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Video: un anno di Autodefensas in Messico

Questo video, pubblicato il 24 gennaio 2014, ha per titolo “24 febbraio. Giorno delle Autodefensas. Il Film”. Sottotitolo: Omaggio al primo anniversario della creazione delle autodefensas. Lo stato di Michoacán s’è svegliato. Il Messico s’è svegliato.
Sul tema delle polizie comunitarie e della autodefensas in Messico (in italiano): link: il popolo in armi contro i narcos in Messico.
Articolo in spagnolo: link.
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Qué está en juego en las elecciones de El Salvador

[Fabrizio Lorusso per Rivista Variopinto al día] Mañana, domingo 2 de febrero habrá elecciones presidenciales en El Salvador. Las tendencias políticas y los probables resultados que los sondeos preelectorales están arrojando tienen relevancia para toda la región centroamericana y podrían representar, en cierto sentido, un cambio de ruta. Más allá de probabilidades y dinámicas exquisitamente políticas, un primer dato es que los residentes en el extranjero podrán votar por primera vez en la historia. Se trata, teóricamente, de unos 2.7 millones de salvadoreños, residentes sobre todo en Estados Unidos, aunque sólo una pequeña fracción (cerca de diez mil personas) de estos logró empadronarse.El oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), nacido tras la incorporación de la guerrilla a la arena política, había ganado la presidencia por primera vez en su historia en 2009, postulando al corresponsal de CNN Mauricio Funes, quien era un candidato “de compromiso”, menos radical y más cercano a las clases medias y los empresarios. Este año, en cambio, el candidato que lidera las encuestas es el ex combatiente y sindicalista Salvador Sánchez Cerén, quien es el actual vicemandatario y encarna “el alma auténtica” del Frente.
Sánchez Cerén será acompañado por el candidato vicepresidente Óscar Ortiz, otro dirigente interno al FMLN quien, por su lado, representa la corriente renovadora y crítica de la verticalidad heredada de la estructura que primaba durante y después de la guerra civil.
Esta tensión generacional en el interior del partido entre los innovadores y la vieja comandancia parece haber encontrado una síntesis aceptable en la dupla presidente/vice y se va a sustituir a la tensión que ha primado en estos años de gobierno (2009-2013) entre el Frente y el actual presidente Funes, más moderado y considerado como outsider y cercano al empresariado salvadoreño. El FMLN ha mostrado su vocación de gobierno y su plena integración a la vida política y se ha consolidado durante el mandato de Funes, por lo que la franja más orgánica del partido ha ganado credibilidad y pretende un papel central.
La derecha es representada básicamente por la coalición Gana (Gran Alianza por la Unidad Nacional) del ex presidente (2004-2009) Elías Antonio Saca y por el partido Arena (Alianza Republicana Nacionalista), ya en el gobierno entre 1989 y 2009, y apuesta por el candidato Norman Quijano, el ex alcalde de la capital. Finalmente, se trata de dos grupos de la misma oligarquía nacional, es decir, son variaciones sobre el mismo tema neoliberal.
La mayoría de las encuestadoras atribuyen una ventaja significativa al FMLN (entre 32.7% y 46.5% de las preferencias) sobre Arena (entre el 29% y el 36%) y Gana (entre 11.3% y 14.7%). Es probable que habrá una segunda vuelta el 9 de marzo en la cual los votos de las derechas podrían juntarse contra el Frente y revertir el resultado de la primera, por lo que hay un alto grado de incertidumbre sobre el resultado final del proceso.
La administración de Funes no ha roto los esquemas del neoliberalismo, aunque ha marcado algunas tendencias, evidentemente no revolucionarias pero sí distintas, que podrían reforzarse si gana Sánchez: el mayor papel estatal como formulador de políticas económicas (plan de desarrollo de 5 años), sociales (reducción de la pobreza) y de seguridad (combate a la delincuencia organizada, maras y gangs). Es un tipo de intervención que requiere recursos que, en los cinco años anteriores, menguaron debido a la escasa capacidad recaudadora del Estado y a la aversión del empresariado hacia los impuestos y las reformas fiscales progresivas.
Así, la capacidad reformadora del centroizquierda salvadoreño se ve frenada. Funes eligió no adherirse al ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), bloque creado y promovido por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, pero sí ser observador en la Alianza para el Pacífico en la que participan Chile, Colombia, México y Perú, con el apoyo de Estados Unidos y la clase empresarial nacional. Ésta representa, entonces, el gran desafío y de la relación con ella se desprenden unas cuestiones básicas para el futuro mandatario: ¿Cómo recaudar más impuestos? ¿Cómo vincularse a nivel internacional y comercial? ¿Cómo reformar el estado y la economía de manera incluyente? ¿Qué políticas elegir para reducir el dramático problema de la delincuencia y la violencia?
En este sentido, la campaña no ha sido exenta de acusaciones recíprocas entre los candidatos con respecto a la mara salvatrucha y a las pandillas. El FMLN no ha podido afrontar integralmente el problema, sin embargo, logró bajar los homicidios en el país y negociar de alguna manera una tregua con el crimen organizado y, por esto, es acusado por la oposición de haber estipulado un “pacto criminal”.
