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En los 10 años que han pasado desde la noche de Iguala, en donde 43 estudiantes fueron desaparecidos forzadamente por autoridades del Estado mexicano, en colusión con grupos del crimen organizado, seis personas fueron asesinadas y decenas más resultaron heridas, han desfilado dos gobiernos de cuño ideológico distinto, el de Peña Nieto y el de AMLO, tres procuradores, y un fiscal general de la República, encargados de las investigaciones.

Entre incapacidad, mala fe, torpezas, inercias, obstruccionismos y encubrimientos, a la fecha las instituciones no han podido llegar a dar con el paradero de los muchachos. Tampoco ha habido verdad y justicia, pese a que, al menos en la primera mitad del mandato del presidente saliente, hubo avances relevantes y una muestra importante de voluntad política.

Un conjunto de actores, entonces, hicieron mancuerna, actuaron desde distintos frentes y nos acercaron, como sociedad, a explicaciones razonables e hipótesis plausibles sobre lo ocurrido, desmintiendo la “mentira histórica construida por el exprocurador Jesús Murillo Karam: el GIEI; el exfiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo; la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa; los equipos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y del Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; las propias familias, la sociedad civil y las organizaciones defensoras de derechos humanos, como el Centro Pro y Tlachinollan.

Sin embargo, hoy, prácticamente, ninguno de estos actores y mecanismos, a excepción del movimiento de los padres, de sus abogados y grupos solidarios, está presente en el escenario, pujando por el esclarecimiento y la justicia.

Al contrario, las infundadas descalificaciones presidenciales en contra del Centro Pro, Tlachinollan y el GIEI, así como la defensa a ultranza de la cerrazón y la opacidad del poder castrense, se han sumado al boicot que hubo dentro de la FGR contra el trabajo y la persona de Omar Gómez, que lo forzaron a salir de la institución y del país, así como a la salida de Encinas de la Subsecretaría, tras ser amenazado y espiado por las fuerzas armadas y los abogados de los militares, y al progresivo desmantelamiento de la CNB.

La buena voluntad, humana y política, y las propias instituciones se han topado con resistencias en su interior y con una barrera verde olivo que impiden avanzar hacia la verdad y la justicia.

La negativa del Ejército a entregar 800 folios, que podrían aclarar el papel de sus efectivos en la noche de Iguala, así como el paradero de un grupo de diecisiete de los 43 normalistas, se ha juntado con la indolencia selectiva, léase política, del fiscal Gertz Manero en la procuración de justicia, en el contexto de una fiscalía sumergida en un entramado de complicidades y lealtades transexenales.

Por esto y por los innumerables agravios que siguen perpetuándose en México a daño de las y los testigos y sobrevivientes de la violencia y las desapariciones, cierro esta columna expresando cinco modestos deseos, a partir del campo de lo posible, de los anhelos y las luchas suscitadas en torno al caso Ayotzinapa.

Evidentemente, dar con el paradero de todos los estudiantes desaparecidos.

Que el gesto de Claudia Sheinbaum de estrecharles las manos a cada una y cada uno de los familiares de los 43 no signifique tan solo esperanza y un nuevo voto de confianza, sino también compromiso y resultados desde el día uno.

Que la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas ordene nuevamente y consiga sin dilaciones la entrega de todos los documentos en manos de la corporación militar para el esclarecimiento del caso.

Que las autoridades tomen en cuenta toda la investigación y, una por una, las recomendaciones finales que nos dejaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión de la Verdad (CoVAJ-Ayotzinapa).

Que todo crimen de Estado, como la desaparición de los 43, así sea reconocido y asumido, públicamente, con juicio y sanción a todos los responsables, hasta el máximo nivel de autoridad y jerarquía, para que la verdad y la justicia no queden a medias, como tristes simulacros o declaraciones de intenciones, sino que nos lleven a procesos dignos de reparación, no repetición, memoria y paz.

Por Fabrizio Lorusso desde Sin Embargo MX

Así no es es un libro de utilidad pública y social, pedagógico y necesario. Viri Ríos y Ray Campos, sus autores, son investigadores y especialistas de larga trayectoria y enfoque crítico en materia de economía, bienestar y desarrollo.

El texto pretende y logra desmontar mitos, todavía muy arraigados en ideologías libremercadistas y en cierto “sentido común” hegemónico, y arrojar luces para un cambio deseable hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Sus once capítulos tienen una estructura similar. Inician con un caso concreto o una anécdota, enuncian una creencia común en México sobre pobreza, “meritocracia” o desigualdad, luego siguen desmenuzando o contextualizando cada creencia con datos sólidos, encuestas y argumentos.

