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Italia y el fin de la Segunda República (?)

Durante la última semana, Italia entró en una etapa política que sólo guarda semejanzas con la que se vivió a principios de la década de 1990, cuando los jueces de Milán, con sus indagaciones y condenas a hombres políticos y empresarios corruptos, facilitaron el colapso de la llamada Primera República y de la vieja partidocracia que endeudó y engañó al país.

Se abrió entonces un vacío que llenaron Silvio Berlusconi con su partido Forza Italia, el derechista Gianfranco Fini de Alleanza Nazionale y, finalmente, su aliada la Liga Norte (Lega Nord), dando inicio a la llamada Segunda República que, en realidad, es una fase de transición hacia algo desconocido que se va gestando en estos meses.

La Liga es un partido independentista, xenófobo y populista, basado en símbolos y pasiones más que en propuestas; sus banderas fueron el federalismo y la secesión. En un principio, a finales de la década de 1980, tuvo el estilo de los partidos tradicionales radicados en el territorio, pero también fue muy autorreferencial y autoritaria, con todo el poder concentrado en sus dirigentes. Su jefe máximo, Umberto Bossi, y sus herederos, especialmente su hijo Renzo Bossi, se encuentran ahora en el peor escándalo judicial de su historia política y de su vida.

Ya se habla del inicio de la Tercera República, tras la dimisión de Bossi de la dirección de la Liga el 6 de abril pasado y después de la caída, en octubre de 2011, del gabinete de Berlusconi en medio de escándalos, más sexuales que meramente políticos, y por falta de credibilidad internacional e interna.

El tesorero del partido, Francesco Belsito, y otros colaboradores cercanos de los Bossi están siendo investigados por tres procuradurías a causa de presuntos fraudes contra el Estado y desviación de fondos del partido y de los militantes, al haber malgastado el dinero destinado a la actividad política y a la propaganda para enriquecerse y comprar títulos de estudio falsos, financiar escuelas, coches y actividades de los familiares del mismo líder Bossi. Su hijo Renzo, apodado “trota” (trucha), ya renunció a su cargo de consejero regional de Lombardía y va a obtener una insultante indemnización de 40 mil euros como liquidación.

Sobre algunas paredes en la calle, el lema de la Liga “Patrones en nuestra casa” ya cambió por “Ladrones en nuestra casa”, lo cual es sintomático de la indignación de los militantes y las bases que, desde siempre, habían creído en el partido que les prometió barrer a los viejos políticos de “Roma ladrona” y que, ahora, salió con negocios aún más sucios y necesita limpiar su propia casa.

La Liga se encuentra actualmente en la oposición parlamentaria con respecto a los partidos que apoyan al gobierno de Mario Monti, es decir, el Demócrata, el de las Libertades (liderado por el delfín de Berlusconi, Angelino Alfano) y el centro de los ex demócratas cristianos de Pierferdinando Casini con su Unione di Centro.

Por su lado, el gobierno “técnico” de Monti en Italia superó sus primeros cuatro meses de vida y, si bien el país parece alejarse del peligro de la crisis de la deuda, las cuestiones abiertas son muchas y trascendentes.

En noviembre, Monti implementó medidas que afectaron mucho las pensiones y el estado de bienestar: la ley financiera llamada “salva-Italia” fue un paquete extraordinario de recortes al gasto público y mayores impuestos por 30 mil millones de euros.

El monto es el más alto de la historia italiana si se suma al del gobierno anterior de Berlusconi, que fue de 74 mil millones. Los medios y el discurso oficial prepararon el terreno anunciando que pronto Italia estaría peor que Grecia y que, por lo tanto, hacían falta políticas de austeridad y relanzamiento de la economía.

Sin embargo, se dejaron de lado las disposiciones que fomentarían el crecimiento y la redistribución equitativa de los sacrificios. De hecho, Italia está oficialmente en recesión, tras seis meses de descenso en su PIB (-0.7 por ciento).

Después de la caída del Cavaliere, quien dimitió por la falta de cohesión dentro de la coalición de partidos que lo apoyaban, por presiones internacionales y por la pérdida de credibilidad en el exterior, los principales partidos acordaron sostener un gobierno llamado “técnico”.

