 giugno di quell’anno, in cui 17 contadini furono ammazzati dalla polizia statale e 21 furono feriti durante un’imboscata pianificata dalle autorità e, presumibilmente, dallo stesso Figueroa. Verso la fine del suo mandato ad interim, fu a sua volta indicato come responsabile del massacro de El Charco del 13 giugno 1998, in cui un battaglione di soldati sparò e uccise 11 presunti guerriglieri disarmati. La mattanza de El Charco è stata considerata come un precedente di quanto avvenuto a Iguala due mesi fa da alcuni giornalisti.

68 centroPer capire le logiche del potere nel Guerrero, basta menzionare il fatto che a Iguala c’è un’intera zona cittadina dedicata alla moglie di Ruben Figueroa, chiamata “colonia Silvia Smutny de Figueroa”, codice postale 40010. Il padre del politico, Rubén Figueroa Figueroa, fu governatore del Guerrero tra il 1975 e il 1981, durante gli anni più duri della guerra sucia (guerra sporca) del governo contro i gruppi guerriglieri e ogni tipo di dissenso sociale. Il leggendario guerrigliero, fondatore del Partido de los Pobres, Lucio Cabañas era un maestro diplomato alla scuola normale di Ayotzinapa, ma soprattutto era un acerrimo nemico di Figueroa. Infatti, il Partido aveva rapito il politico nel maggio 1974 e poi rilasciato tre mesi dopo.

Quando Lucio venne ucciso dall’esercito il 2 dicembre di quell’anno, Figueroa, non soddisfatto, si vendicò su sua moglie Isabel. Una volta eletto governatore, fece liberare lei, sua figlia e sua suocera, che erano detenute in una caserma militare da anni. Con l’inganno indusse Isabel, solo sedicenne, ad andare nel suo ufficio e la violentò. La ragazza perse il figlio del suo aggressore, prodotto di quella violenza, in seguito a un aborto spontaneo pochi mesi dopo. Storie, antiche e odierne, di baroni, eserciti, governanti e popoli in lotta nel Messico profondo. Ne parla la giornalista Laura Castellanos,in Mexico Armado 1943-1981 (Ed. Era, Messico, 2007). Il caso Ayotzinapa ha risvegliato le cellule guerrigliere. Solo il mese scorso i quattro gruppi principali della regione – Ejército Popular Revolucionario (EPR), Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), le Milicias Populares e le Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo, hanno emesso 13 comunicati.

Calle 13 e Pepe Mujica

calle13 con papa ayotzinapaSabato 22 novembre, al Palacio de los deportes di Città del Messico c’è stato un concerto particolare. Siccome la costituzione messicana impedisce agli stranieri di realizzare attività politiche nel paese, il “Residente” René Pérez, cantante della band portoricana Calle 13, ha deciso di dare uno spazio ai familiari dei desaparecidos di Ayotzinapa. Il padre dello studente César Manuel González, ha parlato di fronte a 18mila spettatori: “Noi non siamo stanchi, abbiamo camminato e non vi immaginate quanto, ma siamo ancora più forti perché anche se ci dicono che ci sono tombe e fosse, vedrete che raschiando in questo Stato troverete migliaia di morti, non sono solo 43”. Negli ultimi giorni i genitori dei ragazzi hanno continuato a cercare, a esplorare, a scavare nei dintorni di Iguala e hanno trovate sette nuove fosse clandestine, con dentro altri cadaveri e resti da identificare, altri desaparecidos senza identità. “Tutte le cause sociali sono importanti, ma il caso di Ayotzianapa mi pare che vada oltre la politica: trascende il piano dei diritti umani, va oltre il Messico, è una cosa più grande, perché è una situazione molto forte, è una disgrazia”, ha concluso Pérez.

Il presidente uruguayano, José “Pepe” Mujica, in un’intervista per Foreign Affairs ha parlato del Messico come di “una specie di stato fallito, in cui i pubblici poteri sono totalmente fuori controllo, in marcimento”. La cancelleria messicana ha reagito esprimendo “sorpresa e rifiuto”. Mujica ha anche detto che “la parte migliore del Messico è obbligata, cada chi debba cadere, faccia male a chi debba far male, indipendentemente dalle conseguenze, a chiarire questa questione, perché a partire da questo episodio sono sorte cose collaterali, come la scoperta di tombe che non c’erano prima. Vuol dire che ci sono più morti che non sono nemmeno rivendicati. Allora la vita umana vale meno di quella di un cane”.

In chiusura segnalo un ottimo video realizzato dal Centro Universitario di Studi Cinematorgrafici (CUEC) della UNAM, Universidad Nacional Autonoma de México, per descrivere la IV Giornata d’Azione Globale per Ayotzinapa e la mega-marcia nella capitale messicana per protestare contro la sparizione dei 43 studenti normalisti e chiedere la renuncia del presidente Peña Nieto al grido di “¡Fue el Estado!”. 

Link Orignale Vimeo

Lettera/ Petizione per Laurence Maxwell e gli 11 detenuti politici del #20NOVMX

I reportage su Carmilla:

  1. 1. La strage degli studenti in Messico: Narco-Stato e Narco-Politica
  2. Il Messico e Ayotzinapa gridano: 43 con vida ya!
  3. Benvenuti in Messico: desaparecidos e morti di #Ayotzinapa #Fueelestado
  4. Due mesi dopo la strage: le vene aperte del Messico e #Ayotzinapa

Ultime narrazioni di Andrea Spotti su Radio Onda d’Urto:

  1. 1. Messico, un 20 novembre di lotta e repressione
  2. Ayotzinapa Somos Todos: IV giornata di Azione Globale

Due documentari di Vice:

Prima parte: The missing 43: Mexico’s disappeared students

Seconda Parte: The search continues: Mexico’s desappeared students

Altri Link Utili:

GlobalProject – Cronaca della IV Giornata Globale per Ayotzinapa e altri articoli

A cosa sono servite per ora le proteste: Infografica

Radiografia delle organizzazioni criminali nel Guerrero

Video dell’intervento della deputata Heinke Hänsel al parlamento tedesco su Ayotzinapa e i Messico.

Video Sgombero Zocalo di Eje Central

https://www.youtube.com/watch?v=2eEOJIkllb0

Video Sgombero by Subversiones

https://www.youtube.com/watch?v=rz3ygBi0qcc

Video IV Jornada de Acción Global Ayotzinapa 20 novembre 2014 di Subversiones

https://www.youtube.com/watch?v=xh96O6pMIC4

 guerrero ayotzinapa crac7

¿Adónde van los desaparecidos?
Busca en el agua y en los matorrales.
¿Y por qué es que se desaparecen?
Porque no todos somos iguales.
¿Y cuándo vuelve el desaparecido?
Cada vez que los trae el pensamiento.
¿Cómo se le habla al desaparecido?
Con la emoción apretando por dentro.”

Da “Desaparecidos” di Rubén Blades

Messico, marcia oceanica contro Peña Nieto

Massacro di Iguala. Proteste per la scomparsa dei 43 studenti

da Il Manifesto

di Caterina Morbiato e Perez Gallo

Nella quarta giornata di azione globale per Ayotzinapa la rabbia e il dolore di un popolo esausto hanno invaso le strade di Città del Messico con una manifestazione oceanica. Quanto accaduto agli studenti della Scuola Normale Rurale di Ayotzinapa, nello stato del Guerrero, è un fatto noto che sta facendo il giro del mondo. In seguito a una mobilitazione studentesca organizzata nella cittadina di Iguala (Guerrero) il 26 settembre scorso, gli studenti sono stati attaccati brutalmente dalla polizia locale e da elementi del cartello Guerreros Unidos. Negli scontri sei di loro sono stati ammazzati e 43 prelevati con la forza e fatti poi sparire nel nulla. Anche se in una conferenza stampa di un paio di settimane fa il Procuratore Generale della Repubblica ha annunciato la loro morte per mano di sicari di Guerreros Unidos, per le famiglie e buona parte della società civile gli studenti continuano ad essere desaparecidos. La versione ufficiale dei fatti, con cui il governo intende dar per chiuso e risolto il caso, non ha fatto che decuplicare la rabbia e le azioni di solidarietà in Messico e nel mondo.

