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Más que con los atentados, las explosiones y los ataques contra la población y los edificios, que son indiscriminadas y sorpresivas, imposibles de prever y evitar para cualquier persona, el título de esta columna, “cuidado con el narcoterrorismo”, hace referencia al uso mismo del término, que ha sido y sigue siendo resbaloso y tendencioso en México.

Si por un lado ni siquiera hay un consenso internacional unívoco sobre el concepto de “terrorismo”, por el otro el prefijo “narco” ha sido omnipresente como perejil o limón a la hora de sazonar notas rojas, discursos políticos, títulos de series y libros, informes académicos y anatemas varios en contra de algún presunto enemigo público.

Narco y terrorismo riman con golpismo

La unión de los dos términos, entonces, no puede que ser todavía más vaga, ambigua, amplia y fumosa, prestándose fácilmente a usos instrumentales y políticos. Detrás de la creación repentina por medios corporativos y sectores políticos, nacionales e internacionales, de supuestas “emergencias”, categorizadas como narcoviolencia, narcoterrorismo, narcotráfico de mega cárteles o dizque amenazas “castro-chavistas”, tienden a esconderse segundos y terceros fines, intentos de desestabilización, ensayos de lawfare o de golpes en los países objeto de esta especial “atención”.

Justamente, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, ha reiterado en varias ocasiones en las últimas semanas, como disco rayado, su propuesta de tipificar el narcoterrorismo, aunque, cabe decirlo, tanto el delito de narcotráfico como el de terrorismo (y el de delincuencia organizada) ya están en el código penal, así que crear un coctel de los dos o de los tres suena tan estridente como inútil.

En México, el Artículo 139 del Código Penal Federal establece que comete el delito de terrorismo quien, entre otros medios, utiliza explosiones, incendios o sustancias químicas intencionalmente para realizar “actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas”. Estos actos, además, deben producir “alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella”, así como “atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación”. También se aplica en caso de que se estén preparando o acordando actos de este tipo, y se prevé un aumento de las penas en caso de que se usen “aeronaves pilotadas a distancia” o cuando “el delito sea cometido en contra de un bien inmueble de acceso público; se genere un daño o perjuicio a la economía nacional, o en la comisión del delito se detenga en calidad de rehén a una persona.

Quizás sea posible prever penas más duras, aunque siempre mejor sería reducir la impunidad de los delitos y no aumentar sanciones, en caso de que actos de terrorismo sean llevados a cabo por miembros de la delincuencia organizada, dedicados al tráfico de estupefacientes, pero en sí el planteamiento narcoterrorista de Cortés y la misma etiqueta se antojan bastante insulsos.

El supuesto aporte de esta idea, en palabras del político reportadas por Milenio, sería “cambiar la estrategia de seguridad, y tipificar al crimen organizado como ‘narcoterrorismo’, para la intervención de instancias internacionales, ante la explosión de dos coches bomba en municipios de Guanajuato y el enfrentamiento que dejó 19 muertos en Tecpan de Galeana, Guerrero”. Así lo expresó el pasado 25 de octubre en una reunión con los comités migrantes de la Universidad de Arligton Texas, en el Centro de Estudios México-Americanos.

Esto se suma a las situaciones de violencia en Chiapas y Sinaloa, que también han sido enmarcadas en un discurso incendiario por parte de la oposición sobre la presunta pérdida de control del país por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, es decir, conflictos más o menos de larga data y alcance son reducidos a sus recientes exacerbaciones o tachados de terroristas con el fin de golpetear políticamente a la mandataria y de suscitar reacciones del otro lado del Río Bravo, en el contexto de la campaña electoral y las elecciones estadounidenses.

De X a Marko

Allí personajes como Elon Musk, magnate dueño de la red X, el exembajador de EUA en México, Christopher Landau, y el actual, Ken Salazar, han mostrado señales preocupantes de incontinencia verbal.

El primero publica gráficas provocativas sobre “encuentros” en la frontera México-Estados Unidos con presuntos terroristas-migrantes, sin explicar que estos también se verifican en la frontera canadiense. El segundo le hace eco, amenazando que “si hay un ataque terrorista en EUA cometido por alguien que cruzó la frontera desde MX, esa frontera NUNCA regresará a la normalidad”, para luego hacer campañas contra Kamala Harris con base en el miedo a la “invasión” de los migrantes. Un clásico del populismo de derecha.

Y, por fin, el tercero señala que “debería celebrarse la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, aunque ésta haya provocado en Sinaloa prácticamente una guerra a pocos días de la instalación del nuevo gobierno y durante la discusión de reformas tanto polémicas como trascendentes para el país.

Por otro lado, no aparece ahora tan casual que, desde la Universidad de Harvard, uno de los think tanks más influyentes del mundo, el ministro, hoy dimisionario, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, hace pocos días asistió a la Universidad de Harvard para hablar en contra de la iniciativa, provocando gritos y risas en su audiencia “estupefacta”.

En la nota del evento texano de Marko Cortés, en la página del PAN, se detalla que el dirigente “urgió a que se tipifique el narcotráfico como terrorismo para que instancias internacionales puedan colaborar con las locales y se combata la inseguridad” y “advirtió que en México estamos viviendo una autocracia con todo lo que se ha aprobado en el Congreso como quitar el derecho a ampararse, lo cual representa un regresión a los derechos humanos”.

O sea, en suma, se llama a instancias foráneas, léase estadounidenses, a involucrarse e intervenir para dizque “ayudar a México” a combatir una amenaza, ya definida como “terrorista” y “narca” a la vez. Un paquete de dos por uno, potenciando la narrativa intervencionista o la del narco-Estado. En mi opinión, esto, futbolísticamente hablando, es como marcar un magistral autogol en el primer minuto del partido sexenal. O bien, tiene intenciones políticas muy poco nobles y egoístas.

Al respecto, agregaría que es necesario y claro hace mucho tiempo que la cooperación internacional, en paridad de condiciones entre las partes, guie la lucha contra el crimen organizado a nivel global, y por eso México ya ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también conocida como la Convención de Palermo, el 11 de abril de 2003.

Dos días después de la visita a Texas, el 27 de octubre, nuevamente Cortés usó el lema-argumento del “narcoterrorismo” para reforzar sus quejas y críticas sobre la situación política interna: “México se encuentra en un estado de alerta, con la violencia desbordada, con sucesos de narcoterrorismo en buena parte del país, pero que se atreven a negar, una presidenta que continúa lo mal hecho del gobierno de López Obrador y con imposiciones autoritarias a través del Congreso de la Unión, donde están coartando los derechos humanos”. De hecho, la nota en la web del PAN así titula: “El mundo debe saber de la violencia, el narcoterrorismo y la destrucción de la democracia que está ocurriendo en México: Marko Cortés”.

Es decir, se establece una conexión inmediata entre la violencia, fenómeno de larga data y complejo en el país, con los hechos recientes clasificados de “narcoterrorismo” y una presunta destrucción de la democracia, posiblemente relacionada con las reformas constitucionales en marcha. Esto con el fin de promover este discurso en el exterior e, internamente, compactar a las huestes y enarbolar una propuesta legislativa de mano dura que poco agrega a lo existente.

Imperialismo por invitación y “narcocentrismo”

Me recuerda una postura que vimos en algunas materias de historia del posgrado en estudios latinoamericanos, cuando tratábamos el caso de las élites políticas y empresariales de varios países del subcontinente, que, en la primera mitad del siglo XX, y hasta un poco más adelante, ya pedían expresamente la intervención o la invasión de Estados Unidos para resolver sus problemas internos y sacar a sus adversarios del poder. Se llama “imperialismo por invitación”, equivalente al autogol de que hablaba antes.

