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Un primer principio de este prontuario es que “si lo conoces, lo evitas”. Me refiero al virus de la derecha extrema, siempre en circulación y listo para desatar epidemias en momentos de crisis e inmunidad baja.

El proceso electoral del 2024 confirmó el más o menos abrupto decaimiento de los partidos referentes de las derechas, como PAN y PRI, y más contundentemente del PRD, quienes junto con MC constituyen el bloque opositor al gobierno de la 4T. El Verde es otro tipo de derecha, pragmática y transformista, pero representa un caso aparte porque ha podido mantenerse a flote durante décadas y hasta la fecha por sus redes clientelares y sus alianzas con los partidos perfilados como ganadores. Se han abierto, entonces, espacios políticos significativos en el campo que genéricamente podríamos definir “conservador”, los cuales probablemente serán llenados por formaciones y personajes con tendencias cada vez más radicalizadas a la derecha.

En julio pasado, el Proyecto Global contra el Odio y el Extremismo (GPAHE) publicó un informe y análisis profundo sobre el crecimiento del extremismo y las formaciones políticas de derecha en México, con el título de “Grupos de odio y extremistas de extrema derecha, México”. En su lista aparece una constelación de organizaciones que se vale mencionar y seguir monitoreando para evitar contagios de peste negra (o sea, neofascista).

El vademécum contenido en el informe es necesario porque en varios países de Latinoamérica, que durante los primeros quince años del siglo habían vivido oleadas de gobiernos progresistas de distinta índole y resultados, han experimentado el ascenso de opciones políticas cada vez más encarnizadas, ultrajosas y necroliberales, libertarias y violentas, de las derechas. Es decir, de un polo ideológico caracterizado por su énfasis en la libertad incontenible del mercado y la ley del más fuerte, en discursos de odio y misoginia, en detrimento de la justicia social y lo que huela a Estado, bienestar, reconocimiento de derechos y redistribución de riqueza.

A saber, para orientarse en la selva, los grupos señalados por el documento fueron: Abogados Cristianos; Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia/Evangélico Digital; Frente Nacional Anti-AMLO; Frente Nacional Por La Familia; Frente Nacionalista de México; México Republicano; Patria Unida Por Un México Valiente; ProLife Army; Raíces Radicales; Red Familia; Unión Nacional de Padres de Familia; Unión, Nación, Revolución.

Entre los dotados, quizás, de menor radicalidad intrínseca, pero sí de verborrea explícita, cabe agregar a Ciudadanos Unidos por la Libertad y su movimiento, alrededor de la página FB y web Xiudadanos.Mx, y los “todavía no muertos” de Encuentro Solidario (ex PES). Más ultra, en cambio, es Viva México, la propuesta partidista del actor Eduardo Verástegui, orador de rosarios en YouTube, afín a Milei y al trumpismo intransigente, al grito de “Dios, patria, familia y libertad”. Sandra Cuevas, exalcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc de CDMX, también tiene interés en un nuevo partido, con base en su asociación política, la “Organización por la familia y la seguridad de México”. Si la historia latinoamericana es maestra, entonces conviene echar un ojo atento a estos experimentos, nuevas iniciativas y repechajes de idearios y personajes, incluyendo a la excandidata Xóchitl Gálvez, con los remanentes de la “marea rosa”, y, más preocupantemente, a magnates perturbadores y odiadores profesionales como Claudio X González y el tío “Richie” Salinas Pliego.

Éste último, al anunciar en redes su encuentro con el argentino Javier Milei, el pasado 29 de noviembre declaró que “hay que dar la batalla con ideas y regresar a los Zurdos de mierda a la alcantarilla por donde salieron!!!” (sic), y que “los jóvenes de América Latina se merecen un mejor futuro y vale la pena dedicarle el tiempo”. Así de noble es el nivel de sus ideas y batallas. Muy inquietante en mi opinión es también “México Republicano”, “partido político binacional” basado en Chihuahua, con militancias estadounidenses y mexicanas, y muchas historias de extremismo y activismo anti LGBTQ+, además de ser un apoyo de CPAC México (Conferencia Política de Acción Conservadora, en inglés, Conservative Political Action Conference). “Queremos defender la vida desde su propia concepción, las libertades, la propiedad y queremos defender a la familia. Si esos son los principios, eso significa la extrema derecha… eso es lo que somos”, declaró a prensa Juan Carlos Hernández Mendoza, presidente del comité ejecutivo estatal. El líder del partido, Juan Iván Peña Neder, ex funcionario de Segob con Calderón, en 2013 fundó la organización clandestina  México Despierta,  filofascista y antisemita, a favor  de la supremacía aria y la esterilización de los indígenas, y hoy afirma representar a empresarios supuestamente atemorizados por “el gobierno de izquierda”.