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Benvenuti in Messico: desaparecidos e morti di #Ayotzinapa #Fueelestado

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(di Fabrizio Lorusso) Nel Messico della NarcoGuerra il numero di turisti, paradossalmente, cresce senza tregua. Nel 2013 è stata toccata la cifra record di 24 milioni di visitatori. Le meraviglie in terra azteca sono innumerevoli. A Città del Messico la colonia Roma è una zona rinomata e frequentata, un’isola felice che sta su tutte le guide di viaggio. Si trova a ridosso del centro storico e dalla mattina presto brulica di umanità. I suoi caffè si popolano di avventori autoctoni e stranieri, un flusso ininterrotto che continua fino a sera. Le truppe di spazzini comunali epepenadores, meticolosi riciclatori di spazzatura che lavorano in proprio, si lanciano per le strade. Il traffico monta. Non è un quartiere chic ma nemmeno decadente, mantiene un sapore antico e un retrogusto genuino di messicanità e una varietà di locali per tutti i gusti. Ti siedi a fare colazione in un merendero. Sul ciglio della strada, a dieci metri dalla caffetteria, c’è un pezzo di carne sanguinolento, ma non te ne accorgi. Sarà un sacco dell’immondizia.

Allucinazioni?

Sono le 10 del mattino del 6 novembre, le piogge non battono più, splenderà il sole fino a maggio. Le vie Anahuac e Quintana Roo si svegliano al ritmo di clacson e strilloni. Arrivano un piatto fumante di uova con chili e pomodori tagliuzzati accompagnato da un succo d’arancia. Guardi in giro e adesso sì, noti qualcosa di strano. Ti alzi, t’avvicini, sei a pochi metri, e ti accorgi che si tratta di un cadavere. Non è intero, è un mezzo corpo, un torso umano, abbandonato senz’anima. Non capisci se è un uomo o una donna, ma di certo è una vittima, un “effetto collaterale” del conflitto interno e della violenza. Ora è un banchetto per i reporter sensazionalisti e per i ratti che si sporgono dai tombini, intimiditi dall’arrivo delle prime pattuglie e dai periti della procura. Ti resta l’immagine impressa, nessuno nei paraggi ha visto niente. Da dove è venuto quel corpo? Oggi decidi di digiunare, paghi e rimandi la colazione a un’altra vita. Pensi alle fosse comuni del Guerrero, del Tamaulipas, di Veracruz, della frontiera statunitense, del centro, del Nord, del Sud, del Messico tutto. Pensi agli oltre 2000 corpi scoperti sottoterra in pochi mesi, alle 250 fosse clandestine ritrovate in meno di un paio d’anni, e alle migliaia di cadaveri ancora sepolti che non saranno mai identificati. Ai familiari che non avranno mai pace.

DSC_0260 (Small)III Giornata Globale per Ayotzinapa

Il 5 novembre il centro della capitale è invaso da una massa animata e sfidante. Il grido di dolore dei genitori delle vittime della strage di Iguala del 26 settembre e deidesaparecidos entra in risonanza con la rabbia di studenti, professori, collettivi, ONG, sindacati, artisti, cittadini e lavoratori. Sfonda il torpore dei mass media, s’espande in mezzo mondo, mette in dubbio il ronzio fastidioso delle menzogne governative e propaga i suoi slogan, innalza i suoi cartelli, portatori di desolanti verità: #AyotzinapaSomosTodos (“Ayotzinapa siamo tutti”) e #Fueelestado (“La colpa è dello stato”) sono hashtag, scritte sui muri e striscioni che significano solidarietà e denuncia. E in effetti, anche se a fasi alterne e con diverse intensità, le proteste e le iniziative in Messico e in tutto il mondo non smettono di far parlare del “caso Iguala” e degli studenti della scuola normale rurale “Raul Isidro Burgos” di Ayotzianapa, la peggiore mattanza di studenti dopo la notte di piazza Tlatelolco a Città del Messico quando, il 2 ottobre 1968, l’esercito sparò sui manifestanti e fece oltre 300 vittime.

Un centinaio di migliaia di manifestanti marcia per le strade della città, dalla residenza presidenziale de Los Pinos al Zocalo, l’enorme piazza centrale, passando per la Avenida Reforma, per esigere al governo il ritrovamento dei 43 studenti della scuola normale di Ayotzinapa, stato del Guerrero, sequestrati nella notte del 26 settembre dalla polizia di Iguala e del vicino paese di Cocula e poi consegnati ai narcotrafficanti del cartello locale Guerreros Unidos. I dimostranti chiedono un giusto castigo per i responsabili della mattanza di tre studenti e altre tre persone commessa quella stessa notte e il ritrovamento dei desaparecidos. La terza giornata di azione globale per Ayotzinapa ha mosso coscienze da Torino a Padova, da Zacatecas a Londra e Strasburgo.

DSC_0218 (Small)Scioperi e denunce

Il governatore dello stato del Guerrero, Angel Aguirre, ha chiesto un “permesso” di sei mesi che il parlamento locale gli ha accordato il 25 ottobre, ma non s’è formalmente dimesso. Diciamo che ha deciso di autosospendersi per un semestre prima di decadere naturalmente, dato che si terranno le elezioni del nuovo governatore nel 2015, e di lasciare l’incarico a Salvador Rogelio Ortega Martinez, segretario generale dell’ateneo Universidad Autonoma de Guerrero e indicato come vicino ai gruppi guerriglieri della regione. Gran parte delle università del paese vota per lo sciopero: gli studenti decretano la sospensione delle attività per tre giorni, da mercoledì 5 a venerdì 7 novembre, in attesa di nuove mosse.

Il movimento d’occupazione dell’IPN, Instituto Politecnico Nacional, continua. L’ateneo è ancora senza rettore. Le negoziazioni col governo per i nuovi regolamenti e la concessione dell’autonomia all’istituto traballano, si rinviano, ma proseguono. “I cittadini devono cominciare a scendere in piazza e a paralizzare il sistema economico pacificamente, obbligandoli puntualmente a cominciare la pulizia dello stato messicano”, sostiene l’accademico, esperto di narcotraffico e sicurezza internazionale, Edgardo Buscaglia. E ribadisce quanto sia necessaria un’azione di azzeramento e “pulizia totale”, l’imposizione di una nuova agenda dal basso contro la corruzione, i narcos, le istituzioni marce e i loro rappresentanti. “Il nuovo patto per la sicurezza non lo deve fare il governo ma la società ne deve dettare i termini”. Il presidente messicano Peña Nieto ha proposto un patto per la sicurezza molto vago, dopo mesi di negazione del problema.

Ogni giorno che passa senza che nulla di sicuro si sappia del destino dei 43 studenti di Ayotzinapa mette sempre più in imbarazzo le autorità che ormai stanno esaurendo tutte le scuse e i colpi mediatici ad effetto per provare a distrarre l’attenzione dal vero problema che, in fondo, è lo stato stesso, il sistema politico corrotto e la penetrazione delle mafie a tutti i livelli, tanto che è ormai legittimo parlare di “Narco-Stato”. Secondo alcune stime, divulgate da Buscaglia, il 67% dei comuni messicani è infiltrato dai narcos e la situazione, quindi, è sfuggita di mano dal livello locale a quelli statale/regionale, nazionale e federale. 6800 soldati, 900 membri della marina e 1870 poliziotti federali sono impegnati nelle ricerche.