Con fluidez proceden a analizar la situación y las políticas públicas mexicanas, más o menos recientes, al respecto, para poder ofrecer, con un lenguaje muy accesible, una serie de balances, explicaciones y sugerencias, que son guías útiles para que la ciudadanía exija y los gobiernos operen. Cada capítulo cierra con la misma anécdota de apertura y sus posibles interpretaciones y enseñanzas.

Entre otras virtudes, No es así me parece un deleite para profesores, ya que es muy fácil de transformar en material didáctico y de debate, además de que contiene un test inicial, aplicable en clase, por ejemplo, con una batería de afirmaciones sobre las cuales cada quien puede expresar su nivel de acuerdo o desacuerdo y obtener un puntaje. Con base en éste, es posible seguir un camino distinto de lectura entre los capítulos, o bien, dividir un grupo en equipos más pequeños a los que se le asigne algún trabajo ad hoc.

En seguida, desde el índice, reporto los principales mitos que el libro desarrolla, desglosa, critica e invita a profundizar como temas de reflexión, sin necesariamente imponer una visión unilateral de los autores, sino inspirando dudas y curiosidad en sus lectores.

Las nuevas generaciones son más flojas, por eso ganan menos.

Quienes reciben programas sociales gastan en tonterías y dejan de trabajar.

El Gobierno gasta de más.

No somos racistas (sólo, en dado caso, clasistas).

Subir el salario mínimo no sirve de nada.

Somos un país de clases medias.

Cuando la economía crece, la pobreza se reduce.

El norte paga impuestos, el sur es flojo.

Para atraer la inversión hay que reducir los impuestos.

Ya no te pueden subir el salario.

La desigualdad no importa.

Más allá de la riqueza del contenido, la actualidad apremiante de los temas y la eficacia del abordaje, pensado también y sobre todo para un público de “escépticos” y críticos, destaco algunos puntos clave y aprendizajes que en mi opinión se desprenden de su lectura.

Primeramente, la desigualdad no es algo natural, sino que se construye socialmente a partir de las diferencias naturales y de los recursos de poder entre grupos e individuos.

Las desigualdades se dicen y se viven en plural, pues son muchas, distintas, variadas, y se superponen formando una telaraña de agravios y obstáculos a la movilidad social y a una vida digna para algunas personas o sectores.

Esto de por sí causa serios problemas económicos, inhibe el crecimiento y retrasa el desarrollo, se relaciona con la persistencia de la pobreza y erosiona la calidad democrática. Ya debería ser bastante claro, a estas alturas de la historia, que, sin justicia social y niveles aceptables de igualdad, no hay democracia. El llamado “Estado de Derecho” no basta y no da, de por sí, sin justicia sustantiva y radicalidad democrática constructiva.

Considero que esta telaraña de desigualdades se sostiene y se refuerza mediante mitos y prejuicios que benefician particularmente a cierto tipo de élite económica y política, pero que son asimiladas, reforzadas y divulgadas por las otras clases sociales, formando así una suerte de “falsa conciencia colectiva”, basada en la ideología del “echaleganismo”, alias “si quieres, puedes”, entre otras. De hecho, el subtítulo de la obra, justamente, es: “No creas todo lo que te dicen sobre meritocracia, clase media, clasismo, salarios e ingresos”.

Así no es nos recuerda, además, que la economía no sólo está hecha de números, estadísticas y galimatías; sino de personas, vivencias y de decisiones políticas. Puede ser discursiva y comprensible, directa, solidaria y subversiva, y no sólo técnica, administrativa, lejana, engañosa o artificial, como nos enseñan en las escuelas de negocios mainstream.

El texto de Viri Ríos y Ray Campos muestra el hecho de no existe sólo una corriente del pensamiento económico, como nos han forzado a creer los corifeos de la sabiduría convencional neoclásica y monetarista made in Harvard & Chicago, sino que hay muchas más (y mejores) maneras de entender y narrar los fenómenos de la vida social que abordamos como “económicos”.

La desigualdad es simplemente una forma de violencia. Una violencia estructural, como la pobreza. Esto significa que es sistémica, es decir, fue construida históricamente a lo largo del tiempo y se encuentra enraizada en la estructura de una sociedad. Por eso nos parece algo “normal” que no debería cuestionarse, cuando en realidad es el producto de una organización social injusta y arbitraria.