En cambio, Sánchez acusa a Arena de suscitar la misma violencia utilizando sicarios para desestabilizar la situación de relativa calma que reinaba y usar mediáticamente los homicidios en contra del gobierno. De todos modos, los datos sobre inseguridad, si bien mejoraron en el último año, no son halagadores, pues cada día ocurren 16-18 asesinatos y, junto con Guatemala y Honduras, El Salvador sigue ocupando un triste lugar en el “triángulo de la muerte” de los países más violentos de América. Otro reto fundamental para la gobernabilidad democrática y la viabilidad política de cualquier presidente.
Twitter @FabrizioLorusso
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Todo listo para elección presidencial en Costa Rica

[De Fabrizio Lorusso Revista Variopinto al Día] El 2 de febrero Costa Rica realizará los comicios para renovar la Asamblea Legislativa y el cargo de presidente y vicepresidente, pues unos 3 millones y 70 mil ciudadanos serán llamados a las urnas y, por primera vez, también unos dos cientos mil ticos residentes en el exterior podrán participar en la jornada electoral. Asimismo, podrán votar unos 50 mil extranjeros naturalizados, 10mil más que hace 4 años.
Los temas candentes de la campaña electoral fueron, sin duda, el combate a la corrupción del mundo político, dominado tradicionalmente por el conservador Partido Liberación Nacional (PLN) de la actual presidenta Laura Chinchilla y por el socialdemócrata Partido Acción Ciudadana (PAC); el fuerte aumento del déficit público hasta el 5% del Producto Interno Bruto, debido a la crisis de 2008 y 2009 y al mal manejo de los fundamentales macroecónomicos; y finalmente el empeoramiento en la distribución del ingreso nacional, con una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres, algo preocupante en un país que tradicionalmente había primado en estos indicadores tanto a nivel centroamericano como latinoamericano.
La llamada “Suiza de Centroamérica” está experimentando un deslizamiento del baricentro político hacia la izquierda gracias a la irrupción del candidato del Frente Amplio, el abogado y diputado de 36 años de edad José María Villarta. Las encuestas prevén que podría haber un balotaje entre el candidato del Frente, segundo con cerca del 20-22% de las intenciones de voto, y el líder en los sondeos de opinión, el alcalde de la capital San José del PLN, Johnny Araya, quien cuenta con cerca del 35% de las preferencias preelectorales.
Les siguen los otros candidatos, que son trece en total como suele ocurrir en Costa Rica, principalmente el derechista ultraliberal Otto Guevara del ML (Movimiento Libertario) y Luis Guillermo Solís del socialdemocratico Acción Ciudadana quienes cuentan con alrededor del 15% de las preferencias.
La novedad generacional y partidista constituida por el progresista Villalta y la expectativa de un crecimiento del Frente Amplio está en su crítica acérrima contra la política tradicional (AC y PLN, in primis) y la corrupción, unos temas muy sensibles en un país embestido duramente por la crisis económica que está viendo cómo se esfuma progresivamente su ideal histórica de nación clasemediera, próspera, pacífica y trabajadora con garantías sociales y estado de bienestar.
Al parecer, entonces, ningún pretendiente podrá alcanzar el 40% de los votos necesarios para ganar en la primera ronda, así que serán estratégicos los caudales electorales que se puedan canalizar a favor de uno u otro candidato cuando en el juego se queden sólo los primeros dos. En este sentido, en caso de que sea él quien compita en la segunda vuelta, para Villalta es necesario enfocarse en conquistar el electorado del PAC y hacer hincapié aún más en convencer a los ciudadanos abstencionistas (cerca del 30% del padrón), en capturar el descontento contra los “mismos de siempre” de la élite tradicional. En un país católico y conservador, Villalta, por lo menos, ha manifestado apertura sobre el aborto terapéutico y la restitución al Estado de sus prerrogativas en materia económica como actor del desarrollo y redistribuidor de la riqueza.
Con el plan “Un país de oportunidades para todos y todas”, el Frente Amplio propone el control de precios para alimentos de la canasta básica y las medicinas, el aumento de los impuestos para los ricos y el fomento al mercado interno, la garantía de la vivienda, la ampliación de derechos para la comunidad LGBT, la suspensión de las negociaciones del Tratado Transpacífico y la renegociación de otros tratados suscritos por Costa Rica como el de Libre Comercio con Estados Unidos, caracterizados por fuertes asimetrías.
También crece la decepción popular de vastos sectores hacia la política neoliberal y de austeridad de los ex presidentes del PLN, Laura Chinchilla (2010-2014) y Óscar Arias (2006-2010), lo cual ensancha un espacio, inédito hasta la fecha, para propuestas de centroizquierda. El partido dominante ha perdido capacidad para responder a las crecientes demandas sociales y ha experimentado una disolución progresiva de sus redes de influencia y de sus “lealtades”, lo cual abrió espacios a la izquierda y también, en menor medida, a la derecha, con la presencia importante de Otto Guevara del ML.
La menor credibilidad del PLN podrá ser aprovechada, por tanto, por diferentes realidades políticas, pero la renovación y el cambio ya están tocando la puerta del panorama político interno y regional, ya que también el Partido Libre de Honduras y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador se están afianzando como alternativas para administrar, conseguir cargos en los congresos nacionales y en un nivel local y finalmente renovar dirigencias y programas.