Además, no se considera el hecho de que una parte esencial de la generación de la violencia, ligada a negocios legales e ilegales en el país, se deriva de intereses y acciones de empresas transnacionales y extractivas, de grupos paramilitares disfrazados de “cárteles de la droga”, así como de dinámicas relacionadas con los tráficos de armas, drogas y personas y las formas de combatirlos, en (y desde) Estados Unidos, no sólo en México. Entonces, el riesgo es llamar a todo esto simplemente “narcoterrorismo”, ocultando la verdadera naturaleza de la violencia que generan tantos actores económicos y armados, internacionales o no.

Pasando a otra cancha, la narrativa “narcocéntrica” en América Latina ha caracterizado esta larga, turbulenta y precaria época que vivimos, la de la llamada “guerra a las drogas” (o bien, “al narco”, sea lo que fuera), y ha levantado cortinas de humo sobre la violencia que vemos alrededor nuestro.

En Europa, el equivalente de la narcoguerra americana, sobre todo tras el atentado a las Torres Gemelas del 11-S del 2001, ha sido sin duda la “guerra al terror” o al “terrorismo”, ya sea de matriz islamista, o bien, de origen étnico o separatista. Esto porque en el Viejo Continente no ha pegado mucho el cuento de los cárteles y de la droga como explicadores de todo crimen y violencia.

Aun así, allá hay mafias, “cárteles” (mejor dicho: grupos criminales organizados), y ríos de substancias, armas y dineros, legales e ilegales. Pero la otredad y el peligro, activadores del miedo social, dentro de los discursos mediático y político y en la propia praxis de las fuerzas del orden, son “el terrorismo”, o bien, “los migrantes”, como potenciales “portadores” de la amenaza terrorista y desestabilizadores de la economía o del bienestar en la decadente “fortaleza europea” (memoria de los castillos y las murallas medievales).

Ahora bien, querer fundir las dos narrativas globales estadounidenses, la del terror y del narco, con sus paquetes de batallas mesiánicas y securitarismos, tanto contra el terrorismo cuanto contra el narcotráfico, o lo que convenga en cada caso, es un experimento fracasado que ya hemos visto: desde el Perú de los ochenta y noventa, cuando la guerrilla de Sendero Luminoso, pasando por el cartel de Medellín y el Plan Colombia en las décadas de los noventa y dos mil, o por el Ecuador y la Centroamérica actuales.

Su única aportación y finalidad histórica no ha sido la cooperación y la resolución del problema de la violencia, del contrabando o del consumo problemático de drogas, sino el injerencismo de potencias extranjeras, el contraste a propuestas progresistas, las políticas internas de militarización y “mano dura”, y a la postre el reforzamiento de la misma estrategia de guerra a las drogas (y/o al “terrorismo”) para disfrazar, en cambio, luchas encarnizadas por los recursos naturales y el control de poblaciones y disidencias en los países del sur continental.

Antes del 1991, año de la disolución de la Unión Soviética, justo durante la Guerra Fría entre el bloque capitalista, con Estados Unidos al frente, y el bloque comunista, con la URSS al frente, la guerra era y tenía que ser “en contra del comunismo”, del “peligro rojo” o de la “subversión”, significara lo que significara en cada país y comunidad.

Pero hoy en día, si todo es “narcotráfico” o “narco”, si todo es “disputa por la plaza” y “vendettas” (es decir, “ajustes de cuenta”), se vuelve complicado reconocer claramente orígenes, motivos, perpetradores, negocios y redes criminales que están detrás de la violencia y que agravian a la población en los territorios. Y justo para confundir, difuminar al peligro haciéndolo todopoderoso y ubicuo, es que surgen las narrativas tóxicas o despistantes, pues no se trata de falsedades completas, de fantasías, sino de cuentos parciales y desenfocados.

Narcoterrorismo, humo sobre las violencias

Nadie niega realidades como las adicciones, tan altas en Guanajuato, por ejemplo, los homicidios dolosos o el contrabando de sustancias ilícitas, criminalizadas por el régimen prohibicionista global que ha promovido Estados Unidos en siglo XX. Sin embargo, podemos enmarcar estas problemáticas de diferentes maneras, centrando o descentrando el pivote de la atención y de la narración.

Las adicciones, particularmente entre las juventudes, podemos verlas como blancos del derecho penal o de la represión policiaca, o bien, como cuestiones de salud pública; los homicidios podemos encuadrarlos como “enfrentamientos entre bandas rivales” o como actos derivados de actuación de fuerzas armadas irregulares en conflicto, o como ejecuciones extrajudiciales, si alguna autoridad es omisa o activa en la matanza; finalmente, lo que es considerado “droga” y “narcotráfico”, en todo su ciclo de vida que va del productor al consumidor final, es producto de la prohibición legal selectiva de la producción y uso de ciertas plantas y químicos (pero de otras no).

Los ataques con coches bomba en los municipios de Acámbaro y Jerécuaro del pasado jueves 24 han cimbrado al estado de Guanajuato, pues las explosiones causaron graves daños materiales y dejaron heridos a tres integrantes de la policía local. El incendio de vehículos y locales en calles céntricas, desde luego, esparce miedo y zozobra en las y los habitantes de estas localidades, cuando menos. Otro efecto indirecto de los atendados es que, nuevamente, se aviva el debate sobre el “narcoterrorismo”, avivado por líderes políticos y medios periodísticos, dentro y fuera de México.

La primera vez que se habló de terrorismo ligado al narcotráfico fue en septiembre de 2008, tras el atendado con granadas de La Familia Michoacana contra la población de Morelia, reunida en la Plaza Melchor Ocampo para el grito de la Independencia, el cual dejó un saldo de ocho personas muertas y un centenar de heridos. El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, intelectuales como Carlos Montemayor o el entonces Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, calificaron lo sucedido como “acto terrorista”.

En efecto, más allá de si encajan en el tipo legal o si las conductas son perseguidas así por las fiscalías, ciertos ataques que hemos visto en México podrían clasificarse como actos o usos del terrorismo. Por ejemplo, según autores como Paul Pillar, quien, pese a o debido a sus transcursos en la CIA y la academia norteamericana, lúcidamente define el terrorismo como “violencia premeditada, políticamente motivada y perpetrada contra objetivos no combatientes por grupos subnacionales o agentes clandestinos, normalmente con la intención de atemorizar a la población”.

En otros casos, actos como coches bomba, el atentado en el casino Royale de Monterrey en 2011, los ataques de Playa del Carmen y Cancún en el 2017 contra un festival musical e instalaciones de la fiscalía local, o la explosión de un barco el 21 de febrero del 2018 en Playa del Carmen, hasta el día de hoy no se han podido identificar como terrorismo internacional ni doméstico, aunque varios actores de inmediato se apuraron a definirlos así.

Según el portal El Orden Mundial, “El narcoterrorismo es la combinación de terrorismo y narcotráfico. Se produce cuando los cárteles de la droga adoptan prácticas terroristas o cuando las organizaciones terroristas recurren al narcotráfico para financiarse, lo que no es infrecuente”, además de que “el concepto también se refiere a la colaboración entre ambos tipos de organizaciones criminales”. Si bien este último tipo de colaboración no parece existir en México, quizás la primera parte de la definición podría aplicar en ciertos casos de atentados de grupos criminales en México que se dirigieron contra la población civil, fueron indiscriminados y premeditados, pero en donde no siempre sería fácil encontrar una motivación exquisitamente política de fondo y, menos, una eventual finalidad antisistémica o subversiva del orden establecido, como sí tienen generalmente las organizaciones terroristas.