De hecho, los lugares comunes, las fake news y las mitologías, deliberadamente confeccionadas por grupos poderosos sobre las violencias en general y en México, comparten muchos mecanismos y conclusiones falaces con los mitos de que nos hablan Viri y Ray sobre la economía, los salarios, el trabajo y el mérito en una sociedad altamente desigual como la nuestra. Baste citar a manera de ejemplo el clásico refrán de las autoridades de Gobierno y de procuración de justicia sobre que las personas desaparecidas, que son víctimas de violencias extremas, dizque se habrían ido voluntariamente, andarían en algo malo o huyeron con su pareja. Así, la gente es inducida a creer que si se sigue un presunto “buen camino” la violencia no la alcanzará. Sin embargo, así no es.

Entonces, la desigualdad social, racial, patrimonial, salarial, étnica, de género y de acceso a recursos de poder depende menos de las diferencias naturales e inevitables entre seres humanos que de una larga serie de decisiones políticas y económicas, marcadas por dinámicas de control y conflicto, por un continuum de discriminaciones hacia ciertos grupos y por narrativas que las justifican y normalizan. Así no es lo revela desde la ciencia y el compromiso por la justicia.

Por Fabrizio Lorusso desde SIn Embargo Mx

El 18 de junio pasado el Congreso de Colombia aprobó la Ley 2364 que reconoce y protege de forma integral la labor y los derechos de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada. Aunque el contexto colombiano tiene características distintas, debido al conflicto armado interno, aún no del todo cerrado, que ha sacudido al país por más de sesenta años, me parece que esta norma sería una base posible para una discusión legislativa y social en México sobre el papel humanitario e histórico de las personas buscadoras, particularmente de las mujeres, así como de los colectivos que han conformado y de las organizaciones que las acompañan.

En Colombia, están mucho más avanzados los procesos de justicia transicional y construcción de paz, y es un hecho que en México estos han quedado truncos, o bien, incipientes, dado que aún no se han identificado plenamente actores, mecanismos, compensaciones, reparaciones y rutas institucionales a favor del esclarecimiento y la reconciliación, sobre todo para la época de la mal llamada “guerra al narcotráfico” y , con sus complejidades y persistencias hasta el presente.

No ha habido en México planteamientos institucionales encaminados a una verdadera justicia que impulse el “tránsito” a una sociedad menos violenta. Esto implicaría también el difícil, pero necesario, diálogo con personas y grupos de perpetradores, incluyendo actores estatales y no estatales, con sus redes macrocriminales, políticas, empresariales y de protección. Y, finalmente, conllevaría una disposición hacia la negociación de aspectos de justicia a cambio de la verdad: por ejemplo, qué quienes cometieron desapariciones o asesinatos masivos accedan a algún tipo de beneficio o de mecanismo alternativo, consensuado con las familias de las víctimas y las instituciones, si entregan información fehaciente sobre lo que sucedió y el paradero de las víctimas directas.

Rescato, entonces, solo algunos elementos clave de la ley de Colombia para la discusión, sobre todo a la luz de las tímidas e insuficientes iniciativas que a la fecha se han formulado desde el Poder Legislativo. La más reciente de éstas es la del Senador por Guanajuato, Ricardo Sheffield, quien el 10 de septiembre presentó una iniciativa de Ley General para la Protección y Asistencia de los Familiares y Personas Buscadoras, la cual no refleja realmente en su contenido las pretensiones del título y, más que ampliar, detallar, mejorar y aterrizar derechos y protecciones a las buscadoras, se queda corta y reitera medidas y obligaciones del Estado, en gran parte ya existentes o generales.

El defensor de derechos humanos y académico, Raymundo Sandoval, ha denunciado recientemente que“21 personas buscadoras han sido asesinadas y una persona ha sido desaparecida de 2010 a la fecha, de acuerdo con documentación oficial”.

Más allá de estas cifras, los agravios, agresiones, amenazas, desplazamientos, vulnerabilidades y violaciones a derechos humanos en contra de las personas buscadoras han sido y siguen siendo innumerables, continuos y sistemáticos, y se multiplican cuando las afectadas son mujeres.

Dentro de las familias han sido en gran mayoría ellas quienes se han volcado a las actividades de búsqueda y de denuncia, de organización y documentación, entre otras, bajo su propio riesgo, exponiéndose a ataques y estigmas por parte de la comunidad, del crimen organizado y del propio Estado, así como al inexorable deterioro de su salud, de las relaciones y de la economía.