Twitter @FabrizioLorusso
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Reforma política en Nicaragua y protagonismo presidencial

El día 28 de enero, el Parlamento de Nicaragua aprobó una reforma política y constitucional que le otorga al presidente más poderes y facultades, según un patrón de progresiva concentración en sus manos de una serie de prerrogativas que antes eran atribuidas a otros poderes del Estado.
Desde los próximos comicios previstos para 2016, será válido el principio de la reelección presidencial, ya que el Parlamento del país centroamericano votó una enmienda constitucional para permitir que el jefe de Estado pueda ser votado indefinidamente. Entonces, el Presidente actual, el ex guerrillero sandinista de 68 años Daniel Ortega, podrá ser reelegido para un número indefinido de mandatos.
Ortega ya fue presidente de 1985 a 1990, durante la etapa revolucionaria dirigida por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y de 2006 a la fecha. En 2011, ganó en la urnas la presidencia con el 62.5% de los sufragios, pero hubo fuertes críticas, pues pudo postularse sólo gracias a un fallo favorable de la Corte constitucional, es decir, con base en una interpretación jurídica que flexibilizó o forzóde facto la limitación acerca de la “no reelección” presidencial.
Hasta entonces, en efecto, según una norma introducida en 1995, era posible ocupar la presidencia únicamente dos veces y no por periodos consecutivos. Ahora, ese principio, después de haber sido de alguna manera rebasado por los hechos y por la doctrina de la Corte, ha sido eliminado legalmente como consecuencia de las dos votaciones parlamentarias.
La primera fue en diciembre y la segunda este martes 28 de enero con 64 votos contra 25, según anunció el presidente de la Asamblea, René Núñez. Asimismo, la reforma aprobada en Nicaragua cancela otro vínculo, a saber, el umbral mínimo, equivalente al 35% de los votos totales, que tenía que obtener el candidato-presidente para resultar ganador. Si no se alcanzaba este porcentaje, se realizaba una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, mientras que ahora será suficiente conseguir una mayoría relativa para ganar las elecciones y no habrá jamás una segunda vuelta.
La reforma será definitiva tras la promulgación por parte del Ejecutivo y abre paso a la posibilidad de que se realicen nuevos comicios siguiendo las nuevas normas. Además, en el futuro el presidente podrá nombrar a militares y a miembros de las fuerzas de policía para cargos gubernamentales, en caso de considerarlo necesario para la seguridad nacional. La reforma también le otorga la facultad para emanar decretos ejecutivos con fuerza de ley y crear o modificar impuestos, lo que anteriormente era prerrogativa del Congreso.
Los sandinistas ya anunciaron futuras medidas, por ejemplo una reforma del Código Militar, para permitir a los integrantes del Ejército ocupar cargos en instituciones estatales que no sean de elección popular, para ampliar los años de servicio de 35 a 40 y aumentar la edad de jubilación de los 60 a los 65 años. Según las propuestas que se manejan en el Congreso, también se dejaría al presidente la posibilidad de extender indefinidamente el mandato del jefe del Ejército y de removerlo por insubordinación en cualquier momento.
Con la reforma recién aprobada, se da una gira de tuerca a las tendencias autoritarias y centralizadoras de la figura presidencial. Esto se torna más evidente, al considerar igualmente las prerrogativas previstas en las propuestas venideras y las que ya tiene el mandatario de Nicaragua, quien es también jefe de la policía nacional y, a través del FSLN, posee un alto nivel de control también dentro de los órganos institucionales de “balanceo”, como son los poderes judicial y electoral. De Fabrizio Lorusso para Variopinto Twitter @FabrizioLorusso
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Guerra alla droga. Sta cambiando il vento? Radio @CittàDelCapo

Radio Città del Capo, in particolare la trasmissione Angolo B, ha dedicato una puntata alla cosiddetta “guerra alle droghe” e abbiamo parlato del mercato mondiale della coca e della marijuana, vista la decisione dell’Uruguay di legalizzarne uso e produzione, e anche della situazione del Messico, instabile per via dell’entrata in scena dei gruppi di autodifesa (cittadini in armi) che vengono ad aggiungersi ad altri attori armati come i narcos e le forze statali (polizia, esercito, marina).
