De Fabrizio Lorusso – Foto: Oleg Yasinsky – Desinformémonos
Tras 4 años de negociaciones y 52 de conflicto armado en Colombia, después de 260mil muertos y millones de desplazados, el acuerdo de paz firmado por el representante del estado colombiano, el presidente Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) a finales de septiembre no ha sido ratificado y aprobado por la mayoría de los ciudadanos que el domingo pasado expresaron sus preferencias en un referéndum convocado ad hoc. A las urnas acudió sólo el 37% de los empadronados (13 millones sobre 35), quienes decidieron que hay que desechar el acuerdo. De hecho, el No ha ganado con el 50.2% de los votos, lo que significa, en otras palabras, que el Sí ha perdido por unos 55mil votos, una diferencia muy pequeña que ha generado sorpresa en la comunidad internacional y en una parte de la sociedad colombiana, deseosa de cerrar un capítulo doloroso y empezar la reconstrucción de un camino común. Medios internacionales como The Guardian han hablado de “una Brexit” a la colombiana, o sea de un resultado inesperado, abrupto y, de alguna manera, dramático y desolador. Además, el presidente Santos optó por esta vía para dar más legitimación a los acuerdos, aunque no estaba obligado a ello y, finalmente, no se logró una suficiente movilización de fuerzas sociales y ciudadanos a favor del Sí. La campaña por la paz funcionó quizás más en el exterior que en territorio colombiano.
Muchas dudas en los opositores del acuerdo ha suscitado la apertura de una puerta para la incorporación a la vida política y al congreso de los guerrilleros que habrían tenido derecho a 5 escaños en el senado y otros tantos en la cámara, según el pacto, y se habrían beneficiado de un sistema especial de justicia para juzgar los crímenes que cometieron. Este sistema no convenció a los opositores. Se esperaba una participación mayor, al menos como la de las presidenciales, que ronda el 50%, mientras que en un plebiscito tan trascendente para el país sólo participó una minoría que decidió por el No, sobre todo en los departamentos y regiones del centro del país, es decir en las menos afectadas por la violencia y los efectos destructivos del conflicto. El Sí tuvo mayores consensos en las zonas rurales y fronterizas, en donde se concentran las víctimas. Quizás millones de electores hayan renunciado a ejercer su derecho para dar una señal y dejar que ganar al No, o bien, pudo haber prevalecido la indiferencia: de todas formas, la abstención favoreció el No, pues los sondeos preelectorales mostraban una tendencia mayoritaria para el Sí y quizás, entonces, muchos no votaron confiando en un resultado positivo. Por otro lado, salvo las presidenciales, otras consultas del pasado mostraron qué tan lastimada está la democracia colombiana, pues en 1991 sólo el 22% votó para el proceso constituyente y otro referéndum en 2003 alcanzó una participación del 22%.
La campaña para el referéndum anticipó de alguna manera la campaña para las presidenciales del 2018 y se polarizó, casi que se tratara simplemente de una guerra entre uribistas (seguidores del ex presidente derechista Álvaro Uribe) y sostenedores de Santos. Y ganó el frente que históricamente le apostó a la represión y a la militarización con el fin de imponer la “fuerza y la razón” del Estado pero a costas de la sangre del pueblo. De haber sido aprobado, el acuerdo no cambaría las estructuras y los modelos del poder económico y político que van a quedar intocados y desiguales como antes. Aun así, suavizado y pulido en muchos aspectos “delicados” para las elites colombianas, no les resultó aceptable. Dicho de otro modo, el neoliberalismo no se discute, no se va abrir un debate sobre ello desde las izquierdas y ésta es su derrota simbólica. Si no se abren otros caminos y diálogos de paz, el conflicto seguirá marcando la pauta del debate, dentro de un modelo económico-social dominante, y el negocio de la guerra continuará a favorecer oligarquías nacionales e internacionales. En No a la paz, ya sea temporal o definitivo, va juntándose a otros movimientos reaccionarios en el continente, desde el ascenso de Donald Trump hasta el golpe en Brasil y el fin del ciclo de los gobiernos progresistas de la región.
