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El 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada instituido por Naciones Unidas, se ha convertido en México en una de las fechas más significativas para quienes buscan a las personas desaparecidas, junto con el 10 de mayo, Día de la Madre en que se desarrolla la Marcha de la Dignidad Nacional. Ambos momentos constituyen recordatorios para toda la sociedad y las autoridades frente a una problemática que azota el país, pues ya son más de 110 mil las personas desaparecidas, no cesan los hallazgos terribles de fosas clandestinas y sitios de exterminio, así como la impunidad y la falta de verdad, justicia y reparación para las víctimas. A 10 años de la aprobación de la Ley General de Víctimas y a 6 años de la Ley General en Materia de Desaparición y Búsqueda, la deuda social de dolor e injusticia para con las personas que fueron desaparecidas es todavía muy alta y abierta. 

En Guanajuato la situación ha empeorado drásticamente en los últimos 5 años, de la mano de la descontrolada violencia homicida: en abril de 2018 había 621 personas desaparecidas según cifras oficiales, mientras que a la fecha ya son 3,800. Esto sin contar la cifra negra de centenares de estos delitos y violaciones graves a derechos humanos que no son denunciados, ya sea por miedo, por desconocimiento o, más bien, por la colusión de los ministerios públicos o las policías con los perpetradores. Al triste panorama forense de la entidad cabe agregar las más de 350 fosas y sitios, descubiertos en tan solo 3 años, en que fueron enterradas ilegalmente centenares de personas, así como los más de 1,600 cuerpos sin identificar como “tarea pendiente” de la fiscalía estatal. 

Ante este drama social de la desaparición y el menosprecio oficial al respecto, la respuesta ciudadana ha sido la unión, la organización y la búsqueda, especialmente la que realizan las brigadas independientes y los colectivos de familiares de personas desaparecidas, que en tres años pasaron de 2 a 20 en Guanajuato y son formados principalmente por mujeres. La exigencia individual de encontrar a un familiar ausente se ha transformado finalmente en el ejercicio de derechos y reivindicaciones colectivas ante las autoridades, gracias a la presión política y la labor humanitaria de pesquisa en campo por parte de las buscadoras y quienes las acompañan. En este sentido, como parte de su defensa de los derechos humanos, además de buscar, denunciar, marchar y acompañar a quienes apenas entran en el “mundo de la desaparición”, los colectivos fueron construyendo un nuevo sujeto político que visibiliza y sensibiliza sobre la desaparición, pero también sobre todas las problemáticas y desigualdades, de género, económicas, sociales, étnicas o territoriales, que se entrecruzan para perfilar a la población más vulnerable y sujeta a agravios históricos y actuales. Agravios que se han traducido también en amenazas y en asesinatos: han sido seis las personas buscadoras asesinadas en el estado desde 2020. 

En este contexto, el 30 de agosto ha representado en México y, más recientemente, en Guanajuato, una jornada de balance, de lucha, de formulación de demandas y de construcción de memoria, en la que las familias y colectivos se van reapropiando del espacio público, de las plazas, los templetes, las iglesias, los palacios y las calles para marchar, gritar, exigir, rezar, mostrar los rostros de sus desaparecidos y tratar de involucrar al “resto” de la sociedad, sumida en la indiferencia o el miedo. En la mayoría de los municipios, bajo impulso de los colectivos y organizaciones solidarias como las feministas, estudiantiles o de derechos humanos, se organizan marchas y misas para las y los ausentes, se pintan murales y se colocan placas, se muestran las imágenes y se proyectan documentales, se colocan árboles de la esperanza y la memoria en las plazas, se invita a la ciudadanía a solidarizar y, de esta forma, se van conformando un imaginario y una memoria colectiva que desafían un presente violento.   

Es justo ésta una de las funciones atribuibles a la memoria, pues es una construcción personal y también profundamente social, un juego irresuelto entre psique y entorno, y se deriva de reelaboraciones y resignificaciones del pasado, pero en función del presente y de cara al futuro. Puede ser anecdótica, “literal”, o sea formada por la reinterpretación de secuencias de recuerdos que no trascienden y por eventos aislados, considerados en su propia realidad particular. O bien, puede ser una memoria que el pensador búlgaro Tzvetan Todorov bautizó como “ejemplar”, ya que se relaciona con espacios y tiempos distintos, se entrelaza y no se aísla, se vuelve trascendente por ser normativa, hasta moral, y erigirse a manera de ejemplo y enseñanza para distintas situaciones y actores sociales, más allá incluso de las personas o de la comunidad que de inicio la había configurado o compartido.  

A través de acciones y narrativas, los grupos de buscadoras han ido reivindicando la memoria de sus seres queridos, primeramente, con el fin de dignificar a quienes todavía son buscadas y buscados y a quienes, en cambio, perdieron la vida, frente a la criminalización casi automática de las autoridades y buena parte de la sociedad, pero también han recurrido al trabajo de la memoria para narrarse a sí mismas, para dar sentido a los logros y los tropiezos de su caminar colectivo y para tejer historias divergentes respecto de las versiones oficiales y mediáticas. Asimismo, han ido sensibilizando a su entorno social, a las y los que creen que “nunca les va a pasar” y se sienten “a salvo”. Igualmente, la memoria es potente, presiona a las instituciones y empuja los cambios, se materializa en música y recetarios, consignas y platillos, mantas y espacios digitales, en el alma y la piel.  

