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Il record del pericolo

L’Ecuador si trova impegnato su due fronti: da una parte, sta subendo un’ondata di violenza che ha portato 30 morti in 3 giorni, compreso un sindaco; dall’altra, si avvicinano le elezioni che avranno luogo il prossimo 20 agosto. Di questo e altro ne parliamo in diretta dal paese andino col professore dell’università di Otavalo Daqui Lema.
Da lì attraversiamo la frontiera per arrivare alla selva del Darién, fra la Colombia e il Panama, dove secondo il governo panamense, dall’inizio anno fino al 31 luglio hanno attraversato il pericolosissimo percorso il record di 248.901 migranti irregolari, con una quantità imprecisata di morti. Di questo pezzo di terra poco conosciuto in Europa e della situazione attuale ce ne parla, da Bogotà, Simone Ferraris, ricercatore dell’Università degli studi di Milano. -
Panteones de Guanajuato como escenarios de búsqueda de personas desaparecidas


Como parte de sus atribuciones y responsabilidades, la Comisión Nacional de Búsqueda de personas (CNB) ha emprendido un esfuerzo de concentración y homologación de la muy dispersa información sobre cuerpos y restos humanos en las fosas comunes de los panteones mexicanos, contenida en miles de registros, bitácoras, carpetas, averiguaciones, libros y bases de papel o digitales. Esto es con el fin de integrar el Módulo de Fosas Comunes (MFC) del Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, cotejarlo con el Registro Nacional de Personas desaparecidas y No Localizadas u otras bases y avanzar en la localización de personas o de “falsos positivos”: es un ejercicio que responde al mandato de las leyes vigentes y que debería realizarse en cada entidad, pero en los hechos no se lleva a cabo[2]. Este trabajo no se basa en inspecciones arqueológicas de las fosas o en planes de exhumación e integración de archivos básicos y genéticos. No obstante, también el trabajo de prospección y exhumación en las fosas comunes debería constituir una prioridad en las entidades, debido a la crisis forense nacional.
Guanajuato no es la excepción, la entidad carece de los registros o de las características previstas para estos en las leyes o, al menos, de sus versiones públicas y actualizadas en tiempo real, las cuales abonarían a la búsqueda de las y los desaparecidos y al conocimiento social sobre el fenómeno. Por tanto, los panteones municipales representan posibles escenarios de búsqueda de personas desaparecidas (según el Protocolo Homologado)[3], particularmente las de “larga data”, que siguen siendo buscadas por sus familias, por los veinte colectivos de Guanajuato y de los estados colindantes, por lo menos. Esto es válido especialmente para los casos anteriores al 2 de octubre de 2020, fecha en que comenzó a funcionar el Centro de Resguardo Temporal (CRT) o “panteón forense” de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), mismo que concentra, desde entonces, los cuerpos y restos encontrados pero no identificados.
En sus casi tres años de vida, hasta el 15 de mayo del año en curso, han sido 104 los cuerpos o restos transferidos de las instalaciones municipales al CRT[4], sin que las familias, la sociedad y las organizaciones acompañantes de estos procesos hayan sido informadas o avisadas previamente, por lo que hace falta articular un plan de exhumaciones completo que respete el principio de participación conjunta, siendo los panteones escenarios de búsqueda y posibles contextos de hallazgo. Por el momento la CNB cuenta solamente con datos de panteones de Chiapas, Cdmx, Edo Mex, Guerrero, Jalisco, Puebla, Sonora y Veracruz, por lo que no hay una base sistematizada o un diagnóstico sobre Guanajuato, así que desde lo local hay un área de oportunidad importante para adelantar resultados, de la mano de las familias.
Según la FGE, hay 825 cuerpos sin identificar en panteones municipales del Estado, de los cuales 261 corresponden al periodo 2018-2020. La gran mayoría no cuenta con archivo básico o estudios genéticos para su cotejo con Codis (acrónimo del software “Sistemas de Índice Combinado de ADN”) o dentro de los incipientes e incompletos Bancos de Datos Forenses del nivel federal o de los estatales.
En cambio, en el panteón forense de Guanajuato capital, a la fecha del 13 de junio de 2023, había 829 cuerpos sin identificar, de un total de 956 cadáveres. La diferencia de 127 corresponde a los no reclamados, aunque la fiscalía no registra o no otorga información sobre los motivos por los cuales estos quedan como “no reclamados”: hay casos en que las familias no reconocen el hallazgo de su ser querido, desconfían del proceso de identificación, o bien, consideran que no es adecuado porque sólo se encontraron algunos restos o “porcentajes” del cuerpo y pretenden, como es en su derecho, que se siga buscando lo que falta o que se les brinde un segundo peritaje independiente, algo que las fiscalías suelen rechazar violando la Ley General de Víctimas y la General en materia de Desaparición.
Finalmente, entre panteones municipales y el forense ministerial (también llamado “Parque Funerario”) tenemos en Guanajuato un total de 1,659 cuerpos sin identificar (es decir, no se les puede atribuir una identidad “con nombre y apellido”, saber exactamente quienes son, aunque tengan hecho su archivo básico y perfil genético).