Las mismas descripciones pueden acoplarse a los socios internacionales de esta constelación dispersa políticamente, pero unificada más que nada en el anti-obradorismo y el combate a los derechos. Estos aliados se asientan en Estados Unidos y España principalmente, como por ejemplo el partido franquista y xenófobo español Vox, que ha hecho varias incursiones y construye vínculos en toda América Latina, o las redes de la estadunidense CPAC y el Atlas Network, la que tiene como objetivo “promover políticas económicas de libre mercado en todo el mundo”.

Verástegui y compañía son sendos frecuentadores también de las actividades de Red Política por los Valores (en inglés, Political Network for Values), “plataforma global de representantes políticos y líderes a nivel mundial que promueven y defienden activamente los valores de la familia, la vida y la libertad”, presidida por José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano de Chile y excandidato presidencial hiperderechista.

Son muchos los factores históricos, políticos y sociales que han facilitado cierto resurgimiento de estos grupos “ultras” en el país, entre ellos, desde luego, la existencia y persistencia de gobiernos emanados de fuerzas de izquierda a los que se oponen, el apoyo que reciben de organizaciones similares y millonarias en el exterior, y la decadencia de las opciones políticas tradicionales dentro de las mismas derechas, entre el ya quemado neoliberalismo, el conservadurismo social regresivo, el globalismo entreguista y la venia anti-derechos.

El informe arroja luces sobre estas reconfiguraciones: primero, los grupos de extrema derecha con ideologías anti-LGBTQ+, anti-inmigrantes y neo-nazis están creciendo, particularmente el Frente Nacional Por La Familia, ProLife Army y Unión, Nación, Revolución; segundo, su dinámica es que estrechan conexiones con partidos y grupos similares en Estados Unidos y Europa, justificando o matizando los delitos motivados por el odio, en particular contra las personas LGBTQ+ y otras minorías. Además, siguen vivos grupos prácticamente ancestrales como bandas porriles universitarias y el mismísimo Yunque, una secta ultracatólica con más de 70 años de historia y nefastas influencias dentro y fuera de México.

Wendy Via, Directora General y cofundadora de GPAHE, comentó lo siguiente, en el boletín de prensa sobre el informe: “Nuestra investigación revela una tendencia preocupante en México. Estamos viendo un aumento significativo en el extremismo de extrema derecha que amenaza el progreso que México ha hecho para convertirse en una sociedad más inclusiva. Estos grupos están bien organizados, se hacen oír cada vez más y representan un peligro real para las comunidades vulnerables y los valores democráticos”.

Hay prejuicios muy arraigados, heredados del pasado, que continúan alimentando la discriminación contra distintas clases y sectores sociales, considerados o construidos narrativamente como marginados o inferiores, y que se capitalizan y movilizan a la hora de oponerse a reformas que reconocen o amplían derechos, sobre todo si son a favor de esos sectores.

“Lo que resulta especialmente preocupante es la naturaleza transnacional de estos movimientos. La misma retórica y tácticas que vemos en Estados Unidos y Europa están arraigando ahora en México. Es un duro recordatorio de que en nuestro mundo interconectado, la lucha contra el extremismo debe ser global”, añadió otra cofundadora de GPAHE, Heidi Beirich.

Pese al ciclo electoral y político orientado hacia la izquierda, se está dando un renacimiento y una evolución de la ideología, las movilizaciones y la reorganización de un consenso o de un discurso hegemónico entorno a valores y propuestas de extrema derecha. En palabras del informe, se trata de “un reto importante para el panorama social y político de México, amenazando con exacerbar las tensiones existentes en un país que ya lucha con altos niveles de violencia y violaciones de los derechos humanos”.

Centradas en la obsesión de la izquierda y el progresismo como enemigos a combatir, incluso con apelaciones a discursos y prácticas violentas, estas ideologías y maneras del accionar político tienen en común un magma de reivindicaciones antisociales y hasta criminales, elevadas a demandas políticas: agendas antitransgénero, nacionalistas-religiosas, antisemitas, neonazistas, antiabortistas, antimigrantes, misóginas y, por fin, antiderechos en sentido amplio.

La gravedad de esta amenaza, por el momento marginal aunque en aumento, será proporcional a los retos sociales y políticos venideros para México, en mi opinión, primeramente: la instalación del gobierno de Trump en EUA y los demás escenarios de crisis o guerra a nivel internacional; la incertidumbre sobre los desenlaces y los necesarios ajustes institucionales y sociales, derivados de algunas de las reformas constitucionales aprobadas y por aprobarse; la ampliación de los programas sociales y del Estado del bienestar en un sentido más extendido, lo que va junto con las crecientes presiones sobre las finanzas públicas, en ausencia de un debate abierto y urgente sobre una reforma fiscal progresiva que cobre a quienes más ganan y a los grandes patrimonios acumulados. Para contrarrestar probables futuras crisis, es preciso contar con un Estado social y del bienestar estructuralmente sostenible, profundo, transformador, garantista, y no con paliativos.