Es cierto que en algunos casos los ataques de este tipo se dan el contexto de cambios políticos y para influir a través del miedo en decisiones del nivel local o estatal y, entonces, tienen varios rasgos del terrorismo, pero igualmente han sido pocos los casos en que esto ha podido demostrarse cabalmente y en que no fueran mezclados intereses económicos prevalentes en el grupo criminal con intentos de condicionar la política.

A la hora de usar o abusar de esta categoría, recordemos que es un sueño perenne de Donald Trump hacer que los grupos delincuenciales mexicanos sean calificados como “terroristas”, aunque no tengan finalidades políticas directas o de subversión de las estructuras del Estado y sólo esporádicamente utilicen técnicas o atentados terroristas, que ni reivindican públicamente. De esta manera, abusando del término como suelen hacer en Estados Unidos, se justificaría de una vez por todas la posibilidad de intervención, incluso armada, del vecino del norte en México, como ya ha sucedido en varios otros países del mundo. Así que cuidado con el narcoterrorismo.

Por Fabrizio Lorusso desde Sin EMbargo

En esta entrega intento plasmar algunas inspiraciones y conexiones mentales sobre las fosas que constelan el paisaje de nuestro México dolido, horadado y resistente. Se trata de reflexiones fermentadas a lo largo de los últimos cinco años, pero destiladas comunitariamente la semana pasada durante dos seminarios en que tuve el honor de participar en la ciudad de Puebla.

El primero fue en la Universidad Iberoamericana Puebla, por invitación del Laboratorio de Arquitectura Forense, un experimento único y prometedor dentro del Sistema Universitario Jesuita, y en colaboración con la disruptiva Maestría en Comunicación y Cambio Social.

La fosa es el epítome de los desgarramientos civilizatorios, profundas rupturas sistémicas, o crisis, que nos sumergen y no nos dejan ver y comprender la realidad, como seres humanos y sujetos sociales, diría la socióloga Maru Sánchez, académica emérita de aquella casa de estudios.

Según ella, la fosa común, como la trabaja el filósofo Arturo Aguirre en su libro “Nuestro espacio doliente. Reiteraciones para pensar el México contemporáneo”, puede considerarse como el equivalente fáctico y conceptual de lo que en el siglo XX fueron los campos de exterminio nazis o los hospitales psiquiátricos y las prisiones, respectivamente en la obra de los filósofos Giorgio Agamben y Michel Foucault. Puntos finales y, a la vez, puntos de partida extremos de la humanidad y de la Historia, es decir, lugares de cierre, horror y oscuridad, pero también de arranque o salida hacia alguna luz u horizonte tembloroso.

El segundo encuentro fue en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el espacio arcádico del Seminario de Filosofía Forense, excepcional por su enfoque “entre cielo y tierra”, que coloca la filosofía en el mundo de las palabras y las cosas, entre arquetipos y vivencias, en diálogo con las ciencias sociales, la historia y la praxis. Ya de allí principian la letra y el habla sobre el tema y título del evento-discusión: “¿Qué es una fosa clandestina? Espacios de desaparición y hallazgo”.

Más allá de las definiciones técnicas o legales, que describen la fosa clandestina como una cavidad en la tierra, excavada artificialmente con el fin de ocultar restos humanos, cuerpos o evidencias, en el México actual ésta, junto con la desaparición de las personas, representa un quiebre en el sentido y la pertenencia de una comunidad. El hallazgo de una fosa arroja dudas existenciales sobre la viabilidad de la convivencia social y traduce la violencia en miedo, imágenes e imaginarios de muerte y terror.

Por eso las fosas son realidades disimuladas o evadidas constantemente por las acciones y las narrativas de los gobiernos, incluso cuando ya son descubiertas, visibles y replicadas morbosamente en medios y redes. Y también porque la fosa revelada, como tal, esconde y muestra al mismo tiempo sus propias condiciones de posibilidad: crimen reiterado sin castigo, violencia socialmente producida, atrocidad normalizada y colusión institucionalizada.

El adjetivo clandestino significa, según el diccionario de la Real Academia, “secreto u oculto, especialmente por temor a la ley o para eludirla” y está compuesto por clam (secreto, en latín) y destinus (del verbo latín destinare, que significa proponer, nombrar, asignar, enviar). El prefijo de implica la idea de separación, origen, pero también de descenso y caída. Podríamos pensarlo, entonces, como algo o alguien que fue mandado o ha bajado hacia la secrecía y la ocultación.

Común, dicho de una cosa, es algo “que, no siendo privativamente de nadie, pertenece o se extiende a varios”, y deriva del latín communis, en donde el prefijo con/com significa conjuntamente, enteramente, globalmente, y munus son tareas, servicios, oficios, funciones, obras o regalos. Común es, entonces, compartido, general, colectivo, realizado o recibido en conjunto, y contrario de particular y privativo (que a su vez es algo que “causa privación o la significa”).

Con razones de sobra, Arturo Aguirre, investigador de la BUAP, argumenta a favor del adjetivo “común” para caracterizar a las fosas de nuestro tiempo en la geografía mexicana, ya que el término “clandestina” en sí resulta ser estigmatizante.

Muchas veces en el discurso y en el imaginario colectivo la clandestinidad de la inhumación ilegal, de la fosa, termina extendiéndose a la persona (lo que queda de ella), que allí yace y es hallada debajo de la tierra, se le aplica a su trayectoria de vida y a su familia. Esto acaba criminalizando a quienes brutalmente fueron privados de la vida y desterrados-enterrados en cualquier sitio.

Además, como la verdad y la justicia son quiméricas en nuestro contexto, tampoco sabremos jamás qué fue lo que pasó, quiénes fueron los responsables, por qué lo hicieron, cómo transcurrió la víctima sus últimos minutos, cuál fue su historia y quién va a pagar por su desaparición y muerte.

La definición de lo clandestino, pese a haberse cristalizado en instrumentos jurídicos y en el lenguaje corriente, alude todavía, de una u otra manera, a algún presunto, posible, imaginable, pero no demostrable ni probablemente existente, “involucramiento” en actividades ilícitas o relacionadas con el mismo delito y la misma crueldad que, finalmente, padecieron quienes llamamos “víctimas”.

Es un círculo vicioso, más bien un corto circuito conceptual, en donde lo que queda realmente, tras galimatías y desviaciones de discursos tóxicos, es que no hay verdad ni justicia en estos casos, así que el Estado y la sociedad toda se deslindan y naturalizan lo aberrante, mientras que las culpas y las sospechas recaen sobre familiares, colectivos solidarios y comunidades cercanas.

Flashback n. 1

Iguala: el polvorín que nadie olió, por Esteban Illades, Nexos, 20 de octubre de 2014

En unos días se cumplirá un mes de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. A la fecha se han encontrado 19 fosas en las afueras de la ciudad de Iguala, y por lo menos 28 cuerpos.  Después de las primeras investigaciones, tanto gobierno estatal como federal han dicho que los restos encontrados no pertenecen a los normalistas, pero tampoco se ha dicho de quién son. Un grupo independiente de peritos argentinos también realiza estudios, y se espera que sus resultados estén listos en dos semanas. (El escolta que les asignó el gobierno, por cierto, está desaparecido desde la semana pasada.)

La fosa es tierra, pero también aire, que se agota dentro y debajo de ella. Es un agujero negro, pero también un vacío de existencia. Una oquedad física y un hueco ontológico, ético y de sentido. Es como la guerra. En el Mediterráneo, la fosa es mar, agua, desierto. Como cuando los vuelos de la muerte.  La fosa en el norte mexicano también es desierto.