Esta cifra ha ido variando a lo largo de los años y vale la pena destacar que: en promedio se ha mantenido por cerca de la mitad de lo que ha sido el número de personas desaparecidas en la entidad; tendencialmente ha estado creciendo, aunque paulatinamente y con variaciones. Por ejemplo, al 26/04/23 había 1,186 cuerpos en el panteón forense, de los cuales 790 eran “no identificados” y 166 solamente “no reclamados” (folio 112093900048523 del 2 de mayo de 2023).
Al 18 de mayo, los cuerpos no identificados eran 944 (folio 112093900053823), y 829 en junio. Los cuerpos que están en el panteón ministerial o forense cuentan, según FGE, con archivo básico y perfil genético, pero los que están en panteones municipales generalmente no tienen perfil genético ni, en su mayoría, archivo básico. Varios no tienen siquiera registro o indicaciones mínimas para distinguirlos, por lo que deben de representar una prioridad, ya sea para descartar o confirmar que su identidad corresponda con la de personas desaparecidas.
En Guanajuato hay 3,799 personas desaparecidas al 30 de junio de 2023: 3,634 del 01/01/2012 a la fecha (dato fiscalía estatal folio 112093900067023 del 10/07/2023), y 165 anteriores o “de larga data” (dato CNB RNPDNO al 16/07/2023). En el mes de abril pasado eran 184, así que también sería interesante saber cómo fue lograda la localización de estas 19 personas, desaparecidas antes del 2012, durante el año en curso: si fue mediante búsqueda de gabinete, por oficios o empate de bases de datos, o bien ubicación directa con o sin vida. Por lo general, desconocemos sobre las formas en que se consiguen las localizaciones, si fue por acciones de alguna autoridad, de los colectivos, de la familia, o bien, por ejemplo por decisión o acción de la persona ausente. Los registros podrían arrojar esta información para una mejor comprensión de la situación y el contexto.
A nivel nacional, en 2020, un informe del Movimiento por nuestros desaparecidos en México, denunció que había más de 52,000 cuerpos sin identificar en el país, en Guanajuato eran 818: hoy, tres años después, son más del doble en este estado, así que a nivel nacional la situación podría ser realmente dramática.
Con base en información de los municipios, conseguida vía Plataforma Nacional de Transparencia, cabe destacar que la información disponible y la situación concreta son muy disparejas entre panteones y localidades, pues, por ejemplo, Silao declara haber perdido todos los registros, que eran de papel, debido a la intemperie (sic), mientras que Celaya, en cambio, posee un registro completo digitalizado de sus fosas comunes, con los nombres de las personas identificadas, así como la información de las gavetas y la localización de los restos y las personas no identificadas. Irapuato menciona no contar con fosas comunes, pero sí con 175 cuerpos no identificados en “gavetas murales”, sin embargo, no siempre los datos, sintetizados en la tabla siguiente[5], que entregan los municipios coinciden con los que comparte la fiscalía.
En el caso de Irapuato la tabla indica la cifra de 144 cuerpos sin identificar en fosas comunes, pero el municipio declara tener 31 más que ni están en una “fosa común” como tal. Esto, aclara la CNB, podría deberse a que “otras autoridades, especialmente procuradurías o instituciones asistenciales, pueden tener registros o documentación relativos a los cuerpos y restos que han remitido, pero la normativa del MFC no contempla la integración de esas fuentes alternativas. Esto puede generar variaciones entre las cifras reportadas por distintas instituciones usuarias de la fosa común y el MFC”. Sin embargo, justo por esta razón, es fundamental actualizar los datos a partir de fuentes, registros e inspecciones a nivel estatal, por medio de la actuación conjunta de las comisiones locales de búsqueda, la nacional, los municipios, las familias, personas expertas independientes y, sobre todo, las fiscalías, con el fin de favorecer identificaciones, hallazgos potenciales positivos, cotejo y reordenamiento de la información, y descubrimiento de eventuales irregularidades.
A la luz de esto último, no está demás recordar que en el país han existido fosas que fueron a la vez comunes (del Estado) y clandestinas (con inhumaciones irregulares), es decir, fosas como las de Jojutla y Tetelcingo, Morelos, en las que más de cien cuerpos y decenas de restos fueron inhumados clandestinamente por el Estado, de manera criminal, sin humanidad ni respeto de los protocolos, como bien lo han mostrado el filme documental Volverte a ver, el Informe de la Universidad Autónoma de Morelos[6] y el GIASF. (Tabla cifras panteones Guanajuanuato link)

Descargar los datosCreado con Datawrapper
En Guanajuato, como en otros estados, vale lo que la CNB señala en su página, pues los datos “heredan las características y limitaciones de la fuente de la que provienen”, y esto puede implicar que “donde el servicio de fosa común se ha prestado durante décadas y las prácticas de baja documental han purgado documentación, el MFC (al igual que el panteón) no tendría ninguna información anterior a la última depuración […]; en panteones cuyas administraciones no registran ni resguardan ningún documento referente a las maniobras en su fosa común, el MFC no tendrá información […]; si el panteón omite llevar un registro de exhumaciones o reinhumaciones, la información del MFC estará desactualizada en relación a la realidad física de las fosas comunes”[7].