Especialmente este último aspecto es el que más me parece preocupante en el corto y mediano plazo, con vistas al mantenimiento de las promesas electorales de la coalición mayoritaria, la viabilidad de las reformas, la resistencia a injerencias o presiones desde Estados Unidos y la sostenibilidad global en el tiempo del proyecto abanderado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Un fracaso conllevaría no solo la reorganización sino la escalada electoral y social de pensamientos y bandos extremistas dentro de las derechas, a la conquista de los sectores “decepcionados” o excluidos con fáciles discursos fundados en el miedo, el morbo identitario, el odio y la exclusión.

A medida que México continúa enfrentando complejos retos sociales y políticos, los hallazgos del informe sirven como un recurso crucial para entender la evolución amenaza del extremismo de derecha y neofascista, prevenirlo y curarlo por tiempo.

Por Fabrizio Lorusso desde Sin Embargo MX

En campaña electoral el siempre inquietante y próximo Presidente de los Estados Unidos, el magnate republicano Donald Trump, definió la palabra “arancel” como la más bella del diccionario, sintetizando en su vocablo predilecto la cifra proteccionista y mercantilista que imprimirá a su gestión.

Más allá de la economía, por el lado de la política, la misma palabra fue y es, más bien, sinónimo de bullying y amenaza para fines de extorsión internacional y macrorregional, tanto contra socios y clientes cuanto contra los rivales.

Desde el punto de vista geopolítico, además, el “arancel” trumpiano o su amenaza significa un complicado y persistente intento de reposicionamiento táctico del país, en el marco estratégico de su dominio imperial global en declive.

Como ya he detallado en una entrega anterior, Trump representa el anhelo de ciertos sectores populares, de parte del sistema económico y de las élites de Estados Unidos hacia un retraimiento, una retirada aislacionista e identitaria, en búsqueda de “la grandeza perdida” y el “alma profunda” americana.

Esto, sin embargo, va en contra de la naturaleza y la proyección imperial de la nación, histórica y estructuralmente volcadas al predominio sobre los océanos, a la aplicación de la gendarmería mundial con base en doctrinas y mitos fundacionales, como el Destino Manifiesto, y que son solemnemente protegidas por los aparatos, el núcleo económico “globalista” y militar, así como por el “Estado profundo”.

Las grandes potencias y los imperios muchas veces, en algún momento de su ciclo histórico, lo son hasta en contra de su propia voluntad, o de la voluntad de capas importantes de su población y clases dirigentes.

En lo que va del siglo XXI, el poderío estadounidense, aun manteniendo una primacía absoluta en términos militares y de control de las rutas comerciales, ha experimentado una erosión constante de sus cimientos hegemónicos, es decir, de los factores de consenso, aceptación y convencimiento, articulados en el poder blando (soft power).

El lunes 25 de noviembre, después de un par de posts de Trump en la red Truth Social, cundió el pánico en los mercados y las cancillerías de medio planeta, ya que el tycoon amenazó con imponer aranceles del 25% a todos los bienes importados de México y Canadá, y del 10% a los productos de China. Ha sido una probadita anticipada de su administración 2.0 que ni siquiera empieza, pero ya provoca turbulencias.

Estas tarifas podrían ser parte de su primer decreto ejecutivo, al instalarse en la Casa Blanca el 20 de enero. Un decreto implica pasar por alto el Congreso y existe la posibilidad de que pueda ser suspendido. De todos modos, el efecto ha sido el de provocar respuestas y posicionamientos de los países potencialmente afectados y mover piezas en el tablero ara negociar “cosas”. Tal decreto iría en contra de los principales socios comerciales de EUA, justamente China, Canadá y México: los tres juntos el año pasado adquirieron productos estadounidenses por más de mil millones de dólares, pero exportaron unos mil quinientos millones de dólares a ese país.

Las eventuales nuevas tarifas de Trump pretenden paliar una balanza comercial deficitaria y supuestamente fomentar la producción interna y el mercado laboral, pero el riesgo es que, más bien, la alta inflación heredada del mandato de Biden suba todavía más y les pegue a las clases populares.

No hay que olvidar que un balance negativo entre exportaciones e importaciones, en donde sistemáticamente se importa y se compra más del exterior de lo que se vende, es un rasgo indeseable en el largo plazo para la mayoría de los países, pero es consustancial o estructural para el caso estadounidense.

Lo anterior se debe a su proyección externa como eje de la arquitectura económica mundial, como imperio y como “comprador” de última instancia, sobre todo a favor de aliados y socios, lo que se apoya en el dólar como moneda global de garantía y en la emisión desproporcionada de deuda garantizada por el mismo dólar.

Si bien estos factores han ido mermando en las últimas décadas, siguen vigentes, pero con creciente oposición interna, dentro de sectores diversos de la sociedad y la economía estadounidenses. Por tanto, la pulsión económica por invertir este balance comercial negativo estriba de la dimensión geopolítica, imperial e internacional, que se traduce internamente en la opción de política doméstica representada, de momento, por Trump.

Regresando al tema de los aranceles, esta vez el pretexto fue la noticia de una caravana de personas migrantes dirigida a la frontera México-Estados Unidos. Según la estrafalaria e histriónica “doctrina Trump”, este hecho le autoriza a aplicar retorsiones comerciales, que no extorsiones, a los demás integrantes del T-MEC (ex TLCAN), lo cual, de paso, violaría los mismos términos del Tratado. Pero bueno, who cares.