Entre los opositores hay quienes, siguiendo un argumento débil pero comúnmente aceptado, sostuvieron que el acuerdo no acabaría con los otros conflictos internos (narcotráfico, paramilitarismo, guerrilla del ELN, etc…) y que el Estado no debería “claudicar” o negociar, o bien, que es deseable firmar un acuerdo mejor, tal vez considerando algunas demandas del frente opositor y aumentando las condenas y sanciones a las que eventualmente se someterían los guerrilleros. “No se acabaría con otros conflictos, pues entonces mejor no acabar ni con éste o seguir la estrategia de aniquilación de los últimos 50 años”, fue el razonamiento. Tan simple y mistificador como los lemas de campaña del frente por el No: “No le entreguemos el país a las FARC”, “Colombia no puede convertirse en Venezuela”.
La negación de una amnistía y el establecimiento de tribunales especiales ya eran parte de los acuerdos, pero los uribistas y otros opositores iban y van por más. Apuestan por el mantenimiento de las hostilidades o por un acuerdo más duro para la guerrilla, dejando a lado las responsabilidades políticas del estado mismo en el origen y prosecución del conflicto. No reconocen que, dentro de una situación compleja y durísima, se trata de un conflicto armado de carácter político e histórico y no de criminalidad organizada común o de negociación con el narco. El asunto es parte del antiguo debate que ha involucrado a las sociedades latinoamericanas y europeas, sobre todo a partir de las décadas de 1960 y 1970 pero no sólo, sobre el estatus de los grupos insurgentes, sobre su carácter de beligerantes o de terroristas, de guerrilleros o de delincuentes. La dialéctica entre el justicialismo y la exigencia de reparación a las víctimas, por un lado, y la necesidad del reconocimiento pleno del conflicto, de las partes en lucha y de su trasfondo político-social, por otro, había encontrado una síntesis y un equilibrio que, finalmente, fueron derrotados en las urnas por una puñado de votos de diferencia entre Sí y No y, también, por un nivel de abstención muy alto.
Ahora se abren múltiples escenarios con desenlaces de difícil previsión: el (improbable) regreso inmediato de las FARC a la guerra, a lo mejor fraccionadas o debilitadas tras el proceso de negociación; el (más probable) inicio de otro proceso de paz y de negociación de un acuerdo alternativo que tenga en cuenta algunas demandas del frente opositor, por ejemplo sobre el papel político futuro de las FARC y el juzgamiento de sus militantes. Tanto el regreso a las armas como el fracaso de otro acuerdo darían aliento a la ultraderecha que podría incluso esperar, maquiavélicamente, que el proceso fracase y el conflicto vuelva a escalar con tal de presentar un programa de mano dura para 2018, ganar e implementar políticas represivas. De todos modos parece existir la voluntad de seguir negociando y las declaraciones de los actores involucrados, especialmente los guerrilleros y la presidencia, muestran madurez política.
De hecho ya varios mecanismos de desmovilización de tropas y de implementación de los acuerdos se habían empezado a mover, así que, aun tras el plebiscito, no se espera un revés inmediato de todo el proceso. Por lo pronto las FARC han llamado al movimiento social y político colombiano a respaldar mediante movilización el Acuerdo Final de paz: “Las FARC-EP reafirmamos, ante Colombia y el mundo, que sus frentes guerrilleros en todo el país permanecerán en Cese al Fuego Bilateral y Definitivo, como una necesaria medida de alivio a las víctimas del conflicto, y en respeto a lo acordado con el Gobierno Nacional”, relata el comunicado enviado por los guerrilleros desde La Habana (Cuba). “No nos vamos a rendir. Vamos a seguir buscando la paz. Y la vamos a conseguir con más fortaleza”, fueron las palabras del mandatario. La exsenadora Piedad Córdoba ha declarado que la victoria del no debería dar paso a la refundación de la nación mediante una Asamblea Constituyente, “seguramente no se va a poder pactar este año o el año que viene, pero sí creo que es una mirada en mediano plazo que nos permita renovar las instituciones, los liderazgos pero fundamentalmente la paz en el país”, ha especificado. Es una opción posible en el mediano plazo que, además, las FARC no habían descartado. La paz se aleja pero todavía se ve.
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