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El 15 de julio de 2020, el funcionario italiano de la ONU Mario Paciolla fue hallado sin vida en San Vicente del Caguán, en el departamento colombiano del Caquetá.

Desde 2018 Paciolla trabajaba como funcionario de la segunda Misión de Verificación de la ONU en Colombia, surgida en 2017 y encargada de verificar la reincorporación política, social y económica de los excombatientes de las FARCEP después de la firma de los acuerdos de paz entre el grupo guerrillero y el gobierno colombiano en septiembre de 2016.

Cinco días antes de su muerte, Paciolla había tenido un roce con algunos colegas de la Misión de la ONU. Era la más reciente de muchas tensiones. Por ello había decidido volver a Italia antes de que acabara su contrato. El 15 de julio tenía previsto viajar a Bogotá. Desde ahí, unos días después, tomaría un vuelo para Italia. Sin embargo, los colegas de la Misión encargados de recogerlo lo encontraron ahorcado en su habitación, con heridas en las muñecas y en el cuello.

A dos años todavía no hay respuestas definitivas sobre lo que pasó entre la noche del 14 de julio, cuando un vecino del barrio Villa Ferro de San Vicente vio al italiano discutiendo por teléfono afuera de su casa, y la mañana siguiente, cuando su cuerpo fue hallado sin vida por sus colegas.

Todavía no han sido publicados los resultados completos de la necropsia realizada en Roma y las actividades de la fiscalía italiana parecen estancadas. El interés de algunos grandes medios nacionales italianos no ha dado el impulso esperado a las investigaciones.

En los archivos de la ONU la muerte del activista italiano se clasifica como “autoinfligida”, o sea como suicidio, hipótesis que se menciona como compatible en la necropsia realizada en Colombia después del hallazgo del cadáver. Según la familia y los amigos de Mario, esta reconstrucción no es creíble.

El reportaje de Duque

En Colombia, el caso parecía haber caído en la desmedida canasta del olvido colectivo, al menos hasta la reciente publicación de un nuevo reportaje de Claudia Duque, periodista y amiga de Paciolla, comprometida desde hace dos años en la reconstrucción de las verdades ocultas del caso.

En su nueva investigación, publicada en el diario El Espectador, se mencionan algunos detalles de la necropsia realizada en Italia. Las heridas encontradas en la muñeca izquierda de Paciolla parecen ser infligidas “en limine vitae o incluso post mortem”.

También según la información recabada por la periodista colombiana, la autopsia realizada por el médico forense Vittorio Fineschi sugeriría que Mario murió por estrangulamiento y sólo posteriormente su cuerpo fue suspendido y colgado de una sábana, en la posición en la cual fue encontrado. La información aún no es oficial y desde los abogados de la familia Paciolla se filtra cautela.

Sin embargo, la noticia se suma a la larga lista de inconsistencias y manipulaciones en la supuesta escena del crimen por parte de funcionarios de la ONU en las horas siguientes a la muerte de Paciolla.

En efecto, hay varias contradicciones que sugerirían una puesta en escena. En el centro de las perplejidades está el trabajo de las propias Naciones Unidas, en particular de Christian Thompson, exsuboficial del ejército colombiano y en ese momento jefe de seguridad de la Misión en San Vicente.

Tan pronto encontró el cuerpo de Mario, Thompson se apoderó de las llaves de su departamento, impidiendo la entrada a los policías y al dueño de la casa. Antes de darle acceso a las autoridades locales, ordenó realizar una limpieza completa del piso con lejía, contradiciendo el mismo reglamento de la ONU en caso de muertes en servicio descrito en el Handbook for action in cases of death in service.

Durante la limpieza, Thompson botó en el basurero central de San Vicente una colchoneta y dos ollas con rastros de sangre, sosteniendo durante el interrogatorio que “en ningún momento nadie me dijo que eso era una evidencia”. Los objetos nunca fueron recuperados. Además, retiró algunos materiales privados de Paciolla, entre ellos su computadora y una libreta personal que podrían revelar si no la causa de su muerte sí al menos las razones de la condición de estrés del funcionario italiano.