Finalmente, el aviso-amenaza no se concretaría en caso de que México y Canadá logren parar la inmigración ilegal y el narcotráfico y China detenga el tráfico de fentanilo y sus precursores químicos. Evidentemente los fines que Trump quiere que persigan China, México y Canadá son de por sí inalcanzables, y menos lo son de forma unilateral, es decir, dentro de un solo país. Además, dependen mucho más de factores y problemas dentro de EUA que de una supuesta falta de voluntad de sus socios comerciales, así que terminan volviéndose puramente instrumentales para la narrativa, el estilo negociador y los objetivos políticos de la próxima administración. Hasta que no se pueda aterrizar y aclarar el significado operativo, concreto, usado por Trump, de “detener esta invasión de drogas, en particular el fentanilo, y todos los inmigrantes ilegales a nuestro país”, difícilmente se podrá avanzar en alguna negociación de políticas regionales o bilaterales concretas.

Otra de sus patrañas es la afirmación de que “tanto México como Canadá tienen el derecho absoluto y el poder para resolver fácilmente este problema que ha estado latente durante mucho tiempo. Por este medio exigimos que usen este poder (…) y hasta que lo hagan, es hora de que paguen un precio muy alto”.

Estados Unidos ha sido por más de un siglo el promotor del orden internacional prohibicionista y punitivista de las drogas, y ha utilizado la narcoguerra en América Latina como herramienta política y de legitimación para fines de injerencia, armamentismo, militarización, desestabilización, dominación y control de recursos naturales, así que suena claramente cínico el llamado a que sus socios “acaben con el problema”, cuando “el problema” es complejo, global, pero también muy estadounidense.

Drogas, comercio y migración son los ejes discursivos que han movido las campañas mediáticas y políticas este año en Estados Unidos, así que lo más probable es que sean utilizados una y otra vez por el presidente electo y su séquito, como ya vimos durante el primer mandato de Trump. Sin embargo, la motivación geopolítica del principal dossier de política exterior para Estados Unidos no cambia y sigue siendo China.

Entonces, para sus socios-satélites, Europa, Norteamérica, América Latina, los aranceles tendrían objetivos de negociación, de repartición temporal de la carga imperial y extorsión de políticas favorables a la potencia, pero su adversario global, China, el sentido de los aranceles es distinto y se resume en la contención de una potencia en ascenso y de un peligro vital.

En efecto, Estados Unidos ha desplegado la Task Force Ayungin y ha suministrado drones para procesar datos en tiempo real en la isla de Palawan, con el fin de sostener a Filipinas en su contencioso con China en el Mar de China Meridional, acerca de la soberanía sobre el arrecife Ayungin. Como respuesta, China ha enviado fuerzas navales y aéreas para vigilar el vuelo de un avión militar estadounidense en el estrecho de Taiwán, una isla reivindicada por la China continental, es decir, la República Popular China, y cuya “reconquista” representa probablemente el más importante objetivo geopolítico chino en el medio periodo, junto con la expansión de su potencia marítima. De hecho, China pretende adueñarse de la isla para el año 2049, a un siglo de la Revolución, y esto significaría, finalmente, recuperar el control de rutas y salidas oceánicas importantes. China busca construir su alternativa a la globalización americana, o sea, las nuevas rutas o vías de la seda, por tierra o apoyándose en una red portuaria propia.

Por lo tanto, pretende abrirse camino a Europa a través de toda Asia, justamente porque está acorralada, pues sus mares ribereños y el Océano Pacífico frente a ella están completamente bajo control de Estados Unidos y sus aliados regionales. La inauguración, después de ocho años de obras, del puerto de Chancay, en Perú, responde a esta lógica: China, a través de la megaempresa logística Cosco, controla y financia esta escala estratégica, la más grande de Sudamérica, en el marco de las nuevas vías de la seda, de su aspiración a transformarse en potencia marítima y como respuesta a la contención estadounidense en el Pacífico.

Los aranceles geopolíticos de Trump pueden leerse, entonces, a la luz de este esfuerzo de “contra-globalización” China y de su rivalidad con Estados Unidos. De hecho, a la fecha, los aranceles contra China, desde el primer mandato de Trump, han surtido efectos, pues el país asiático ha ido perdiendo posiciones en el flujo comercial con EUA.

Pero, en el caso de México y Canadá, aranceles de hasta el 25% en su contra, podrían revertir este resultado y tienen menos sentido, pues los tres países, en muchos sectores, son parte de la misma cadena productiva y de valor por su alto y nivel de integración.

Sería contraproducente que Estados unidos penalizara a sus países vecinos, siendo México, por ejemplo, el único país grande de Latinoamérica del que China no es el primer socio comercial.

Entonces, se trataría de aranceles con fines tácticos o medidas coyunturales, y no propiamente estratégicas, quizás para reequilibrar la relación bilateral y pretender más de los que son y continuarán siendo sus principales socios en las Américas.