DSC_0159 (Small)Nuovi racconti dei narcos arrestati: li abbiamo bruciati

A sorpresa, nel pomeriggio del 7 novembre, il procuratore generale della repubblica, Jesus Murillo Karam, tiene una conferenza stampa. In mattinata ha incontrato i genitori delle vittime a cui ha comunicato “notizie delicate” i una riunione definita come “tranquilla, dolorosa, molto triste”. Tre membri del cartello Guerreros Unidos hanno confessato di aver ricevuto e giustiziato gli studenti che gli erano stati portati dai poliziotti municipali di Iguala e Cocula il 26 settembre. Patricio Reyes, Jonathan Osorio e Agustín García Reyes, arrestati otto giorni fa, sono i rei confessi. Non è la prima volta che alcuni narcos e poliziotti raccontano i fatti di Iguala dalla prigione. I primi racconti del mese di ottobre sono stati smentiti dai fatti e dalle ricerche per cui anche questi vanno presi con le pinze. Nel paese dei montaggi televisivi e della fabbrica dei colpevoli è saggio aspettare.

Alcuni ragazzi, una quindicina, sarebbero arrivati nelle mani dei narcos già morti, asfissiati. Gli altri, secondo le dichiarazioni, sarebbero stati interrogati e in seguito bruciati nella discarica della spazzatura di Cocula durante 15 ore. Un rogo alimentato a turno dai delinquenti con gomme, legna, benzina e plastica per eliminare tutte le tracce della strage. “Li hanno seppelliti con tutto ciò che avevano, li han bruciati con tutti i vestiti”, riporta Karam. “I periti che hanno analizzato il luogo hanno trovato frammenti di resti umani”, specifica.

DSC_0040 (Small)Il pubblico assiste in silenzio alla conferenza, sbigottito, per l’ennesima volta. I video, le mappe della regione di Iguala, le testimonianze e gli interrogatori passano in sequenza sullo schermo controllato dal procuratore. La sua voce è seria, compunta. Uno dei narcos, noto come il “Terco”, il testardo, avrebbe ordinato di fratturare le ossa già calcinate, di raccoglierle in dei sacchi e scaraventarle giù da un burrone per farle rotolare fino al fiume San Juan. La procura conferma che “sono stati trovati dei sacchetti con resti umani all’interno” che saranno inviati in Austria per realizzare degli studi mitocondriali. Non si sa quando avremo notizie certe, gli studi possono durare giorni, anzi settimane, forse mesi, e sono complicatissimi. Insomma, ufficialmente i 43 normalisti sono ancora desaparecidos.

Queste dichiarazioni potrebbero cambiare il panorama delle indagini e gettano nello sconforto, ma anche nell’incertezza, l’intero paese. Nelle ultime settimane, dopo l’arresto di 36 narco-poliziotti dei comuni di Iguala e Cocula, di 27 narcotrafficanti e dei boss deiGuerreros Unidos, i fratelli Sidronio e Mario Casarrubias, e la rinuncia del governatore, s’è aggiunto anche un altro tassello, senza dubbio importante, ma in fin dei conto poco determinante ai fini delle indagini sugli studenti rapiti dalla polizia. Infatti, il giorno prima della manifestazione, verso le 2 e 30 del mattino del 4 novembre, la polizia federale ha arrestato José Luis Abarca, sindaco di Iguala, e sua moglie María Pineda, presunti autori intellettuali della strage degli studenti di Ayotzinapa e della scomparsa di 43 loro compagni.

L’arresto del sindaco Abarca e di sua moglie

DSC_0130 (Small)Dopo i primi interrogatori la procura generale della repubblica ha confermato l’incarcerazione all’ex primo cittadino, accusato di omicidio e della scomparsa dei 43 normalisti, mentre la sua consorte rimane agli arresti domiciliari. Ma insieme a loro è stata catturata anche una ragazza. Si chiama Noemì Berumen ed è accusata di averli nascosti e protetti nella casa di suo padre, Salvador Berumen, situata nella zona periferica e labirintica di Iztapalapa, in cui la coppia ha vissuto per alcune settimane. Il padre di Noemì è un imprenditore edile, proprietario della Berumen Gruas (“gru”, in spagnolo) e contrattista del comune di Città del Messico e del partito che lo amministra, il PRD (Partido Revolucion Democratica, centro-sinistra). Grazie a questi scandali e al fatto che il sindaco Abarca e l’ex governatore Aguirre sono proprio del PRD, il partito di governo, il PRI (Partido Revolucionario Institucional), sta cercando di portare acqua al suo mulino, in vista delle elezioni intermedie (parlamentari e di alcuni governi locali) previste a metà del prossimo anno.

Molti sono i mass media allineati che stanno provvedendo a distruggere l’immagine, già deteriorata dalle faide interne, del principale partito che, a fasi alterne, si può considerare d’opposizione. All’estero, invece, quando se ne parla, la tendenza generale sembra essere quella di emettere condanne “soft” contro il Messico per il suo scarso rispetto dei diritti umani e per il massacro di Iguala, anche se poi questo accadimento non viene contestualizzato ed è considerato alla stregua di un conflitto locale, di un episodio circoscritto e risolvibile, come se il paese non fosse immerso in una delle peggiori crisi di governabilità e sicurezza della sua storia, dopo 8 anni di narcoguerra e militarizzazione.

DSC_0050 (Small)Narco-Sindaco e Narco-(Aspirante)-Sindachessa

La loro fuga è durata un mese, una settimana e un giorno. La notte del massacro i coniugi Abarca ballavano in una festa, a Iguala, mentre la polizia bloccava i normalisti e li consegnava ai narcos. Non volevano che, durante un evento tra il mondano e il politico organizzato dalla signora Maria Pineda, si ripetesse la brutta figura che avevano fatto nel luglio 2013, quando gli studenti di Ayotzinapa erano accorsi per protestare per gli omicidi degli attivisti della Unidad Popular, organizzazione osteggiata dal sindaco Abarca. Tanto osteggiata che il narco-sindaco, secondo un testimone oculare, aveva sparato a uno di loro, Arturo Hernandez Cardona, uccidendolo a sangue freddo.

Quella sera, l’ordine di fermare gli studenti è arrivata via radio. José Luis Abarca si faceva chiamare A-5, nome in codice. Sei morti, cioè tre studenti, un autista, un giocatore di calcio e una signora che viaggiava su un taxi, non bastavano. Ci voleva una lezione per i normalisti “rivoltosi”. E la polizia esegue, i narcos eseguono, i narcos sono la polizia che è il sindaco, che è il capo degli sbirri, che poi si chiama Felipe Flores Vazquez ed è latitante, e che è lo stato. Con calma, sabato 27 settembre, mentre probabilmente i corpi degli alunni della normale stavano bruciando in un immondezzaio comunale nella vicina località di Cocula, il sindaco si degna di rispondere alla chiamata delle autorità statali e dice che non sa niente di niente.

Il 30 chiede un permesso e se ne va, fugge con la moglie finché entrambi non vengono scovati in una casa della periferia della capitale, il 4 novembre. La signora Pineda-Abarca operava per conto dei narcos dei Gurreros Unidos e gestiva i fondi comunali per lo “sviluppo sociale”. “Quest’associazione mafiosa riceveva dal sindaco 2-3 milioni di pesos regolarmente”, spiega il procuratore capo, “ogni mese, ogni due mesi, ogni semestre, e di questi soldi almeno 600mila pesos erano destinati al controllo della polizia locale e i delinquenti decidevano anche chi poteva entrare a far parte della polizia”. Maria Pineda voleva fare la sindachessa, stava già preparando la sua candidatura insieme al marito. Quante Maria Pineda ci sono in Messico?

abarca e moglie narcosDistrazione

L’arresto di Abarca e della moglie rischia di diventare un elemento di distrazione, una scusa per non andare a fondo nelle ricerche dei 43 studenti ma soprattutto nello svelamento di quelle reti di connivenza politica delinquenziale che hanno provocato questa e migliaia di altre mattanze negli ultimi anni in Messico. Le decine di cadaveri rinvenute nelle fosse comuni nei dintorni di Iguala e Cocula stanno lì a ricordarci che oltre 100mila morti e 27mila desaparecidos in 7-8 anni non possono venire cancellati dalla martellante propaganda governativa e dallo sforzo diplomatico delle ambasciate messicane nel mondo.