Bologna, 16 gen. – Come sta cambiando il mercato mondiale della droga? E quali sono le risposte politiche a livello globale? Ne abbiamo parlato con Giorgio Tinelli, ricercatore e docente all’Università di Bologna e con Francesco Strazzari, professore di scienze politiche e ricercatore all’Istituto norvegese di affari internazionali a Oslo. Con Fabrizio Lorusso, giornalista scrittore, autore del libro Santa Muerte Patrona dell’Umanità, abbiamo invece affrontato la questione dei cartelli messicani e delle milizie di autodifesa che stanno nascendo in alcune zone del paese. Twitter Radio città del capo https://twitter.com/cittadelcapo
Ascolta la trasmissione qui – link o clicca su play qui in basso:
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Mario e gli altri: criminalizzazione della protesta sociale a Città del Messico

[di Andrea Spotti da Carmilla] A poco più di tre mesi dalla sua detenzione Mario Gonzalez è stato condannato. Lo studente anarchico, detenuto a margine del corteo contro la riforma educativa e in memoria della strage del ’68 in Piazza Tlatelolco dello scorso 2 ottobre, è stato ritenuto colpevole del reato di “Attacco alla Pace Pubblica” dalla giudice Marcela Arrieta, che lo ha sentenziato alla pena di 5 anni e 9 mesi da scontare nel carcere di Santa Martha Acatitla, sito nella zona sudorientale della capitale messicana. La sua vicenda, attorno alla quale è cresciuto in questi mesi un movimento di solidarietà dentro e fuori i confini nazionali, è indicativa del clima repressivo che si vive a Città del Messico dall’insediamento del sindaco Miguel Angel Mancera a questa parte.In sintonia con il presidente Enrique Peña Nieto, che sin dall’inizio del suo mandato, cominciato nel dicembre 2012, ha dovuto far fronte alle proteste popolari, il governatore di centrosinistra sta portando avanti una governance autoritaria che ha ridotto drasticamente gli spazi di agibilità politica per i movimenti sociali nella capitale. Questi, infatti, sono sottoposti a una vera e propria persecuzione poliziesca e giudiziaria, la quale, secondo quanto denunciano varie organizzazioni per la difesa dei diritti umani, rischia di mettere in discussione le stesse libertà costituzionali.
Arrestato su un autobus pubblico mentre si recava al corteo insieme ad altri otto compagni, Mario rappresenta un classico caso in cui le autorità si occupano di costruire il colpevole a tavolino. Quello dei giovani in questione, in altri termini, è stato un arresto preventivo fatto con lo scopo di fornire un capro espiatorio all’opinione pubblica alla fine dell’ennesima manifestazione terminata in disordini e duramente repressa dalla polizia locale che, per l’occasione, era guidata personalmente dal primo cittadino.
Noti all’autorità per la loro partecipazione alle lotte in difesa della scuola pubblica e per il loro attivismo all’interno di organizzazioni studentesche d’ispirazione anarchica, i fermati si prestavano perfettamente ad essere usati per svolgere il ruolo dei “violenti di turno”. Il contesto è quello di una massiccia campagna di criminalizzazione delle componenti più radicali dei movimenti messicani, dai professori della CNTE (Coordinadora Nacional Trabajadores de la Educación) al Bloque Negro, orchestrata ad arte da governo locale e media mainstream, e orientata a creare un clima di tensione intorno alle mobilitazioni contro le riforme strutturali che hanno animato la città durante tutto l’autunno.
Dello studente ventitreenne e della sua odissea giudiziaria si era occupato Fabrizio Lorusso un paio di mesi or sono, documentando il drammatico sciopero della fame che stava portando avanti per chiedere la propria liberazione. Grazie a questa forma di lotta, Mario è riuscito a rompere la cappa di silenzio e indifferenza che aleggiava sulla sua ingiusta detenzione. Tuttavia, dopo 56 giorni senza ingerire alimenti, è stato costretto a interrompere il digiuno a causa del drastico deterioramento delle sue condizioni di salute che minacciava di mettere a repentaglio la sua stessa sopravvivenza. Dal 22 novembre è ricoverato nell’ospedale Torre Medica, da dove verrà trasferito a Santa Marta (uno dei penitenziari più violenti della città) appena recuperate le forze.A questo proposito, durante la conferenza stampa del 15 gennaio scorso, Raquel Ramirez, appartenente alla squadra di medici del movimento della Sexta zapatista che segue il caso, ha denunciato la scarsa qualità dell’attenzione clinica prestata a Mario da parte del personale medico dell’ospedale. Quest’ultimo, oltre a violare costantemente il diritto all’informazione del paziente e dei suoi familiari, omettendo di comunicare i risultati delle analisi cui viene sottoposto, pare infatti più intenzionato a farlo aumentare di peso per inviarlo il prima possibile dietro alle sbarre, che a fornigli un’alimentazione adeguata alla sua condizione. Il risultato di questa scelta nutrizionale è che la massa grassa nel corpo di Mario cresce molto di più di quella muscolare, il che, lungi dal rappresentare il percorso corretto per recuperare il peso-forma del giovane, potrebbe complicare ulteriormente il funzionamento del suo metabolismo, già colpito da una pancreatite acuta e reso vulnerabile dall’abbassamento delle difese immunitarie provocato dallo sciopero della fame.
Se l’arresto è avvenuto in violazione di ogni garanzia (gli imputati hanno dichiarato di essere stati per ore vittime delle torture fisiche e psicologiche praticate dagli agenti, prima di essere presentati al pubblilco ministero), il processo ha avuto poco a che fare con i crismi stabiliti dal cosidetto stato di diritto, come denunciato dai legali di Mario, Guillermo Naranjo e Lizbeth Lugo, della de la Liga de Abogados Primero de Diciembre. Dal loro punto di vista, il percorso processuale è stato caratterizzato da molte “anomalie e irregolarità”, oltre ad essere stato viziato ab origine dalla volontà politica di dare un castigo esemplare a Mario al di là della sua effettiva responsabilità.