La misma dinámica se ha repetido con los socios europeos de Estados Unidos, que podríamos llamar, más bien, clientes o satélites, a los que Trump, durante su primer mandato, les pedía mayores inversiones militares e involucramiento activo en la OTAN a cambio de no emprender una guerra comercial atlántica.

Respecto de México, sin embargo, el acoso es mayor: el suprematismo racista del trumpismo se une a la vena propagandista hacia sus seguidores para plantear pretensiones tan genéricas y absurdas como exageradas, las cuales tendrían un costo enorme en ambos lados de la frontera y, de momento, parecen ser provocaciones para negociar y tomarle el pulso a la presidenta Sheinbaum y a su gobierno.

No obstante, nadie duda de que pueda llegar a implementar estas u otras medidas agresivas contra México, así que la advertencia sirve también para prepararse. La enérgica respuesta del gobierno mexicano a través de una carta de la presidencia, al día siguiente de la amenaza de Trump, me parece una buena jugada, un mensaje claro de que va a haber consecuencias concretas y respuestas contundentes ante decisiones drásticas y dañinas de Estados Unidos.

Por Fabrizio Lorusso desde SinEMbargo.Mx

Trump ganó la presidencia de Estados Unidos de manera neta pero no apabullante. Obtuvo tres millones dos cientos mil sufragios más que Kamala Harris en el voto popular, junto con la victoria en siete estados bisagra (swing states): Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Wisconsin, Nevada y Arizona eran estados con preferencias electorales “pendulares”, más variables en las encuestas, que finalmente se orientaron por Donald Trump.

En porcentajes, el 50.2% fue al republicano y el 48.1 a la la demócrata, así que la diferencia ha sido relativamente pequeña y la victoria de Trump se consolida sobre todo gracias al peculiar sistema electoral estadounidense, basado en colegios electorales y representantes estatales.

Un perdedor del proceso fue el Estado federal, no solo los demócratas como partido. Pierden, asimismo, los aparatos y los engranajes del estado profundo (deep state), que históricamente han impulsado o posibilitado la ejecución de las políticas globalistas, imperiales y extrovertidas (en el sentido de “proyectadas hacia afuera”) de la Unión Americana.

Ganan, de alguna manera, magnates como Jeff Bezos, fundador de Amazon y dueño de The Washington Post, y sobre todo Elon Musk, empresario derechista dueño de la red X, de Tesla y de la empresa aeroespacial de vanguardia Space X, quien representa aquella parte de la Silicon Valley que eligió y financió a Trump.

Por otro lado, pierden, políticamente hablando, los que no apostaron o lo hicieron por el bando derrotado, como el fondo inversionista y especulativo Blackrock, y los magnates Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett o George Soros. Esto lo afirmo, guardando las debidas proporciones, pues en realidad estos multimillonarios rara vez “pierden algo” y viven en otra dimensión respecto de la población común y corriente.

El Estado profundo, tras el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021, había identificado a Trump como una suerte de enemigo público, procesado, condenado y contrario a la “buena salud” de la República y de la democracia. Desde esta perspectiva, no hubo anticuerpos suficientes para neutralizar este “cuerpo extraño” que representa el magnate frente al sistema.

Los procesos penales aún abiertos en su contra, por el caso del Capitolio, el de la actriz Stormy Daniel y por injerencia electoral en Georgia, independientemente de cómo concluyan, tienen pocas probabilidades de llevarlo a prisión, siendo presidente.

Trump es totalmente parte de una élite, pero representa a la vez una revuelta contra la élite, y es una de sus paradojas. O bien, una de sus cartas, ganadora dos veces en un país en crisis económica y, sobre todo, de identidad.

La demanda generalizada de una sacudida al sistema ha predominado el 5 de noviembre, de la mano del ocaso del liberal-progresismo, que se había atribuido a sí mismo ciertas supuestas calidades de pivote moral y reserva racional del país, con aires de superioridad.

En cambio, nuevamente, con más ímpetu que en 2016, han sobresalido el nihilismo, el soberanismo agresivo, la xenofobia y la misoginia de la extrema derecha, más extrema que el mismo Trump, cabe recordarlo. Este coctel prevaleció por encima de la continuidad menguante, (neo)liberal y selectivamente progre del Partido Demócrata, o sea, de la cara centrista y socialmente más tolerante de la derecha y de las élites “ilustradas” e intelectuales. Su prevalencia en grandes ciudades, menor que la del 2020, y en los estados costeros, no bastó.

El Trump medio mártir y medio sobreviviente, un no-muerto redivivo que se salvó del disparo de un francotirador improvisado, supo capitalizar mejor las crisis y los resentimientos, a veces confusos o indeterminados, pero muy presentes en la opinión pública.

Las dificultades vividas en el día a día por la gente hicieron que, en su mayoría, considerara que el país está yendo en una dirección equivocada. Relacionado con ello, destaca también la baja aprobación del presidente saliente, Joe Biden, al final de su administración.