Il giallo della casa in cui sono stati arrestati i coniugi e i loro nessi con la famiglia Bermuden, così come la storia di questo narco-sindaco-pistolero e di sua moglie, sorella di quattro narcotrafficanti, tre assassinati e uno latitante (vedi immagine), e presumibilmente coinvolta negli affari criminosi del marito, costituiscono nuovi tasselli del puzzle, ma oramai il quadro generale è stato rivelato e i nodi vengono al pettine. Le vene aperte del Messico e del caso Iguala/Ayotzinapa non possono confluire semplicemente nello stato del Guerrero ma trasportano il loro sangue fino a tutti gli apparati del sistema della narco-politica e di un narco-stato assuefatto alla violenza come strumento di repressione, controllo e gestione del potere.

E’ stato lo Stato

Tanto le testimonianze degli studenti sfuggiti all’attacco come vari documenti ufficiali, elaborati dalla procura del Guerrero, confermano che alcuni membri dell’esercito, della polizia federale e di quella statale erano presenti quando gli studenti sono stati aggrediti e, prima che venissero rapiti e fatti sparire, non gli hanno prestato aiuto. Anzi, li hanno perquisiti, fotografati, spogliati, ignorati quando chiedevano assistenza medica e accusati di essersela cercata prima di lasciarli in balia dei narcos. Persino i tassisti avevano l’ordine di non aiutare gli studenti. Lo stato c’era, non ha agito e ha addirittura facilitato il lavoro sporco della autorità locali e della criminalità organizzata.

Il direttore per le Americhe di Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco ha segnalato in conferenza stampa che gli accadimenti di Iguala sono frutto dell’impunità che regna in Messico da tanti anni e che il presidente ha reagito tardi: “Peña Nieto ha reagito quattro giorni dopo i fatti e l’ha fatto tardi e male perché ha parlato del problema come se si trattasse del Guatemala e invece siamo in Messico. Doveva muovere in quel momento tutti i mezzi e le risorse per impedire quanto successo”. I familiari e le organizzazioni della società civile, insieme ai movimenti sociali, si sono occupate di risvegliare l’attenzione su quanto stava succedendo e di spingere alla ricerca dei desaparecidos e al chiarimento degli eventi. “I diritti umani e la sicurezza pubblica non sono temi prioritari per il governo attuale, infatti sono temi tossici che arrecano un danno all’immagine del paese”, ha spiegato Vivanco.

marcha dall'altoVolti noti, ma non si interviene

Mario Pineda, El MP, e Alberto Pineda Villa, El Borrado, fratelli di María de los Ángeles Pineda Villa da anni sono volti noti. Sono coinvolti nella operazione pulizia, la Operación Limpieza, condotta nel 2008 dal governo federale in quanto pagatori o operatori finanziari del cartello dei Beltran Leyva, incaricati di versare 450mila dollari al mese a funzionari della procura generale della repubblica, secondo quanto dichiarato dal giornalista esperto di narcotraffico José Reveles. Lo scrittore ha parlato di soldi “per le coperture, per essere avvisati di quando c’erano operazioni di polizia, per essere tenuti informati e protetti”. Anche un documento del 29 luglio 2014 li segnala come alleati de “La Barbie”, il boss Edgar Valdez Villarreal.

I due Pineda Villa avrebbero anche dato 150mila dollari al mese al responsabile della sicurezza dello stato del Morelos, Luis Angel Cabeza de Vaca, secondo quanto riportato dalle conclusioni dell’accusa e dalle testimonianze dello stesso Valdez Villareal. “Il crimine organizzato è arrivato a comprare una franchigia chiamata ‘Comune’”, spiega Reveles. Il sindaco Abarca, tra l’altro, ha sostenuto la campagna elettorale del governatore Aguirre e, insieme a sua moglie, ha costruito un piccolo impero di gioiellerie, negozi e un mini-centro commerciale sparsi tra Iguala e la frontiera con gli USA, il che fa pensare a un business funzionale al riciclaggio di denaro sporco.  

Tentativi presidenziali

Il presidente Peña ha presentato l’arresto del sindaco e della moglie come un passo che “contribuirà a chiarire il caso Iguala in modo decisivo” e ha parlato della “cattura dei responsabili”. In realtà non è così. Il caso non è chiuso e le manifestazioni di questi giorni lo dimostrano. Il tassello fondamentale sono i 43 studenti scomparsi che, nonostante le dichiarazioni dei narcos e la conferenza stampa del procuratore, continuano comunque a restare ufficialmente, secondo lo stesso Murillo Karam, “desaparecidos”. Peña ha proposto agli altri partiti e alla società un “patto per la sicurezza”. Lo fa solo ora, dopo aver sottovalutato il problema per quasi due anni, dopo aver tralasciato il tema dell’impunità, del sistema giudiziario viziato e politicizzato e dopo aver nascosto i morti del conflitto interno sotto il tappeto di casa. I familiari hanno incontrato il presidente. Peña li ha ascoltati e ha dialogato. “Gli stessi discorsi di sempre”, “Non ci sono risultati”, hanno detto i genitori deli studenti dopo l’incontro.

DSC_0158 (Small)Alla fine della manifestazione del 5 novembre, durante il comizio finale, i genitori hanno addirittura anticipato l’annuncio del procuratore, annunciando che questi avrebbe presto “risolto il caso” rivelando nuovamente la morte degli studenti e prolungando indefinitamente la raccolta di prove scientifiche che la certificano. “Vogliamo dirvi che non accetteremo che venga fuori il presidente, in una conferenza stampa che sta per annunciare, a dire che nostri figli sono morti”, afferma uno di loro. “Solo vorrei dire al signor Peña Nieto che doveva firmare un accordo per far venire dall’estero dei periti per le ricerche e non l’ha fatto”, dice un altro. E’ un coro di critiche. “In una riunione che abbiamo avuto con il procuratore ci dicono che il sindaco Abarca è innocente perché stava dormendo e non s’è accorto di nulla”, impreca un altro familiare. Una madre conclude: “Facciamo un appello a tutta la cittadinanza affinché non ci lascino soli, rivogliamo vivi i nostri figli, vogliamo giustizia”.

Domande

Di chi sono i 30 cadaveri trovati nelle fosse comuni intorno ad Iguala se, come già dimostrato, non sono quelli degli studenti? Dove sono i responsabili nelle file della polizia che nel 2011 uccisero altri due studenti della normale di Ayotzinapa? Perché, se la procura già nel 2008, nel 2009 e nel 2013 aveva avuto modo di verificare i precedenti criminali di J. L. Abarca e consorte ed era a conoscenza del patto d’impunità in vigore nel Guerrero e a Iguala, non è intervenuta? La strage di Iguala si poteva evitare, così come tante altre. Quanti altri comuni in Messico sono nelle stesse condizioni e nessuno interviene? Quanti sono amministrati dal PRI? Quanti dal PRD o dal PAN (Partido Accion Nacional, di destra)?