En una sociedad patriarcal la búsqueda se le asigna “de cajón” a las mujeres como otra más de las responsabilidades ligadas a los cuidados de las y los otros, mismos que no son reconocidos ni remunerados.

“La búsqueda es un trabajo de cuidado porque implica el esfuerzo organizado en torno a una tarea común que tiene como propósito el cuidado de la vida, la justicia y la recuperación de la dignidad. En la búsqueda, las mujeres invierten tiempo, esfuerzo, conocimiento y experiencia”, explica la investigadora Carolina Robledo en el artículo “La búsqueda como trabajo no remunerado”, publicado en A dónde van los desaparecidos. Y agrega que, al ser principalmente las mujeres las que hacen el trabajo de buscar, se trata de un trabajo “cuya responsabilidad es del Estado y se ha trasladado hacia los colectivos ciudadanos”, y que también “gran parte del trabajo de las buscadoras consiste en registrar y remediar el mal trabajo realizado por los funcionarios públicos”.

Los riesgos crecientes a que se exponen en su tarea de búsqueda e investigación de miles y miles de personas desaparecidas en el país no son reconocidos adecuadamente por el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y por los mecanismos activos en los estados, los cuales no han sido configurados para personas buscadoras y, particularmente, para mujeres.

La Ley colombiana recién aprobada en su artículo 1 enuncia el objetivo de reconocer “las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada como constructoras de paz y sujetos de especial protección constitucional”, así como las obligaciones del Estado y las medidas para su protección integral.

Según el código penal de Colombia (art. 165), la desaparición forzada es cuando un particular que “perteneciendo a un grupo armado al margen de la Ley someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la Ley”. Y lo mismo vale cuando esta conducta es realizada por un servidor público o un particular que actúe bajo la determinación o aquiescencia de aquél. Entonces, incluye la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares que tenemos en la Ley mexicana.

En el artículo 2, la Ley de protección a buscadoras “adopta medidas de reconocimiento del derecho a la búsqueda, sensibilización, información, formación, prevención, educación, vivienda, reparación, atención y protección de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada respecto de las vulneraciones que sufren por razón o en ocasión de ser buscadoras”.

También destaca como centrales “los enfoques de igualdad de género, étnico-racial, interseccionalidad, respeto a los derechos humanos, justicia restaurativa, territorio y diferencial”. El artículo 3 define a las mujeres buscadoras como “aquellas que, de forma individual y/o colectiva, se han dedicado en forma continua y sustancial a la búsqueda de víctimas de desaparición forzada”.

Al respecto, se prevé la creación de un Registro Único de Mujeres Buscadoras, con criterios de inclusión que dicte su reglamento, gestionado por la institución colombiana equivalente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de México y alimentado por los ayuntamientos, las procuradurías y comisiones de los derechos humanos, entre otras autoridades.

Un punto muy positivo, en mi opinión, es que la Ley otorga tanto reconocimiento simbólico como derechos legales y medidas de bienestar, formuladas específicamente para mujeres buscadoras y no readaptadas o maquilladas de otras disposiciones legales o programas existentes. Es una petición reiterada de muchos colectivos en México la cual, sin embargo, ha sido ignorada por las autoridades, o bien, ha terminado siendo inoperante, debido a las fallas de implementación, de presupuesto y de claridad de la Ley General de Víctimas y las instituciones que creó.

El art. 5 identifica a las mujeres buscadoras como “constructoras de paz y defensoras de Derechos Humanos”, además de declarar el 23 de octubre como el Día Nacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Víctimas de Desaparición Forzada y de comprometer al Estado a impulsar tal recurrencia ante Naciones Unidas para que sea adoptada mundialmente. “Las mujeres buscadoras; sea de forma individual o colectiva, podrán participar en todas las iniciativas de estado y políticas públicas para la construcción de verdad” (art. 21).

Todo esto representa una forma de “homenaje por la contribución que de forma sustancial y continua han realizado al esclarecimiento de la verdad, la justicia, la defensa de los derechos humanos, la memoria histórica, la garantía de no repetición y, en especial, al derecho a la búsqueda de víctimas de desaparición forzada” (art. 5).

Se impulsa, igualmente, la participación de las mujeres buscadoras, individual o colectivamente, en “los procesos de elaboración, implementación y evaluación de las políticas públicas de paz” mediante mecanismos concretos y efectivos, previstos en un Decreto Reglamentario de la Ley.