En los últimos cuatro años, han crecido en Estados Unidos la sensación de agravio, de acorralamiento, y la idea de trauma, como consecuencia de las duras restricciones y repercusiones de la pandemia de covid19, que hizo más de 900,000 víctimas, y del aumento de la criminalidad, del consumo de fentanilo, de las oleadas migratorias y de los precios, y con una inflación del 20% acumulada en el mandato de Biden.

Los asuntos más “decisivos” para esta elección han sido la economía, primeramente, y la inmigración, mientras que los temas del aborto, del sistema de salud y del cambio climático fueron importantes, pero muy distanciados de los primeros, entre las preocupaciones más apremiantes en Estados Unidos.

Quizás asfixia, miedo y depresión sean tres vocablos atinados para describir la sensación y situación para sectores ciudadanos importantes al norte del Río Bravo.

El encarecimiento significativo de la vivienda y de la seguridad social, de la gasolina y los alimentos, ha pegado en mayor medida en los bolsillos, de por sí precarios, de las clases y las minorías más vulnerables, de las personas jóvenes, migrantes y personas trabajadoras, sectores que han ensanchado el voto pro-Trump, incluso en las grandes ciudades, que normalmente tienen tendencias demócratas.

Tampoco le ayudó a Kamala Harris el tener que cargar con el fardo de un mandato demócrata poco brillante, por decirlo suave, y defender los fracasos de su correligionario, Joe Biden, entre los cuales destaca la condescendencia con el genocidio del gobierno de Israel en contra del pueblo palestino. Harris, finalmente, no era una outsider, fue vicepresidenta, lo que no es cualquier cosa a la hora de rendir cuenta sobre resultados y plantear propuestas.

Cuando la percepción es que no se tiene ya nada que perder, hay votantes que le dan la oportunidad incluso a opciones extremas y repugnantes, como el trumpismo y sus derivados, o bien, optan por la abstención o anulación del voto. La participación electoral en esta ronda 2024 fue del 65%, superior al promedio histórico, pero algo inferior a la del 2020. Sin embargo, resulta que Trump logró movilizar y convencer a votar a una parte de las y los “decepcionados” que antes no lo hacían.

Con una mayoría de consensos en la Cámara, en el Senado y en la Suprema Corte, y con mucha más experiencia sobre “el sistema” que durante su primer mandato, Trump probablemente tenga menos problemas en realizar sus nombramientos de gabinete, llevar a cabo “purgas” de opositores en la administración pública y en ejecutar sus políticas, incluyendo deportaciones y otras medidas inhumanas y masivas contra personas migrantes. Aun así, aquí está anidado un doble discurso siempreverde: xenofobia y creación narrativa del enemigo-migrante-terrorista, por un lado, pero, por otro, los intereses económicos y pragmáticos de empresarios, en busca de la reducción de costos, la docilidad sindical y la explotación laboral de indocumentados.

Bajo estas condiciones, Trump podría avanzar, más o menos paulatinamente, en un plan de sustitución del funcionariado de carrera de las burocracias federales, por ejemplo, del Pentágono, la CIA, el FBI, el Departamento de Estado, etcétera, con otros funcionarios de nombramiento político.

Esto sería con el fin de influir más decididamente en la implementación incondicional de las acciones de su gobierno y en las opciones mismas que la burocracia va preparando y colocando en la agenda para la toma de decisiones.

Sin embargo, este plan se antoja complicado y accidentado. Aun con mayores márgenes de maniobra que hace ocho años, el Trump reborn tendrá serias dificultades y concretos impedimentos para concretar todas sus ideas y propuestas.

Al respecto, hay que tener en cuenta que los aparatos tienden a persistir y frenar, controlar y codirigir ciertas directrices políticas y económicas y, en su mayoría, no están alineados con el trumpismo. De ahí el plan o la pretensión de acotarlos o sustituirlos.

Además, también existen divergencias internas, extremismos belicistas y oposiciones a las voluntades de retraimiento y aislacionismo, dentro del entorno cercano de colaboradores del próximo presidente, con respecto a temas cruciales como la política exterior, el papel y ejercicio de la guerra, el comercio y el proteccionismo, y sobre cómo, cuánto y cuándo enfrentarse con China, cerrar trato con Putin sobre Ucrania, o seguir apoyando al Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, entre otros escenarios.

Tanto con este tipo de intentos y medidas como con la consolidación de sus fieles en los más altos cargos de los tres poderes, este segundo mandato aspira a consolidar el trumpismo más allá de la figura de su creador.

Nada difícil, pues estamos hablando de una corriente política e ideológica que es consustancial a una parte de la sociedad estadounidense, a sus modos de ser y verse, la cual se ha delineado mucho más claramente en la última década y que encuentra en Trump solo una de sus tantas expresiones (y degeneraciones). La condición geopolítica e imperial de potencia global es estructural, impone o empuja trayectorias estratégicas que trascienden las movidas de la táctica y las coyunturas de un mandato. Por lo tanto, es casi imposible, en el mediano plazo, salirse de ella, salirse del mundo que se ha forjado y dominado por décadas, pese a que internamente cada vez más voces y voluntades lo pidan o lo sancionen.