Cuando los registros (normalmente en Excel), elaborados por la Comisión Nacional de Búsqueda, o bien, la información proporcionada por los municipios y sus cementerios (ver link a la carpeta de GTO de la Plataforma por la Paz y la Justicia), no cuentan con datos o estos son imprecisos o parciales, esto no significa que no existan fosas comunes o inhumaciones de cuerpos no identificados en las mismas, o bien, que no existan cuerpos resguardados en otro tipo de estructura, ya que los errores y las malas prácticas son pan de cada día.
Hay algunas anotaciones dela CNB que pueden ser relevantes para estos “escenarios de búsqueda”. Aunque haya cierta información registrada en los panteones o en las carpetas y las averiguaciones previas, puede que no sea suficiente o precisa, que no determine la posición o sitio de un cuerpo dentro de la misma fosa, y que constituya, entonces, tan solo un indicio de un posible positivo o de algunas características (por ejemplo, fecha de inhumación o rango de fechas; datos físicos o sociodemográficos, etc.): por lo tanto, sería importante contar con métodos certeros, como el estudio del ADN, para volver a catalogar a las personas allí resguardadas y dar certidumbre a las familias en búsqueda. Finalmente, señala la CNB en su página que “la recuperación de los cuerpos y restos de fosas comunes es compleja y requiere de un enfoque masivo, en el que no sólo se exhuman los restos de una persona sino el conjunto de la fosa, resguardando de forma individualizada lo que todavía no haya sido reclamado, evitando maniobras innecesarias y facilitando procesos posteriores de identificación y restitución”.
Según la Ley de Búsqueda del Estado de Guanajuato[8], el Registro Estatal de Personas Desaparecidas está a cargo de la Comisión Local de Búsqueda, así como el Registro Estatal de Fosas Comunes y Clandestinas. A la fecha, el primero tiene la forma de un registro parcial, con casos desde el 2020, de las personas desaparecidas, sin versión pública, y el segundo como tal no se ha implementado: hay una propuesta legislativa de reforma de colectivos guanajuatenses y de la Plataforma por la paz y la justicia que plantea reordenar este tema, creando una versión pública detallada y actualizada periódicamente para consulta de la ciudadanía, y otra para familiares, y además propone, mediante reforma constitucional, la creación de un instituto autónomo de ciencias forenses para Guanajuato, pero no han avanzado por las tergiversaciones legislativas y los bloqueos del oficialismo panista.
La FGE debe mantener, en cambio, el Registro Estatal de Datos Forenses, la herramienta del Sistema Estatal que concentra las bases de datos del Estado y municipios y también, dentro de éste, el Registro Estatal de Personas Fallecidas y No Identificadas, que concentra la información forense procesada de la localización, recuperación, identificación y destino final de los restos, ya sea no identificados o no reclamados (art. 93 Ley de búsqueda). También en este rubro las instituciones quedan a deber a la ciudadanía y, lo que es más urgente e importante, a las personas buscadoras de sus seres queridos.
A nivel nacional, es la FGR que, en teoría, debería administrar el Banco Nacional de Datos Forenses, pero hasta mayo de este año la institución, presidida por Alejandro Geertz Manero, se había rehusado a integrar el Banco, mismo que vio la luz solo después de que Olimpia Montoya, quien busca a su hermano Marco Antonio, desaparecido en marzo de 2017, y es parte del colectivo Proyecto de Búsqueda en Celaya, interpuso y ganó un amparo que impuso su creación, con el apoyo del Centro de DH Miguel Agustín Pro Juárez.
El esfuerzo por encontrar a las personas desaparecidas, aun con presunción y búsqueda en vida, se realiza en México también en contextos de hallazgos como fosas comunes y clandestinas, panteones ministeriales y municipales, gavetas y espacios semiclandestinos o irregulares, (mal)administrados por el Estado. La coordinación entre todos los actores, autoridades, colectivos, familiares en búsqueda, brigadas, acompañantes y sociedad civil resulta prioritaria, clave, para la supervisión y la garantía de los derechos en todo el proceso de exhumación y de restitución digna. Los panteones del Guanajuato y del país perecen ser sitios de olvido y desaseo institucional en que no sería complicado, en sí, a la brevedad, intervenir para articular búsquedas efectivas.
Por Fabrizio Lorusso [1] desde PopLab.Mx
[1] Profesor investigador: Plataforma por la Paz y la Justicia en Gto – Proyecto Pronaces Conahcyt Clave 319130 – Universidad Iberoamericana León
[2] Al respecto la CNB comparte que “si eres familiar de persona desaparecida y piensas que alguno de los cuerpos o restos descritos en el MFC podría pertenecerle, escribe a busquedadatos@segob.gob.mx, número de oficina 55 5128 0000 ext 19828; o envía un mensaje de Whatsapp al 5527136878”.