A raíz de la falta de colaboración por parte de la ONU, la familia Paciolla decidió presentar una denuncia contra Thompson, contra su colega Juan Vásquez García y contra los cuatro policías que permitieron la contaminación de las pruebas. Para el padre de la víctima, Pino Paciolla, la denuncia se basa en que “los dos sujetos de la ONU y los cuatro policías ciertamente tenían conocimiento de los protocolos a adoptar en caso de muerte de una persona; es absolutamente anómalo irrumpir en un apartamento privado, limpiarlo con lejía y tirar al vertedero todo lo que podía servir para posteriores investigaciones sobre la muerte de Mario”.

La policía colombiana está bajo investigación por permitir que Thompson ma

nipulara la habitación donde fue hallado el cadáver del funcionario. La familia Paciolla también denunció las irregularidades cometidas durante la autopsia realizada por las autoridades colombianas, que dio como resultado una compatibilidad con la hipótesis del suicidio. En lugar de un médico forense, asistió al examen médico un funcionario de la ONU: un detalle importante, considerando que el cuerpo de Mario Paciolla fue repatriado en pésimas condiciones, que dificultaron la realización de más exámenes.

El factor mexicano

El actuar de Thompson nunca fue puesto en tela de juicio por los altos mandos de la Misión. Al contrario, en los meses siguientes fue ascendido a responsable del Centro de Seguridad Nacional de la Misión. Y más allá del modus operandi del jefe de seguridad, la muerte de Paciolla sirvió de detonante para evidenciar una serie de fallas en la gestión de la Misión por parte de su jefe, el diplomático mexicano Carlos Ruiz Massieu.

El nombre del representante especial de la Secretaría General de la ONU en Colombia, Ruiz Massieu, aparece también en otras denuncias públicas relacionadas con casos de corrupción y nepotismo.

El 4 de noviembre de 2016 la agencia Apro publicó una investigación de la alianza MéxicoLeaks –de la que Proceso formaba parte– que citaba cables diplomáticos en los que la tía de Carlos Ruiz Massieu, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, ejercía presión para favorecer su reelección como miembro de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos de Presupuesto de la ONU.

A principios de este año, el medio Innercitypress publicó una carta anónima de un supuesto informante interno de la Misión de la ONU en Colombia, por medio de la cual se denuncian casos de nepotismo, uso impropio de dinero, explotación laboral, acoso sexual y abuso de poder relacionados, entre otros, con la figura de Ruiz Massieu. En la carta se subraya la necesidad del anonimato por miedo a represalias y la falta de confianza en el dispositivo de Conducta y Disciplina interno a la Misión.

En el primer reportaje de Claudia Duque se había revelado a la ONU una fractura interna entre el uruguayo Raúl Rosende, jefe del área de Verificación de la Misión, y el mismo Ruiz Massieu.

En al menos una ocasión, según la investigación de Duque, Rosende le ocultó a Ruiz Massieu informes producidos por oficinas de la Misión en los que se denunciaban delitos contra los derechos humanos cometidos por el ejército colombiano.

El mismo Rosende habría filtrado documentos producidos por la Misión (al parecer por el mismo Paciolla, sin su consentimiento) al senador Roy Barreras, quien los usó contra el entonces ministro de Defensa Guillermo Botero para obligarlo a renunciar a su cargo.

Aunque Barreras, recién nombrado presidente del Senado, afirma haber recibido el informe de altos oficiales militares y no de miembros de la Misión, Duque dijo disponer de grabaciones de reuniones internas de la ONU que prueban lo contrario.

Pese a la atención mediática sobre el asunto, Carlos Ruiz Massieu sigue imponiendo la línea comunicativa del silencio: la misma Duque había revelado que ya en los días siguientes a la muerte de Paciolla todos los miembros de la Misión habían recibido indicación de mantener absoluta confidencialidad sobre el caso.

Contactados para una entrevista, los responsables de la Misión declinaron preguntas específicas sobre las responsabilidades de Thompson y de las Naciones Unidas en las horas anteriores y sucesivas a la muerte de Paciolla.

A través de Francesc Claret, jefe de la oficina de representación especial de la Secretaría General de la Misión, respondieron a nuestras preguntas con la siguiente declaración: “Quisiera asegurarles que el tema es de gran preocupación para la Misión. Mario Paciolla era amigo de mucha gente de la Misión. Seguiremos atentos a cualquier actualización sobre las dos investigaciones en curso en Italia y Colombia, a las que no tenemos acceso. La Misión cooperó plenamente con ambos fiscales. Todos esperamos que las circunstancias de la muerte de Mario se resuelvan lo antes posible. Reafirmamos nuestra solidaridad con los amigos y familiares de Mario Paciolla”.