Por Fabrizio Lorusso desde SIN embargo MX

La llamada reforma de supremacía constitucional, aprobada fast track la semana pasada por el Congreso federal y la mayoría de congresos locales, y publicada en el DOF el 1 de noviembre, ha sido objeto de acalorados debates entre opinionistas y constitucionalistas, periodistas, personas académicas y del medio político.

Esto se da en el contexto, o como consecuencia, de hecho, de otra reforma a la Constitución, la del 15 de septiembre de 2024, sobre el poder judicial y de una crispación política in crescendo entre los poderes legislativo y ejecutivo, por un lado, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el judicial, por el otro.

Otra forma de llamar la reforma de “la supremacía constitucional”, a mi juicio más clara, aunque casi impronunciable, es la de “reforma en materia de inimpugnabilidad” o “intocabilidad” de las reformas constitucionales. ¿Qué prevé y por qué genera polémica?

Primeramente, la reforma en cuestión no va a cambiar la supremacía o el rango de la Constitución como tal. Este rango ya es el más alto dentro de la jerarquía del ordenamiento legal existente, aunque en materia de derechos humanos debe de compartirse a la par o en conjunto con los tratados internacionales ratificados por México, atendiendo el principio pro persona.

Este principio se encuentra en el segundo párrafo del artículo 1º de la Constitución según el cual “las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los instrumentos internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

O sea, la persona juzgadora deberá elegir la norma más protectora de los derechos humanos y de mayor beneficio para la persona en todo momento, a la hora de interpretar y dictar sentencia.

Esto se lee en conjunto con el artículo 133 constitucional, por el que “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas”. Estas disposiciones no han cambiado.

La reforma recién publicada de “supremacía constitucional” modifica el artículo 105 constitucional, estableciendo que “son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución”.

Si bien estos recursos en la formulación anterior de la Carta Magna quedaban teóricamente abiertos, cuando menos según varias interpretaciones, nunca ha pasado en los hechos que procediera una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad en contra de la propia Constitución, de sus adiciones o reformas, pero sí, claro está, de leyes que se ubican en un nivel jerárquico menor dentro del ordenamiento.

Entonces, todavía queda abierta la posibilidad de utilizar estos recursos de inconstitucionalidad en contra de leyes secundarias, de rango inferior a la Constitución y que se consideren en contradicción con ésta o con los tratados. La Corte Suprema, tribunal constitucional de México, sigue siendo el órgano del poder judicial encargado de dirimir y resolver estos recursos.

La segunda modificación fue al Artículo 107, que ahora establece que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución”. O sea, se sube al rango constitucional la previsión, ya existente en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que prohíbe ampararse contra reformas constitucionales, pero continúa válido el uso del amparo en contra de normas de rango inferior.

En estos casos, a saber, cuando fueron presentados amparos o acciones de inconstitucionalidad contra una reforma constitucional, la Suprema Corte no había admitido su procedencia.

La excepción a este andamiaje histórico fue el proyecto de sentencia del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, relacionado con los expedientes vinculados a la denominada Reforma Judicial, propuesto “al Tribunal Pleno para contestar a las demandas de acción de inconstitucionalidad presentadas por diversos partidos políticos nacionales, un partido político local y la minoría parlamentaria de una entidad federativa”, como especifica la página de la SCJN.

El proyecto, rechazado por el pleno de la Corte el martes 5 de noviembre, representaba un tipo de sentencia manipulativa e interpretativa de la Constitución, no limitándose sólo a la estimación o desestimación de la demanda o proyecto, pues contenía una contrapropuesta que pretendía eliminar y modificar varios artículos de la reforma al poder judicial, ya publicada en el DOF tres semanas antes. Para algunos constitucionalistas y al menos cuatro ministros y ministras de la misma Corte esta pretensión excede las facultades de la Corte. Aunque es cierto que en muchos países los supremos tribunales ejercen control preventivo de constitucionalidad de leyes y tratados, esto no es así cuando se trata de reformas a la Constitución.

Por ejemplo, en Italia, mi país de origen que uso ahorita para fines meramente comparativos, una reforma constitucional entra en vigor cuando ha pasado por dos votos con mayoría simple (50%+1 de la cámara) o calificada (2/3 de la cámara) en la Cámara de Diputados y en el Senado, con intervalo mínimo de tres meses entre la primera y la segunda votación. Pero si en la última votación no hubo mayoría calificada, de dos terceras partes de las cámaras, entonces necesita ser aprobada por un referéndum popular confirmatorio. Sin embargo, después de este proceso, no hay revisión posible de parte de la Corte Suprema o Constitucional.

Por otro lado, en el país las fuentes legales derivadas de tratados internacionales tienen un nivel “cuasi constitucional”, en posición intermedia entre las leyes ordinarias y la Constitución, pero no superior a ésta. Lo mismo vale para el Tratado de la Unión Europea, aunque en este caso especial, en el territorio y orden jurídico nacional son directamente aplicables, sin traducción legal interna, los reglamentos de alcance general emanados por instituciones europeas. Aun así, tampoco son superiores a la Constitución.