DSC_0192 (Small)Perché le autorità, i militari e gli altri corpi della polizia presenti il 26-27 settembre a Iguala hanno lasciato che i narcos e la polizia locale agissero indisturbati? Perché i narcos imprigionati raccontano versioni diverse ogni due settimane su come e dove avrebbero ucciso gli studenti e nascosto i loro resti? Come mai due importanti personaggi del PRD come Angel Aguirre e René Bejarano sapevano delle reti di narco-politica e non hanno impedito la degenerazione della situazione? La risoluzione di un caso didesaparicion forzata si conclude con la scoperta del luogo in cui si trova, viva o morta, la persona scomparsa, con la definizione completa delle responsabilità e il castigo di tutti i responsabili. Può lo stato messicano processare e punire se stesso? Ayotzinapa #FueElEstado. In tanti l’hanno scritto sulle pareti di decine di città messicane e sull’asfalto delle piazze. E il mondo comincia a crederci e ripete il grido: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

Da Carmilla

La strage degli studenti in Messico: Narco-Stato e Narco-Politica

di Fabrizio Lorusso – CarmillaOnLine

Marcha Ayotzinapa 8 oct 179 (Small)Il Messico si sta trasformando in un’immensa fossa comune. Dal dicembre 2012, mese d’inizio del periodo presidenziale di Enrique Peña Nieto, a oggi ne sono state trovate 246, a cui pochi giorni fa se ne sono aggiunte altre sei. Sono le fosse clandestine della città di Iguala, nello stato meridionale del Guerrero. Tra sabato 4 ottobre e domenica 5 l’esercito, che ha cordonato la zona, ne ha estratto 28 cadaveri: irriconoscibili, bruciati, calcinati, abbandonati. E’ probabile che si tratti dei corpi interrati di decine di studenti della scuola normale di Ayotzinapa, comune che si trova a circa 120 km da Iguala. Infatti, dal fine settimana precedente, 43 normalisti risultano ufficialmente desaparecidos. “Desaparecido” non significa semplicemente scomparso o irreperibile, significa che c’è di mezzo lo stato.

Vuol dire che l’autorità, connivente con bande criminali o gruppi paramilitari, per omissione o per partecipazione attiva, è coinvolta nel sequestro di persone e nella loro eliminazione. Niente più tracce, i desaparecidos non possono essere dichiarati ufficialmente morti, ma, di fatto, non esistono più. I familiari li cercano, chiedono giustizia alle stesse autorità che li hanno fatti sparire. Oppure si rivolgono ai mass media e a istituzioni che in Messico sono sempre più spesso una farsa, una facciata che nasconde altri interessi e altre logiche, occulte e delinquenziali. E nelle conferenze stampa, senza paura, dicono: “Non è stata la criminalità organizzata, ma lo stato messicano”.

La strage di #Iguala #Ayotzinapa

Marcha Ayotzinapa 8 oct 149 (Small)La sera di venerdì 26 settembre un gruppo di giovani alunni della scuola normale di Ayotzinapa si dirige a Iguala per botear, cioè racimolare soldi. Hanno tutti tra i 17 e i 20 anni. Vogliono raccogliere fondi per partecipare al tradizionale corteo del 2 ottobre a Città del Messico in ricordo della strage  di stato del 1968, quando l’esercito uccise oltre 300 studenti e manifestanti in Plaza Tlatelolco. I normalisti decidono di occupare tre autobus. I conducenti li lasciano fare, ci sono abituati. Sono le sette e mezza, fa buio. Fuori dall’autostazione, però, ad attenderli c’è un commando armato di poliziotti. Fanno fuoco senza preavviso. Sparano per uccidere, non solo per intimidire. Hanno l’uniforme della polizia del comune di Iguala e sono gli uomini del sindaco José Luis Abarca Velázquez e del direttore della polizia locale Felipe Flores, entrambi latitanti da più di una settimana. Ma i pistoleri poliziotti non restano soli a lungo, presto sono raggiunti da un manipolo di altri energumeni in tenuta antisommossa. Il fuoco delle armi cessa per un po’, ma l’attacco è stato brutale, indignante e irrazionale.

La persecuzione continua. Partono altri spari. Muoiono tre studenti, altri 25 restano feriti, uno in stato di morte cerebrale. Per salvarsi bisogna nascondersi, buttarsi sotto gli autobus. Non muoverti, se no gli sbirri ti seccano. Alcuni cercano di scappare, scendono dai bus, il formicaio esplode nell’oscurità. Gli uomini in divisa caricano decine di studenti sulle loro camionette e li portano via. Pare che l’esercito, la polizia federale e quella statale abbiano scelto di non intervenire. Lasciar stare.

Intanto sopraggiungono altri soggetti con armi di alto calibro, narcotrafficanti del cartello dei Guerreros Unidos, una delle tante sigle che descrivono il terrore della narcoguerra e la decomposizione del corpo sociale in molte regioni del paese. Non contenti, i poliziotti, in combutta con i narcos, si spostano fuori città, pattugliano la strada statale che collega Ayotzinapa a Iguala e fermano un pullman di una squadra di calcio locale, los avispones. Assaltano anche quello, pensando che sia il mezzo su cui gli studenti stanno facendo ritorno a casa. Bisogna sparare, bersagliare senza tregua. E ora sono in tanti, narcos e narco-poliziotti, insieme, probabilmente per ordine de “El Chucky”, un boss locale, e del sindaco Abarca.

Marcha Ayotzinapa 8 oct 234 (Small)Ammazzano un calciatore degli avispones, un ragazzo di quattordici anni che si chiamava David Josué García Evangelista. I proiettili volano ovunque, sono schegge di follia e forano la carrozzeria di un taxi che, sventurato, stava passando di lì. Perdono la vita sia il conducente dell’auto sia una passeggera, la signora Blanca Montiel. Il caso, la mala suerte si fa muerte. Poche ore dopo in città compare il cadavere dello studente Julio Cesar Mondragón, martoriato. Gli hanno scorticato completamente la faccia e gli hanno tolto gli occhi, secondo l’usanza dei narcos. La macabra immagine, anche se repulsiva, diventa virale nelle reti sociali. E si diffondono globalmente anche le testimonianze dirette dell’orrore che stanno rendendo i sopravvissuti.

Le reazioni alla mattanza

Dopo il week end del massacro a Iguala i compagni della normale di Ayotzinapa e i familiari delle vittime e dei desaparecidos si organizzano, reclamano, tornano sul luogo della strage e indicono una manifestazione nazionale per l’8 ottobre a Città del Messico per chiedere le dimissioni del governatore statale, Ángel Aguirre, la “restituzione con vita” dei desaparecidos e giustizia per le vittime della mattanza.

Cresce la pressione mediatica e popolare per ottenere giustizia. Arrivano i primi arresti. 22 poliziotti al soldo delle mafie locali e 8 narcotrafficanti sono imprigionati e la Procura Generale della Repubblica comincia a occuparsi del caso. Alcuni degli arrestati confessano i crimini commessi e parlano di almeno 17 studenti rapiti e giustiziati. Indicano la posizione esatta di tre fosse clandestine in cui sarebbero stati interrati. L’esercito e la gendarmeria commissariano l’intera regione e blindano le fosse comuni che non sono tre, sono sei. La morte si moltiplica. I corpi recuperati sono 28, non 17. I desaparecidos, però, sono 43.

Marcha Ayotzinapa 8 oct 020 (Small)I numeri non tornano. I familiari non si fidano, chiedono l’invio di medici forensi argentini, specialisti imparziali e qualificati. Ci vorrà tempo per avere certezze, se mai ce ne saranno. I risultati dell’esame dell’ADN tarderanno ad arrivare almeno due settimane. Nel frattempo, il 7 ottobre, seicento agenti delle polizie comunitarie della regione della Costa Chica, appartenenti alla UPOEG (Unione dei Popoli Organizzati dello Stato del Guerrero), hanno fatto il loro ingresso a Iguala per cercare “vivi o morti” e “casa per casa” i 43 studenti scomparsi. Altri gruppi della polizia comunitaria di Tixla, autonoma rispetto alle autorità statali, hanno scritto su twitter: “Con la nostra attività di sicurezza stiamo proteggendo la Normale di #Ayotzinapa“.