En todos lados es un campo (tierra de disputa), es política, es memoria, es negada o reivindicada. La esconde un perpetrador (o muchos) que, a veces, después, anónimamente, revela en dónde está. La aparece. La descubre, tras haberla ocultado.

La fosa es lucha de narrativas: estatales, gubernamentales, criminales, nacionales, internacionales, privadas, comunitarias, sociales, familiares, colectivas…

En Salvatierra, Guanajuato, durante el mes de octubre de 2020, familias, colectivos de búsqueda, autoridades y solidarios trabajaron 40 días en un predio cercano al centro histórico para recuperar los restos de ochenta personas en sesenta y cinco entierros ilegales.

El colectivo local lo ha llamado “sitio de exterminio”, en donde se les negó vida e identidad a ochenta personas. Hace tres años, sin ser escuchadas, las familias manifestaron su anhelo por transformarlo en un jardín de la memoria que restituya dignidad a las víctimas y sensibilice a la sociedad.

Y es que para quienes allí cometían crímenes y violaciones seriales, aquel lugar era “el panteoncito”, espacio soberano y reinado de la muerte y la impunidad.

Para la fiscalía estatal el sitio ni era una fosa clandestina, pues tardó días en reconocer su naturaleza y admitirla públicamente. Y antes de aquel hallazgo negaba como tal la existencia de fosas en Guanajuato, cuando, en cambio, ya se habían documentado más de un centenar.

Para la sociedad es duelo o indiferencia, es miedo y reclusión, es desconocimiento de lo que sucedió, pero también puede ser sinónimo del tejido social que resiste ante las desapariciones y la necropolítica.

La fosa en México y allende, más que clandestina, siempre es común, compartida, religada, colindante, emergente y social. Nos implica a todos y todas, ya sea que la veamos. Ya sea que lo sepamos, o no. La fosa es entierro y destierro, expulsión de la comunidad y lo común. Es política de la muerte con la aquiescencia recidiva de aparatos del Estado.

Es dispositivo y tecnología del miedo. Pero entonces, ¿qué “tecnologías de la esperanza” se le pueden contraponer? Y parafraseo aquí al periodista y académico Darwin Franco, autor del homónimo libro sobre las “apropiaciones tecnopolíticas para la búsqueda de personas desaparecidas en México”. Es decir, las resistencias.

La fosa es tiempo y espacio, arqueología y geografía, memoria y huellas. Aunque no haya sido destapada, surte efectos, permea, muta genéticamente el panorama. Los toponímicos en el mapa, los letreros en las carreteras y los parajes en el territorio asumen nuevos significados, inexpresos, antisociales, a veces indecibles. La Bartolina y San Fernando, Tamaulipas, o El Conejo, en Irapuato, Santa Fe en Veracruz, o Pueblo Viejo, en Iguala, ya no son lo que eran después de las fosas.

“Los puntos”, positivos-negativos, diseñan una inédita cartografía emocional y forense de la violencia. ¿Cómo podemos revertirla, resignificarla? La fosa está presente antes de ser descubierta, antes de aparecer.

Flashback n. 2

Iguala. 2017. Hablando del aquel octubre del 2014. La “fosa uno”. Pueblo Viejo / La Parota. Entrevista FL con X.

X: En eso… Ellos empezaron a buscar a los estudiantes, los buscaban en los cerros, ellos salían en las mañanas y buscaban a los estudiantes vivos. Pero hubo un momento en el que, no sé en qué momento ocurrió, que cuando salieron a una búsqueda encontraron fosas. Alguien encontró, escarbaron y encontraron restos. Ahí, Miguel nunca nos dijo. No podría asegurarte porque yo no supe cómo fue eso, porque ellos trabajaban de tal manera que había personas que les decían cosas. Entonces, yo no sé si la primera fosa que encontraron fue porque… ¿Tú recuerdas que hubo “la fosa uno” que encontró el gobierno? Que encontró PGR, “la fosa uno”, que encontraron veintitantos cadáveres, ¿Sí lo recuerdas?

FL: Sí. [“Cuántos cuerpos fueron a tirar esos cabrones”, dijo un líder de la policía comunitaria UPOEG en Iguala en 2014]

X: Ah bueno, no sé si ellos empezaron a buscar en fosas derivado de “la fosa uno”, donde encontraron esos cuerpos. Si las encontraron porque de manera fortuita ellos iban buscando a los jóvenes. Y como eran campesinos, sabían las características, vieron algo raro. Empezaron a escarbar y encontraron más cuerpos, o si habían conseguido a algún informante que les dijera en tal zona hay fosas. ¿Sí me explico?

[Paréntesis. ¿Qué hacer como colectivo, como comunidad de dolor y búsqueda, cuando el papá de un joven jefe policiaco, que mandaba desaparecer gente, quiere integrarse al colectivo de familiares de personas desaparecidas porque también su hijo fue desaparecido y ahora lo busca? Queda abierta la cuestión.]

El libro, Recetario para la Memoria Guanajuato, contiene un poster que reza la siguiente frase: “Este campo nos alimentaba, ahora aquí nos buscan”, y nos enseña directa y límpidamente cómo se resignifica y trastoca el entorno, los cerros, las rancherías, los cultivos, golpeados por una violencia persistente y no sanada.

La fosa es impunidad duradera también, con ella y en ella la impunidad se engendra y se replica, se torna masiva, diacrónica, visual, olfativa, serial, multicapa y sin rémoras de ser.

La fosa puede ser miedo, terror, horror, parálisis, pero al mismo tiempo, para los otros, los perpetradores, cada fosa impune es menos miedo, menos terror, menos horror. Por eso es que se acercan a los linderos de la ciudad, esconden cuerpos en casas del centro urbano, a dónde incluso se pueden ver y oler. O los disuelven, luego, para mayor escarmiento y anulación. En el tiempo, las fosas penetran el corazón de la comunidad. Trastocan la convivencia, lo común imaginado e imaginario.

Su resonancia se expande en un murmullo-estruendo. Como piedra en el agua su impacto crea círculos concéntricos. Y, sin embargo, nace del silencio extremo, del ocultamiento temporal, o definitivo, y de la oscuridad cavada en la tierra.

La fosa fue monopolio de Estado: los técnicos, los fiscales, los forenses la controlan con su “saber-poder” y sus narrativas.

Pero en Iguala, Irapuato, en El Fuerte o en Sonora, en Colinas de Santa Fe y en otras latitudes, las personas buscadoras, las sobrevivientes, los testigos, los colectivos practican la desobediencia civil y rompen el monopolio legal, construyen “ciencia forense y agencia ciudadana”, o “ciudadanía peligrosa”, como se dice desde la academia, alrededor y dentro de la fosa.

Literalmente, mirando hacia arriba, desde dentro de la cavidad y profundidad de la fosa, es que las brigadistas buscadoras repiten: “Vivir para buscar, buscar para vivir”, o viceversa. Están entre cielo y tierra, entre vida y muerte, al calor de un abrazo y una lágrima al salir de la frialdad de las capas arqueológicas bajo suelo. Están “muertas en vida”, dicen, mientras que su ser querido, también, no se sabe si está vivo o muerto. Más bien, ni vivo ni muerto (está).

¿Qué es la comunidad frente a este vacío doliente? ¿Puede existir y resistir a partir de lo común que es el problema de la fosa? La reconversión, difícil pero posible, de las fosas y del exterminio que, día tras día, intentan hacer los colectivos y los deudos, las puede transformar en lugares de esperanza, memoria y reconstrucción, pese a y a partir de un vacío común, que ya no es clandestino. Nos revelan algo, que debe de ser bueno, sobre el ser humano, la muerte y la vida.