Volviendo a México, a mi juicio, el proyecto de Alcantara Carrancá era polémico, porque básicamente intervenía en el fondo y en el contenido de una reforma y no en la forma o el procedimiento de aprobación de la misma, siendo ésta ya parte de la Carta constitucional, y porque cambiaba el sentido de las decisiones tomadas por el Congreso de la Unión y los legislativos estatales, siguiendo el artículo 135 constitucional.

Esto lo trató de hacer con base en interpretaciones y en la corriente teórica de los derechos humanos, sosteniendo que la reforma al poder judicial socavaría las bases de la división de poderes y varios principios constitucionales. Entre otros argumentos, consideró que la Corte es “competente para analizar reformas a la Constitución de forma excepcional, cuando resulte claro, directo y evidente que se hace valer una vulneración a la forma republicana, democrática, representativa, laica y federal del Estado mexicano”. Finalmente, el pleno no le dio la razón, es decir no procedió el proyecto, aunque no se analizó el fondo de cada uno de sus argumentos.

En la sesión del martes 5, el Ministro Alberto Pérez Dayán, al emitir su voto contrario al proyecto que declararía la invalidez parcial de la reforma constitucional del poder judicial, señaló que el máximo tribunal del país no tiene la facultad “para decir qué es lo que debió llevar o no la Constitución”, por lo que no se alcanzaron los ocho votos requeridos, ni se llegó a discutir el fondo del proyecto “alternativo” de reforma judicial de Alcantara Carrancá.

Por otro lado, Pérez Dayán manifestó su inconformidad con la reforma judicial y agregó lo siguiente: “Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad”, lo que es coherente con lo ya expresado por el Ministro con anterioridad en una situación similar.

Entonces, en mi calidad de visitador profano de las cuestiones jurídicas, pero atendiendo lo que expresaron integrantes de la SCJN, me parece que quedaría abierta la discusión sobre si la SCJN tendrá todavía facultades para examinar la legalidad del procedimiento (no del fondo) en caso de reformas o adiciones a la Constitución, lo que me parecería lógico y deseable: aun así, no parece del todo claro, por como quedaron formulados los artículos 105 y 107 recién reformados, y después del debate del pasado martes 5, además de que han sido divergentes las interpretaciones al respecto por parte de especialistas.

Por otro lado, como lo han señalado varias intervenciones de las y los Ministros, queda por debatirse más a detalle en el futuro la cuestión de si la Corte podrá o no nuevamente tratar de analizar el fondo de las reformas a la Constitución, como intentó hacer en esta ocasión, incluso a pesar de las restricciones impuestas por el nuevo texto de la misma.

Por ejemplo, en casos de que sean aprobadas disposiciones clara y gravemente violatorias de los derechos humanos, consagrados en la Carta Magna y en los instrumentos internacionales, desde el derecho interno ¿habrá un árbitro constitucional que intervenga antes de que la controversia tenga que llegar a instancias internacionales como la Corte Interamericana y se dé una condena contra México?

Por el momento, me parece que no hay entrada para esa posibilidad, aunque cabe reiterar que no es algo muy distinto, de todos modos, de lo que ya sucedía, pues esa opción no había sido admitida antes, en los hechos.

Estaba justamente a discusión. Sin embargo, después de esta semana, este camino parece cerrarse, con la fijación de un límite, marcado por la reforma de la “supremacía constitucional” y los mecanismos para llevar a cabo cualquier reforma, pese a la vigencia y necesidad del concepto, valor y rango de los derechos humanos en el ordenamiento.  

En el ejemplo que usé de Italia, tampoco es posible que la Corte Constitucional analice y enmiende el contenido de una reforma a la misma Carta Magna, aunque es cierto que allá el proceso para reformarla es más largo y puede incluso legitimarse al final con un referéndum popular, algo que en México también podría ser interesante debatir.

Por lo tanto, la vía para que se reforme la Constitución mexicana, no podrá ser una sentencia manipulativa de la Suprema Corte, sino el procedimiento legislativo reforzado del artículo 135, es decir, el de promover propuestas y alianzas parlamentarias que conformen una mayoría calificada de dos terceras partes en el Congreso y la mayoría de los congresos locales, come ha sucedido hasta la fecha; otra forma, más bien una variante, por así decirlo, porque el procedimiento interno es el mismo, se puede detonar como consecuencia de una sentencia contra el Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que demande explícitamente cambios al marco legal y/o constitucional del país.

Queda abierta la duda acerca de los nuevos y delicados equilibrios que estarán configurándose entre soberanía y compromisos del orden internacional; supremacía constitucional, mecanismos de reforma y derechos humanos, en el contexto de los cambios políticos, económicos y sociales impulsados por la izquierda de gobierno.

Por Fabrizio Lorusso desde Sin Embargo MX