Se sanciona, además, en el art. 7, que el Estado deberá garantizar frente a las mujeres buscadoras:

1. Derecho al acceso a la administración de justicia.
2. Derecho al acceso a la información.
3. Derecho a la verdad y la memoria histórica.
4. Derecho a la reparación integral por los daños derivados de su labor y a las garantías de no repetición.
5. Derecho al reconocimiento público de su labor.
6. Derecho a la protección y garantía de seguridad para el ejercicio de la búsqueda libre de las personas desaparecidas.
7. Atención psicosocial diferenciada.
8. Derecho a apoyos económicos no condicionados por parte del Estado para las buscadoras, que se encuentren en situación especial de vulnerabilidad.
9. Derecho al buen nombre.
10. Derecho a la unidad familiar.
11. Incorporación de los derechos culturales indígenas y afrodescendientes.
12. Respaldo en la labor de pedagogía para la sensibilización pública y social.
13. Orientación en su formación organizacional para el fortalecimiento de su labor.
14. Su participación y contribución en los procesos de paz y en las decisiones gubernamentales que afecten sus derechos.
15. La adopción y aplicación efectiva de las medidas de sensibilización, prevención, atención y protección.
16. El apoyo logístico y/u operativo para poder realizar la labor de búsqueda.

Todas estas previsiones no quedan en el vacío o en la genericidad, sino que se concretan en un sistema de bienestar ad hoc y en medidas como: la sensibilización constante hacia sector público y social, la información y documentación pública de las desapariciones, las búsquedas y el trabajo de los colectivos.

Asimismo, se ordenan medidas de atención interdisciplinaria psicosocial, jurídica y técnico-forense para las mujeres buscadoras, y de prevención “para incentivar la denuncia y fortalecer la investigación en casos de estigmatización, discriminación, intimidación, extorsión para entrega de información relacionada con la búsqueda, violencia basada en el género y otros delitos en los que puedan incurrir los servidores públicos y particulares contra las mujeres buscadoras” (art. 12).

Además, se asigna una clara prioridad para los riesgos de las buscadoras, pues “la Unidad Nacional de Protección priorizará las solicitudes de estudio de nivel de riesgo y de implementación de medidas de protección que presenten y/o afecten la vida, seguridad y/o integridad personal de las mujeres buscadoras”.

Y finalmente, desde lo local, se establece que “los planes de desarrollo de los municipios y departamentos deberán incluir un programa de prevención, atención y protección para las mujeres buscadoras y su núcleo familiar. En la construcción de estos programas se deberá garantizar la participación de las organizaciones de las mujeres buscadoras”.

Un aspecto muy importante de la nueva Ley colombiana es que prevé para las buscadoras medidas de acceso a la educación y becas de estudios, a la salud integral y psicosocial, el derecho de acceso a la vivienda y a la seguridad social de forma específica, prioritaria y reforzada para las mujeres buscadoras y su núcleo familiar, atribuyéndoles un reconocimiento por las tareas que desarrollan en la sociedad.

En Colombia, como en México, ya hay una Ley de Víctimas, pero ahora el país sudamericano la complementa y la detalla para el caso de las buscadoras. En mi opinión, las previsiones y medidas de la Ley colombiana, de por sí loables, deberían extenderse de alguna manera también a hombres buscadores, pero con algún tipo de diferenciación o adaptación en los parámetros de inclusión en el registro y en los programas, que consideren la brecha de género estructural y la labor histórica de las mujeres en este campo.

En su artículo 22, la Ley prevé circunstancias de mayor punibilidad, es decir, sanciones y penas mayores contra quienes perpetren delitos contra las buscadoras, “cuando con la conducta punible se dirija o tenga por propósito impedir, obstaculizar, represaliar o desincentivar la labor de las mujeres cuya actividad, de forma permanente o transitoria, sea la búsqueda de víctimas de desaparición forzada y esclarecimiento de la verdad”.

La esperanza es que la letra de Ley se haga realidad, lo cual no debe de darse por sentado. Las personas buscadoras no son simplemente “víctimas” sino constructoras de paz, defensoras de derechos y vanguardia de antimafia social, por lo que su voz y protección es fundamental en contra de las violencias.