Por Fabrizio Lorusso desde Sin Embargo

El 15 de octubre se realizó la primera reunión entre la gobernadora del estado de Guanajuato, Libia Denisse García, y colectivos de búsqueda, buscadoras independientes y organizaciones acompañantes.

Entre las instituciones, también estuvieron presentes las y los titulares de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Seguridad y Paz, de la Secretaría de Gobierno, de las Fiscalías especializadas en derechos humanos y en el delito de desaparición, de la Procuraduría de Derechos Humanos y de las Comisiones estatales de búsqueda de personas y de atención a víctimas.

El último y único encuentro de este tipo en el estado fue el 16 de enero de 2020, cuando el entonces gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, mandatario en el periodo 2018-2024, sostuvo un diálogo con decenas de familias, aglutinadas en cuatro colectivos. Cuatro años y medio después, los colectivos son veinte y cinco y unen a más de mil familias, víctimas de violencia social, política, criminal e institucional.

Si bien hubo mesas de dialogo y sesiones de trabajo de los colectivos con Secretaría de Gobierno y con la Fiscalía General guanajuatenses en los últimos cuatro años, nunca volvieron a convocarse reuniones o seguimientos directos con el mismo gobernador, ocupado en asuntos “más importantes” y culturalmente lejano del lenguaje y las temáticas de los derechos humanos, la atención a las víctimas y la justicia.

En el sexenio, las desapariciones han crecido de poco más de seiscientas a cuatro mil doscientas, sin considerar la cifra negra de quienes no denuncian por miedo, represalias delincuenciales o desconfianza en la autoridad.

Por otro lado, como ya hemos documentado desde la academia y el activismo, de 2009 hasta mediados de este año, se registraron en Guanajuato por lo menos 660 hallazgos de fosas clandestinas con más de 1,200 cuerpos o restos individualizados en más de 30 municipios, particularmente a lo largo del corredor industrial, el Puerto Interior y la región Laja-Bajío, es decir, en las áreas de interés logístico y productivo y de mayor crecimiento económico e inversión de empresas transnacionales.

Como integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, organización académica y política de acompañamiento y fortalecimiento colectivo de las víctimas de violaciones a derechos humanos en el estado, pude participar en el encuentro entre autoridades y colectivos. Igualmente, el Comité Internacional de la Cruza Roja y Serapaz (Servicios y Asesorías para la Paz, AC) fueron las otras dos organizaciones invitadas.

Durante más de tres horas, mediante sus intervenciones, unas cuarenta personas, buscadoras y buscadores, expusieron pendientes, avances, problemáticas y solicitudes relacionadas con la política pública y la actuación de las autoridades en materia de desaparición y búsqueda de personas, tanto en la entidad como a nivel regional y nacional, en un ejercicio de construcción y puesta en común de prioridades, agendas, balances y reivindicaciones.

Escucharlas significó, asimismo, comprender el contexto profundo, situado y vivencial, de la violencia en Guanajuato, desde territorios diversos, cotidianeidades dolientes y experiencias directas de resistencia, denuncia y defensa de los derechos.

En Guanajuato, en otras entidades federativas y a nivel nacional, las comisiones de búsqueda, las fiscalías especializadas en investigar las desapariciones y las comisiones locales de atención a las víctimas han experimentado altibajos, avances y reveses en el intento de conformar una institucionalidad sobre desaparición y búsqueda de personas.

Por mencionar el ejemplo más notorio, después de grandes progresos y construcción de capacidades en la primera parte del sexenio pasado, varias funciones y áreas de la Comisión Nacional de Búsqueda, han sido reducidas o eliminadas, ha habido problemas serios con el manejo de cifras y registros, así como nombramientos cuestionables y francos retrocesos en el proyecto de los centros identificación humana. Así que el balance ha sido agridulce y queda allí una incógnita sobre el futuro inmediato y el papel efectivo de la institución.

Este articulado andamiaje de organismos, registros, protocolos, estándares y prácticas se echó a andar a partir de la paulatina implementación, entre 2018 y 2020, de las disposiciones de la Ley General en la materia, promulgada a finales del 2017, pero a la fecha queda todavía trunco y fragmentado, claramente ineficaz frente al reto de más de 116,000 personas desaparecidas y 72,000 cuerpos sin identificar en el país.

Tanto en los estados como en la propia Federación ha faltado una verdadera e integral política de Estado sobre las desapariciones, las búsquedas, la identificación y los procesos de reparación y justicia. El problema es doloroso, complejo y expansivo, por lo que debe entenderse y encararse de manera integral.

Volviendo a Guanajuato, cabe destacar que la reapertura de un diálogo, con tiempo y posibilidad para escuchar e interactuar, entre grupos sociales, buscadoras, acompañantes y representantes del Estado, representa un punto de arranque positivo.

Por otra parte, de entre los distintas propuestas y ofrecimientos por parte de las autoridades y de la gobernadora, destacan la realización de sitios de memoria, un grupo especializado de protección a buscadoras, el fortalecimiento de las células o grupos municipales de búsqueda, el aumento de presupuesto a las comisiones de búsqueda y de víctimas, un modelo transversal de atención a las víctimas que involucre a todas las dependencias y secretarías para que haya un acceso preferente a las buscadoras, apoyo a proyectos “de vida” o “productivos”, y programas de salud mental, particularmente para las infancias.

Sin embargo, habrá que prestar atención sobre todo a los tiempos y modos concretos de la realización en cada uno de los planteamientos, al respeto del principio de participación conjunta de las familias, al seguimiento puntual del tema delicado de la memoria y de los lugares y archivos que la forman y conservan, y, finalmente, al hecho de que las intenciones se conviertan en beneficios estructurales, durables, no revictimizantes y ágiles de movilizar para las personas buscadoras, más allá de enfoques asistenciales.

Otra propuesta desde el gobierno ha sido la de apoyar a los colectivos que quieran constituirse como asociaciones civiles, lo cual se puede leer en la óptica gubernamental de establecer alianzas, pero también formas de control para con organizaciones y movimientos, a través del financiamiento de proyectos o de la inclusión en mecanismos burocráticos.

Por un lado, como sucede en muchos otros contextos de la acción colectiva y social, puede ser beneficioso contar con la calidad de asociación donataria y recibir ciertos ingresos, así como tener la posibilidad de participar directamente o sostener postulaciones en convocatorias de distinta índole, incluyendo puestos en observatorio ciudadanos, a veces relacionados con el entorno político. Por otro lado, esto puede significar una carga relevante para la agrupación, si todavía no cuenta con las capacidades o la estructura como lo suficientemente rodadas y sólidas para gestionar administrativamente una asociación civil. Y, podría acarrear tensiones internas entre las y los integrantes si no se manejan con cuidado todos los aspectos en las tomas de decisiones, la composición y el aspecto financiero de la asociación.  Normalizar la lucha

Hablo, en el título de esta entrega, de “agenda estatal” y “agenda nacional” porque el proceso guanajuatense y las demandas colectivas sobre la crisis de las desapariciones y nuestro preocupante “panorama forense”, aplican al ámbito local, al macrorregional del Bajío y Occidente, y, desde luego, aun con matices, a todo México.

Justamente, al respecto, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, de la mano de algunos colectivos, ha estado trabajando en una agenda que, aunque detecta necesidades de larga data, traza rutas de discusión y propuestas con vistas a este inicio de sexenio. Aquí un punteo de lo principal.