In effetti, l’intero castello accusatorio si basa esclusivamente sulle contraddittorie testimonianze dei poliziotti che hanno effettuato gli arresti i quali, dopo aver inizialmente dichiarato di essere stati testimoni oculari dei danneggiamenti provocati dal presunto lancio di artefatti esplosivi da parte degli imputati, hanno poi cambiato versione, sostenendo invece di essere giunti sul posto solo dopo aver ricevuto la chiamata di un automobilista, di cui si sono in seguito perse le tracce. Anche la criminalizzazione mediatica, inoltre, ha inciso nel processo. Tanto che tra gli elementi citati per giustificare la “pericolosità sociale” di Mario, e dunque la necessità della sua detenzione preventiva, si trovano anche alcuni servizi giornalistici di TvAzteca e MilenioTv. Insomma, dal punto di vista della difesa, l’unica cosa che il processo è riuscito a dimostrare è l’estraneità di Mario e gli altri processati ai reati di cui li si accusa.
Nonostante non abbia rappresentato una sorpresa per il giovane avvocato, la sentenza è “assurda e contraddittoria”, dal momento che condanna l’imputato per un reato che implica l’aver provocato danni a cose o persone senza però riuscire a dimostrare che i presunti vandalismi abbiano effettivamente avuto luogo e che, proprio per questo, è costretta ad assolvere Mario dall’obbligo di risarcimento dei danneggiamenti provocati (al contrario di quanto abitualmente accade in situazioni del genere). Ma non solo. La sentenza è anche “indignante” e “contraria al diritto”; poiché si accanisce nei confronti dello studente castigandolo con una pena decisamente eccessiva, se si considera che si tratta di un reato non grave e della sua prima condanna.Questo accanimento, d’altra parte, si giustifica con l’intenzione – tutta politica – della giudice di impedire la richiesta di pene alternative e imporre la detenzione carceraria come unica opzione possibile. Contro questa prospettiva, i legali di Mario presenteranno appello, anche se non si dichiarano fiduciosi nell’autonomia del Tribunale Supremo di Giustizia del Distretto Federale (TSJDF), il quale ha dimostrato di subordinare la sua azione agli interessi politici del capo del governo della capitale.
Quello di Mario, purtroppo, non è un caso isolato. Altre condanne a 5 anni e nove mesi per il reato di Attacco alla Pace Pubblica (frutto di processi altrettanto discutibili secondo gli avvocati difensori) si sono abbattute sul fotografo indipendente Josè Alejandro Bautista, arrestato da un gruppo di agenti in borghese mentre documentava la mobilitazione del 2 ottobre; e su Rigel Barrueta, fermato invece durante il #1Dmx. A questi verdetti, bisogna poi aggiungere i quasi tre anni più multa appioppati agli studenti Gonzalo Amozurrutia, Pavel Noriega e Juan Velàzquez, detenuti all’interno di una stazione della metro, a conclusione della giornata di mobilitazione del #1S. Sono in attesa di giudizio, infine, circa trenta imputati con storie simili (alcuni dei quali si trovano in stato di privazione della libertà) che a breve dovrebbero ricevere la sentenza per gli stessi capi d’accusa e per i quali, stando le cose in questi termini, è difficile essere ottimisti.
Al di là della questione giudiziaria, è l’insieme della strategia di governo dell’amministrazione Mancera a preoccupare movimenti sociali e organizzazioni per la difesa dei diritti umani (tra gli altri, l’Associazione Nazionale Avvocati Democratici, Article 19, Limeddhh e Centro Prodh). In rotta con la tradizione progressista della città, il suo governo sta nei fatti lavorando alla normalizzazione dell’anomalia rappresentata dalla capitale – storicamente posizionata all’opposizione rispetto al governo centrale – per inibire la possibilità stessa della protesta, nel pieno della stagione delle (contro)riforme strutturali lanciata dal presidente Peña Nieto, il cui stampo liberista ha prodotto e produce mobilitazioni che hanno finito spesso per invadere le strade della metropoli, principale punto di visibilità delle lotte nel paese.
L’atteggiamento aggressivo e provocatorio messo in campo dalle forze dell’ordine locali durante i cortei (che quasi sempre finiscono con numerosi feriti e arresti indiscriminati); oltre che la scelta di bloccare il libero accesso delle manifestazioni a Plaza de la Constituciòn, cuore pulsante della città, trasformata nel giro di un solo anno in un recinto invalicabile per i movimenti, sono esempi concreti del radicale cambiamento nella gestione del conflitto operato dall’amministrazione di Mancera.
A questa svolta nella gestione della piazza, corrispondono le trasformazioni legislative messe in essere dal parlamento locale, come il Protocollo di Controllo delle Moltitudini, approvato in seguiro agli scontri di piazza del primo dicembre 2012, e la recente riforma del codice penale della capitale, i quali aumentano le pene per i reati legati a manifestazioni e proteste, allargando i margini legali per l’intervento repressivo da parte delle forze di polizia.