De Fabrizio Lorusso para Sin Embargo, PopLab, ZOnaDOcs, revista Espejo

El día 21 de agosto una jueza del Tribunal de Juicio Oral de Acámbaro, Guanajuato, dictó sentencia absolutoria en primera instancia a favor de cuatro hombres, acusados de haber cometido el delito de “desaparición cometida por particulares” en contra de la maestra Guadalupe Barajas Piña. Ella fue privada de su libertad, junto con un conocido, Ulises Blanco Ledesma, el 29 de febrero de 2020 en el centro de Salvatierra, y luego ambos fueron encontrados sin vida en las fosas del barrio de San Juan de la misma ciudad.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que acompaña el caso y defiende a la familia de la mujer, ha expresado en un comunicado que “este fallo es un terrible mensaje de impunidad, que pone en riesgo a la familia de Guadalupe, a los familiares de las 65 personas identificadas [cuyos cuerpos fueron hallados en las fosas de Salvatierra] y a todos los colectivos que buscan a sus seres queridos en Guanajuato”.

En octubre de 2020, con base en siete carpetas de investigación, familiares de personas desaparecidas en Salvatierra solicitaron una búsqueda en un predio a orillas del Río Lerma, a pocos metros de las últimas casas del barrio de San Juan, que a su vez se conecta directamente con el centro de la ciudad. Entonces, durante 40 días colectivos del estado, personas solidarias, familias de la zona y autoridades trabajaron para exhumar 80 cuerpos de personas inocentes, asesinadas en aquel lugar y enterradas clandestinamente en 65 fosas.

Cuatro años después, para Lupita, Ulises, para las y los demás que allí se encontraron, todavía la justicia está desaparecida.

Los delincuentes habían bautizado aquel campo de exterminio como el “panteoncito”, un lugar en donde, en la total impunidad, cometían delitos atroces y ejercían su mísero poder mafioso mediante el terror. Durante años, allí pudieron estar a sus anchas, sin que ninguna autoridad interviniera.

Tras la sentencia del 21 de agosto, se puede decir que a la injusticia de la impunidad histórica se han sumado injusticias para las víctimas directas e indirectas de la violencia criminal, a veces perpetrada bajo la mirada coludida de ciertos aparatos estatales.

Salvatierra es un pueblo mágico, una localidad con tradiciones y amenidades, fronteriza con Michoacán, pero en aquel momento del 2020 se destapó otra realidad, que ya era notoria para los lugareños y que obligó a la fiscalía y el gobierno estatal a reconocer públicamente la presencia de fosas clandestinas en Guanajuato, así como las desapariciones que iban al alza. El caso de la maestra Lupita Barajas es el primero, relacionado con las desapariciones y las fosas de Salvatierra, que llega a juicio.

La expectativa de una resolución favorable a las víctimas era mucha, y el mensaje de ninguneo e impunidad, nuevamente, por estos crímenes es generalizado, llega a todas las personas buscadoras como un balde de agua fría en un contexto de riesgo, en que nueve de ellas han sido asesinadas en este sexenio y una, Lorenza Cano de Salamanca, sigue desaparecida desde el 15 de enero de este año.

El hermano de Lupita, Francisco Javier, fue quien la encontró trabajando codo a codo con sus papás y decenas de familias guanajuatenses en aquel otoño del 2020. Luego, en 2021, una vez que sus restos habían sido procesados y fue confirmada la identidad de su hermana, Javier siguió acompañando los colectivos y se integró a las labores de la comisión estatal de búsqueda.

Hasta que, por venganza, por haber osado mostrar lo ínfimo y precario del dominio delincuencial en la zona, el 29 de mayo de aquel año fue asesinado por dos hombres armados en una motocicleta, en el centro de Salvatierra. Junto con sus papás, Javier Barajas y María del Tránsito Piña, no habían desistido de las búsquedas y del apoyo que prestaban a los colectivos del estado y al colectivo Ángeles de pie por ti, establecido en la misma Salvatierra, pero con familias de muchas ciudades, como Celaya, Acámbaro, Tarimoro, Irapuato y Cortazar.

Desde hace tres años las víctimas, que más bien son testigos de la violencia y la indefensión en tierras guanajuatenses, piden al municipio, al estado, a la Comisión Estatal de Víctimas y a la Federación otorguen las facilidades para que, en autonomía, éstas puedan crear un sitio de memoria para sustraer a la delincuencia el terreno, que fue utilizado incluso después del descubrimiento de las fosas, y para dignificar la memoria y la vida de quienes allí fueron encontrados y de quienes todavía están siendo buscados y buscadas. Sin embargo, las autoridades les dieron largas y, a la fecha, no hay un plan para materializar esta legítima demanda.