Mientras tanto, el punto de inflexión político de las recientes elecciones, que culminaron con la victoria de la alianza progresista del Pacto Histórico, también parece tener repercusiones en los representantes de Colombia ante la cúpula de la ONU. Tras la victoria del actual presidente Gustavo Petro, Alicia Arango, exsecretaria de Álvaro Uribe y ministra del Trabajo con Iván Duque, renunció a su cargo de embajadora de Colombia ante la ONU en Ginebra; su colega Guillermo Fernández, representante de Colombia en la sede de la ONU en Nueva York y canciller durante el gobierno conservador de Pastrana, ha terminado su mandato.

En su lugar, el recién elegido presidente ha encomendado la tarea a la líder indígena Leonor Zalabata Torres, activista de la etnia arhuaca quien lleva décadas involucrada en la defensa de los pueblos originarios colombianos.

La vicepresidenta Francia Márquez se reunió el pasado 6 de julio con Carlos Ruiz Massieu; durante el encuentro, la líder afrocolombiana señaló la importancia de establecer un proceso de paz “con todos los actores armados, incluidas las Fuerzas Armadas del Estado colombiano que también han violentado”, agregando la importancia de la verdad y la justicia: “Nuestro compromiso es no más silencio y no más violencia, porque nuestros pueblos no aguantan más seguirse bañando de sangre”.

La esperanza es que esta nueva clase política, que tanto ha luchado en los últimos años por la paz y la justicia social, también coloque entre sus prioridades la búsqueda de la verdad sobre el caso del joven funcionario italiano para romper el silencio acerca de las circunstancias de su muerte.

Las contradicciones de la paz colombiana

por Gianpaolo Contestabile y Simone Ferrari, vía Proceso

A casi cinco años de su arranque en septiembre de 2017, la actividad de la segunda Misión de Verificación de la ONU en Colombia permanece alejada de las discusiones públicas. Pese a la relevancia de su función en el seguimiento de la implementación de los Acuerdos de Paz, y no obstante la intensificación de los debates políticos que acompañan la encrucijada de las elecciones presidenciales de 2022, nada se escucha en los medios nacionales acerca de la evaluación de la acción de la ONU durante la compleja y fundamental etapa del “posconflicto” colombiano. El silencio que permea la actividad de la organización es respaldado por la estrategia de comunicación adoptada por el jefe de la misión, el diplomático mexicano Carlos Ruiz Massieu Aguirre. Desde su puesta en cargo en diciembre de 2018, Ruiz Massieu ha elegido mantener modalidades comunicativas escuetas y complacientes a las posiciones gubernativas.

En efecto, a pesar de las duraderas tensiones entre Iván Duque y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos –cuyos informes denuncian periódicamente las fallas en los implementos de los acuerdos y las violencias sistémicas en contra de los líderes sociales–, la relación de colaboración entre el gobierno colombiano y los altos dirigentes de la Misión de Verificación de la misma ONU ha asumido la apariencia de una alianza política. 

Ahora bien, la cercanía entre Iván Duque y los altos mandos de la misión había sido evidenciada hace más de un año en una investigación de la periodista Claudia Julieta Duque, donde fuentes internas a la ONU señalaban la proximidad a la esfera política del uribismo de Carlos Ruiz Massieu. Nombrado en diciembre 2018 como nuevo jefe de la misión de la ONU, pocos meses después de la elección de Iván Duque a presidente de Colombia, Carlos Ruiz Massieu ha reemplazado en su cargo al diplomático francés Jean Arnault. Como lo evidencia un detallado estudio del CEPDIPO acerca de la implementación de los acuerdos, con el cambio de liderazgo la misión “ha matizado el tono de los pronunciamientos y se ha hecho más diplomática a la hora de emitir críticas frente al gobierno colombiano”. 