Es un eufemismo para decir que la tecnocracia ya está en el poder, sin compromisos con los electores. No obstante, en este caso siguen siendo parte de una elite financiera y empresarial bien definida, quizás más presentable que la de los funcionarios berlusconianos, pero no menos distante de aquel país real que pretenden salvar.

El centroizquierdista Partido Demócrata, junto al conservador Partido de la Libertad de Berlusconi y al “tercer polo”, que reúne formaciones del centro católico y de la derecha post-fascista, respaldan a un ejecutivo ya conocido como el “de los banqueros”.

En cambio, el partido xenófobo y populista de la Liga Norte decidió quedarse en la oposición para tratar de recuperar los votos que perdió, tras tres años de alianza con Berlusconi.

Monti no deja de recordar a los medios y al pueblo que su mandato será breve pero efectivo, y que no va a detenerse frente a ninguna protesta social, al descontento sindical o a la oposición de “intereses corporativos”.

En efecto, el primer decreto sobre liberalizaciones, aprobado en marzo, prevé una mayor apertura del sector de las farmacias, de los taxis, de los notarios, pero no se quisieron tocar los intereses de la banca y de las aseguradoras, verdaderos gremios poderosos que influyen en la vida de millones de familias.

Asimismo, sigue la criminalización de los movimientos sociales con la represión violenta de los plantones que en febrero mantenían los opositores de la controvertida obra para el paso del tren de alta velocidad (TAV) en el norteño Valle de Susa, cerca de Turín. Los No-Tav ya no parecen tener el derecho de dialogar con los políticos, visto que la obra se hará “porque se debe”, sin importar su costo y su anacronismo, como remarca el mismo gobierno.

Otro frente abierto es la reforma del mercado laboral que gira entorno al estatuto de los trabajadores, un acuerdo de 1970 que cerró una época de luchas obreras y sigue vigente para la defensa de los derechos laborales. En pos de una mayor flexibilidad, de una irrestricta libertad para despedir al trabajador, el gobierno propone cambiar el artículo 18 del estatuto que ampara de los despidos sin justa causa.

Por una lado están el sindicato más importante, la CGIL (Confederación General Italiana de Trabajadores), y el Partido Demócrata, los que quieren mantener la posibilidad de la reintegración del trabajador, según lo dicte un juez, en su puesto si éste es despedido sin un motivo justificado, ya que la simple indemnización monetaria, propuesta por el gobierno como solución final, no sería suficiente para desanimar a los empresarios a efectuar despidos masivos y/o discriminatorios sin que haya una necesidad comprobada para hacerlo.

Al contrario, los industriales y su patronato, Confindustria, prefieren que, en caso de despidos injustificados, haya solamente una sanción monetaria para el empresario y ninguna otra reparación en términos laborales. La línea que parece prevalecer es la de un retoque del Artículo 18 en el sentido indicado por el sindicato de los trabajadores, de manera que será el Parlamento quien tenga la última palabra en las próximas semanas. La reforma laboral tiene un sentido profundo para la sociedad y la política italiana, así como para su historia y su idea misma de convivencia civil, ya que, citando el primer artículo constitucional, “Italia es una República fundada en el trabajo”, y no en la precariedad extrema o la explotación.

La Secretaria del Trabajo, Elsa Fornero, ofrece a cambio de la reforma – dice – un “montón de millones”: un presunto aumento, no cuantificado, de los subsidios de desempleo y de las protecciones temporales. Sin embargo, los más débiles, los precarios, los jubilados, los migrantes y los desempleados ya sacrificaron sus pensiones, sus salarios y sus derechos y no están dispuestos a pagar integralmente, ni tampoco sólo ellos, el costo de la crisis bajo el engaño de la austeridad.