“Ni todo el dolor puede paralizar la memoria construida al caminar”, rapea la artivista guatemalteca Rebeca Lane en la canción “Así te buscaré”, publicada justamente para el 30 de agosto de 2021, fruto de la colaboración de la misma Rebeca, el autor de este artículo y el colectivo leonés Buscadoras Guanajuato. Y es que el dolor común ha llevado a la búsqueda de vida y memoria, de verdad y de justicia, una vez que las víctimas se convirtieron en defensoras de los derechos y pudieron vencer, o al menos callar, el miedo y la indiferencia. 

Por Fabrizio Lorusso de Pulso Ibero Boletín n. 25 septiembre de 2023

Antes y después del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada de Naciones Unidas y de movilización nacional para las y los desaparecidos, la búsqueda de quienes aún faltan es y ha sido incesante. El corte de la recurrencia es simbólico, pero la materialidad de los pasos, las marchas, las pegadas de fichas, los murales y de las exigencias concretas de las familias en búsqueda se quedan como advertencias y herramientas vivas en la construcción de memoria y esperanza. La lucha de las mujeres de San Luis de la Paz por la verdad y la justicia para 22 migrantes, desaparecidos en 2011, nos recuerda que las desapariciones masivas no son un fenómeno nuevo en México. Aunque casos recientes como el de los cinco chicos de Lagos de Moreno (Dante, Diego, Jaime, Roberto y Uriel) o el de las cuatro mujeres de Encarnación de Díaz (Marisela, Rosa Olivia y Adriana Saucedo Zermeño, y Beatriz Hernández Martínez), en Jalisco, actualicen esta modalidad atroz de la desaparición, hay una lógica común, producto de impunidades y complicidades reiteradas, que estriba de la mercantilización de los cuerpos y el control armado de redes, economías y territorios.

Así es como se van trazando constantemente nuevas geografías de la violencia que cruzan fronteras de Arandas y la Barca a los pueblos del Rincón, de León a Lagos de Moreno, de Jerez a Aguascalientes, de la sierra de Lobos a las rutas rumbo al Norte que son cruces migratorios y nodos estratégicos de tráficos lícitos e ilícitos. Ante este panorama el Estado desprotege a las personas buscadoras y a quienes transitan por el país, a quienes defienden derechos o denuncian desde el periodismo, como ha sido evidente, por mencionar tan solo un ejemplo, en el caso de la reciente negativa de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato para dar seguridad a la Brigada Independiente de Búsqueda.

Presento aquí el testimonio, recogido el 1 de septiembre, de Evelina Guzmán Castañeda, vocera del colectivo Justicia y Esperanza, quien busca a su hermano Samuel, y a 22 migrantes de San Luis de la Paz, Guanajuato, desaparecidos el 21 de marzo de 2011.

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Por la ruta migrante

Nuestro colectivo sigue en búsqueda de nuestros familiares y de todas las personas desaparecidas desde hace mucho tiempo, más de 12 años. La exigencia continua hacia las autoridades desde entonces. Recientemente logramos que la CNB (Comisión Nacional de Búsqueda) presentara un plan de búsqueda, el año pasado, por lo que fuimos a diferentes estados de la ruta migratoria, y, en cambio, este año a raíz de algunos positivos e informaciones, hemos vuelto a algunas entidades: la semana pasada en Saltillo, vimos galerías forenses, e hicimos búsqueda en vida, pues esta sigue siendo la presunción para nuestros familiares, aunque estamos conscientes de que podríamos encontrarlos sin vida.

Coahuila está un poco más organizado que los demás, la fiscalía y CLB (Comisión Local de Búsqueda) colaboran más entre sí, hay mayor transparencia en tema forense. Lo que no sucede en Guanajuato de la misma manera. Se presumen el mejor laboratorio y las infraestructuras, pero no sirven del todo, si no hay seguimiento en investigación y transparencia.

Coahuila concentra los albergues más grandes, pues es ruta migratoria, fronteriza, para los migrantes nuestros, mexicanos, y de Centroamérica: notamos dos contextos de migración diferentes, sobre todo en cuanto a las rutas y el modus operandi del tráfico de indocumentados. Primeramente, se destaca que muchos migran en grupos grandes y otros en grupos pequeños.

¿De quién cuidarse?

En gran mayoría cuando entran al país son policías y elementos de la GN (Guardia Nacional) quienes en su momento les quitan dinero o teléfono, sus pertenencias, y los extorsionan, pues incluso les alertan de cuidarse de esas autoridades específicamente. Y es que la mayoría de los albergues tienen familias centroamericanas, casi no hay gente de origen mexicano.