Frente a la actitud más crítica y problematizadora de Jean Arnault, Carlos Ruiz Massieu suele proponer, en sus declaraciones públicas a nombre de la organización, su apoyo al supuesto compromiso de Duque para la implementación de la paz. En el mayo de 2021, Ruiz Massieu declaró  que “los logros hasta ahora alcanzados en la implementación de la paz han contribuido a reducir los indicadores de violencia a nivel general” (entrevista en El Heraldo). Esta afirmación se hizo en el contexto del asombroso crecimiento de los índices de asesinato de líderes sociales (de 91 homicidios en 2017 se llegó a 177 asesinatos en 2020, según los datos de Front Line Defenders) y de exguerrilleros reintegrados (de los 32 excombatientes asesinados en 2017 se pasó a un promedio de 72 homicidios por año entre 2018 y 2020, según la misma ONU). Datos que se complementan con el incremento de los asesinatos de defensores ambientales registrado por Global Witness (167 en 2018 y 212 en 2019), que ha llevado a Colombia al primer lugar a nivel mundial por esta clase de crímenes. Estas estadísticas son todavía más significativas tomando en cuenta que los Acuerdos de Paz, firmados en la Habana en 2016, establecen como primeros puntos el desarrollo agrario integral para favorecer a las comunidades rurales y campesinas,  y la participación política de los ex combatientes.

La ausencia de denuncias inequívocas por parte de la Misión a los actuales fracasos en la implementación de los acuerdos de paz se acompaña de una postura parecida en relación con los acontecimientos del Paro Nacional de 2021. Aún en los momentos más críticos de la violencia policial durante el paro de abril y mayo de 2021, donde según INDEPAZ al menos 46 personas fueron asesinadas a mano de la fuerza pública, Ruiz Massieu nunca llegó a condenar la actitud de la policía y de los grupos paramilitares activos en Cali, limitándose a hacer un “llamado a todos los actores a prevenir y eliminar la violencia” por medio de una nota oficial de la Misión. Durante las movilizaciones, la Onu fue llamada a ser mediadora para facilitar las negociaciones entre el gobierno colombiano y el comité del Paro; un diálogo que no desembocó en ningún resultado concreto y tampoco fue reconocido por las bases populares que se habían manifestado en las calles. 

Más allá de la dimensión comunicativa, este tipo de contigüidad entre el liderazgo de Ruiz Massieu y el gobierno de Duque pone inevitablemente en riesgo la imparcialidad operacional de la Misión, convocada en Colombia en calidad de tercera parte entre Estado colombiano y FARC. De hecho, al analizar la conformación de los equipos de la Misión en el territorio, llama la atención la impactante cantidad de miembros del ejército quienes siguen colaborando con los funcionarios de la Misión. Contratados para facilitar las operaciones de entrega de armas durante la primera misión de la ONU en Colombia, concluida en 2017, desde entonces los militares siguen constituyendo un porcentaje relevante de los equipos de trabajo de campo.

La militarización de la Misión aparece como una peculiaridad hoy poco explicable, en tanto el mandato de la segunda Misión de la ONU es el de verificar la reincorporación política, social y económica de los excombatientes, que sea garantizada su seguridad y que se apliquen las sanciones relacionadas con la Justicia Especial para la Paz. Se trata de un labor de acompañamiento y apoyo a las comunidades que requiere una formación específica y tiene muy poco en común  con la capacitación que se les brinda al personal militar. De ahí que el gran número de miembros del ejército posibilite el riesgo de crear puentes de colaboración con las fuerzas policiales o parapoliciales locales, los cuales suelen generar desconfianza por parte de las comunidades rurales y falta de tutela en los procesos de reintegración de exguerrilleros.

Algunas de estas problemáticas fueron señaladas en distintos reportajes publicados en medios colombianos e internacionales después del fallecimiento de Mario Paciolla, funcionario de la ONU hallado muerto en su casa en San Vicente del Caguán, Caquetá, el 15 de julio de 2020. Más allá de las distintas hipótesis acerca de las causas de la muerte, el episodio sirvió de detonante para la agudización de grietas al interior de la Misión de la ONU, llegando a desvelar las profundas inconformidades del italiano y de algunos colegas con la gestión vertical y ‘jerarquizada’ de la misión y con el maltrato de sus funcionarios menos influyentes. 