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Cesare Battisti: no all’estradizione, liberato in Brasile

Cesare Battisti resta in Brasile, libero. Il notiziario brasiliano Jornal Nacional e l’Agencia Brasil hanno comunicato la decisione del STF, Supremo Tribunale Brasiliano, presa con 6 voti contro 3 nel pomeriggio dell’8 giugno di respingere il ricorso del governo italiano contro la decisione dell’ex presidente Lula che il 31 dicembre scorso non aveva concesso l’estradizione di Cesare Battisti. E’ prevalsa in seno alla Corte la linea di rispetto della sovranità nazionale brasiliana. Questa decisione è stata il preludio della successiva, presa in serata, che conferma la non estradizione di Battisti considerando il trattato italo-brasiliano che disciplina la materia. Poco dopo la mezzanotte è avvenuta la liberazione di Cesare Battisti per ordine del presidente della Corte Suprema, Cesar Peluso. L’italiano si trovava da 4 anni in carcere nel reclusorio Papuda di Brasilia. Il suo avvocato, Luis Eduardo Barroso, procederà al più presto a inoltrare in suo favore la richiesta di un visto permanente presso il Ministero della Giustizia affinché possa restare legalmente nel paese e continuare con lasua attività di scrittore. “Sempre una parola di rispetto e solidarietà per le vittime degli anni di piombo, nessuno è felice di quello che è successo. E’ importante capire che il Brasile è un paese con una tradizione di umanità e l’idea di punire 32 anni dopo qualcuno che era parte di uno scontro ideologico è un po’ distante dalla sensibilità politica del Brasile” ha dichiarato Barroso. Si tratta di un paese che ha anche concesso l’amnistia ai militanti e ai membri dei governi coinvolti con la dittatura militare e quindi non è una società punitiva. “E’ giusto che l’Italia comprenda la situazione brasiliana, la situazione della Suprema Corte, e che volti pagina. Sono convinto che  in poco tempo questo sarà superato”. Informati sul caso QUI. Una rassegna recente QUI.

Presunto Colpevole e la giustizia messicana

“In Messico non basta essere innocenti per essere liberi”. Accusato d’omicidio senza alcuna prova, Antonio (Toño) è stato condannato a vent’anni di prigione che comincia a scontare nel reclusorio oriente di Città del Messico. Due giovani avvocati, dottorandi in legge negli Usa, decidono di riaprire il caso ed è così che comincia una lotta eroica per la libertà che non ha precedenti in Messico. In un paese dove il sistema giudiziario fa acqua da tutte le parti, la corruzione è endemica nei vari livelli dell’amministrazione della giustizia e il 41% dei 232mila detenuti resta in attesa di giudizio per mesi e mesi, un documentario reality che, con camera a mano, mostra alla gente cosa succede veramente nei tribunali e nelle prigioni non poteva non suscitare un immenso scalpore e un sano e diffuso sentimento d’indignazione popolare.

Presunto Culpable (Presunto Colpevole), diretto da Roberto Hernàndez e Layda Negrete, viene a confermare la percezione e la realtà di un sistema che premia la menzogna e la mazzetta sulla verità e la giustizia e in cui il principio della presunzione d’innocenza, sebbene ribadito da una recente riforma costituzionale, è sempre stato disatteso, se non completamente ignorato, dalla giurisprudenza e dalla prassi delle autorità competenti a tutti i livelli. Per questo si parla spesso in Messico di una “presunzione di colpevolezza” che implica l’esistenza di un onere della prova d’innocenza dell’imputato a carico dei suoi difensori. Insomma l’accusa vince e dimostra la colpevolezza del cittadino di default, a priori, e intanto gli anni in prigione passano tra stenti e soprusi dato che quasi tutti i detenuti devono ricorrere a risorse e aiuti esterni per sopravvivere con tutte le irregolarità e disparità che così si producono. I poliziotti sono premiati in base al numero di arresti e accuse portati a termine. Inoltre l’eccesso di popolazione carceraria è stimato in oltre 60mila unità, quasi il 40% del totale dei detenuti.