[3] Según el Protocolo Homologado de Búsqueda, se trata de un “Lugar en el que la experiencia indica que es posible hallar a personas que probablemente sean buscadas, registro de su presencia, o sus restos mortales, y sobre el cual la Búsqueda Generalizada produce, recopila, consulta y confronta información en forma sistemática. Ejemplos de escenarios de búsqueda son los albergues, hospitales psiquiátricos, fosas comunes, contextos de hallazgo de restos humanos, estaciones migratorias, centros de reinserción social y de atención de adicciones, centros de salud y el espacio público en el que puede encontrarse a personas en situación de calle”.
[4] Ver respuesta FGEG Folio 112093900053823 del 25 de mayo de 2023.
[5] Datos de FGEG y fiscalías regionales (respuesta del 12 de septiembre de 2022), ANEXO FOLIO 112093900089922: “Cadáveres no identificados inhumados en fosa común (panteones municipales), durante el periodo comprendido del 1° de enero de 2012 al año 2020”. La cifra de 825 cuerpos fue confirmada también en la respuesta a una solicitud más reciente, del 10 de marzo de 2023, con folio 112093900023523.
[6] Las consideraciones conclusivas de este documento de la Universidad, divididas en seis observaciones de familias y acompañantes y seis notas de cierre acerca de los aberraciones y los errores del Estado, me parecen fundamentales y útiles, a manera de guía, para cualquier búsqueda en fosas comunes, también en Guanajuato, así que reporto aquí el link: https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/actividades/informe-sobre-las-fosas-de-tetelcingo
[7] Igualmente la CNB sugiere que, para conseguir estadísticas sobre fosas comunes, se recurra a las siguientes fuentes del INEGI: 1) Recopilación de Información de los Cementerios Públicos en las Zonas Metropolitanas del País (ediciones 2020 y 2021); y 2) Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021, en el que, a raíz de una solicitud de CNB, el INEGI incorporó por primera vez preguntas sobre fosas comunes con información desagregada a nivel de panteón.
[8] Ley de Búsqueda de GTO: [https://www.poderjudicial-gto.gob.mx/pdfs/Ley%20para%20la%20Busqueda%20de%20Personas%20Desaparecidas%20en%20el%20Estado%20de%20Guanajuato%203%20junio%202020.pdf](https://www.poderjudicial-gto.gob.mx/pdfs/Ley para la Busqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato 3 junio 2020.pdf)
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Perù, le proteste aumentano

Le proteste contro il governo di Lina Boluarte partite nel dicembre scorso, dopo la destituzione di Pedro Castillo dalla presidenza peruviana, continuano ad aumentare e l’esito è imprevedibile. Ne parliamo con la sociologa e giornalista Susanna De Guio che si trova a Puno, nel sud del Perù.
Sentiamo anche la testimonianza di Lianet e Carlo Camera, il quale ha partecipato alle proteste fin dall’inizio. (Foto di Susanna De Guio). -
Terza occupazione di Lima. «Il popolo ripudia Dina»

Articolo pubblicato su Il Manifesto da Susanna De Guio il 23 luglio 2023
Un nuovo ciclo di proteste sta rapidamente prendendo forma in Perù: dopo la chiamata nazionale a Lima dello scorso 19 luglio, ieri si è svolta una nuova giornata di mobilitazione nella capitale e in numerose province, e nuovi appuntamenti sono previsti per il 28 e 29 luglio, giornate in cui il Perù celebra la festa nazionale.
L’organizzazione era ripartita in sordina già da maggio e soprattutto dalla regione di Puno, con le stesse richieste emerse dopo la destituzione del presidente Pedro Castillo, lo scorso 7 dicembre, e che sono tutt’ora vigenti. Se allora le manifestazioni erano partite spontaneamente contro la nuova presidente designata dal Congresso, Dina Boluarte, oggi alla sua rinuncia si aggiunge la richiesta di giustizia e riparazione per le vittime della repressione della polizia che si è abbattuta brutalmente sulla popolazione in piazza nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio. La Corte Interamericana per i Diritti Umani parla di 49 morti causate da arma da fuoco, di cui 10 ad Ayacucho e 18 a Juliaca, in due sole giornate di vero e proprio massacro nel sud andino del Paese, che da quel momento è zona militarizzata.
ALTRE 11 PERSONE sono state uccise nel contesto delle mobilitazioni, oltre a 7 poliziotti; si contano più di mille feriti e diverse persone sono ancora in carcere preventivo aspettando un processo, dopo sei mesi dall’inizio delle proteste. Da parte del governo sono state offerte compensazioni economiche ma sulle proprie responsabilità politiche c’è completo silenzio, così come regna l’impunità ai posti di comando delle forze di sicurezza, artefici delle stragi.