Vanno segnalate, infine, due leggi che si propongono di regolare lo svolgimento delle manifestazioni a Città del Messico, proposte da un deputato del partito di destra, il PAN (Partido Acciòn Nacional), e dallo stesso capo del governo cittadino, con l’obiettivo generale di imporre dei limiti alla possibilità di organizzare mobilitazioni nella capitale del paese. Si va dalla messa al bando dei blocchi stradali, alla proibizione di manifestare in zone specifiche della città, come il centro storico e le principali arterie cittadine, dal divieto di svolgere iniziative prima delle 11 e dopo le 18 a quello di organizzare proteste contro leggi già votate dal parlamento, per fare solo qualche esempio.
Questa situazione, con la quale si sta cercando di sancire a livello legale quanto imposto di fatto nel corso degli ultimi mesi a suon di manganellate, lacrimogeni lanciati ad altezza uomo, denunce e sentenze esemplari, non promette nulla di buono per il futuro della democrazia e della partecipazione a Città del Messico e nel resto del paese, poiché rischia di mettere in discussione l’esercizio di diritti fondamentali quali quello all’opinione e alla manifestazione del dissenso da parte della cittadinanza.
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La Santa Muerte su La Stampa – Aosta

Un articolo del quotidiano La Stampa sull’Espace Populaire di Aosta e la presentazione del libro Santa Muerte Patrona dell’Umanità.
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Il volto nero della Repubblica Dominicana

[Il seguente articolo è stato pubblicato sulla rivista cartacea In Dialogo del dicembre 2013, numero 102] di Raúl Zecca Castel da Carmilla
Repubblica Dominicana: dove il mare è sempre vicino e le montagne non sono mai lontane. Così recita uno dei tanti slogan pubblicitari del paese rivolto al turismo internazionale, sempre più avido di bellezze esotiche a patto che queste non implichino troppa fatica. Ma oltre le immagini da cartolina che ricoprono i pieghevoli delle agenzie di viaggio di tutto il mondo, quelle immagini così seducenti e incantevoli che ritraggono la prima città del Mondo Nuovo, Santo Domingo, del suo antico centro coloniale, così come delle innumerevoli spiagge di sabbia bianca e finissima che si stendono per chilometri a baciar le acque cristalline e sempre tiepide del mar dei Caraibi, al di là del volto più attraente e conciliante della sua natura selvaggia e incontaminata, al di là di tutto ciò, esiste una realtà ben diversa, tanto ignota quanto drammatica. È il volto scuro dell’entroterra, delle sterminate piantagioni di canna da zucchero che si perdono a vista d’occhio, dei bateyes, piccoli agglomerati di baracche dispersi tra i campi, creati per ospitare i lavoratori durante la stagione del raccolto e diventati, con il passare del tempo, vere e proprie comunità invisibili, baluardi della povertà e dell’emarginazione; è il volto scuro, anzi nero, dei braccianti haitiani; perché a vivere in queste terre di nessuno e a svolgere questo lavoro incredibilmente duro e pericoloso sono loro, i migranti haitiani, scappati a migliaia dalla miseria del paese più povero e sventurato del continente americano con la speranza di trovare oltre frontiera un modo per sopravvivere e mantenere famiglie spesso troppo numerose.
Tragedia umana che ogni anno si rinnova, mietendo con altrettanta regolarità i sogni di riscatto di quanti si trovano presto a fare i conti con una vita di stenti, fatica e tanta solitudine. Senza documenti e con un salario che a malapena permette loro di procurarsi un pasto giornaliero, la maggior parte dei lavoratori finisce per trascorrere la propria vita qui, lontano dall’affetto di cari che non rivedranno mai più.
In seguito al picco di produzione degli anni ’70 e ’80 il mercato internazionale dello zucchero subì un vero e proprio collasso economico. La Repubblica Dominicana, che assieme a Cuba ne rappresentava il principale paese esportatore, da una media annuale che superava il milione di tonnellate si ridusse a produrne meno di 300 mila. La grave crisi cui dovette far fronte il Consejo Estatal del Azùcar (CEA) si risolse in pochi anni con la decisione affittare la quasi totalità delle piantagioni e i rispettivi zuccherifici statali a diversi investitori privati, perlopiù a capitale straniero.
Tra questi si distinse in modo particolare la compagnia guatemalteca Campollo, che dopo essersi aggiudicata il maggior numero di terre, strinse un proficuo accordo commerciale con il gruppo Vicini, famiglia di origini italiane tra le più ricche e potenti del Paese, con interessi economici in svariati settori, dal turismo alla finanza, dal mercato immobiliare ai media, oltre che nell’industria dello zucchero, di cui possiede la più grande e antica fabbrica di raffinamento, l’Ingenio Cristobal Colòn, attivo sin dal 1921. Ciò che ne risultò fu a tutti gli effetti una situazione di monopolio oligarchico e, a pagarne letteralmente il prezzo, come prevedibile, furono i braccianti haitiani.Molti di questi, dato il calo di lavoro – e di salario -, abbandonarono le piantagioni di canna per stabilirsi nei vicini centri urbani, cercando di che vivere nel lavoro informale, vendendo prodotti d’artigianato o frutta di stagione da loro stessi raccolta, e approfittando del crescente turismo. Molti altri, invece, rimasero neibateyes, perché, nonostante tutto, un po’ di lavoro c’era, o perché lì avevano messo su famiglia, o ancora perché non disponevano nemmeno del denaro sufficiente per pagarsi il viaggio per andarsene, o perché la speranza di trovare una vita migliore era già stata tradita una volta e non avevano più la forza per crederci di nuovo, o, molto spesso, per tutti questi motivi insieme. Così sono migliaia gli haitiani che ancora popolano i tantibateyes dispersi tra le immense piantagioni di zucchero, dove lavorano più di dieci ore al giorno, tagliando anche 3-4 tonnellate di canna per l’equivalente di pochi dollari, appena sufficienti per una ciotola di riso e una manciata di fagioli, quanto basta per tirare avanti un altro giorno.