Oltre il 90% degli indagati e processati non vedrà mai il proprio giudice e sarà incarcerato solo in base a testimonianze di terzi, spesso raccolte in condizioni inaccettabili, cioè con pressioni fisiche e psicologiche, uso della tortura, fabbricazione di prove e cooptazione di testimoni. Il 95% delle sentenze in Messico è di condanna. Ciononostante l’impunità dei delitti arriva al 96% a livello nazionale, il che significa che quei pochi che vengono presi sono condannati con estrema facilità anche perché, nel contesto della cosiddetta “guerra al narcotraffico” che ha fatto 34mila morti in 4 anni e 3 mesi, le autorità hanno bisogno di cifre positive su arresti e condanne per recuperare una minima credibilità agli occhi dell’opinione pubblica. Alla Facoltà di Giurisprudenza della Unam (Universidad Nacional Autonoma de Mexico), l’ateneo più grande del mondo, tutti conoscono la freddura che ribadisce che in Messico “un bicchier d’acqua e un ordine d’incarcerazione non si negano mai a nessuno”, alludendo alla celebre ospitalità del popolo messicano ma anche alla facilità con cui si può finire in galera a tempo indeterminato. Anzi ci restano soprattutto i più poveri, le persone più “sospette” e frequentemente gli appartenenti alle etnie indigene che magari non parlano lo spagnolo e non possono difendersi adeguatamente.

Vedi il Teaser del film: QUI

La pellicola dimostra addirittura la presenza di avvocati con tesserini falsi per l’esercizio della professione e lo scandalo di un giudizio completamente viziato all’origine che viene rifatto e riassegnato allo stesso giudice che l’aveva iniziato. Il film è molto attento a riprendere le scene dei processi lasciando che lo spettatore si faccia un’opinione basata su fatti rilevanti e comunque dimostrabili con la relativa documentazione. Nulla viene lasciato alla speculazione o all’immaginazione, tutto è registrato con una videocamera mentre succede. Non si possono quindi mostrare al pubblico i numerosissimi abusi che normalmente vengono commessi durante la cattura e l’interrogatorio dei sospettati e dei testimoni e nemmeno gli atti di corruzione che quotidianamente vengono commessi per cui in carcere finiscono quasi sempre solo i più poveri.

Ciononostante l’impatto nella società messicana è stato dirompente con 500mila biglietti venduti dal 18 febbraio, data d’uscita del documentario, che è stato lanciato e promosso nelle sale dal gigante della distribuzione cinematografica Cinepolis. Puro interesse commerciale o vera responsabilità sociale? Su richiesta della famiglia dell’ucciso, cugino dell’unico testimone, Blanca Lobo, una giudice di Città del Messico, ha emanato un’ordinanza di sospensione della proiezione del film che è stata applicata quelche giorno fa. Vi si sono opposti sia il direttore della catena Cinepolis, che ha fatto ricorso per vedere tutelati i suoi diritti di distribuzione, sia il Ministero degli Interni, che ha giudicato l’ordinanza “confusa”, sia molti giornalisti e una parte della società civile. I ricorsi interposti mirano a impugnare la decisione del magistrato e a bloccare questa “grave forma di censura”, come l’hanno descritta i media messicani e il presidente della Commissione Nazionale per i Diritti Umani. Intanto Presunto Colpevole potrebbe tornare presto nelle sale e beneficiare di una settimana di pubblicità gratuita.

Ci sono versioni contrastanti su come viene gestita la questione: il film è una spada di Damocle per il sistema giudiziario ma anche per le famiglie della vittima e del testimone che vogliono veder tutelata la loro privacy e dignità e che già dall’inizio di febbraio avevano chiesto di non apparire in video. Insomma la decisione del giudice pare legittima ma si dovrà decidere quale interesse prevarrà, probabilmente il diritto dell’intera società a conoscere la situazione e a vedere il film così com’è. Altre pressioni forti e meno “nobili” arrivano sicuramente dagli enormi interessi economici della multinazionale Cinepolis e, inoltre, alcuni giornalisti molto noti stanno usando il caso come cavallo di troia per proporre false panacee: per esempio l’introduzione a livello nazionale del cosiddetto “giudizio orale”, già in vigore nello stato di Chihuahua e foriero di distorsioni e problemi ancor più gravi se non si modifica tutto il contesto in cui la giustizia opera in Messico. Si tende a spostare quindi il nucleo del dibattito dalla corruzione e inefficienza della magistratura e della polizia verso questioni tecniche e procedurali forse meno utili in questo momento. La critica del documentario è più radicale e le proposte concrete che avanza sono diverse e riguardano l’introduzione di telecamenre e garanzie maggiori per accusati e testimoni, non altri provvedimenti di riforma che avrebbero invece bisogno di lunghe e attente discussioni, non di provvedimenti fast track a furor di popolo.

Ecco il Trailer:

Link diretto al Trailer: QUI