1. Una Política de Memoria que, de la mano de familiares y colectivos, se estructure a partir de y vaya más allá de la construcción de un Sitio o Jardín de Memoria en Salvatierra, y que incluya reparación del daño, como parte de una serie de mecanismos hacia la paz, la justicia, la verdad y la no repetición. El tema es delicado en cuanto implica el reconocimiento de las responsabilidades del Estado en la crisis de derechos humanos y en las violencias sociopolíticas que afectaron la comunidad.
2. Un Plan Estatal de Exhumaciones de fosas comunes municipales, que reconozca la crisis forense y, además, construya capacidades para la búsqueda en sitios como pozos, cuerpos de agua y otros contextos de difícil acceso.
3. Independencia o mayor autonomía de los servicios periciales, que dependen de la fiscalía, pero que son regulados por ley como atribución del Congreso estatal, lo que implica modificar la Constitución del estado y crear el Instituto de Ciencias Forenses de Guanajuato.
4. Crear un Mecanismo Estatal efectivo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que incluya a las buscadoras como defensoras y constructoras de paz, en coordinación con el Mecanismo federal y organizaciones internacionales. Esto implica reformar la Ley y asignar un presupuesto suficiente.
5. Evaluar plazos de duración y funcionamientos de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), a 4 años de su creación. Las áreas de atención psicosocial, asesoría jurídica, desburocratización de trámites y apoyos, y el foco sobre niñez y adolescencia se señalan como claves para la CEAIV.

En el caso de la CEBP, se plantea y demanda que integre y publique el Registro de personas desaparecidas y el de fosas comunes y clandestinas, y los análisis de contexto. Varias instancias, representativas de colectivos a nivel regional y nacional, como la Unión Regional de Búsqueda del Bajío, piden que los Programas Estatales de Búsqueda sean estratégicos, revisables y que tengan un enfoque regional, interestatal e interinstitucional. Igualmente, es básico dotar a las Comisiones de suficiencia presupuestaria, recursos infraestructurales y humanos.

6. Creación de dos Programas: uno, de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas de la desaparición, responsabilidad de CEAIV, y otro de prevención y erradicación de la desaparición de niñas y mujeres, en el marco de la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres decretada por CONAVIM en diecisiete municipios de Guanajuato.
7. Es preciso realizar un balance crítico y una hoja de ruta y de atención ad hoc sobre cómo están avanzando (o no) los procedimientos de Acciones Urgentes ante la Organización de Naciones Unidad en Guanajuato, ya que, si bien un actor central en su seguimiento es la fiscalía estatal, las implicaciones y los compromisos que este tipo de casos afecta al Estado mexicano como tal y conlleva obligaciones internacionales para todos los niveles de gobierno.
8. Finalmente, cualquier mesa de diálogo debe mantenerse en el tiempo y progresar hacia espacios de trabajo e incidencia de parte de la sociedad civil organizada y, en este caso, claro está, de las familias y personas buscadoras, sus colectivos y vocerías, lo cual significa adoptar metodologías participativas, más allá de la necesaria escucha, encaminadas a una toma de decisiones cada vez más compartida y consensuada.

Por ello, la periodicidad de los encuentros y el alto nivel decisional de las y los funcionarios presentes no basta. Además, involucrar en estos ejercicios también a presidentes municipales y al poder judicial, para “bajar” los temas con otros interlocutores institucionales importantes, abonaría a una mayor coordinación, sensibilización e impacto de las mesas hacia futuro.

Para cerrar esta columna, profundizo un poco sobre el tema de la memoria. En 2020 en Salvatierra fueron encontrados los restos 80 personas en 65 fosas en un predio cercano al centro del barrio de San Juan. Desde 2021 familias del colectivo Ángeles de pie por ti y acompañantes de sociedad civil trabajan para que el predio, que definen como un sitio de exterminio, se transforme en un jardín de la memoria. En campaña, la ahora gobernadora, Libia Denisse García Muñoz Ledo, prometió cumplir con esta demanda junto con la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, después de que, por tres años, el proyecto fue pospuesto con pretextos como la insuficiencia de fondos o la indolencia del dueño del predio. El colectivo Ángeles de Pie Por Ti ha manifestado algunos puntos y solicitudes al respecto, retomando aspectos de la experiencia internacional y nacional, como el Informe final del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico publicado en agosto de este año, para una agenda mínima sobre la construcción de un lugar de la memoria en el contexto complejo de la violencia en Guanajuato, común a tras regiones del país en las últimas dos décadas.

Es importante que haya un reconocimiento público de graves violaciones a derechos humanos en el lugar y de las responsabilidades del Estado, junto con la promoción de formas consensuadas y periódicas de dignificación de las víctimas directas, así como el pleno respeto de la memoria construida y en construcción desde, por y para el colectivo y la comunidad en estos años. La formulación de mecanismos de esclarecimiento histórico que abran camino a la verdad, a la justicia, la reparación, y la no repetición, deben conciliarse con aspectos prácticos como la autonomía de gestión, la suficiencia de recursos y el apoyo a iniciativa de memoria.

Lo anterior debe de darse bajo el principio de no interferencia y de invulnerabilidad de los sitios de memoria ciudadanos en el espacio público. con reconocimiento oficial de que son relevantes para la visibilización de violaciones a derechos humanos, el debate público y la construcción de la memoria colectiva y la paz. Deben ser valorados y preservados los archivos históricos y de la memoria relacionados con el sitio, la violencia y la resistencia en Salvatierra, con las vivencias de las víctimas directas e indirectas, de las y los sobrevivientes y de la comunidad ante las desapariciones.

Esto es para que el sitio de memoria sea parte de un proyecto más amplio de reparación, con verdad y justicia, y de otras medidas, pactadas con las familias y organizaciones en distintos municipios, tanto en Guanajuato como en muchos otros espacios dolientes del país.

Por Fabrizio Lorusso desde Sin Embargo MX

El 30 de septiembre, día de cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, también finalizó el mandato del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, uno de los cinco mecanismos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, creada por decreto presidencial el 6 de octubre de 2021.

Desde el Artículo 1 del decreto, la Comisión se concibió como “un grupo de trabajo especial para cumplir las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con los hechos de violaciones graves de derechos humanos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990, a efecto de que se realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria”.

Asimismo, su labor debería facultar investigaciones ministeriales, procesos judiciales, y movilizar las instituciones responsables de la atención a las víctimas. Estos fueron los cinco mecanismos de la Comisión: 1. Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH). 2. Comité para el Impulso a la Justicia. 3. Programa Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas. 4. Programa Especial de Reparación Integral y Compensación. 5. Comité para el Impulso a la Memoria y la No Repetición.

 Informe del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico

Con motivo de la presentación del Informe del primer mecanismo, el MEH, por parte de los tres comisionados, Dávalos, Pérez-Ricart y Barrera, en la Universidad Iberoamericana León, el día 3 de octubre, condenso en esta columna unos comentarios sobre este trabajo.

Antes de todo, lo considero fundamental para la comprensión de la historia reciente del país desde la perspectiva de la lucha social y la construcción de memoria, a partir de la visión de víctimas y sobrevivientes, y de los derechos humanos como repertorio reivindicativo y campo contencioso.

Dentro del MEH, las personas comisionadas resolvieron dividirse en dos equipos de trabajo e hicieron públicos los resultados de sus investigaciones entre agosto y septiembre pasados.

Tres años de trabajos de campo, investigación documental y hemerográfica, pesquisa en archivos y dependencias, entrevistas y visitas, foros con víctimas y sobrevivientes, finalmente se materializaron en un informe con dos partes.

Una, titulada “Verdades innegables: Por un México sin Impunidad”, fue coordinada por la investigadora Eugenia Allier y se centró en la violencia de Estado contra cuatro grupos de víctimas de la represión: organizaciones político-militares, movimientos estudiantiles, disidencias laborales-sindicales, organizaciones para la defensa de los derechos humanos y de familiares de las víctimas (o “redes de apoyo contra la represión”).