Per queste ragioni le prime richieste oggi nelle piazze sono le dimissioni di Dina Boluarte e l’anticipo di nuove elezioni nazionali: tra gli slogan durante la partecipata manifestazione nel centro di Lima il 19 luglio primeggiavano i canti «Dina, il popolo ti ripudia» e «il sangue versato non sarà dimenticato». A questo reclamo comune se ne aggiungono altri, portati avanti da settori specifici: alcuni spingono per una nuova Costituzione, più in generale la richiesta è la chiusura del Congresso, altri ancora mettono l’accento sulla sovranità nazionale, chiedendo di espellere le truppe statunitensi che si trovano in Perù per «attività di cooperazione e allenamento» con le forze armate peruviane.
LISBETH, PROFESSORESSA, è in piazza con la bandiera del sindacato a reclamare innanzitutto un miglior salario. Aggiunge che «Castillo è in carcere per errori che ha commesso, non lo difendo, ma Dina è un’impostora e si deve dimettere». Oscar è sceso in piazza con la sua famiglia, sottolinea il fatto che la stampa nazionale mente e tratta i manifestanti come terroristi. È una pratica già usata nei mesi scorsi, chiamata terruqueo, che criminalizza qualsiasi espressione legittima di protesta sventolando il fantasma di Sendero Luminoso, organizzazione armata marxista che in realtà non è più attiva dagli anni Novanta in Perù, e cerca così di legittimare la repressione.
La campagna per seminare paura è l’altra strategia che il governo ha usato per scoraggiare la cosiddetta “terza occupazione di Lima” prevista per il 19 luglio. Ha cominciato la stessa Boluarte, dopo l’incontro bilaterale con il presidente dell’Ecuador a metà giugno, quando ha lanciato alla stampa la polemica domanda: «Quanti altri morti volete?» lasciando intendere che le prossime proteste sarebbero state represse con la stessa violenza delle precedenti e addossando le proprie responsabilità di massima autorità dello Stato agli organizzatori della mobilitazione.
NEI GIORNI PRECEDENTI al 19 luglio nei principali punti d’accesso alla capitale sono stati montati posti di blocco per perquisire e identificare i cittadini in ingresso a Lima come se fossero delinquenti, e per i cortei sono stati schierati 24mila agenti, che nei giorni precedenti si sono esibiti in formazione militare per le vie della città, con la giustificazione di una prova generale della parata che sfilerà per la festa nazionale a fine mese.
Nonostante i numerosi messaggi screditanti delle istituzioni e dei media, a Lima il ministero dell’Interno ha contato 21.000 persone, mentre la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha del Perù parla di 100mila partecipanti. Nonostante alcuni episodi di repressione a Lima e a Huancavelica, i cortei si sono svolti perlopiù in maniera pacifica. Si tratta insomma di un buon risultato per le centrali sindacali, il coordinamento per i diritti umani e le organizzazioni popolari provenienti dalle regioni rurali.
ANCHE LA PRESENZA della società civile di Lima, che ha visto la partecipazione dei lavoratori della cultura, collettivi femministi e Lgbtiq, studenti universitari, sindacati e perfino qualche partito politico di sinistra e di centro, insieme alle manifestazioni realizzate in 59 province del Perù, ha aiutato ad aprire le porte a nuovi appelli e attività, che si prevedono in aumento in queste settimane. Lo scenario attuale lascia pensare insomma che il malcontento profondo del popolo peruviano contro le proprie istituzioni possa tornare a esprimersi ora con forza nelle piazze di tutto il Paese. -
Guerra? No, grazie.

Il vertice fra la Comunità di Stati Latinoamericani e dei Caraibi e l’Unione Europea ha lanciato degli spunti, molto interessanti, per capire il rapporto fra questi due continenti e anche quale sia la posizione dell’America Latina nei confronti della guerra in Ucraina. Ad analizzare l’incontro a Bruxelles, il giornalista Alfredo Luis Somoza.
La seconda parte la dedichiamo al Guatemala, dove il partito Semilla è stato sospeso da un tribunale per il ballottaggio del 20 agosto, decisione revocata provvisoriamente dalla Corte Costituzionale. A raccontarlo per noi l’attivista guatemalteca Georgia Arevalo. -
Quando il potere sembra eterno

Con solo due interruzioni, il Partido Colorado governa il Paraguay dal 1947 e continuerà a farlo con la nuova presidenza di Santiago Peña che partirà ad agosto. Il cooperante internazionale Raul Polato che vive in Paraguay ci racconta l’attualità e le caratteristiche di un Paese assai poco presente nei media italiani.