Senza più sogni, le notti scorrono veloci dentro i barracones, vere e proprie baracche in legno, lamiera o cemento, composte da una serie di stanze singole, spesso prive di finestre, il cui unico arredamento consiste di quanti più letti a castello possono starci. Ma non di rado ci si accontenta anche di un semplice materasso in gommapiuma steso sul pavimento. Dormono fino a 7-8 braccianti in un ambiente che spesso non raggiunge i 10 metri quadrati, senza luce elettrica, acqua corrente e gabinetto, in condizioni igienico-sanitarie indescrivibili. Qui le giornate iniziano presto, ben prima del canto del gallo.
“Ci svegliamo alle 4 del mattino”, mi spiegano, “alle 5 passa il pullman della compagnia a prenderci e alle 6 stiamo già tagliando la canna”. Il lavoro si protrae anche per 12 ore, sotto il sole cocente così come sotto i frequenti temporali che abbondano con l’inizio della stagione delle piogge. Sono passati solo pochi giorni da quando un fulmine ha carbonizzato un lavoratore haitiano di 54 anni, colpito in pieno mentre stava tagliando canna con il suo machete. Tutti continuano a ripetermi che è un lavoro duro, sfiancante e pericoloso”.
“Ci vedi partire belli dritti la mattina e quando si fanno le 9 o le 10 siamo già tutti tremolanti…perché partiamo digiuni, senza far colazione e senza dietro niente da mangiare…è il diavolo stesso che ci ha portati qui!”, si sfoga Pedro, che incalza: “tutto questo è una schifezza! Quando finirà la schiavitù in questo paese? Qui c’è la schiavitù ancora…con una parvenza democratica…ma quale maledetta democrazia soffrendo la fame della storia?…Democrazia con fame? Democrazia con miseria? Democrazia con tutti i problemi del mondo? Se non cambia niente qui succederà qualcosa…non lo voglio io, non lo vogliono loro, non lo vuole nessuno…ma qui stanno provocando…perché non si sopporta più! Bisogna pagare il lavoratore, perché per il milionario e per l’alto funzionario qui c’è denaro! È per noi che non c’è! Siamo noi che facciamo il lavoro duro nei campi, nella canna! Siamo noi! Non sono loro a sudare! Siamo noi che alle 4 del mattino siamo già in piedi…e che non possiamo vedere nemmeno il rendimento del nostro lavoro?! Che altri vengano a beneficiarsi del sudore della nostra fronte?! È una vergogna!”. “Stanno abusando di noi lavoratori”, aggiunge un ragazzo. E come dargli torto? Stremati dalla fatica, dal caldo e dalla fame, quando la sera i braccianti rientrano al batey, tutto quel che hanno guadagnato finisce direttamente al negozio degli alimentari, dove alcuni addirittura si indebitano.Il sistema di retribuzione del consorzio Campollo-Vicini infatti è alquanto curioso. Ufficialmente i lavoratori vengono pagati per tonnellata di canna tagliata, ma il prezzo non è chiaro a nessuno. Alcuni dicono che per quella quantità ricevono 135 pesos (2,35 euro), eppure altri sostengono che ne ricevono 125, ed altri ancora solo 110. Infine, qualcuno assicura che sono 100 i pesos pagati per tonnellata. La verità, come confessano rassegnati tanti altri, è che non si sa: “Nessuno lo sa…nessuno…quando arriva il sabato…andiamo al Centro Paga e quello che ci danno prendiamo…”.
Centro Paga, Batey Nuevo, Quisqueya. A intervalli regolari di circa 20-30 minuti decine di braccianti haitiani vengono fatti scendere dagli autobus dell’impresa all’interno dell’area recintata in cui si trova la piccola costruzione in cemento adibita ai pagamenti, ben protetta da alcuni agenti di polizia e sicurezza privata. Grazie alle conoscenze del mio accompagnatore, un colonnello di guardia mi concede il permesso di entrare, così senza perdere altro tempo comincio a scattare qualche fotografia. Intanto, i lavoratori che si apprestano a ricevere il frutto delle ultime due settimane di lavoro, consegnano le loro tessere identificative a un addetto della compagnia che a sua volta si incarica di spartirle fra i 3 impiegati seduti dietro al vetro di protezione dei rispettivi sportelli.