A pesar del clamor internacional del acontecimiento y de las múltiples denuncias públicas acerca de la modalidad de actuación del jefe de seguridad del equipo de trabajo de la ONU en San Vicente, aún en aquella ocasión Ruiz Massieu optó por una estrategia de atrincheramiento comunicativo. Según informaciones recuperadas por Claudia Duque por medio de fuentes internas, en los cuatro días siguientes a la muerte de Paciolla todos los miembros de la misión recibieron tres correos donde se imponía “la obligación de guardar reserva y la prohibición de conceder entrevistas y declaraciones a medios” acerca del episodio. Asimismo, en la cuenta oficial de Twitter del jefe de la misión no se hizo ninguna referencia al fallecimiento del funcionario. Pocos días después, el 22 de julio de 2020, en su cuenta apareció un tweet de solidaridad dirigido a los familiares de los nueve miembros del ejército colombiano muertos en un accidente aéreo durante un operativo militar en Guaviare.  Según el periodista alemán experto de política colombiana Stephan Kroener: “La «guardia de honor» que Ruiz y el embajador de Italia en Colombia dieron a Mario no fue suficiente. La ONU tenía el deber de acompañar el cuerpo a Mario y entregarlo a sus padres, hablarles y explicarles que piensan que ha pasado. El silencio es cómplice y en este caso el silencio que mostró la ONU frente a los familiares y amigos de Mario es una vergüenza para toda la organización internacional. Ruiz Massieu tenía como jefe la responsabilidad sobre el bienestar físico y psicológico de todos los miembros de la Misión. Falló y debería aceptarlo[…] es una falta de profesionalidad y de capacidad de mando y más que todo de compasión”.

Las inquietudes generadas por las estrategias comunicativas y operacionales de la Misión -estalladas con el caso de Mario Paciolla- convocan necesariamente a una reflexión sobre su más alto mando. La cercanía entre Carlos Ruiz Massieu y el gobierno de Iván Duque parece replicar un fundamentado sistema de cooptación entre ciertos organismos internacionales y las más radicadas élites latinoamericanas. En este orden de ideas, se podría afirmar que los lazos de Ruiz Massieu con el poder político continental surgen desde lejos. La familia Ruiz Massieu es una de las más influyentes de la política mexicana. Ejemplo de ello, es  el parentesco entre los Ruiz Massieu y la familia de Carlos Salinas de Gortari, presidente de México entre 1988 y 1994: una relación interfamiliar constituida de intereses político-económicos comunes, trágicamente desembocada en 1994 en el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, tío del actual jefe de la misión ONU.

José Francisco Ruiz Massieu había estado casado con Adriana Salinas de Gortari, hermana del expresidente de México Carlos Salinas. Poco meses antes de ser asesinado, José Francisco había sido nombrado presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Del homicidio fue culpado (y más tarde absuelto) Raúl Salinas de Gortari, cuñado de la víctima. En 1995, Raúl Salinas terminó en la cárcel, donde duró diez años preso. Además de ser acusado por el homicidio de Francisco Ruiz Massieu, recibió una serie de condenas por delitos de lavado de dinero: sus conexiones con el Clan del Golfo eran conocidas, y su esposa fue arrestada mientras intentaba retirar 94 millones de dólares desde una cuenta bancaria suiza.

En efecto, durante los años noventa ambos bandos (los Ruiz Massieu y los Salinas) se peleaban el control político del PRI, el partido más influyente de México, largamente involucrado con episodios de corrupción, filtraciones mafiosas, lavado de dinero del narcotráfico y desaparición de civiles. Enrique Salinas de Gortari, otro hermano del expresidente Carlos, fue hallado muerto en su carro en 2004, en un delito posiblemente vinculado con el narcotráfico. Por el otro bando, Mario Ruiz Massieu -tío de Carlos Ruiz Massieu-, diplomático y subprocurador general de la República, supuestamente encargado durante el gobierno Salinas de encabezar la lucha contra el narcotráfico en México, fue detenido en Estados Unidos por recibir casi 10 millones de dólares por parte de grupos mafiosos. Se suicidó en 1999 mientras se encontraba bajo arresto domiciliario. Otros dos hermanos del padre de Carlos Ruiz Massieu, Wilfrido y Roberto, habían sido asesinados más de tres décadas antes, en 1965, a raíz de una compleja vicisitud amorosa que se desencadenó a partir del rechazo, por parte de los abuelos Ruiz-Massieu, de la novia embarazada de su hijo Wilfrido, considerada de una clase social no adecuada para el alto rango de la familia.