Il 15 luglio 2020 veniva ucciso in Colombia Mario Paciolla, un caso che è stato archiviato ma si cerca di riaprirlo con l’unico obiettivo di ottenere verità e giustizia. Ne parliamo con la mamma di Mario, Anna Motta, che ci spiega come verrà ricordato -
Tre anni senza verità e senza giustizia per Mario Paciolla


di Gianpaolo Contestabile e Simone Ferrari, da Il Manifesto
Il 16 luglio del 2020 i genitori di Mario Paciolla ricevono una chiamata dalle Nazioni Unite durante la quale gli viene comunicato in modo sbrigativo che loro figlio si è suicidato e gli chiedono se gli interessa avere in dietro la salma. Paciolla lavorava nella Missione di Pace dell’Onu in Colombia e quel 16 luglio avrebbe dovuto iniziare il lungo viaggio di ritorno a casa dalla sua famiglia: “Mario era tutto proiettato al futuro” dicono i genitori “l’ultimo atto che compie è l’acquisto di un biglietto per ritornare a casa, una procedura complessa poiché prevedeva vari cambi e diverse autorizzazioni. L’ultimo scambio con le istituzioni locali è stata una mail all’Ambasciata, dopo l’acquisto del biglietto, per avvertire che lui stava lasciando la Colombia”. Secondo i genitori Anna e Giuseppe, durante le videochiamate nei giorni antecedenti al 16 luglio il cooperante delle Nazioni Unite aveva manifestato preoccupazione e paura e “la necessità di allontanarsi al più presto dalla Colombia”.
Nonostante la prima autopsia eseguita dalle autorità colombiane propendesse per l’ipotesi del suicidio, sono emersi fin da subito dettagli importanti che contraddicevano questo scenario. La possibilità di svolgere ulteriori analisi medico legali è stata ostacolata da diversi tentativi di depistaggio. Gli agenti della polizia locale accorsi nella casa di Mario dopo la sua morte sono finiti sotto indagine per aver lasciato che il capo della sicurezza dell’Onu, Christian Thompson, ripulisse l’appartamento. Anna e Giuseppe hanno scritto una lettera alle Nazioni Unite per avere spiegazioni sui comportamenti anomali dell’organizzazione: “la mancata informazione all’Ambasciata italiana della morte di un proprio cittadino, la fretta con la quale è stata fatta pulizia non con comune detergente ma con la candeggina affinché ogni traccia potesse essere eliminata nell’appartamento in fitto a Mario e dove il suo corpo è stato rinvenuto, e quantomeno darci spiegazioni sugli oggetti appartenuti a Mario e gettati in discarica, delle sue agende personali che non sono state ritrovate”.
Nonostante il corpo di Mario sia stato rimpatriato in Italia in condizioni precarie, il medico legale Vittorio Fineschi ha svolto una seconda autopsia dalla quale emergono molteplici dettagli che non coincidono con l’ipotesi del suicidio. Le ferite post mortem, la posizione della sedia su cui si sarebbe impiccato, lo strangolamento previo alla morte per asfissia, l’altezza della grata a cui è stato appeso il lenzuolo, il tipo di nodo, l’assenza di macchie di sangue nonostante le ferite e gli esiti degli esami tossicologici fanno concludere al dottor Fineschi che con “ragionevole certezza” Mario non si è suicidato. Nonostante ciò, la procura di Roma, che aveva avviato un’indagine per omicidio contro ignoti, a maggio di quest’anno ha chiesto l’archiviazione per assenza di elementi. A opporsi all’archiviazione, non solo la famiglia di Mario ma anche amici e attivisti che hanno organizzato un flash mob fuori dal tribunale. Le legali della famiglia, Emanuela Motta e Alessandra Ballerini, si sono opposte all’archiviazione e chiedono che vengano prese in considerazione le incongruenze di tipo scientifico e medico, e gli aspetti che “non sono assolutamente spiegabili con il suicidio”.
“Alla luce di questi fatti” dichiarano Anna e Giuseppe “il silenzio assordante dell’ONU ci insinua molti sospetti e umanamente ci addolora”. Secondo i genitori, il movente della morte di Paciolla va ricercato nel suo contesto lavorativo, cioè nella Missione delle Nazioni Unite che in questi anni è stata al centro di aspre polemiche. In primis, sono emersi i legami del capo della Missione, Carlos Ruiz Massieu, con la potente famiglia messicana che ha favorito la sua ascesa come diplomatico e che negli anni è stata invischiata in scandali legati al narcotraffico, il riciclaggio di denaro, la corruzione e diversi omicidi. La famiglia De Gortari – Ruiz Massieu rappresenta l’élite politica messicana che ha governato il paese per decenni nel contesto della violazione sistematica dei diritti umani e la sparizione forzata di migliaia di civili. Ruiz Massieu è diventato anche il bersaglio principale di diverse denunce anonime provenienti dall’interno della Missione dell’Onu in cui si descrive un clima organizzativo caratterizzato da abusi di potere, uso improprio delle risorse e molestie sessuali. Stride anche non siano stati presi provvedimenti nei confronti di Cristian Thompson, l’ex militare, consulente della sicurezza per imprese e per l’agenzia statunitense Usaid, che ha infranto i protocolli interni dell’Onu ripulendo la scena del presunto crimine e ha fatto sparire gli effetti personali di Mario. Thompson continua a lavorare nella Missione ed è stato spostato dalla località di San Vincente del Caguán alla capitale Bogotá, dove ora si occupa di gestire la sicurezza a livello nazionale. Sulla sua scrivania passano le mail di tutte le squadre della Missione che lavorano in Colombia.