Dov’è finito il sindaco del PRD (Partido de la Revolución Democrática, di centro-sinistra) José Luis Abarca? E sua moglie, anche lei irreperibile? E cosa fa il governatore dello stato, il “progressista”, anche lui del PRD, Ángel Aguirre? Pare che lui conoscesse molto bene la situazione già da tempo. Il loro partito ha scelto di espellere il sindaco e sostenere il governatore per non perdere quote di potere in quella regione. Abarca ha chiesto 30 giorni di permesso e poi è sparito. Ora è ricercato dalla giustizia e vituperato dall’opinione pubblica nazionale. Aguirre, che non ha potuto impedire la strage né ha bloccato la concessione permesso richiesto dal sindaco prima di scappare, cerca di difendere l’indifendibile e, per ora, non presenta le sue dimissioni. Anzi, scambia abbracci e si fa la foto con Carlos Navarrete, nuovo segretario generale del PRD eletto domenica 5 ottobre.

Narco-Politica

La gravità della situazione è palese, anche perché è nota da anni e non s’è fatto nulla per denunciarla ed evitare la sua degenerazione violenta. José Luis Abarca, sindaco di Iguala al soldo dei narco-cartelli, ha un passato inquietante alle spalle, ma è riuscito comunque a diventare primo cittadino e a piazzare sua moglie, María Pineda, come capo delle politiche sociali municipali, cioè dell’ufficio del DIF (Desarrollo Integral de la Familia), e prossima candidata sindaco. Il giorno della strage la signora Pineda doveva presentare la relazione dei lavori svolti come funzionaria pubblica e, temendo un’eventuale incursione dei normalisti nell’evento, avrebbe richiesto al marito di “mettere in sicurezza” la zona.

Abarca avrebbe quindi lanciato l’operazione contro gli studenti con la collaborazione piena del capo della polizia municipale, suo cugino Felipe Flores. Costui era già noto per aver “clonato” pattuglie della polizia col fine di realizzare “lavoretti speciali” e per i suoi abusi d’autorità. La moglie del sindaco è sorella di Jorge Alberto e Mario Pineda Villa, noti anche come “El borrado” e “El MP”, due operatori del cartello dei Beltrán Leyva morti assassinati. Salomón Pineda, un altro fratello, sta con i Guerreros Unidos dal giugno 2013. In uno degli stati più poveri del Messico, Abarca e consorte prendono, tra stipendi e compensazioni, 20mila euro al mese che pesano direttamente sulle casse comunali.

Marcha Ayotzinapa 8 oct 175 (Small)“Mi concederò il piacere di ammazzarti”, avrebbe detto nel 2013 il sindaco Abarca ad Arturo Hernández Cardona, della Unidad Popular di Guerrero, prima di ucciderlo, secondo quanto racconta un testimone di questo delitto per cui Abarca non è stato condannato, ma che è depositato in un fascicolo giudiziale.

Il 30 maggio 2013 otto persone scomparvero a Iguala. Erano attivisti, membri della Unidad Popular, un gruppo politico vicino al PRD. Tre di loro sono stati ritrovati, morti, in fosse comuni. La camionetta su cui viaggiavano venne rinvenuta nel deposito comunale degli autoveicoli di Iguala. Human Rights Watch, Amnisty Internacional e l’Ufficio a Washington per gli Affari Latinoamericani chiesero invano alle autorità federali di chiarire il caso, essendoci il fondato sospetto di un’implicazione delle autorità locali. Cinque attivisti sono tuttora desaparecidos.

I sicari con l’uniforme della polizia e quelli in borghese lavorano per lo stesso cartello, quello dei Guerreros Unidos che è in lotta con Los Rojos per il controllo degli accessi allatierra caliente, la zona calda tra lo costa e la sierra in cui prosperano le coltivazioni di marijuana e fioriscono i papaveri da oppio, che qui si chiamano amapola o adormidera. Le bande rivali sono nate dalla scissione organizzazione dei fratelli Beltrán Leyva, ormai agonizzante. Il 2 ottobre, mentre 50mila persone sfilavano per le strade della capitale per non far sbiadire la memoria di una strage, a Queretaro veniva arrestato l’ultimo dei fratelli latitanti, Hector Beltrán Leyva, alias “El H”, un altro figlio delle montagne dello stato del Sinaloa. “El H” era diventato un imprenditore rispettato. Originario della Corleone messicana, la famigerata Badiraguato, e antico alleato dell’ex jefe de jefes, Joaquín “El Chapo” Guzmán, che sta in prigione dal febbraio scorso, s’era costruito una reputazione rispettabile, onorata. Ma già da tempo il gruppo dei Beltrán s’era diviso in cellule cancerogene e impazzite secondo il cosiddetto effetto cucaracha: scarafaggi in fuga, un esodo di massa per non essere calpestati.

Ed eccoli qui che giustiziano studenti insieme ai poliziotti che, a loro volta, aspirano a posizioni migliori all’interno dell’organizzazione criminale, sempre più confusa con quella statale, e s’occupano della compravendita di protezione e di droga. L’eroina tira di più in questo periodo e Iguala è una porta d’accesso importante, una plaza di snodo. L’eroina bianca del Guerrero è un prodotto che non ha niente da invidiare, per qualità e purezza, a quella proveniente dall’Afghanistan. Anche per questo la regione è la più violenta del Messico da un anno e mezzo a questa parte e ha spodestato in testa alla classifica della morte altri stati in disfacimento come il Michoacan, il Tamaulipas, Sonora, il Sinaloa, Chihuahua, l’Estado de México e Veracruz.

Marcha Ayotzinapa 8 oct 292 (Small)I responsabili del massacro di Iguala

I poliziotti detenuti accusano Francisco Salgado, uno dei loro capi, finito anche lui in manette, di avere ordinato loro di intercettare gli studenti fuori dalla stazione degli autobus. Invece l’ordine di sequestrarli e assassinarli sarebbe arrivato dal boss mafioso El Chucky. Chucky, come il personaggio del film horror “La bambola assassina” di Tom Holland. Il procuratore di Guerrero, Iñaki Blanco, ritiene che il principale responsabile della mattanza e della desaparición dei 43 normalisti sia il sindaco Abarca che “è venuto meno al suo dovere, oltre ad aver commesso vari illeciti”. Il procuratore parla solo di “omissioni”, promuoverà accuse per “violazioni alle garanzie della popolazione” e la revocazione della sua immunità, ma dal suo discorso non si capisce chi sarebbero tutti i responsabili né come saranno identificati e processati.

Chi ha ordinato ai (narco)poliziotti di fermare i normalisti e di sparare? Com’è possibile che il sindaco e il capo della polizia e delle forze di sicurezza locali, Felipe Flores, siano riusciti a fuggire? Perché i due, ma anche l’esercito e le forze federali, hanno lasciato gli studenti alla mercé della violenza? Perché la polizia prende ordini dai narcos e, anzi, fa parte del cartello dei Guerreros Unidos? Com’è possibile che tutto questo sia tragicamente così normale in Messico? Come mai nessuno l’ha impedito, se già da anni si era a conoscenza della situazione?

Infatti, ci sono prove del fatto che, almeno dal 2013, il governo federale e il PRD hanno chiuso entrambi gli occhi di fronte all’evidenza: José Luis Abarca e sua moglie María Pineda avevano chiari vincoli col narcotraffico e con la morte di un militante come Arturo Hernández Cardona. Ma già dal 2009, quando il presidente era Felipe Calderón, del conservatore Partido Acción Nacional (PAN), la Procura Generale della Repubblica aveva reso pubbliche la relazioni della signora Pineda e dei suoi fratelli con il cartello dei Beltrán Leyva. La polizia di Iguala era in mano ai narcos e sono tantissime le realtà locali in Messico ove predomina questa situazione.