La otra, titulada “Fue el Estado (1965-1990)”, fue coordinada por David Fernández Dávalos S.J., exrector de la Universidad Iberoamericana, Abel Barrera Hernández, fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y Carlos A. Pérez-Ricart, investigador del CIDE, identifica once conjuntos más de víctimas de la represión estatal: Comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas en el marco del control territorial, la lucha agraria y la contrainsurgencia; Poblaciones que se opusieron a políticas públicas de desarrollo; Habitantes de zonas donde se combatió el narcotráfico; Personas marginalizadas y criminalizadas; Integrantes de las Fuerzas Armadas y policiales; Disidencias político-partidistas; Movimientos urbano-populares; Disidencias sexo genéricas; Disidencias religiosas; Periodistas; Personas refugiadas guatemaltecas.

Gobernación

Cabe destacar que los tres comisionados presentaron y siguen presentando su trabajo ante la sociedad y las víctimas, sin embargo, no ha habido como tal un acto de entrega al ahora expresidente López Obrador.

Más bien, este acto fue sustituido, de alguna manera, por la divulgación, por parte de la Secretaría de Gobernación, presidida por Arturo Medina Padilla, de un resumen ejecutivo de todos los informes de los varios mecanismos, del cual fueron excluidos hallazgos y secciones significativas del trabajo del propio MEH.

El documento incluso dedica algunos apartados a señalar a los autores por haber incorporado una temporalidad qué excede el periodo 1965-1990. Además, se excluyeron del resumen ocho de los once conjuntos de víctimas identificados por el MEH.

“Omitir a estos conjuntos de víctimas del informe de la Comisión es un intento de negarles el reconocimiento público como víctimas de la violencia política estatal. Es un intento por borrarlas de la historia nacional”, expresaron los tres comisionados en un comunicado.

Lo anterior restó al Informe una parte de su impacto político y oficialidad, por así decirlo, por lo que los autores han invitado a realizar una apropiación social de su contenido y una agenda basada en sus recomendaciones finales al Estado mexicano.

Su propósito es, de hecho, que el ejercicio de memoria y verdad no termine, sino que se conforme como “un punto y seguido en la lucha incansable que los colectivos de víctimas y familiares han mantenido por décadas, en aras del derecho a la memoria, la verdad, la no repetición, la reparación y la justicia”.

De lo que se trata, pues, es de abrir procesos de justicia transicional a partir de este diagnóstico, de las recomendaciones y de la labor de la Comisión de la Verdad.

Entre las fallas del proceso, que nos deben llevar a una reflexión útil para eventuales futuras experiencias de este tipo, los comisionados han señalado, asimismo: la falta de voluntad política para apoyar sus labores en tramos críticos; el fracaso del eje de justicia y circunstancias que orillaron a la renuncia de dos de los integrantes del Comité de Impulso a la Justicia; el desmantelamiento del equipo de investigación sobre Guerra Sucia de la Comisión Nacional de Búsqueda; la ausencia de apoyo para dar curso a la iniciativa de Ley de Memoria y la formación de un Centro Nacional de Memorias; la ineficacia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que carece de facultades y recursos; la cerrazón de SEDENA en la entrega de documentos; la falta de claridad presupuestal y formas de injerencia desde Gobernación que entorpecieron el trabajo de investigación y orillaron a la renuncia de una de las comisionadas.

Sobre el Informe “Fue el Estado”

Cada volumen de la obra redactada por el MEH responde una pregunta específica en aras de aportar a la construcción de la verdad y de una narrativa distinta de la que típicamente se ha venido manejando sobre el periodo de la llamada “Guerra Sucia” o, mejor dicho, de la época de la contrainsurgencia en México.

¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Por qué sigue pasando? ¿Cómo evitar que siga pasando? Estas son las preguntas que, con su dimensión profundamente política, ética e histórica, han guiado la redacción del texto.

El InformeInforme, entonces, va hilando relatos y documentos sobre graves violaciones a derechos humanos, cometidas en contra de numerosos conjuntos de víctimas durante la “guerra sucia” y, en ciertos casos, hasta el presente. Luego los va relacionando con el análisis de las causas y del perfil de los perpetradores, ya sea individuales o institucionales, y con los factores de persistencia y las recomendaciones finales.

El Informe “Fue el Estado” se alimenta de un esfuerzo constante de diálogo entre pasado, presente y futuro con el fin de articular una narrativa distinta a la tradicional sobre las graves violaciones a los derechos humanos en México en el siglo XX, pero también sobre la persistencia de la violencia en el presente y las posibilidades para el futuro.

Los autores dicen que “fue el Estado”, citando el propio texto, “porque la enunciación de esta consigna, de esta denuncia, conecta los dolores viejos con los nuevos, el pasado con el presente”.

Desde el Estado, escriben, “se construyó la narrativa hegemónica que justificó la violencia, en aras de mantener una supuesta paz social y la estabilidad del país, cuando lo único que hizo fue sostener intereses políticos y económicos espurios. Fue el Estado, decimos, porque el cambio del paradigma contrainsurgente al paradigma de la guerra contra las drogas sólo significó una vuelta de tuerca más en esta larga historia de represión”.

Igualmente, sostienen, “fue el Estado quien, por su acción, omisión o aquiescencia, permitió la comisión de violaciones graves a derechos humanos; fue quien les negó la justicia a las víctimas, y a quien ahora demandamos la no repetición”.

Según el Informe, “entre 1965 y 1990 México vivió años aciagos”.

Un Estado, definido como “autocrático” y “violento”, llevó a cabo una política contrainsurgente, socavando el estado de derecho y violando derechos humanos de manera sistemática y generalizada.

Luego, desde la década de 1990, “con el desgaste de la lógica del enemigo interno, el Estado encontró en la guerra contra las drogas justificación para su acción contrainsurgente”. Pero, “esto es rastreable incluso desde antes del final de la Guerra Fría con las violaciones graves a derechos humanos cometidas desde inicios de 1970 en Sinaloa dentro del combate contra el cultivo de enervantes hasta nuestros días”.

Contrainsurgencia ampliada

De hecho, para explicar la violencia actual y el nuevo papel del Estado en ella, investigadoras y activistas como Dawn Marie Paley y Raquel Gutiérrez hablan de “contrainsurgencia ampliada”.

Entiendo el concepto como un dispositivo, un mecanismo, una extensión quizás más reticular y difusa, pero no menos efectiva y disruptiva, de lo que conocíamos como “contrainsurgencia” durante la llamada “guerra sucia”, en el contexto internacional de la Guerra Fría.

En cambio, en el marco actual de la globalización neoliberal, de las políticas neoextractivistas y de la narrativa tóxica de la “guerra a las drogas”, la contrainsurgencia se amplía.

Es decir, se despliega en múltiples dimensiones y sentidos: en el tiempo, en el espacio, en las formas, en los motivos y fines, en los actores-perpetradores, en los actores-omisos y, finalmente, en conjuntos heterogéneos y cambiantes de condiciones de posibilidad y reproducibilidad.

El detenido-desaparecido, como figura y objeto de la represión en el siglo XX en México, el Cono Sur y otros países latinoamericanos, se transfigura en las y los desaparecidos invisibilizados de la llamada “narcoguerra” y de una violencia que es privatizada, terciarizada y autorizada por el Estado en el siglo XXI.

La importancia del Informe del MEH, es, entonces, para el ayer y para el hoy: como reitera el texto, “los vasos comunicantes entre todas esas violencias muestran un tejido imbricado”, el cual no tiene fecha de inicio y de fin, sino continuidades y evoluciones hasta el tiempo presente.