Entonces, otra situación es que las y los mexicanos viajan por diferentes rutas, pero, al salir de cualquier estado, llegan a la frontera y los coyotes los guardan en casas de seguridad que, incluso, son instalaciones que aparentan ser casas particulares, que se disfrazan como “normales”, o se refieren al “hotel tal” (“El hotel guadalupano”, por ejemplo), pero no son hoteles reales, son posesión de cárteles. De allí, tardan de siete a quince días en pasarlos de esas casas al otro lado. En muchos casos, como el nuestro de San Luis de la Paz, luego no se sabe nada de ellos. Así que no es común que los mexicanos estén en los albergues de migrantes centroamericanos.

Una compañera de otro país se refería a que en su viaje desde el sur del continente tenía que pasar por Colombia y allí tienen que cruzar cuatro o cinco horas caminando por una selva [Darién] en donde grupos criminales las violan o asesinan, o les quitan todo a los migrantes. Luego esto puede replicarse rumbo a México y al Norte.

Albergues saturados y búsqueda

La Casa Migrante de Piedras Negras es una de las más adaptadas, era una escuela antes, y se la donaron. Aun así, recibe entre cien y tres cientos migrantes al día. Hay otra casa alterna, en donde sólo reciben a mujeres embarazadas, y está a dos tres cuadras de la casa más grande. Vimos otros albergues como “Por amor a ellos” en donde son pastores quienes lo dirigen. En general, no hay espacios suficientes y adecuados, pues en los seis albergues que visitamos hay una demanda muy alta.

Aunque casi no haya mexicanos en estos albergues, sí cabe buscar allí porque “los ojos de ellos, que están allí, son los nuestros”, pues por si los han visto en algún momento, por si los nuestros andan en situación de calle o en tránsito, vale la pena ir a preguntar, mantener el contacto tras la búsqueda, y así nos seguimos enfocando en la búsqueda en vida.

Un aprendizaje es que tráfico de indocumentados es una cosa, y otra es “migración”. En la primera, pues, están involucradas redes de autoridades, polleros, crimen, casas de seguridad, y autoridades como policías municipales o guardia nacional que trabajan con grupos criminales, según testimonios de compañeras de los albergues.

¿Sin las familias no?

Mucho del trabajo que se realiza en estas búsquedas es por impulso y solicitud de las familias. Se les exigió un análisis de contexto a CNB porque no lo tenían inicialmente, y han dado seguimiento. Aun así, el colectivo quiso comenzar a trabajar basado en su conocimiento y experiencia previa acumulada, hasta que luego se logró tener un plan, mesas de trabajo y cronograma, y más bien el colectivo exige a que estén todas las autoridades para reunirse, planear y acudir, incluyendo CEAV y FGR, CNDH, CLB de los estados. Me parece que, salvo las de Guanajuato y Coahuila que conocemos más, estas comisiones en varios estados aún tienen poca capacidad y experiencia. Tratamos de incluir y que estén presentes las instituciones de Guanajuato, y es para que se enteren, conozcan mejor el contexto, ya que todavía desconocen los detalles de nuestro caso, y porque finalmente el colectivo es del estado y actúa en varios frentes.

Mecanismos para o contra la esperanza

El MAE (Mecanismo de Apoyo Exterior) tiene todavía bastante que mejorar, por ejemplo, en el caso de las compañeras de Centroamérica, nos queda claro que, aunque esté este mecanismo, la dificultad sigue porque no hay participación de los consulados realmente, se les dificulta, siguen lejanos institucionalmente.

Por otro lado, el MEIF (Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense), relacionado con la crisis forense, la cual es transversal a la problemática migrante y en general a la situación de las y los desaparecidos, es un mecanismo en cuya creación hemos participado por más de cuatro años, un proceso largo junto con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México: es triste a la fecha la situación, porque esperábamos un mecanismo autónomo e interdisciplinario, con recursos y efectivo, y en cambio pareció subsumirse en la CNB, supuestamente para que se le pudiera inyectar dinero o capacidades, sin embargo, se extravió la ruta de alguna manera, se fueron saliendo de la institución y creo que sólo Coahuila y SLP y pocas entidades más han suscrito convenios. Vimos poca voluntad de la CNB para trabajar con el MEIF, este ha sido “ninguneado”, e incluso después se crea el CNIH (Centro Nacional de Identificación Humana) y el MEIF pasa en segundo plano. Igual les dijimos que, en varios de estos frentes y mecanismos, estuvieron trabajando sin las familias, y que prevalecieron, quizás, otros intereses políticos por encima de los acuerdos para con el funcionamiento MEIF, para su efectividad y alcance. Esperemos que se pueda recuperar con el apoyo del movimiento y las familias.

Por Fabrizio Lorusso / Evelina Guzmán* desde Desinformémonos

Foto: cortesía colectivo Buscando a Pablitos y Plataforma por la paz y la justicia en Gto

* Académico de la Universidad Iberoamericana León, integrante Plataforma por la Paz y la Justicia en Gto, y proyecto Pronaces – Conahcyt 2022-2024 (n. 319130); Evelina es vocera del colectivo Justicia y Esperanza en San Luis de la Paz.