L’esperto internazionale di sicurezza e narcotraffico, il prof. Edgardo Buscaglia, ha parlato di Peña Nieto e di Calderón come figure simili tra loro, come coordinatori del patto d’impunità e della perdita di controllo politico nazionale: “Sono cambiate le facce, ma hanno lo stesso ruolo”.  Perciò, ha segnalato l’accademico, bisogna cominciare dal presidente per trovare i responsabili. Mentre la comunità internazionale “fa come se non stesse accadendo nulla”, nel paese “il denaro zittisce le coscienze collettive” e, secondo Buscaglia, “il sistema giungerà a una crisi e ci sarà una sollevazione sociale in cui si fermerà il paese e soprattutto il sistema economico”.

Marcha Ayotzinapa 8 oct 129 (Small)Le scuole normali messicane

Resta il fato che sparuti gruppi di studenti, seppur combattivi, di un’istituzione rurale non sono pericolosi trafficanti né rappresentano minacce sistemiche. Perché annichilarli? Forse la storia ci aiuta a ipotizzare delle risposte. Le scuole normali messicane, nate negli anni ’20 e impulsate dal presidente Lázaro Cárdenas negli anni ’30 come baluardi del progetto di educación socialista per il popolo e le zone rurali del paese, sono considerate oggi dalla classe politica tecnocratica come un pericoloso e anacronistico retaggio del passato. Un’appendice inutile da estirpare per entrare appieno nella globalizzazione.

Di fatto i governi neoliberali, dai presidenti Miguel de la Madrid (1982-1988) e Carlos Salinas (1988-1994) in poi, hanno costantemente attaccato e minacciato la sopravvivenza del sistema scolastico delle normali che, ciononostante, ha saputo resistere. La funzione sociale di questi centri educativi è sempre stata fondamentale perché è consistita nell’istruire le classi sociali più deboli e sfruttate, specialmente i contadini e gli abitanti delle campagne, affinché potessero difendersi dai soprusi dei latifondisti e dei politici locali, secondo un chiaro progetto politico-educativo di emancipazione e ribellione allo status quo. L’alfabetizzazione della popolazione rurale e la formazione di maestri coscienti socialmente sembra essersi trasformata in un’anomalia per tanti settori benpensanti, politici e metropolitani.

Anche per questo gli studenti delle normali, in quanto portatori di modelli di lotta e di formazione antitetici rispetto a quelli delle élite locali e nazionali e dei cacicchi della narco-agricoltura e della narco-politica, sono già stati vittime in passato della barbarie e della repressione. Nel dicembre 2011 la polizia ne uccise due proprio di Ayotzinapa durante lo sgombero di un blocco stradale e di una manifestazione. Una violenza smisurata venne impiegata dalla Polizia Federale nel 2007 per reprimere gli alunni di quella stessa cittadina che avevano bloccato il passaggio in un casello della turistica Autostrada del Sole tra Acapulco e Città del Messico. Nel 2008 i loro compagni della normale di Tiripetío, nel Michoacán, furono trattati come membri di pericolose gang e, in seguito a una giornata di proteste e scontri con la polizia, 133 di loro finirono in manette.

Marcha Ayotzinapa 8 oct 008 (Small)Tradizione stragista

La criminalizzazione dei normalisti va inquadrata anche nel più esteso processo di criminalizzazione della protesta sociale che incalza con l’approvazione di misure repressive, come la “Ley Bala”, che prevede l’uso delle armi in alcuni casi nei cortei da parte della polizia, con l’inasprimento delle pene per delitti contro la proprietà privata e l’ampliamento surreale delle fattispecie legate ai reati di terrorismo e di attacco alla pace pubblica. Tutti contenitori pronti per fabbricare colpevoli e delitti fast track. Il caso di Mario González, studente attivista arrestato ingiustamente il 2 ottobre 2013 e condannato, senza prove e con un processo ridicolo, a 5 anni e 9 mesi di reclusione, sta lì a ricordarcelo.

Ma la “tradizione stragista” e di omissioni dello stato messicano è purtroppo molto più lunga e persistente. Basti ricordare alcuni nomi e alcune date, solo pochi esempi tra centinaia che si potrebbero menzionare: 2 ottobre 1968, Tlatelolco; 11 giugno 1971, “Los halcones”; anni ’70 e ‘80, guerra sucia; 1995, Aguas Blancas, Guerrero; 1997, Acteal, Chiapas; 2006, Atenco y Oaxaca; 2008 y 2014, Tlatlaya; 2010 e 2011, i due massacri di migranti a San Fernando, Tamaulipas; 2014, caracol zapatista de La Realidad, Chiapas; 2014, Iguala; 2006-2014, NarcoGuerra, 100mila morti, 27mila desaparecidos…

La OAS (Organization of American States), Human Rights Watch, la ONU, la CIDH (Corte Interamericana dei Diritti Umani) si sono unite al coro internazionale di voci critiche contro il governo messicano. La notizia delle fosse comuni e della mattanza di Iguala sta cominciando a circolare nei media di tutto il mondo e si erge a simbolo dell’inettitudine, dell’impunità e della corruzione. In pochi giorni è crollata la propaganda ufficiale che presentava un paese pacificato e sulla via dello sviluppo indefinito.

“Estamos moviendo a México”

Marcha Ayotzinapa 8 oct 225 (Small)Gli spot governativi presentano un Messico che si muove, che sta sconfiggendo i narcos e che, grazie alla panacea delle “riforme strutturali”, in primis quella energetica, ma anche quelle della scuola, del lavoro, della giustizia e delle telecomunicazioni, si starebbe avviando a entrare nel club delle nazioni che contano: una retorica, quella delle riforme necessarie e provvidenziali, che suona molto familiare anche in Europa e in Italia e che, in terra azteca, copia pedantemente quella dei presidenti degli anni ottanta e novanta, in particolare di Carlos Salinas de Gortari. Dopo la firma del NAFTA (Trattato di Libero Commercio dell’America del Nord) con USA e Canada, Salinas preconizzava l’ingresso del Messico nel cosiddetto primo mondo. Invece alla fine del suo mandato nel 1994 l’insurrezione dell’EZLN (Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale) in Chiapas, l’effetto Tequila, la svalutazione, indici di povertà insultanti e la fine dell’egemonia politica del PRI (Partido Revolucionario Institucional, al potere durante 71 anni nel Novecento) attendevano al bivio il nuovo presidente, Ernesto Zedillo (1994-2000).

Oggi Peña Nieto, anche lui del PRI, dopo aver approvato le riforme costituzionali e della legislazione secondaria in fretta e furia, cerca di vendere il paese agli investitori stranieri, mostrando al mondo come pregi gli aspetti più laceranti del sottosviluppo: precarietà e flessibilità del lavoro; salari da fame per una manodopera mediamente qualificata, non sindacalizzata e ricattabile; movimenti sociali anestetizzati; un welfare non universale, discriminante e carente; riforme educative dequalificanti per professori e alunni ma “efficientiste”; stato di diritto “flessibile”, cioè accondiscendente con i forti e spietato coi deboli.

Marcha Ayotzinapa 8 oct 276 (Small)Il presidente annuncia lo sforzo del Messico per consolidare l’Alleanza del Pacifico, un’area commerciale sul modello del NAFTA per i paesi americani affacciati sull’Oceano Pacifico, e la prossima partecipazione di personale militare e civile alle “missioni di pace dell’ONU”come quella ad Haiti, la missione dei caschi blu chiamata MINUSTAH, che pochi onori e tante grane ha portato al paese caraibico e agli eserciti latinoamericani, per esempio il brasiliano, l’uruguaiano e il venezuelano, che vi partecipano attivamente.