En el caso judicial de Francisco Javier, por homicidio doloso, después de un fallo que absolvió a los responsables, la apelación fue favorable a la familia con una sentencia condenatoria, por lo que sigue viva la esperanza también en el caso de Lupita.

Mientras tanto, sus padres, Tránsito y Javier o “los profes”, como les dicen con cariño sus amigos y conterráneos, tuvieron que exiliarse, salirse forzadamente de su propio hogar y tierra por las amenazas y la violencia que ya les habían golpeado duramente.

Aun estando lejos, “los profes” han estado apoyando moral y materialmente en lo posible al movimiento de colectivos de búsqueda en Guanajuato, así como las iniciativas por la verdad y la justicia, no sólo en su caso, sino para todas y todos los que viven el dolor de la desaparición y la lucha contra inveterados sistemas, los pactos de silencio y el inmovilismo institucional.

En el caso de Lupita y su desaparición, según el Centro Pro “el fracaso de la justicia muestra las deficiencias de la justicia local en Guanajuato. En particular, de una Fiscalía que pudo haber desplegado una estrategia más eficaz en su acusación y sobre todo de un Tribunal de Juicio Oral lejano a las víctimas e indolente”. Mientras tanto, muchas más personas esperan poder comenzar procesos judiciales y llegar a alguna resolución, aun a contracorriente, ya que el primero de ellos, por el momento, no ha tenido un final satisfactorio y justo.

Uno de los absueltos por este caso, César Enrique Pérez, quedó recluido porque ya había sido condenado a 35 años de prisión por el asesinato de Francisco Javier. De los demás, dos deberían quedar bajo medidas privativas de la libertad, y otro, en cambio, podría quedar libre.

Ahora la familia Barajas apelará, exigiendo “al Poder Judicial de Guanajuato examinar a profundidad el caso, con el acompañamiento de las instancias internacionales que monitorean el proceso, tales como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, especifica el comunicado del Centro Pro.

De la mano de la familia Barajas Piña, de las familias en búsqueda en Guanajuato, y de las organizaciones que las acompañan, esperanzadas y resistentes, hay que estar alerta y dar seguimiento como sociedad a los caminos tortuosos, pero posibles, que puedan dar con el paradero de la Justicia y alguna luz de paz.

[Para más detalles sobre el caso y los desarrollos más recientes, por favor, lee y sigue el trabajo de Verónica Espinosa en PopLab.Mx (link) y el de Pablo Ferri en El País]

Por Fabrizio Lorusso desde Sin EMbargo

Primero, quisiera destacar que, la verdad, no me siento sobrerrepresentado, es decir, agraviado por presuntas fallas en la repartición de curules en las Cámaras. Por otro lado, no me siento representado por las posturas impostoras que pretenden desconocer y reinterpretar las reglas del juego electoral, cuando durante años las han forjado, celebrado y aplicado como producto de una anunciada e inexorable “transición democrática”.

Son días en que el Consejo Mexicano de Negocios lanza desplegados pidiendo al INE que, prácticamente, viole o forcejee la Constitución porque aquel gremio patronal se siente, ahora sí, “subrepresentado” y vejado. Y son días en que el Presidente va pidiendo en la “mañanera” un posicionamiento a los cinco principales magnates del país acerca del asunto y que no se escuden detrás de las siglas: una movida política polémica que podría unirlos más en la causa antiobradorista, o bien, al contrario, separar bandos dentro de un empresariado que sí es heterogéneo.

No me siento ni mal ni sobrerrepresentado porque Morena alcanzó un resultado histórico en las urnas el 2 de junio o porque sus coaliciones electorales con el Verde y el PT, aunque cuestionables bajo muchos puntos de vista, resultaron ganadoras en la mayoría de los distritos.

Pero bueno, esta pareciera quizás una cuestión de preferencias personales. Mas razonando desde la perspectiva democrática y política, también expresaría lo mismo si hubiesen ganado otros partidos y hubiesen respetado leyes, procesos, principios éticos y resoluciones institucionales sobre las elecciones.

Guste o no, la asignación de escaños plurinominales en las Cámaras activará un mecanismo de reequilibrio entre partidos, pues garantizará un espacio importante para las formaciones opositoras al oficialismo que perdieron las elecciones.