Alla luce dei depistaggi, della lentezza del sistema giudiziario e del silenzio delle Nazioni Unite, la lotta per la verità e la giustizia e diventata in questi tre anni una battaglia civile portata avanti dalla famiglia di Mario e dagli attivisti che li sostengono. L’impegno incessante di amici e familiari durante l’ultimo anno, raccontano Anna e Giuseppe, ha permesso “l’incontro con il presidente Mattarella, i tanti banner apposti nelle Case Comunali, l’aula studio nell’istituto Orientale a lui dedicata, la targa affissa dal Comune di Napoli nel Kobe Park, la collana di letteratura colombiana edita da Cafiero e Marotta, il grande murale di Mario ritratto da Jorit al liceo Elio Vittorini, l’edicola dismessa rivestita con articoli di Mario, la copertina dedicata a Mario della rivista Confronti, le panchine arancioni di Latina e Ronchi dei Legionari”. I genitori di Paciolla continuano a percorrere associazioni e istituti scolastici in tutto il Paese per parlare dell’impegno di Mario, oltre a battersi per la libertà d’informazione collaborando con la campagna Articolo 21 e la Federazione Nazionale Stampa Italiana.
“Molto è stato realizzato in collaborazione con il collettivo Giustizia per Mario Paciolla ma anche con il comune di Napoli, Gesco imprese sociali, tantissime associazioni locali, il mondo del basket, la gente comune che ci ha seguito e dimostrato vicinanza e affetto” raccontano Anna e Giuseppe che hanno un’agenda fittissima per tutto il 2024 “Ad ottobre ci sarà la premiazione per il concorso di poesia e prosa indetto per le scuole, a novembre l’assegnazione di un premio alla memoria di Mario istituito dal festival Del Cinema dei Diritti Umani e dall’associazione Un Ponte per”. Il loro impegno ricorda la storia dei movimenti latinoamericani di familiari di persone vittime di violenza statale e violazioni dei diritti umani. La loro forza e perseveranza nella lotta per chiedere verità e giustizia, ma anche per diffondere una cultura della pace e una coscienza civile e politica di resistenza, li rende un esempio di attivismo. Il miglior modo sicuramente per mantenere viva la presenza di Mario, ricordare la sua storia e portare avanti i suoi ideali di solidarietà.
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La dittatura guatemalteca ed i ricorsi giudiziari nelle elezioni presidenziali

#elezioni presidenziali, #Guatemala #Lucia Ixchiu
Pubblichiamo qui di seguito un comunicato della Red Internacional de Solidaridad con Guatemala.

Nota di contesto:
La dittatura guatemalteca ed i ricorsi giudiziari nelle elezioni in Guatemala.
Di: Lucia Ixchiu.
Il Guatemala sta attraversando una crisi prolungata che vari settori sociali hanno definito dittatura giudiziaria e che dal 2017 opera in coordinamento tra poteri diversi, questo a seguito dell’espulsione arbitraria della Commissione internazionale contro l’impunità (CICIG) che ha annullato il gioco di pesi e contro pesi comunemente noti come parte fondamentale delle democrazie.
Più di 33 giudici, pubblici ministeri e funzionari al più ai vertici del sistema giudiziario sono in esilio e/o stanno gestendo casi di criminalizzazione per aver emesso sentenze giudiziarie in difesa dei diritti, nel rispetto della legge. In questo modo hanno esposto ed evidenziato i legami ed i rapporti delle élite economiche e degli accordi e delle imprese che, oltre all’attuale classe politica, hanno mantenuto per decenni con la criminalità organizzata.
Con la condanna del giornalista più influente del paese, José Rubén Zamora, e la chiusura del suo giornale, el Periódico, è evidente anche la persecuzione dei giornalisti e come la libertà di espressione sia indubbiamente limitata e repressa in questo regime autoritario. L’esilio di attivisti e difensori dei diritti umani mostra il volto reale di ciò che stanno vivendo le persone che rifiutano di essere complici di questo patto di impunità o di rimanere in silenzio.
In questo contesto, il 25 giugno 2023, si sono svolte in Guatemala le elezioni generali per eleggere rappresentanti e funzionari dello Stato alla presidenza, deputati e sindaci all’interno di un processo che fin dall’inizio è stato messo in discussione dalle pratiche arbitrarie di divieto di candidature, mancanza di trasparenza e mancanza di informazioni sui processi.
Tra gli elementi importanti per l’analisi in questo ballottaggio e contesto politico che il paese sta attraversando, è fondamentale menzionare che la narrazione dei media ufficiali attraverso i loro sondaggi posizionati come partiti preferiti: l’Unità Nazionale della Speranza (UNE) e Visione con Valori (Valor), quest’ultimo è il partito della contestata candidatura di Zury Ríos, figlia del generale golpista1 Efraín Ríos Montt, condannato per genocidio nel 2013.
Le elezioni si sono svolte con alcuni atti di violenza registrati con malcontento tra gli elettori e con un panorama elettorale relativamente normale nella regione centroamericana. I seggi si sono chiusi alle 18 e intorno alle 20 è cominciato il conteggio ufficiale dei voti: a grande sorpresa, i candidati dei partiti UNE e Semilla hanno raggiunto il ballottaggio finale.