Questa politica da “potenza regionale”, però, deve fare i conti con la cruda realtà. L’inserto Semanal del quotidiano La Jornada del 5 ottobre ha pubblicato un box con un piccolo promemoria: dal dicembre 2012 al gennaio 2014 ci sono stati 23.640 morti legati al narco-conflitto interno, 1700 esecuzioni al mese, con Guerrero che registra, da solo, un saldo di 2.457 assassinii, secondo quanto  riferisce la rivista Zeta in base all’analisi dei dati ufficiali. Nel 2011 Fidel López García, consulente dell’ONU intervistato dalla rivista Proceso (28/XI/2011), aveva parlato di un milione e seicentomila persone obbligate a lasciare la loro regione d’origine per via della guerra. Anche per questo il Messico rischia di trasformarsi in un’immensa fossa comune (e impune).

Ayo foto corteo lungoPost Scriptum. Il corteo.

“¿Por qué, por qué, por qué nos asesinan? ¡26 de septiembre, no se olvida!” (“Perché, perché, perché ci assassinano? Il 26 settembre non si dimentica”).  E’ stato il grido di oltre 60 piazze del Messico e decine in tutto il mondo nel pomeriggio dell’8 ottobre 2014.

“Gli studenti sono vittime di omicidi extragiudiziari, si sequestrano e si fanno sparire non solo studenti ma anche attivisti sociali e quelli che vanno contro il governo […] è una presa in giro verso il nostro dolore, non sappiamo perché fanno questo teatrino politico”. Così ha espresso la sua rabbia Omar García, compagno degli studenti uccisi, in conferenza stampa. L’esercito, che nei tartassanti spot governativi viene ritratto come un’istituzione integra, fatta di salvatori della patria e protettori dei più deboli, ha vessato gli studenti di Ayotzinapa che portavano con loro un compagno ferito:

“Ci hanno accusato di essere entrati in case private, gli abbiamo chiesto di aiutare uno dei nostri compagni e i militari han detto che ce l’eravamo cercata. Lo abbiamo portato noi all’ospedale generale ed è stato lì a dissanguarsi per due ore. L’esercito stava a guardare e non ci hanno aiutato”, continua Omar. “Il governo statale sapeva quello che stavamo facendo, non eravamo in attività di protesta ma accademiche ed è dagli anni ’50 che occupiamo gli autobus e la polizia se li viene riprendere, ma non deve aggredirci a mitragliate”.

Il normalista ha infine parlato del governatore Aguirre: “Il nostro governatore ha ammazzato 13 dirigenti di Guerrero e due compagni nostri nel 2011 e per nostra disgrazia questi sono rimasti nell’oblio. La Commissione Nazionale dei Diritti Umani, cha aveva emesso un monito, non ha più seguito la cosa e il caso è rimasto impune, chi ha ucciso è rimasto libero”.

Perseo Quiroz, direttore di Amnisty in Messico, ha spiegato che non serve a nulla che il presidente Peña si rammarichi pubblicamente dei fatti di Iguala perché “questi incubavano tutte le condizioni perché succedessero, non sono fatti isolati […] lo stato messicano colloca la tematica dei diritti umani in terza o quarta posizione e per questa mancanza di azioni accadono come a Iguala”.

Ayo Polizia comunitaria a AyotzinapaAnche il Dottor Mireles, leader del movimento degli autodefensas del Michoacán e incarcerato dal luglio 2014, ha mandato unmessaggio dal carcere solidarizzando con i normalisti di Iguala. Il suo comunicato è importante perché sottolinea il doppio discorso e le ambiguità del governo: da una parte la connivenza narcos-autorità-polizia è la chiave di un massacro di studenti nel Guerrero, per cui i vari livelli del governo sono immischiati e responsabili; dall’altra si mostra una falsa disponibilità al dialogo con gli studenti del politecnico (Istituto Politecnico Nazionale, IPN) che hanno occupato l’università due settimane fa per chiedere la deroga del regolamento, da poco approvato alla chetichella dalle autorità dell’ateneo, che attenta contro i principi dell’educazione pubblica e dell’università. Nonostante le dimissioni della rettrice dell’IPN e l’intimidazione derivata dal caso Ayotzinapa, la protesta studentesca continua, chiede la concessione dell’autonomia all’ateneo (cosa già acquisita da tantissime università del paese) e mette in evidenza la scarsa volontà di dialogo dell’esecutivo.

A San Cristobal de las Casas, nel Chiapas, gli zapatisti hanno proclamato la loro adesione alle iniziative di protesta di questa giornata e in migliaia hanno realizzato con una marcia silenziosa alle cinque del pomeriggio.

L’EPR (Esercito Popolare Rivoluzionario) ha emesso un comunicato in cui ha definito il massacro come un “atto di repressione e di politica criminale di uno stato militare di polizia”.

Il sindacato dissidente degli insegnanti, la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), era presente alle manifestazioni che sono state convocate in decine di città messicane e presso i consolati messicani in oltre dieci paesi d’Europa e delle Americhe. La Coordinadora ha anche dichiarato lo sciopero indefinito nello stato del Guerrero. Nella capitale dello stato, Chilpancingo, hanno marciato oltre 10mila dimostranti.

A Città del Messico abbiamo assistito a una manifestazione imponente, non solo per il numero dei manifestanti, comunque alto per un giorno lavorativo e stimato tra le 70mila e le 100mila persone, quanto soprattutto per la diversità e il forte coinvolgimento delle persone nel corteo. Hanno risposto alla convocazione dei familiari delle vittime e degli studenti scomparsi centinaia di organizzazioni della società civile, tra cui il Movimento per la Pace e l’FPDT (Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra di Atenco), che sono scese in piazza con lo slogan “Ayotzinapa, Tod@s a las calles” mentre su Twitter e Facebook gli hashtag di riferimento erano  #AyotzinapaSomosTodos e #CompartimosElDolor, condividiamo il dolore.

Ayotzinapa resiste cartelloNel Messico della narcoguerra le mattanze si ripetono ogni settimana, da anni, e così pure si riproducono le dinamiche criminali che distruggono il tessuto sociale e la convivenza civile. Solo che ultimamente non se ne parla quasi più. I mass media internazionali e buona parte di quelli messicani hanno semplicemente smesso d’interessarsi della questione, seguendo le indicazioni dell’Esecutivo.

La strage di Iguala e il caso Ayotzinapa stanno facendo breccia nella cortina di fumo e silenzio alzata dal nuovo governo e dai mezzi di comunicazione perché mostrano in modo contundente, crudele e diretto la collusione della polizia, dei militari e delle autorità politiche a tutti i livelli con la delinquenza organizzata. Sono i sintomi della graduale metamorfosi dello stato in “stato fallito” e “narco-stato”. Disseppelliscono il marciume nascosto nella terra, nelle sue fosse e nelle coscienze, nei palazzi e nelle procure. Smascherano la violenza istituzionale contro il dissenso politico e sociale, aprono le vene della narco-politica ed evidenziano omertà e complicità del potere locale, regionale e nazionale. Per questo Iguala e le sue vittime fanno ancora più male.

[Questo testo fa parte del progetto NarcoGuerra. Cronache dal Messico dei cartelli della droga]

P.S. Mentre stavo per pubblicare quest’articolo, il governo messicano, attaccato da tutti fronti per la strage di Iguala e i desaparecidos di Ayotzinapa, ha annunciato la cattura di Vicente Carrillo, capo del cartello di Juárez. Un altro colpo a effetto al momento giusto per distrarre l’opinione pubblica, ricevere i complimenti della DEA (Drug Enforcement Administration) e provare a smorzare gli effetti dell’indignazione mondiale. A che serve catturare un boss importante se continuano comunque le mattanze come a Iguala e tutto resta come prima?

Galleria fotografica della manifestazione a Città del Messico: LINK

Video Cori e Sequenze del Corteo: LINK

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