In men che non si dica ha inizio il tanto atteso appello. Uno ad uno i lavoratori vengono chiamati a ritirare laquincena, e altrettanto velocemente il malcontento si diffonde tra i braccianti. Occhi increduli fissano la ricevuta per minuti interi in cerca di qualche spiegazione che chiarisca l’equivoco, ma la realtà è ben scritta su quel piccolo foglio rosa. Tuttavia ci vuole poco per rendersi conto di come questa realtà sia molto diversa da quella ufficiale. Di tonnellate infatti nemmeno l’ombra. Ciò che viene riportato sulla ricevuta invece è il numero dei bocados, letteralmente ‘bocconi’.Così, un giovane lavoratore mi spiega che quando tagliano la canna, questa va raggruppata in mucchi di medie dimensioni comunemente chiamati bocadosaffinché la gru della compagnia possa poi raccoglierla con maggiore facilità e dunque caricarla sui camion che la trasportano alla fabbrica. In teoria, tre bocados equivalgono ad una tonnellata. Questa almeno era l’equazione stabilita dai Campollo prima che iniziasse la stagione del raccolto. A distanza di poche settimane, tuttavia, l’impresa sembra averci ripensato. Adducendo come giustificazione la difficoltà di stabilire l’esatta dimensione del mucchio di canna, ora ci vogliono anche anche 6 o 7 bocados per fare una tonnellata. Per questo, anche se Edoardo dice di averne accatastati 50 di bocados, sulla ricevuta ne sono riportati solo 36. Eppure non sembra meravigliarsene più di tanto, così gli chiedo se è la prima volta che capita. “No! Sempre succede! Sempre…non mi danno mai quello che mi spetta…”. Accanto a lui altri due ragazzi contrariati sostengono di aver tagliato rispettivamente 110 e 146 bocados, ma la ricevuta che agitano con rabbia ne attesta appena 99 in un caso e 126 nell’altro. “Questa gente sono dei ladri”, urla qualcuno prima di confidarmi che “c’è un ragazzo, là, che sulla ricevuta c’è scritto 2000 e passa pesos, e quando ha aperto la busta ne ha trovati 1500…”. Anche questo sembra essere all’ordine del giorno. Alcuni infuriati continuano a ripetere che non hanno intenzione di accettare la busta, che intendono reclamare, ma qui al centro paga nessuno è autorizzato a dare spiegazioni. Per le contestazioni è necessario recarsi all’apposito ufficio di Quisqueya, il lunedì; cosa che non solo implica perdere un giorno di lavoro, ma anche sostenere le spese del viaggio, per poi sentirsi rispondere, nel migliore dei casi, che la ricevuta parla chiaro e restare dunque letteralmente a bocca asciutta.
“Se tu dici una cosa, loro dicono il contrario. È la tua parola contro la loro. Ma la loro vale di più. Allora è meglio stare muti, come i pesci, non dire niente. Ma non è che io sono stupido! Capisci? Non è che uno le cose non le vede. Gli occhi vedono, ma la bocca ben chiusa…ci sono tante cose che non vanno bene qui”.
È Benito a parlare. Che poi aggiunge: “non si può dire niente perché la canna è loro, le terre sono loro, noi lavoriamo per loro, e dobbiamo accettare quello che dicono loro…”. Mentre intervisto altri lavoratori avverto alcuni movimenti tra gli addetti ai pagamenti. Intuisco che la mia presenza comincia a risultare poco gradita, e in effetti trascorrono pochi minuti quando un agente di sicurezza mi afferra per un braccio e in tono sommesso mi assicura – ma sembra più un’intimidazione – che “va bene così”, dunque, molto cortesemente, mi invita ad uscire.Forse è vero. Forse va davvero bene così. Anzi, va proprio bene così. Certo, non per le migliaia di migranti haitiani che sopravvivono giorno dopo giorno in condizioni di neoschiavismo, soffrendo la fame, gli abusi sul lavoro e le violazioni dei più elementari diritti umani. Non per i loro figli, cresciuti alla scuola della miseria, vittime facili di malnutrizione e malattie, destinati a ricevere come unica eredità un conto in debito al negozio degli alimentari e un machete con cui illudersi di poterlo saldare. Non per le loro mogli, diventate madri quando ancora bambine, invecchiate in fretta mentre risvegliavano dal sogno di una vita migliore oltrefrontiera e ormai rassegnate ad un’esistenza infame.
Non per loro, certo, che sono gli ultimi tra gli ultimi. E nemmeno per il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, che proprio questo venerdì 27 settembre, ha pubblicato un dossier nel quale sostiene come la Repubblica Dominicana abbia violato gli accordi del Trattato di Libero Commercio CAFTA-DR sottoscritto nel 2007, poiché non rispetta il capitolo relativo alle direttive sul lavoro (salari minimi, ore di lavoro, sicurezza e salute; età minima per l’impiego di bambini; forme di lavoro forzato o obbligatorio). Ma in fondo che importa, se va così bene per gli affari della famiglia Campollo e della famiglia Vicini? Che importa, se va così bene per i vari governi che si sono succeduti alla guida del paese nell’ultimo secolo, dal momento che non hanno mai avuto la preoccupazione di pagare un solo centesimo né di assicurazione medica, nonostante i continui incidenti sul lavoro, né di pensione di vecchiaia? Che importa, se va così bene per il mercato internazionale, che acquista zucchero dominicano a buon prezzo senza curarsi dell’immenso costo umano che questo implica per i lavoratori?