Il Movimento Semilla è un partito di centrosinistra emerso dalle mobilitazioni del 2015 in un momento di massiccia mobilitazione contro la corruzione e l’impunità. Tale partito è stato oscurato non figurando tra i favoriti in queste elezioni, il che mostra la mancanza di credibilità dei sondaggi ufficiali ed espone anche il cambio culturale e generazionale che sta vivendo il Guatemala, insieme esasperazione politica e all’indignazione sociale.
È importante ricordare secondo la Banca Mondiale il Guatemala è al primo posto per indici di povertà estrema del continente e che è uno dei Paesi più pericolosi al mondo dove le donne e le ragazze vivono una situazione attuale scoraggiante, laddove la popolazione indigena le donne e le giovani occupano i primi posti nei tassi di analfabetismo, malnutrizione e gravidanze forzate.
In conferenza stampa il Movimento Semilla ufficializza i risultati con oltre l’80% dei voti e si dichiara candidato al ballottaggio, vari settori sociali hanno indetto conferenze stampa e pubblicato un comunicato per riconoscere i risultati delle elezioni generali .
A questo punto tutto sembrava normale come qualsiasi altro processo elettorale vissuto nel Paese, il giorno successivo il Tribunale Supremo Elettorale (TSE), l’ente giuridico abilitato dalla legge guatemalteca, ha annunciato i risultati finali e preliminari, mancava solo la ratifica finale di questi.
Indubbiamente, la mancanza di chiarezza e trasparenza nel conteggio dei voti per l’elezione del sindaco di Città del Guatemala è stato l’inizio o il pretesto affinché le élite e la dittatura per fermare, impantanare e sporgere presso la Corte Costituzionale una discussione che, secondo gli avvocati esperti di diritto guatemalteco, non avrebbe mai dovuto essere portata in tribunale e che in prima istanza avrebbe dovuto essere risolta dal TSE.
Il partito Valor è stato il primo a presentare ricorso, è stato seguito da vari partiti politici con l’obiettivo di fermare l’ufficialità dei risultati. Questi appelli, oltre ad essere arbitrari, contraddicono la legge guatemalteca. La sorpresa e l’indignazione della popolazione per questo atto ha scatenato proteste e azioni in diverse parti del Paese.
Il Guatemala è sull’orlo di un colpo di stato tecnico, hanno affermato i costituzionalisti quando, da varie piattaforme sociali, hanno spiegato perché tali eventi erano illegali e come il riconteggio e la revisione dei voti alterasse il processo in tutte le sue forme. In questo momento si sta ripetendo un conteggio illegale e arbitrario di fogli di conteggio che ha il Paese in tensione e nel caos politico.
La dittatura giudiziaria non ha rispettato la decisione popolare pronunciata alle urne il 25 giugno e sta portando i tribunali a decidere qualcosa che legalmente non avrebbe mai dovuto essere risolto lì. Il fastidio e l’indignazione della popolazione aumentano ogni minuto.
E la risposta della popolazione è stata quella di monitorare ed esercitare un ruolo, soprattutto dei giovani attivi in questo frangente che, oltre a essere in piazza, li stanno monitorando dalle piattaforme ufficiali per salvaguardare il loro voto e la decisione popolare.
Hanno reso il Movimento Semilla più grande di quanto non fosse già, derivato dal cinismo e dell’impunità che hanno spudoratamente decretato senza esitazione. Il clamore popolare richiede “Elezioni alle urne, non nei tribunali” in mezzo alla polemica senza precedenti degli ultimi 26 anni, che è quella che questo Paese assume per essere una democrazia, dopo la firma degli Accordi di Pace.
I settori indigeni si sono mobilitati a difesa del voto e della democrazia, in una conferenza stampa hanno affermato di non essere a favore di nessun partito, ma piuttosto di garantire il rispetto dello stato di diritto e della democrazia.
1All’interno della legislazione della Repubblica del Guatemala, è vietata la partecipazione di membri della famiglia in relazione diretta con i golpisti dello Stato.
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Il rinvio

L’esito finale delle elezioni presidenziali in Guatemala, dello scorso 25 giugno, è rinviato al ballottaggio del 20 agosto. Ma quale sono le possibilità di Sandra Torres (UNE) e Bernardo Arévalo (Movimiento Semilla) e cosa rappresentano questi candidati? E qual è la presenza dell’Italia in questo Paese mesoamericano? Ci risponde dal Guatemala Alessandra Vecchi, del Consiglio dei Popoli d’Occidente.
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L’Uruguay 50 anni dopo

L’Uruguay ricorda i 50 anni dal Golpe ed i suoi desaparecidos, avvenuto prima del più conosciuto caso argentino. Di questo e del contesto della regione, per cui è successo, ne parliamo con l’attivista uruguayana Aurora Meloni e con il giornalista cileno Rodrigo Rivas. Riceviamo anche la testimonianza da Montevideo di Silvia Bellizzi, che ha partecipato alla manifestazione per ricordare l’inizio della dittatura.