Justo para eso está la cuota de representación proporcional que les otorgará “sobrerrepresentación” respecto de los distritos que efectivamente conquistaron por voto directo. Es algo completamente normal, además, en otros países como Italia, España o Reino Unido, en donde el “premio de mayoría” o de “gobernabilidad” garantiza a la vez pluralismo de opiniones y representación, pero también una relativa estabilidad.

No me siento sobrerrepresentado, además, porque el propio término no es legal ni claro, es una especie de contenedor que custodia una serie de frustraciones y reivindicaciones pre y postelectorales para el armado de agendas particulares. Engloba una narrativa tóxica, inventada por las derechas para filtrar la falsa idea de que estaría sucediendo algo irregular, un exceso o agravio, asimilable, a la postre, a un fraude o al espectro del “autoritarismo”, el que se podrá abanderar en las marchas rosas o del color que prevalezca posteriormente.

La crítica al reparto de escaños, como ocurre con la reforma al Poder Judicial, entre otras, pierde la ocasión de dirigirse sanamente contra un sistema posiblemente injusto o disfuncional, dadas las condiciones políticas actuales, y no se concreta en propuestas y discusiones, sino en convocatorias a paros o en presiones extrainstitucionales para la toma de decisiones favorables a grupos poderosos.

Pese a sus defectos, por la garantía que representan las cuotas proporcionales, no estoy de acuerdo con su abolición, que figura entre las propuestas del Gobierno entrante, sino que abogo por su revisión, particularmente en lo que concierne a los mecanismos de selección de las candidatas y candidatos, y al control de los partidos políticos y sus dirigencias en estos procesos, pues se necesitan más candados, criterios, ética, recambios y transparencia. Sin embargo, no deben quitarse de un plumazo tan sólo porque no nos gustan ciertos perfiles “impresentables” que se cuelan a través de esta representación o porque estos, se argumenta, “no habrían ganado” el reto directo contra su contrincante. Existen sistemas totalmente proporcionales en que nadie está directamente compitiendo en contra de otro u otra candidata y son perfectamente democráticos e, inclusive, más representativos de la voluntad de las y los votantes.

De hecho, en la propuesta de reforma electoral del Presidente López Obrador que fue rechazada por la oposición en su “huelga constitucional”, se planteaba el paso a un sistema de representación totalmente proporcional, que en muchos casos favorece alianzas previas y coaliciones que vayan más allá de lo meramente electoral y se consoliden en las Cámaras, apuntando a cierto grado de parlamentarización del sistema mismo, con una renovada relevancia del Legislativo respecto del Ejecutivo.

Pero este diseño fue desechado sin ni siquiera debatirlo, debido a la cerrazón de PAN, PRI y PRD, básicamente, y ahora la propuesta que se baraja es la opuesta: dejar solamente a los representantes elegidos por mayoría y eliminar a los plurinominales, reduciendo así el margen de las minorías sociales y de los partidos de oposición, de cualquier orientación política, para acceder a posiciones de relevancia en el Legislativo.

Esto es un riesgo, pues sin “pluris”, por ejemplo, no hubiera sido posible el paulatino ascenso de las causas, de los argumentos y de las fuerzas políticas identificadas con las izquierdas dentro de los aparatos e instituciones estatales, hasta conseguir incluso la Presidencia en 2018 y 2024.

No me siento sobrerrepresentado por quienes vencieron el 2 de junio, al contrario, me parece ideal contar con mayorías sólidas en las Cámaras en pro de la gobernabilidad y de proyectos reformistas, al menos durante un trienio.

Aun así, al parecer, el oficialismo tendrá de todos modos que negociar en el Senado para conseguir dos, tres o cuatro votos y alcanzar así una mayoría más estable: ojalá y esto favorezca acuerdos y discusiones abiertas, más amplias y profundas, especialmente en materia de reformas sistémicas y estructurales y de reversión del neoliberalismo. Suena ingenuo, pero, más bien, quiere ser un anhelo esperanzador, dentro de un sano “beneficio de la duda”.

Finalmente, esta coyuntura implica que sobre Morena y sus aliados recae una enorme responsabilidad, histórica, política y social: es el uso y, sobre todo, la reiteración día tras día de la legitimización obtenida, que es tanto parlamentaria como social, y que no puede interpretarse como un cheque en blanco, más en un sistema de cambiantes preferencias electorales y aceleradas dinámicas político-sociales como el mexicano.

Por Fabrizio Lorusso desde Sin Embargo