La historia violenta de los Ruiz-Massieu y de los Salinas está vinculada con una hambrienta búsqueda del mantenimiento del poder político y económico en México, y se ha alimentado durante décadas de los opacos engranajes partidistas del PRI, donde todavía militan y ejercen su influencia exponentes de la sucesiva generación de las “familias reales” de México. Si bien alejados de las violencias de la generación anterior, los ‘nuevos’ Ruiz Massieu parecen actuar constantemente bajo las matrices de un descarado nepotismo. Es el caso de Andrés Massieu Fernández, primo de Carlos Ruiz Massieu y diputado del PRI. Parte de la opinión pública recibió con indignación la noticia de la nominación de Andrés Massieu Fernández a Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano del gobierno del Estado de México en 2019: según medios nacionales mexicanos como Imagen Radio y Excelsior, a pesar de la falta de competencias para el cargo asignado, Andrés Massieu fue nombrado Secretario gracias a la influencia de su padre Andrés Massieu Balanga, exponente histórico del PRI y mano derecha de Carlos Salinas durante su presidencia.

Asimismo, distintas fuentes periodísticas evidencian el ascendiente nepotista de Claudia Ruiz Massieu Salinas, hija del matrimonio entre José Francisco Ruiz Massieu y Adriana Salinas de Gortari. Secretaria del PRI hasta 2018 y hoy senadora, Claudia Ruiz Massieu tuvo una influencia determinante -según el periodista Francisco Zea- en la nómina de su prima Alicia Buenrostro Massieu como embajadora de México en Austria, Eslovenia y Eslovaquia en 2016, cuando Claudia ejercía como secretaria de Relaciones Exteriores de México. Además, unos documentos publicados en la plataforma MexicoLeaks y analizados por la revista Proceso testimonian la presión internacional ejercida por Claudia Ruiz Massieu para obtener una votación a favor de la confirmación de Carlos Ruiz Massieu como miembro de la Comisión Consultiva de Asuntos Administrativos de la ONU en 2017. En los correos publicados por MexicoLeaks se lee que “se agradecerá indagar si la contraparte correspondiente contará con alguna candidatura en el futuro próximo que pueda ser sujeta a un acuerdo de intercambio de votos con la postulación que nos ocupa”.

Si fueran confirmados, los documentos obtenidos por MexicoLeaks, los cuales al momento no son accesibles de la página web de la plataforma, establecerían un nexo directo entre el actual jefe de la Misión de Verificación de la Onu en Colombia y el sistema de poder nepotista, corrupto y violento manejado por su familia. Más allá de las posibles consecuencias jurídicas de tales vínculos, el entramado de las relaciones políticas y sanguíneas de las cuales parece haber surgido la candidatura de Carlos Ruiz-Massieu echan una sombra sobre la legitimidad de su mandato y la compatibilidad con las responsabilidades que su cargo implica. Considerado el compromiso con la justicia restaurativa y transicional de la ONU se hace urgente y necesario que los mismos criterios de transparencia y esclarecimiento de la verdad histórica se apliquen también al interno de la burocracia diplomática de las Naciones Unidas para garantizar imparcialidad y coherencia con su labor a favor de la paz. La neutralidad de la Misión se ve comprometida sobre todo si se toma en cuenta la firme oposición del partido de gobierno hacia el proceso de paz, una hostilidad que se expresó, por ejemplo, en el 2016 cuando Uribe-Vélez y el Centro Democrático promocionaron el “no” al plebiscito popular relativo a los Acuerdos. En el 2018, cuando Iván Duque ganó las elecciones presidenciales, Mario Paciolla escribía en la revista de geopolítica Limes, bajo el pseudónimo de Astolfo Bergman, que la victoria del actual presidente de Colombia consagraba “el éxito de uno de los opositores más firmes de lo que se acordó en la Habana”. Una revisión crítica de estas contradicciones podría ayudar a entender las causas y responsabilidades del fracaso del proceso de paz y de los asombrosos datos de la violencia que han marcado los últimos años de la historia del pueblo colombiano.  

por Simone Ferrari y Gianpaolo Contestabile, vía Proceso