En efecto, anteriormente, “cada gobernador, cada corporación policial, cada mando militar, terminó por interpretar qué o quién era un comunista, quién representaba una amenaza, cómo había que reprimir a las disidencias, disciplinar a la población y garantizar una gobernabilidad autocrática para la permanencia del régimen político de partido único”, explica el Informe.

El Estado trató de legitimarse en la construcción discursiva de un enemigo interno, siguiendo los lineamientos de la Doctrina de Seguridad Nacional de cuño estadounidense. A partir de estas doctrinas y narrativas, el Estado “reprimió, persiguió, castigó, y en otros casos cooptó, a disidencias políticas que anhelaban un país más justo y democrático”.

Si bien, hoy en día, ya no se habla del “comunista” o de reprimir a “las disidencias”, podemos sustituir estas palabras y “enemigos” con otras como “narco” o “juventudes” y obtenemos el mismo resultado, la afirmación funciona igual en el primer cuarto del siglo XXI. También podríamos sustituir la Doctrina de la Seguridad Nacional de ayer con la Guerra al Terror o la Guerra a las Drogas de hoy.

Hacia una nueva narrativa

En conjunto, el Informe de esclarecimiento histórico inaugura una nueva narrativa sobre este periodo de nuestra historia, al mostrar que no fueron sólo tres sino, cuando menos, catorce grandes conjuntos de víctimas los que sufrieron directamente la violencia estatal en un marco contrainsurgente, yendo más allá de la idea de que ésta sólo se había cometido contra militantes políticos o movimientos sindicales y campesinos.

Ante el cierre de los canales institucionales y pacíficos para las reivindicaciones populares y democráticas, la respuesta estatal se conformó como “un campo de acción que consintió y hasta promovió que distintos actores públicos, privados y extralegales activaran las fuerzas del Estado para fines particulares —políticos y económicos— y gestionaran conflictos locales y comunitarios de diversa índole”, relata el Informe.

Un gran aporte para entender la violencia es que “la participación reticular de una variedad de actores responsables nos muestra que, dentro de la sistematicidad de las violaciones, convivieron tanto mecanismos verticales y centralizados como espacios descentralizados y contingentes”, todo ello mediado por lógicas y niveles de represión distintos del nacional y anclados de forma no homogénea a los ámbitos internacionales y locales.

Por ejemplo, lo que sucedió en Guerrero fue diferente de lo que aconteció en Chihuahua o Sinaloa, además de que las violencias y el papel del Estado, desde luego, fueron evolucionando desde los años 60 a los 80 y 2000

De la “guerra sucia” a la “guerra a las drogas”

Un aprendizaje importante del trabajo del Mecanismo es que la puesta en práctica de técnicas y tácticas de represión del siglo pasado tiende un puente con el presente, en el sentido de que se han reproducido aquellas formas de la violencia dentro de épocas, territorios y paradigmas distintos.

Refiere el texto que “la guerra contra las drogas, como nuevo articulador, tomó la estafeta reorganizando la violencia estatal en torno a un nuevo eje ideológico: la militarización de la seguridad pública y la securitización de una amplia gama de problemas públicos”, en donde “el enemigo interno de perfil comunista fue desplazado por las figuras del cártel y el capo” y “el combate al narcotráfico se convirtió en la nueva justificación para el despliegue e intervención de lo militar en la vida pública”.

No obstante, esto no significó la inexistencia de nuevos planes contrainsurgentes, al estilo de la Guerra Fría, bien entrados los años 90, como lo demuestra el caso de Chiapas después de la insurrección zapatista.

Los patrones de control social, de violencia estatal, de impunidad pactada y de corrupción e inercia institucional no terminan por ley o por un recorte del objeto de estudio.

Entonces, citando el Informe, “un ejercicio de verdad asume que la pregunta por el pasado reciente es también una pregunta por el presente”. Por ello, en el reporte “Fue el Estado (1965-1990)” se abordan factores de persistencia de la violencia estatal hasta la actualidad.

El caso relativamente exitoso de construcción democrática en los países del Cono Sur, después de las dictaduras militares, nos muestra que, de no haber procesos profundos de justicia transicional y de reforma de policías, fuerzas armadas, fiscalías y poder judicial, difícilmente una sociedad puede transitar hacia la pacificación y la reconciliación.

Hacia adelante

Como parte de la academia y de la sociedad, no puedo no expresar agradecimiento, primeramente, a quienes rindieron los testimonios y participaron en este ejercicio de memoria, dejándonos un legado invaluable, así como también a los autores y la autora del Informe y sus equipos de investigación.

Celebro que no claudicaron, pese a la reticencia o, en ocasiones, a la franca obstrucción del Ejército a la libre y completa consulta de los documentos en sus archivos.

Gracias también por hacer lo posible con el fin de cumplir con su acometido y lograr entregar el Informe, a pesar de que el mecanismo estuviera fincado en la Secretaría de Gobernación, lo cual, en efecto, originó varias críticas y problemáticas a lo largo de todo el proceso y, especialmente, en sus fases finales.

Se valora, asimismo, que la escucha de las víctimas y sobrevivientes, de sus cuestionamientos y testimonios, públicos y privados, haya estado en el centro del trabajo, pensado desde y para todos ellos y ellas, así como para la sociedad en su conjunto.

Se agradece el hecho de que el MEH decidió pasarse, extenderse, más allá de los límites temporales del periodo 1965-1990 y más allá de los límites de la narrativa clásica sobre aquella época, cuyos efectos aún vivimos, sorteando presiones burocráticas, formalistas o políticas. Al abrir la mirada, se pudieron identificar conjuntos distintos de víctimas de la represión y plantear hipótesis razonables sobre la persistencia de la violencia posterior a 1990.

Gracias por tejer hechos y palabras, imágenes y documentos, en un horizonte de sentido coherente que nos permite entender, interpretar y empatizar. Esto, para abonar a la no repetición de los crímenes, e inaugurar caminos de sanación de las heridas sociales heredadas y persistentes.

Si bien otros mecanismos de la Comisión de la Verdad no culminaron o no dieron los resultados esperados, el MEH ha podido indicar caminos y recomendar medidas consecuentes, encaminadas a reconocer agravios y conflictos, a encarar sus consecuencias, a retomar el debate público y político al respecto y a retomar procesos de justicia transicional. Me parece que, de esta forma, se mantiene viva la discusión e indómita la memoria de injusticias invisibles u olvidadas dentro de una historia que es y está presente.

El Informe nos da un marco de entendimiento más profundo y extenso a la vez, aprovechable desde la universidad, el periodismo, la política y la militancia, desde distintas disciplinas y enfoques, desde varias geografías, diferentes territorios y personas, dentro y fuera de México.

Gracias al Informe, por cómo ha sido construido y por lo que contiene, nos acercamos colectivamente a verdades que, si bien no pueden ser únicas o definitivas, sin embargo, constituyen piezas fundamentales, antes relegadas en las sombras del olvido y del silencio, para por lo menos vislumbrar rutas de justicia y paz.

Cabe reconocer que la sección de recomendaciones, incluida en el primer volumen, propone una agenda densa y puntual de medidas desglosadas por autoridad y por área de intervención.

Finalmente, esto plantea, en mi opinión, que la discusión y apropiación del Informe y su proceso son tareas urgentes en los epicentros actuales de la violencia, como el estado de Guanajuato, desde donde escribo, pues cada una de las recomendaciones y contextos analizados concierne nuestra actualidad y realidad, particularmente a entidades y municipios, grupos sociales, políticos, empresariales, académicos y eclesiales, entre otros, comprometidos con la construcción de paz.

Por Fabrizio Lorusso desde Sin Embargo MX